Gustavo Salas Chávez, propuesto por el gobernador Alfonso Durazo como el nuevo fiscal general de justicia, es señalado del espionaje realizado desde la otrora PGR contra la abogada Ana Lorena Delgadillo, la perito forense Marcela Doretti y la periodista Marcela Turati.
Este jueves, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales someterá a discusión y análisis la propuesta del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, para nombrar a Gustavo Rómulo Salas Chávez como el nuevo fiscal general de justicia, para su dictaminación.
A Gustavo Salas lo envuelve la polémica del espionaje realizado desde la otrora Procuraduría General de la República (PGR) contra la abogada Ana Lorena Delgadillo, la perito forense Marcela Doretti y la periodista Marcela Turati, a quienes quiso vincular a los delitos de secuestro y delincuencia organizada en el 2015 y 2016, durante la investigación de la masacre de San Fernando.
La propuesta fue confirmada por el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, quien señaló que el gobernador de Sonora tomó la decisión correcta en buen momento, tras la renuncia de la exfiscal general Claudia Indira Contreras Córdova, que dejó el cargo este lunes.
Hasta este viernes, Gustavo Salas Chávez se desempeñaba como director del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la Delincuencia (Cenapi), de la Fiscalía General de la República (FGR).
Salas Chávez es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de posgrado en el Instituto Nacional de Administración Pública (Inap), la Universidad Autónoma de Barcelona y el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, entre otros cargos.
Gustavo Salas y el espionaje desde la PGR
En 2015 y 2016, durante la investigación de la masacre de San Fernando, la Procuraduría General de la República trató de vincular a los delitos de secuestro y delincuencia organizada a la abogada Ana Lorena Delgadillo, la perito forense Marcela Doretti y la periodista Marcela Turati.
REVISTA PROCESO
Por Juan Omar Fierro
domingo, 28 de noviembre de 2021
En 2015 y 2016, durante la investigación de la masacre de San Fernando, la Procuraduría General de la República trató de vincular a los delitos de secuestro y delincuencia organizada a la abogada Ana Lorena Delgadillo, la perito forense Marcela Doretti y la periodista Marcela Turati. La primera representaba a algunas víctimas de desaparición, la segunda formaba parte del Equipo Argentino de Arqueología Forense que colaboraba en la identificación de cuerpos y la tercera revelaba, desde este semanario, las pifias de la investigación. La perversa indagación implicó un espionaje injustificado contra ellas con el aval del entonces subprocurador de la PGR Gustavo Salas, actual funcionario del gobierno de Alfonso Durazo en Sonora.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El espionaje y vigilancia que la Procuraduría General de la República (PGR) ordenó contra la periodista Marcela Turati, la abogada Ana Lorena Delgadillo y la perito forense Marcela Doretti, bajo una falsa acusación de secuestro y en una aparente represalia por evidenciar irregularidades en la indagatoria oficial sobre la segunda masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, contó con el aval del entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), Gustavo Rómulo Salas Chávez.
El mando de la PGR, que actualmente es subsecretario de Control de la Legalidad, Procesos y Atención Jurídica a Instancias Federales, del gobierno de Sonora, recibió los informes solicitados de forma “extraurgente” y “confidencial” a diversas compañías telefónicas sobre las llamadas telefónicas entrantes y salientes de las tres mujeres que, desde sus respectivas especialidades, intentaban desentrañar el secuestro y homicidio de 196 personas, cuyos restos fueron encontrados en abril de 2011 en decenas de fosas localizadas en zonas aledañas a las carreteras de San Fernando, Tamaulipas.
La vigilancia a las dos defensoras de derechos humanos y a la periodista tuvo lugar entre febrero de 2015 y abril de 2016, aprovechando una confusa declaración de la madre de una de las personas asesinadas sobre el reportaje que Turati escribió para Proceso en agosto de 2015, titulado “Las fosas de San Fernando, las torpezas de la PGR”, en el cual se daba cuenta de que una de las víctimas fue enviada a la fosa común a pesar de contar con una credencial para su identificación.
Junto con Gustavo Salas –hombre de confianza del actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño– estuvieron enterados de la investigación a Turati, Doretti y Delgadillo el entonces director general del Cuerpo Técnico de la SEIDO y actual comisario general interino de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José Sigifredo Valencia Rodríguez; el exfiscal Antisecuestros de la PGR Gualberto Ramírez Gutiérrez y la excoordinadora de Servicios Periciales de esa misma dependencia, Sara Mónica Medina Alegría.
El agente del Ministerio Público encargado del caso San Fernando, Édgar Leonel Pérez Sotelo, autorizó de manera directa todas las diligencias que se practicaron contra quienes, oficialmente, tenían contactos con la PGR para tratar de coadyuvar en el esclarecimiento del caso de las fosas de San Fernando.
Ana Lorena Delgadillo estaba acreditada como abogada de algunas víctimas, mientras que Doretti, como parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), ya colaboraba con la PGR en el caso Ayotzinapa, además de que estaba acreditada su calidad de experta en el caso San Fernando para tratar de auxiliar en la identificación de las víctimas.
La vigilancia a Turati, Doretti y Delgadillo incluyó oficios enviados por mandos de la SEIDO a la Unidad de Inteligencia de la Policía Federal para que ésta elaborara reportes sobre los encuentros que sostuvo durante ese tiempo Marcela Turati con Delgadillo y Mercedes Doretti, así como para investigar los contactos más frecuentes de las tres mujeres.
Esas redes de vínculos que elaboró la Policía Federal a petición de la PGR, actualmente Fiscalía General de la República (FGR), identificaron de inmediato las constantes llamadas que la periodista mantuvo con sus colegas de Proceso para la edición y publicación del reportaje sobre San Fernando, así como por otros materiales que preparaba en la misma época del caso Ayotzinapa, lo que pudo poner en peligro a sus fuentes y a las propias víctimas del caso.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2352 de la revista Proceso
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