El feminicidio y triple infanticidio que ha sacudido a Sonora —que la propia Fiscalía vinculó a una organización criminal activa en la capital— es la consecuencia directa del vacío de acción del gobierno. La corrupción ha dejado operar a esos grupos

Héctor Yeomans

¿Sonora, Tierra de Oportunidades… o de Oportunistas?

Cuando la corrupción se vuelve rutina, las pequeñas mordidas escalan y acaban abonando el terreno para atrocidades mayores.

Héctor Yeomans

Descubrí la existencia de un estudio sobre corrupción en Sonora casi por accidente, una tarde de diciembre de 2023. Navegando entre comunicados y portales de transparencia, topé con una referencia discreta: un contrato titulado “Encuesta sobre actos de corrupción en los trámites y servicios públicos prestados en el estado de Sonora”. Este contrato, firmado entre la Contraloría estatal y la empresa Sistemas de Inteligencia en Mercados y Opinión, S.C. (SIMO), prometía revelar el rostro real de la corrupción en las oficinas de gobierno sonorenses. Mi curiosidad se encendió de inmediato. ¿Qué decía esa encuesta? ¿Qué tanto sabían las autoridades sobre la corrupción cotidiana y por qué no se había difundido ampliamente?

Con el contrato en mano –localizado en un apartado poco concurrido del portal gubernamental– inicié una odisea para obtener los documentos entregables. Pronto enfrenté obstáculos burocráticos: solicitudes de información ignoradas o respondidas con evasivas, plazos dilatados y silencio institucional. La Contraloría no parecía muy dispuesta a compartir los resultados de un estudio que ella misma había encomendado. Sentí frustración; cada puerta tocada revelaba otra excusa. ¿Acaso los hallazgos eran demasiado incómodos para hacerse públicos?

Persistí. Presenté recursos de revisión y tocaba puertas virtuales cada semana. Finalmente, tras meses de insistencia, logré acceder a todos los entregables: la propuesta metodológica, los cuestionarios utilizados, el cronograma de trabajo, las bases de datos crudas, un informe específico sobre confianza policial, y el reporte final de resultados completos. Al abrir aquellos archivos me invadió una mezcla de alivio y aprensión. Los números y tablas confirmaban lo que muchos intuimos: la corrupción en Sonora está presente de formas alarmantes, y con ella un profundo clima de desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

Ya ha pasado más de un año de aquella batalla por la transparencia. Fui citado a varios “cafecitos” donde me pidieron que no difundiera la información antes de las elecciones. Bajo esa presión intenté que medios locales la publicaran, pero me ignoraron: la agenda electoral era prioridad. Hoy, tras lo ocurrido el fin de semana pasado, queda claro que lo revelado por este estudio no podía esperar: la corrupción desemboca en actos de violencia, como advirtió el ex-presidente colombiano Juan Manuel Santos:

La corrupción engendra violencia, y su antídoto es la educación.

En este post les comparto, a modo de crónica analítica, qué encontré en esos documentos silenciados, cómo fue seguirle el rastro a la verdad, y por qué sus resultados importan. Desde ya adelanto: las cifras son escalofriantes y revelan que las autoridades sabían más de lo que admitieron públicamente. Aquí comienza el desglose de esa realidad, con datos en mano y con las implicaciones que hoy resuenan social y políticamente.

El contrato oculto y la búsqueda de respuestas

La primera pieza del rompecabezas fue entender qué se había contratado exactamente. La Propuesta Metodológica de SIMO (fechada en julio de 2023) delineaba un estudio ambicioso: encuestar a 4,800 sonorenses mayores de 18 años que hubieran realizado trámites o servicios en oficinas de gobierno en los últimos 12 meses. El objetivo declarado era “ponerle rostro a la corrupción en Sonora”, identificando dónde, cómo y por qué ocurren actos corruptos, para así proponer estrategias de combate. La encuesta se realizaría mediante entrevistas cara a cara en los 6 municipios más grandes (Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa y Guaymas) y entrevistas telefónicas en el resto del estado. La muestra estuvo estratificada por tamaño de municipio: se definieron 6 municipios grandes (más de 100 mil hab.), 17 medianos (entre 10 mil y 90 mil hab.) y 49 pequeños (menos de 10 mil). Esto permitiría comparar resultados entre distintas regiones de Sonora.

El levantamiento de campo ocurrió del 2 al 23 de octubre de 2023, según el cronograma obtenido, y el margen de error a nivel estatal fue de +/- 1.4% con 95% de confianza. Es decir, un estudio robusto y estadísticamente sólido. Sin embargo, al terminarse en octubre, nada se supo públicamente. No hubo boletines de prensa ni presentación oficial. El informe final de resultados, que tuve que conseguir vía transparencia, resultó ser un documento detallado de más de 130 páginas en formato de presentación. Irónicamente, al momento de obtenerlo noté que la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lo había subido (casi oculto) en su “biblioteca virtual” hasta el 25 de junio de 2024, donde apenas acumulaba un centenar de descargas. Parecía un informe destinado a dormir el sueño de los justos.1

¿Por qué tanto hermetismo? A medida que avancemos en los hallazgos, la respuesta se vuelve evidente. Los datos retratan un problema profundo que tal vez las autoridades no estaban listas para enfrentar abiertamente. Veamos primero qué nos dice la gente de Sonora en esta encuesta: sus percepciones, sus experiencias directas con la corrupción y su confianza –o desconfianza– en quienes gobiernan.

Percepción vs. realidad: corrupción en trámites y servicios

Una de las primeras preguntas del estudio aborda la percepción general de corrupción. Los resultados muestran que el 70% de los sonorenses considera que los actos de corrupción en el estado son muy frecuentes o frecuentes. Dicho de otro modo, 7 de cada 10 personas sienten que la corrupción es algo cotidiano en Sonora. Aunque este porcentaje es menor que el reportado por la encuesta nacional ENCIG 2021 (donde fue 85% en Sonora), sigue siendo una mayoría abrumadora. (Cabe señalar que la diferencia podría atribuirse a variaciones metodológicas: la pregunta estatal acotó el periodo a los últimos 12 meses y trámites locales, mientras la ENCIG midió percepción en general, sin límite de tiempo). En cualquier caso, la corrupción es percibida como un mal omnipresente por la ciudadanía sonorense.

Ahora bien, ¿qué tanto pasan de la percepción a la experiencia real estos actos corruptos? El estudio exploró si los ciudadanos han vivido o conocido de primera mano situaciones de soborno en trámites. Los hallazgos son ilustrativos:

• 23% de los encuestados recordó algún conocido (familiar, amigo, colega) que sufrió una solicitud de “mordida” –dinero, regalos o favores– en algún trámite o pago en el último año. En otras palabras, casi una cuarta parte de los sonorenses tiene referencia cercana de un acto de corrupción reciente en oficinas gubernamentales. (La ENCIG 2021 a nivel estatal reportó un 35% en esta misma variable, más alta posiblemente por no limitar temporalidad).
• Experiencia personal directa: Al preguntarse “¿a usted le pidieron dinero, regalos o favores para agilizar, aprobar o evitar un trámite en el último año?”, un 7% respondió afirmativamente que fue un servidor público quien se lo solicitó. Adicionalmente, 8% señaló que quien le pidió el soborno fue un tercero o “coyote” (gestor informal). Estas cifras de victimización directa son prácticamente iguales a las de ENCIG 2021, que también registró ~7% de prevalencia de soborno directo por funcionarios en Sonora. La única diferencia notable es en los llamados “coyotes”: la encuesta estatal arrojó 8% de incidencias con gestores, contra apenas 2% que había estimado ENCIG. Esto sugiere que en Sonora existe una economía informal del soborno (gestores que hacen el “trabajo sucio”) más activa de lo que se pensaba a nivel nacional.

Comparativa Sonora 2023 vs. ENCIG 2021 (Sonora) en percepción y experiencias de corrupción. Sonora presenta ligeramente menor percepción de frecuencia de la corrupción y menos referencia de casos cercanos, pero niveles similares de victimización directa. Fuente: Elaboración propia con datos de la Contraloría Sonora y ENCIG.2

En la gráfica anterior se resumen algunos de estos indicadores comparativos. Podemos observar, por ejemplo, que mientras la percepción de corrupción frecuente fue del 70% en Sonora (2023) contra 85% en ENCIG-2021, la proporción de personas a las que directamente un servidor público les pidió un soborno es prácticamente igual (7% en ambos estudios). Esto implica que la diferencia está más en lo que la gente escucha o cree que sucede (posiblemente influido por la forma de preguntar), pero la realidad de la víctima –quien sufre la corrupción en carne propia– sigue siendo elevada y consistente.

Ahora, ¿en qué trámites o servicios ocurre más la corrupción? La base de datos y el informe final permiten identificar los focos rojos donde los sobornos emergen con mayor frecuencia. Al preguntar a quienes sufrieron una solicitud de mordida en qué trámite les ocurrió, destacó en primer lugar la obtención de la licencia de conducir. De todos los casos de soborno reportados, entre 17% y 23% ocurrieron al tramitar la licencia de manejo, dependiendo del tamaño del municipio. En los municipios grandes y medianos la licencia fue el trámite más mencionado como escenario de corrupción (lo reportó 17% y 23% de los afectados respectivamente). No es difícil imaginar por qué: las licencias de conducir implican exámenes, requisitos y, en ocasiones, la discrecionalidad de algún funcionario –un terreno fértil para la “mordida” a cambio de aprobar o agilizar el documento.

En segundo lugar, el pago de impuestos vehiculares (tenencia, placas, etc.) resultó otro de los trámites con alta incidencia de sobornos, señalado por 14-15% de quienes experimentaron corrupción. Otros procesos con casos significativos fueron los trámites registrales (actas, registros públicos, etc.), que sumaron alrededor del 10% de los incidentes reportados. Llama la atención que incluso en servicios básicos –como pagar el recibo de agua o luz– hubo menciones de soborno, aunque en menor proporción (alrededor de 6-8%). Legalizar un automóvil “chocolate”, tramitar el pasaporte, gestionar permisos municipales o incluso asuntos en el sector salud (IMSS, ISSSTE) fueron otras situaciones donde uno que otro ciudadano terminó enfrentando la mano extendida de la corrupción.

En resumen, los actos de corrupción en Sonora tienden a concentrarse en trámites vehiculares y administrativos clave, aquellos donde el burócrata o agente tiene poder para retrasar u obstaculizar el servicio. La licencia de conducir, quizá por involucrar evaluaciones subjetivas, emerge como el ejemplo más crítico. No es casualidad que sea también un trámite estatal emblemático, por lo que su mención destaca un problema estructural que trasciende municipios.

Satisfacción con los servicios vs. calidad institucional

Un hallazgo que podría parecer contraintuitivo es que, pese a la corrupción latente, la mayoría de los usuarios se declara satisfecha con los trámites públicos que realiza. De acuerdo con la encuesta, el 86% de la población dijo estar satisfecha (muy o algo satisfecha) con los trámites y servicios que suele realizar en las oficinas de gobierno sonorenses. Este dato es apenas inferior al 89% de satisfacción que reportó la ENCIG 2021 para Sonora, lo cual sugiere que la gente distingue entre la calidad del servicio y la existencia de corrupción. Es decir, uno puede haber hecho su trámite de forma más o menos expedita y quedar contento con el resultado, incluso si reconoce que la corrupción es un problema general. Solo 14% de los encuestados indicó no estar satisfecho con los servicios recibidos, citando principalmente mal trato del personal, procesos lentos o falta de resolución de su asunto. Apenas 2% de la población insatisfecha mencionó que la razón de su descontento fue que “le pidieron dinero” durante el trámite. Esto indicaría que, para la mayoría, la corrupción no se traduce directamente en insatisfacción con el trámite, tal vez porque muchos logran su objetivo pagando la “mordida” o porque quienes sufren corrupción son minoría en comparación con la base total de usuarios de trámites. De cualquier modo, existe una paradoja Sonorense: altos niveles de corrupción percibida, pero también altos niveles de satisfacción con la prestación de servicios. Quizá porque la expectativa ciudadana ya es baja y cualquier atención “sin mayores contratiempos” se valora, o bien porque aquellos que no quedaron satisfechos son relativamente pocos.

Ahora bien, ser “satisfecho” no significa que el proceso haya sido perfecto. La encuesta profundiza en los problemas comunes que la gente enfrenta al realizar trámites. Entre los obstáculos más mencionados están:

• Largas filas o tiempos de espera excesivos (reportado por 33% de los usuarios).
• Costos excesivos asociados al trámite (13%) –lo cual puede referirse tanto a tarifas oficiales altas como a pagos extra no oficiales.
• Sistemas lentos o caídos (11%), es decir, fallas en computadoras, portales o sistemas de turno que entorpecen la experiencia.
• Traslados lejanos para hacer el trámite (8%), un problema en zonas donde la oficina correspondiente está distante.
• Información incorrecta proporcionada inicialmente (7%) o requisitos excesivos/diferentes a los anunciados (7%), reflejando desorganización burocrática.
• Horarios restringidos que dificultan acudir (6%).
• Y, crucial para nuestro tema, cobros indebidos: un 3% de los encuestados declaró que le cobraron o intentaron cobrarle un servicio que debería ser gratuito –lo cual es esencialmente un acto de corrupción flagrante dentro del universo de trámites. Aunque porcentualmente es bajo, sigue representando un número significativo de personas cuando se extrapola a la población total de usuarios.

Un 15% indicó no haber enfrentado ningún problema en sus trámites recientes. Esa minoría afortunada contrasta con el 85% que sí sufrió al menos un contratiempo (sea burocrático o de corrupción) en el camino. En suma, el vía crucis burocrático sonorense existe –colas, sistemas deficientes, información errónea– y la corrupción es parte de ese inventario de obstáculos, aunque no el más frecuente comparado con otras ineficiencias.

Este panorama sugiere que, para muchos ciudadanos, hacer trámites implica sortear dificultades donde la corrupción es una posibilidad más en la lista. Y pese a todo, si logran concluir el trámite, la mayoría termina “satisfecha”, tal vez por contraste con las bajas expectativas. Es un dato que nos obliga a reflexionar sobre cómo la normalización de las fallas del sistema puede anestesiar la crítica: el usuario promedio tolera colas y quizá hasta pequeños sobornos como parte del proceso, siempre y cuando eventualmente consiga su objetivo.

Desconfianza ciudadana e instituciones bajo la lupa

Si bien la satisfacción con trámites específicos es alta, la confianza en las instituciones públicas es otra historia. La encuesta indagó en qué instituciones confía más o menos la gente, y los resultados pintan un cuadro interesante de la percepción ciudadana del aparato gubernamental y social.

En el extremo positivo, las instituciones que generan mayor confianza resultaron ser ajenas en buena medida al día a día administrativo local: El Ejército y la Marina, con 61% de la población diciendo confiar en ellas, encabezan la lista, seguidos de la Iglesia con 51%. Es revelador que dos instituciones de orden federal (y vinculadas a la seguridad nacional) y una institución religiosa sean las mejor evaluadas en confianza. Tienden a verse como entes más sólidos o respetados, quizás por encima de la política local.

En cambio, muchas instituciones civiles y de gobierno obtienen niveles de confianza bajos o medianos, pero también un desconocimiento alarmante por parte de la población. Por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) –creado para coordinar la lucha contra la corrupción– es apenas conocido por el 26% de los sonorenses, siendo la institución menos reconocida de las presentadas. Entre quienes sí la conocen, 64% aprueba su trabajo, pero esa aprobación queda limitada a un segmento muy pequeño debido al desconocimiento general. Algo similar ocurre a nivel estatal: sorprendentemente, 61% de la gente dijo no conocer a la Contraloría General del Estado de Sonora. La Contraloría, encargada precisamente de prevenir y sancionar la corrupción administrativa, es un actor invisible para la mayoría. De ese exiguo 39% que sí sabe qué es la Contraloría, un 78% valora positivamente su labor, lo cual sugiere que hay un potencial de confianza que no está siendo aprovechado por falta de difusión. Si la institución anticorrupción por excelencia en Sonora es desconocida por seis de cada diez ciudadanos, difícilmente sus esfuerzos (o la falta de ellos) tendrán impacto en la percepción pública.

En cuanto a las instituciones políticas y de gobierno más tradicionales: aunque el informe no listó todos en esta sección, podemos complementar con datos de ENCIG 2021 para contexto. A nivel nacional, los partidos políticos, la policía y los legisladores suelen aparecer entre las instituciones menos confiables –en Sonora 2021 apenas ~28-33% confiaba en ellas– y los resultados actuales reflejan una línea similar. La desconfianza campea especialmente en lo local: solo un 27% confía en partidos políticos, ~31% en policías y 33% en congresistas según la ENCIG-2021. La encuesta estatal de 2023, por su lado, mostró que la ciudadanía percibe altos niveles de corrupción en esas mismas autoridades locales: el 74% cree que los gobiernos municipales son corruptos con frecuencia y 78% percibe corrupción frecuente en las corporaciones policiacas. Es decir, poca confianza y mucha sospecha hacia las instancias más cercanas al ciudadano (policías, ayuntamientos).

De hecho, en el Informe de Confianza Policial –un reporte derivado de esta encuesta enfocado en seguridad pública– se confirma la profundidad de la desconfianza: 78% de los sonorenses opinan que la corrupción es frecuente en las policías, 75% en el Ministerio Público (fiscales) y 74% en sus gobiernos municipales. En contraste, la percepción de corrupción en el gobierno estatal fue ligeramente menor (rondando el 73%), y en instituciones como universidades, medios de comunicación u organizaciones civiles, más baja todavía. Estos datos delinean un gradiente: a menor cercanía con la ciudadanía, mayor confianza (por eso Ejército o Marina salen mejor evaluados), y a mayor interacción cotidiana, mayor es la desconfianza (policía, municipio). La gente confía en quien siente lejano pero institucionalmente fuerte, y desconfía de quien tiene cerca y conoce con sus defectos.

Es de llamar la atención que la desconfianza en medios de comunicación entre sonorenses es mínima: se ubican prácticamente al mismo nivel de confianza que el poder judicial. Tal situación, paradójica en medio de tanta sospecha hacia lo local, abre la puerta a revisar las partidas presupuestales que subsidian a “periodistas” e “investigadores” que en realidad funcionan como voceros encubiertos del régimen. Reorientar ese gasto –y exigir verdadera independencia editorial– podría ser un paso decisivo para reconstruir la credibilidad pública.

En síntesis, Sonora padece una crisis de confianza institucional en los órganos locales encargados de la seguridad y la administración pública. Al mismo tiempo, existe falta de conocimiento sobre las herramientas anticorrupción existentes (poca gente sabe de la Contraloría o el SNA). Esto compone un caldo de cultivo perverso: se desconfía de quienes podrían hacer algo y ni siquiera se conocen bien las instancias donde reportar o combatir esas faltas.

Cultura de la corrupción: entre la aceptación y la resignación

Un capítulo indispensable de este estudio es entender la cultura cívica frente a la corrupción. ¿Hasta qué punto la población está dispuesta a tolerar o justificar actos corruptos en su vida diaria? Las respuestas aquí son quizás las más preocupantes, porque revelan cómo la corrupción se ha normalizado en ciertos sectores de la sociedad sonorense.

La encuesta presentó a los participantes una serie de afirmaciones para medir su nivel de acuerdo o desacuerdo con prácticas corruptas o antiéticas. Entre las más reveladoras estaban, por ejemplo: “Dar una mordida para no ser multado”, “Violar la ley no es tan malo, lo malo es que te agarren”, “Un funcionario puede aprovecharse de su puesto mientras haga bien su trabajo”, o “Pagar a un gestor para agilizar un trámite”. Los resultados muestran que existe una minoría significativa que ve con permisividad estas conductas.

Por ejemplo, a nivel estatal, alrededor de 1 de cada 4 sonorenses (25%) llega a justificar en cierta medida que un servidor público pida sobornos bajo algunas circunstancias. Este porcentaje de aceptación es mayor en municipios pequeños, donde hasta un 25% de la población ve aceptable que un funcionario solicite “mordida”, comparado con solo ~15-16% en las ciudades grandes o medianas. De igual forma, el nepotismo –que un funcionario contrate o favorezca a amigos y familiares– es tolerado por un preocupante 32% de los habitantes de municipios pequeños, mientras que en los grandes y medianos la aceptación ronda el 20-22%. Es decir, en las comunidades pequeñas de Sonora parece haber mayor resignación o aceptación cultural de prácticas corruptas cotidianas, quizás por dinámicas de compadrazgo o familiaridad donde esas acciones se ven “normales”.

Otro dato inquietante: a algunos se les preguntó directamente si ciertas acciones “son o no corrupción”. Resulta que un 4% de la población en municipios grandes y medianos respondió que pedir dinero o favores para agilizar un trámite no es corrupción, porcentaje que sube a 6% en municipios pequeños (y con 3% adicional que dijo “no saber”). Esta falta de claridad conceptual implica que hay quienes ni siquiera identifican un soborno como acto corrupto, señal de una normalización peligrosa. La frase popular “el que no tranza, no avanza” resuena tristemente en ciertos estratos.

Estos indicadores culturales se reflejan también en el comportamiento a la hora de enfrentar la corrupción. Al presentarse una situación corrupta, ¿cómo reacciona la gente? La encuesta planteó escenarios hipotéticos (por ejemplo, si le piden dinero en un trámite): la mayoría dijo que “no lo da” (lo cual suena bien en teoría), pero un grupo admitió que “lo daría pero se sentiría mal”, y otros que simplemente pagarían la mordida sin mayor conflicto. Asimismo, se profundizó en las razones para participar o no en actos corruptos. Entre quienes sí estarían dispuestos a incurrir en corrupción, prevalecen justificaciones como “resolver el problema de inmediato” o “porque todos lo hacen”. Entre quienes no lo harían, suele influir el temor a las consecuencias legales o morales, pero reconocen estar nadando contra la corriente cultural.

En definitiva, la encuesta evidencia que una porción nada despreciable de la sociedad sonorense está resignada o anestesiada ante la corrupción. Es difícil combatir un fenómeno cuando ha echado raíces en la normalidad cotidiana. Si un cuarto de la población ve “normal” el soborno o el amiguismo, las estrategias anticorrupción requieren no solo medidas punitivas, sino campañas culturales y educativas que desnormalicen esas prácticas. De lo contrario, los esfuerzos de las autoridades estarán siempre un paso atrás de una ciudadanía que, por costumbre o necesidad, sigue alimentando el círculo vicioso.

La decisión de denunciar: por qué pocos alzan la voz

Una de las secciones más reveladoras –y desalentadoras– del estudio tiene que ver con la denuncia de la corrupción. Después de que un ciudadano sufre o presencia un acto corrupto, ¿lo reporta a alguna autoridad? ¿Por qué sí o por qué no? Las respuestas confirman algo que ya intuíamos: la gran mayoría de incidentes de corrupción no se denuncian y quedan impunes, sea por apatía, miedo o desconfianza.

Según los datos, solo el 17% de quienes vivieron una experiencia de corrupción dijeron haberla denunciado ante alguna autoridad competente. Esto equivale a que más de 8 de cada 10 casos nunca se formalizan en una queja o denuncia oficial. Es un nivel de sub-reporte enorme. Y cuando se preguntó a ese escaso 17% por qué sí decidió denunciar, el 44% respondió que por responsabilidad ciudadana –es decir, por convicción ética de que era su deber hacerlo– y otros mencionaron que para “poner un alto” a esos actos. Es alentador saber que quienes denuncian lo hacen con motivaciones cívicas, pero lamentablemente son pocos.

El plato fuerte viene al indagar por qué no denuncian el 83% restante. Las razones principales que dieron los encuestados son un diagnóstico claro de la situación institucional:

• La causa número uno, mencionada por 28%, es “porque es inútil, no se da seguimiento a la denuncia”. Es decir, falta de confianza en las autoridades: la gente piensa (no sin razón) que de nada sirve denunciar porque no habrá castigo ni consecuencia real. Esta creencia está ligada a años de impunidad observada.
• En segundo lugar, un 24% (sumando varias razones del 13% cada una) indicó “por falta de tiempo” y “porque son prácticas comunes”. La primera excusa refleja apatía o prioridades: mucha gente no quiere invertir tiempo en trámites engorrosos de denuncia, sobre todo si cree que no prosperarán. La segunda, “es común”, refleja resignación: “¿para qué denunciar si así funcionan las cosas?” – una aceptación tácita de la corrupción como parte del sistema.
• Un 12% señaló “por miedo a represalias”. Especialmente cuando se trata de denunciar a policías, jefes o autoridades locales, existe temor real a sufrir consecuencias (hostigamiento, multas, etc.). Este miedo silencia muchas voces.
• Otros mencionaron “no supe dónde o cómo denunciar”. De hecho, en municipios pequeños un 15% de la población dijo no saber siquiera dónde podría reportar un acto de corrupción. Esto vuelve al punto previo: falta difusión de los canales de denuncia. Si más de uno de cada diez ni siquiera conoce el mecanismo, difícilmente denunciará.

Como vemos, predominan la inutilidad percibida y la normalización como barreras para la denuncia. Y las consecuencias son palpables: la impunidad. Porque si casi ningún ciudadano denuncia, los funcionarios corruptos difícilmente enfrentarán consecuencias. Incluso la Contraloría lo reconoce en sus hallazgos: en Sonora (según datos externos incluidos en la metodología) se abrieron 171 investigaciones administrativas por corrupción entre 2018-2021, pero solo 15% llegaron a sanción. El resto quedaron archivadas. Las personas sienten ese vacío de resultados; por eso no confían en denunciar.

Un dato interesante es que los niveles de denuncia varían según el municipio. En los municipios grandes (como Hermosillo, Cajeme) se reportó una tasa algo mayor de denuncia, alrededor del 19% de los casos. En cambio, en municipios medianos y pequeños la tasa fue menor (aprox 9-10% según otros cruces). Por ejemplo, Hermosillo destacó con 25% de víctimas denunciando y Cajeme 20%, mientras que Navojoa y Guaymas apenas 8%. Esto podría deberse a mayor acceso a autoridades competentes en las ciudades grandes, o quizá a que en comunidades pequeñas las relaciones personales y el temor pesan más (es posible que en pueblos chicos nadie quiera enemistarse denunciando al único funcionario disponible, o un conocido). También, las urbes grandes suelen tener ciudadanos con algo más de cultura de exigencia de derechos.

Finalmente, se preguntó a quienes sí denunciaron qué los motivó, y la gran mayoría dijo que por deber cívico y para detener esos actos (como mencionamos, 44% lo hizo por responsabilidad social). Entre los que no, ya vimos que es por desconfianza en el sistema o por costumbre de no hacerlo. No saber dónde denunciar fue un factor especialmente alto en municipios pequeños (15%), lo cual es un llamado de atención: de nada sirve poner Contralorías y líneas telefónicas si la gente de a pie no las conoce.

En conclusión, la falta de denuncia cierra el círculo vicioso de la corrupción. Los ciudadanos no denuncian porque no creen que pase nada; al no denunciar, efectivamente no pasa nada y los corruptos siguen operando, lo que a su vez refuerza la percepción de impunidad. Romper este ciclo requeriría tanto reformas institucionales (asegurar que las denuncias tengan seguimiento real y sanciones visibles) como cambios culturales (convencer a la gente de que vale la pena denunciar y proteger al denunciante). Por ahora, Sonora parece atrapada en la lógica de la impotencia: “mejor no hago nada, total esto no va a cambiar”. Y así, ciertamente, nada cambia.

Contrastes regionales: grandes urbes vs. pequeños municipios

A lo largo del análisis hemos mencionado cómo ciertas variables difieren entre municipios grandes, medianos y pequeños. Vale la pena recapitular esos contrastes regionales, pues Sonora no es un bloque homogéneo –las realidades urbanas pueden ser distintas a las rurales, y las percepciones también.

Percepción de corrupción: En un dato curioso, la población de municipios medianos resultó ser la menos pesimista sobre la corrupción. El 83% de los habitantes de municipios grandes y también 83% de los de municipios pequeños coincidieron en que “hay corrupción en Sonora”, pero en los municipios medianos solo 61% estuvo de acuerdo con esa afirmación. Es un salto notable: las ciudades intermedias (10mil-90mil hab.) parecen percibir menos corrupción general. ¿Por qué? Podría ser que en poblaciones medianas la gente realiza menos trámites complejos que en las grandes (menor exposición), o quizá haya un sentido comunitario que maquilla el fenómeno (“nos conocemos y confiamos más”). También es posible que, al estar lejos de los centros de poder, la corrupción se vea como algo más distante. En cambio, en Hermosillo, Nogales o Cajeme, la idea de que “todo está corrompido” está mucho más extendida.

Experiencia directa: La prevalencia de sobornos sufridos personalmente fue ligeramente mayor en las grandes urbes. Un 7% de los residentes de municipios grandes reportó que algún servidor público le pidió un soborno en el último año, mientras que en los medianos y pequeños lo reportó un 5%. La diferencia no es enorme, pero sugiere que en ciudades mayores (más trámites, más burocracia) hay más oportunidades para que ocurra un acto corrupto. En pueblos chicos, aunque la corrupción exista, quizás hay menos trámites formales o las interacciones son más personales (lo que no necesariamente las vuelve transparentes, pero tal vez se resuelven de otro modo). Cabe señalar que 5% sigue siendo una cifra significativa –no deja de implicar que 1 de cada 20 habitantes de pueblos vivió un soborno, lo cual es bastante.

¿Dónde ocurre la corrupción según el municipio? Aquí hay diferencias marcadas en qué trámites específicos se corrompen más dependiendo del tamaño poblacional. Ya mencionamos que en ciudades grandes y medianas el trámite más corruptible fue la licencia de conducir (17% y 23% de los casos respectivamente), seguido por pagos de impuestos vehiculares y trámites registrales. En cambio, en municipios pequeños, el trámite con mayor incidencia de sobornos fue el pago de impuestos vehiculares (24% de los casos), y en segundo lugar la licencia de conducir (21%). Esto tiene cierto sentido: en localidades pequeñas quizás no hay oficinas de expedición de licencias tan frecuentes (muchos van a la ciudad para licencias), pero sí puede haber recaudaciones municipales donde se pagan placas o impuestos locales, y ahí surgen las “mordidas”. También en los pequeños destacó en tercer lugar el rubro de servicios de agua potable –un 11% de los sobornos ocurrieron al conectar o regularizar el servicio de agua, algo que prácticamente no figuró en las grandes ciudades. Cada entorno tiene sus vulnerabilidades: lo vehicular pesa en todos, pero en ciudades medianas/grandes entra la licencia y trámites registrales, mientras en pueblos chicos entran servicios básicos municipales.

Denuncia y seguimiento: Ya lo cubrimos: en las ciudades grandes se denuncia más (hasta 19-25% de los casos) mientras que en municipios más pequeños la denuncia es mínima (en algunos apenas 8%). Asimismo, las razones de no denunciar varían un poco: en lugares pequeños sobresale la falta de conocimiento de dónde denunciar (15%, muy por encima de grandes ciudades). En grandes, la principal razón fue considerar inútil la denuncia (30%), lo cual también se ve en medianos y pequeños pero en proporción algo menor (19% medianos, 25% pequeños) –quizá porque en un pueblo chico algunos piensan que sí se podría hacer algo si se denuncia, o porque no todos han perdido la fe ahí. Otra posible explicación es que en municipios medianos/pequeños, al no ver tantos casos o no percibir tanta corrupción, no surge tanto la idea de “es inútil denunciar” (porque tal vez no lo han intentado). Pero en Hermosillo y similares, la gente ya está curada de espanto y asume inoperancia.

Tolerancia cultural: Como apuntamos, en municipios pequeños la tolerancia a actos corruptos resultó mayor (más gente los ve aceptables o “no tan graves”). Esto posiblemente se relaciona con dinámicas comunitarias: en entornos rurales o semiurbanos, la línea entre “favor” y “corrupción” puede ser más difusa. Por ejemplo, ayudar a un familiar en un trámite puede verse normal, aunque implique nepotismo. En ciudades grandes, las personas tienden a tener quizá más noción de reglas impersonalizadas y pueden reprobar un poco más esas prácticas (aunque igual ocurran).

En resumen, la geografía importa en el fenómeno de la corrupción sonorense. Las grandes ciudades muestran más casos y más hartazgo, pero también más denuncia. Las comunidades pequeñas muestran menos casos reportados, pero también más permisividad hacia la corrupción y menos acceso a mecanismos de control. Estas diferencias sugieren que las políticas anticorrupción deberían ajustarse al contexto local: lo que funcione en Hermosillo tal vez no sea lo mismo que se necesita en Yécora o Álamos. Por ejemplo, en municipios pequeños podría requerirse mayor presencia de contralorías sociales o facilitadores de denuncia (dado que muchos no saben dónde quejarse), mientras que en ciudades grandes se necesita restaurar la confianza en que las denuncias sirven de algo (dado que ahí el desánimo es mayor en ese sentido).

El caso de la confianza en la policía: corrupción en seguridad pública

Un apartado especial de esta investigación fue el “Informe de Confianza Policial”, un reporte completo derivado de la encuesta pero enfocado exclusivamente en temas de seguridad pública y policía. Este informe, entregado en diciembre de 2023, arroja luz sobre cómo la ciudadanía ve a sus cuerpos policiacos y su interacción con ellos. Dado que la corrupción policial es un tema crítico (y fue uno de los motivos del contrato de la encuesta), vale la pena repasar sus hallazgos principales.

En términos de percepción, como mencionamos antes, la policía encabeza la lista de instituciones percibidas como corruptas: 78% de los sonorenses creen que la corrupción es frecuente o muy frecuente en las corporaciones policiales. Esto supera incluso la percepción de corrupción en otros ámbitos gubernamentales. La policía –el primer eslabón de la justicia– carga con la peor reputación. No es sorprendente considerando la historia y estudios nacionales que suelen ubicar a las policías municipales y de tránsito entre las autoridades más propensas a sobornos.

La encuesta de confianza policial también midió la satisfacción con el servicio policial: aquí los números son bastante negativos. El 58% de la población se declara poco o nada satisfecha con los servicios de sus policías, contra apenas 42% que está satisfecha o muy satisfecha. Más de la mitad tiene una visión desfavorable del desempeño policial, ya sea por ineficacia, mal trato u otros motivos. De hecho, al preguntar específicamente si la policía “contribuye a que usted y su familia se sientan seguros” y si “está dispuesta a ayudarle”, las respuestas fueron divididas pero inclinadas a lo negativo: por ejemplo, solo ~48% cree que la policía los ayuda a sentirse seguros, y ~52% piensa lo contrario. La confianza básica en el rol protector de la policía está fracturada.

El aspecto más crudo viene al explorar las experiencias directas de corrupción con policías. En los últimos 12 meses, muchos ciudadanos tuvieron contacto con policías por diversos motivos (desde infracciones de tránsito hasta detenciones menores). Pues bien, un 63% de las personas que tuvieron tratos con policías reportaron que éstos les intentaron cobrar por un servicio que en teoría es gratuito. Por ejemplo, cobrar para no poner una multa, o pedir “para el refresco” al detener a alguien por una falta administrativa. ¡63%! Eso equivale a que 2 de cada 3 sonorenses que interactuaron con un agente de seguridad fueron presionados para dar una mordida. Es una incidencia altísima que evidencia que en ámbitos como el tránsito y la seguridad ciudadana, la corrupción no es la excepción sino casi la regla. En el Ministerio Público (fiscales), la situación aunque grave es ligeramente “mejor”: 55% de quienes hicieron trámites ante el MP indicaron intentos de cobro indebido, por ejemplo para agilizar una denuncia o evitar algún cargo. Sigue siendo más de la mitad.

Frente a esto, cabría esperar que muchas personas denunciaran a los policías corruptos, ¿no? Pero no: la mayoría no lo hace. En temas policiales, la encuesta encontró que los motivos para no denunciar al policía que pidió mordida son los ya conocidos: consideran inútil quejarse porque “no va a pasar nada” y el miedo a represalias está muy presente. De hecho, en seguridad es incluso más entendible el temor: denunciar a un policía corrupto podría acarrear desde acoso hasta riesgos mayores en ciertos contextos, y la gente lo sabe.

Un punto a destacar es que el informe policial también preguntó qué problemas son los más comunes al tratar con servicios policiales. Coinciden con otros trámites: largas filas (52%) y requisitos excesivos (50%) fueron lo más mencionado para trámites como obtener cartas de no antecedentes, pagar infracciones, etc. Es decir, no solo hay corrupción, también ineficiencia. El coctel perfecto para la frustración ciudadana.

En conclusión, el zoom específico en la policía confirma nuestras conclusiones generales pero las amplifica: el sistema de seguridad pública en Sonora padece corrupción sistemática y tiene serios déficits de confianza. La mitad o más de la población no confía ni está satisfecha con la policía, y con razón: la probabilidad de toparse con un agente extorsionador es altísima. Esto es grave no solo por los actos corruptos en sí, sino porque mina la seguridad ciudadana –la gente puede preferir no pedir ayuda a la policía o “arreglarse en el momento” con dinero para evitar males mayores, perpetuando la impunidad policial.

Los resultados de este informe especializado seguramente llegaron a las manos de los mandos de seguridad y de la Contraloría. Cabe preguntarse: ¿qué hicieron con esta información? Hasta donde pude averiguar, no hubo pronunciamientos públicos contundentes. Es como si la verdad numérica hubiera sido engavetada. En la siguiente sección, reflexionaremos precisamente sobre qué sabían las autoridades y qué (no) pasó después.

Conclusiones: lo que se supo, lo que no se hizo

A estas alturas, queda claro que a finales de 2023 las autoridades sonorenses tenían en sus manos un diagnóstico muy completo sobre la corrupción en la entidad. La Contraloría General del Estado invirtió recursos en saber la verdad. ¿Y luego qué? Esa es la pregunta final que nos deja este viaje.

Por un lado, los resultados hablan por sí solos: la gente percibe mucha corrupción, vive no pocos casos en trámites clave, se siente indefensa para denunciar y desconfía especialmente de quienes deberían brindarle seguridad y justicia. Estos datos podrían haber sido un catalizador para reformas y acciones inmediatas. Por ejemplo, al saber que la licencia de conducir es el trámite más proclive a sobornos, uno esperaría operativos de vigilancia en las oficinas de licencias, o simplificación de ese proceso para cerrar espacios a la “mordida”. Al ver que 63 % de los ciudadanos son extorsionados por policías, cabría demandar depuraciones, agentes encubiertos cazando a los malos elementos, campañas públicas de cero tolerancia y protección al denunciante. Si solo 17 % denuncia, la Contraloría podría haber impulsado con fuerza su fallido plan de Patrulla Anti-Sobornos (ver https://www.sonora.gob.mx/gobierno/acciones/dependencias/realiza-contraloria-sonora-operativo-anticorrupcion-en-faot-2023). También presumió — sin seguimiento público — que 25 policías municipales fueron vinculados a proceso, pero nunca se aclaró si hubo sentencia, de qué municipios provenían o por qué delitos exactos (https://buengobierno.sonora.gob.mx/acciones/logra-contraloria-sonora-105-vinculaciones-a-proceso-por-presuntos-actos-de-corrupcion.html). Esa era la expectativa mínima tras conocer los hallazgos.

Pero, ¿se hizo algo de eso de manera visible? Hasta donde la evidencia pública muestra, no. La difusión de los informes fue prácticamente nula; de hecho, fue gracias a insistencias vía transparencia que salieron a la luz. No hubo una presentación oficial destacada (los documentos se subieron casi a escondidas en una web). Tampoco se identificó un seguimiento claro: no se anunciaron nuevos programas anticorrupción fundamentados en estos hallazgos, ni se retomó el tema en el discurso político. Es posible que internamente las autoridades hayan tomado nota, pero hacia la ciudadanía prevaleció el silencio. Y el silencio, en este caso, es ensordecedor.

¿Qué implican estos hallazgos silenciados en lo social y político? En lo social, implican que la ciudadanía sigue navegando en un sistema donde la corrupción es parte del día a día, con todo lo que eso conlleva: costos económicos (sobornos que drenan bolsillos), costos en derechos (gente que no recibe servicios a menos que pague extra), y un desgaste moral colectivo (“así somos, nada va a cambiar”). La encuesta mismo cuantificó el costo de la corrupción: solo en sobornos relacionados a trámites, el INEGI estimó que en 2021 representaron 9,489 millones de pesos a nivel nacional, y un costo promedio de $2,600 por persona afectada en Sonora. Es dinero que bien podría destinarse a necesidades básicas, pero termina como tributo a la corrupción. Además, la normalización de estas prácticas erosiona la confianza entre ciudadanos y gobierno, y entre ciudadanos entre sí. Un pueblo que desconfía es un pueblo dividido y cínico, caldo de cultivo para el autoritarismo o la apatía.

En lo político, estos resultados suponen una oportunidad perdida –o al menos postergada– para el gobierno estatal. Saber la verdad debería ser el primer paso para actuar. Si las autoridades “se hicieron de la vista gorda” tras tener los datos, eso envía un mensaje terrible: que quizás encargaron el estudio solo por cumplir, no con intención genuina de transparentar y corregir. También revela una posible falta de voluntad política para enfrentarse a intereses creados. Porque combatir la corrupción policial, por ejemplo, significa chocar con redes internas; frenar la mordida en trámites puede implicar enemistarse con funcionarios que obtienen de ahí un ingreso extra. Hacer nada, en cambio, evita conflictos a corto plazo… pero deja al ciudadano desprotegido.

En 2024 y 2025, Sonora continuó enfrentando desafíos de seguridad, económicos y de gobernanza. La pregunta es: ¿qué tanto de esos desafíos podrían aliviarse si la corrupción estuviera controlada? Los propios ciudadanos en la encuesta daban una pista: dos tercios dijeron que “la mejor forma de combatir la inseguridad es combatiendo la corrupción” (un 66% muy de acuerdo con esa afirmación). La gente entiende que corrupción e inseguridad van de la mano. También, la corrupción apareció como el segundo problema más importante del estado, solo detrás de la inseguridad, con 63.6% de menciones en 2021. Es decir, la corrupción importa y mucho para la ciudadanía.

Al terminar de escribir esta crónica, me queda un sabor agridulce. Por un lado, logré sacar a la luz información valiosa que estaba oculta. Hoy cualquier sonorense puede, si lo desea, consultar estos informes y conocer en detalle qué pasa en su estado. Por otro lado, los números por sí solos no cambian las cosas. Se requieren acciones decididas. Y esas solo ocurrirán si hay presión social y convicción ética en los servidores públicos.

Ojalá este panorama sirva como un llamado de atención. Los sonorenses ya dijeron lo que viven y lo que piensan en 2023: que la corrupción campea, que no confían en quienes deberían combatirla, que pocas veces alzan la voz porque no ven resultados, pero que en el fondo desean un gobierno más honesto (muchos lo expresaron al mostrar aprobación hacia instituciones honestas o al denunciar por sentido de deber). Las autoridades sabían todo esto. La pregunta es si harán algo al respecto. El tiempo transcurrido no juega a favor; cada día de inacción refuerza la idea de que “nada va a pasar”. Sin embargo, la historia no está escrita del todo.

En el convulso contexto actual, con la sociedad más atenta a temas de corrupción que nunca, estos datos pueden convertirse en munición ciudadana. Munición para exigir transparencia, para demandar resultados a quienes gobiernan, e incluso para que en las urnas se castigue la indolencia. Porque al final del día, la corrupción persiste no solo por quienes la cometen, sino por quienes la permiten con su silencio. Y ahora, en Sonora, el silencio ha sido roto. Los números hablaron, que no queden en el vacío.

Parece, sin embargo, que será otro sexenio perdido entre grillas y destapes políticos. Lejos queda el recuerdo de aquel “no voy a patear el bote” del gobernador Alfonso Durazo. El feminicidio y triple infanticidio que ha sacudido al Estado de Sonora —que la propia Fiscalía vinculó a una organización criminal activa en la capital— es la consecuencia directa de ese vacío de acción. La corrupción ha dejado operar a esos grupos, desde las policías municipales hasta cuerpos estatales, e incluso militares. La sociedad sonorense lo sabe, y la encuesta lo confirma: la corrupción genera violencia, y las autoridades ya conocían la magnitud del deterioro desde octubre de 2023.

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