Vinculan a proceso a colaborador del gobernador Alfonso Durazo

Rodolfo Castro Valdez, jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal en Sonora (aunque hoy el gobernador informó que había renunciado) está implicado en ilegal contrato por 30 mil millones de pesos con la empresa Next Energy en Baja California

Mexicali, BC. Seis ex funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla fueron vinculados a proceso por un juez de Control del Poder Judicial de Baja California, que los acusa de cometer el delito de peculado.

En tanto, por el delito de uso indebido de facultades se vinculó a proceso penal a cinco de los seis exservidores públicos y al representante de la empresa Next Energy, Tulio Pani Vano.

La imputación de delitos está vinculada en la creación de un fideicomiso para construir en Mexicali una planta de energía fotovoltaica, cuya facultad es exclusiva del gobierno federal. El fideicomiso representa un impacto económico de 30 mil millones de pesos, de los cuales se pagaron 123 millones por un contrato del que no existe un solo permiso.

En una audiencia de vinculación, que concluyó las primeras horas de este martes, se desechó la acusación contra el ex secretario de Gobierno Amador Rodríguez Lozano, actual funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, ya que el Ministerio Público solo pudo comprobar que su firma solo aparece en los decretos 88 y 178 publicados en el Periódico Oficial del Estado.

En la misma carpeta de investigación se encuentra Jaime Bonilla Valdez, quien se protegió en el fuero que tiene como senador de la República hasta 2024.

Por peculado se vincularon a proceso a los ex secretarios de Hacienda Rodolfo Castro Valdez y Adalberto González Higuera, a la ex secretaria de Desarrollo Urbano Karen Postlethwaite, al ex secretario del Agua Salomón Faz, a los ex oficiales Mayores Marco Octavio Hilton e Israel Clemente González.

Por el delito de uso indebido de funciones se vinculó al representante de la empresa y a los exservidores públicos, a excepción de Israel Clemente González.

En la actualidad Castro Valdez es funcionario en el gobierno de Sonora y Hilton en la administración de Baja California.

La investigación complementaria concluirá en dos meses, tiempo en que los imputados acudirán a firmar al juzgado.

EL SEMANARIO ZETA DIO MÁS DETALLES DEL ASUNTO:

Bonilla “empeñó” a BC para cumplir con Next Energy

Por Eduardo Villa

Pese a las advertencias oficiales de Rocío Nahle, secretaría de Energía, y la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) sobre la ilegalidad e incumplimiento de las medidas plasmadas en el contrato con la empresa Next Energy, el equipo más cercano a Jaime Bonilla Valdez cuando era gobernador, continuó su campaña de “empeñar” el recurso público de los bajacalifornianos.

Seis los ex funcionarios de la administración del primer mandatario morenista y un representante de la firma regiomontana se sentaron en el banquillo de los acusados para escuchar los señalamientos en su contra por diseñar y configurar el proyecto de una planta fotovoltaica que dotaría de energía eléctrica al acueducto del Río Colorado, que abastece de agua la Zona Costa del Estado.

Durante dos días, el Ministerio Público a cargo de Javier García Álvarez, Yessica Meza y la vicefiscal de Tecate, Rosaura Reyes, leyeron los antecedentes de investigación en contra de Amador Rodríguez Lozano, ex secretario general de Gobierno; Salomón Faz Apodaca, titular de Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa); Karen Postlethwaite, titular de Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT);Rodolfo Castro y Adalberto González Higuera, ambos ex secretarios de Hacienda; Octavio Hilton e Israel Clemente González, ex oficiales mayores; y Tulio Pani Vano, representante del consorcio Next Energy. Todos, acusados de ser artífices directos del contrato e irregularidades plasmadas en el mismo, que comprometieron las arcas estatales por alrededor de 40 mil millones de pesos, a pagar en 30 años.Correos electrónicos entre Rocío Nahle, Jaime Bonilla Valdez y el coordinador de Gabinete, Diego Partida; constancias de inversión de una supuesta compra de material, el contrato y sus respectivos convenios modificatorios, son parte del rompecabezas jurídico armado por la Fiscalía General del Estado (FGE) para establecer el caso en el que otras cinco personas están involucradas, pero que no han acudido a las audiencias.

El único de los implicados que decidió brindar una opinión fue el actual asesor del Gobierno de Ciudad de México, Amador Rodríguez Lozano, quien consideró que la carpeta de investigación no tiene nada en su contra y todo forma parte de un ataque político-jurídico del actual gobierno estatal.

Afirmó que su participación en el tema con Next Energy sólo fue publicar algo que por Ley debió hacer, ya que se trató de un mandato del Poder Legislativo.

“Es como sí yo soy carpintero, fabrico una cama y en esa cama se lleva a cabo un homicidio meses después, y entonces me quieren hacer cómplice de ese homicidio; es infantil, superficial”, argumentó el funcionario.

EL JUICIO 

Durante el martes 18 y miércoles 19 de octubre, la Sala 6 del Centro de Justicia Penal de Mexicali, ubicado en Río Nuevo, albergó la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso de varios exfuncionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez, y de un representante de Next Energy, dirigido por la familia Maíz Mier, de origen regiomontano.

Poco después de las diez de la mañana del 18 de octubre, dio inicio la primera sesión que se extendió por varias horas, debido a que las defensas -cada acusado tiene a su abogado- solicitaron posponer la cita, toda vez que cinco de los implicados no se encontraban en la sala.

Luego de algunos jaloneos y justificaciones, el juez Bernardino Ahumada determinó que no había motivos para posponer la audiencia y determinó individualizar a los siete arriba mencionados.

Tras diferir la audiencia por varias horas, la sesión se reanudó a las 19:00 horas, iniciando la primera etapa de lectura de los casos, pero fue nuevamente suspendida casi dos horas después de iniciada y reanudada la mañana del miércoles 19. Ahí, el Ministerio Público leyó los cargos ante una defensa poco participativa.

Entre los datos importantes destaca que se obtuvieron varios correos electrónicos oficiales entre la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el exgobernador Bonilla, a quien le explicaba que la licitación emprendida en 2020 carecía de sustento legal, por lo que le invitaba a suspender el proyecto.

Fueron varios los correos enviados de manera oficial a la cuenta del exmandatario, quien se limitó a responder uno mediante el coordinador de Gabinete, Diego Partida, el cual precisó que no coincidían con su opinión y exhortó a la funcionaria a firmar un convenio de colaboración para brindar un sustento jurídico a la licitación, lo cual fue rechazado por el Gobierno de México.

El sustento de esta prueba es que tanto Bonilla como su equipo tenían pleno0 conocimiento de que sus acciones eran ilegales, ya que las entidades federativas carecen de facultades para signar contratos relacionados con energía eléctrica.

La misma lógica se estableció dentro del contrato con Next Energy y sus respectivos convenios modificatorios, donde en todos sustentan sus acciones en leyes federales, mismas que extralimitaban sus funciones.

La estructura jurídica armada por la fiscalía descansa además en los nombramientos y el proceso legislativo realizado para permitir la firma del contrato plurianual, mediante el Decreto 88 y la ampliación generada en el 178, para beneficiar aún más a la empresa con tiempos y fechas para firmar el contrato e iniciar operaciones.

De hecho, hasta el momento Rodríguez Lozano sólo aparece como imputado, gracias a que firmó y publicó ambos decretos en el Periódico Oficial del Estado, pero no más.

Precisamente en el Decreto 88 se plasmó la creación de una comisión interinstitucional para llevar a cabo el proceso de licitación para la construcción de la planta fotovoltaica, encabezado por Rodolfo Castro -funcionario del Gobierno de Sonora- y Adalberto González Higuera, cuando fueron secretarios de Hacienda; y Salomón Faz Apodaca, como titular de la Seproa y secretario técnico. Israel Clemente, Octavio Hilton -actual funcionario de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda- y Karen Postlethwaite, la conformaron como voceros.

Ellos, junto con Miriam Lizbeth Álvarez Martínez, titular de la Comisión Estatal de Energía (CEE), quien no se ha presentado a su cita judicial, formaron parte de este órgano colegiado; sus nombres aparecen en prácticamente todos los documentos, estudios y contratos.

Sin embargo, una de las pruebas más determinantes es la entrega y aval de los certificados y constancias de inversión, con los que Next Energy sustentaba los gastos que había realizado para la construcción de la obra.

Tanto Álvarez como Faz Apodaca recibían dichas constancias y adquirieron el compromiso de pago por parte del Estado, sin establecer una sola observación, pese a, como puede verse en las imágenes de este reportaje, no hay nada que confirme la construcción de una planta en dicho punto. En total fueron cuatro constancias sustentadas en diversos oficios emitidos por la Seproa, que dieron un total de 11 mil 886 millones 385 mil 357.72 pesos que representaban un avance del 19%, todos ellos con el respaldo de Salomón Faz Apodaca.

Los justificantes para comprobar la adquisición de estos productos fueron presupuestos de ciertos equipos, pero en ningún momento se presentaron facturas o comprobantes de compra, por lo que -a juicio del fiscal- no había certeza en la adquisición del mismo.

COMPROMETIERON TODO PARA SIGNAR EL CONTRATO

Otro de los puntos que causó preocupación, es que la administración de Jaime Bonilla Valdez comprometió todos los recursos económicos que pudo para erogar la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo, además de poner todos los candados posibles para impedir que el contrato se “cayera”.

De hecho, dentro de los compromisos adquiridos, el Ejecutivo estatal planteó la creación del fideicomiso con Banca Afirme y, por decisión propia, se impidió litigar o hacer cualquier acto para no extinguir el fideicomiso. Es decir, se comprometieron a que bajo ninguna circunstancia litigarían en contra del acuerdo con Afirme y Next Energy, lo cual terminó ocurriendo con la actual administración.

El fiscal también dio a conocer que en el contrato sólo se definieron las modalidades de pago a la empresa regiomontana, pero -por cuenta propia- el Estado ordenó el primer convenio modificatorio en el que decidieron comprometer recursos de diversas partidas para pagar a Next Energy en caso de un impago.

Fue ahí que se definió la creación del fideicomiso que recibiría el monto correspondiente a dos meses de pago.

Sin embargo, también comprometió hasta el 66.75% de los recursos obtenidos de Impuesto Sobre la Renta (ISR), que representa el 37% de los ingresos totales del Estado, además del 19% de las participaciones federales. También se comprometieron los recursos de libre disposición del Estado y las Comisiones de Agua de Tecate, Tijuana y Ensenada.

No conforme con ello, la Seproa aceptó pagar de forma puntual en cada emisión, aunque no se consumiera energía eléctrica de la planta fotovoltaica.

La FGE presentó un documento firmado por el ex auditor Superior del Estado, Jesús García Castro, firmado el 19 de enero de 2022, en el cual definió que había varias irregularidades en el contrato.

Aunque no abundó mucho en el dato, indicó que el contrato firmado por el Estado carecía de autorización en los términos en que fue signado; también consideró que no había sustento en la compraventa de energía a la suministradora para abastecer 288 centros de carga, toda vez que no había información que sustentara la información. 

Otro de los puntos, es que no hubo licitación de por medio y no se justificó dar exclusividad a la empresa suministradora E3, filial de Next Energy.

El contrato también carecía de justificación relativa al precio pactado a pagar y las formas en las que se llevaría a cabo.

El Estado también contrató al especialista Gilberto Gallardo Gallardo, de la empresa auditora Mazars de Mexicali, el cual hizo un estudio a profundidad de las constancias de inversión y de todo el contrato, llegando a la conclusión de que las arcas estatales estaban injustificadas y severamente comprometidas con el contrato signado con Next Energy, al grado que se pudieron comprometer a pagar casi 30 mil de los 37 mil millones de pesos que costaría la obra, por los certificados de inversión pendientes.

Agregó que todo el procedimiento incumple las características de un contrato plurianual inscrito en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni de una Asociación Público Privada.

También cuestionó que las formas de pago no se establecieron sino hasta el primer convenio modificatorio, lo cual también es irregular.

El fiscal cerró asegurando que los 123 millones de pesos que a la fecha permanecen en el fideicomiso de Banca Afirme, son un elemento de prueba para demostrar que existe un desfalco al erario, de un recurso que estaba proyectado para pagar becas, apoyos sociales, pensiones y jubilaciones, entre otras cuestiones.

PEDIRÁ FGE PENA MÁXIMA

Por los delitos de abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, además de peculado, el titular de la FGE, Ricardo Iván Carpio, aseveró que la instrucción es pedir pena máxima en contra de los acusados.

En entrevista, Carpio Sánchez expuso que el caso “no se va a caer solo”, porque no existe un enriquecimiento o por consumar el pago, toda vez que las acciones que realizaron de manera dolosa para perjudicar las arcas estatales también representan un hecho delictivo.

Aunque los delitos no son considerados graves, por lo que no llevarán un proceso en prisión, la FGE está convencida de los actos ilícitos cometidos, por lo que buscarán que las sanciones sean ejemplares.

El delito de uso ilícito de atribuciones y facultades puede alcanzar hasta 12 años de prisión.

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Luego de cuatro días de extensas audiencias, el juez de Control, Bernardino Ahumada, consideró que había suficientes elementos para procesar a seis ex funcionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez y a un representante legal del consorcio Next Energy, por la denuncia interpuesta por el actual gobierno en contra del contrato multimillonario para el suministro y desarrollo de una planta fotovoltaica.

Todas las audiencias se llevaron a cabo en la sala 6 del Centro de Justicia de Río Nuevo, en Mexicali, donde la mañana del lunes 24 de octubre inició la última parte de la vinculación a proceso, misma que se prolongó a las 2 de la mañana de este martes.

Tras exponer todas las pruebas, la FGE y el numeroso grupo de abogados defensores de Amador Rodríguez Lozano, ex secretario General de Gobierno; Salomón Faz Apodaca, titular de SEPROA; Karen Postlethwaite, titular de SIDURT; Rodolfo Castro y Adalberto González Higuera, ambos ex secretarios de Hacienda; Octavio Hilton e Israel Clemente González, ex oficiales mayores; y Tulio Pani Vano, representante legal de la empresa -inocentes en tanto no se determine su responsabilidad según el artículo 13 del CNPP-, iniciaron el proceso de estimar y desestimar sus hipótesis del caso.

Tras escuchar a las dos partes, el juez Bernardino Ahumada leyó las determinaciones en las que destacó que el exsecretario Amador Rodríguez Lozano, brazo derecho de Jaime Bonilla Valdez, durante su mandato, resultó absuelto de todos los cargos, al considerar que no había suficientes elementos para involucrarlo en el caso.

Y es que las firmas de Rodríguez Lozano sólo podían observarse en los decretos emitidos por el Congreso del Estado, pero no en el proceso de licitación y reglamentación para constituir el fideicomiso y signar el contrato con la empresa regiomontana.

Abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades; y peculado, fueron desestimadas en favor de Rodríguez Lozano, quien apenas tuvo conocimiento de su situación legal y se retiró del lugar.

Respecto a los demás implicados, se vinculó a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades a Rodolfo Castro Valdez, Adalberto González Higuera, Karen Postlethwaite, Salomón Faz Apodaca, Marco Octavio Hilton y Tulio Pani Vano.

Mientras que por el delito de peculado se incluyó a Israel Clemente González y se absolvió a Tulio Pani Vano.

Tras darse a conocer la determinación del Juez, el Ministerio Público a cargo de Javier García Álvarez, Yessica Meza y la fiscal regional de Tecate, Rosaura Reyes, solicitaron prisión preventiva en contra de la mayoría de los implicados salvo por Karen Postlethwaite y Marco Octavio Hilton, bajo el argumento de que el resto vive fuera de la ciudad. 

El reclamo de la defensa fue generalizado bajo el argumento de que todos los implicados habían acudido por su propio pie a las audiencias, además de que cuentan con domicilios fijos y trabajos que son el sustento de su familia, por lo que no había elementos para considerarlos posibles prófugos.

El Juez desestimó la petición de la FGE y fijó un plazo de dos meses para culminar con la investigación.