Con la reforma judicial AMLO le herederá una crisis económica a su sucesora

La reforma judicial exprés asusta a los mercados

El mandatario pretende someter a los jueces y a los organismos autónomos para concentrar aún más poder presidencial

Daniel Lozano

Ciudad de México

El plan de Andrés Manuel López Obrador para imponer 18 reformas constitucionales exprés antes de que acabe su mandato en octubre, incluida la muy polémica para someter a la Justicia, ha asustado por segunda vez en la semana a los mercados financieros. El peso mexicano se depreció hasta 18 unidades por dólar y la Bolsa de Valores retrocedió.

El miedo es evidente no sólo en los mercados, también en la oposición derrotada en las urnas, que ha decidido declararse «en resistencia» para defender a la democracia. La candidata Xóchitl Gálvez ha exigido el recuento del 80% de las mesas escrutadas, pese a su derrota por 32 puntos frente a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Con esta medida no se busca lo imposible, conquistar la Presidencia, sino arañar los votos suficientes para que el oficialismo no alcance la mayoría calificada de dos tercios en Congreso y Senado, que facultaría al mandatario populista para imponer una cúpula de jueces a su servicio.

«No es posible mantener un poder judicial que no esté al servicio del pueblo y de la sociedad, que esté al servicio, como es de dominio público, de una minoría. Y a veces al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco«, subrayó AMLO el lunes, sólo unas horas después de conocerse los resultados electorales.

«La Justicia no está al servicio de los mercados. ¿A qué le tienen miedo, a que el pueblo elija a los jueces? (El poder judicial) está secuestrado por los de arriba», insistió este viernes el mandatario tras conocer el terremoto financiero provocado por el anuncio del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de que pretende cristalizar el sueño dorado de AMLO.

El descalabro fue tal que la propia Sheinbaum compareció a última hora del jueves para prometer diálogo y diálogo más diálogo. Sólo unas horas antes, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó de forma risueña la embestida contra el Poder Judicial y contra siete organismos autónomos que desaparecerían con la mayoría oficialista. Entre ellos destacan el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

La reforma militar también están en el punto de mira del mandatario, que ha privilegiado a las Fuerzas Armadas durante su mandato al estilo de la Cuba revolucionaria. El Ejército ha emergido como un actor económico, capaz de convertirse en constructor de las infraestructuras más emblemáticas del mandato de AMLO, desde el polémico aeropuerto internacional de Felipe Ángeles hasta el Tren Maya. Las Fuerzas Armadas cuentan incluso con una aerolínea estatal.

UN MES DE SUPERMAYORÍA

El aplastante triunfo electoral de Morena y sus aliados, el Partido Verde Ecológico y el Partido del Trabajo, ha provocado que AMLO disponga para sus reformas exprés de un mes de supermayoría, entre la asunción en septiembre del nuevo Parlamento bicameral y la toma de protesta de su discípula en octubre. Tal y como ha repetido en sus eternas homilías mañaneras, el mandatario pretende someter a los jueces y a los organismos autónomos para concentrar aún más poder presidencial. La guinda para un pastel ultrapersonalista.

Se trataría de la gran venganza de López Obrador, que durante su sexenio chocó una y otra vez en sus intentos de reformar la Constitución para someter a la Suprema Corte de Justicia. Su propuesta «democrática», al estilo de la implantada en Bolivia por la revolución indígena, se basa en que sean los ciudadanos quienes voten directamente en las urnas el nombre de los ministros integrantes de la Suprema Corte, los magistrados del Tribunal Electoral y los del Tribunal de Disciplina, así como magistrados y jueces de distrito. También pretende sustituir el Consejo de la Judicatura Federal.

La Presidencia propondría dos candidaturas, el Parlamento otras dos y el poder judicial dos más. El Senado se encargaría de comprobar que los jueces candidatos cumplieran los requisitos establecidos.

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