Tren Sonora con el sello de la 4T: corrupción y destrucción

Con graves afectaciones ambientales y señalamientos de corrupción, Sedena construye el Tren Sonora con red acusada de facturera

La Secretaría de la Defensa Nacional decidió adjudicar un contrato de 647 millones de pesos a una empresa cuyos accionistas han participado en firmas tildadas de factureras y de desvío de recursos públicos.

Jesús Ibarra y Silber Meza

Esta historia trata de un tren que rompe con un célebre sistema ambiental, pone en riesgo un templo de más de 300 años, atraviesa de forma subterránea dos kilómetros de la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, y echa mano de una red de empresas señaladas de ser factureras.

El presidente de la República, decidió entregarle a las Fuerzas Armadas buena parte de los megaproyectos de su administración, como el Tren Interoceánico, el Tren Maya o esta desviación de las vías del tren de carga comercial a los Estados Unidos con el argumento, sin comprobar, de que los militares son, en los hechos, más honestos que los civiles. Sin embargo, existe un contrato de cientos de millones de pesos que fue adjudicado sin licitación pública abierta a una estructura de accionistas y empresas que ya había sido señalada públicamente de corrupción.

El nombre formal del proyecto es Reubicación de las vías férreas de Nogales, Sonora. Los trabajos corren sobre 63 kilómetros de vías del tren con un costo programado de 7 mil millones de pesos. El gobierno de Sonora se ocupa de la negociación de los terrenos y la Sedena aporta el capital para las nuevas líneas del ferrocarril. Los militares se encargan de su construcción a través de sus ingenieros militares y de la subcontratación de empresas privadas.

El tema ambiental ha sido uno de los aspectos más criticados de la obra. Al desviar las vías existentes del tren y construir el nuevo trazado, los militares determinaron que pasaría por una zona de conservación ambiental privada compuesta por una suma de ranchos. El sitio había sido un lugar dedicado al fomento de especies endémicas. En esas zonas montañosas habitan ocelotes, osos negros, luciérnagas, jaguares, venados y una amplia variedad de aves. Además, existe un río vivo en este estado desértico con problemas de sequía severa.

Comienza en Empalme, una localidad de poco más de 50 mil habitantes que se fundó en 1905, justo por la creación de un entronque de ferrocarril. Formaba parte de Guaymas y hace 70 años se convirtió en municipio. Es un sitio tan escénico como abandonado: vías del tren que pasan a unos metros del mar, antiguas casas estilo californiano que recuerdan sus épocas de luces y un abandono de servicios públicos que lleva a los pobladores a contar los días de la semana en que tienen agua potable. El narcotráfico mantiene sitiado el lugar, y eso provoca que muchos de los actos de crítica a los poderes legales y fácticos se convierta en un factor de alto riesgo. Por momentos se diluye la línea entre ambos.

Y es aquí donde inicia la estructura de empresas asociadas que ahora controla una parte importante del reordenamiento de las vías del tren que va del puerto de Guaymas a Nogales. Varias de estas compañías han sido señaladas de manera pública de ser factureras, es decir, de emitir comprobantes fiscales sin entregar los bienes pagados.

En 2018, el municipio de Empalme fue ganado por la alianza Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. De acuerdo con documentos oficiales obtenidos para esta investigación, el alcalde morenista de entonces, Miguel Francisco Javier Genesta Sesma (2018-2021), empezó a ordenar servicios de asesorías, compra de computadoras, renta de autos y maquinaria pesada, entre otras, pero regidores petistas de la misma alianza electoral y la síndica procuradora, Adriana Margarita Pacheco Espinoza, notaron que por más facturas que se pagaban los bienes y servicios no aparecían. Empezaron a buscar los domicilios de las empresas y documentaron que sus direcciones fiscales eran casas de interés social y locales abandonados. Entonces, en una conferencia de prensa realizada en 2020, mostraron la investigación lograda: siete personas morales y tres físicas, la mayoría de la capital Hermosillo, habían facturado unos 10 millones de pesos al municipio de Empalme y no había prueba de la existencia de las compras. La cantidad representaba cerca del 5% del presupuesto municipal de ese año.

La imagen muestra una relación de pagos del gobierno municipal con anotaciones de irregularidades adjudicadas a la empresa Comercializadora y Logística de Sonora JH S de RL de CV, que es parte de la red que le vendió al gobierno de Empalme. Se halla el pago al alcalde Genesta bajo el concepto de “Renta de barredora”.

La denuncia llegó a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora. Al preguntar por los avances del caso, la institución se negó a dar información. Además, empresas de esta red fueron observadas en 2021 por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora.

Ahora, tres años después del trabajo de la Auditoría, integrantes de la estructura son los nuevos beneficiarios de una parte de la obra que lleva a la reubicación de las vías del tren de Nogales, Sonora. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) les entregó un contrato a través de una invitación restringida a cuando menos tres personas que suma 647 millones de pesos para la firma 3PM Proyectos Civiles y Arquitectónicos S.A. de C.V., una compañía que apenas se formó en 2020, que tiene una pequeña oficina de la torre más costosa de Hermosillo, y que tuvo que hacer alianza con otra empresa que sí cuenta con vasta experiencia, grúas y maquinaria pesada para ganar el contrato de nombre Obras Especializadas del Pacífico, creada hace 25 años, en 1999, con sede en Mazatlán, Sinaloa, municipio que se halla a mil 100 kilómetros de Ímuris, Sonora, lugar de los trabajos. A pesar de esto, 3PM es la que recibe los pagos, lidera el proyecto y subcontrata a la empresa mazatleca.

Después de un largo proceso de transparencia, los reporteros obtuvimos los contratos y planos de una parte de la obra. También se visitó la ruta que comienza en Guaymas, se desvía a la sierra de los municipios de Ímuris y Santa Cruz, y concluye a unos cuantos metros de la línea fronteriza de Nogales.

Un punto común de la obra es el silencio de las autoridades municipales, estatales y federales. A diferencia de otras grandes infraestructuras en el país, esta no ha sido promocionada por el gobierno ni ha sido visitada frecuentemente por Andrés Manuel López Obrador. En las conferencias de prensa mañaneras presidenciales el tren de Nogales se ha mencionado unas 22 ocasiones, la mayoría de forma somera, mientras que el Tren Maya, por ejemplo, se ha comentado 638 veces, de acuerdo a una revisión al portal presidencial.

El presidente ha decidido entregarle a las Fuerzas Armadas buena parte de los megaproyectos de su administración, como el Tren Interoceánico, el Tren Maya o esta desviación de las vías del tren de carga comercial a los Estados Unidos con el argumento, sin comprobar, de que los militares son, en los hechos, más honestos que los civiles. Sin embargo, este contrato de cientos de millones de pesos fue adjudicado por la Defensa sin licitación pública abierta a una estructura de accionistas y empresas que ya había sido señalada públicamente de corrupción. Ese no fue un impedimento para los uniformados.

“Y no iba yo a poder salir si no me apoyo en las Fuerzas Armadas, que además tuve la suerte de que no estaban echadas a perder. Había otras secretarías de gobierno completamente entregadas a la corrupción”, justificó López Obrador el 6 de mayo pasado, cuando se le cuestionó sobre el creciente papel de los militares en su gobierno.

La Sedena no quiso emitir postura alguna sobre el tema.

El contador

La red de empresas involucrada en la acusación de Empalme suma siete compañías que tienen un hilo conductor de nombre Mario Israel Haro Amador, un contador público que cambia de papel en las empresas de manera constante: en unas juega el rol de accionista, en otras de administrador único, de apoderado e incluso de comisario. Vende acciones y después las vuelve a comprar sin lógica aparente.

En el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía se pueden leer los movimientos de estas y otras compañías de Haro Amador y de sus socios. La red ha formado una decena de firmas en la última década. Se han intercambiado puestos y transferido acciones. Según la evidencia hallada en sitios oficiales, la mayoría tiene contratos con gobiernos. Y aunque ya cuentan con años en esto, el contrato con la Sedena asignado a 3PM Proyectos Civiles y Arquitectónicos se ha convertido en el más grande de todos. Es su gran proyecto.

3PM se formó en julio de 2020, hace menos de cuatro años, ya con el gobierno de López Obrador. Sus accionistas de constitución fueron Mario Israel Haro Amador, Alfonso Arturo Laborín Márquez, Gustavo Isaías Salazar Serrano y José Luis Villegas Ramos, pero este último dejó la sociedad un mes después. Se quedó la triada compacta, según muestra el historial registral.

Haro Amador fundó en septiembre de 2017, junto con Salazar Serrano, la empresa Construcción y Materiales HS SA de CV, que según la denuncia pública, de 2019 a 2020 facturó 5.38 millones de pesos al municipio de Empalme, lo que representa cerca del 60% de lo expuesto. Y en febrero de 2022, año y medio después de formar 3PM, Laborín Márquez se sumó como accionista de esta compañía, a pesar de las acusaciones de corrupción previas.

Pero el 14 de abril de 2023, antes de que se firmara el contrato fechado al 3 de julio, y ya con la invitación de Sedena a 3PM para que realizara la obra que consta de seis grandes puentes que libran las montañas serranas de Ímuris, Haro Amador, hilo conductor de la red, decide salirse formalmente de la compañía y dejar de ser accionista. Al menos esa es la versión que él cuenta. El movimiento no se ha reflejado en el Registro Público del Comercio, pero Haro Amador envió a estos reporteros un fragmento del acta donde se asienta que dejó de ser el administrador único. Su rol de accionista no se aborda en el pequeño fragmento entregado.

Además, en el sitio en internet del gobierno de Sonora se puede encontrar un contrato de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, SIDUR, con la empresa 3PM Proyectos Civiles y Arquitectónicos SA de CV, que es representada por Mario Israel Haro Amador y está fechado al 1 de junio de 2023, cuando presuntamente ya se había deslindado de la firma, y el 14 de agosto de ese mismo año, después del contrato con Sedena, Haro aparece como representante de la compañía en un acta de recepción de trabajos para rehabilitar parques en Huatabampo, Sonora.

Es oportuno decir que existe un antecedente de esta decisión de deslinde. En octubre de 2022, casi nueve meses antes de que se firmara el contrato con Sedena, Haro Amador fue exhibido en el reportaje periodístico llamado la Estafa Legislativa como parte de una red de empresas factureras que le vendieron al Congreso del Estado de Sonora.

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización estatal había determinado que el Congreso no podía demostrar que dos empresas en las que Haro Amador participaba –como accionista en Comercializadora y Logística de Sonora JH S de RL de CV, y apoderado primero y comisario después en Distribuciones y Comercio Amy de Hermosillo SA de CV–, habían entregado los bienes que vendieron, es decir, las exhibía como posibles empresas “factureras”. En total, según las acusaciones, las dos firmas cobraron a la cámara local de diputados más de 80 millones de pesos en productos de limpieza, bicicletas, juguetes, balones, entre otros productos.

Es parte de la observación realizada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización a dos empresas que forman parte de esta red y que le proveyeron al Congreso del Estado de Sonora en 2021. En la partida “Ayudas sociales a personas” se observó que el Congreso no demostró la evidencia de la recepción de los bienes adquiridos, ni la evidencia de la entrega de éstos a los beneficiarios. La partida ha sido utilizada históricamente con amplia discrecionalidad por parte de los legisladores.

Así, con este historial, fue como la red que soporta a 3PM se convirtió en la estructura seleccionada por los militares para encargarse de este megaproyecto. Eso sí, según el contrato, lo hicieron en apego a los criterios de “economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez”, como se los marca la ley.

RED DE LA TRAMA DEL TREN NOGALES

La estructura de empresas relacionadas con los socios de 3PM suman siete compañías. Aquí te presentamos quiénes son y cuáles han sido sus papeles en esta historia.

3PM es la empresa que ganó el contrato con la Sedena por 647 mdp. Sus accionistas de constitución son Mario Haro, Alfonso Laborín, Gustavo Salazar y José Villegas.

José Luis inició la constitución de la firma, pero la abandonó un mes después.

Mario Haro es el gran hilo conductor de la estructura de compañías. Es contador de oficio y cuenta con empresas con muy diversas actividades.

Es accionista y líder actual de 3PM. Es quien realiza el trabajo de dirección del proyecto con Sedena. Laborín también ha sido socio de Construcción y Materiales HS, compañía en la que han sido accionistas dos socios de 3PM: Mario Haro y Gustavo Salazar.

No solo formó la empresa 3PM con Mario Haro y Alfonso Laborín, Gustavo Salazar también creó junto con Haro Construcción y Materiales HS. Gustavo es el menos visible de los accionistas y personajes de esta red.

Mario Haro fundó en 2017, junto con Gustavo Salazar, la empresa Construcción y Materiales HS SA de CV, que según la denuncia pública, de 2019 a 2020 facturó 5.38 millones de pesos al municipio de Empalme. Entonces se le acusó de empresa facturera o fantasma. Después de esto, Alfonso Laborín se hizo socio.

Comercializadora y Logística de Sonora JH es una empresa fundada por Mario Haro y que fue observada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora. La mencionó como parte de las compañías que vendieron al Congreso del Estado pero que no demostraron que entregaron los bienes pagados.

Distribuciones y Comercio AMY es una empresa que no fue fundada por Mario Haro, sin embargo, ha fungido como apoderado legal. Fue observada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora. La mencionó como parte de las compañías que vendieron al Congreso del Estado pero que no demostraron que entregaron los bienes pagados.

Alerta Marketing Integral es una de las empresas que en 2020 fueron denunciadas por funcionarios del municipio de Empalme, Sonora de ser parte de una red de firmas factureras o fantasma. Mario Haro fue uno de los accionistas que la fundaron.

Los Servicios Administrativos y Operativos JH de Sonora es otra de las empresas que en 2020 fueron denunciadas por funcionarios del municipio de Empalme, Sonora de ser parte de una red de firmas factureras o fantasma. Mario Haro fue uno de los accionistas que la fundaron.

Empresa que formó Mario Haro. Tiene diversos contratos con el sector público y es la compañía que le lleva la contabilidad a 3PM, la empresa que él formó, después se salió y ahora es su prestador de servicios.

Fuente: elaboración propia

Domicilio compartido

En el contrato de 3PM con la Sedena, y que se obtuvo con el uso de la ley de transparencia, aparece una dirección para “oír y recibir” notificaciones legales, así como todos los “fines legales y contractuales”: calle Quinta Hermosa #41, colonia Las Quintas, Hermosillo, Sonora. Este equipo de reporteros nos apersonamos en el sitio con la intención de hablar con los representantes de la empresa. Al llegar, encontramos una casa habitación sin rótulos en el exterior. Tocamos el interfón y preguntamos por Haro Amador o algún representante de la compañía. Él nos recibió y nos dejó entrar al inmueble: unas tres, cuatro personas laborando. No vimos fotografías de obras que haya realizado, como sí es común en las empresas constructoras; sólo un logotipo con las letras HS fuera de la sala de juntas, la marca que el contador acepta como suya.

Haro no quiso dar entrevista formal, pero tras cuestionarlo negó que haya realizado algún acto de corrupción con sus empresas. Afirmó que no estaba relacionado con 3PM y explicó que dejó la compañía porque ya estaba cansado de hacer tratos con el gobierno.

“No tengo nada qué ver ahí”, zanjó sobre 3PM.

A pesar de este deslinde, en el contrato con Sedena aparece la dirección actual de Haro en Las Quintas, la que visitamos, y no el sitio donde se encuentran las oficinas reconocidas por 3PM, en la Torre Hermosillo. La dirección seguía siendo la misma a pesar de que Haro Amador ya había salido de la empresa.

En la charla, Haro se comprometió a conseguirnos una entrevista con Laborín, el responsable público de 3PM, y así sucedió. Nos recibiría en su oficina tres días después.

Bota, silencio y medio ambiente

El nombre formal del proyecto es Reubicación de las vías férreas de Nogales, Sonora. Los trabajos corren sobre 63 kilómetros de vías del tren con un costo programado de 7 mil millones de pesos. El gobierno de Sonora se ocupa de la negociación de los terrenos y la Sedena aporta el capital para las nuevas líneas del ferrocarril. Los militares se encargan de su construcción a través de sus ingenieros militares y de la subcontratación de empresas privadas.

Reubicación de vías

El objetivo de la intervención, según han declarado el gobernador Durazo y el presidente López Obrador, es retirar las vías del tren de la ciudad de Nogales porque se va a ampliar el puerto comercial de Guaymas y esto incrementará el flujo ferroviario, de 4 a 30 trenes al día y cruza 35 calles. La lógica de la autoridad es que, con el incremento del paso de los vagones, la ciudad quedará partida en dos durante la mayor parte del día y colapsará el tránsito de los habitantes.

“Conmigo y sin mí se van a tener que sacar las vías del ferrocarril”, dijo el pasado 16 de abril el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, también exsecretario de seguridad del actual gobierno de López Obrador. “Estamos remediando todo el impacto medioambiental que esté teniendo la construcción del ferrocarril”.

Durazo defendió el tema ambiental porque ha sido uno de los aspectos más criticados de la obra. Al desviar las vías existentes del tren y construir el nuevo trazado, los militares determinaron que pasaría por una zona de conservación ambiental privada compuesta por una suma de ranchos. El sitio había sido un lugar dedicado al fomento de especies endémicas. En esas zonas montañosas habitan ocelotes, osos negros, luciérnagas, jaguares, venados y una amplia variedad de aves. Además, existe un río vivo en este estado desértico con problemas de sequía severa.

Los propietarios del lugar y de ranchos vecinos iniciaron protestas constantes que llamaron la atención de la población de Sonora, de México y de medios informativos de otras partes del mundo. Sin embargo, el reclamo se apagó en abril pasado después de que la Sedena redobló la presión a los propietarios y la negociación económica. Este equipo contactó a familiares de una propiedad pero se negaron a declarar. De acuerdo con la versión de personas allegadas a uno de los rancheros, éstos han decidido vender porque se dieron cuenta que luchar contra los militares y contra el proyecto era prácticamente imposible.

A unos cuantos metros de estos ranchos, en Cocóspera, se halla una iglesia con un valor religioso, cultural e histórico importante para el estado, y justo a un costado se construye un enorme puente del nuevo ferrocarril.

El nuevo trazado del tren se desvía en Ímuris, un municipio a 65 kilómetros de Nogales y de la frontera con los Estados Unidos; ahí se dirige al noreste, llega al municipio de Santa Cruz y concluye en la zona este de Nogales. Al llegar ahí, el proyecto incluye un mega túnel que atraviesa dos kilómetros de la ciudad para que las vías del tren se asomen, al final, al mismo punto del cruce fronterizo, a la garita ya existente para que atraviese la frontera, pase por un filtro de revisión tecnológico y siga su paso comercial a los Estados Unidos.

El túnel ha generado malestar en parte de la población de Nogales porque teme la afectación a sus viviendas y un posible derrame de materiales tóxicos tras un descarrilamiento del ferrocarril. Además, la desviación tan larga y compleja ha hecho creer a activistas entrevistados que en realidad el objetivo de la obra no es librar a la ciudad de las vías del tren, sino facilitar la descarga de materiales a empresas mineras que explotan nuevos yacimientos en la zona montañosa, como la poderosa compañía Grupo México, responsable del mayor desastre ambiental contemporáneo del estado: la contaminación del río Sonora.

“No sé a qué te refieres”

Visitamos a Laborín Márquez en la Torre Hermosillo, en el piso 14, uno de los más altos, lugar donde apenas se veía un puñado de empleados. En la recepción no se observaba el logotipo de 3PM, sino el de Corporativo HS, que significa Hermosillo, Sonora, muy parecido al que se veía fuera de la sala de juntas de la oficina de Haro.

Durante la entrevista, Alfonso Arturo Laborín Márquez, aceptó que Haro era su amigo, que decidió dejar de ser accionista de la empresa 3PM pero que a pesar de ello mantenía con él “un servicio contable”.

Haro pasó de accionista a contador.

Laborín Márquez pidió solo abordar en la entrevista algunos detalles de su contrato con la Defensa Nacional y se rehusó repetidamente a profundizar sobre Mario Haro y la trama de Empalme.

“No sé nada de lo que me dijiste; no sé a qué te refieres con Empalme”, afirmó a pesar de que se convirtió en accionista de una de las empresas involucradas, “Mario Haro fue socio de la empresa; ya no lo es”.

Sobre el proceso de adjudicación, confirmó que se realizó por invitación y aseguró que no conoce a los otros competidores. En un modelo así, de invitación restringida, la Sedena aplica un filtro previo y determina a quién llama a concursar y a quién no.

El accionista de 3PM contó que se aliaron con la mazatleca Obras Especializadas del Pacífico porque son expertos en cimentación profunda, y eso los hizo ganar el contrato con Sedena.

“Ellos (Obras Especializadas) proceden totalmente a facturar la parte de la obra hacia mí, hacia 3PM, para cobrar los conceptos que ellos están ejecutando que son su especialidad”, detalló.

En el interior de la oficina únicamente se aprecia una foto de esta obra, la más grande que han realizado; es una sobre la “reforestación” de la zona ante el paso de la megaobra. Nada más.

Se le pidió a Laborín que nos permitiera tomar una fotografía de la imagen, pero no accedió. También se le requirieron documentos de prueba del trabajo realizado, pero tampoco accedió. Solicitó que cualquier petición se dirigiera a la Sedena o se acudiera a la zona de trabajos y ahí se tomaran las fotografías, ya que estaban visibles para cualquier persona.

Este equipo buscó la palabra “reforestación” en el contrato firmado por 3PM con la Sedena, pero no encontró el término en ninguna las 35 páginas del documento.

Es la oficina de 3PM, liderada por Alfonso Arturo Laborín Márquez. En la imagen se ve el logotipo de la empresa Corporativo HS, las mismas siglas de la compañía de su exsocio Mario Haro. No se halló ningún logotipo visible de la compañía 3PM, que ganó el contrato con Sedena.

“No es facturera”

Un día antes de cerrar la edición del reportaje volvimos a intercambiar mensajes con Mario Haro y Alfonso Laborín para dejarles claro el sentido del texto y preguntarles si querían aportar algo más.

Haro negó que él sea un “facturero” y afirmó que eso ya lo ha demostrado en varias ocasiones con documentos de pago a proveedores, mercancías, trámites, instalaciones y créditos bancarios.

Dijo: “Pero respecto a Construcción HS, yo tengo todo lo soportado para demostrar que no es facturera: se declara, se pagan impuestos, se paga IMSS, se contrata mano de obra, tenemos oficina administrativa donde se cuenta con documentación y soportes, contamos con activos y renta de maquinaria”.

Laborín no agregó información.

También se buscó a la empresa Obras Especializadas del Pacífico y al exalcalde de Empalme, Miguel Francisco Javier Genesta Sesma, pero no se concretaron entrevistas.