Regresar el ejército a los cuarteles pide la ONU

El Presidente dice que no, que el Comité de expertos «no están actuando con apego a la verdad»

por Fred Álvarez Palafox

Hace unos meses, en noviembre de 2021 – del 15 al  26 de noviembre-, estuvieron en nuestro país de visita oficial una delegación del Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encabezadas por la presidenta del comité, Carmen Rosa Villa Quintana, y otros cinco miembros, así como dos personas integrantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos..

El CED está integrado por 10 miembros que son expertos independientes en derechos humanos procedentes de todo el mundo, que actúan a título personal y no como representantes de los Estados partes, y su trabajo es supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Partes.  

Durante once días dicho Comité visitó 13 estado de la República; Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz; pudieron concretar 88 reuniones con autoridades del Estado mexicano y organizaciones de la sociedad civil.

Fue a decir entonces de las autoridades mexicanas, una visita histórica, había sido solicitado desde el año 2013, y se pudo concretar después de ocho años de intercambios «como muestra de su apertura al escrutinio y apoyo internacionales».

Al recibir la delegación en la oficina del salón Juarez en Bucarelí, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, enfatizó que la visita constituye la más ambiciosa que un comité de la ONU haya realizado al país, no solo por la complejidad del problema en materia de desapariciones forzadas, sino también por su exhaustividad.

El Gobierno de México -dijo Encinas-, reitera el compromiso ineludible con todas las familias y seres queridos de personas víctimas de desapariciones forzadas cometidas tanto por agentes del Estado como por particulares.

“Deseo que esta visita sea provechosa, que tenga buenos resultados y que el éxito de su misión implicará el éxito de las políticas que estamos implementando. Estamos dispuestos a abrir las puertas de todo el gobierno federal para que puedan cumplir con su cometido”.

Dijo que en este gobierno reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda, con lo cual se han realizado 2,300 jornadas de búsqueda, se creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas  y se destinaron 1,200 millones de pesos para fortalecer a las comisiones estatales de búsqueda.

Exaltó el avance en registros de fosas clandestinas que ha permitido cuerpos recuperados y la instalación de las 32 comisiones estatales de búsqueda.

Todo muy bien, ese día, pero los hallazgos que se presentaron cinco meses después, fueron demoledores. Esta martes 12 de abril fue presentado el informe en Ginebra, documento que contiene 85 recomendaciones y puede verse comenteo en la web de la institución, dice el comunicado en un resumen que:

i) Servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas en México e instan  a acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y a una política nacional para prevenir esta tragedia humana;

ii) «La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”;

iii) Es tan grave la situación hoy que cuando llegaron a la visita oficial había 95,121 personas registradas como desaparecidas y lo grave fue que se sumaron 112 más durante los once días de su estancia en México;

iv) Registrán 8 mil casos de despariciones cada año en los últimos cinco años, y aunque las desapariciones afectan a hombres de entre 15 y 40 años,  las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia;

v) El Comité muestra preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos por su participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones, y muestran preocupación por las desapariciones de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado;

vi) El CED encontró que la alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas fue facilitada por la impunidad casi absoluta que ocurre en nuestro país; «la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas,a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”;

vii) El Comité expresa su profunda preocupación por la crisis forense que enfrenta el país; más de 52,000 personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.

Siete estados concentran más del 70 por ciento de los 52 mil cuerpos sin identificar, ellos son Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León.  «Según varios expertos entrevistados, en las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día» ( nota de Reforma).

viii) Hacen un llamado a México para que elimine los obstáculos en la persecución penal, preste la debida atención a las desapariciones de migrantes y aborde la crisis forense en el contexto de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.

El ejército a los cuarteles.

!Ah! Además, el Comité de la ONU urgió al gobierno del presidente López Obrador a que abandone el enfoque militarizado de la seguridad pública, regresar al ejército a los cuarteles.

En rueda de prensa en Ginebra, La presidenta del Comité, la peruana Carmen Villa Quintana reiteró su recomendación “de fortalecer a las fuerzas civiles del orden y pidió al Estado mexicano establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública”.

Que se garantice el carácter civil de las instituciones de seguridad, conforme al artículo 21 de la Constitución.

La reacción fue inmediata pero sólo a través de un comunicado de Gobernación; que lo recibe de buena fe.

«El Estado mexicano agradece el trabajo del comité y recibe sus  recomendaciones respetuosamente con el compromiso de implementarlas de buena fe.  La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, será la institución encargada de coordinar los esfuerzos para trabajar en una estrategia de atención a las recomendaciones hechas por el CED.»

El tema llegó a la mañanera…

-¿Qué opina de este informe? ¿Y cómo respondería el Estado mexicano a las recomendaciones? Y si están pensando en alguna estrategia en particular para frenar este fenómeno.-, pregunta la reportera al C. Presidente López Obrador.

-Ya se está atendiendo lo de la recomendación, lo está haciendo la Secretaría de Gobernación, ayer incluso dieron a conocer un informe (Sic fue boletín)  la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas»  responde AMLO:

–Pero una de las recomendaciones es desmilitarizar la seguridad pública. ¿Usted estaría dispuesto a dar este paso?-, le revira la reportera.

Y la respuesta presidencial fue de que «Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información, no están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes en que se usaba al Ejército para reprimir o para rematar heridos, como se hacía en la época de Calderón, o para desaparecer a personas, ya no es ese tiempo.

Entonces, todo esto lo está aclarando Gobernación, subrayó AMLO

–Pero ¿alguna estrategia especial que pudieran poner en marcha?-, le dijo la reportera.

-La que está llevando a cabo la Secretaría de Gobernación y el plan de búsqueda, que es de lo mejor del mundo en cuanto a profesionalismo, a trabajo y, algo que es muy importante, a honestidad.

Y, desde luego, no hay impunidad. La diferencia entre los gobiernos neoliberales y nosotros es que no permitimos nosotros, como ellos, la corrupción, no permitimos la impunidad»…..etcétera…

Entonces -agrega el presidnete-,  esto hay que informarlo a la ONU, porque ellos no vieron nada de los abusos que se cometían, crímenes de Estado durante el periodo neoliberal, hay que ponerlos al tanto de que ya es otra realidad y lo está haciendo la Secretaría de Gobernación.»

Y para terminar dijo categórico..

«Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad.

¿Qué pueden hacer?

Nada. Inventar, eso sí.

No gustó la respuesta presidencial; el primero en alzar la voz fue el  Centro Prodh @CentroProdh emitió el siguiente tuit:

Lamentamos la respuesta presidencial al Informe del #ComitéCED de la #ONU sobre las y los desaparecidos:

– La crisis de violencia y desapariciones continúa, sin que se haya revertido. La ONU no inventó nada, constató la realidad del presente, que no es sólo herencia del pasado.

Caray, pobre México, el CED osó a criticar al gobierno de México y quedó como un grupo de ignorantes «mal informados; de nada valieron las reuniones con integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con órganos autónomos, tanto en el ámbito federal como estatal, además de las decenas de colectivos de víctimas y centenares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de 31 de las 32 entidades federativas…