Sociedad Civil: participación u oposición en México

Sin las organizaciones sociales el gobierno resucita al clientelismo

Cuando se margina y minimaliza a las OSC y asigna directamente recursos bajo pretexto de eliminar intermediarios resucita el clientelismo basado en desigualdad de poder.

por Natalia Arriaga

Sociedad Civil: participación u oposición en México

De Natalia Arriaga

 “México 2021: realidades y desafíos”

La relación entre sociedad civil y gobierno ha sido reinterpretada por el poder ejecutivo como “golpista” y “opositora”. A raíz de las recientes acciones del poder ejecutivo han desaparecido financiamientos de coinversión para las organizaciones, lo que ha ocasionado una diversificación de actividades para obtener recursos y mantener las actividades de asistencia ciudadana y fortalecimiento del Estado de Derecho que desarrollan.

A menos de un año de comenzar su gobierno, el presidente López Obrador anunció en febrero de 2019 una reforma administrativa en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). El objetivo de dicha reforma era cortar los apoyos a proyectos de organizaciones sociales con el fin de eliminar intermediarios en la asignación de recursos públicos, lo que convertiría al gobierno en asignador directo y exclusivo del presupuesto público. Hasta esa fecha, el papel de INDESOL consistía en reconocer e incentivar la participación organizada de las y los ciudadanos al lanzar convocatorias para financiar proyectos de coinversión con impacto social. La selección del INDESOL consistía en filtros rigurosos que aseguraban la reputación de las organizaciones, así como el impacto de los proyectos que estas proponían al gobierno federal. No obstante, el presidente criticó que el programa más bien se trataba de una simulación que mejor debía desaparecer. 

Las organizaciones sociales han sido señaladas por el ejecutivo como manipuladoras de los pobladores que se oponen a los megaproyectos propuestos por él.

Posterior al recorte presupuestal de 2019, en mayo de este año, el gobierno federal envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México para quejarse del apoyo que el programa USAID destina a “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”; una organización tachada por el presidente como “golpista y “opositora” hacia su gobierno. Adicionalmente, durante su visita a Jalisco en agosto de 2021 con motivo de las obras de la presa el Zapotillo criticó a ambientalistas, activistas de diversidad sexual y derechos de los animales por oponerse al proyecto al señalar que la presa causaría inundaciones en su territorio. Asimismo, las organizaciones sociales han sido señaladas por el ejecutivo como manipuladoras de los pobladores que se oponen a los megaproyectos propuestos por él como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas al sureste del país¹.

Los hechos descritos, obligan a repensar el papel que la sociedad civil ha adquirido a lo largo de los años en México. Para ello, basta realizar un breve salto al pasado a un tema que, si bien puede parecer disperso en su concepto, en nuestro país tuvo tal auge que durante la década de los 90 y el dos mil abarcó gran parte de los estudios académicos. Para algunos especialistas la sociedad civil en México tuvo sus inicios en 1968 con el movimiento estudiantil, mientras para algunos otros, el año de 1985 con el terremoto fue el parteaguas que movilizó a la sociedad. Sin importar por ahora el punto de partida, lo relevante en ambos acontecimientos fue reconocer que existía una sociedad que se distinguía por tener posiciones diversos frente al gobierno y al mercado; es por ello que algunos comenzaron a llamar “tercer sector” a ese nuevo ente que resurgía con mayor fuerza. 

En una democracia representativa, un gobierno es sólo vertical, sin la participación de su sociedad civil.

Con el tiempo, el concepto se describiría mejor por lo que no era, que por lo que era, así que las y los ciudadanos organizados comenzaron a autodenominarse como organizaciones no gubernamentales u ONG. Si bien estas organizaciones comenzaban a encontrar su papel diferenciador en el espectro político mexicano rechazando prácticas clientelares del gobierno priísta en aparente ayuda a la población, la oleada democratizadora de los noventa trajo consigo el concepto de gobernanza; es decir, una mayor comunicación entre el gobierno y la sociedad con la finalidad de llegar a mejores resultados y acuerdos. Así fue como la intención inicial de no relacionarse con el gobierno se fue transformando al encontrar una cooperación de ganar-ganar para ambas partes dado que, en una democracia representativa, un gobierno es sólo verticalidad sin la participación de su sociedad civil. Por lo tanto, en esta nueva relación, aquel tipo de organización social pasó a describirse mejor como organizaciones de sociedad civil u OSC. 

Durante la década de los noventa las organizaciones sociales en México impulsaron la alternancia mediante conquistas más ciudadanas que concesiones de gobierno como la creación y autonomía del IFE, ahora INE; el fortalecimiento y autonomía de la CNDH, además del importante impulso a la observación electoral. Es por ello que el primer gobierno de alternancia en México vio en la sociedad civil un aliado y en 2004 creó la LFAROSC (Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil), con lo cual, se reconocía la importancia de la organización social en el proceso de gobierno y se le otorgaba un marco normativo en el cual, desarrollarían de manera conjunta proyectos de coinversión; es decir, aportando recurso económico por una parte y capital humano por el otro.

Este nuevo marco regulador permitió con mayor apertura la entrada de la Cooperación Internacional que no sólo celebraba ya para entonces tratados internacionales con México, sino también relaciones interculturales estrechas que abonaron a la profesionalización de una sociedad civil global con base en valores democráticos. Fue así que durante los años siguientes se lograron avances importantes para el fortalecimiento del Estado de Derecho como la creación del IFAI, ahora INAI; el desarrollo del sistema penal acusatorio y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros.

Actualmente existen 46,270 organizaciones sociales en México que, de acuerdo con el INEGI aportan cerca del 2.9% del PIB.

Actualmente existen 46,270 organizaciones sociales en México² que, de acuerdo con el INEGI aportan cerca del 2.9% del PIB³, por lo que su incidencia deja no sólo impacto social sino también económico a nivel nacional. Desde los dos últimos sexenios, los apoyos económicos gubernamentales a las organizaciones sociales disminuyeron significativamente hasta desaparecerlos actualmente del INDESOL. Ello ha obligado a las organizaciones a recurrir a financiamientos del sector privado o a emprender en la venta o comercio para sostener sus operaciones que van desde la asistencia social hasta el análisis y hechura de política pública. Aunado a ello, la fiscalización de estas organizaciones es uno de los mayores retos que afrontan dado que la ley prohíbe a las fundaciones otorgar financiamientos a OSC que no sean donatarias autorizadas.  

En el terreno fiscal, convertirse en una OSC donataria resulta burocrático y prácticamente inviable económicamente para aquellas organizaciones que comienzan sin recursos. Ante ello, conviene detenerse en este punto para analizar los dos lados de la moneda, pues en un país como México, en donde poderes fácticos como el crimen organizado pueden llegar a cooptar estos espacios, es comprensible que la fiscalización y la transparencia deban ser la norma. Por lo consiguiente, amenazas externas como el crimen organizado refuerzan la necesidad de profesionalizar a las OSC y estrechar aún más los lazos entre gobierno y sociedad civil, no abandonarlas. Recordemos que muchas de estas organizaciones han surgido precisamente para clamar justicia frente a los abusos del narcotráfico y el crimen organizado.

Cuando el presidente de la República margina y minimaliza a las OSC y asigna directamente recursos bajo pretexto de eliminar intermediarios resucita el clientelismo basado en desigualdad de poder. Las acciones emprendidas parecieran revelar que uno de los tres poderes de la unión compite por el poder e ignora que las OSC no pretenden conquistar el poder porque no buscan reemplazar el papel del Estado. El camino recorrido por las OSC en México les asemeja a un bien público que es capaz de profesionalizarse para intervenir socialmente y crear mecanismos de apropiación ciudadana que sirvan de memoria institucional en el cambio de un gobierno a otro. Estrechar la relación sociedad-gobierno para crear un frente común que llegue a todos los rincones del país debería ser uno de los principales objetivos de un gobierno transformador que gobierna con el pueblo en su acepción menos polarizante.

Cuando se margina y minimaliza a las OSC y asigna directamente recursos bajo pretexto de eliminar intermediarios resucita el clientelismo basado en desigualdad de poder.

_{[1] Consultado el 22.09.2021 en https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/15/amlo-critica-a-asociaciones-civiles-que-reciben-dinero-de-eu/}

_{[2] Centro Mexicano para la Filantropía, consultado el 22.09.2021 en https://www.cemefi.org/programas/informacion-3er-sector}

_{[3] En 2019, el PIB de las Instituciones Sin Fines de Lucro representó el 2.9% del PIB total del país. Actualizado al 03 de diciembre de 2020. Consultado el 22.09.2021 en https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=6163}