PLOMO EN LA SANGRE Y PÉRDIDAS MILLONARIAS: Ocho años después del derrame de la mina Buenavista del Cobre los afectados reclaman justicia, reparación y condenas contra Grupo México, responsable del vertido
ALMUDENA BARRAGÁN / EL PAÍS
Fue el mayor desastre ambiental en México y sucedió en el río Sonora. El 6 de agosto de 2014 la mina Buenavista del Cobre, propiedad del gigante Grupo México, derramó 40 millones de litros de desechos tóxicos que impactaron en la vida, las cosechas y el ganado de 22.000 personas. Ocho años después de aquello, los afectados denuncian graves afectaciones en la salud y pérdidas millonarias que han provocado un éxodo masivo en los pueblos afectados. “Nos truncaron la vida, nos quitaron nuestra costumbre, vivimos en una vida triste”, asegura Norberto Bustamante, miembro de los Comités de Cuenca del Río Sonora en una conferencia de prensa que dieron con motivo del aniversario.
Un grupo de representantes de los afectados, científicos vinculados al caso y representantes de la organización de derechos humanos PODER han mostrado por primera vez los hallazgos sobre las afectaciones basados en información del Gobierno mexicano que fue negada por la anterior Administración de Enrique Peña Nieto. El 8 de abril de este año la Secretaría de Salud y el Centro nacional de Control de Enfermedades (Cenaprece) entregaron los resultados de un análisis a 650 afectados en ocho municipios. Este dato era fundamental para dimensionar la magnitud del daño: más del 95% de la población testada tiene plomo en la sangre; un 50%, arsénico y el 79% cadmio.
La teoría del envenenamiento había sido señalada cuando Cofepris reconoció en 2020 que el agua del río estaba contaminada con altas concentraciones de metales. Los pozos para el consumo humano, la agricultura y la ganadería tenían concentraciones elevadas de contaminación. Y en 2022 la Secretaría de Medioambiente informó que Grupo México llevaba 11 años operando sin un plan de manejo de residuos peligrosos. “A esta información hay que agregar que los porcentajes de población en donde se detectó alto riesgo y muy alto riesgo [por contaminación de metales pesados] van del 1 al 10% en cada municipio y en los cuales se reconoce el riesgo a desarrollar arsenicosis y neuropatía”, señala el informe presentado por PODER.
Los habitantes han denunciado que padecen tumores, leucemia y alergia, entre otras afectaciones a la salud, y que la atención sanitaria no es suficiente. “Tengo tiempo padeciendo enfermedades y no sabía que era causa de la contaminación”, afirma María Filomena Bonilla, del municipio de San José de Gracia. La mujer explica que los resultados apuntan a que su dolencia tiene que ver con los metales pesados del río. “Mi esposo falleció el año pasado; se fue y nunca supo que los malestares eran por los metales”, se lamenta la mujer.
Después de casi una década no solo se vio afectada la economía de la región, también la de todo el Estado, ubicado en la frontera con Estados Unidos. Osfelio Vázquez, habitante de Bacanuchi, lo resumía así en declaraciones a este diario: “Ya no sembramos porque no lo vendemos”. Los pueblos de la cuenca del río Sonora dependen de la agricultura, la ganadería, la minería, el turismo y los productos artesanales, todas ellas estigmatizadas por el derrame. Las pérdidas han sido cuantificadas por las organizaciones en 10.200 millones de pesos (497 millones de dólares), cifra que triplica lo pronosticado por la administración anterior. Mientras, los afectados exigen al Gobierno atención de la crisis social, sanitaria, económica y medioambiental; y que se finquen responsabilidades a la empresa.
En el informe se recogen otras revelaciones, como que todavía no hay potabilizadoras, que la Comisión Nacional de Agua (Conagua) ha retrasado avances, que se necesita mejorar la coordinación entre autoridades y que todavía no se construye el hospital que se había prometido para los afectados. A pesar del desastre ambiental, el Gobierno federal ha permitido que Grupo México expandiera su explotación minera con la construcción de una nueva presa para sus residuos tóxicos, a 23 kilómetros de Bacanuchi, uno de los poblados más afectados por la contaminación.
En 2020 la Suprema Corte consideró que el fideicomiso creado para compensar económicamente a las víctimas no cumplió con el proceso de reparación de los daños y se violó el derecho de participación de los afectados, dejando la posibilidad de que el Gobierno actual volviera a abrirlo. El fideicomiso solo entregó pequeñas cantidades del dinero a 351 personas del total de afectados, de acuerdo con PODER. Esto representa solo el 10% de las ayudas que iban a ser destinadas para resolver la crisis.
Como respuesta, el Gobierno de López Obrador anunció en 2021 un Plan integral de Atención para Cananea, el enclave minero más importante del país, donde estaría incluida la remediación del derrame. El presidente no solo se propuso resolver el problema ambiental de la región, de la mano del nuevo gobernador, el oficialista Alfonso Durazo, sino que declaró su interés en solventar viejos conflictos laborales que hay en las empresas mineras y, de paso, cerrar viejas heridas con Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México. En el anuncio se incluyó en la mesa a la minera, pero no a las comunidades afectadas. Los comités consideran que esa actitud fue una falta de respeto. López Obrador ha calificado su pretensión de pacificar el asunto como algo muy difícil de lograr “es como una utopía, pero vamos a intentarlo”, dijo y aseguró que la justicia “puede ser que tarde, pero llega”, incluida para los afectados por el derrame.
A lo largo de estos años los habitantes del río Sonora han ido ganando batallas. El caso avanza, aunque, dicen, no lo suficiente. Como el marido de doña María Filomena, algunos afectados han muerto, otros se han ido de los pueblos y los que se han quedado, pelean para que la catástrofe no caiga en el olvido. “Nos quitaron el derecho al agua y a la vida, pero hemos aprendido a luchar, a documentarnos y a seguir”, dice Elda León, del pueblo de Banámichi.
El periódico EXPRESO alerta de un peligro mayor al derrame de 2014
Se cumplen ocho años del derrame de 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos al Río Sonora de parte de la mina Buenavista del Cobre, que cambió la vida de miles de habitantes de esa región de la entidad.
EXPRESO recorrió las comunidades afectadas y pudo constatar la molestia, frustración y desesperanza de los habitantes que vieron que las promesas se quedaron en eso.
Ayer, publicamos el abandono en que se encuentra lo que debió ser el Hospital de Especialidades en Ures, donde debían de atenderse los 25 mil afectados por la contaminación.
Hoy encontrará lo que representa un peligro mayor al derrame registrado en 2014: se trata de la presa de jales ubicada en Bacanuchi, que acumula desechos tóxicos de la mina y que muestra grietas en su estructura.
Ojalá y las autoridades procedan a su inspección y eviten un daño de dimensiones catastróficas en la historia de Sonora.
El nosocomio se quedó a medias y el Centro Comunitario de Ures atenderá a los afectados, pero opera con serias deficiencias.
En un elefante blanco se convirtió el Hospital de Especialidades que Grupo México se comprometió a construir como parte de la reparación de daños a los afectados por el derrame suscitado el 6 de agosto de 2014, obra para la cual se destinaron 279 millones de pesos para su construcción, con un costo de operación de 6 millones mensuales por un periodo de 15 años.
El que originalmente fue planeado como centro de atención para las personas afectadas en su salud se encuentra aún en obra negra, en total abandono, vandalizado, lleno de maleza y con desechos fecales. Las cisternas fueron arrumbadas en el patio trasero.
n su interior predomina el olor fétido, pues ahí se encuentran animales muertos, las paredes de tablaroca están destruidas, hay mucha basura y restos de ropa por todos lados; el lugar se ha convertido, también, en guarida de personas indigentes.
A casi ocho años del suceso, calificado como el «ecocidio más grande en la historia de la minería en México«, el nosocomio que tenía como objetivo atender a las 25 mil personas que viven en los pueblos asentados en el cauce del Río Sonora está sin operar. Cientos de ellos tuvieron afectaciones de salud por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre.
Y hoy, el Hospital de Especialidades se encuentra en total abandono, desmantelado y en miras de las autoridades municipales de Ures para convertirlo en una extensión de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH).
La nueva amenaza del Río Sonora
Éricka Velázquez
A 6 años de su operación, la presa de Jales, ubicada en Bacanuchi, ya muestra grietas en su cortina, lo que representa un nuevo peligro de contaminación para miles de habitantes del Río Sonora y norte de Hermosillo.
Imágenes satelitales revelan filtraciones en la nueva presa de Jales de Buenavista del Cobre, que forma parte del proyecto «Gran Visión» y que, según expertos, podría ocasionar un derrame aún mayor que el de 2014; y en caso de colapsar, podría arrasar con los pueblos asentados en el Río Sonora y la parte norte de Hermosillo.
La ‘megaobra’, que inició su construcción en el año 2016, está asentada en una superficie de 33 mil 226 hectáreas; sus muros, hechos con base en piedra, lodo y tierra, miden 175 metros de alto, mientras que el largo de la cortina es de 10 kilómetros, con una profundidad de 100 metros y una capacidad de almacenamiento de 2 mil 40 millones de metros cúbicos.
Sin permisos
En 2016, los pobladores de Bacanuchi descubrieron que Grupo México estaba construyendo una nueva presa a poco menos de 20 kilómetros, en donde se encuentra asentado el mencionado municipio. Los pobladores se pusieron en alerta y comenzaron su lucha legal para que la minera, propiedad de Grupo México, detuviera lo obra.
Sin embargo, fue hasta el 12 de septiembre de 2018, con el número de expediente 365/2018, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les otorgó el amparo y, con él, el derecho de participar en temas medioambientales; pero la presa ya está construida y operando.
Julieta Lamberti, directora de investigación de Poder, dijo en exclusiva a EXPRESO que al momento de interponer los amparos la empresa minera no presentó la documentación requerida: estudios de riesgo, el peligro que corren los cuerpos de agua cercanos, impactos ambientales, permisos de Profepa, Semarnat, ni de Protección Civil estatal.
«Obtuvo el permiso de la obra en agosto de 2013 bajo la autorización de un informe preventivo con número 26SO2013MD082. Pero ni Semarnat ni la empresa informaron sobre el impacto en las comunidades ni los permisos correspondientes«, indicó la especialista.
Miedo constante
Los pobladores de Bacanuchi mencionaron que al percatarse de la construcción interpusieron las denuncias correspondientes, solicitaron la documentación requerida y comenzaron a sentir temor ante un posible colapso, pero también por las filtraciones de sustancias tóxicas que se aprecian en las faldas de la presa y que se encuentran asentadas en el nacimiento del río que lleva el mismo nombre.
Dudan además sobre su correcta construcción y operación, pero sobre todo se encuentran preocupados por las mencionadas filtraciones de químicos y metales pesados que llegan hasta el agua con la que riegan la siembra, bebe el ganado y se filtra en los pozos para el consumo humano.
«Nuestro miedo es que la presa se vaya a reventar, porque es muy grande, y ya tiene filtraciones, está construida en un suelo inestable y arenoso«, mencionó Rosa María Vásquez, ejidataria del municipio.
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