LA POLÍTICA nacional

COLUMNAS DE OPINIÓN

Adelante, señoras y señores ministros

Hoy padecemos a un caudillo que detesta a los juzgadores y a la justicia como función del Estado democrático. Se ha propuesto mellarlos. Para ello se vale del denuesto y la difamación. Carece de argumentos sólidos, rehúye el debate y abandona la vía constitucional.

Sergio García Ramírez

El Financiero,

El 29 de diciembre de 1994 publiqué en Excélsior un artículo de despedida a los ministros de la Suprema Corte removidos por la reforma iniciada por un Ejecutivo que no apreciaba a los tribunales: “Adiós, señores ministros”. Esa reforma trajo bienes, pero dejó el amargo sabor de la “decapitación” de nuestro máximo tribunal. Hoy padecemos a un caudillo que detesta a los juzgadores y a la justicia como función del Estado democrático. Se ha propuesto mellarlos. Para ello se vale del denuesto y la difamación. Carece de argumentos sólidos, rehúye el debate y abandona la vía constitucional.

El Poder Judicial tiene a su cargo la defensa de la legitimidad y la legalidad de nuestra vida republicana, como también de los derechos y libertades de los ciudadanos, entre ellos los derechos políticos. Han llegado al estrado de la justicia numerosas contiendas desencadenadas por iniciativas del caudillo, combatidas por ciudadanos agraviados e instituciones vulneradas. Seguramente crecerá el número de demandas ante la Suprema Corte y otros tribunales, destinadas a frenar el autoritarismo opresor y enderezar el rumbo de la nación.

Además del menosprecio por la ley y las instituciones republicanas, el promotor de estas contiendas dirige sus proyectiles contra algunos juzgadores —específicamente, la honorable y valerosa presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que no se inclina—, y ha rechazado las exhortaciones formuladas por jueces y magistrados, abogados y académicos para detener la artillería volcada contra la justicia.

Obviamente, las arremetidas tienen que ver con el intento manifiesto de concentrar el poder, como es propio de una dictadura. Para ello se ha desplegado una amplia reforma electoral cuyo éxito implicaría el derrumbe de muchos progresos democráticos alcanzados por México con afanosa perseverancia.

Se cuenta con defensas democráticas que residen en los partidos, en los órganos autónomos, en la opinión pública movilizada. Pero en el horizonte se halla a la vista el único poder que puede enfrentar la ola autoritaria y afianzar el imperio de la democracia y la Constitución: el Poder Judicial de la Unión. Esto impone a nuestros tribunales —y sobre todo a la Suprema Corte de Justicia— una tarea de salvación que no se había presentado en varias décadas y que determinará el destino de México por muchas más.

Las señoras y los señores ministros tendrán en su hacer y en su conciencia los principios y valores que entraña nuestra Constitución; ésta será la regla dorada para interpretar las normas cuestionadas y medirlas a la luz de la ley suprema. Es posible que surjan puntos menores para distraer la atención de la justicia, pero es necesario que se concentre en las cuestiones mayores que residen en el alma de la Constitución. De aquí provendrá el cimiento de las decisiones.

Estamos seguros de que en este lance, los juzgadores harán de lado la fuente formal de su designación, como lo hizo, en su hora, el presidente del Consejo Constitucional de Francia, Robert Badinter, cuando fue cuestionado sobre su independencia, considerando que su designación provenía del presidente Mitterrand. Badinter supo responder y cumplir: lealtad a la nación, no al autor de su nombramiento.

En suma, la suerte de México está en sus manos limpias y enérgicas, señoras y señores ministros. Adelante, pese a los rayos que pueblan el horizonte de esta nación atribulada, que se halla en grave peligro.

Profesor emérito de la UNAM

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Templo Mayor

ES DE reconocer la capacidad del gobierno de México para unificar en un mismo frente a los empresarios petroleros y a los de energías limpias de EU, aunque sea ¡en su contra!

OCURRE que el American Petroleum Institute y la American Clean Power Association le exigieron en una carta a la representante comercial Katherine Tai que la administración de Joe Biden presione a las autoridades mexicanas en las consultas sobre política energética.

Y ES QUE, desde su punto de vista, el gobierno mexicano insiste en beneficiar a la CFE y a Pemex mientras mantiene y escala políticas que discriminan a las empresas extranjeras y frenan sus inversiones en este país. Ese sí que es un reclamo lleno de energía.

A LAS ACUSACIONES de que aspirantes a consejeros del INE cercanos a Morena habrían hecho trampa en los exámenes que presentaron en la Cámara de Diputados, se sumó ayer una preocupante falta de transparencia del comité evaluador.

NOMÁS no se entiende por qué decidieron hacer públicas las listas de quienes pasaron a la siguiente ronda en orden alfabético en vez de dar a conocer los puntajes obtenidos por cada candidato.

PARA COLMO, la tibia explicación que dieron de que sólo dos personas tuvieron acceso a la versión final de la prueba de 80 reactivos para evitar que se filtrara a los examinados generó más dudas que certezas.

PORQUE lo que no dijeron es cuántas personas tuvieron acceso a la versión preliminar del examen que tenía 100 reactivos y a la cual sólo se le rasuraron 20 en el último filtro. Vaya peligrosa combinación de sospechosismo y opacidad.

PRIMER ACTO: Cuando en otro sexenio el gobierno usó el software Pegasus para infiltrar los teléfonos celulares de ciudadanos, el opositor Andrés Manuel López Obrador lo calificó como espionaje de Estado.

SEGUNDO ACTO: Ya como Presidente, el tabasqueño se compromete a que en su gobierno no habrá espionaje.

TERCER ACTO: Ahora que se dio a conocer que la Sedena sigue espiando a activistas y periodistas usando el mismo método, el mandatario dice que se trata de tareas de “inteligencia”.

¿CÓMO se llamó la obra? “No somos iguales, pero cómo nos parecemos”.

CUENTAN que la ministra Yasmín Esquivel ya tiene listos los argumentos de defensa en los casos por el plagio de sus tesis de licenciatura y doctorado.

Y QUE lo más relevante es que ella se deslinda de cualquier acusación y les echa la culpa de todo a sus asesores llamados Paco Piarte, Elpira Teo y Faisi Ficada. Es chiste, parezca lo que parezca. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.10)

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Bajo Reserva

Palacio Nacional se suma a la alerta por marcha convocada por militares

En este espacio le informamos la semana pasada que en la Secretaría de la Defensa Nacional se habían encendido las alarmas por una convocatoria en redes sociales, presuntamente por parte de militares en retiro y en activo, para reivindicar el derecho de la tropa a defenderse de lo que consideran agresiones. Nos cuentan que la preocupación de Sedena fue transmitida a Palacio Nacional, lo que se vio reflejado ayer en las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, en la que dijo que sospecha que esa movilización la está organizando la delincuencia e incluso advirtió que podría ser violenta. Habrá que estar muy atentos a lo que ocurra mañana en el Paseo de la Reforma, por donde se supone caminarán los inconformes.

¿Acarreo nacionalista?

Nos hacen ver que en Morena alistan la maquinaria para llenar el Zócalo el próximo sábado, con motivo del aniversario de la expropiación petrolera, en una concentración convocada por el presidente López Obrador. El llamado, nos detallan, se está haciendo a simpatizantes, pero también a los líderes del partido guinda en los estados, con una manita de los gobernadores morenistas en las entidades correspondientes, para que gente de todo el país pueda congregarse, como en febrero pasado lo hizo la marcha en defensa del INE. Nos cuentan que ahora que las cosas están tensas con distintos actores políticos de Estados Unidos, la fecha simbólica del cardenismo será aprovechada para elevar la retórica en defensa de la soberanía nacional. Así que, como ocurrió en la llamada “marcha del pueblo” de noviembre pasado, nos aseguran que veremos acarreo al por mayor. Eso sí, un acarreo muy nacionalista.  

Nueva misión de cabildeo para el secretario de Gobernación

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tiene una nueva misión encomendada por el presidente López Obrador. Nos cuentan que la tarea de cabildeo que don Adán ejerció en el Congreso a favor de la iniciativa para extender a 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, se repetirá ahora con la propuesta para reformar el artículo 33 constitucional y cancelar la expulsión de extranjeros que representen un riesgo a la seguridad nacional. Para ello, nos cuentan, don Adán se reunirá con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados el martes 14 de marzo, a las 09:00 horas. Y nos comentan que en San Lázaro ya circula la versión de que van a cambiar las tarjetas de presentación del funcionario federal para ponerle: Adán Augusto López, secretario de Relaciones Legislativas.

Rezago legislativo

En el Congreso de la Unión los dirigentes de ambas cámaras firmaron un acuerdo para abatir el rezago legislativo que se arrastra desde hace años, pero nos cuentan que difícilmente se cumplirá lo signado. Nos hacen ver que, por ejemplo, en el Senado está detenida la designación de 130 funcionarios del Poder Judicial y están atorados dictámenes de leyes como la de Cuidados o la de Economía Circular. ¿Será que se logren destrabar esos y muchos otros pendientes en el próximo periodo de sesiones, que comienza en septiembre, justo cuando los partidos se estarán metiendo de cabeza en el proceso electoral de 2024? (El Universal, A2, p.2)

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Trascendió

Que después de los hechos en Matamoros, Tamaulipas, es posible que la próxima semana quede integrada la Comisión Bicameral derivada de la reforma a la Constitución que prolongó la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Una vez iniciados sus trabajos se citará a comparecer a los integrantes del gabinete en la materia para que expliquen el estado que guarda el país en este tema, si no hay convenientes obstáculos de última hora.

Que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio inicio a una serie de pláticas con gobernadores de la 4T en Ciudad de México y este viernes empezó con Alfonso Durazo, quien resaltó los beneficios del Plan Sonora. A pesar de que los invitados serán los morenistas, la aspirante presidencial no cerró la puerta a sus pares de oposición.

Que Alberto Curi, Melissa Vargas y María Elena Barrera fueron los organizadores de una reunión de la clase política priista de Toluca con Alejandra del Moral, que derivó en quejas porque muchas sillas se quedaron vacías debido a que cerraron la puerta a muchos militantes y a otros ni los invitaron. No faltó, por supuesto, quien se preguntara si estas actitudes no son a propósito para facilitar la llegada de la morenista Delfina Gómez. ¡Qué llevados!

Que la Queen Mary University of London otorgó el grado de doctor honoris causa en Ciencias al director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, por sus contribuciones a la ciencia y aportaciones para el desarrollo de vacunas contra el virus causante de covid-19. El presidente y director de esa institución británica, Colin Bailey, dijo que se trata de “un reconocimiento a la distinguida y variada carrera científica” del mexicano. Enhorabuena.

Que todo está listo para que el próximo lunes comience en MILENIO la colaboración quincenal de Jorge Combe con su columna Distrito Innovación en la que tratará los temas que le apasionan como el emprendimiento, la tecnología y el futuro. El cofundador de DD3 y economista por el ITAM y por la Wharton School de Filadelfia se suma así a las filas de Los Mejores. Bienvenido. (Milenio, Al Frente, p.2)

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Rozones

Va por 46 años de cárcel a Lozoya

Un nuevo revés se ha llevado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en el juicio que se le sigue por el caso Odebrecht, luego de que fracasara en su intento por lograr un acuerdo reparatorio. La oferta que habían puesto sobre la mesa era la de pagar más de 200 millones de pesos y con ello obtener un criterio de oportunidad para aportar más información sobre presuntos casos de corrupción. La Fiscalía General de la República, Pemex y la UIF la rechazaron, con lo que se ha dado el siguiente paso para que el exfuncionario del presidente Enrique Peña Nieto sea llevado a juicio y no sólo eso, sino que se le pueda imponer una pena de 46 años de prisión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

“SUS AMIGUITOS NARCOS”

Y es el senador republicano Dan Crenshaw el que está consiguiendo aglutinar a medio Morena en contra suya, luego de su propuesta de que las fuerzas armadas de EU combatan a las organizaciones del crimen organizado de México. Ayer, el congresista estadounidense siguió despachando tuits contra representantes de la 4T que subieron la voz para cuestionar el intento de intervención. Uno de ellos fue el senador Héctor Vasconcelos, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta y ayer emitió un pronunciamiento en el que advierte que ante una eventual presencia de tropas de otro país, “uniría a todos los ciudadanos en contra de las fuerzas extranjeras”. Su escrito tiene rasgos diplomáticos que Crenshaw, por cierto, se pasó por alto, pues le reviró: Pare de defender a sus amiguitos narcos y tome acción para prevenir el tráfico de fentanilo. Cálmese con sus mentiras sobre una supuesta “invasión militar.” Uf.

TAN LEJOS… Y TAN CERCA

Y si se habla del alejamiento y la crispación que han provocado diversas declaraciones principalmente de republicanos sobre la política de México contra el crimen, no puede dejar de verse también, nos comentan, la otra cara de la moneda. Es decir, la aproximación de la que ayer y antier dieron cuenta los gobiernos de México y de EU al anunciar lo que han llamado la fase 2 del Entendimiento Bicentenario que incluye un “programa para mejorar la coordinación interinstitucional… así como el intercambio bilateral de inteligencia criminal para atacar puntos estratégicos en la cadena de suministro de drogas sintéticas”, además la designación de Rosa Icela Rodríguez como cabeza de México en el combate al fentanilo, a lo que hay que agregar el compromiso de los dos países para “identificar, encontrar y llevar a la justicia” a los responsables de los hechos en Matamoros. Ayer, por lo pronto, tal vez derivado de esa mayor cercanía, el FBI abrió un canal especial para allegarse información del caso que puedan aportar ciudadanos. Ahí el dato.

EL BRINCO DE MONREAL

En el proceso interno de Morena, nos comentan, aún hay mucho por ver. Prueba de ello es el posicionamiento que en febrero alcanzó el senador Ricardo Monreal. Y es que, tras un largo periodo en el que más bien estuvo marginado en la contienda de las “corcholatas”, ahora que recién volvió a la lista de aspirantes, un estudio de la consultora MW Group muestra datos interesantes. Este análisis sobre la conversación sociodigital efectuado sobre el segundo mes del año revela que el zacatecano tuvo un crecimiento de 13.10 por ciento en alcance potencial de usuarios únicos, en comparación con el mes anterior, mientras que los demás contendientes registraron caídas. Monreal también creció en percepción favorable en un 6 por ciento, y bajaron en 7 por ciento las percepciones en su contra. El estudio refleja además que es un personaje con quien se puede trabajar en equipo por el país. Ahí los datos.

AMBICIÓN VS. REALIDAD

Y será este día cuando el diputado federal Luis Espinosa Cházaro anunciará su precandidatura para el gobierno de la Ciudad de México en su informe de labores. Y aunque su entusiasmo y ambición son comprensibles, nos comentan, vale la pena no perder de vista que el PRD es actualmente la cuarta fuerza política en la capital. En algunos cuarteles de los partidos que conformarán esa alianza de la oposición consideran que en lugar de enfocarse en su propia candidatura, el diputado debería esperar a que se establezcan las reglas para la selección de aspirantes. Es cierto que hoy sondeos dan cuenta de que la coalición PRI-PAN-PRD tiene muchas posibilidades de arrebatarle a Morena la Ciudad en las elecciones de 2024, pero también, nos dicen, que el actual diputado no pinta en las encuestas.

UN REVÉS Y MÁS MATERIA LITIGIOSA

Y fue ayer que se concretó el primer revés al Plan B de la Reforma Electoral. Porque una jueza federal concedió una suspensión definitiva para que Edmundo Jacobo Molina se mantenga al frente de la Secretaría Ejecutiva del INE, luego de que fuera removido como resultado de la promulgación de la ley. El hecho no concluye ahí, nos comentan, pues la juzgadora advierte en la resolución los tintes de inconstitucionalidad que contiene el proyecto, al advertir que una norma, como la que obligó a la destitución del funcionario, no se apega a la Carta Magna y a lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a que las leyes no pueden ser personalizadas. Ayer, por cierto, la SCJN agregó a las impugnaciones una acción de inconstitucionalidad del PRD. (La Razón, La 2, p.2)

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Cuchillito de palo |

Otra vez… ¡Tamaulipas!

Aunque no se quiera reconocer, habían recobrado un buen porcentaje de tranquilidad, en esa Tamaulipas tan convulsa desde hace años. El ex gobernador panista, García Cabeza de Vaca -y reitero que lo he criticado hasta el cansancio, sobre todo cuando fue presidente municipal de Reynosa-, logró construir una administración que tuvo buenos éxitos en varios renglones.

¿Que hubo corrupción y muchos de los vicios de todos los desgobiernos de esta república? Seguro, pero, cuando menos, tenían resultados positivos, muy palpables en el campo de la inseguridad.

La entidad estuvo siempre en manos del tricolor, que la dotó de unas joyitas que, un par de los más o menos recientes todavía están tras las rejas: Eugenio Hernández y Tomás Yarrington. A la mayoría de sus ejecutivos estatales se les ha ligado con el negocio de las drogas y hay anécdotas tan sorprendentes como el asesinato del doctor Torres Cantú, días antes de su toma de protesta. Se dijo que lo había mandado asesinar un cártel, por su negativa a llegar a acuerdos. Heredó el cargo su hermano, que no movió un dedo a favor de la pacificación,

Francisco Javier Cabeza de Vaca no pudo escapar a la etiqueta de sus homólogos, pero empezaron a pasar al olvido los enfrentamientos en plena calle en Reynosa -con el consabido número de muertos- y el temor de sus habitantes a salir.

Desde el inicio de su mandato, el militante blanquiazul le dejó muy en claro a AMLO, que las entidades son soberanas. Se confrontó públicamente con el emperadorzuelo, del que ya conocemos sus brutales reacciones: todo el peso del estado contra su “adversario”. En ese tiempo Enrique Alfaro, al frente de Jalisco, secundó al tamaulipeco y la asociación de gobernadores dieron todo su respaldo. Más se molestó el tabasqueño.

Empezó la persecución y el levantarle demanda tras demanda y proceso tras proceso. Se fueron contra toda su familia, su hermano -senador- su madre, su esposa y a todos se les hundió en esa ansiedad que provoca el saberse perseguido, nada menos que por quien detenta el poder de los poderes y peor aún en el caso de este dictadorzuelo.

Los gobernadores fueron dejando sus cargos, los que graciosamente cedieron -en su mayoría- a los morenacos, a cambio de embajadas y consulados-. Alfaro concilió con López, atemorizado por las amenazas y bajó por completo la guardia. Cabeza de Vaca se quedó solo, con sepetecientas órdenes de aprehensión, juicio político y demás serie de venganzas de la cosa nostra de palacio.

Acabó como pudo su régimen y he aquí que, al mes de haber dejado la silla, resultó exonerado de todas las demandas. Pocas veces habíamos visto una fabricación de delitos más patente.

Trágico el que los tamaulipecos votaran por morena: ya tienen lo que podía esperarse. El Ejército mató, como si tal cosa, a cinco jovencitos que regresaban de un antro y ni quien se acuerde ya de semejante drama. Luego vino el secuestro y homicidio de dos estadounidenses, uno más herido y una a salvo. Aquí sí respingaron los vecinos del norte.

AMLO insultó a los legisladores yanquis, que están que truenan por estos hechos y aparenta que no se van a permitir intromisiones. De carcajada. Lo grave es que, el actual mandamás del norte da muestras de su incompetencia -aparte de que se le acusa de sociedad con capos- y vendrán para ese estado los mismos periplos de otros tiempos. De nuevo, Tamaulipas a las primeras planas y no por buenas razones. (Catalina Noriega, El Sol de México, Análisis, p.12)

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Arsenal / 

“No sé, no sé, no sé”, respondió el Presidente

Andaba bravo ayer el Presidente. En la mañanera repartió candela a diestra y siniestra. Calificó al reinstalado secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, de “Porfirito”, en alusión al dictador que gobernó México durante 33 años.

Lo irritó el amparo provisional que los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado le otorgaron a Jacobo, para que regrese al cargo por tiempo indefinido.

“Cómo no lo van a amparar, si los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial forman parte del mismo bloque conservador, con honrosas excepciones”, subrayó el jefe del Ejecutivo.

Edmundo Jacobo lleva 14 años como secretario ejecutivo del INE. Fue reelecto hasta el 2026.

* Tampoco le gustó la pregunta que Nayeli Roldán, del portal Animal Político, le hiciera sobre el ilegal espionaje del Ejército a civiles. La reportera se le salió del guion y eso no se tolera en las mañaneras.

Es inteligencia, no espionaje, respondió, en síntesis, el presidente López Obrador, al tratar de justificar la ilegal vigilancia de los militares al defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos, para interferir una investigación sobre ejecuciones extrajudiciales.

Ya encarrerado, se le fue con todo a Animal Político; a Carmen Aristegui, “hija de Junco”; y a la organización Página 19 (Artículo 19) que, dijo, están al servicio de los grupos de intereses creados.

 “No nos vamos a poder poner de acuerdo, porque Animal Político recibía dinero del gobierno anterior, y se lo puedo probar, entonces, están siempre en contra de nosotros”, acusó.

Nayeli mostró temple. Acorraló al Presidente en el tenso intercambio entre los dos. “¿Cuál fue el objetivo de ese espionaje a estos civiles?”, insistió, documentos de la Sedena en mano.

“No sé, no sé, no sé…”, respondió el Presidente, visiblemente exasperado. “Si sé perfectamente que el objetivo de Animal Político, de Página 19, y de Carmen Aristegui es estar constantemente atacándonos, desacreditándonos…”, puntualizó.

Le preguntó entonces si en su papel de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas podría hacer que el general Audomaro Martínez acudiera a la mañanera “para rendir cuentas”.

“No tiene por qué venir. No es a partir de lo que a ustedes les conviene, que son contrarios a nosotros… Ustedes no van a poner la agenda… Todos los días nos atacan”, respondió el Presidente.

Y dijo más: “No hay objetividad, no hay profesionalismo, es una prensa tendenciosa, vendida, alquilada, al servicio de los corruptos; entonces, ¿por qué les vamos a hacer el caldo gordo a ustedes?”.

Así anda el humor del Presidente.

* Por AMLO nos enteramos que el general Audomaro evitó que asesinaran a Omar García Harfuch. Días antes del atentado en las Lomas de Chapultepec, el secretario de Seguridad Pública de la CDMX fue advertido por el militar de “informes” de que estaba en peligro. “No te confíes”, le dijo a Omar.

García Harfuch andaba en un “carro normal”. Luego de la advertencia, lo cambió por una camioneta con blindaje. “Eso le salvó la vida, porque vaya que le dispararon”, destacó el Presidente.

En la mañanera también devolvió la pedrada que el congresista texano Dan Crenshaw le aventó en Twitter: “Señor Presidente: ¿A quién representa, al pueblo o a los cárteles?”. Preguntó el gringo.

Respuesta de AMLO: “Qué se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes. A México se le respeta…”.

* Lo que nos faltaba. Advierte el Presidente que la marcha en defensa del Ejército, convocada para este domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, no tiene “propósitos sanos”. “Qué nadie se deje engañar. Eso puede estar inclusive promovido por la misma delincuencia. No vaya a ser que se reúnan, que haya violencia, para terminar culpando a las Fuerzas Armadas”, alertó.

A la marcha asistirán “ciudadanos” que supuestamente se oponen a la investigación de los elementos del Ejército involucrados en la muerte de cinco jóvenes.

¿Será que el Presidente tiene elementos o información para hacer esa declaración tan grave? Es pregunta (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p.4)

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Cadena de mando /

¡Inteligencia militar!

Dicen que para entender y poder cuestionar a Tamaulipas, primero se tendría que vivir ahí durante un tiempo prudente. Pero para comprender a Nuevo Laredo o a Matamoros, dicen muchos de sus ciudadanos que vivir ahí es algo fuera de lo normal, por lo tanto, primero se debe sufrir para poder comprender.

Nuevo Laredo, (ya analizaremos Matamoros en otro momento) es el paso fronterizo por donde diariamente pasa la mayor cantidad de carga terrestre del mundo. Es la frontera, junto con Tijuana, de mayor valor para los grupos delictivos y no solamente por el tráfico de drogas, sino por todas las variantes criminales que ofrece.

Nuevo Laredo es la ciudad del país donde más enfrentamientos se dan entre criminales y soldados, y por ello la presencia militar representa la mayor amenaza que pueda tener el Cártel del Noreste, principal grupo criminal de esa ciudad. La Guarnición Militar de Nuevo Laredo mantiene un alto nivel de operación y alerta, donde se necesitan por fuerza trabajos de inteligencia militar, proximidad social y la mayor cooperación con las autoridades civiles, para tener la confianza de la gente.

No recuerdo una manifestación masiva ciudadana en Nuevo Laredo para que los militares salgan de ahí y dejen de apoyar a la población en materia de seguridad.

Ya periodistas y analistas dieron esta semana su opinión y duda favorable respecto a Raymundo Ramos, quien se promociona como defensor de los derechos humanos sobre los abusos que comete el Ejército en Nuevo Laredo.

Regresando a los recuerdos, no recuerdo un solo caso en que este pseudodefensor del pueblo haya podido comprobar un delito por parte del personal militar hacia la población; lo último fue la responsabilidad hacia personal militar por la supuesta muerte de la niña Heidi, en Nuevo Laredo, que nunca pudo comprobar, a pesar de sus esfuerzos mediáticos y de redes sociales.

No es Raymundo Ramos del interés del Ejército, lo es el Cártel del Noreste y los efectos que causa en esa ciudad.

Es de interés del Ejército que no haya impunidad en el caso de los 5 jóvenes asesinados en Nuevo Laredo. Si fueron los soldados que hoy están presos, que paguen con una pena severa.

Quien tenga dudas, que pregunte en Nuevo Laredo por este cabildero y comunicador social del CDN.

Cabo de Guardia

Inteligencia militar es —para comprenderlo fácil— recopilación de información.

Es una acción de fortaleza para cualquier país y para sus instituciones, que no debe ser comprendida por el grueso de la población. No debe serlo, en primer lugar porque su acción, procesamiento, análisis y resultado proveniente de la recopilación de información, debe tener como único fin fortalecer a la nación y a sus ciudadanos.

Hasta donde yo recuerde, la información que se ha desprendido de las áreas de inteligencia militar mexicana no le han provocado daño alguno al país. Lo que sí es que en algunos casos no se han obtenido los resultados esperados, con la celeridad esperada, debido a que el Comandante Supremo que haya estado en turno así lo decidió.

Los análisis de inteligencia militar que se han desarrollado en este país por décadas han servido para que México se desarrolle según lo que cada proyecto de nación haya determinado, y esto no implica abusos por parte ni de militares ni de civiles en el mal uso de esta información.

Así las cosas. (Juan Ibarrola, Milenio, Al Frente, p.3)

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El ladrón de Nicaragua

El dictador Daniel Ortega de Nicaragua tiene la mala costumbre de robarse cosas. Actualmente vive en una casa que se robó en 1979, al final de la Revolución sandinista. Y ahora se quiere robar al país que gobierna como un tirano huraño. Habrá que sacarlo de los dos lados.

Ortega vive en una mansión que originalmente fue del banquero Jaime Morales. Pero mientras él se encontraba en un viaje de trabajo fuera del país, Ortega y su ahora esposa, Rosario Murillo, se apropiaron ilegalmente de la casa y de todas las obras de arte que había en ella. Luego la casa fue expropiada por un programa conocido como la “piñata” y Ortega acabó pagando 1,500 dólares por una propiedad que valía hasta dos millones de dólares, según lo que me contó el propio Morales hace años.

Siguiendo la misma estrategia de apropiarse de lo que no es suyo, ahora Daniel Ortega está arrestando, censurando y desterrando a todos sus opositores políticos para quedarse como único líder del país. Nicaragua, tan bellamente conectado por su geografía, opera como si fuera una isla.

Un reciente informe de un panel de la ONU -Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua- acusó al régimen de Ortega de “crímenes de lesa humanidad”. Las denuncias incluyen ejecuciones extrajudiciales y tortura. Nicaragua es un régimen de terror. La democracia que fue mundialmente aplaudida en 1990 ha desaparecido.

Ortega se atornilló al poder en el 2007 y no lo ha soltado. Las elecciones de noviembre del 2021 fueron marcadas por denuncias de fraude y por el arresto de varios candidatos presidenciales. Fue como un partido de futbol sin contrincante y con el árbitro de tu lado. También fueron detenidos periodistas, empresarios, estudiantes y civiles opositores.

Casi todos ellos forman parte de un grupo de 222 presos políticos que recientemente fue desterrado de Nicaragua y enviado por avión a Washington. También los despojaron de su nacionalidad al igual que a otros 94 disidentes y críticos que ya vivían en el exterior. Y siguiendo su tendencia a robarse lo ajeno, el gobierno de Ortega inició las confiscaciones de sus propiedades, según reportó el diario español El País.

“Yo fui secuestrado de mi casa, sin orden judicial”, me contó Juan Sebastián Chamorro, quien era uno de los aspirantes a ser el candidato único de la oposición para las elecciones del 2021 y que formó parte del grupo de los 222 presos políticos recientemente liberados. Chamorro tuvo periodos de aislamiento en la cárcel donde “no se nos permitía hablar, no se me permitía la lectura”. Y él cree que la dictadura los libera para “eliminar un foco de conflicto” y “mantenerse en el poder”.

El líder estudiantil Lesther Alemán también voló a Washington con el grupo de prisioneros políticos. En el 2018, con solo 20 años de edad, Lesther se dio a conocer por confrontar a Ortega en un evento convocado por la Iglesia católica. “Esta no es una mesa de diálogo”, le dijo Lesther a Ortega en su cara. “Es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien porque el pueblo es lo que ha solicitado”.

Ortega, en ese momento, no dijo nada. Pero se guardó la venganza. Lesther fue detenido el 5 de julio del 2021, acusado de participar en actividades contra el Estado nicaragüense. “Desde el portón de mi casa hasta la dirección (de la policía), me golpearon todo el camino”, me dijo en una entrevista hace unos días en Miami.

No me extrañaría ver a Lesther, algún día, como Presidente de una Nicaragua libre. Es un líder nato. Y le pregunté sobre la pérdida de su nacionalidad. “Según Daniel Ortega no tengo país”, me dijo. “Pero quiero asegurarle a él mismo que yo soy y seguiré siendo nicaragüense, le duela al que le duela… Él me puede arrebatar la partida de nacimiento, me puede arrebatar el pasaporte. Pero al final de cuentas, mi ombligo no lo va a poder arrebatar”.

Daniel Ortega es un ladrón. Se robó la casa donde vive, se robó los documentos de nacionalidad de cientos de prisioneros políticos y se robó la democracia que tanto trabajo y vidas les costó a los nicaragüenses. Nicaragua ha sido tierra de dictadores, desde los Somoza hasta los Ortega. Pero si algo nos han enseñado los nicaragüenses, es que nunca se dejan. Tirar dictadores es lo suyo. Y Daniel Ortega es el que sigue. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p.10)

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Democracia

En el libro V de la Política, Aristóteles establece sus célebres formas puras e impuras de gobierno. La monarquía, la aristocracia y la república serían las puras, en las cuales el gobierno de un solo hombre, de una minoría de sabios o de la mayoría está abocado a defender los intereses de todos; por desgracia, cada una de estas contiene en su interior los gérmenes de su corrupción, expresadas en la tiranía, la oligocracia y la democracia. Subrayemos que esta última, a la que ahora entronizamos como ideal, tenía para el filósofo griego una connotación negativa: un gobierno en manos de una mayoría que, sin embargo, solo se preocupa por sí misma.

Debido a la desigualdad natural presente en las sociedades, esa mayoría -continúa Aristóteles- está formada por ciudadanos pobres, los cuales superan en número a los ricos y solo se interesan por sí mismos. Semejante conducta contradice su idea de igualdad y, para corregirla, propone una solución que hoy nos resultaría aberrante: ponderar el voto conforme a las propiedades de cada cual, de modo que el de quienes más tienen pese más. Por fortuna, nuestra idea de democracia ha mutado y ha tomado otros caminos desde entonces, pero su lejana idea de que esta contiene una mancha de impureza -hoy diríamos de corrupción- quizás nos sirva para entender lo que sucede con ella en muchas partes del planeta, incluido México.

En su vertiente meramente electoral -la que ahora prevalece-, la democracia no es sino el gobierno de la mayoría: el candidato, el partido o la coalición más votados obtienen la victoria. Durante mucho tiempo, a este esquema, que no es sino un mecanismo técnico, se le asociaba la idea de que, por pequeña que fuese esa mayoría, sus representantes intentarían usarla en beneficio de la sociedad en su conjunto y no solo de sus miembros, de su grupo, de su partido, de su clase o de sus simpatizantes.

Desde la Antigüedad, sabemos que la democracia también ha sido siempre una ficción útil. Por distintas razones, quienes han tenido el derecho de elegir a sus gobernantes nunca han sido todos los habitantes del lugar: entonces se excluía de manera prominente a las mujeres y los esclavos, pero incluso hoy dejamos fuera a los niños y adolescentes -a quienes, por ejemplo, sí les permitimos manejar desde los 16- y a los extranjeros. Siempre hemos tenido que creer que se gobierna para todos.

En los últimos años, esta ficción necesaria se ha erosionado casi al grado de desaparecer: en sociedades cada vez más divididas y polarizadas, quien gana la mayoría se cree legitimado para gobernar solo para los suyos y para denostar a todos los demás, a quienes ya no se ve como ciudadanos en pie de igualdad, sino como parias o enemigos. Y no me refiero aquí a las rivalidades personales, de grupo o de partido, que siempre han existido -nada más natural que despreciar o satirizar a los políticos del bando contrario-, sino a desdeñar a todos los ciudadanos que no comulgan con quien detenta el poder en cierto momento. Nada hay de extraño en que un líder -llámese Trump, Chávez, Bolsonaro, Díaz Ayuso o López Obrador- se ensañe con otros líderes políticos, pero cuando sus mofas y sus torpedos ya no se dirigen solo a ellos, sino hacia cualquiera que no simpatice con su proyecto, la democracia moderna comienza a parecerse más y más a la impura democracia de Aristóteles.

Y eso es justo lo que ocurre cada vez con mayor frecuencia en México, sin que veamos el grave peligro que entraña: día tras día ya no solo oímos los insultos de AMLO a Calderón y a la que él llamó, no sin razón, mafia en el poder -sin duda nuestro régimen anterior se parecía más a una oligocracia que a una democracia auténtica-, sino a todos los ciudadanos que no piensan como él y se atreven a manifestarlo. Afirmar que quien no se pliegue a sus dictados es por fuerza corrupto significa que para él hay millones de mexicanos que son sus enemigos; de allí a sostener que son traidores a la patria solo hay un paso. Y el siguiente, como ya nos advirtió Aristóteles, es la tiranía. (Jorge Volpi, Reforma, Opinión, p.11)

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Política zoom /

La inocultable verdad sobre el espionaje militar

Desde que es presidente, es la vez que Andrés Manuel López Obrador peor ha manejado una conferencia mañanera. A partir de una serie de preguntas colocadas con amable inteligencia, ayer viernes la reportera Nayeli Roldán sacó de su zona de confort al mandatario.

Durante más de 40 minutos López Obrador resbaló por un tobogán de mentiras. Cuestionado sobre las últimas aportaciones de la investigación Ejército Espía, publicadas por la revista Proceso, Animal Político y Aristegui Noticias, el Presidente respondió que su gobierno no espiaba, sino que hacía inteligencia, que era legal la intervención a comunicaciones privadas ahí denunciadas, que se realizaron en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que se justificaron por razones de seguridad nacional. 

Cuatro mentiras al hilo que se suman a una quinta, la cual, en octubre del año pasado, corrió a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): que esa dependencia no había contratado el programa maligno Pegasus desde el año 2013.

“Nosotros hicimos … el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor… porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer… inteligencia, para no usar la fuerza, es mejor la inteligencia que la fuerza”, subrayó el Presidente respecto del cuestionamiento de la reportera de Animal Político, Nayeli Roldán.

Con parsimonia la reportera quiso saber cómo distingue el mandatario el espionaje de la inteligencia y el Presidente cayó en su propia trampa al responder que espionaje es lo que se hacía antes y no lo que se hace ahora.

“¿Cuál es la base legal que le explicaron a usted por la cual hizo esto la Secretaría de la Defensa?”, lanzó la reportera.

“Esas intervenciones son legales”, afirmó el hombre de la mañanera.

“El Ejército no tiene facultades,” reviró la periodista.

“Sí las tiene”, desesperó el mandatario.

En ese lapso tensísimo se resolvió el problema de la definición entre espionaje e inteligencia: mientras el primero no tiene sustento legal, la segunda está prevista por la ley.

Hay evidencia de que el Ejército, a través de una estructura denominada Centro Militar de Inteligencia (CMI), ha intervenido comunicaciones privadas sin mandato de la autoridad judicial.

Una tarjeta informativa enviada en 2020 al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, a propósito del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, no deja lugar a dudas.

El CMI utilizó el programa Pegasus para extraer de su dispositivo celular una serie de conversaciones escritas que luego utilizó como fuente de la tarjeta informativa mencionada.

Eso “no es legal,” se atrevió con voz educada a calificar Roldan. Y, en efecto, el artículo 177 de Código Penal Federal prevé sanciones que van de los seis a los 12 años de prisión, así como una multa de 58 mil pesos, para quien vulnere comunicaciones privadas sin mandato de un juez.

Sí se cometió un acto ilegal y el gobierno lopezobradorista espió a un supuesto opositor.

La tercera mentira vino cuando el mandatario aseguró que el CMI había actuado en coordinación con el centro civil de inteligencia, el CNI. Sin embargo, en los documentos divulgados por las organizaciones R3D y Artículo 19 –que son la fuente de la investigación denominada Ejército Espía– nada tuvo que ver el CNI en el espionaje contra las personas afectadas.

¿Por qué López Obrador citó al CNI durante la conferencia de ayer? La respuesta tiene que ver con que el CNI posee plena existencia jurídica y, en cambio, el CMI es un fantasma ilegal.

La investigación Ejército Espía confirmó la existencia de un órgano dentro de la Sedena que las fuerzas armadas se habían esmerado en esconder.

En efecto, el Centro Militar de Inteligencia no tiene sustento en las leyes mexicanas. Su existencia no está contemplada en la Constitución, tampoco la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, ni el Reglamento Interior de la Sedena.

Solamente por las sombras de sus acciones es que se tiene información a propósito de esta entidad dedicada al espionaje.

El CMI aparece citado como fuente en el cuarto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa. También en uno de los informes de la Comisión para la Verdad y la Justicia, también de Ayotzinapa (Covaj).

Existe igualmente evidencia de la ubicación geográfica del CMI, la cual se encontraría dentro del Campo Militar Número 1. También hay constancia del nombre de al menos 400 personas que, en distintos momentos, han trabajado para esa dependencia. Por último, el CMI aparece citado en los contratos realizados por la Sedena para adquirir el programa Pegasus, los cuales prevén que esta instancia será usuaria de la información colectada.

Hay que añadir un documento oficial que refiere a las amenazas enfrentadas por este Centro. Ahí se advierte como riesgo que: “se evidencie ante la opinión pública las actividades que se realizan en este centro, (así como) las indiscreciones que pueda realizar el personal militar que participa en las operaciones.”

Última mentira: el Presidente afirmó que este espionaje se justificaría por razones de seguridad nacional. Hablo aquí por mi persona. Soy una de las tres personas que cuenta con evidencia definitiva de haber sido espiado por el Ejército con el programa Pegasus. Puedo afirmar sin ningún margen de error que, contrario a lo que crea el CMI, no represento ninguna amenaza a la seguridad nacional, como tampoco Raymundo Ramos ni el otro periodista cuyo dispositivo fue infectado por ese malware.

Afirma la Sedena que desde 2013 no ha vuelto a adquirir Pegasus. Esto también es falso. Hay contratos firmados entre esa secretaría y la Comercializadora Antusa, en el año 2019, precisamente para la compra de este programa de espionaje.

El actual gobierno federal sí espía, lo hace en contra de la ley y a partir de una dependencia fantasma. Tantas mentiras juntas, en boca del Presidente, no son un tema menor. Gracias a Nayeli Roldán el periodismo ganó puntos ayer viernes a favor de la verdad. (Ricardo Raphael, Milenio, Política, p.10)

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México SA

Cochinito, cochinero y fideicomisos // Suman más de medio billón de pesos // Emilio Lozoya: ¿con qué reparará?

Tremendo escándalo armó la autodenominada oposición, cuando en octubre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó eliminar 109 fideicomisos, de los que el gobierno federal obtendría poco más de 98 mil millones de pesos, amén de que los recursos públicos en ellos contenidos serían transparentados y utilizados para fines socialmente productivos. Por aquellos días, el presidente López Obrador explicó la necesidad de extinguirlos, porque se manejan de manera discrecional, sin transparencia ni fiscalización amén de que contienen multimillonarias cantidades. Entonces, vamos a poner orden.

Claro, en algunos casos lo dineros de esos fideicomisos se utilizaba para entregar recursos a quienes no los necesitan, sólo por ser allegados a quienes mandan o deciden en el gobierno. Hay para todo, con aparatos burocráticos, muchos de ellos, en donde se queda el dinero, no le llega el apoyo a la gente, son aparatos que se fueron creando en el tiempo para duplicar funciones de la administración pública, para no tener ningún control o tener manga ancha y poder manejar los recursos sin fiscalización.

Por aquellos días en este espacio se comentó que la misma clase política que de 1982 a 1994 ovacionó a Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari por extinguir fideicomisos a diestra y siniestra, ahora se retuerce por la desaparición de 109 de ellos, muchos de los cuales se instituyeron de forma por demás opaca con el visto bueno de los hoy quejosos. Sólo como botón de muestra, con ese par en Los Pinos se extinguieron 235 fideicomisos (algo así como el 20 por ciento del universo existente por aquellos años), aunque los panistas –Fox y Calderón– hicieron lo contrario, pues con ellos en Los Pinos crecieron como la plaga, siempre de forma opaca.

Pues bien, La Jornada (Dora Villanueva) informó ayer que casi medio billón de pesos de dinero de origen público, equivalente a 7 por ciento del gasto de la Federación del año pasado, se encuentra en fideicomisos sin estructura orgánica que se manejan bajo el cobijo de diversas dependencias del gobierno federal, empresas productivas del Estado, banca de desarrollo, así como poderes y organismos autónomos, al margen de las reglas de transparencia aplicables a los recursos fiscales, muestran datos de la Secretaría de Hacienda.

Algo más: el resguardo de dinero en instrumentos financieros tiene diversos objetivos, los cuales van desde la estabilización de las finanzas públicas o el apoyo a la inversión productiva, hasta el pago de seguros médicos privados o el mantenimiento de las casas habitación de magistrados y jueces. Este último, por ejemplo, al cierre de 2022 contó con disponibilidades 2 mil 305 por ciento más altas que el de apoyo a familiares de mujeres víctimas de homicidio en Juárez, Chihuahua. La actual administración buscó eliminar la mayoría con el inicio de la pandemia de coronavirus, pero muchos de ellos están atados a una legislación, otros apoyan actividades productivas y unos más son mecanismos de emergencia para estabilizar las finanzas públicas, por lo que se acotó a 109 los sujetos a extinción.

De acuerdo con los informes de Hacienda, al cierre de 2022 en los fideicomisos sin estructura orgánica reportados por las dependencias y entidades había 488 mil 823 millones de pesos, sin contar 20 mil 539 millones de pesos más de organismos y poderes autónomos, en su mayoría de entidades judiciales (ídem). Es un mundo de dinero cautivo en fideicomisos que ya no se justifican o, de plano, nunca se justificaron, pero que por el entramado jurídico que implican no pueden tocarse. Aún así, muchos de ellos están proceso de extinción que transitan por una enorme telaraña de requisitos legales que impiden o ralentizan el procedimiento.

En la citada información destacan los fideicomisos destinados a fondos de pensiones y gastos médicos mayores (sin contar a poderes autónomos): casi 84 mil millones de pesos, muchos de ellos destinados a instituciones financieras del sector público (Nacional Financiera, Banobras, etcétera). ¿Para cuándo la limpia?

Las rebanadas del pastel

Si de cochinitos y cochineros se trata, ahí está Emilio Lozoya, quien dice estar dispuesto a pagar 200 millones de pesos para reparar el daño por el caso Odebrecht en el que está involucrado. ¿De dónde? … Resbalón: en su entrega de ayer a la calculadora de México SA se le acabó la pila, pues 700 millones de dólares alegremente los convirtió en 140 mil millones de pesos, cuando en realidad son 14 mil millones. Una disculpa. (Carlos Fernández-Vega, La Jornada, Economía, p.20)

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Serpientes y Escaleras /

Justicia selectiva y ajusticiamiento a la Corte

En medio de la guerra que el presidente López Obrador le ha declarado a la Suprema Corte y al Poder Judicial Federal, en la que al agresivo discurso presidencial, se sumaron las acciones de seguidores del mandatario fanáticos y radicales que promueven y alientan la violencia física y hasta la muerte contra la ministra presidenta, Norma Piña, además de descalificar y denigrar el trabajo de ministros, magistrados y jueces federales, los que salen ganado son los ineficientes, deficiente y corrompidos fiscales, ministerios públicos y policías investigadores cuyo pésimo trabajo y cuestionado desempeño queda completamente sin fiscalizar ni se sanciona su negligencia y tortuguismo en la procuración de justicia para los ciudadanos.

Paradójicamente, mientras se dedica a atacar a las juezas y jueces, el Presidente no sólo encubre y protege el fracaso de las Fiscalías, empezando por la General de la República y siguiendo por la de la mayoría de los estados de la República, sino que además permite, ordena y fomenta el uso político y selectivo de la justicia, en beneficio de su proyecto político y en contra de sus enemigos, opositores, adversarios y periodistas y medios críticos. Es decir, que mientras su 4T aplica la justicia selectiva y politizada, López Obrador pretende erigirse en el gran juzgador nacional para atacar, denigrar y desacreditar el trabajo del único Poder independiente y autónomo que le queda a este país.

Los ejemplos de esa justicia selectiva y manipulada que se ha aplicado en este sexenio sobran y van desde Rosario Robles, la primera víctima de un proceso judicial por consigna de este gobierno a la que tuvieron tres años en la cárcel sin poderle probar siquiera el delito que le imputaron, hasta los oscuros y secretos acuerdos que primero hicieron con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, al que primero trataron como un príncipe y luego, cuando él los exhibió públicamente con sus cenas públicas y suntuosas, lo metieron a la cárcel pero tampoco han podido probarle nada ni hacer que los jueces lo declaren culpable.

Hay muchos más nombres, casos y procesos que, sin mayor base jurídica pero sí con la orden expresa de “casos prioritarios” para el Presidente que son enviados a la FGR, podrían mencionarse y documentarse para probar el señalamiento de justicia selectiva y politizada, pero el de Rosario Robles es exacto para ilustrar la doble moral y doble vara de la justicia que manejan López Obrador y su 4T. Porque a Rosario la acusaron y la imputaron por una estafa millonaria a los recursos públicos cometida en la Sedesol y la Sedatu cuando ella fue secretaria, pero al no poder probarle una participación directa, optaron por llevar la acusación al terreno civil de la omisión ante el delito y el ejercicio indebido del servicio público.

Eso bastó para que a Rosario le abrieran un juicio en el que, en la primera audiencia y sin atender los argumentos de su defensa, la metieron presa, aun cuando su delito no ameritaba la prisión preventiva oficiosa, y la tuvieron en prisión casi 3 años. Pero hay otra estafa pública, cometida en este sexenio contra el presupuesto de alimentación y abasto a los sectores más pobres del país. El fraude y el saqueo de recursos de los contribuyentes se cometió en Segalmex, la empresa pública con la que esta administración sustituyó a Diconsa y Liconsa, y que tiene por encargo garantizar “la autosuficiencia alimentaria de los mexicanos” en los granos básicos y apoyar todos los procesos de alimentación y abasto para los mexicanos.

El monto saqueado y estafado en Segalmex se ha documentado en 9 mil millones de pesos y podría elevarse hasta los 15 mil millones de pesos, el doble de la Estafa Maestra en la que se documentaron 7 mil millones de pesos de recursos saqueados con simulaciones de contratos y servicios. Pero a diferencia del caso denunciado durante el sexenio pasado y judicializado por el actual gobierno lopezobradorista, en la estafa de Segalmex, quien fue director de esa dependencia durante los 3 años en que se detectaron los faltantes, Ignacio Ovalle Fernández, no está ni acusado, ni imputado y muchos menos investigado en las carpetas de investigación y judicialización que ha iniciado la Fiscalía General de la República.

La FGR informó que obtuvo orden de aprehensión en contra de 22 personas por el caso Segalmex . En un comunicado señala que de las 22 personas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex; 4 pertenecen a las empresas con las que se coludieron; y 6 fueron los beneficiaros de los recursos de Segalmex que fueron desviados. Y anuncia que existen más carpetas sobre el desfalco a Segalmex que serán judicializadas próximamente. Pero en ninguna parte de la lista de esos 12 funcionarios públicos que están siendo buscados por la justicia, aparecen los apellidos Ovalle Fernández y mucho menos el nombre de Ignacio, el amigo, exjefe y mentor del actual presidente de la República.

¿El mismo criterio judicial aplicado a Rosario Robles no le aplica también al exdirector de Segalmex, Ovalle Fernández? ¿Por qué don Ignacio, hoy flamante director en la Segob, no fue omiso ni ejerció indebidamente el servicio público al no haber impedido, denunciado y ordenado investigar los saqueos, desfalcos y fraudes cometidos durante su gestión por sus propios colaboradores y por qué Rosario sí lo fue? No hay mucho más que explicar:  el primero es protegido y encubierto por el Presidente y la segunda fue tratada como enemiga del Presidente, aun cuando en el pasado reciente fue su aliada, promotora y amiga muy cercana.

Ese es el mejor ejemplo de la justicia selectiva y por consigna que se aplica en esta administración y en la supuesta y propagandeada “transformación” de la vida pública del país. Y mientras eso sucede, el presidente López Obrador se dedica a cuestionar, atacar y culpar a los jueces federales por la impunidad, la injusticia y la corrupción —las mismas que él protege, fomenta y tolera, contra los casos y los funcionarios denunciados por corrupción en su gobierno— en una maniobra y pantomima política para neutralizar, someter y dominar al Poder Judicial de la Federación, que es el único que se resiste a someterse a su ejercicio autocrático y autoritario del poder.

NOTAS INDISCRETAS…

Sin haber resuelto la crisis del Metro que la obligó a hacer una pausa en su proselitismo político y personal, Claudia Sheinbaum retomó la semana pasada sus actividades de promoción de su candidatura presidencial con una visita a Morelia, donde dictó una de sus pláticas a militantes y funcionarios morenistas y de la 4T. Pero como ya las tragedias del Metro les enseñaron que una ciudad tan compleja como la CDMX no se puede descuidar ni siquiera en fin de semana, so pena de ser sorprendido por catástrofes, emergencias o desgracias, ahora la Jefa de Gobierno realizará foros con gobernadores de la 4T para hablar sobre temas que han desarrollado en cada entidad, así como para hablar de programas implementados en la ciudad.

Sólo que ahora Claudia no irá a los estados ni visitará a los gobernadores, sino que ambos vendrán a ella y a la capital.  El primero de esos foros se llevó a cabo ayer en la alcaldía Cuauhtémoc, con la participación del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, titulado “La Ciudad y la Transformación”. Los siguientes se podrían realizar la siguiente semana o cada 15 días. Veremos si esta nueva modalidad de campaña simulada le funciona más a Sheinbaum o si al menos le da menos sustos y crisis de su imagen…Hablando de “corcholatas”, el miércoles de esta semana estuvo de visita en Jalisco el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien tuvo varias actividades en Guadalajara, entre ellas la de reunirse con un grupo plural de destacados jaliscienses en el que estaban desde el director del diario El Informador, Carlos Álvarez del Castillo, hasta el rector de la UAG, Antonio Leaño, además de otros empresarios importantes y el maestro Arturo Zamora, exsenador, exsecretario general del PRI y excandidato a gobernador en ese estado.

Esta última presencia, la de Zamora, llamó la atención, no sólo por la cercanía que volvió a mostrar el secretario de Gobernación con el profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, sino por las versiones que circulan en la política jalisciense sobre que Zamora podría ser invitado a ser candidato de Morena en las próximas elecciones locales en el 2024. Eso, que ha puesto nerviosos a muchos morenistas y que confirma el distanciamiento que desde hace rato tiene don Arturo hacia el PRI, parece reflejarse en una fotografía que se tomó al final de ese encuentro de Adán Augusto con las personalidades jaliscienses. Al centro de la foto, arriba aparece el secretario y aspirante presidencial de Morena, y delante de él, tocado por la mano del tabasqueño, está Arturo Zamora quien, en algo que parece casual pero trae mucho mensaje, lleva puesta una chamarra color guinda, ¿Será que vienen desprendimientos en el PRI de Jalisco y adhesiones nuevas a Morena en ese estado?… Los dados mandan Escalera Doble, Semana dura. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, 8)

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Doble fondo /

Road trip Myrtle Beach (dólares, drogas) Matamoros (drogas, balas), 2,425 km…

Fue hace casi un año. Era 14 de marzo del 2022 en Myrtle Beach, Carolina del Sur, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó:

  “Menos de veinte meses después de que 30 narcotraficantes del condado de Horry y el área de Myrtle Beach fueran acusados ​​a través de una investigación federal que contó con intervenciones telefónicas sobre narcóticos y violencia, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Carolina del Sur anunció hoy que los 30 se han declarado culpables y fueron sentenciados en un tribunal federal.

   “La evidencia presentada en la Corte refleja que la organización de tráfico de drogas Cedar Branch representaba una conspiración interestatal que involucraba distribución de heroína, fentanilo, cocaína, crack, metanfetaminas y armas de fuego. La organización ubicaba su sede en el área de Cedar Branch, del condado de Horry, y tenía vínculos a través de la frontera estatal con Carolina del Norte. 

   “Sus miembros recibían sustancias controladas de múltiples fuentes de suministro interestatales, incluida una que contaba con vínculos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México. 

   “Esta organización (la gringa, apunto yo) fue identificada por la policía local como un objetivo prioritario en relación con los delitos violentos y las sobredosis en la zona.

  “Cada uno de los acusados ​​se declaró culpable de una de las dos acusaciones que en conjunto contenían 72 cargos de violaciones de la ley federal, que van desde conspiración para el tráfico de drogas y violaciones a las leyes de armas de fuego hasta el uso de teléfonos para fomentar el tráfico de drogas. Varios de los líderes y proveedores de la organización recibieron penas de diez años o más en una prisión federal (https://bit.ly/3J8sX8G)”. 

   Los sentenciados, la mayoría jóvenes, no eran hispanos, así que no podían ser estigmatizados como narcotraficantes de origen mexicano, tal como suelen hacer medios y autoridades estadunidenses. Bastaba leer sus nombres y apellidos: Tecontric Jackson (30 años); Darrell Jackson (48); Byron Jackson (29); Angelo Jackson (25); Timothy Long (40); Leon Green (33); Winferd Sherman (24); Antra Gore (38); Shaquan Hemingway (23, lindo apellido); Carl Green (45); Phillip Johnson (29); Tyshon Clifton (21); Tremayne Green (25); Mark Jackson (26); Devante Squires (27); Teraine Green (30); Alfredo Gore (43); Bradley Griffin (36); Monrail Miller (35); James Myers (33); Anthony Nealey (48); Tyruss Hemingway (21); James Riggins (44). Solo una mujer, Lisa García, la más grande de todos, de 50 años, tenía huella latina.

  Jóvenes cien por ciento estadunidenses traficando drogas en Myrtle Beach y alrededores, lo cual es usual en el área. Por ejemplo, en un solo verano de cien días, el de 2019, la cadena local ABC 15 News documentó que en Myrtle Beach la policía tuvo conocimiento de 672 actividades relacionadas con las drogas, ya fuera en forma de posesión ilegal, tráfico o sobredosis de mariguana, cocaína, hongos alucinógenos, metanfetaminas y opioides (https://bit.ly/3J0MN5C). Un promedio de seis casos por día reportados por oficiales de la policía local, y eso fue de lo que se enteraron.

                Dinero, drogas y cárteles gringos

Myrtle Beach es una ciudad costera en el este de los Estados Unidos, en el condado de Horry. Está en el centro de un tramo playero de casi cien kilómetros y 14 comunidades (urbes pequeñas) conocido como “The Grand Strand”, ubicado en el noreste de Carolina del Sur. En el Atlántico, pues. Es uno de los principales centros turísticos de Carolina del Sur y de Estados Unidos, según se lee en sus páginas de promoción. Sus kilómetros de playas, sus más de 100 campos de golf (sí, 100) y cerca de 20 mil restaurantes (2,000 solo en Myrtle Beach, según presumen) atraen a más de 20 millones de visitantes cada año, lo que convierte a Myrtle Beach y la franja playera en uno de los destinos más visitados del país, ya que tiene 425 hoteles con 180 mil camas, de acuerdo a lo que dicen los grupos inmobiliarios y turísticos locales.

   El área metropolitana de Myrtle Beach ha sido la segunda área metropolitana de más rápido crecimiento en Estados Unidos (cifras hasta 2018), con un alza de casi el 30 por ciento en la población, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

   Ahí, no sobra decirlo con claridad, la derrama y la circulación de dinero es enorme y los potenciales consumidores de drogas se cuentan por miles y miles de jóvenes que acuden a sus centros comerciales, playas, y lugares de entretenimiento nocturno, por no hablar de la renta y fondeo de embarcaciones privadas para esparcimiento y pesca. Los comerciantes locales calculan en 57 mil los empleos que genera el turismo en el área que tiene “atracciones de clase mundial”.

¿Cuánto dinero corre por ahí? En cifras estadunidenses, de acuerdo al sector turismo local que cita datos de académicos:

   “Coastal Carolina University estimates that locally, tourism provided more than $11.1 billion dollars in economic impact annually with another $2.2 billion in labor impact. The $11.1 billion in visitor spending in 2021 was up from $7.3 billion in 2020 — a 49 percent increase year over year. (Source: DK Shifflet Visitor Volume and Spending Study).”

  Muchos dólares. El 67% de la población es blanca, el 13% negra, el 12% es latina, y el 2% asiática. Casi siete de cada diez lugareños son blancos, es un lugar de blancos con dinero y consumidores blancos, con el 62% de la población menor de 44 años. El ingreso medio para una familia es de $43,900 dólares, unos $830 mil pesos al año, casi $70 mil pesos por mes.

  Y ahí, en esa zona de buena vida y recursos, hay un enorme mercado permanente y flotante que los narcotraficantes estadunidenses valoran. Por eso se asientan en el área, porque en momentos de turismo tienen miles de potenciales clientes: se estima que la población de Myrtle Beach pasa de menos de 40 mil a 350 mil en temporada alta de turismo.

    Por eso la relevancia del caso Cedar Branch, ilustrativo de lo que ocurre en Estados Unidos cualquier día, cualquier mes, cualquier año, en cualquier condado de cualquier estado. El Fiscal Federal Corey F. Ellis comentó sobre el caso, en el que participaron numerosas agencias, como el FBI y la DEA:

   “Esta operación desmanteló una empresa criminal violenta y puso a sus miembros tras las rejas”.

  Una empresa criminal violenta. Un cártel, aunque allá les llamen pandillas, que no es otra cosa que un acto de negación a través de un eufemismo.

   La Agente Especial del FBI a cargo del caso, Susan Ferensic, dijo:

“Esta sentencia significa el fin de esta organización narcotraficante”.

  El fin de esta organización narcotraficante. De un cártel. Las cabezas de un cártel local completito, tal como en México tenemos cárteles locales en Guerrero o en Sinaloa.

  ¿A qué viene todo esto? A que los cuatro estadunidenses levantados en Matamoros hace unos días (Latavia McGee, Eric Williams, Zindell Brown y Shaeed Woodard) provenían de Myrtle Beach y alrededores, de acuerdo a indagatorias que se hacen en Estados Unidos y Tamaulipas. Los cuatro se aventaron un inaudito road trip de 2,425 kilómetros para llegar a esa ciudad fronteriza mexicana, un recorrido que implica 25 horas de viaje sin parar con la historia de que venían desde allá para que Latavia se hiciera una liposucción. Una coartada muy endeble que ya habían usado en una ocasión previa cuando también se desplazaron hasta Matamoros, y que se ya indaga en ambos países, porque hoy sabemos que… tres de ellos tenían antecedentes penales relacionados con drogas (https://bit.ly/3yueA9F) (https://reut.rs/3ZGzWwt).

Estados Unidos, a través de la Casa Blanca, del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, quiere desviar la atención sobre el hecho de que ese país tiene verdaderos cárteles gringos en su territorio, y por eso ha mantenido estos días el discurso de que ningún ciudadano suyo puede ser agredido en ningún lado, “bajo las circunstancias que sean”. Y justo ahí, en ese “bajo las circunstancias que sean”, que se traduce como “sin importar qué hayan hecho”, es donde se indaga si en realidad los estadunidenses llevaban dinero y armas desde Carolina del Sur hasta Matamoros, lugar donde a cambio recogerían drogas (fentanilo, cocaína) para distribuir en Myrtle Beach, pero… algo habría salido mal durante la operación y por eso habrían sido baleados (dos) y secuestrados (dos).

   Lo demás, es diplomacia y narcomantas.  (Juan Pablo Becerra-Acosta, El Universal, Nación, p.5)

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Frentes Políticos

Remitente conocido. A través de un video publicado en redes sociales, la precandidata a la gubernatura del Estado de México por la coalición PRI-PAN-PRD-PANAL, Alejandra del Moral, expresó: “Delfina: quiero invitarte a que asumamos con responsabilidad este momento histórico, para enviar un mensaje a todo el país sobre la importancia de la participación política de las mujeres”. Además, Del Moral pidió ser “sororas, antes que contrincantes”. Pero, lo más importante, invitó a construir una campaña de propuestas más que descalificaciones y a sostener cinco debates. Y la respuesta de Delfina será… ¿Usted qué cree?, ¿acepta o rehúye?

Mal chiste. Por andar de queda bien, otro de los alfiles de la 4T tropezó de fea manera. El diputado de Morena, Armando Contreras, propone modificar la Ley Orgánica de la UNAM, con la intención de que el rector sea elegido por la comunidad universitaria y no la Junta de Gobierno. El legislador presenta en su currículum haber terminado la licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es decir, no conoce ni las entrañas de la UNAM ni el estatuto histórico de la autonomía universitaria. De lo que sí ha de saber es de grilla sindical, pues fue integrante de los sindicatos Nacional de Trabajadores de la Educación y Nacional de Trabajadores Indigenistas. Señor diputado, los tiempos legislativos no están para ocurrencias.

Traspié reformista. La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la UNAM del diputado morenista Armando Contreras, no sólo ha causado revuelo en redes sociales. Ayer, en la primera sesión ordinaria del Consejo General de la ANUIES, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, en representación de la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, salió al paso para dejar muy clara la defensa de la autonomía de las universidades públicas y aclaró que deben ser las comunidades las que decidan los cambios a realizar en sus leyes orgánicas, de conformidad con la Ley General de Educación Superior. ¿Así o más claro? Con la autonomía, no.

Gravedad. Hay mucho más que cifras en el tema del presunto desfalco a Segalmex. El pasado 20 de febrero, en la tercera y última entrega de la Cuenta Pública 2021 a la Cámara de Diputados, el auditor David Colmenares informó que las irregularidades ascienden a 777.3 millones de pesos por pagos sin documentación que acrediten su existencia en transporte, fumigación de granos y almacenaje, entre otros rubros; incumplimiento de contratos; servicios no devengados y falta de evidencia en supuestas compras de unidades. Esa institución volvió a salir muy mal calificada en el reporte de la Auditoría Superior de la Federación. Corrupción en el sexenio que no debía de haber. ¿Y entonces, de qué se trata? (Excélsior, Nacional, p.9)