15 de junio de 2024

Sonora, bajo narcoguerra en el desierto y omisión de Durazo: El Universal

La fragmentación del Cártel de Sinaloa y la aprehensión de Rafael Caro Quintero han provocado una guerra sangrienta en el desierto. Foto: Especial

Mientras los sonorenses padecen por la violencia, el gobernador Alfonso Durazo está ocupado en la política nacional y sus viajes al extranjero. ‘Hemos alcanzado una disminución del 34% en homicidios dolosos’, responde Paulina Ocaña por parte del gobierno estatal

Mientras La Chapiza se expande a fuego y sangre en Sonora, dejando pueblos abandonados, cientos de desplazados y periodistas amenazados, el gobernador Alfonso Durazo Montaño se ha enfocado en participar de forma activa en los procesos de selección de candidaturas de su partido a nivel nacional en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Morena y en viajes de promoción del estado en el extranjero.

La fragmentación del Cártel de Sinaloa y la aprehensión de Rafael Caro Quintero han provocado una guerra sangrienta en el desierto de Sonora, con repercusiones en otros municipios.

Pueblos como Altar, Átil, Oquitoa, Pitiquito, Sáric y Tubutama han resultado devastados por el crimen organizado. A causa de la violencia, en algunas regiones no hay policías, médicos, maestros ni comerciantes. Incluso, en noviembre de 2023, en Sásabe, una comunidad de Sáric, tras una refriega de criminales, las pocas familias del lugar, aterradas, huyeron buscando refugio en Estados Unidos.

Las disputas por el control de la plaza en el tráfico humano, drogas y armas han dejado desplazamiento, muerte y desolación. En los últimos meses se han registrado enfrentamientos en carreteras donde se han reportado víctimas colaterales.

De acuerdo con periodistas de la zona, esta ola de violencia iniciada en los últimos años tiene su origen en el repliegue de Los Cazadores por parte de Los Pelones, que también son La Chapiza, el grupo que comandan los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

En Sonora varios periodistas que cubren las notas policiacas, sobre todo enfrentamientos armados o privaciones ilegales de la libertad, han sido “levantados” por integrantes del crimen organizado y tras borrarles su información, hacerles bajar videos o materiales en línea, son golpeados, amenazados de muerte y luego son liberados.

Un periodista que cubre la zona de guerra en el desierto comentó a EL UNIVERSAL que hace dos meses fue levantado: “Me llevaron a hablar con un jefe delictivo. Me propuso un trato, pago por halconear y no le contesté. Ahora ya no cubro violencia, fue un susto muy grande”.

“No es que la situación esté calmada y no haya balaceras, es que ya casi todos estamos amenazados de muerte. Nos hemos autocensurado”, comentó el periodista.

Según el reporte anual sobre incidencia delictiva del Observatorio Sonora por la Seguridad, durante el periodo enero-diciembre de 2023, el estado registró mil 403 víctimas de homicidio doloso, 31 víctimas de feminicidio, 54 víctimas de secuestro y 86 víctimas de extorsión.

El número de carpetas de investigación por secuestro aumentaron 87.50%. En tanto, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó 185 personas desaparecidas y/o no localizadas durante 2023.

En este contexto, el gobernador Alfonso Durazo ha sido criticado por su papel en la política nacional y sus viajes al extranjero, mientras los sonorenses padecen por la violencia.

Por mencionar sólo sus viajes más recientes, en octubre de 2023 viajó a Bruselas para presentar el Plan Sonora de Energía Sostenible y promover la inversión en el estado y del 15 al 19 de enero viajó a Davos, Suiza, con la misma agenda. Además, en marzo estará en China.

Desde mediados del año pasado el gobernador participa de forma activa, sin renunciar o pedir licencia a su cargo, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Morena, en el proceso de selección de la candidata presidencial y en la elección de aspirantes de su partido.

“Frente a un mandatario estatal ausente y ocupado más por su partido, los sonorenses enfrentan las deficiencias de una autoridad que ha sido incapaz de concretar obras, de velar por la economía familiar y por la seguridad”, expuso el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rogelio Díaz Brown.

“Se nota que su dedicación a la política del centro del país lo mantiene ausente física y emocionalmente de quienes le dieron el cargo”, agregó.

Consideró preocupante la poca disposición mostrada por el mandatario para abordar el tema de la inseguridad, que tiene a Sonora como uno de los estados más violentos.

En ese tenor, el diputado local por Movimiento Ciudadano (MC), Ernesto de Lucas Hopkins, ironizó: “Vamos a lanzar una alerta Amber para el gobernador y todos los funcionarios del gobierno del estado; no se ven, no están aquí, viven en la Ciudad de México y están más metidos en el proceso de Morena y no en su obligación como servidores públicos”.

Incluso, en septiembre pasado el legislador emecista impulsó en el Congreso estatal una propuesta de ley para prohibir que el gobernador presida órganos de dirección dentro de la estructura de partidos políticos, para priorizar la gobernanza que impacta a los sonorenses.

“Las y los sonorenses esperan que sus representantes populares estén atentos de su responsabilidad de tiempo completo y no que distraigan sus ocupaciones, las cuales son muchas en el caso del gobernador, en temas partidistas. Está muy claro, se es gobernador o se es funcionario partidista; las dos funciones no pueden ser compatibles, menos en los tiempos tan complejos que se están viviendo en Sonora”, enfatizó el legislador de MC.

Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, consideró como foco rojo la región de San Luis Río Colorado, Altar, Sonoyta, en la frontera con Estados Unidos; Caborca, Santa Ana, Magdalena y Benjamín Hill, en el centro norte; Cajeme, Guaymas, en el oeste, y Yécora, en el sur del estado. Pese a que la mayoría son municipios pequeños, en ellos se concentra o se ha recrudecido la violencia.

En cuanto a las estrategias, son zonas en las que hay mucha presencia de elementos de las Fuerzas Armadas y, pese a que las autoridades aseguran que su objetivo es realizar acciones preventivas y de resguardo, la violencia no disminuye.

Al contrario, dijo Bernal, “el año pasado vimos cómo el tema de violencia en carreteras y enfrentamientos, balaceras y demás estuvo presente prácticamente todo el cierre de 2023”.

Abordó el tema sobre el desplazamiento forzado motivado por la violencia y señaló que desde el Observatorio por la Seguridad se ha registrado muy poca o nula información por parte de las autoridades.

“Nos preocupa que no se esté abordando con la importancia que se merece porque, sin duda, la situación se ha vuelto muy complicada y cada vez es más difícil que las personas permanezcan en sus territorios como antes.

“Ahora la situación se ha vuelto muy complicada y han tenido que irse. Tenemos conocimiento de unos cuantos casos en Cajeme, Guaymas y Caborca, sin duda estos no son los únicos municipios a los que se limita este fenómeno”, expuso Krimilda Bernal.

No obstante, “no tenemos ni metodología ni forma de cuantificar ni un registro oficial, como se tiene con personas desaparecidas, que bien o mal es un registro para darnos una idea de las desapariciones en el país”, señaló.

Comentó que las autoridades carecen de liderazgo, pero esto va más allá de las cabezas institucionales. “Siempre vemos cómo se reacciona ya pasada la tragedia. Lo hemos visto a lo largo de estos tres años, cómo sucede algo terrible y hasta entonces se actúa”.

Reconoció como operativo exitoso el ocurrido el pasado sábado 20 de enero en Hermosillo, donde fueron abatidos 12 criminales que intentaban liberar al hijo de un capo detenido. Esto es lo que debe pasar en los 72 municipios, afirmó la especialista en seguridad y agregó que falta mucho por hacer.

RESPONDE PAULINA

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El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación del Sistema Estatal de Comunicación, envió una réplica aclaratoria al Periódico El Universal respecto a la nota publicada este sábado 27 de enero bajo el título “Sonora, bajo narcoguerra en el desierto y omisión de Durazo”.

En el trabajo periodístico del diario en mención, señala que “Mientras La Chapiza se expande a fuego y sangre en Sonora, dejando pueblos abandonados, cientos de desplazados y periodistas amenazados, el gobernador Alfonso Durazo Montaño se ha enfocado en participar de forma activa en los procesos de selección de candidaturas de su partido a nivel nacional en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Morena y en viajes de promoción del estado en el extranjero.

El Gobierno señala que “En cuestiones periodísticas, la nota está centrada en suposiciones, haciendo comentarios como “se expande a fuego y sangre en Sonora dejando pueblos abandonados” sin presentar información puntual y real.

El medio agrega que “Según el reporte anual sobre incidencia delictiva del Observatorio Sonora por la Seguridad, durante el periodo enero-diciembre de 2023, el estado registró mil 403 víctimas de homicidio doloso, 31 víctimas de feminicidio, 54 víctimas de secuestro y 86 víctimas de extorsión”.

“El número de carpetas de investigación por secuestro aumentaron 87.50%. En tanto, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó 185 personas desaparecidas y/o no localizadas durante 2023”..

A este tema, el Gobierno señala que en esta administración, “ha implementado acciones y programas para revertir la tendencia de hechos violentos, alcanzado una disminución del 34 por ciento en homicidios dolosos de 2021 a 2023, datos no generados por el propio estado, sino verificados y publicados por el sistema nacional de seguridad, el SESNSP.

“Entendemos la importancia de abordar el tema de seguridad, pero consideramos que esta réplica ofrece una visión más equilibrada y completa de los esfuerzos y logros que se han alcanzado en nuestra gestión”.

“Agrademos su atención y estamos dispuestos a proporcionar información adicional para una cobertura más precisa de los temas relacionados con el Estado”.

El documento de réplica es firmado por Paulina Ocaña, de la Coordinación del Sistema Estatal de Comunicación.

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