La percepción se volvió realidad:

El Cártel de Sinaloa conecta con Vector a través de García Luna, y Vector conecta a Romo, quien conecta con AMLO. Por tanto, en el campo de las percepciones, hay una relación directa entre el expresidente y el Cártel de Sinaloa.

Para quienes conocen a Alfonso Romo, el empresario regiomontano que durante años fue el enlace y recaudador de fondos de Andrés Manuel López Obrador con el sector privado, y que lo hizo jefe de la Oficina de la Presidencia, resulta inverosímil que haya estado relacionado con los cárteles de Sinaloa y del Golfo, y que Vector Casa de Bolsa, que fundó y es parte de un grupo de empresas de las cuales es presidente honorario, fuera parte de un entramado de lavado de dinero para comprar fentanilo a empresas chinas que se usó para matar a estadounidenses, como sostiene la acusación del Departamento del Tesoro contra esa institución y dos bancos más, que noqueó al gobierno y lo conmocionó.

Nunca entendieron López Obrador ni el jefe de su aparato de propaganda, Jesús Ramírez Cuevas, que suele hablarle al oído a la presidenta Claudia Sheinbaum en su calidad de coordinador de asesores, la frase de que la percepción es más fuerte que la realidad, y que hoy experimentan en toda su magnitud. Sheinbaum le grita a la nación que no hay ninguna prueba ni evidencia de las acusaciones del Departamento del Tesoro y que, mientras no se las aporten, no reconocerán que hay lavado de dinero, pero nadie la escucha. Vector, CIBanco e Intercam, las instituciones señaladas, tuvieron problemas de financiamiento como consecuencia de las imputaciones en Washington y fueron intervenidas por las autoridades para garantizar la seguridad de ahorradores y acreedores.

La percepción es más real que la realidad. El régimen, que jugó con percepciones y emociones en el sexenio pasado y continúa haciéndolo como estrategia, no entiende este concepto y va perdiendo la batalla. Pero, para ser justos, era una pelea perdida desde el gobierno de López Obrador, que armó la trampa en la que cayó el gobierno. La secuencia que lleva a ella es simple: el Cártel de Sinaloa conecta con Vector a través del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y Vector conecta a Romo, quien, a su vez conecta, con López Obrador. Por tanto, en el campo de las percepciones, hay una relación directa entre el expresidente y el Cártel de Sinaloa.

¿De dónde sale esto? De la denuncia civil que interpuso en 2019 en Miami el entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, con autorización de López Obrador, contra García Luna, su esposa y un excolaborador, acusados de haber robado 250 millones de dólares y lavado dinero durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El gobierno mexicano afirmó en esa corte local que el dinero procedía de contratos que dio la administración de Peña Nieto a un grupo de empresas de Samuel Weinberg y su hijo Alexis, a quienes identificó como prestanombres de García Luna.

La segunda parte del entramado está en la imputación del Departamento del Tesoro a Vector, en donde señala que una “empresa controlada” por García Luna había hecho transferencias por más de 40 millones de dólares, “procedentes de las ganancias de los sobornos” que recibió el exsecretario del Cártel de Sinaloa –por lo que se encuentra sentenciado a 38 años de cárcel en Estados Unidos–, a través de esa casa de bolsa. La vinculación entre García Luna y Vector no es directa, sino que se tejió a partir de las acusaciones de la Fiscalía General en Miami, donde argumenta que los Weinberg eran testaferros del exsecretario.

En noviembre pasado, para obtener el criterio de oportunidad que les había ofrecido la fiscalía general a los Weinberg, Alexis aseguró que habían transferido 47 millones de dólares a través de Vector Casa de Bolsa a la “organización criminal” que integraban Peña Nieto y el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como pagos por contratos que les adjudicaron. Gracias a la suma de acusaciones de la UIF y la fiscalía general en Miami, el Departamento del Tesoro armó sus vínculos: del Cártel de Sinaloa que sobornó a García Luna, a Vector Casa de Bolsa, a través de la cual transfirió parte de sus ganancias del crimen organizado a Peña Nieto y Osorio Chong, que las recibieron de una de “sus” empresas que operaban los Weinberg.

El círculo estaba cerrado. ¿Es una realidad o es percepción? La pregunta en la realpolitik es, más bien, si importa la diferencia. López Obrador nunca pensó que utilizar las percepciones contra quienes consideraba enemigos se convirtiera en su realidad. Pero también sabemos que ni él ni nadie en el nuevo régimen piensan en largos plazos.

López Obrador, cuyo pensamiento es de alcance corto, no cuestionó a los testigos protegidos que declararon contra García Luna, condenado con declaraciones de criminales del Cártel de Sinaloa a los que detuvo, que no aportaron ninguna prueba de sus dichos, que se contradijeron en el juicio y cometieron perjurio. Al contrario, en septiembre pasado, tras la condena del jurado en Brooklyn contra García Luna por haber aceptado sobornos del Cártel de Sinaloa, López Obrador declaró que se había demostrado su culpabilidad.

Su obsesión contra García Luna, a quien le pidió que imputara como criminal al expresidente Felipe Calderón, no daba espacio a ningún análisis prospectivo. Sin ninguna prueba, sentenciaron en Brooklyn a García Luna y quedó como verdad jurídica que estaba vinculado al Cártel de Sinaloa. En Miami quedó como verdad jurídica que las empresas de los Weinberg eran del exsecretario. La acusación contra Vector no podría haberse dado de no haber existido el juicio en Miami. El gobierno de López Obrador les permitió, de esa manera, federalizar el caso y convertirlo en un asunto de narcopolítica. Qué paradoja, sobre todo si esta línea concluye hoy en el expresidente.

Ni López Obrador ni Nieto imaginaron lo que iban a detonar; ni el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ni el actual jefe de la UIF, Pablo Gómez, previeron las vueltas que iba a dar la venganza del expresidente contra García Luna. El gobierno de López Obrador, sin preverlo, le dio la coartada al Tesoro para ir contra el gobierno de López Obrador y su sucesora, al colocarles una Magnum 357 en la cabeza, lista para disparar en el momento que quiera Trump. Aquel manoseo de percepciones las hicieron realidad, en su contra. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 32)

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Historias de reportero / 2 x 1

Desde mediados de febrero de este año, en las reuniones tempraneras del gabinete de Seguridad de la presidenta Sheinbaum empezó a permear la percepción de que una de las dos facciones del cártel de Sinaloa estaba prevaleciendo sobre la otra: la Mayiza le estaba ganando a la Chapiza. Así me lo revelan fuentes con acceso.

En ese momento estaba por llegar al medio año la guerra intestina desatada por la extracción de uno de los fundadores del grupo criminal, Ismael “El Mayo” Zambada. En las reuniones de Palacio Nacional, desde tiempos del presidente López Obrador cuando estalló este conflicto en el cártel más famoso de México, el pronóstico inicial había sido otro: dado que el golpe lo habían dado inesperadamente los hijos del Chapo Guzmán contra su padrino El Mayo, el factor sorpresa operaba en su favor, pues habían agarrado descolocados a los herederos de Zambada.

Hoy, cuando la guerra ya casi se acerca al año, en el equipo de seguridad de la presidenta de México no hay duda de que La Mayiza le está ganando a La Chapiza, que los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada tienen contra las cuerdas a los de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los datos duros apuntan en la misma dirección. El diáfano encabezado de EL UNIVERSAL este domingo lo sintetiza: “Caen dos Chapos por cada Mayo”. Al revisar las cifras oficiales sobre personajes de alto perfil identificados oficialmente como integrantes alguna de las facciones, entre octubre del año pasado y este 26 de junio, el gobierno reporta haber detenido a 39 mandos de La Chapiza y a 17 de La Mayiza.

¿Esto significa que el gobierno prefiere entenderse con una de las dos facciones? Me parece que en este momento no hay elementos de prueba que permitan afirmar contundentemente algo así, aunque la percepción puede ser apuntalada por la sistemática victimización pública que han hecho en sus mañaneras López Obrador y Sheinbaum del Mayo Zambada por la forma en que fue entregado a Estados Unidos por sus rivales. Y claro, Estados Unidos tendría voz y voto en una decisión así.

Por lo pronto, junio fue el mes más violento desde que inició la guerra interna del cártel de Sinaloa. Pésima señal. El gobierno ha presumido una metralla de números que apuntarían en la dirección correcta —abatidos, detenidos, cargamentos y narcolaboratorios incautados—, pero el propio gobierno federal se puso una meta muy concreta frente al desafío de Culiacán: que la gente pueda volver a hacer su vida cotidiana.

Martha Reyes, la emblemática dirigente de Coparmex en Sinaloa, dice que la vida cotidiana ha mejorado un 20%, pero lo atribuye a que la gente se ha acostumbrado a la violencia, no a que hayan mejorado las condiciones. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. A8)

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Sinaloa: el doble dilema

Jorge G. Castañeda

Hace un mes y medio, durante una cena en el Club de Industriales con un alto ejecutivo de una enorme empresa departamental, uno de los comensales compartió parte de una conversación sostenida con un militar en retiro. Según este, para poner un término a la violencia —en realidad a una especie de guerra civil— en Sinaloa desatada por la operación contra el Mayo Zambada, se requerirían 10 mil efectivos militares a lo largo de un buen tiempo. Solo así se restablecería el orden.

Ayer un diario de circulación nacional informó de la presencia de 10 mil tropas en el estado —Ejército, Guardia Nacional, etc.— y publica algunas imágenes de los 20 muertos aparecidos en una carretera de entrada a Culiacán, incluyendo a cuatro decapitados, cinco cabezas (sic), y varios colgados de un puente. Una manta reproducía un mensaje contra Iván Archibaldo Guzmán, el Chapito mayor.

Por su parte, The New York Times informa este lunes que justamente los chapitos, diezmados por la guerra intestina del Cártel de Sinaloa, habrían fraguado una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, bajo el predominio de este último. El Times, como ya es costumbre desde la visita de C. S. Sulzberger en junio de 2024, atribuye parte de la responsabilidad del debilitamiento a la acción del gobierno. Ciertamente, el diario neoyorquino admite que la ofensiva de García Harfuch en Sinaloa es solo en Sinaloa, y que el resto del país padece aún el status quo ante: abrazos, no balazos.

El problema yace en un doble dilema. Es obvio que el envío de 10 mil soldados a Sinaloa no ha erradicado la violencia ni puesto fin a la guerra. Llevan, según registros de prensa, 1,200 muertos y 1,500 desaparecidos. Los veinte del lunes son un síntoma de la persistencia, no una estadística. López Obrador tuvo razón cuando responsabilizó de la hecatombe a los autores de la captura de Zambada: allí se origina. La pregunta es por qué sucedió: si fue Washington, no avisaron ni preguntaron; si fueron los chapitos, por qué no supo el CNI; si se podía deducir que estallaría una sangría terrible, por qué no enviaron tropas desde un primer momento. Preguntas dirigidas a quien mandaba: López Obrador.

Pero el segundo dilema ya es de Sheinbaum y de Harfuch. La guerra se desata en septiembre; ellos llegan el 1 de octubre; los 10 mil efectivos se alcanzan en junio. Ahora resulta que en el primer desafío de seguridad del sexenio, mueren más que nunca; el estado se encuentra paralizado; se orilla a una facción del narco a aliarse con otro cártel; la combinación puede resultar fatal para ambos cárteles, para el Estado mexicano, para ambos, o para la sociedad. Es innegable la habilidad del gobierno de presentar su táctica de respuesta en Sinaloa como una estrategia nueva a escala nacional. Resta a saber si es cierto el cuento.

Sin hablar de Estados Unidos. Sigo sin convencerme que Washington se encuentre tan exasperado como dicen con lo que considera los magros esfuerzos mexicanos contra el crimen organizado. Las acciones en torno a las instituciones financieras pueden ser un manotazo desesperado en la mesa, o simple inercia de burocracias que desean quedar bien con la superioridad. No dudo de la magnitud de la presión norteamericana en torno a una mayor presencia en México; lo contrario sería inverosímil en las condiciones actuales. Pero sí es mucho pedirles que no vean las fotos de Culiacán; que no saquen las mismas cuentas; que no descrean las mismas explicaciones; y que no extraigan las mismas conclusiones. Llevamos 19 años de esta historia. En Sinaloa la conocen mejor que nadie. El gobernador dio un discurso hace unos días en México; asistió el nuevo embajador de Estados Unidos. Su aplauso no ensordeció a nadie.

Excanciller de México

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Serpientes y Escaleras / ¿Y dónde está Romo?

El exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República en el gobierno de López Obrador, Alfonso Romo, no ha salido a responder —como dueño que es de la Casa de Bolsa Vector— a las acusaciones de lavado de dinero para cuatro cárteles de la droga mexicanos que le hizo el FinCEN del Departamento del Tesoro estadounidense la semana pasada.

Hasta ahora, además de comunicados en los que niegan los señalamientos y dicen operar estrictamente bajo la legalidad, y de alguna entrevista que dio en medios el director de la Casa de Bolsa Vector, Edgar Cantú Delgado, en la que dijo que “Alfonso Romo no participa dentro de Vector, porque no es presidente ni consejero de la empresa”, el empresario fundador y socio mayoritario de esa institución financiera, ha guardado silencio sobre el informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Aunque Cantú Delgado afirma que ha estado en contacto permanente con Romo, a quien ha estado “informándole de cómo va toda esta situación”, los reflectores mediáticos, que de inmediato se dirigieron a él desde el jueves pasado, cuando se conoció del informe del FinCEN, no han logrado hasta ahora ubicar o tener alguna información del paradero actual del dueño de Vector, quien radica normalmente en Monterrey, donde también es dueño del Club Ecuestre “La Silla”, donde practica el deporte de Salto a Caballo que lo llevó a representar a México en las Olimpiadas de 1996 y del año 2000.

Nacido en la Ciudad de México en 1950, Romo emigró a Nuevo León para estudiar Ingeniería Agrónoma en el Tecnológico de Monterrey, y comenzó a hacer negocios en los años 80 en la ciudad regia con la venta de cabrito y después con una fábrica de pasteles. En esa época conoció y se casó con Maca Garza, hija de Alejandro Garza Lagüera y nieta de Eugenio Garza Sada, lo que lo llevó a codearse con las grandes familias regiomontanas.

La historia empresarial de Alfonso Romo comenzó en 1985 cuando, con un préstamo de su suegro Garza Lagüera, compró la Cigarrera La Moderna y para 1987 adquirió la Sociedad Bursátil Mexicana (Soburmex) que después transformó en la Casa de Bolsa Vector. Su cercanía con Pedro Aspe, a quien conoció dentro del Opus Dei, lo ayudó a figurar en los círculos empresariales favorecidos durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando fundó Pulsar Internacional, una compañía matriz que comenzó con sus negocios de seguros y corretaje, pero después se extendió a la biotecnología y producción de semillas. Fue en el salinismo cuando Romo comenzó a figurar en las listas de Forbes entre los hombres más ricos de México.

Como muchos empresarios mexicanos, Romo aprendió el arte de seducir al poder para aumentar su fortuna. Después de su crecimiento y cercanía con los gobiernos del PRI, se volvió un entusiasta promotor de la campaña de Vicente Fox, a quien apoyó para ganar la Presidencia y luego, ya en el gobierno, promovió el Plan Puebla Panamá. Cuando Felipe Calderón fue electo candidato del PAN, también lo apoyó en su campaña y durante el segundo gobierno panista los negocios y empresas de Pulsar siguieron creciendo de manera notable.

En esos años, el propio Alfonso Romo ha revelado que participó en las campañas de ataque y desprestigio contra Andrés Manuel López Obrador, con aquellas campañas del “peligro para México”, e incluso, parafraseando al tabasqueño, en una entrevista con la periodista Adela Micha, llegó a reconocer que él fue parte de la “mafia del poder”. “Yo soy de la mafia del poder converso. Es muy interesante el concepto ¿no?”, decía en aquella plática con Micha.

Y es que para 2012 su percepción de López Obrador cambió. Lo conoció en una comida en el año 2011 y tras conversar con él, decía que le cayó bien, a pesar de sus diferencias ideológicas. La amistad entre el empresario y el político continuó y se volvió tan cercana que para 2018, Romo apareció como el coordinador del Proyecto de Nación en la tercera candidatura presidencial de Andrés Manuel, en la cual se convirtió en su operador financiero y enlace con los empresarios más importantes de México a los que acercó al tabasqueño y los convenció de apoyarlo.

Fue entonces cuando el empresario se volvió funcionario público y era tal la confianza que le tenía el ya electo presidente, que lo nombró Jefe de la Oficina de la Presidencia, un cargo que desde su creación, en el sexenio de Carlos Salinas, fue ocupado por personajes que tenían toda la confianza y cercanía con los presidentes, además de ser operadores políticos, consejeros y confidentes de los mandatarios.

Pero ocurrió que ya en el gobierno, López Obrador dejó de ser el político moderado que Romo había vendido a los empresarios y empezó a tornarse en un gobernante caprichoso, autoritario y demagógico que lo mismo canceló el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que comenzó a realizar proyectos inviables, sin ningún tipo de factibilidad técnica, financiera o ambiental. Aunque se mantenía como enlace con los empresarios, al jefe de la oficina presidencial cada vez le fue más difícil contener los dislates y excesos de su amigo el presidente que ya no lo escuchaba y empezó a perder fuerza dentro del gobierno y a ser visto como un conducto inservible para los grandes empresarios.

En 2023, después de haberse convertido en uno más de los “floreros” que abundaron en el gabinete de López Obrador, Alfonso Romo le presentó su renuncia y decidió regresar a la administración de sus negocios, manteniéndose lejos de los reflectores mediáticos que lo persiguieron durante su fugaz y fallida incursión en la política.

Y ahí estaba, en la comodidad de su fortuna que hoy está ubicada como la número 65 de los hombres más ricos de México, calculada en 1.2 mil millones de dólares, cuando le estalló el escándalo de lavado de dinero del que lo señalaron las autoridades financieras de Estados Unidos. Hoy Romo está en el hermetismo, mientras su casa de bolsa está siendo intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda para garantizar la seguridad de los ahorradores tras ser declarada como una institución que lava dinero del Cártel de Sinaloa, y de realizar transacciones con empresas de origen chino para favorecer de precursores que se utilizan en la elaboración del Fentanilo.

No hay información sobre su paradero y si se encuentra en México o en algún otro país, pero hasta ahora su presencia no ha sido requerida por las autoridades financieras que ya tomaron el control de Vector en espera de las sanciones que desconectarán a esa empresa del sistema financiero internacional. ¿Será que Romo en algún momento dará la cara y alguna explicación sobre las acusaciones que le hace el Tesoro estadounidense a una de sus empresas más antiguas?

NOTAS INDISCRETAS… Y es que la no aparición de Romo recuerda el antecedente conocido sobre el empresario mexicano Carlos Cabal Peniche, a quien en 1992, cuando se había convertido en flamante banquero gracias a la privatización salinista, con la adquisición y fusión de los bancos Cremi-Unión, le llegaron también acusaciones de lavado de dinero a favor del terrorismo desde el Departamento del Tesoro.

En aquel año, como parte de sus negocios, Cabal se había asociado con empresarios de Arabia Saudita a los que conoció por la exportación de bananas, y que luego crearon el banco CCCY, que operaba en Estados Unidos y que le ofreció entrar también a México en alianza con su banco Cremi-Unión. En esas estaba Cabal Peniche, cuando el entonces secretario del Tesoro del presidente Bill Clinton, Lloyd Bentsen, llamó a Los Pinos para pedir ser recibido por el presidente Carlos Salinas de Gortari, y viajó expresamente a la Ciudad de México para ese fin.

En ausencia del presidente, fue Pedro Aspe quien recibió personalmente a Loyd Bentsen y ahí esté le expresó que los socios árabes de Cabal Peniche acababan de ser reportados como financiadores del terrorismo por el gobierno estadounidense, pues se habían detectado vínculos y transferencias desde el CCCY a los gobiernos terroristas de Yaser Arafat, en Palestina, y de Muammar Gadaffi en Libia. A partir de ese momento no se volvió a ver ni a saber de Carlos Cabal Peniche que, abandonándolo todo se fugó del país, después se sabría que se trasladó a Australia, advertido por el gobierno salinista de las acusaciones del Departamento del Tesoro…

En medio de tantas noticias violentas por la situación que vive Sinaloa desde hace nueve meses, ayer en la Ciudad de México se dio una buena noticia para el atribulado y productivo estado del Pacífico mexicano. La construcción del proyecto “Pacífico Mexinol”, que pretende ser la planta de producción de metanol verde más grande del mundo, fue anunciada ayer en un evento al que asistieron los directivos de empresas como Samsung, Techint y Grupo Maire, quienes participarán en dicho proyecto que se construirá en el puerto de Topolobambo, municipio de Ahome, y que cuenta además con el apoyo y financiamiento del gobierno de Estados Unidos y del Banco Mundial.

Junto al gobernador Rubén Rocha Moya asistió también a esta presentación el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien avaló el proyecto con el que se pretende producir el metanol verde, que se produce sin emitir contaminantes a partir del hidrógeno verde y que está considerado un combustible clave para la transición energética en el mundo hacia las energías renovables y limpias. “Sinaloa está listo para convertirse en un actor relevante en la nueva industria verde global.

Esta alianza que hoy se consolida entre Estados Unidos, Italia, Corea del Sur y México —con epicentro en Sinaloa— es una señal clara de que cuando se trabaja con visión, responsabilidad y cooperación, las alianzas estratégicas siempre dan como resultado prosperidad y desarrollo”, dijo en el acto el gobernador Rocha Moya. Pues bueno, ya tienen una megaplanta de producción de metanol que empezará a construirse en Sinaloa, ahora solo falta que pacifiquen el estado y acaben con la cruenta guerra de los Chapitos y los Mayitos que está próxima a cumplir 9 meses y que le ha robado a los sinaloenses la tranquilidad, la paz, sin contar los más de 1,200 asesinatos, desapariciones y las millonarias pérdidas económicas. Ojalá y eso también lo resuelvan pronto… Dados girando. Repitió la Escalera. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. A9)

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Historias de reportero / El “detallito”

Los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum nos han contado con lujo de detalles el caso contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón, sentenciado en Estados Unidos a casi 40 años de cárcel por vínculos con el narco.

En distintas comparecencias en la conferencia mañanera, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, ha sido generoso en relatarnos hasta el mínimo detalle del caso.

Nos ha hablado de entre 600 y 745 millones de dólares. De 30 contratos simulados. Con la Policía Federal, con el Cisen, con Gobernación. Nos ha explicado que trianguló el dinero a través de empresas fachada en Panamá, Israel, Estados Unidos y hasta Barbados. Nos ha regalado el árbol genealógico de la familia Weinberg, a los que ubica como sus principales prestanombres: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg. Sabemos de su esposa Linda Cristina Preyera. De sus hermanas Esperanza García Luna y Gloria García Luna. De su sobrino Édgar Anuar Rodríguez García. De sus colaboradores Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, Facundo Rosas, José Francisco Niembro, Rodrigo Esparza, José Roberto Cardoso, Rafael Avilez, Humberto Martínez. Nos explicó que litigó en Estados Unidos para que García Luna le pague 748 millones de dólares y Linda Cristina Pereyra 1,740 millones de dólares.

Dijo que ya recuperaron 19 propiedades en Florida, principalmente en Miami: una mansión de arquitectura árabe junto a un lago, cuatro departamentos en un edificio de 28 pisos, otros dos departamentos frente al mar. Y luego están las cuentas bancarias: ¡595 cuentas bloqueadas! Que tiene ¡61 órdenes de aprehensión! Que ha bloqueado cuentas y bienes de 44 empresas y 8 personas involucradas. Nos ha dicho nombres: Nunvav, Gull Holding, Glac Security Consulting, Nice Systems, Awoffice, Delta Integrator, Brill, Peninsula Cas II, Restaurant & Beverage Operator Los Cedros, Sylsa Aircorp, Right Way Investments, Natan Wancier Taub, Martha Virginia Nieto Guerrero. ¿Por qué tanto detalle? Porque para el régimen, el caso García Luna ha sido una muy útil arma de ataque contra críticos y opositores.

Pero entre tantos datos que el gobierno ha revelado sobre el caso García Luna se le olvidó un “detallito”.

No nos contó nada de Alfonso Romo. No informó que 47 millones de dólares de García Luna fueron manejados por Vector, la casa de bolsa del jefe de Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Nos tuvimos que enterar por Estados Unidos, por una investigación del Departamento del Tesoro. La UIF mexicana lo sabía desde hace un año y lo escondió. Su titular, Pablo Gómez —el combativo dirigente estudiantil que se convirtió en un burócrata de medio pelo dedicado a perseguir críticos y opositores al régimen—, tuvo los datos en su investigación. Es más. Dos semanas antes de que Estados Unidos lo revelara, avisó a México. Y el gobierno no dijo nada.

Si estuviéramos frente a una investigación llevada con sigilo, no extrañaría. Pero si el único detalle del caso que no ha sido revelado por el régimen es el que involucra al más alto nivel a uno de sus más poderosos y relevantes exfuncionarios, eso se llama encubrimiento. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. A5)

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Serpientes y Escaleras / ¿Dónde estaba la Comisión Bancaria mientras lavaban?

Otra víctima de la mal llamada “austeridad republicana” en el sexenio del expresidente López Obrador fue sin duda la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Desde la modificación legal de 2019, que le impuso vetos laborales de 10 años y disminución de sueldos a sus funcionarios, el organismo encargado de vigilar y supervisar al sistema bancario mexicano y prevenir y detectar los casos de lavado de dinero, entró en crisis y disminuyó su eficiencia y capacidad de supervisar a las instituciones bancarias del país.

Tras la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana, para el 2020 la CNByV había perdido a buena parte de su personal calificado y certificado, parte porque casi el 20% de directivos y colaboradores renunciaron por no aceptar los cambios legales, y encima de eso en el presupuesto federal de aquel año le recortaron 101 plazas de rango medio y alto como directores y subdirectores de área, lo que debilitó todavía más al organismo rector de la actividad bancaria y bursátil, que bajo las administraciones de la 4T pasó de ser un organismo garante de la confiabilidad y legalidad del sistema de bancos, a un riesgo grave en la actual coyuntura económica, donde se observan escenarios cada vez más adversos para la economía mexicana.

Porque justo cuando estalla el escándalo de los dos bancos, CI Bank e Intercam, junto con la Casa de Bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo, tras ser señalados como sospechosos de lavar dinero para los principales cárteles de la droga mexicanos por parte del FinCen, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se exhibe la fragilidad y la ineficacia de la CNByV, que a pesar de los constantes rumores que circularon entre los bancos e incluso en la última convención bancaria del pasado 8 de mayo, no pudo o no quiso detectar a tiempo las transferencias y depósitos observados por la administración de Donald Trump.

El tema no se limita a criticar o cuestionar el desempeño de la CNByV y de su actual presidente Jesús de la Fuente, quien en los cuatro años que lleva al frente del organismo ha entregado los peores resultados, sino que va más allá y pone en riesgo a todo el sistema financiero, en momentos en que México y su gobierno enfrentan las presiones políticas, económicas y financieras de la Casa Blanca. No fue casualidad que el mismo día que el FinCen emitió su reporte señalando de lavadores a tres instituciones bancarias mexicanas, desde el Congreso de Estados Unidos la Fiscal General de ese país, Pam Bondi, declarara que México ya está en la lista de los países “enemigos” de los Estados Unidos por ser una amenaza para sus ciudadanos.

Al mismo tiempo, Pemex se ha convertido en otra amenaza latente para las finanzas públicas del país, al pasar de ser el mayor contribuyente fiscal del erario, a convertirse en su principal carga fiscal, comprometiendo cerca de 2 billones de pesos anuales del Presupuesto Federal, solo para pagar los intereses de la deuda contraída para subsidiar a la empresa petrolera.

En esos escenarios, la permanencia del abogado Jesús de la Fuente ya está teniendo altísimos costos para los mexicanos, porque la CNByV debió haber evitado el cierre de siete SOFIPOs en los últimos tres años, dejando sin ahorros a millones de mexicanos de clase popular. ⁠El desfalco de Alkimia por más de 1,500 millones de pesos, empresa a la que se permitió operar como IFPE pese a haberle negado la autorización; y a todo eso se suman ahora los tres bancos mexicanos incluidos recientemente en la lista negra del FINCEN.

Porque los problemas de la Comisión Bancaria no son sólo hacia afuera, en su labor reguladora y supervisora, también hacia adentro de la institución se presume una red de corrupción y encubrimiento, que ha permitido que a pesar de existir diversas acusaciones por corrupción, sobornos e incluso acoso sexual contra varios de sus funcionarios y directivos, ni el Órgano Interno de Control ni el Comité de Ética —a cargo de Hugo Huesca y José Ramón Canales, respectivamente— cumplen sus responsabilidades.

El amiguismo y la protección, que aplica aquello “del 90% de lealtad” y 10% de capacidad, explican el nombramiento y permanencia del doctor De la Fuente que además protege al Director General de Supervisión SOFIPO, Armando Martínez Ramírez, quien ha enfrentado denuncias públicas por corrupción que el Órgano Interno de Control no ha investigado. Martínez también ha sido acusado de acoso y de tener “novias” en la nómina de la CNBV, sin que el Comité de Ética actúe. Dos vicepresidentes (Jorge Pellicer y Esther Ramírez) fueron removidos por corrupción flagrante en casos donde Martínez era el principal implicado, y tampoco hubo consecuencias.

Entre los errores y descuidos que se atribuyen al actual director de la Comisión Bancaria está el haber tardado demasiado en intervenir CAME, permitiendo que sus directivos desviaran más de 2,000 millones de pesos de ahorradores mediante pagos anticipados a proveedores. Todo esto ocurrió bajo la supervisión de Armando Martínez, quien autorizó estos pagos conociendo la crisis y con los ahorradores ya sin acceso a su dinero. Tampoco han actuado oportunamente con Kubo SFP, que presenta faltantes de capital cercanos a 400 millones de pesos y una cartera muy deteriorada. ¿Esperarán a que el problema alcance también miles de millones?

Y si la ineficacia y el descontrol continúan, ya se escucha entre los banqueros del país que hay al menos tres sociedades financieras más del país que están en la fila de posibles desfalcos ante la permisividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Qué esperan el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y la presidenta Sheinbaum para cambiar a Jesús de la Fuente y poner a un nuevo director que enderece el barco y evite que la falta de supervisión y regulación adecuada en el sistema financiero desencadene una crisis mayor en la economía del país que hoy se ve prendida de alfileres?

NOTAS INDISCRETAS…

Si ya las negociaciones y dichos de Ismael “El Mayo Zambada” con el gobierno de Estados Unidos había puesto nerviosos y alterados a los políticos mexicanos que establecieron vínculos con el capo sinaloense, ahora lo que estará diciendo Ovidio Guzmán “El Ratón” al Departamento de Justicia, en su papel ya oficial de “testigo protegido”, debe de ser tan fuerte y escandaloso, sobre sus amigos y apoyos políticos dentro de los gobiernos mexicanos, que al hijo del Chapo le han dado un trato visiblemente obsequioso las autoridades estadounidenses.

Primero le llevaron a toda su familia y la recibieron en la frontera con México sin siquiera avisarle al gobierno de la doctora Sheinbaum; y ahora, la Corte Federal de Nueva York anunció la cancelación del juicio que tenía pendiente el joven capo mexicano, quien firmó una declaración de “culpable” de los delitos que le imputaba la corte neoyorquina, para pedir que todo su proceso se lleve en el Distrito de Illinois, donde está detenido. Es decir, que a Ovidio le están dando todo lo que pide a cambio de la información que ya empezó o empezará a entregar a los Estados Unidos.

Parece que el joven “Ratón” tiene habilidad para doblegar gobiernos, porque primero lo hizo con el del presidente López Obrador, a quien dobló aquel 17 de octubre de 2019 durante el “Culiacanazo”, donde el ahora expresidente reconoció ocho meses después que él dio la orden personalmente de liberar a Ovidio, cuando ya había sido detenido por una célula de élite del Ejército, lo que le valió al hijo del Chapo para seguir operando libremente el tráfico de fentanilo y otras drogas hasta el año de 2023, cuando fue detenido en Culiacán y extraditado a los Estados Unidos, es decir que López Obrador le regaló tres años más de impunidad. Y ahora, que la justicia estadounidense lo tiene en su poder, Ovidio volverá a ser protegido a cambio de que informe sobre sus operaciones y relaciones de narcopolítica que le permitieron operar impunemente durante cinco de los 6 años del sexenio obradorista. No cabe duda que el Chapito es un tipo con suerte…Se baten los dados. Capicúa y repetimos tiro. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. A6)

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Sí es una ley espía

Con una teatralidad en aumento, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió ayer, con tono burlón, al titular del diario Reforma, que decía: “Advierte oposición creación de un Estado espía”, citando a legisladores del PAN y del PRI. “Reforma miente”, subrayó la presidenta, adjudicándole una afirmación que no era del periódico, incurriendo en una falsedad. Una de dos: o pretendió engañar a los mexicanos, o fue timada por sus principales asesores en medios. En todo caso, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a la que se referían los diputados, es el nuevo catalizador de la polarización, entre quienes consideran que es una herramienta en beneficio de las audiencias, y quienes la ven como un instrumento de censura y represión.

Cuál será el derrotero que tome la nueva ley telecom, sólo el tiempo y su aplicación lo esclarecerán. Pero el arranque no es promisorio por los embustes salidos de Palacio Nacional. La oposición la calificó como una “ley espía” por las disposiciones para que el gobierno pueda acceder a todos los datos privados de las personas, incluidos algunos que están regulados como datos personales o sellados por las autoridades financieras, así como su ubicación en tiempo real. “Es falso, es mentira que las leyes tengan que ver con que el Estado va a espiar”, atajó Sheinbaum. “El gobierno no va a espiar como nos espiaron a nosotros”.

Su afirmación no pasa la prueba de ácido. Los gobiernos del PRI y del PAN, como se ha documentado, sí espiaron. Sin embargo, su uso político fue discrecional y excepcional. Muchas personas públicas, o que representaban algún interés para el Estado, fueron espiadas, y se supo no por ellas, sino porque, a través de las leyes de Transparencia –demolidas por el régimen actual–, se accedió a sus expedientes. En los gobiernos de Morena, la historia ha sido diferente.

El máximo abusador de los recursos del Estado fue el presidente emérito Andrés Manuel López Obrador, que difundió datos personales de periodistas, autorizó la entrega de información fiscal –que es confidencial– a medios afines para chantajear, reanudó el espionaje a periodistas y activistas mediante el software Pegasus, y avaló el espionaje físico a cuando menos dos periodistas que le resultaban incómodos.

Pero no fue sólo López Obrador. Su pupila Sheinbaum, como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, también recurrió a esas prácticas. En noviembre de 2023, el periódico The New York Times reveló que, en al menos 14 expedientes judiciales que revisó, encontró que la Fiscalía General de Justicia capitalina, a cargo de la hoy consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, le pidió a la mayor empresa de telecomunicaciones de México que le entregara registros telefónicos y mensajes de textos, además de los datos de geolocalización, de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos destacados.

Entre esos registros solicitados se encontraban los del actual líder del PAN, Jorge Romero; la senadora Lilly Téllez; el senador de Morena Higinio Martínez, y el entonces director de Aduanas, Horacio Duarte, actual secretario de Gobierno en el Estado de México. José Pepe Merino, uno de los arquitectos actuales de instrumentos de censura, fue señalado en privado por López Obrador de haber sido quien filtró documentos confidenciales sobre la Línea 12 del Metro para afectar a Marcelo Ebrard, el adversario de Sheinbaum para la candidatura presidencial, y de paso, al magnate Carlos Slim.

La Fiscalía de Colima, otro estado gobernado por Morena, añadió el diario, hizo lo mismo que Sheinbaum y Godoy en la Ciudad de México: solicitó los registros telefónicos del entonces senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada oficialista, y de otras 10 personas más. Previamente, pero por parte de la Secretaría de la Defensa, se espió a Alejandro Encinas, como subsecretario de Gobernación, quien llevaba la investigación del caso Ayotzinapa, donde involucró a militares.

Ninguna de esas acciones tuvo el respaldo de una orden judicial. Sheinbaum aseguró que en la nueva ley solamente podrá haber una intervención telefónica o una localización de GPS bajo orden judicial, salvo en casos de desapariciones o de un asunto extraordinario. “Una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por Constitución y por leyes”, agregó. “En ningún momento se está espiando a nadie”.

Sheinbaum mintió o fue inducida mediante engaños para hacerlo. La nueva ley telecom no incluye en ningún artículo la obligación previa de una orden judicial antes de intervenir o pedir la localización de una persona en tiempo real a través del GPS. Como subrayó un experto: “si quisieran que fuera con orden judicial, lo habrían puesto expresamente”.

Javier Tejado, en una columna en El Universal en noviembre de 2023, enfatizó que el apartado “Colaboración de la Justicia”, que habla de los supuestos para hacer intervenciones legales, permite que “prácticamente cualquier fiscalía puede pedir, sin orden judicial, los datos generales de cualquier teléfono móvil… y los operadores telefónicos deben entregarles nombre y domicilio del suscriptor, tipo de comunicaciones que realiza el usuario y con quién se comunica”. Nada cambió ahora.

Los dos principales voceros del gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, jefe de la maquinaria de propaganda del régimen y actual coordinador de asesores de la presidenta, y Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, han estado tratando de desviar el fondo de sus pretensiones vindicativas mediante actos chapuceros. Villamil y Ramírez Cuevas son los impulsores de la línea del gobierno para todas sus voces en los medios y defensores en las mesas de discusión, para que siembren la idea de que quienes hoy critican la nueva ley la aprobaron en 2014, en la ley de telecomunicaciones aprobada dentro del Pacto por México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero no es cierto. En 2017 el Congreso eliminó los incisos que permitían a las autoridades judiciales acceso a información de líneas del servicio móvil sin autorización judicial previa. Ahora los restablecieron, agregando a la intervención los mensajes instantáneos de todos los equipos y la geolocalización.

Desconocemos cómo funcionará la ley y cómo se aplicará. Pero la experiencia es un preámbulo ominoso que permite conjeturar que está diseñada para controlar periodistas y acabar con los noticiarios que les resulten incómodos. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 34)

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Historias de reportero / La parábola de Noroña: de rebelde a mirrey

Ayer fue la última sesión de Gerardo Fernández Noroña como presidente del Senado. Su paso por la máxima tribuna legislativa no dejó legado legislativo, pero sí regaló para la historia el símbolo perfecto de la degradación de la 4T: un hombre que se encumbró políticamente como la voz desafiante de la calle convertido en un ícono del abuso de poder y los lujos excesivos.

Gerardo Fernández Noroña no es el ignorante ramplón que muchos piensan: al lado de la vulgaridad fácil con la que se desempeña en política, hay un hombre leído, culto. Se inició en la lucha social hace treinta años defendiendo deudores de los bancos en medio de la peor crisis económica de la historia de México. En sus protestas, nunca escatimó espectacularidad y rudeza en las declaraciones. Se disfrazaba, se tiraba en la calle para interrumpir una caravana presidencial, se jaloneaba con granaderos una vez al mes. Cuando accedió al Congreso, gritaba hasta quedarse sin aliento desde su curul reclamando el autoritarismo de los gobernantes en turno. Los acusaba de todo: rateros, vendepatrias, espurios, narcos, asesinos. Sin más arma que un megáfono, encabezó bloqueos, tomas, irrupciones e interrupciones. Un opositor hecho y derecho. Un opositor con ingenio y con barrio. Pero en eso ganó Morena. Y todo cambió. Cambió el líder (AMLO), cambió el partido, cambió el movimiento, cambiaron los morenistas y cambió Noroña. De plebeyo a cortesano. De rebelde de la calle a mirrey de Palacio. Se volvió parte del sistema que por décadas denunció.

El momento icónico de su abuso de poder fue cuando obligó a un ciudadano a acudir frente a él —presidente del Senado— y humillarse ofreciéndole una disculpa pública, ante todos los medios de comunicación, por supuestamente haberlo “agredido” mientras descansaba en una sala VIP del aeropuerto de la Ciudad de México.

Una sala VIP. El lugar menos probable para encontrar a aquel Noroña que en 2006 decía que dormía en la calle para protestar contra el fraude electoral y marchaba como ejercicio diario. Así de lejos ha quedado aquel Noroña que usaba el Metro como trinchera política y los tianguis como foros populares. Ese Noroña murió, lentamente, entre boletos de avión en clase ejecutiva, viajes a Europa y sueños de una candidatura presidencial que nunca llegó.

La degradación de Noroña es la degradación del movimiento al que pertenece. Ahora tienen que vivir justificando a sus corruptos. Diario tienen que salir a decir que ellos no censuran, porque censuran. Que no espían, porque espían. Que no tienen narcopolíticos, porque sí los tienen. Ahora los mirreyes son de Morena. Los juniors son de ellos. Los familiares del presidente que hacen negocios son de su presidente. Los que vuelan en aviones privados son ellos. Los que viajan a Europa a todo lujo son ellos. Los que vuelan en “clase premier” son ellos.

Noroña ya no será presidente del Senado. Su presidencia será recordada por los desplantes, por el ego, por los discursos encendidos que no cambian nada, y por el contraste brutal con lo que alguna vez representó: el líder social que terminó defendiendo privilegios con la misma ferocidad con la que antes los denunciaba.

En un régimen que prometió cambiarlo todo, Noroña cambió… pero para quedarse igual que los de antes. Es una metáfora de su movimiento. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. AX)

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Vaya sorpresa, pero al final habrá ganado Trump!…

Cinco congresistas republicanos votaron ayer, junto a toda la bancada del partido demócrata, en contra de llevar el presupuesto a debate y votación en el pleno.

A  Trump le urge que el tema fiscal se apruebe a tiempo para firmarlo el Día de la Independencia,..

La mayoría republicana en la Cámara de Representantes  frente a los demócratas es de 220-212; o sea con tres votos de diferencia..

Sin embargo, el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson  logró convencer en la madrugada  a suficientes legisladores de su grupo para que el proyecto siga avanzando.

La Cámara de Representantes aprobó el voto procedimental, y comenzó el debate de fondo sobre el contenido del proyecto,   y luego se sometería a la votación definitiva; se está retrasando la votación desde las 2:52 horas de Ciudad de México.

«Pretendo tomarme todo el tiempo necesario para hablar en nombre del pueblo de EU, de su atención médica, de su Medicaid, de su asistencia nutricional, de los veteranos, de los campesinos, de los niños, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad y de las pequeñas empresas», dijo el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries; califica el proyecto como una vergüenza, al señalar que los recortes en el gasto de Medicaid harán que muchos estadunidenses pierdan la vida debido a que no pueden acceder a la cobertura de atención médica; ..

Antes del discurso de Jeffries hoy que se extendía ya 5 horas, la intervención en la historia del Cámara Baja ha sido el del antiguo líder republicano Kevin McCarthy de más de 8 horas y 32 minutos en el año 2021. (REFORMA).

A pesar de que aún falta la votación final, Trump confía en que el masivo plan fiscal y de gastos de Trump logrará su aprobación en las próximas horas,,  medios en Washington reportaban la inminente promulgación en una ceremonia en pleno viernes 4 de julio, Día de la Independencia de EU.

Trump contempla gastar 150 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza y operaciones de deportación. Pretende destinar 46 mil 500 millones para ampliar el muro en la frontera con México e infraestructura y tecnología para la vigilancia fronteriza, como caminos, iluminación, cámaras y sensores, entre otros. ..

Plantea asignar 45 mil millones para construir y operar centros de detención, transporte de personas deportadas y 5 mil millones para renovar instalaciones fronterizas. El proyecto permitiría detener a familias migrantes por tiempo indefinido.

Aun nos vota…, pero dicen que será inminente.

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Para nuestra presidenta no hay tal ley espía…

lo niega una y otra vez, insiste que su gobierno NO busque imponer un «Estado Espía» y aseguró que las intervenciones de la privacidad sólo serán autorizadas por órdenes judiciales.;  «Una intervención telefónica solamente la puede aprobar un Juez por Constitución y por leyes. En ningún momento se está espiando a nadie. Que quede claro eso, dijo..

No dijo la c. Presidenta pero esos jueces serán de casa,  producto del acordeón del 1 de junio…

Y no dudo que existan jueces que sean profesionales y hagan bien su trabajo, pero origen es destino; Veremos como van a trabajar, ojala me equivoque…

Coincido con el maestro José Antonio Caballero, cuando afirma que las recientes reformas aprobadas nos dejan ante un Estado vigilante y sin controles en sus nuevas atribuciones de inteligencia e investigación de delitos.

La Ley de Investigación e Inteligencia crea una nueva facultad para la SSPC:

Art. 12, Fracción III.

«Solicitar a instituciones de seguridad pública y a entes públicos y privados, se permita la interconexión a sus sistemas de inteligencia en seguridad, así como el envío de información en cualquier registro administrativo que contenga datos como los vehiculares y de placas, biométricos y telefónicos, registros de propiedad, catastros, registros fiscales, de servicios financieros y bancarios, entre otros, que puedan extraer indicios, datos e información para la generación de productos de inteligencia».

Creo que CSP no leyó lo que se aprobó, el quid es que estas medidas podrían aplicarse el día de mañana a los que hoy gobiernan…

Maximilien Robespierre, una figura clave de la Revolución Francesa, fue finalmente ejecutado con la guillotina, el mismo instrumento que él había utilizado para ejecutar a otros durante el periodo conocido como «El Terror». 

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De nuevo y por tercer día el tema Gatell en la mañanera…

Claudia Sheinbaum salió nuevamente en defensa de Hugo López-Gatell, reivindicó su desempeño y afirmó que hará un buen papel en la OMS; dijo que quienes critican su nombramiento reciente son los opositores de siempre.

Sheinbaum fue cuestionada sobre la postura de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia, que manifestó «profunda preocupación» por la designación de López-Gatell, debido a que calificaron el encargo como «inaudito» y fuera del «esquema formal de representación diplomática» de México en el exterior.

Señaló CSP que la organización que rechaza al nombramiento tiene una identificación «elegante», pero agrupa a opositores de la 4T como Julio Frenk, quien fue Secretario de Salud con Vicente Fox; sugirió que las críticas tienen un trasfondo político.

«Son los mismos de siempre que han estado diciendo eso, ¿no? Desde hace años, nada más que ahora tienen un nombre que suena muy elegante, pero es Julio Frenk y todos ellos que desde el principio estuvieron en contra del Gobierno, por otras razones, dijo..

«Y tuvieron sus diferencias en atención a la pandemia, yo reivindico a Hugo como un gran profesionista y que va a hacer un gran papel en la Organización Mundial de la Salud», sostuvo.

Por cierto, Sheinbaum precisó que López-Gatell no será representante directo del País ante la OMS sino que formará parte de otros funcionarios que se desempeñan como emisarios institucionales…

O sea, va a un cargo inexistente, de adjunto, le hará sombra Francisca Méndez, embajadora de la Misión de México ante Organismos Internacionales en Ginebra, incluido el organismo de salud pública.

Y entonces?, que diablos hará López Gatell, ademas de cobrar un generoso salario..

Leamos el comunicado de la SRE..+

Nota informativa No. 11

Secretaría de Relaciones Exteriores | 30 de junio de 2025

La SRE informa nueva designación en la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales en Ginebra, SuizaLa SRE informa nueva designación en la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Suiza

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informa que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Dr. Hugo López-Gatell Ramírez se integrará a la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales en esa ciudad.

El Dr. López-Gatell participará con la representación de México en los trabajos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como en otros programas especializados del sistema de Naciones Unidas en materia sanitaria que tienen su sede en Ginebra.

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Templo Mayor/  REFORMA

AUNQUE NUBLADO, que sea un buen jueves el de hoy, en el que se celebra al mismísimo apóstol Santo Tomás, por quien se acuñó la frase de «hasta no ver, no creer».

Y VAYA QUE son tiempos para poner en duda tooodo, pues la burra no era arisca, sino que los palos de la Ley Espía la hicieron. Resulta que el gobierno de la República ha insistido en que las reformas en materia de seguridad, inteligencia y telecomunicaciones no van enfocadas a la creación de un Estado policiaco e hipervigilante.

EL ARGUMENTO central es que la ciudadanía no tiene nada que temer ante cualquier acción de las autoridades destinada a la intervención de comunicaciones. Uno, porque en el caso de hacerlas será para la persecución de delitos; y, dos porque eso dependerá de la autorización de un juez.

¿DE QUÉ JUECES habla el gobierno? Pues de esos mismos jueces que acaban de ser electos en un proceso cuestionado y manipulado por el propio régimen. Si la intervención de las comunicaciones personales depende de un juez afín a la 4T, ¿realmente hay una garantía para los derechos de las personas? ¿Y dónde habrá controles que eviten que espíen a un inocente?

VAYA EXHIBIDA le dieron a la funcionaria capitalina Ana Villagrán, a la que acusaron de darle a sus mascotas una vida de perros.

RESULTA QUE vive en un departamento con seis perros, los cuales prácticamente viven hacinados en el lugar. Debido a las malas condiciones en que los tiene, los canes se han convertido en una molestia para sus vecinos pero Villagrán ha desdeñado los reclamos y hasta amenaza con emprender acciones legales contra los residentes.

EL COLMO es que ella es la responsable de la Agencia de Atención Animal de la administración de Clara Brugada, y ya anda circulando un video en el que se le ve someter a uno de sus perros de manera bastante violenta. Ella se dice animalista, pero… ¡a otro perro con ese hueso!

QUÉ FEA MANERA de acabar con el prestigio de una institución. Los magistrados del Tribunal Electoral federal, encabezados por Mónica Soto, ya ni siquiera disimulan su proclividad a favorecer todo lo que huela a Morena y dar palo a lo que no.

HACE APENAS unos días confirmaron «sentencias» contra ciudadanos comunes y corrientes, como a una tuitera por haberse atrevido a criticar en sus redes sociales a una diputada morenista. «Violencia política de género», clamaron.

A PESAR DE ESO, ahora votaron en sentido totalmente contrario. Revirtieron la decisión de la Sala Especializada que había otorgado medidas en favor de la consejera presidenta del instituto electoral de Jalisco, Paula Ramírez… precisamente por lo mismo.

ES DECIR, para los magistrados del Trife, si la crítica es contra morenistas, ¡sanción! Pero si el ataque es contra cualquier otra persona, ¡pase usted!

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