Censura y represión arma el oficialismo de la 4T contra sus críticos

A la andanada contra periodistas, ahora va contra iglesias, sindicatos, partidos políticos y colegios profesionistas, a los que con la sola sospecha podrán investigar la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda… y la Guardia Nacional

Chicanada a medias del oficialismo

Carlos Marín

Las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado que controla el oficialismo exhumaron ayer una iniciativa de ley contra el lavado de dinero para incluir a las iglesias, los sindicatos, los partidos políticos y los colegios profesionistas entre los “entes vulnerables” que con la sola sospecha puedan investigar la Unidad de Inteligencia Financiera, las Secretaría de Hacienda… y la Guardia Nacional.

El chicanazo delata un espíritu persecutorio, impositivo, invasivo, y faccioso, pero la oposición logró que se eliminara a los nuevos prospectos de “investigación” extrajudicial.

Pero en el dictamen quedaron la UIF, Hacienda y la GN como suplantadores del Ministerio Público federal.

De manera por demás absurda, convirtieron los UMAs (Unidad de Medida y Actualización) en salarios mínimos que hoy los infractores pueden pagar en efectivo (la UMA tiene un valor diario de 113 pesos 14 centavos; el salario mínimo es de 278.80 y de 419.88 en la zona libre de la frontera norte).

La reforma no estaba planteada ni siquiera como posibilidad en un eventual periodo extraordinario, pero los integrantes de las comisiones fueron citados la tarde del lunes para deshielar un dictamen que llevaba medio año en la congeladora.

En la ley actual ya están establecidos los “entes vulnerables (juegos de azar, metales, tarjetas de crédito, compra-venta de divisas, bonos, bitcoins, notarías, vehículos, créditos con o sin garantía, servicios de construcción, desarrollo, intermediación o comercialización de inmuebles…): todo lo que tenga que ver con la compra de valores que se puede utilizar para “lavar dinero”, y el proyecto pudiera inclusive afectar a los organismos no gubernamentales.

Tan grave fue la tentativa policiaco-recaudatoria, que le otorgan a la UIF, a la GN y a la SHCP facultades para intervenir cuentas por mera presunción y sin orden judicial.

Se trataba del uso sectario de Morena para, en lugar de combatir la delincuencia, poder meterle presión a sus detractores. Por ejemplo, perseguir a los colegios de ingenieros y grupos ecologistas que se opusieron al ecocidio provocado por el Tren Maya.

Si las iglesias no jalaran, ¿intervendrían las limosnas? ¿O qué con los sindicatos no afines al oficialismo?

Por lo que respecta a los bienes inmuebles, el propietario de una casa que valiera dos y medio millones de pesos podía pagar en efectivo, digamos, el equivalente a 600 mil pesos, pero en UMA (como viene el dictamen) pagará menos de la mitad.

Y de risa loca: los persecutores quieren ser vistos como “víctimas…”.

Para la senadora Carolina Viggiano, del PRI, Hacienda y la UIF se han convertido en una “comisaría estalinista”, y para su correligionario Manuel Añorve los cuatroteros podrían en 2027 congelar las cuentas de los partidos opositores.

“Sobre los partidos está claro: en 2027, a dos o tres meses de arrancar el proceso electoral, podrían por sospecha congelar cuentas a los que no son afines a Morena, e inclusive a sus aliados para presionarlos…”.

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La siguiente presa: la prensa

Estrictamente Personal / Raymundo Riva Palacio

Dos casos que afectan a la libertad de expresión han mostrado sus caras antagónicas: el síntoma de lo que viene, el ataque a la prensa, el último dique que tiene el régimen autoritario que se está terminando de construir en México, y la resistencia de los periodistas, pese a la asimetría con respecto a las fuerzas que enfrentan. Esta no es una lucha de poder, sino por las libertades. No es una batalla que sume a ciudadanos, porque no les interesa, aunque serán ellos los más afectados al vivir en una sociedad opaca y sin rendición de cuentas. Los términos de esta inevitable confrontación se plantearon en Campeche y Puebla.

La gobernadora Layda Sansores, ampliamente reconocida por carecer de límites, acusó a Jorge Luis González, exdirector del diario Tribuna, de haberla calumniado y utilizado un discurso de odio y violencia en su contra. Una jueza de control, Guadalupe Martínez Taboada, ignoró el alegato del periodista de que los contenidos de los que ella se quejaba ni eran suyos ni los había publicado en ese medio, al que dejó de pertenecer en 2017. No le importó: le ordenó dejar de ejercer su profesión durante dos años y no publicar nada, ni en redes sociales. A la Organización Editorial del Sureste, que edita Tribuna, le ordenó desaparecer su sitio web, sin sentencia firme ni escuchar sus alegatos de defensa.

En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta coronó su primer semestre en el poder de agresiones a periodistas y a medios de comunicación; los ha insultado y amenazado, al publicar una ley que, como diputado, presentó su actual coordinador de asesores, sobre ciberseguridad, que tipifica el “ciberasedio” y permite que cualquier persona pueda solicitar la eliminación de contenidos digitales, al decir que la insultaron, injuriaron, ofendieron o agraviaron con la “insistencia necesaria” para causarle un daño en su integridad física o emocional, sin necesidad de una orden judicial.

La Red de Periodistas de Puebla, que se ha organizado para enfrentar los ataques de Armenta, denunció inmediatamente lo que se ha llamado la Ley Censura, que entró en vigor el domingo. Reclamo al cual se sumaron Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa por considerar que es un riesgo para la libertad de expresión al allanar el camino para que, quien lo desee, pueda silenciar denuncias periodísticas y críticas a su gestión. Esta nueva ley, recordó Artículo 19, forma parte de un acoso judicial al alza, utilizando la normativa para iniciar procesos penales contra periodistas.

En los últimos cinco años, más periodistas han dirimido querellas presentadas por políticos y funcionarios de Morena que –hasta donde alcanza la memoria– el total de periodistas en el pasado, donde ciertamente hubo tensiones, hostilidad y presiones para despidos, pero fueron individualizados, selectivos, incluso; no masivos contra todo un gremio y contra personas que, como común denominador, tienen su crítica al gobierno. Como lo animaba Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, y gradualmente lo está comenzando a hacer la presidenta Claudia Sheinbaum, la intimidación mediante los instrumentos del poder, buscaban la previa censura y el silencio. Con ello, el fin de la rendición de cuentas y el contrapeso, que, de consumarse la estrategia, los más perjudicados serán aquellos que hoy ven el ominoso fenómeno con indiferencia y absoluto desinterés.

Estamos caminando sobre una línea muy delgada entre el acoso y la crítica política, porque, ante leyes tan ambiguas y de tan amplia interpretación y aplicación, periodistas y medios quedan sujetos a la subjetividad acomodada a los intereses para acallarlos. Ya han empleado esos recursos para saturar a periodistas con denuncias de género, utilizándolo como pretexto para que, aun como servidoras públicas, una crítica sea considerada un ataque a su género. Pocos casos han fructificado, más por malas defensas que por razones fundadas, pero, con el nuevo Poder Judicial en manos del régimen, esas defensas legales muy probablemente van a cambiar.

El caso de González en Campeche se inscribe en la persecución con la que diversos personeros del régimen han buscado acallar a sus críticos. En el de Puebla, sin minimizar la existencia de acoso digital violento, la legislación y el potencial uso faccioso, que parece estar en el ADN del gobernador, apunta a la criminalización de quien ejerza su derecho constitucional a expresarse y disentir. Siguen vivos los intentos de censura en Tamaulipas contra el periodista Héctor de Mauleón y El Universal, así como la estalinista Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión claudista.

La censura ya no necesita de golpes ni desapariciones. Basta con un código penal y un juez dócil. Silenciar las voces críticas mediante leyes ambiguas y fiscalías serviles, que cada vez son más frecuentes, es una estrategia de control. La ley es bastante expedita para juzgar a quienes critican al corrupto o a quien abusa de su poder. Este régimen está construyendo leyes en un país donde la impunidad es norma –lo cual se incrementará en los próximos meses con la captura del Poder Judicial–, y como lo demostró sistemáticamente López Obrador y cada vez más fluye con mayor regularidad en su sucesora, caminan para que sean utilizadas de manera instrumentalizada para proteger a los suyos.

En Campeche, la gobernadora no ha dicho nada. Los medios acosados y varios de los que murieron durante su administración no han tenido fuerza ni respaldo nacional. En Puebla sucedió lo contrario, pero la respuesta es la burla. El gobernador pidió al Congreso que revisara la Ley Censura, pero en forma extemporánea: él ordenó su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recomendó que se revisara, lo que es otra tomadura de pelo. Al ser ella la responsable de la política interna del país, su atención e interés debieron haber estado durante las deliberaciones en el Congreso poblano, no cuando todo está cuajado. Es la misma treta que ayer planteó la presidenta. No pueden decirse inocentes.

Pero, aun si la presión interna y externa tuviera efecto, ante las crecientes críticas al régimen por autoritario, que crecen como margaritas en el mundo, el mensaje es claro: criticar tiene costo, y puede tener castigos que destruyan profesional y económicamente a quien los desafíe. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 38)

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Agresión con la firma de la presidenta

Historias de reportero / Carlos Loret de Mola

Ayer, la presidenta de México puso su firma. Su rúbrica pública. Su sello de aprobación. Tras una semana de acoso incesante del régimen contra el equipo de Latinus y contra un servidor, la presidenta remata con un: sí, fui yo.

Ayer se cumplió una semana desde que el gobierno de Claudia Sheinbaum inició una operación de hostigamiento que usó como campo de batalla la cobertura que realizamos, a ras de tierra, en Los Ángeles, California, con motivo de las manifestaciones contra Trump.

Primero, el régimen envió a sus youtuberos, a sus propagandistas de siempre, que aunque resultaban absolutamente desconocidos para nosotros, se aparecieron con una misión generosamente remunerada: acosarnos, insultarnos mientras trabajábamos, interrumpirnos durante las transmisiones, hostigarnos. Una provocación con línea directa. Excedidos en la violencia verbal, llegaron literalmente a centímetros de la violencia física. ¿Qué sigue? ¿La agresión física transmitida en vivo para regocijo de la poderosa presidenta? Esto no había pasado ni en los tiempos más oscuros de López Obrador. Y todo, mientras la presidenta dice que su movimiento no incita a la violencia y respeta la libertad de expresión.

Segundo: su bien aceitada maquinaria de desinformación empezó a girar. Que si todo fue un montaje. Que si yo no estaba ahí. Que si fingimos los gases lacrimógenos. Que si fue puro teatro. Afortunadamente, todo está documentado. Hemos publicado las imágenes que exhiben al régimen en su guerra sucia: granadas aturdidoras explotando a unos metros de nosotros, el humo de los gases visible, todos en el equipo agachados para evitar las balas de goma, tosiendo por los gases. Incluso el emisario de la 4T que mandaron a insultarnos tenía boca y nariz tapadas por los gases lacrimógenos que, según ellos, nunca existieron.

Ayer esta operación de acoso fue celebrada en Palacio Nacional. Desde la mañanera, Claudia Sheinbaum se mostró complacida. Aplaudió las mentiras vertidas en nuestra contra. Aplaudió los insultos vertidos en nuestra contra. Avaló la campaña de odio. Y con eso, dejó claro que lleva su firma.

Sí, fue ella.

Porque bastaría una sola palabra de la presidenta para que este ambiente de acoso contra el periodismo independiente y crítico se terminara de golpe. Una palabra. Pero no. Sheinbaum prefiere mostrarse como una reina complacida con la persecución y agresión más personal que nunca, orquestada por los bufones de su corte.

Nosotros nunca hemos insultado a la presidenta. Nunca hemos mandado gente que la hostigue en sus recorridos. No lo necesitamos. Nuestros cuestionamientos vienen con documentos, videos, grabaciones. Esa es la labor del periodismo. Ni modo de quedarnos callados frente a los fraudes y corruptelas.

Por eso no nos aguanta la Monarca con A, la Reina con A, que lo tiene todo: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la FGR, el SAT, la UIF, el INE, el TEPJF, el Ejército, la Guardia Nacional, casi todas las gubernaturas, 9 billones de pesos de presupuesto y la comparsa de la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Tiene el aparato del Estado entero. Pero no le basta. No quiere un resquicio de libertad. Quiere apagar cualquier voz que disienta, diluir cualquier ejercicio de contrapeso. De ese tamaño su autoritarismo.

Pero si ya aguantamos seis años al jefe…

SACIAMORBOS

El gobierno, hambriento de la reforma a los repartidores de Uber y Rappi. Jugoso pastel de 650 mil nuevos sindicalizados para que el morenista y patrocinador de campañas Pedro Haces se siga haciendo rico. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. A7)

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Tiempos de censura y autoritarismo

Serpientes y Escaleras / Salvador García Soto

Cuando un régimen acapara todo el poder, como ya ocurre en los hechos en México, la eliminación de contrapesos y mecanismos de defensa para los ciudadanos críticos u opositores es el siguiente paso. A la desaparición ya consumada del Poder Judicial autónomo —para sustituirlo por uno compuesto solo por juristas y personajes afines al gobierno de la 4T— le antecedieron la eliminación de los órganos autónomos que vigilaban y sancionaban el abuso de poder, la transparencia y el derecho a la información de los mexicanos, la competencia y autonomía del sector telecomunicaciones, para pasar esas funciones de vigilancia al mismo gobierno que se convierte en juez y parte en su observación y vigilancia del cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos ciudadanos.

Con toda esa operación de control y acaparamiento del poder, que puso en marcha el expresidente López Obrador y ha continuado al pie de la letra la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy ya tenemos un gobierno en México que puede hacer prácticamente lo que quiera con el dinero público, sin que nadie lo sancione o exhiba, que pretende ahora manejar las concesiones de los medios de comunicación con criterios políticos y que promueve también el control de los medios, de las redes sociales y del internet, con afanes claros de utilizar su poder total para cerrar espacios a la crítica y promover cada vez más medios y opiniones afines a las “bondades y logros” del régimen gobernante.

Y aunque en el discurso oficial se niegue y se repita que “este gobierno no está a favor de ninguna forma de censura” y se garantice el respeto a la libre expresión, el mismo régimen, desde su discrecionalidad y control absoluto de las instituciones, promueve y desarrolla formas “sutiles” y embozadas para presionar y acallar a sus críticos, lo mismo si son opositores abiertos o si son periodistas que no se pliegan a la visión oficial del estado de las cosas en la República, que se quiere imponer todos los días desde las conferencias matutinas.

Porque en el discurso los gobernantes se juran respetuosos de la libre expresión y tolerantes ante la crítica y la disidencia, pero en los hechos, sin decirlo ni reconocerlo, activan mecanismos de presión y de asedio —ese sí literal— hacia quienes ejercen el derecho constitucional de expresar su disenso. Desde las agresiones y denuestos personales en las redes sociales, provenientes de cuentas bots manejadas desde el gobierno o por sus ideólogos y propagandistas, hasta el discurso que todos los días descalifica a medios y periodistas y cuestiona la veracidad y validez de su trabajo.

Pero cuando la descalificación y el denuesto no funciona, entonces se sube el acoso empezando con auditorías fiscales ordenadas desde el poder a los críticos del régimen. Y la necesaria y legítima fiscalización del pago de impuestos, se convierte en un mecanismo de terrorismo fiscal que busca excusas y fallas debajo de las piedras para asediar a periodistas, opositores o activistas a los que el régimen empieza a tratar como “enemigos de la transformación”. Pero junto con el SAT, convertido en policía fiscal política, se activan también otros mecanismos más fuertes como el uso de la UIF como una especie de Gestapo financiera que comienza a buscar también cualquier inconsistencia o pretexto en las cuentas bancarias y los gastos de quienes incomodan al régimen.

Eso sí, en el discurso jamás aceptarán ni reconocerán la intolerancia ni el carácter represivo y autoritario que les caracteriza y desde la tribuna oficial se seguirá hablando de “libertad y respeto al derecho a disentir”, aunque por debajo del agua y de manera silenciosa pero decidida, se le recargue a los ciudadanos disidentes o críticos todo el peso de las instituciones. No importa si usted es empresario, activista o defensor de derechos humanos, tampoco si lo ampara la Constitución en el ejercicio de su libre expresión; en los hechos, usted enfrentará y resentirá el precio de decir lo que piensa y cuestionar la actuación y los resultados del gobierno.

El problema es que, mientras a nivel federal se practica y promueve la “censura silenciosa” pero firme y hasta terrorista contra los críticos, sin importar su actividad, carrera o sus derechos, en los estados, los gobiernos de Morena empiezan a mostrar, como siempre ha ocurrido en la historia, un rostro mucho más burdo y primitivo en la aplicación de la censura y el control del pensamiento y la expresión de sus ciudadanos.

Dos casos que han alarmado en estos momentos, que distan mucho de ser los únicos en la República, son el de la gobernadora de Campeche, la controvertida Layda Sansores, y el del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ambos morenistas. La gobernadora ha puesto en marcha una cacería legal y policiaca contra el periodista, Jorge Luis González, exdirector del diario Tribuna de Campeche, a quien acusó de “incitación al odio y violencia política” por criticar su ejercicio de gobierno, y una juez estatal, de nombre Maribel Beltrán Valladares, declaró culpable del delito y le impuso una sentencia, a él y a la empresa que maneja el periódico, de pagar 2 millones de pesos al gobierno de Layda Sansores y su vocero Walter David Patrón, además de “prohibirle que ejerza la profesión de periodista durante 2 años”.

A pesar de que el periodista dice haber dejado de dirigir desde hace 7 años el diario y su portal informativo, la sanción que le impuso la jueza, a petición del gobierno del estado, es claramente una represalia política por su línea editorial y la critica a la gobernadora, que sin negar la autoría del ataque a la libre expresión, se ha dedicado a cuestionar y burlarse de las denuncias del periodista, que también ha sido acosado, detenido y golpeado por la policía estatal con cargos inventados.

“¿Quién promueve todo este ambiente que se dio ayer en México, en donde Jorge González iba de periodista en periodista, para que fuera a llorar, y luego se iba a llorar al otro programa, todo el tiempo quejándose de que le habían hecho como una represión, ¿quién promueve todo eso?”, se preguntaba molesta la mandataria morenista ayer martes en su programa semanal denominada “martes del Jaguar” en la que responde preguntas a modo de periodistas e influencers locales.

En el caso de Puebla, lo que ha desatado las denuncias de censura y ataque a la libertad ciudadana en redes sociales, es la llamada Ley de Ciberseguridad, aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso local, en la que se introduce un nuevo tipo penal denominado “asedio digital” que penaliza con multas y cárcel a cualquier ciudadano que se acuse de “molestar repetidamente o asediar de manera digital a otro ciudadano”. La laxitud de esa ley, que claramente deja abiertas las interpretaciones para que un funcionario público o gobernante denuncie a cualquiera que lo cuestione o critique en redes, ha hecho que la ley desate todo un movimiento de rechazo en los medios y la sociedad poblana, que la bautizaron como la “Ley Censura”.

Aunque el gobernador Armenta ha defendido la ley aprobada por su partido e impulsada por él, y niega la existencia de censura o ataque a la libre expresión, argumentando que lo que se busca es “proteger a las mujeres y los niños que son víctima de trata y de abuso sexual a través de las redes”, la realidad es que la redacción del nuevo artículo 480 de la citada ley es tan abierto y poco específico, que sí podría ser invocado por políticos, funcionarios o personajes públicos para acallar a voces críticas. Dice el citado artículo textualmente: “Comete Ciberasedio quien mediante TIC (redes sociales, correo, plataformas digitales) insulte, injurie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle daño físico o emocional”.

Es decir que ¿un gobernante, político o funcionario, que por ley está expuesto a la crítica y los cuestionamientos y las críticas a su desempeño o actitudes fuera de la ley, que también se realizan a través de redes sociales e internet ya sea por ciudadanos o periodistas, podrá apelar a este delito para acusar y castigar a sus críticos por considerarse “asediado digitalmente”? Ese es el gran riesgo y la enorme puerta que abre a la censura y la represión penal la nueva ley poblana que está siendo cuestionada y que se aprobó sin ningún tipo de consulta, foros o parlamento abierto con sectores sociales.

Ayer, cuando le preguntaron en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se dijo totalmente en contra de las medidas y leyes represivas o censoras en los estados: “Nosotros estamos en contra de la censura. Nuestra posición siempre es en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión, entonces no vamos a estar de acuerdo con un artículo que promueva la censura”, dijo la presidenta sin condenar específica y abiertamente las acciones de los dos gobernadores de su partido.

Al final la congruencia entre el decir y el hacer no es algo que caracteriza a los gobernantes o políticos mexicanos, ni a los del pasado priista y panista, ni a los del presente morenista. Porque es muy fácil decir y predicar todos los días que se es “respetuoso de la libertad de expresión”, que “no estamos de acuerdo con la censura” y que “este gobierno no censura ni reprime a nadie por sus expresiones o críticas”, mientras en los hechos, subrepticiamente y sin asumir la responsabilidad, se permite que el aparato fiscal y de investigación financiera, haga la labor censora y de acoso a quienes no compartan la visión oficial del “bienestar” que se le quiere imponer a los mexicanos o que se atrevan a denunciar corrupción, abusos o actitudes ilegales o incongruentes de los funcionarios y gobernantes del nuevo régimen todopoderoso. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. A8)

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La Ley Censura: Gobierno de la 4T tendrá el botón de apagar medios 

La Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, ya conocida como la Ley Censura, propone crear la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y darle categoría de Secretaría de Estado para meterse en los contenidos. 

¿De qué trata la Ley Censura? 

La reforma de Claudia Sheinbaum a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) busca prohibir propaganda de gobierno extranjeros en medios mexicanos… pero también permitirá a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) bloquear plataformas digitales y redes sociales. 

“El artículo 109 de esta iniciativa, le otorga la facultad al Gobierno de bloquear y censurar las plataformas digitales, redes sociales, sitios web y aplicaciones sin necesidad de una orden judicial, sin mandato judicial, sin límite de tiempo, sin contrapesos ni procedimientos claros”, alertó Manuel Añorve Baños, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Con su aprobación en comisiones, y la forma en que se está gestando, permite que el gobierno quite o rescate -como ahora llaman los que están en el poder- concesiones cuando lo exija el interés público o razones de seguridad nacional. 

Habla de un gobierno y una Presidenta que podrían despertarse un día y cerrar medios, como en los países más comunistas, nada más porque no informan lo que quieren escuchar. 

Un gobierno autoritario: el rostro de Morena tras desaparecer el IFT 

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó una enérgica advertencia a la ciudadanía sobre los graves riesgos que representa la nueva Ley de Telecomunicaciones impulsada por el Gobierno federal. Durante la tarde del 24 de abril, la propuesta representa un retroceso democrático, también que constituye un franco intento de instaurar una “Agencia de la censura”, con la supresión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de una nueva Agencia de Transformación Digital bajo el control absoluto del gobierno federal. 

Afirmó que con la creación de una “agencia de censura”, MORENA pretende instaurar un control absoluto sobre los medios de comunicación y las plataformas digitales, eliminando de facto la libertad de expresión en México. 

“Como siempre, MORENA quiere tergiversar la información y seguir aumentando sus mecanismos de control autoritario. Esta es una propuesta totalmente pensada en construir una agencia que le vamos a llamar la Agencia de la Censura”, denunció Moreno Cárdenas. 

Morena busca controlar las redes sociales 

La panista Lilly Téllez recalcó que Morena quiere usar un machete para que el partido en el gobierno tenga la facultad de censurar redes sociales como X, Facebook, Instagram, Tik Tok y otras para que la presidenta pueda quitar una concesión de radio y televisión cuando algo no le guste. 

El Grupo Parlamentario del PAN advirtió que la nueva Ley de Telecomunicaciones, representa el intento más grave y directo del Gobierno para censurar contenidos, controlar plataformas digitales y restringir la libertad de expresión en México. 
 
En conferencia de prensa, el coordinador panista Elías Lixa Abimerhi, señaló que la reforma en materia de telecomunicaciones promovida por Morena es un intento autoritario de censura sin precedentes. 

No se trata de un ataque a los concesionarios ni a los dueños de las redes sociales sino a los mexicanos que tienen la libertad de informarse a través de los medios que quieran. 

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Templo Mayor

EL VUELO de una mariposa en Washington puede provocar un huracán en Palacio Nacional, así que más valdría que en el gobierno mexicano le pusieran muuucha atención a las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro al Cártel Jalisco Nueva Generación.

PORQUE para el gobierno norteamericano ya dejó de ser una banda de narcotraficantes y se convirtió en un emporio criminal, cuyos tentáculos delictivos llegan también al contrabando de crudo a EU, el fraude a jubilados estadounidenses con tiempos compartidos falsos, feminicidios, tortura, extorsión y hasta el control ¡del puerto de Manzanillo!, entre una docena más de delitos.

ES DECIR, que la presencia criminal está diversificada y toca actividades que afectan no sólo a mexicanos, sino también a ciudadanos y empresarios estadounidenses.

ESTAS SANCIONES vienen después de que se declaró al cártel como “organización terrorista”, por lo que lo más grave es que el secretario Scott Bessent dijo que Estados Unidos está convencido de utilizar “todas las herramientas disponibles” para reducir al CJNG. Sería bueno saber hasta dónde llega esa caja de herramientas.

EL MUNDO despierta hoy aguantando la respiración y cruzando los dedos para que Estados Unidos no entre directamente al conflicto de Medio Oriente al lado de Israel.

HASTA ANOCHE se sabía que Donald Trump ya había aprobado los planes de ataque, pero puso en pausa la orden de abrir fuego, para ver si el régimen iraní aceptaba poner fin a su programa de armas nucleares.

Y PENSAR que hace apenas dos semanas, lo que más preocupaba de Trump era su incontinencia arancelaria. Saber que hoy tiene el dedo en el gatillo no resulta muy tranquilizador para nadie. Y menos cuando en el mismo escenario están un dirigente teocrático como el ayatola Khamenei y un primer ministro belicista como Benjamín Netanyahu.

QUE DE ELLOS dependa la paz, no parece ser la mejor de las ideas.

¿SE ACUERDAN que en el Congreso de la Unión iba a haber un periodo extraordinario? Pues todo indica que ya no lo habrá. Y no sólo porque el presidente del Senado, el irascible Gerardo Fernández Noroña, se fue a pasear a Italia. El suyo, como sea, es un solo voto.

EL PROBLEMA DE FONDO, según se comenta, es que siguen entrampadas varias iniciativas entre los mismos morenistas. Por un lado existe bronca entre las Fuerzas Armadas y el Batman de la 4T, Omar García Harfuch, por el control de los servicios de inteligencia nacional. Por otra parte, en la Consejería Jurídica de Presidencia, a cargo de Ernestina Godoy, están hechos bolas con las leyes secundarias para el Poder Judicial.

SE SUPONE que anoche acudieron los coordinadores parlamentarios de Morena, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, a Palacio Nacional. Pero por lo visto lo hicieron al estilo misión secreta, porque nadie sabe nada. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)

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Bajo Reserva

Goteras en la Cámara de Diputados cumplen sus XV años

Nos hacen notar que las goteras en el estacionamiento de San Lázaro volvieron a aparecer, un problema que el recinto legislativo viene arrastrando desde hace más de 15 años. En cada Legislatura se han destinado partidas millonarias para resolver el asunto y cada que llega la temporada de lluvias, las goteras reaparecen. Apenas en la pasada legislatura, se gastaron 30 millones de pesos para instalar un sistema de impermeabilización, corrección y definición de pendientes para el desalojo de agua pluvial, adecuación de rampas y piso nuevo de material impermeable para evitar las filtraciones en el estacionamiento. Pese a ello, esta semana se volvieron a ver cubetas en algunas áreas del estacionamiento y en las oficinas de resguardo y protección civil que también se ubican en el basamento. Y ahora, ya se anunció que habrá otra partida para más reparaciones. Hay quienes se preguntan si el problema de las goteras es interminable o hay que comenzar a pensar que en lugar de desviar el agua se están desviando los dineros.

Una pifia más de los comités de evaluación en la elección del Poder Judicial

Cada vez aparecen más omisiones de los comités de evaluación de los Poderes, cuya función era verificar que las candidaturas a la elección judicial cumplieran con los requisitos de idoneidad para el cargo. Pero algo tan simple como comprobar el promedio de la licenciatura no se hizo debidamente, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló más de 30 triunfos de magistraturas de circuito por no cumplir con el requisito mínimo de 8, y 9 en materias de especialidad. Y se espera que cancele un bloque más en juzgados de distrito. ¿Y quién llamará a cuentas a los comités?

Senado patea el bote para extraordinario

Con el presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña de vacaciones en Roma, y el coordinador de Morena, Adán Augusto López, desaparecido de la sede legislativa, los senadores oficialistas reconocieron que aún no hay dictámenes en los temas importantes como las leyes de telecomunicaciones y contra desaparición de personas, por lo que lo más probable, consideran, es que vayan a patear el bote y sigan disfrutando del turismo y vacaciones legislativas. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)

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Trascendió

Que en la Secretaría de Hacienda, comandada por Édgar Amador Zamora, están haciendo perdidizo el oficio que le envió Javier Juárez Mojica, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones en vías de extinción, mediante el que pidió un aumento presupuestal para liquidaciones justas a los mil 200 empleados del organismo. Pese a que el documento fue recibido el 25 de abril pasado en dos ventanillas y se le pusieron sellos, en una respuesta vía transparencia la dependencia informó que, tras una búsqueda exhaustiva, no encontró nada en sus archivos.

Que los ministros electos están a la espera de tener una reunión con Hugo Aguilar Ortiz, el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el único contacto que han tenido con él fue en la antesala del Instituto Nacional Electoral, cuando recibieron sus constancias. Se dice que quedó de convocarlos de nuevo, lo que no ha ocurrido, porque necesitan saber qué proyectos pretende impulsar durante su presidencia, más allá de su tema personal de la toga.

Que si usted cree que el INE, que encabeza Guadalupe Taddei, ya demostró todas las variantes de enredos, irregularidades y chapuzas que dejó la elección judicial, espérese a hoy cuando analicen la cereza envenenada del pastel: los juzgados de distrito. Y es que, si ayer brotaron ganadores inelegibles por promedio escolar, hoy vienen los de vínculos criminales, las defensoras de Naasón Joaquín y la Luz del Mundo, la abogada de El Chapo Guzmán y otros. A ver.

Que desde el gobierno federal investigan quién dio el pitazo que permitió a contrabandistas sacar su mercancía y cerrar las puertas de sus locales justo cuando personal del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que dirige Santiago Nieto, acompañado de autoridades ministeriales y de seguridad, iba a realizar un operativo en la alcaldía Magdalena Contreras para decomisar productos pirata. Las autoridades federales aseguraron que no dejarán pasar este hecho y darán con el topo. (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)

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Sacapuntas

Relevos en consulados

Inició el gobierno de la presidenta Sheinbaum los ajustes en consulados de México, principalmente en Estados Unidos. La Cancillería, de Juan Ramón de la Fuente, indicó que el excomandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, va a la representación diplomática en Dallas; el exgobernador de Tlaxcala, Marco Mena, a San Francisco; Marcos Augusto Bucio Mújica, a Nueva York; Rafael Eugenio Laveaga Rendón, a Atlanta, y Carlos Iriarte Mercado, a Boston, entre otros.

Planean reunión trilateral

Mucho interés tiene el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en concretar este año una reunión trilateral entre los socios del T-MEC. La presidenta Claudia Sheinbaum está en plena disposición y sólo faltaría que la Casa Blanca proponga fechas tentativas. Hay quien sugiere que sea en México, pero eso sería materia de negociación.

Otra misión en Washington

De vuelta a Washington envió la presidenta Sheinbaum al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. La mandataria encargó al funcionario reunirse con el secretario de Comercio de EU, Howard Lutnick, para avanzar, en lo que toca a su área, en el acuerdo que propuso a Donald Trump en la llamada telefónica que sostuvieron el martes.

Sana distancia con la Corte

Al menos en el corto plazo, no se prevé una reunión entre la presidenta Sheinbaum y los nueve ministros electos. En Palacio Nacional quieren ser prudentes y mantener una sana distancia con quienes integrarán la Suprema Corte, la cual será presidida por Hugo Aguilar. Ello, en aras de refrendar la autonomía del Poder Judicial de la Federación.

Se fue a fundar otro partido

El exgobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, renunció al PAN hace una semana, pero ya se integrará como secretario de Organización de México Republicano, asociación de corte conservador que busca convertirse en partido político. Su incorporación, creen, atraerá a más panistas desilusionados con el partido de Jorge Romero.

Decomiso, en terruños de Samuel

Tuvo que intervenir en Allende, Nuevo León, el Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, para desmantelar un mega depósito de huachicol, que no había visto el gobernador emecista Samuel García. Se incautaron un millón 200 mil litros de combustible, tanques de almacenamiento, pipas y un tractocamión.

Militares, listos para auxiliar a la población

Como siempre, las Fuerzas Armadas están listas para auxiliar a la población que resulte afectada por el huracán Erick. Son 17 mil 302 elementos desplegados en Guerrero y Oaxaca. De la Secretaría de la Defensa, a cargo de Ricardo Trevilla, son 8 mil 231; y de la Marina, encabezada por Raymundo Pedro Morales, 9 mil 71. (El Heraldo de México, La 2, p. 2)

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Confidencial

Ley Telecom, ¿fuera de agenda?

Al parecer, los últimos encuentros y conversaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum con el gobierno de EU ya tuvieron impacto hasta en la preparación de la agenda para el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso. En San Lázaro, aseguran jefes de las bancadas que, en principio, la nueva ley de telecomunicaciones y competencia económica no sería incluida, porque es un tema que estará en la renegociación del T-MEC. Incluso, para los preparativos del periodo extra se alista un encuentro de diputados y senadores con la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy. A esperar, no hay nada definido.

Los métodos de la ‘ministra del pueblo’

La ministra Lenia Batres “reventó” ayer, con su ausencia, las sesiones, pública y privada, de la Segunda Sala de la Corte, donde se iban a discutir temas fiscales. La “ministra del pueblo” reconoció que su inasistencia fue deliberada, para evitar la votación de un asunto que, de aprobarse como lo propone el ministro Laynez, tendría “un alto costo” para la hacienda pública. Se refería al recurso de revisión en el que la empresa Pegaso PSC busca evitar el pago de impuestos por 4 mil 400 millones de pesos. Por considerarlo indebido, solicitará que éste y otros casos similares sean discutidos en sesiones públicas del pleno de la Corte y no en sesiones privadas, “que son obscuras e injustificadas”.

Diputados, en disputa por los jóvenes

Tanto ‘jale’ han tenido los cinco seminarios de Morena titulados “Jóvenes dialogando por el segundo piso de la transformación”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, encabezados por el líder morenista, Ricardo Monreal, que ahora el PAN inició una amplia jornada también con jóvenes. El diputado panista Miguel Guevara organizó ayer, en siete salones de la sede legislativa, un foro para este sector. Los diputados se disputan la atención de los jóvenes.

El motivo detrás del vuelo comercial

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció ayer que en sus giras de trabajo por todo el país se traslada tanto en vuelos de aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Secretaría de Marina. Sin embargo, justificó que viajó a Canadá en vuelo comercial con el objetivo de darse una idea de la recepción que le da la ciudadanía, porque es importante esta comunicación con la gente, ya que en aviones del Ejército y la Marina uno se aísla. ¿Será?

Salta contra el Infonavit

Quien no se aguantó y manifestó su desacuerdo con el gobierno federal, fue el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, pues rechazó la propuesta del Infonavit que busca regularizar viviendas abandonadas que están ocupadas de forma irregular. El emecista advirtió que en la entidad no se tolerarán invasiones y criticó que con esa medida se fomenta la ilegalidad y se atenta contra el derecho a la propiedad privada. “Eso no lo podemos permitir, olvídense… la certeza jurídica en el gobierno de Jalisco es una de las prioridades”. Ya pintó su raya el góber.

Ya piden renuncias

Y siguiendo con el tema Infonavit, Manuel Añorve, coordinador parlamentario de los senadores del PRI, fue más lejos y consideró necesario solicitar la renuncia de Octavio Romero Oropeza como director del instituto, por la idea de premiar a paracaidistas con la legalización de las viviendas. “Que no le ande haciendo daño al gobierno de Claudia Sheinbaum”. El guerrerense pidió que se dé marcha atrás a este atropello y se proteja a los derechohabientes afectados. ¿Alguien le tomará la palabra?. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 35)

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Rozones

Que ésa sí refinaba

Con la novedad de que ayer fue asegurada una refinería clandestina en Coatzacoalcos, Veracruz. Se trata, según se aprecia en las imágenes difundidas, de una pequeña instalación en la que se encontraron e incautaron 500 mil litros de crudo, 7 tanques móviles, 4 tanques verticales y una planta de procesamiento. “Derivado de labores de inteligencia de campo y vuelos de reconocimiento, se identificó una operación clandestina… para producir diésel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes y aceites tratados o combustóleo ligero, que operaba sin los permisos adecuados y representaba un riesgo para los ecosistemas locales”, se informó ayer. Por cierto que tras conocerse la noticia no faltó en las benditas redes quien planteara la necesidad de localizar a quienes construyeron esa planta, para preguntarles cómo le hicieron porque, según ellos, esa instalación clandestina refinaba más que Dos Bocas. ¡Cómo son!

Oootra omisión de los comités

Así que ya apareció otra falla de los Comités de Evaluación. ¿Cuál? Bueno, pues resulta que no hicieron bien la tarea de corroborar si los interesados en ser magistrados cumplían con los requisitos. Ayer el INE tumbó los triunfos de 37 candidatos que ganaron la elección… pero resulta que no acreditaron haber aprobado la licenciatura con una calificación mínima de 8 o la especialidad con 9. No se sabe si los candidatos le jugaron al vivo y se anotaron para ver si su postulación, aun irregular, era chicle y pegaba. Lo que es un hecho es que los Comités tendrían que haber atajado esos casos, porque lo que vino después fue que tras ser declarados idóneos, hicieron campaña, algo en lo cual invirtieron tiempo y recursos y no sólo eso, sino que obtuvieron el respaldo ciudadano suficiente. Pero ayer les dijeron que van pa’ tras. Tienen razón los consejeros en aplicar la ley a rajatabla, en este caso la Constitución. El caso es que queda exhibida otra omisión en la elección judicial. Uf.

Surrealismo en Zacatecas

En una estampa de surrealismo político, Francisco Enrique Pérez Compeán, no cercano, sino cercanísimo al gobernador de Zacatecas, David Monreal, impugnó la revocación de su triunfo como integrante del Tribunal de Disciplina Judicial. La candidatura del exprocurador agrario fue avalada por el Comité de Evaluación del Ejecutivo, pese a que su promedio es de 7.2, muy lejos del 8 que se requería como mínimo. Pero extrañamente, el órgano electoral invalidó su triunfo no por esta evidente falta de cumplimiento con la norma, sino por paridad de género. Y ahora, quien ha sido operador político de don David desde hace varios años reclama su constancia de mayoría, con el argumento de que el Instituto Electoral estatal no aplicó correctamente el criterio de paridad. Lo único que falta para no dejar de levantar las cejas, es que los tribunales fallen a su favor. Si André Bretón resucitara y viera lo que pasa en Zacatecas, nos dicen, se volvería a morir.

Frente antiguinda

Nos recomiendan no despegar los ojos de lo que ocurrirá en los próximos días en el Congreso de Michoacán, en donde se acaba de formar un bloque de facto entre PRI, PAN, MC, PVEM y PT, para oponerse a una reforma a la Constitución, impulsada por Morena. La idea es establecer en la ley suprema estatal la alternancia obligatoria de hombre y mujer en el Poder Ejecutivo, aplicable a partir del 2027. De aprobarse esta propuesta, varios varones que claramente aspiran a suceder a Alfredo Ramírez Bedolla quedarían descartados. Dicen los que saben que ya está listo el dictamen y que en cualquier momento será sometido a discusión en el pleno. Y que las bancadas del PVEM y del PT, que a nivel federal todavía son aliadas de Morena, en este tema se unirán al resto de la oposición, para no dejar pasar los cambios constitucionales planteados. La discusión del dictamen, nos comentan, podría profundizar el boquete en la 4T, que nadie ha reparado. Pendientes.

Viajes de polémica

El que en estos días decidió cruzar el charco fue el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien ahora tomó rumbo hacia Roma, Italia. El legislador morenista fue captado en días pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México abordando un vuelo. Ha trascendido que este viaje, que a decir del propio Fernández Noroña no le costó ni un peso al erario, no tiene un carácter oficial, propio de su actividad como legislador o representante de la Cámara de Senadores. “Ahora que viajo en turista el problema es que salga del país. Es decir, que ustedes me quieren mudo, amarrado y además amordazado”, dijo el morenista en sus redes sociales en respuesta a quien lo ha criticado por andar de viajero. Fernández Noroña apenas hace unas semanas se vio envuelto en una controversia por haber viajado en clase business a París, Francia, para participar en un congreso internacional, que coincidió con su cumpleaños. Parecía que en esta ocasión no podría ser diferente.

¿Habrá periodo extra?

Mientras unos ya se probaban el traje para el periodo extraordinario, otros de plano no encuentran ni la convocatoria. El senador morenista Javier Corral adelantó que este viernes podría definirse el tan mencionado periodo para discutir la reforma en telecomunicaciones y otros pendientes legislativos. Sin embargo, su compañero en la Comisión Permanente, el priista Manuel Añorve, enfrió los ánimos: “No hay condiciones”, dijo con claridad, y aunque reconoció que sí hay temas dictaminados, como lavado de dinero y burocracia, no ve señales claras de que se reúnan los consensos necesarios. Nos dicen los que saben de la grilla legislativa que los senadores se han tomado muy en serio su receso legislativo, tanto que no han pasado mucho por sus oficinas, y menos se han sentado a continuar arrastrando el lápiz para llevar a buen puerto las iniciativas pendientes, que ascienden a 27. Así que, entre avances, pero también falta de seriedad, la posible historia de un periodo extraordinario en el Senado pinta hasta ahora como de incertidumbre legislativa. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)

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¿Será?

Apelan al redondeo

Los comités de evaluación del Ejecutivo, Legislativo y Judicial cometieron omisiones graves en la revisión de los aspirantes de la elección pasada, pues algunas candidaturas se pasaron de vivas y para saltarse el requisito constitucional de promedio mínimo de 8 en licenciatura redondearon su calificación hacia arriba, lo que no fue verificado por los comités y el área Jurídica del INE lo dejó pasar, pero los equipos de algunas consejerías lo detectaron. Ayer, primero se perfilaba anular 37 triunfos de magistrados, pero al final solo se pudieron comprobar tres casos. ¡Vaya, qué cosas raras pasan en la herradura de la democracia! ¿Será?

Mucho que explicar

Tal parece que don Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz tendrá que dar algunas explicaciones para que quede claro cómo es que en el estado que gobernó funcionaba una “refinería” clandestina que, por lo que se dice hasta ahora, refina más que la de Dos Bocas, esta última que en su momento estuvo a cargo de la actual gobernadora, Rocío Nahle… Una de dos, o platican con él para ver si sabe qué sucedió y les pasa la receta, o para explicar cómo es que se construye algo similar sin que se entere el gobernador en turno. ¿Será?

Se le hizo fácil

A quien le enmendaron la plana, o al menos eso parece, es al director del Infonavit, Octavio Romero. Luego de declarar que el Instituto va a ofrecer facilidades de pago a los invasores de vivienda, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la presidenta Claudia Sheinbaum dejaron claro que en México se garantiza y protege la propiedad privada y que antes de cualquier beneficio a invasores, está la Ley. ¿Será?

¿Y la dirigencia de Morena?

Pese a que la semana pasada Luisa Alcalde y Andy anduvieron presumiendo “el triunfo” de Morena en Veracruz y Durango, y anunciaron sendas denuncias por presuntos delitos electorales, la actividad de los dirigentes del partido se ha limitado a redes sociales, aunque la Presidenta les recomendó “hacer calle”… Por ahí cuentan que ambos andan de “merecidas” vacaciones tras la “titánica labor” de los meses pasados. ¿Será?

No era Rolex

Este martes, en redes sociales, circuló la versión de que el presidente municipal de Tolimán, Querétaro, Alejo Sánchez de Santiago, tenía un reloj Rolex y se utilizaron videos de una entrevista en la que justificó que el accesorio fue regalo de los niños de una primaria. La realidad es que el reloj no era Rolex y el video que se viralizó fue sacado de contexto, por lo que la noticia era falsa e incluso fue aclarada por el mismo alcalde. ¿Será?

Vuelven autodefensas

Luego del asesinato de Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, los habitantes de aquella zona se reorganizan para reactivar las llamadas “autodefensas”. En el pasado sexenio se calificó como un error la creación de las citadas agrupaciones y se llamó a disolverlas con la promesa de que se reforzaría la seguridad con elementos de la Guardia Nacional; sin embargo, los michoacanos aseguran que las bandas criminales siguen avanzando sin dar tregua y se apoderan de las comunidades, en el caso de la entidad que gobierna Alfredo Ramírez Bedolla, se trata de grupos como el CJNG y Los Viagras. ¿Será? (¿Será?, 24 Horas, PÁG. 2)

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Desde Afuera /

Se reafirma la alianza EU-Israel

El gobierno del presidente Donald Trump entró prácticamente a la guerra con Irán en apoyo de Israel. Nadie tenía dudas a pesar de las quejas atribuidas a algunos aliados internos del mandatario, que ven la posibilidad de que aviones estadounidenses bombardeen Irán como la ruptura de una promesa de campaña.

No es apoyo a Irán, sino parte del sentimiento aislacionista de algunos en la coalición que apoya a Trump. Pero el respaldo a Israel estaba fuera de duda. Al margen de compromisos históricos y geopolíticas, Israel tiene un enorme impacto en la política doméstica estadounidense, no solo por el casi legendario “Lobby judío”, sino por su influencia entre grupos cristianos conservadores, hoy profundamente alineados con el proyecto nacionalista de Trump. Para algunos cristianos ultraconservadores, el papel bíblico de los Estados Unidos es proteger la existencia del estado de Israel para auspiciar la Segunda Llegada del Mesías.

Esa influencia quedó de relieve en la reacción de grupos de poder, así como en la represión policíaca y académica, contra numerosas manifestantes y activistas pro-palestinos y contra las acciones israelíes en el territorio de Gaza en universidades estadounidenses desde la intervención israelí tras los ataques del grupo Hamás, el siete de octubre de 2023, que dio muerte a 1,251 personas –incluso más de 800 civiles– y capturó a 253 rehenes, incluso mujeres y bebés.

El conflicto creció de tal forma que hoy Israel controla casi totalmente el territorio de Gaza, donde han muerto más de 50 mil palestinos, y en la lucha contra Hamás acabó también por chocar contra el grupo Hezbolá, asentado en el sur de Líbano e igualmente patrocinado por Irán, según Israel.

Otros grupos con simpatías iraníes y propalestinos, como los rebeldes hutíes en Yemen, que lanzaron proyectiles contra Israel, han intervenido en alguna forma y han sido objeto de represalias.

Pero el punto mayor de coincidencia respecto a Irán está en que tanto Estados Unidos como Israel desean evitar que obtenga un arma nuclear.

En alguna medida, el fanatismo religioso del régimen iraní se ha convertido en un disruptor del status-quo en Oriente medio y una amenaza contra países que como los Emiratos Árabes, Kuwait y Arabia Saudita se acercan a los países occidentales y mantienen relaciones cordiales con Israel, aunque no del todo formales.

Se recuerda además que, aunque nunca se confirmó oficialmente, hace años se cree que Israel posee de 90 a 400 artefactos explosivos atómicos.

Paralelamente, tanto Estados Unidos como Israel parecen acariciar la idea de promover un cambio de régimen en Irán.

Pero esos parecen los planes. La intervención israelí en Gaza ha derivado en una continuada violencia contra civiles gazatíes y una imagen negativa para el gobierno israelí.

Y aunque no hay duda del resultado inmediato de una eventual guerra con Irán, ese tipo de empresas suele tener resultados equívocos, como los Estados Unidos experimentaron ya en Iraq y Afganistán. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Online)

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