OPINIÓN nacional

Pide ministro no arrojar a la Corte al foso político

El ministro Alberto Pérez Dayán defendió labor del Poder Judicial y exigió alejar la política y militancias de las decisiones de los tribunales.

El representante del Poder Judicial en la Conmemoración de la Constitución exigió alejar la política y a las militancias de la integración y decisiones de los tribunales.

«El magistrado tiene que obrar en función precisa, obrar quizá contra la opinión de los electores. La esencia de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político.

«Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarla al fondo de ella, para que no resulte en un juego de las pasiones», dijo, citando al diputado constituyente de 1917, Paulino Machorro y Narváez.

«Agrego yo: militancia y judicatura no son afines, estas palabras se repiten hoy en este recinto 107 años después».

Desde el Teatro de la República y frente a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el juzgador advirtió que nada ni nadie puede estar por encima de la Carta Magna.

«Por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda», sentenció.

«La Constitución da a la Suprema Corte las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa».

Horas después, el presidente López Obrador envió a San Lázaro 20 iniciativas, 18 constitucionales

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, al hacer entrega dijo  que «son iniciativas que reivindican los derechos de la población, del pueblo de México y que nuevamente retoman el sentido social de la Constitución de 1917″, la humanizan…

Alcalde llegó a San Lázaro acompañada casi por puras mujeres, Alicia Bárcenas, Rosa Icela Rodríguez, y de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, además de la Consejera Jurídica María Estela Ríos, y el director del IMSS, Zoé Robledo. 

Marcela Guerra, informó que en su calidad de presidenta las dará cuenta de las propuestas en la sesión del próximo 7 de febrero.

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Por encima de la Constitución no hay poder alguno

Alberto Pérez Dayán

Febrero 6, 2024

Compartimos, de manera íntegra, el discurso que el ministro Alberto Pérez Dayán pronunció en el 107 Aniversario de la Promulgación de la Constitución el pasado 05 de febrero.

Maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, y representante del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos; señora diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; señora senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República; licenciado Mauricio Kuri González, gobernador constitucional del Estado de Querétaro; señoras, señores secretarios de Estado, señoras gobernadoras y señores obernadores.

Señoras y señores, como cada año, representantes de los tres Poderes de la Unión concurrimos a conmemorar un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Nuestra Carta Magna, ya con 107 años de vida, es el resultado de un largo proceso de sedimentación social con raíces en los principios del movimiento independentista: “…Pondrán jueces buenos que les administren con desinterés la justicia”, rezaba el Manifiesto del Congreso de Chilpancingo, del 6 de noviembre de 1813, y que trascendió hasta el espíritu de 1917.

En el ámbito de la judicatura, la Ley Fundamental de México preserva la esencia del Decreto Constitucional de Apatzingán de 1814, que definió a la ley como la expresión de la voluntad general, en orden a la felicidad común y que, destacadamente, contenía preceptos que enaltecían las responsabilidades de la función judicial, al disponer que los integrantes del Supremo Tribunal requerían de “buena reputación, patriotismo acreditado con servicios positivos, y luces no vulgares para desempeñar las augustas funciones de este empleo”.

La ya bicentenaria Constitución de 1824 marcó el sendero republicano, federal y democrático de nuestro país. En la división de poderes fincó todo su andamiaje, confiando su eficacia en la conducta respetuosa de los Poderes y la separación de las funciones públicas.

En palabras de Emilio Rabasa, con ella, con la Constitución de 1824, se llegó al punto más alto al que pudieran aspirar los pueblos como institución política; estableció el reparto de la potestad pública, la organización del Legislativo y el Judicial como entidades fuertes y autónomas, y la independencia de los Estados limitada exclusivamente por el interés superior de la nación.

La Constitución de 1857, con su espíritu liberal, apuntaló la República federal y reconoció que “los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales”. Fue justamente Juárez quien sostuvo que, “con muy justo título, ha sido la Constitución de 1857 la bandera del pueblo mexicano”.

Hace 107 años aquí, y bajo el liderazgo de Carranza, diputados de toda la República se reunieron para reformar, en principio, la Constitución de 1857. Los debates suscitados en este recinto condujeron a un nuevo documento; así, la redacción de la Ley Fundamental de 1917 y su discusión, son parte ineludible del patrimonio jurídico y social que concentró el constitucionalismo mexicano, trascendiendo ahora ya un siglo de su vigencia.

En esta tribuna, y refiriéndose al Poder Judicial, Paulino Machorro y Narváez dijo: “…el magistrado no es igual al diputado o al senador: el magistrado es radicalmente distinto; él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión; no va a representar a nadie; no lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio; simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social”.

Continuaba diciendo: “él tiene que obrar en su función precisa, obrar quizá hasta contra la opinión de los electores… La esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político… Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella, para que no resulte un juego de las pasiones”.

Agrego yo: militancia y judicatura no son afines, estas palabras se repiten hoy en este recinto 107 años después.

Si como señala el jurista Miguel Godoy, “el sentido de la Constitución debe ser construido y definido colectivamente entre el pueblo y las instituciones de la sociedad”; es entonces donde cobran mayor importancia las palabras del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista al Congreso Constituyente que dijo: “Ahora sólo nos queda la obligación de ir a la práctica de la ley suprema que acaban de sancionar aquí, llevándola en nuestras manos como la enseña que nos hará grandes, justos y respetados entre los demás pueblos de la tierra”.

“La Constitución es una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces”, escribió Alexander Hamilton en 1788.

El Poder Judicial tiene perfectamente claras esas palabras y entiende que, por encima de la Constitución, no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga. Electa o no electa. Sin distinción alguna.

Bajo estas ideas debemos coincidir todos considerando que los tres poderes de la Unión y sus integrantes, cualquiera que sea su origen, son democráticos, al surgir, precisamente, del propio estamento constitucional. Aquí, ninguno es más democrático que el otro.

El texto supremo explica, en su artículo 3, que por democracia debemos entender: “no solamente aquella estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

Cada sentencia del Poder Judicial que obliga a quienes no cumplen con el mandato de la Constitución o de la ley, a realizar lo que éstas prescriben, representa un acto democrático que honra la confianza popular en él depositada. En otras palabras, hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público.

Defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender así. Duele escucharlo, lo sé, pero más doloroso sería dejarlo pasar.

En el sistema dibujado por el constituyente reunido aquí hace más de un siglo, se entendió nítidamente que la participación ciudadana y la legitimación de las instituciones se entrelazan de manera indisoluble; el Tribunal Constitucional creado décadas más tarde, es el intérprete lúcido de la voluntad popular, materializada en la norma, que le permite y obliga a asegurarse de la conformidad de las leyes y sus procesos de creación con los preceptos supremos. De no atenderlos, esa la ley no es ley, y tampoco debe ser obedecida. Declarar su invalidez es la consecuencia de sus propios vicios. De esto, de esto no debe sorprenderse nadie.

Señoras y señores, este honorable Teatro de la República espera cada 5 de febrero a que los Poderes de la Unión, de cuerpo presente, rindan cuenta del ejercicio de su juramento constitucional.

De cara a la historia, demostrar que celosamente han guardado y que han hecho guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. La cita aquí, entonces, es y debe seguir siendo ineludible frente al espíritu constituyente, inmortalizado en su histórico recinto.

El Poder Judicial de la Federación cumple su cita y da cuenta puntual de su encomienda con independencia, con autonomía, con honradez, con imparcialidad, libre de remordimientos y siempre comprometido con su vocación democrática. No lo duden ni un momento, hay Constitución, que viva la Constitución de México.

Muchas gracias

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Gastarán 64 mil mdp en pensiones

El presidente AMLO anunció que para financiar pensiones enviará una iniciativa para la creación de un ‘fondo semilla’ por más de 64 mil mdp.

Si las modificaciones se aprueban, dijo, la bolsa se creará el 1 de mayo de este año y se incrementará de manera paulatina.

«Se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas anti laborales del periodo neoliberal», señaló.

Según el proyecto, el fondo se formará con el 75 por ciento de los recursos netos de los ingresos que obtenga el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), la liquidación de Financiera Rural, la venta de propiedades de Fonatur y el pago de adeudos de dependencias y estados al SAT, ISSSTE e IMSS, que se cobrarán sin recargos sólo este 2024.

También se tomarán los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del IMSS y de la subcuenta del Infonavit que hayan prescrito por no haber sido cobrados en un plazo de 10 años.

Las aportaciones complementarias se harán con cargo a los Fideicomisos del Poder Judicial, recursos por la eliminación de órganos autónomos, 25 por ciento del remanente de utilidades de las empresas de Sedena y Marina, ingresos por venta de propiedades del ISSSTE, el producto de las inversiones del Fondo para el Bienestar y hasta donaciones de personas físicas o morales.

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El coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, señaló que el paquete de iniciativas que presentó esta tarde el presidente López Obrador, debe dejarse de lado, para evitar que se involucre en el proceso electoral.

“Tendrán que evaluarse, pero lo que tenemos que hacer es el proyecto, dejarlo de lado, si no van a permitir una vez más que el presidente esté metido en la campaña, cuando la legislación electoral se lo impide. Pero él siempre quiere marcar la agenda y la vieja política siempre caen. Han dejado de ser tiburones para hacer pequeños charales”, comentó.

Abundó en que su partido valorará el paquete de iniciativas que presentó el presidente López Obrador.

En una sesión de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano (MC), de casi cuatro horas, se aprobaron las listas de candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados.

Resaltan en estos listados son ela ex presidenta del PRD, Alejandra Barrales, por la Ciudad de México; el actor Roberto Palazuelos, por Quintana Roo. En el listado también aparecen figuras como Dante Alfonso Delgado Morales, hijo del dirigente nacional de MC del mismo nombre; y al Senado, por Nuevo León, Luis Donaldo Colosio y Martha Patricia Herrera González conforman la fórmula al Senado. 

Movimiento Ciudadano decretó un receso hasta el día de mañana a las 17:00 horas para discutir, y en su caso aprobar las listas de plurinominales en las que se mencionan a Héctor Astudillo, Patricia Mercado y el propio Dante Delgado.

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Álvarez Máynez, con alta probabilidad de ganar la presidencia

Bajo Reserva/El Universal

Nos hacen ver que Jorge Álvarez Máynez tiene muy altas posibilidades de ser el próximo presidente, desde luego, de su partido, Movimiento Ciudadano. Entre los emecistas, en especial los del llamado Grupo Jalisco, aseguran que don Jorge, candidato a la Presidencia de la República por MC, aun perdiendo la elección del 2 de junio va a ganar. Nos explican que detrás de esta aventura presidencial existe un plan para que busque la dirigencia nacional en diciembre próximo cuando el actual presidente del partido, Dante Delgado, termine su administración. Nos explican que, desde Jalisco, ven la clara intención de que Máynez sea el presidente de la continuidad en MC, lo que consideran como una herencia en el cargo, y una extensión del mandato de don Dante. Así que todo indica que Álvarez Máynez podría cerrar el año sentado en la silla de la presidencia, del partido Movimiento Ciudadano.

AMLO deja tarea a quien lo suceda en el cargo

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador ha prometido que una vez que termine su mandato se retirará por completo de la vida política y no se meterá en el gobierno de la persona que lo suceda en el cargo, por eso, antes de irse ya le dejó una tarea a quien llegue a sentarse en la silla del águila. El domingo, en su gira por Oaxaca, el Presidente dejó una serie de “recomendaciones” para llevar a cabo en su gobierno a la persona que lo sustituya en cargo. Además de adelantar que dejará un proyecto de decreto presidencial para que se garantice que la autopista Oaxaca-Puerto Escondido sea gratuita permanentemente para los oaxaqueños después de que termine su sexenio, el mandatario federal señaló que otra de las tareas será “terminar bien” todo el proyecto del Corredor del Istmo de Tehuantepec, y otras obras ferroviarias en la entidad. ¿Habrán tomado nota los tres aspirantes presidenciales de las tareas que les dejará el Presidente?

Tribunal, listo para fallo sobre caso de la diputada trans

Nos adelantan que ya hay fecha para que el Tribunal Electoral resuelva la impugnación que la diputada Teresa Castell interpuso, a la resolución por la que se le señaló de violencia política de género contra la diputada trans Salma Luévano por no reconocerla como mujer en un programa de televisión. Será mañana cuando los magistrados resuelvan el caso y se vea si le dan la razón a la legisladora panista, o si la inscriben en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política de Género.

¿Alcanzarán los elementos de seguridad para proteger a candidatos amenazados?

En este diario le hemos dado a conocer las alertas de las autoridades electorales por la injerencia del crimen organizado, también le hemos documentado cómo el crimen pone y quita candidatos y cómo es hacer campaña con la presión de la delincuencia organizada. El viernes, las autoridades electorales y el gabinete de seguridad acordaron que brindarán seguridad a los candidatos que lo soliciten y que sientan amenazadas sus vidas y aspiraciones. Sin embargo, dentro de la oposición se están tronando los dedos porque se saben los más débiles en esta ecuación y no están seguros del compromiso real de las autoridades para proteger a sus abanderados, en especial aquellos a nivel municipal. Además, de que se preguntan: ¿Alcanzarán los elementos de seguridad para proteger a todos los candidatos que se sientan amenazados?

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Fondo de pensiones, con dinero del PJF, los estados y autónomos

Mario Maldonado

EL UNIVERSAL

El presidente anunció una batería de 20 reformas constitucionales que este martes comenzarán a discutirse en el Poder Legislativo. Se trata de iniciativas que cruzan prácticamente todos los sectores políticos, económicos y sociales del país y que forman parte del decálogo de Andrés Manuel López Obrador; todas tienen la ideología del fundador de Morena y del movimiento de la 4T que, se reconoce, va a quedar trunco.

Una de las iniciativas más esperadas era la de pensiones, pues involucra a prácticamente a todos los trabajadores que tienen una Afore (hay cerca de 70 millones de cuentas individuales) y porque es la única que los partidos de oposición han dicho que van a apoyar.

Esta columna tuvo acceso al texto y, desde la exposición de motivos, va en contra de las reformas que han promovido los gobiernos anteriores. “La presente iniciativa busca prevenir una crisis que padecerán las personas trabajadoras que se jubilarán con los regímenes pensionarios de 1997 y 2007, en el cual, serán los sectores más vulnerables de la población nuevamente los más afectados; un escenario que se prevé a 30 años de la entrada en vigor del sistema privado de pensiones, una de las reformas neoliberales y clientelares en materia de seguridad social, copiada del régimen chileno de Augusto Pinochet en la década de 1980”.

Y continúa: “Estamos convencidos de lograr un verdadero cambio de panorama ya que si la reforma estructural sobre la privatización de pensiones se logró bajo un régimen corrupto y autoritario, entonces se puede revertir el daño bajo un régimen democrático y humanista, que reivindica las luchas sociales del pueblo, por lo que el presente proyecto de reforma constitucional invita a otorgarle legitimidad a un verdadero sistema de pensiones que brinden una mejor calidad de vida a los presentes y futuros pensionados”.

Como lo expuso el presidente López Obrador, la columna vertebral de la iniciativa pretende ser un fondo de pensiones (fondo “semilla”) que arrancará con 64 mil millones de pesos. Este se llamará Fondo de Pensiones para el Bienestar y se planea integrar a partir de aportaciones del gobierno federal provenientes de recursos provenientes del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de los ingresos que se obtengan de la venta de bienes inmuebles sin construcción propiedad del Fonatur; de los montos de los adeudos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación y de los órganos autónomos.

También buscan echar mano de recursos de las entidades federativas, de los poderes legislativos y judiciales locales, de las administraciones públicas municipales o de cualquiera de sus entes públicos que tengan pendientes de pago ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el ISSSTE o el IMSS; así como de los recursos por la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley del Infonavit.

Adicionalmente, se prevé que dicho Fondo se complemente con aportaciones derivadas del reintegro de los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación “que se utilizaban para financiar el mantenimiento de casas habitación y otras extravagancias de jueces, magistrados y ministros, una vez que concluyan los procedimientos legales en curso”, dice la iniciativa.

Además, se buscarán obtener recursos financieros y economías que se generen con la eliminación de los órganos autónomos, órganos reguladores, organismos descentralizados, órganos desconcentrados, unidades administrativas y otros entes públicos que se extingan por tener una duplicidad de funciones; del 25% del remanente de las utilidades netas que se obtengan de los ingresos propios de las entidades paraestatales sectorizadas en las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de los rendimientos, aprovechamientos y demás productos financieros derivados de la administración de dichos recursos.

Posdata 1

La verdadera estrategia del presidente López Obrador con las 20 reformas constitucionales que propuso este lunes es, como hemos escrito en textos anteriores, puramente electorera.

La ruta de Morena y la 4T es socializar las reformas en los 32 estados del país, en los 300 distritos electorales, una vez que hayan pasado en sus respectivas comisiones legislativas, para lo cual solo se necesita la mayoría simple, que sí tienen junto con sus partidos aliados.

En Morena saben que será prácticamente imposible que las iniciativas presidenciales pasen en la actual Legislatura, pero la apuesta es que se conozcan en todo el país y que los dictámenes, junto con los resultados de los parlamentos abiertos y las consultas que se realicen, sirvan para que la siguiente Legislatura los retome.

La ruta es utilizar las reformas para ganar votos, para prometerle a la gente que si vota por los diputados y senadores de Morena y sus aliados, esas promesas van a hacerse realidad. Es la apuesta del presidente para perpetuar su movimiento y obtener la mayoría calificada en el Congreso federal.

Posdata 2

Mientras tanto, en el Teatro de la República de Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri encabezó la celebración del Día de la Constitución. Y si bien no estuvieron presentes, como el año pasado, el presidente López Obrador ni la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña –quienes enviaron en su representación a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y al ministro Alberto Pérez Dayán, respectivamente–, sí acudieron los titulares de las Fuerzas Armadas, el general secretario Luis Cresencio Sandoval y el almirante secretario Rafael Ojeda, entre otros funcionarios.

El gobernador de Querétaro, a quien en más de una ocasión el presidente López Obrador ha elogiado por su trabajo, convocó a la unidad y a la concordia; al respeto y a la tolerancia, quizá evocando aquel momento bochornoso del 2023, cuando la entonces flamante presidenta de la Corte, Norma Piña, no se puso de pie en el acto conmemorativo, lo que le valió críticas y reclamos del vocero de la Presidencia, Jesús Cuevas, y del presidente.

“La historia se repite para aquellos que no aprenden sus lecciones. No es posible tener un país en concordia sin democracia, sin libertad y sin justicia social. Libertad e igualdad no se contraponen: se complementan. Democracia y reforma social solo sobreviven si van juntas.

«La libertad no puede sustituirse bajo la promesa de igualdad. La democracia no es canjeable por justicia social. Los contrapesos no entorpecen: facilitan porque limitan, porque iluminan, porque dan voz a las ideas de otros”, expresó Kuri.

Y complementó sobre una de las reformas que, en Palacio Nacional, promovía el presidente López Obrador: “la permanencia de un entramado de instituciones autónomas no son excluyentes, sino complemento imprescindible, de un modelo mejor de país: uno que nos dé libertad con igualdad, democracia con progreso y concordia para que juntas y juntos construyamos el bien común que urge a la nación”.

Posdata 3

Las acciones de Arca Continental, presidida por Jorge Humberto Santos y dirigida por Arturo Gutiérrez, han subido cerca de 5% desde el 26 de enero a la fecha, luego de que su colocación de deuda por más de 6 mil millones de pesos estuvo sobredemandada 2.5 veces.

La empresa, que es la segunda embotelladora más grande de Coca-Cola, inauguró el mercado de deuda corporativa de largo plazo este año de la Bolsa Mexicana de Valores. La emisión de bonos recibió notas altas de las calificadoras Moody’s y Fitch, debido a su buena posición de mercado, la diversificación geográfica de sus operaciones, un bajo apalancamiento y una alta capacidad de generación de flujos.

@MarioMal

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Vendieron Chilpancingo al crimen organizado

Héctor de Mauleón

La violencia de los cárteles vuelve a poblar de llamas y de muertos las calles de Chilpancingo

El Universal, | 06/02/2024 |;

En los días en que a propósito de una investigación de la DEA y de fiscales estadounidenses ha estallado un escándalo sobre el supuesto financiamiento del Cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de López Obrador en 2006, la violencia de los cárteles vuelve a poblar de llamas y de muertos las calles de Chilpancingo.

En una entrevista concedida a Quadratin el año pasado, el obispo emérito Salvador Rangel reveló que dos organizaciones criminales habían financiado las campañas políticas en Guerrero durante las elecciones de 2021.

Según Rangel, Los Tlacos habían apoyado a la hoy gobernadora Evelyn Salgado, y a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez.

Un grupo contrario, Los Ardillos, habría financiado según el obispo las campañas del PRI.

Al triunfo de Morena Los Tlacos, reveló Rangel, se habían adueñado del cobro de piso al comercio y al transporte público, así como de la venta de carne, de pollo, de refrescos, cigarros y cerveza. Los supuestos acuerdos de paz, la pax narca que privaba en Chilpancingo, se rompió. Los Ardillos iniciaron una violenta ofensiva para el control de su territorio.

La guerra entre estas organizaciones, que hasta entonces se había librado en los pueblos de la sierra, bajó a los municipios urbanos y se cebó sobre todo en las calles de la capital del estado, que quedó territorialmente dividida.

Ayer, Chilpancingo de nuevo se vistió de sangre.

En la carretera Chilapa-Petaquillas el chofer de una unidad fue asesinado e incinerado. Simultáneamente, tres conductores más fueron masacrados en las colonias San Francisco, Caminos y Las Torres.

Hombres armados que recorrían las calles prohibieron a los usuarios emplear las camionetas Urvan del transporte público. Chilpancingo quedó completamente aislado. Se suspendió el servicio en las rutas que lo conectan con Tixtla, Chilapa, Tlacotepec, Mochitán y Quechultenango. Las escuelas cerraron por falta de condiciones que garantizaran la seguridad de los alumnos.

A mediados del año pasado la capital de Guerrero se sacudió con una ola de bloqueos, enfrentamientos, aparición de cuerpos desmembrados y asesinatos de comerciantes y transportistas. En junio de 2023 siete cabezas colocadas sobre el cofre de un auto marcaron el inicio de los días de sangre. Una cartulina colocada junto a los despojos le reclamaba a la alcaldesa Hernández Martínez el incumplimiento de acuerdos.

Más tarde se difundió un video que mostraba a Hernández Martínez en un desayuno con el líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.

Quedó claro que esta organización estaba reclamando a la alcaldesa de Morena el apoyo brindado a Los Tlacos.

En esos días la detención de dos líderes transportistas ligados a Los Ardillos provocó que Chilpancingo se viera invadido por miles de personas procedentes de Chilapa, Quechultenango, Acatepec y Atlixtac: una movilización que tenía como fin obligar a las autoridades a negociar con dicho grupo. La Autopista del Sol fue bloqueada durante más de siete horas. Las instalaciones de la Fiscalía General de la República quedaron sitiadas. Cuatro taxistas fueron asesinados y cinco taxis entregados a las llamas.

Muertes, desmembramientos, negocios atacados, comerciantes ejecutados. El obispo Rangel denunció que la gobernadora y la alcaldesa habían vendido el estado al crimen organizado.

Escribí en esos días que sin embargo nada ocurría: que los días, y las noches, y las madrugadas de horror, seguían poblando Chilpancingo.

Nada ha cambiado desde entonces. En medio de la tormenta, la alcaldesa de Chilpancingo anunció en diciembre su aspiración de competir por el Senado. Acaba de anunciar que, al no resultar beneficiada en el proceso interno de Morena para la integración de las fórmulas, buscará la reelección.

No solo eso: felicitó al padre de la gobernadora, Félix Salgado Macedonio, uno de los grandes responsables de la tragedia de Guerrero al abrirle las puertas del estado al grupo de los Beltrán Leyva, “por haber sido postulado nuevamente para el Senado”.

Tal vez tienen razón quienes critican que se dé a conocer una investigación de la DEA sobre un supuesto financiamiento del narcotráfico a una campaña ocurrida en 2006.

Para qué ir tan lejos si el aquí y ahora están tan cerca.

Cosa de voltear a ver la sangre y las llamas que arrasan Chilpancingo.

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Mira, Claudia,  ahí te dejo estos dos pesos

Pascal Beltrán del Río

Bitácora del director

Excelsior 

Ayer preguntaba en este espacio de dónde saldrían los recursos para concretar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de incrementar el gasto público en pensiones a fin de que los trabajadores se retiren con 100% del monto del salario que recibían al momento de la jubilación.

Y decía que de todas las propuestas de reforma que iba a presentar el lunes, la que podía tener mayores efectos perniciosos era ésa, pues 1) la oposición dice que está dispuesta a acompañarla y sumarse a la mayoría calificada que se requiere para modificar el artículo 123 constitucional, y 2) seguramente meterá en aprietos a las finanzas públicas, porque éstas ya están tensionadas.

En su discurso en Palacio Nacional, el mandatario habló de los recursos para el retiro en el punto número 12 de los 20 que anunció.

“Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100 por ciento de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1° de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco, al mismo tiempo que se utilizará para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal”.

Suena extraño que un hombre que mandó desaparecer los fondos y fideicomisos –porque supuestamente sólo servían “para robar”– ahora anuncie la creación de este “fondo semilla”. Y aunque ahora tenemos algo de claridad sobre la disposición de su gobierno de ponerle recursos a la idea, el monto inicial, de 64 mil 619 millones de pesos, sólo serviría para el propósito anunciado si la semilla en cuestión fuera como las habichuelas mágicas del cuento de Hans Christian Andersen. 

A reserva de revisar con detalle la iniciativa y de ver si la mayoría oficialista le hace algún cambio –o no le mueve una coma, como le gusta al Presidente–, la cantidad no parece que alcance ni para tapar una muela. El viernes pasado, el área de análisis de Citibanamex calculaba que se requerirían 430 mil millones de pesos sólo para 2025, primer año de la nueva política pensionaria. Y conforme avance el proceso de envejecimiento de la sociedad mexicana, la cantidad requerida iría rápidamente en ascenso.

El Presidente mencionó ayer que las reformas impulsadas por Zedillo y Calderón impiden a los trabajadores “jubilarse con el 100 por ciento de su salario”. Sin embargo, olvidó decir que la reforma que creó las afores fue necesaria para evitar la quiebra del sistema de pensiones regido por la ley echeverrista de 1973, en el que los trabajadores tampoco se han retirado con la totalidad de lo que percibían.

Por ejemplo, según la calculadora de pensiones del IMSS, una persona que tiene derecho a su jubilación completa, que cotizó durante 500 semanas y tuvo un salario promedio de 10 mil pesos mensuales en los últimos cinco años, solamente recibe 4 mil 160 pesos con 21 centavos.

Entonces, ¿a qué trabajadores les tocará el beneficio propuesto por el Presidente? Por lo que conocemos de la iniciativa, serán únicamente quienes se jubilen por el régimen de las afores. ¿Por qué sólo ellos y no los de la ley 1973, que, como digo, tampoco reciben el 100 por ciento?

Pero, por más que se acote la cantidad de beneficiarios de esta iniciativa y se tope el monto de la pensión en 16 mil 777 pesos mensuales, López Obrador y sus legisladores le estarán heredando un problema financiero mayúsculo al próximo gobierno.

Parafraseando la letra de la canción de Chava Flores, el Presidente parece estarle diciendo a la aspirante que escogió para sucederlo: “Mira, Claudia, ahí te dejo estos dos pesos. Pagas las pensiones, les subes el sueldo a los maestros y te construyes unos trenes de pasajeros y otra refinería. De lo que sobre, coges de ahí para tu gasto”.

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El asalto a la razón

La falsa coartada del “humanismo”

Excelsior, 

Tratando de justificar el atentado al estado de Derecho que constituyen las iniciativas de reformas para dinamitar el Poder Judicial y los organismos autónomos, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ofreció ayer un sinsentido: “la llegada del humanismo a la Constitución”.

Si eso cree, ignora o desdeña que la vigente mandata desde su primer y principal artículo que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales (…), así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse (…). Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades (…) tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, (…).Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas…

De ser eso contrario al humanismo, habría que aceptar la baladronada de que se quiere “dejar en claro al mundo que, en México, el Estado es el garante de la protección de los derechos sociales. Y estará en la Constitución para demostrar que la cuarta transformación tiene una concepción política de trascendencia histórica”.

Alcalde también afirmó que “hasta la Constitución llegó el avasallante neoliberalismo y se crearon en ella aparatos para proteger intereses privados sobre los públicos. Llegaron las privatizaciones, se instauró la mala idea de construir el bienestar desde arriba y con excepciones; se trastocó así el sentido social de la propia Constitución”.

¿De veras?

¿Acaso los monopolios Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, los bancos estatizados por López Portillo y ahora el Tren Maya, la renacida Mexicana de Aviación o los servicios turísticos, puertos y aeropuertos confiados a las fuerzas armadas fueron iniciativa original y son propiedad “del pueblo”?

Lo único cierto es que la 4T no tolera contrapesos. Quiere engullírselos y endosar las funciones del INAI a la oficializada y degradada CNDH, descuartizar el INE y eliminar las instituciones que velan por la libre competencia y el abaratamiento de los servicios, y lo más grave: tener un Poder Judicial sumiso, politizado y faccioso.

A tiempo y certero, el satanizado ministro Alberto Pérez Dayán alertó:

“Por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie…”.

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Día con día

Los testigos protegidos y la realidad

Héctor Aguilar Camín

Milenio

Nadie pretende, creo, que lo publicado por Tim Golden en ProPública prueba que López Obrador o sus personeros tomaron dinero del narco en el año 2006.

El propio Tim Golden titula su pieza periodística con una pregunta. Lo que Tim Golden hace es recoger investigaciones y versiones de testigos protegidos por la DEA y dejar constancia de que una investigación similar fue suspendida, en el año 2011, por razones políticas, para no dar pie a que se pensara que el gobierno de Washington intervenía en la elección mexicana.

El circuito de información y testigos de donde viene el reportaje de Golden es en parte el mismo del que salieron las acusaciones que tienen a Genaro García Luna en la cárcel en Estados Unidos.

Quien admita la calidad de los testimonios de testigos protegidos en el juicio de García Luna debe admitir la calidad de los testigos referidos por Tim Golden.

A mí no me gustan los testigos protegidos ni para montar juicios ni para sustentar reportajes, si no vienen acompañados de otros hechos tangibles, probatorios de lo que dicen estos señores, que en el fondo no son sino unos delincuentes buscando que los traten mejor de lo que merecen.

Golden tiene el cuidado profesional de no dar lo que cita por probado, sino usarlo para plantear la pregunta que encabeza su reportaje:

Did Drug Traffickers Funnel Millions of Dollars to Mexican President López Obrador’s First Campaign? (“¿Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador?”)

Significativo para mí es lo que dice el sumario del reportaje: “Testigos dijeron a la DEA que el dinero fue dado a cambio de la promesa de que el futuro gobierno de López Obrador toleraría la operación de los cárteles”.

Con dinero o sin dinero de por medio, eso es exactamente lo que ha hecho López Obrador durante su gobierno: ha sido blando con el narco y con el crimen organizado, los ha dejado crecer y ensangrentar al país como ningún otro presidente.

Resultado: México ocupa el primer lugar en criminalidad según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional 2023 (GI-TOC, por sus siglas en inglés) (La silla rota. 2/2/24)

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El ministro del pueblo

Francisco Martín Moreno 

REFORMA, 06 febrero 2024;

En días pasados, el ministro Alberto Pérez Dayán, en su carácter de presidente de la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, rompió con el empate de 2 votos a favor, de él y de su par Luis María Aguilar y dos en contra, de las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, al emitir, de acuerdo al artículo 56, de la Ley de Amparo, un voto de calidad con el que afortunadamente fue posible declarar inconstitucionales las disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por AMLO.

Dicha disposición establece: «Cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del pleno o sala, como fue el caso del ministro Javier Laynez Potisek, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, estos continuarán en el conocimiento del asunto; en caso de empate, quien presida tendrá el voto de calidad». Pérez Dayán hizo valer la vigencia efectiva del orden constitucional.

Para la señora Batres, el voto de calidad ejercido por Pérez Dayán no pasa de ser un «albazo»muy a pesar de estar dispuesto en la ley. La caterva de farisaicos de Morena presentará una demanda de juicio político para remover a dicho ministro, un auténtico gigante defensor de los intereses superiores de la República, en tanto AMLO propondrá una iniciativa de reforma energética en el paquete que presentaría el 5 de febrero, o sea el día de ayer, para insistir en opciones más eficientes para lastimar la economía y la salud de los consumidores de energía eléctrica, al obligar en términos suicidas, a usar combustóleo, caro y tóxico, en lugar de imponer el uso de energías limpias y baratas, como la eólica y la solar, entre otras más, algo así como generar fuego, como lo hacían los homínidos, al tallar dos hongos yesqueros…

¿Quiénes son las señoras Batres y Esquivel para oponerse al voto de calidad establecido en la ley? Ambas carecen de las prendas profesionales y éticas para formar parte de la Corte y carecen de la más elemental calidad moral para ejercer o recibir un voto de calidad en cualquier sentido. En el 2025, cuando México fortalezca el Estado de derecho, Ortiz, Esquivel y Batres serán las primeras candidatas a ser removidas de sus elevados encargos mediante un juicio político.

¡Claro que la decisión del ministro beneficia a las empresas y a todas las familias mexicanas al eliminar condiciones monopólicas en el sector! ¡Claro que la ley de la Industria Eléctrica propuesta por AMLO transgredía los principios constitucionales de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable, así como el sistema de adquisición de certificados de energías limpias! ¡Claro que no podía prosperar un orden de prelación en el despacho de energía eléctrica para privilegiar a los generadores de la CFE alterando el mercado eléctrico en perjuicio de los particulares! ¡Claro que no procede el juicio político porque dicha resolución no redunda en perjuicio de los intereses públicos, sino todo lo contrario! ¡Claro que ningún juez constitucional puede ser juzgado por el ejercicio de sus facultades, de lo contrario, se estaría arriesgando la solvencia del Estado Constitucional de Derecho! ¡Claro que el Poder Judicial debe cumplir con la preservación de la Constitución, la legalidad y los derechos de todos! ¡Claro que se debe reducir el recibo de la luz, el gas natural, el precio de algunos servicios y alimentos! ¡Claro que todos los mexicanos tendremos derecho a saber cuánto se les paga a las empresas y qué beneficios aportan! ¡Claro que las rondas licitatorias de los contratos serán públicas y transmitidas en tiempo real a través de Internet! ¡Claro que la utilización del gas natural permitirá mejorar la calidad del aire!

¡Claro que Pérez Dayán es un auténtico ministro del pueblo, puesto que con su voto de calidad benefició a las empresas y a todas las familias mexicanas al eliminar condiciones monopólicas en el sector, estimuló la competencia, la libre concurrencia, el desarrollo sustentable, las energías limpias y privilegió a los particulares!

Mientras existan ministros como Piña Hernández, Pérez Dayán, Laynez, Ríos Farjat, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Gutiérrez Ortiz Mena y González Alcántara, existirá la República y prevalecerán las garantías individuales. En relación a las ministras prófugas de la ética y del derecho no desperdiciaré ni una sola gota de tinta. ¡Bravo, Pérez Dayán, bravo!

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Las 20 iniciativas

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento 

REFORMA

«El poder centralizado no se vuelve inofensivo por las buenas intenciones de quienes lo crearon». Milton Friedman

El presidente López Obrador presentó ayer en el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional sus 20 nuevas iniciativas de reformas constitucionales. Escogió la fecha del 5 de febrero, aniversario de las constituciones de 1917 y 1857, no solo para despreciar el tradicional festejo republicano de Querétaro, sino para señalar que está proponiendo realmente una nueva Constitución, la suya.

Algunas de las propuestas ya están en la Carta Magna, como el reconocimiento a pueblos indígenas y afromexicanos como «sujetos de derecho público» para ser consultados sobre obras que afecten su entorno. Propone llevar a la Constitución las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, y aumentar el monto año con año, sin considerar los costos. Ofrece becas a todos los estudiantes de todos los niveles, pero tampoco precisa lo que costarían.

Promete atención médica gratuita, como lo ha hecho en varias ocasiones, sin explicar por qué en su gobierno millones se han quedado sin este servicio. Dice que los trabajadores serán dueños de sus viviendas, pero esta disposición ya existe en la Constitución, solo que los gobiernos no han sido capaces de garantizarla.

«Prohibir el maltrato animal» significa acabar con las corridas de toros, porque no hay intención de eliminar el uso de animales para alimento. Prohibir el maíz transgénico, el fracking y la minería a cielo abierto solo revela ignorancia en temas técnicos y ecológicos.

«Respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico» acabaría con la agricultura, la ganadería y la industria en dos terceras partes del país. Colocar en una misma prohibición vapeadores y fentanilo es no entender los daños relativos de unos y otro, ni tampoco la necesidad médica del fentanilo como anestésico.

Establecer que el aumento del salario mínimo no debe ser nunca menor a la inflación puede condenar al país a una inflación permanente. Revertir las reformas de pensiones de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón es no comprender que el viejo sistema ya estaba quebrando y que el «fondo de semilla» de 64 mil millones de pesos de poco o nada servirá para cubrir el pasivo de billones que se estaría creando. Garantizar el derecho a la educación y al trabajo haciendo que el gobierno contrate a todos los jóvenes se convertirá en otro barril sin fondo. Colocar Sembrando Vida y los precios de garantía en la Constitución será equivalente a eternizar dos programas que han sido muy ineficientes.

Ordenar desde la Constitución que las empresas ferroviarias otorguen servicios de pasajeros sin considerar los costos condenará a los sistemas de carga a volverse mucho más caros y bajará la competitividad de nuestro país. Eliminar los legisladores plurinominales busca solamente aumentar la mayoría de Morena en el Congreso. La elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros politizará, todavía más que ahora, las designaciones de los juzgadores. Ordenar que la Guardia Nacional pase a ser parte de Sedena militarizará definitivamente la seguridad pública. Reescribir el artículo 127 constitucional para que nadie gane más que el Presidente no resolverá los problemas del artículo, pero tampoco ayudará en nada al país. Eliminar todos los organismos autónomos solo servirá para acabar con los contrapesos del poder presidencial.

Las 20 iniciativas son un proyecto de nación, pero no como el que López Obrador presentó en 2017, que era cuando menos equilibrado. Este no busca más que plasmar las ocurrencias de un Presidente sin sentido práctico en la Carta Magna… y concentrar el poder en sus manos.

· BUKELE

Poco le importó a Nayib Bukele que la Constitución de El Salvador prohibiera la reelección. Decidió imponer reglas que borraban a la oposición y se postuló. Ganó con 85 por ciento y en este caso México sí se apresuró a felicitarlo. Bukele tuvo un gran éxito para reducir la violencia, pero ahora está creando una dictadura.

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