22 de noviembre de 2024

LA POLÍTICA NACIONAL

Sábado 1 de octubre de 2022

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La democracia en peligro

Sergio García Ramírez

El Universal, 1 de octubre de 2022

Estamos bajo metralla, que puebla el horizonte de México. No lo ignoremos y actuemos en consecuencia. Hay que animar la reflexión de los observadores y la conducta de los actores en nuestro escenario político y social. Mantengamos la conciencia despierta y la voz elevada, cada quien en su trinchera.

El silencio de los ciudadanos, que ocurre con frecuencia, puede cobrar un precio elevado: el precio de nuestra vida institucional, de nuestra paz colectiva, de nuestro desarrollo democrático. Hemos comenzado a pagarlo. Y crece. No exagero; sólo formulo un diagnóstico y atrevo un pronóstico sobre los males que acechan a la República. Hoy, la democracia peligra.

Presenciamos la fractura de partidos políticos; el ríspido debate en el Congreso de la Unión; las amenazas del Ejecutivo, que abdica de su papel como factor de concordia y agente de conciliación; la intimidación o la oscura atracción de voluntades quebradizas; el fracaso de estrategias que debieron generar paz y bienestar. Y en esta atmósfera nos disponemos a resolver algunos problemas mayores de la agenda nacional. Lo pretendemos con reformas que pueden extraviar el rumbo y el destino de la República.

En los partidos de oposición han surgido disputas que quizás serían naturales en días de paz, pero no en jornadas inciertas. En las actuales circunstancias, la buena marcha de México sugiere —o mejor dicho, exige— serenidad, ecuanimidad, generosidad. Son las virtudes que podrían orientar nuestro paso y resolver o moderar los problemas que nos asedian. El retorno de México a la democracia —o la consolidación de ésta, si se prefiere decirlo así— requiere la firme alianza entre esos partidos, asociada a la participación convencida y eficaz de la sociedad civil.

Esa comunidad de ciudadanos, aspirantes a la democracia, inclinará los platillos de la balanza y resolverá el futuro. Su fractura traería consigo la victoria del autoritarismo. Ojalá que dirigentes y aspirantes entiendan la gravedad de la situación y pongan en receso sus ambiciones e intereses, para militar exclusivamente en favor de la nación. Es absolutamente indispensable devolver a la palabra —palabra “de honor”— la virtud de convencer para que puedan vencer quienes libran la batalla de la democracia, cuyo futuro se halla gravemente comprometido.

Vemos al Presidente de la República incendiar la pradera, animar vientos de guerra y arremeter contra los compatriotas que sustentan ideas que difieren de las suyas. ¿Es éste el papel del Ejecutivo en una sociedad democrática? Se ha exhibido a los discrepantes, mostrando al país sus rostros. Los coincidentes son patriotas; los disidentes, traidores; y cada uno debe seguir la suerte que dicta el conductor de la República desde la más alta tribuna de la Nación.

En aquella cátedra sombría también doblan los tambores contra el Poder Judicial, cuya misión constitucional y moral es operar como factor de equilibrio y moderación, sin poner la ley —¡jamás!— al servicio de una causa partidista o de un proyecto personal. El Ejecutivo de la Unión (¿de la “Unión”?) no parece entender la misión histórica que le compete ni la que tienen a su cargo los otros Poderes con los que el pueblo ejerce su soberanía (artículo 41 constitucional).

¿Cuánto tiempo y trabajo nos llevará devolver la serenidad a las conciencias, fincar un verdadero proyecto nacional, resolver en común los problemas que nos aquejan, reunir y unir a los mexicanos, arraigar la libertad y la justicia? ¿Y qué hará el Presidente de la República en favor de estos propósitos, abandonando la costumbre de militar en contra?

Profesor emérito de la UNAM

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La Guacamaya que sacudirá al Palacio

Salvador García Soto

El Universal, 01/10/2022;

Las canciones de Chico Ché se han vuelto el sustituto discursivo del presidente de México. Cuando no tiene algo coherente que decir o no quiere comprometerse con un tema que le incomoda y molesta, pero al mismo tiempo quiere minimizarlo y banalizarlo, López Obrador recurre a la discografía de su paisano tabasqueño con sus letras jocosas y su ritmo tropical. Chico Ché sirvió para contestarle a Estados Unidos, cuando interpuso su denuncia contra la política energética de su gobierno en el marco del TMEC, aunque después se desdijo y aceptó públicamente que le dolió la queja de Washington; y ahora el cantante del overol y bigote sirvió para ocultar la furia y temor del presidente ante el hackeo masivo de documentos militares confidenciales que sufrió la Defensa Nacional.

 Porque ayer López Obrador primero validó la veracidad de los expedientes hackeados de los archivos digitales del Ejército Mexicano, al reconocer que sí son reales y que sí padece las enfermedades que mencionan, pero luego trató de desestimar o restarle importancia al contenido de esos expedientes en poder del grupo de hackers y activistas de “Guacamaya” y filtrados a medios digitales como el portal Latinus. “Casi no pude dormir de preocupación, pensando no, que es la gran nota. Pues no tienen nada… Están mal nuestros adversarios pensando que eso nos va a dañar, la gente hasta rechaza eso, lo ve como una invasión a la privacidad, una falta de respeto, una bajeza”, dijo el presidente antes de pedir que le pusieran la canción de Chico Ché “El ejército no me quiso”.

 Cuando le preguntaron al presidente si tenía alguna hipótesis sobre el origen de este grupo de hackers que vulneró los sistemas de la Defensa mexicana, dijo que cree que viene de una agencia extranjera y que se trata de profesionales con experiencia en este campo que aprovecharon “que están haciendo un cambio en el sistema de la Sedena” para entrar y robar la información. “Pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México”, dijo el mandatario sin dar mayores detalles.

Lo más interesante ayer de la reacción del presidente mexicano, que al final es fiel a su estilo, es que contrasta con la forma en que otros países han abordado estos hackeos. En Chile, por ejemplo, donde también sufrieron un hackeo de información por parte del colectivo Guacamaya, que extrajo miles de documentos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la ministra de Defensa chilena, Maya Fernández, convocó a una reunión urgente con el gabinete de seguridad y retornó a su país, el pasado 21 de septiembre, interrumpiendo la gira que realizaba con el presidente Gabriel Boric, para analizar las acciones a seguir para enfrentar el hackeo y ordenar una “investigación inmediata” para determinar las responsabilidades en este caso e interponer denuncias ante la justicia chilena.

Acá, aunque el presidente López Obrador minimizó el asunto y hasta se mofó con la cumbia de su paisano Chico Ché, al interior del gobierno, tanto en la Secretaría de Gobernación como en la Sedena y la Marina, había preocupación en serio por el contenido de varios de los expedientes e informes que fueron robados. “Se está revisando a fondo qué fue lo que pasó y cómo es que lograron vulnerar los códigos de seguridad del Ejército. El hecho es grave y se está haciendo un listado de los informes, expedientes y demás material que fue extraído de los servidores. Es claro que esto apenas es el inicio y que seguirán filtrando información confidencial y que puede poner en riesgo incluso a la seguridad nacional y a las propias fuerzas armadas”, nos decía ayer una fuente de inteligencia militar.

 Es decir que, más allá de la reacción pública del presidente, que pretende negar el impacto que este robo de información tendrá para su gobierno, el hecho está siendo tomado con seriedad por las Fuerzas Armadas que, al final, son las que saben a detalle qué tipo de información fue extraída y el daño que puede causar su difusión. Ayer mismo se inició una investigación para tratar de seguir las huellas del hackeo y descifrar cómo es que se rompieron los protocolos de seguridad de los sistemas de la Defensa. Hay incluso una hipótesis que ya manejan en las áreas de inteligencia militar que apunta a “una traición interna” dentro del Ejército; es decir, que la fuga masiva de información pudo haber sido intencional y sería parte de las fuertes pugnas e inconformidades que se están registrando dentro de las Fuerzas Armadas.

 Veremos qué arrojan las investigaciones internas en las Fuerzas Armadas y si se da a conocer cómo es que los sistemas encriptados y las claves de acceso fueron descifrados por un grupo de jóvenes hackers que se autoadjudican la filtración o si en realidad se trató de una fuga de información dentro de la propia milicia. Por lo pronto, lo grave de todo esto no es lo que se conoció ayer, que tiene que ver, efectivamente, con temas ya conocidos, aunque no siempre difundidos con transparencia, como la mala salud del presidente, la forma en que se dio la orden para doblegar al Ejército al poder del Cártel de Sinaloa en el Culiacanazo o la pugna fuerte que tienen el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda, de la Secretaría de Marina.

Habrá todavía mucha información y expedientes reservados que saldrán a la luz y ahí, todo indica, hay información delicada que sacudirá a Palacio Nacional. Ayer una cuenta de Twitter creada el jueves pasado y nombrada como @GuacamayaHacks que se atribuye al grupo de activistas, aunque ellos no la han reconocido oficialmente, mandaba un mensaje inquietante en sus publicaciones: “Presidente López Obrador, solo usted sabe lo que va a salir a la luz. Tome una buena decisión y Renuncie Ya”, decía el mensaje publicado en inglés y español y acompañado del hashtag #AMLORenunciaYa. De ser real esa cuenta y por lo tanto el mensaje, habría que preguntarse ¿qué puede tener un grupo de hackers en su poder y ahora filtrado a medios que podría provocar la renuncia de un presidente?

En todo caso, está claro que la irrupción de este presunto colectivo de activistas y hackers ocurre en una coyuntura especialmente complicada para el presidente López Obrador: el mismo día que se filtra la portada del libro “El Rey del Cash”, de Elena Chávez, quien fuera pareja sentimental de César Yáñez, actual subsecretario de Gobernación y uno de los hombres más cercanos a AMLO en los últimos 20 años, donde prometen revelar cómo fue que se financió, con cash y “aportaciones al movimiento” la trayectoria política y las campañas del ahora presidente. Si a eso se le suma la crisis económica, por la alta inflación, las diferencias y roces que ha tenido con Estados Unidos y la violencia e inseguridad que sigue afectando al país, está claro que, sea quien sea que está detrás del hackeo (o filtración por traición interna) de los expedientes militares, sin duda quieren desestabilizar y hasta vulnerar a la Presidencia de la República.

Por algo, el general secretario dijo en una ocasión, de acuerdo con testigos que se lo escucharon decir, la frase: “A mí me gustaría haber llegado seis años después, no seis años antes”, en relación a su nombramiento sorpresivo como secretario de la Defensa en este gobierno, porque a él le faltaba aún subir en el escalafón para encabezar la Sedena, pero por decisión de López Obrador y del general Audomaro Zapata, fue hecho secretario antes de tiempo. Así de complicadas se están viendo las cosas desde la visión militar. Por cierto, ¿sabían que hay una variedad de guacamayas que, por su color verde intenso, se conoce como el Ara militaris o el guacamayo militar? Dato curioso.

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Fue el Ejército

LINOTIPIA / Peniley Ramírez

REFORMA, 01 Oct. 2022

El jueves 18 de agosto, los padres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014 fueron a Palacio Nacional, con sus representantes. Allí se reunieron con el Presidente, el secretario de la Defensa Nacional, el fiscal general, el de la unidad especializada en el caso, altos funcionarios de la Cancillería, Seguridad y Gobernación.

Fuentes que estuvieron allí me dijeron que Alejandro Encinas mostró a los padres una presentación con detalles del informe de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, el mismo que publiqué aquí la semana pasada. Encinas dijo que el gobierno había asumido el compromiso de decirles la verdad, por más dolorosa que fuera. Añadió que habían construido el informe basándose en chats y en análisis de comunicaciones. Mostró su cronología de aquellos 26 y 27 de septiembre, y los mensajes que utilizó la Comisión a su cargo.

La presentación, como el informe, contenía horribles detalles de cómo cree la Comisión que fueron asesinados los estudiantes y se ocultaron sus restos. Después, hablaron a los padres sobre la participación de los militares. Les mostraron más chats. Desde números telefónicos atribuidos a los criminales, había quejas de que un coronel del Ejército había recibido sobornos y no los protegía. Un capitán escribía a funcionarios municipales acerca de cómo los restos estarían seguros dentro del campo militar. Allí podrían «manipularlos a sus anchas. Luego verían dónde los echaban». Los criminales, meses después, hablaban de cómo en la zona aún andaban «limpiando todo».

Al terminar, Encinas anunció que el informe se haría público, porque la Comisión estaba abierta al escrutinio. Pero el informe se publicó testado. Entre lo que se borró están casi todas las menciones a la posible participación del Ejército.

El sábado pasado, Encinas dijo que debe investigarse quién me entregó una copia del informe sin testar. Fuentes judiciales me explicaron que no hay riesgo de que la filtración del informe dañe el debido proceso, porque no es un documento elaborado por la Fiscalía. Esta semana, me contactó una persona que dijo ser la hija de José Luis Abarca. Aseguró que ella no escribió los mensajes que se le atribuyen. El jueves, el Grupo de Expertos Independientes que asesora el caso (GIEI) dijo que están verificando la autenticidad de los mensajes. Otras fuentes me dijeron que ya se habían verificado. Reforma publicó que, según las intercepciones de la DEA, los criminales se comunicaban por Blackberry. Para la Comisión, lo hacían por WhatsApp. El GIEI señaló que esta aparente contradicción también debe analizarse. Ni los representantes de los padres ni el GIEI respondieron a mis solicitudes de entrevista.

Este informe, sin embargo, no es la única pista que llevó al Ejército en el caso Ayotzinapa. Otra fuente me dijo que, horas después de la presentación en Palacio Nacional, la persona que entregó la información y chats a la oficina de Encinas declaró en la Fiscalía del caso. Casi al mismo tiempo, esa Fiscalía liberaba decenas de órdenes de aprehensión a militares, que luego cancelaron, según sabemos por El País y Proceso. Las órdenes no tenían como base el documento de la Comisión, que acababa de presentarse, sino investigaciones que comenzaron en febrero de 2020.

Aquel mes, un testigo protegido identificado como «Juan» declaró detalles a la Fiscalía que coinciden, en muchos puntos, con los chats que presentó la Comisión. Obtuve una copia de la declaración de aquel testigo, que Reforma publicó en 2021. Allí dice que dos grupos de militares acompañaron a los criminales mientras escondían los restos de los jóvenes, que recibían sobornos de Guerreros Unidos y les vendían armas que decomisaban a grupos rivales.

Juan declaró que habían llevado a estudiantes al 27 Batallón de Infantería, para interrogarlos, y algunos habían muerto. En los meses después de aquella declaración, la Fiscalía recopiló más datos sobre el Ejército. Ahora, el caso está en manos de otros funcionarios, no de la Fiscalía especializada, que casi se ha desmantelado en las últimas semanas, según reportes de prensa.

Para miembros de alto rango del Ejército, a cuyas opiniones tuve acceso, el curso actual del caso Ayotzinapa es un doble juego del gobierno obradorista para presionar a los militares, luego protegerlos y que obedezcan, sin protestar, al Presidente.

@penileyramirez

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¿CERTEZA JURÍDICA A FUERZAS ARMADAS O JUEGO RUMBO A LA SUCESIÓN?

por JESUS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR

Ya casi todo está “planchado” en el Senado para que el próximo martes los senadores aprueben la minuta que extiende el lapso de tiempo, hasta el 2028 para que las Fuerzas Armadas continúen en tareas de seguridad.
Los acuerdos no fueron fáciles. El gobierno, Morena y sus aliados no pudieron doblegar al bloque de contención en el Senado conformado por las bancadas del PRI, PAN, PRD MC y Grupo Plural, a pesar de que fue el mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien encabezó las negociaciones para que se pudiera obtener la mayoría calificada que los diputados sí tienen.
Fue Ricardo Monreal quien, a pesar de estar distanciado de Palacio Nacional, convenció para que el gobierno flexibilizara su postura y permitiera modificaciones al dictamen de la Cámara de Diputados consciente de que en el Senado no tenía posibilidades de ser avalado sino se escuchaba a la oposición.
Así que tras ser regresado a las Comisiones Dictaminadoras en un claro intento de evitar que los opositores con su voto en contra cerraran la posibilidad de permitir que marinos y militares sigan en las calles, el próximo miércoles concluye el plazo de 10 días previsto en la ley para que los legisladores resolvieran sobre este asunto, lo que, sin duda, permitió que los acuerdos fluyeran.
Los legisladores de todos los partidos se pusieron a redactar una nueva propuesta que será votada el martes 4 de octubre lo que permitirá dar certeza jurídica a las fuerzas armadas.
A decir de Ricardo Monreal, la nueva minuta establecerá, además de la ampliación del plazo de 2024 a 2028, mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de las Fuerzas Armadas, así como de la Guardia Nacional. Elementos que pedía la oposición al igual que la capacitación de las policías locales.
Por supuesto, para que esto sea posible se tendrán que destinar recursos para ello, cosa que no será fácil pues la mayoría de las finanzas ya están comprometidas en las grandes obras de este sexenio como la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, sin contar con los millones que se gastan en financiar los programas sociales.
Así que, aunque en el Senado pueda prosperar esta nueva propuesta, en la Cámara de Diputados se tendrá que tomar en cuenta si hay viabilidad o no en materia de financiamiento, pues recordemos que, por tratarse de una iniciativa distinta, según lo marca la ley, la minuta pasaría a San Lázaro para su análisis y votación.

Quizá de no ponerse de acuerdo el Congreso, el presidente insista en promover la consulta, que según él no es consulta, para que permanezca el ejército en las calles, pero con doble intención.
La primera: lograr lo que desde un principio ha querido y que es, como todos saben, que el Ejército y la Marina sigan contribuyendo en su totalidad en las tareas de seguridad.
Y la segunda es que se aprovecharán “las asambleas informativas” que tendrá que hacer el secretario de gobernación por todo el país para promocionarlo rumbo a la carrera presidencial del 2024.
Este hecho le quitaría presión a la figura de Claudia Sheinbaum y por ende evitaría su desgaste, al tiempo que restaría fuerza a Marcelo Ebrard para finalmente allanarle el camino a la Jefa de Gobierno quien es la verdadera favorita.
Ya veremos que pasa, pero por lo pronto lo que sí es un hecho es que en el Senado Monreal ya cuenta con los votos de la bancada del PRI a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong y del PRD que coordina Miguel Ángel Mancera.

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OPINIÓN Columna/ Salvador García Gaona/ AMLO vs Creel; sin decisión el primer round.- Las fricciones con el Poder Legislativo han ido en aumento a partir de que el experimentado diputado panista Santiago Creel Miranda rindió protesta como presidente de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, luego de ser electo por el Pleno, con mayoría calificada de 455 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones. [SDPNOTICIAS]

Artículo/ Jorge Triana/ Fue el «pueblo uniformado»! …Ayotzinapa es un caso que representa mucho de lo que está mal en nuestro país: impunidad, corrupción, encubrimiento, colusión entre autoridades y crimen organizado, mentira y sobre todo injusticia. El morenismo apuntaló promesas basado en el sentimiento frustrante de dicha injusticia, ofertaron todo en campaña; …y lo único que por voluntad han otorgado fue un «nuevo informe resolutivo» donde todo lo importarte se hallaba censurado. [UNIVERSAL/p15]

Artículo/ Ivonne Ortega/ Filtraciones de peso.- Consideraciones políticas aparte, la filtración de miles de documentos, imágenes y datos de la Sedena por parte del colectivo hacktivista internacional Guacamaya, es una de las mayores vulneraciones digitales en la historia de nuestro país…El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Morena se ha significado por los más altos índices de opacidad en el manejo de contratos… [UNIVERSAL/p14]

Columna/ Ivonne Melgar/ Retrovisor/ Segalmex: la cueva de Alibabá y sus ladrones.- Documentado en las cuentas públicas de 2019 y 2020 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el desfalco de Segalmex asciende a 9 mil 500 millones de pesos, un monto superior a los 7 mil 600 de la llamada Estafa Maestra. «Es la cueva de Alibabá Ovalle y sus 40 ladrones», afirmó este lunes la diputada María Elena Pérez-Jaén, después de haber presentado una denuncia ante la FGR… [EXCÉLSIOR/p10]

Columna/ Red Compartida.- En qué tipo de sistemas de cómputo guardan la información en la Sedena? Y ¿No se supone que ellos tienen la mayor seguridad? Nos anuncian que en San Lázaro quieren hacer una comisión que investigue si no recortaron algún programa de seguridad cibernética en la austeridad republicana o no ejercieron el presupuesto. [LA PRENSA/p2]

Artículo/ Gustavo Alanís.- De acuerdo con información de Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023 (PPEF 2023) que el Poder Ejecutivo presentó a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre continúa desgraciada e incomprensiblemente con una tendencia decreciente para el cuidado y conservación de las áreas naturales protegidas, patrimonio natural de México. [UNIVERSAL/p15]

Columna/ Patricia Carrasco/ Doble Efecto / Eliminan límite de edad.- Vaya que es una buena noticia, entre decenas de malas nuevas en el mundo laboral mexicano, que los diputados hayan aprobado eliminar el “límite máximo de edad” para un obtener empleo. [PRENSA/p6]

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