Columnas Políticas

Columnas del sábado 26 de febrero de 2022

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Guardería ABC: el ministro y la jauría

Las palabras del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, sobre los responsables de la tragedia del 5 de julio de 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, con saldo de 49 niños y niñas muertos y decenas de heridos, resultan lamentables. Enterado de quiénes habrían sido los responsables de la tragedia, el ministro acepta haber guardado silencio durante muchos años, “para proteger a la Corte”, cuando los padres de los pequeños clamaban —y claman— justicia. Ahora habla de “una operación de Estado” para ocultar la verdad.

Por fortuna, hubo quienes no tuvieron sus pruritos ni callaron. En MILENIO, Diego Osorno publicó crónicas estremecedoras y revelaciones contundentes. Encendió la polémica cuando descubrió y dio a conocer “que los dueños de la Guardería eran el subsecretario de Ganadería, una socialité del PAN emparentada con Margarita Zavala y el tesorero estatal del PRI (…) que operaban la subrogación del IMSS como un lucrativo negocio”, dice Diego, quien agrega: “Recuerdo que, públicamente, algunos funcionarios y activistas panistas reaccionaron diciendo que mi información revelada era falsa, que los documentos que había conseguido eran apócrifos y cosas así, pero luego demostré que eran auténticos”. Así, en el momento oportuno, ejerció su derecho a la denuncia.

El periodista y escritor sonorense Carlos Sánchez, quien vivió de cerca el drama, sobre todo por su relación con una de las víctimas, dice: “Desde el origen de la tragedia los políticos han lucrado con ella. Por la muerte de los niños Guillermo Padrés se convirtió en gobernador, y luego, como se ha comprobado periodísticamente, se ha lucrado y se ha corrompido el sistema de seguridad para los afectados en el incendio. Muchos padres de familia salieron y salen a exigir justicia, otros tantos, desde la pérdida irreparable, apelan por el silencio como una forma necesaria del respeto por el duelo y la memoria de los niños”.

Ojalá lo escuchen quien sin recato dentellean como estrategia política, sin interés por la verdad y sin consideración por el dolor de los demás.

Queridos cinco lectores, El Santo Oficio los colma de bendiciones.

El Señor esté con ustedes. Amén. (EL SANTO OFICIO José Luis Martínez S., Milenio, Al Frente, p.2)

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No supe

El ex presidente Felipe Calderón dice que no se enteró de que su secretario de seguridad pública trabajaba para el narcotráfico, a pesar de que mandó encarcelar a quien se lo advirtió. Ahora, su esposa dice que ignora que Calderón presionó, mediante el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al magistrado de la Suprema Corte para que sus familiares quedaran impunes por la muerte de los 49 niños en el incendio de la guardería ABC.

En muchos sentidos, el calderonato es el sexenio de la amnesia, la ignorancia, y el secreto. Por una decisión de la orwelliana transparencia, no podremos saber de los muertos de su guerra interna hasta 2024. Hay estimaciones que llegan a 300 mil y un número de desaparecidos cercano a 45 mil. Los desplazados podrían sumar hasta 2 millones. Ahí duerme ese secreto. En cuanto a la ignorancia, ésta fue usada como una táctica política para justificar que militares y policías federales se lanzaran a una matanza que trascendió el propio sexenio. Se le dijo a la población que la estrategia de guerra era por el aumento de la violencia en el país. Como sabemos ahora, antes del 2007 la tendencia de homicidios había bajado 20 por ciento y los delitos eran los de la desigualdad: asalto, robos, secuestros. De hecho, desde 2009, Calderón debió retractarse de su estrategia militar porque ese año hubo una ejecución cada hora.

Pero usó su propia ignorancia y evasión para insistir. Los medios corporativos mostraron colgados, decapitados, narco-mantas. Luego, presentaron a los narcos, esposados, todos con camisas Polo. García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas, eran presentados como super policías con centros de inteligencia, muchas computadoras, helicópteros artillados, y sonrisas que, en esos años, parecían de satisfacción por el deber cumplido.

Otra justificación fue que las organizaciones criminales querían sustituir al Estado, pero lo que vimos fue que, más bien, eran un brazo armado del narconegocio, subordinadas a presidentes municipales, jefes de la policía, y algunos gobernadores. De hecho, eran el eslabón más débil de la cadena de la ilegalidad. Luego, vino la amnesia: ocultar que casi nueve de cada 10 capos presentados a los medios de comunicación salieron libres. Que la táctica de descabezar a los supuestos cárteles –esas organizaciones casi autónomas del poder político y financiero– trajo consigo lo que el sociólogo Froylán

Enciso ha analizado: la estrategia de militarización y choque frontal, al hacer más riesgoso el negocio, hace que el propio mercado desplace del escenario a los menos dispuestos a enfrentar tales operativos. Quedan los más temerarios, los amantes del riesgo y los más violentos. Se trata de olvidar, entonces, que la violencia aumentó. Ahora podemos verificar que los decomisos, masacres, y detenciones siguieron el juego de un secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, que era parte del negocio.

De todo esto, Calderón no supo. Le cabe plenamente la definición de ignorancia estratégica que usa Linsay McGoey: acciones que fabrican y explotan lo no conocido para no ser responsables de sus actos y utilizan la ignorancia como una ofensiva para justificar planes a futuro. Calderón aprovechó el no ser electo democráticamente, para no responderle a la ciudadanía –jamás propuso en campaña una guerra–, no sólo por toda una generación que creció en su guerra, sino también por las consecuencias de ésta en las siguientes generaciones. Se ha dicho que Calderón desató esa guerra porque con ella buscaba legitimarse, pero creo que funciona justo al revés: por no tener legitimidad en las urnas podía hacer una guerra que nadie le había exigido.

Su ignorancia actual es para no enfrentar la cárcel y se conoce como el mandato del avestruz o ceguera voluntaria, según los tribunales británicos. Fue en 1861 cuando obtuvo fama como término legal. Se trataba de un particular que fue arrestado por poseer armas propiedad de la Corona. La defensa del abogado parecía infranqueable: no hay alguien que pueda demostrar que el particular sabía que esas armas eran del Estado británico.

El juez instruyó al jurado que deliberara si el acusado se abstuvo intencionalmente de adquirir ese conocimiento. En ese caso, la ceguera voluntaria podría ser un delito criminal. Cuando alguien sabe lo que debe ignorar para no ser responsable, la ley exige demostrar si el acusado tenía o no las posibilidades a su alcance de informarse de que sus acciones eran criminales. En el caso de Calderón, su propio comisionado de la policía federal, Javier Herrera Valles, le mandó dos cartas asegurando que García Luna era narcotraficante.

Seis meses después, lo metieron a la cárcel. De igual forma, el magistrado de la Suprema Corte ha relatado, desde hace una década, que el entonces presidente Calderón envió a su secretario de Gobernación para no imputarle un delito de homicidio contra los 49 niños quemados y asfixiados en la guardería propiedad de una prima de la entonces primera dama. No hay forma de alegar aquí ceguera voluntaria, sino lo que en Estados Unidos se conoce como ignorancia temeraria, es decir, la de todos esos funcionarios, dueños de compañías eléctricas (como Enron), fondos de inversión (como Madoff), y hasta calificadoras financieras (Merrill Lynch), que escogen no mirar las señales de alerta sobre los crímenes que están cometiendo subordinados. En muchos de estos casos, por supuesto que no existe una orden por escrito del dueño de la empresa para que sus empleados cometan delitos, sino que se trata de una atmósfera de ignorancia temeraria, secrecía y amnesia que siempre protege de la responsabilidad a los de más arriba.

La ignorancia estratégica se ha hecho común entre los que persisten en opinar que la guerra de Calderón fue una política válida. A pesar de sus resultados casi opuestos a lo que se supone que buscaban –reducir la violencia y la inseguridad–, hay todavía quienes piden mano dura y balazos más que abrazos. Su ignorancia es no haber sufrido ninguna muerte, desaparición, masacre en su entorno. Son los que siguen fantaseando en que, para que ellos vivan, los demás merecen morir. (Fabrizio Mejía Madrid, La Jornada, Política, p.14)

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Templo Mayor

VAYA que resultan “curiosos” los morenistas cuando denuncian supuestas acciones ilegales de otras entidades de interés público cuando ellos recurren a prácticas muuuy similares.

A PESAR de que al calor del debate sobre el presupuesto para la consulta de revocación de mandato se quejaron de que el INE tuviera dinero en fideicomisos y acusaron opacidad en su manejo, ahora resulta que en Morena han hecho justo eso… y hasta peor.

EN LA SESIÓN de ayer del organismo electoral, se ventiló que, tras llegar a la dirigencia de ese partido Mario Delgado, en diciembre de 2020 se creó un fideicomiso para comprar inmuebles con 372 millones de pesos de aportaciones de sus comités estatales que están prohibidas legalmente.

PARA COLMO, en la panza de ese instrumento financiero, también entraron otros 866 millones de pesos del Comité Ejecutivo Nacional morenista que, de acuerdo con la Unidad de Fiscalización del INE, no se sabe a dónde fueron a parar.

QUIENES forman parte del partido en el poder insisten en decir, como se los enseñó su jerarca, que ellos no son iguales a los otros partidos. Y todo parece indicar que tienen razón… ¡ellos son peores!

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COMO si fuera una telenovela, varios personajes de la vida nacional están recuperando milagrosamente la memoria.

PRIMERO fue el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien de repente recordó cómo -según él- fue objeto de presiones del gobierno de Felipe Calderón por el caso de la guardería ABC.

Y AHORA, la diputada federal Patricia Armendáriz dijo en tribuna que ella fue testigo de los “moches” que se llevaron empresas dedicadas a reestructurar deudas gubernamentales en las administraciones de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.

¿QUE NO hubiera sido mejor que denunciaran esas supuestas ilegalidades cuando ocurrieron y aún se podía hacer algo? Es pregunta sin amnesia selectiva.

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MUY LISONJERO estuvo un tuit con todo y foto que le dedicó el vocero Jesús Ramírez Cuevas a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, después de que coincidieron en la conmemoración del Día de la Bandera.

AL DESCRIBIRLA como “compañera de luchas sociales y en defensa de la democracia”, quedó claro con quién está el funcionario federal con miras a la candidatura presidencial de la 4T en el 2024, más aún porque por ahí también anduvo Marcelo Ebrard y a él no le tocó ese champú de cariño.

TAL ES la predilección que últimamente muestra públicamente Ramírez Cuevas por la mandataria capitalina, que hay quienes ya lo apodan “Chucheinbaum”. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)

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Sacapuntas

Pico de cera

Es prácticamente un hecho que la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles será sin discurso del presidente López Obrador. Él mismo adelantó que el próximo 21 de marzo participará en el acto, pero “sin tomar la palabra”. Esto, “para que no vayan a decir que estamos haciendo propaganda” en plena veda por la consulta de revocación de mandato del 10 de abril.

Contestó la embajada

El penacho de Moctezuma se queda en Austria, respondió la embajada de ese país en México. La representación, a cargo de Elisabeth Kehrer, hizo saber al gobierno del presidente López Obrador que, por motivos de conservación, no es posible atender la solicitud, aunque coincidió en el valor histórico que representa la pieza para nuestra nación.

La línea de Alito

En la bancada del PRI en el Senado, que coordina Miguel Osorio Chong, tienen clara la línea marcada por su dirigente nacional, Alejandro Moreno, sobre el nombramiento de Quirino Ordaz como embajador en España. Los 13 legisladores saben que deben ir en contra, aunque les han dado libertad para razonar su voto. Mientras, nos dicen, a Quirino le da risa.

Mayoría de mujeres

Con los seis nombramientos que hizo el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, su gabinete se conforma ahora con más mujeres que hombres. Dalia Baños Noyola queda al frente de la SSP; Yolanda Martínez, en la Sebien; Mariana Nassar, en Administración; Edith Aparicio, en Pueblos Indígenas; Claudia del Carmen Silva, en la Semovi; y Virginia Sánchez, en Salud.

Van 43 por Fiscalía

Cerró el Congreso del Estado de México el registro de aspirantes a la Fiscalía de la entidad. Se anotaron 43, pero nos cuentan que los nombres más barajados son el de Edmundo Garrido, procurador de la CDMX en la gestión de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno; Dilcya García, fiscal de Género de la FGJEM; y José Luis Cervantes, magistrado del Poder Judicial   (El Heraldo de México, La 2, p.2)

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“Ya no puedo más”, el Presidente en su laberinto

Serpientes y Escaleras /

Nunca, ni en sus peores pesadillas, Andrés Manuel López Obrador se imaginó que llegaría a su cuarto año de gobierno con una situación tan complicada y caótica para él y para el país. Si la pandemia del Covid y su desplome económico le cortó las alas a su proyecto y marcó negativamente a sus primeros tres años de gobierno, con la caída histórica de la producción, la inversión, el empleo y el consumo en el país, ahora una guerra en Europa del este, con ramificaciones y consecuencias aún impredecibles para la estabilidad mundial, amenaza con ahondar la crisis económica global y generar repercusiones en México que complicarán los últimos dos años de su gobierno.

Si la política interior se le revolvió al Presidente por pugnas y reyertas en sus propias filas de la 4T por la sucesión presidencial adelantada, además de los problemas de gobernabilidad que le generó la violencia desbordada del narcotráfico al que se niega a combatir y pretende ver como sus aliados, la política exterior —esa que nunca entendió y que en cierto modo desprecia por su formación rupestre y su visión aldeana del mundo— se le volvió también ya un problema en el que, cada intervención desafortunada con su discurso rijoso y nada diplomático, le ha generado conflictos y rispideces innecesarias con varios gobiernos y, lo más delicado, le ha abierto un frente de tensión en la relación con los Estados Unidos.

A López Obrador un escenario como el que se está presentando en el mundo le afecta porque su liderazgo político, que tiene una vocación eminentemente doméstica, se achica cada que se le plantea un escenario internacional. Ya en la pandemia vimos cómo el gran líder social y carismático fue incapaz, no sólo de pararse al frente de la emergencia sanitaria que ha cobrado la vida de cientos de miles de personas y conducir adecuadamente la estrategia de salud para toda la República, sino que tampoco supo mostrarse empático ante la desgracia, el dolor y las afectaciones económicas que esta enfermedad le trajo a los mexicanos.

Otras coyunturas internacionales en las que el presidente mexicano ha brillado por su ausencia fueron la Cumbre del Cambio Climático y el encuentro previo del G-20. No sólo fue que López Obrador no se haya hecho presente en esos eventos, sino que en su discurso y prioridades nunca estuvieron los temas ambientales ni la cada vez más cercana catástrofe mundial por el calentamiento del planeta; es como si el mandatario mexicano estuviera totalmente ajeno y desconectado de la realidad de nuestro tiempo y se conformara con un liderazgo acotado al ego de su popularidad en las encuestas internas, y a figurar en las nada serias listas internacionales que lo mencionan como “el presidente más popular” en el mundo.

Por eso la guerra entre Rusia y Ucrania, que amenaza con extenderse a otras regiones del mundo —dependiendo de las decisiones que tomen Estados Unidos y sus aliados ante la arbitraria y prepotente invasión de Putin y también de la posición que tome el gigante chino que se ha negado a condenar el artero ataque de su aliado ruso— no es una buena noticia para nadie y menos para el presidente López Obrador. Afortunadamente para México, el canciller Marcelo Ebrard —que había dejado suelto al Presidente en sus dislates y arrebatos diplomáticos con Panamá y España— ha tomado el control del posicionamiento mexicano ante el conflicto internacional, tanto en el Consejo de Seguridad de la ONU como en los discursos y mensajes del gobierno de México.

López Obrador no fue ya, ni lo será en lo que resta de su mandato, un estadista o un líder con tamaño y presencia internacional. Será y ha sido, en todo caso, un líder social y carismático que pasó de ser antisistémico y algo disruptivo y de concitar una expectativa de cambio en 30 millones de votantes, a reducir y empequeñecer su liderazgo y también su base de apoyo social. En la medida que se radicalizó cada vez más y que despreció y abandonó a las clases medias, a los pequeños y medianos empresarios, a las víctimas de la violencia, a los científicos, a los estudiantes, a las mujeres, a los niños con cáncer y a cualquier otro sector que no le profesara lealtad ciega, Andrés Manuel se volvió más el líder de una secta que de un país.

Si a cualquiera de los mexicanos que clamaban por apoyos de su gobierno, desde los enfermos sin medicamentos, hasta las madres de desaparecidos, las feministas en lucha contra la violencia, los periodistas acosados y asesinados o los empresarios y comerciantes que quebraron por la pandemia, el presidente López Obrador los hubiera defendido con la misma fiereza con la que salió en defensa de sus hijos, cuando los ligaron a temas de tráfico de influencias y conflictos de interés, otra cosa sería hoy su administración y su imagen ante los mexicanos.

Hoy en su cuarto año de gobierno y enfilándose al quinto año del inicio del ocaso, Andrés Manuel López Obrador no es, con mucho, el presidente que muchos pensamos que sería ni su gobierno resultó ser lo que ofrecía. La imagen del gobernante completamente honesto se fracturó irreversiblemente tras el escándalo de la Casa Gris de su hijo en Houston y el discurso del fin de la corrupción y de la austeridad republicana también quedaron inevitablemente desgastados y sin credibilidad ante los hechos y las dudas e inconsistencias que hubo en la respuesta oficial a una investigación periodística que agrietó al Presidente.

El hombre que dijo ser diferente, que le vendió a millones de mexicanos una segunda esperanza de cambio y que ofreció, entre muchas otras cosas, pacificar al país, hacer un gobierno eficiente y acabar con el viejo sistema político y con todos sus vicios de corrupción, hoy tiene a la República convulsionada por inseguridad y violencia, no aniquiló al viejo régimen sino que restauró a la Presidencia casi imperial y autoritaria en detrimento de los derechos ciudadanos, tiene un gabinete ausente y dominado por incompetentes y radicales, y ha quemado su liderazgo y el bono democrático que le extendieron los votantes hace casi cuatro años, en infiernitos, pleitos sin ton ni son, ocurrencias, caprichos y dislates.

“Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro”, les dijo López Obrador el jueves a un grupo de reporteros que lo seguían en un recorrido por el Palacio Nacional, en una frase que describe y dibuja a la perfección el estado de ánimo del Presidente, pero también el de una sociedad y un país que está empezando a percibir un desgobierno y un caos por la ausencia de autoridad y de estado de derecho en la República, y eso combinado con los escenarios que se vienen en el mundo no parece algo bueno para los mexicanos.

Dice un buen amigo y analista político que “en política no basta con tener la razón, hay que tener un poco de suerte”. Si López Obrador tuvo en algún momento la razón, hoy está claro que la ha extraviado y, lamentablemente para él pero sobre todo para el país, la suerte también parece haberle abandonado. Si la pandemia y su sacudida global nos agarró mal parados en el sistema de salud y sin una estrategia clara y eficiente del gobierno federal para enfrentarla, ahora la guerra regional que amenaza al mundo, nos llega en un momento en que el país está convulsionado, el Presidente descolocado y descompuesto, y la sociedad cada vez más dividida y confrontada.

NOTAS INDISCRETAS…

Ahora que el presidente López Obrador anunció que le entregará al Ejército y la Marina la vigilancia y la seguridad de los aeropuertos del país, en donde lo mismo se mueven drogas, contrabando ilegal y tráfico de personas, un ex integrante del gabinete en el sexenio pasado, nos recordaba que al ex presidente Peña Nieto se le ocurrió en su momento la misma idea, sólo que él quería que los militares y marinos entraran a vigilar sólo un aeropuerto cuya actividad ilegal se había descontrolado y representaba una amenaza de seguridad nacional: el aeropuerto Internacional de Cancún, en Quintana Roo.

Peña sentó en su despacho a los entonces secretarios de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, y al almirante secretario de Marina, Vidal Llerenas, para comunicarles su decisión de que sus tropas y la inteligencia militar entraran a controlar el desastre de seguridad en Cancún.

Les explicó sus razones y el problema y cuando fue el turno de los titulares de las fuerzas armadas, la respuesta sorprendió al Presidente: “No, no tenemos en este momento la capacidad para enfrentar el tema de la seguridad aeroportuaria”. Los jefes militares le explicaron al Presidente que el tema era mayor y que si quería tener al Ejército y la Marina encargándose de la seguridad federal, el problema de los aeropuertos requería muchos recursos y personal para enfrentarlo por el tamaño de los intereses y mafias que se mueven en las términales aéreas. La negativa entonces de los jefes castrenses, argumentando razones, contrasta con la obediencia ciega y alegre con la que ahora el general Luis Crescencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda le dicen a todo que sí al Presidente.

Lo mismo le construyen aeropuertos, le suministran vacunas, que le manejan las corrompidas aduanas y ahora se harán cargo de los aeropuertos, empezando por el de la Ciudad de México, que es la puerta más grande para la entrada de drogas y todo tipo de delitos y actividades criminales al país. ¿Será que el general Crescencio y el almirante Ojeda son mucho más capaces y audaces que sus antecesores o será más bien que no saben o no pueden decirle un “no” al Presidente cuando lo que están poniendo en juego con tantas y tan variadas responsabilidades civiles en su manos, es el prestigio, la integridad e imagen de las Fuerzas Armadas? Porque donde hay tanto dinero, como ahora manejan y administran los militares, la tentación es mucha y la corrupción tarde o temprano se asoma…Los dados mandan Escalera Doble. Semana incierta y de noticias duras. (Salvador García Soto, El Universal, Nacional, p.6)

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El Presidente y el periodista

El presidente de México se equivoca al calificar de mercenarios y golpistas a los periodistas que legítimamente han cuestionado las fallas y las contradicciones de su gobierno. No hay ninguna conspiración internacional ni ninguna campaña mediática contra él. AMLO debe gobernar todos y cada uno de sus seis años. Lo que hay son reporteros haciendo su trabajo. Y ese consiste en reportar la realidad (tal y como es, no como el gobernante quisiera que fuera) y cuestionar a los que tienen el poder.

Los ataques de López Obrador contra un grupo de comunicadores -entre los que me ha incluido- surgen tras los cuestionamientos periodísticos a miembros de su familia. Los ataques presidenciales a la prensa son, sin duda, un fallido intento de distraer la atención. Pero los problemas de fondo en su gobierno van más allá de posibles conflictos personales y están a la vista de todos.

Mi principal crítica periodística al gobierno de López Obrador tiene que ver con la terrible violencia en México. El Presidente, basándonos en cifras oficiales, ha fracasado en su principal obligación: proteger la vida de los mexicanos. Su sexenio está en camino de convertirse en el más violento del siglo. No lo digo yo. Son las cifras de su Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Cada día, en promedio, asesinan a 93 personas. Desde que AMLO llegó al poder han asesinado a 107,879 mexicanos.

La violencia ha golpeado particularmente al gremio periodístico. Desde que AMLO es Presidente han matado a 31 periodistas. No son crímenes de Estado. Pero la impunidad y la falta de protección al trabajo periodístico es casi total.

Informar sobre la violencia en México no es golpetear. Se trata de destacar el principal problema del país. Eso es lo que hacen los periodistas. ¿Acaso quisiera el Presidente que no habláramos de la violencia que hunde al país? Imposible.

Mi mantra es que, ante los ataques personales, más periodismo.

Es fácil saber cómo me he ganado la vida: salí de México huyendo de la censura, desde el 1o. de enero de 1984 trabajo en la cadena Univisión en Estados Unidos, he escrito 14 libros y publico una columna semanal en decenas de diarios del continente. Cuando comencé a trabajar en la televisión estadounidense AMLO apenas tenía 30 años. Solo he hecho periodismo independiente y eso voy a seguir haciendo.

En casi cuatro décadas he cubierto varias guerras, atentados terroristas, catástrofes, elecciones y entrevistado a los personajes más disímiles de la historia, desde la izquierda (Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega…) hasta la derecha (Carlos Salinas de Gortari, Álvaro Uribe, Benjamín Netanyahu…). Y creo que he incomodado por igual a los dos lados: Donald Trump me sacó con un guardaespaldas de una conferencia de prensa y el dictador Nicolás Maduro me detuvo en el Palacio de Miraflores y me deportó de Venezuela.

Cuento esto para sostener la teoría de que nuestro papel como periodistas es ser contrapoder. Siempre hay que estar del otro lado del poder. Al igual como ahora criticamos a López Obrador, antes lo hicimos con los brutales regímenes priistas y con los presidentes que le siguieron. Critiqué duramente a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto y ninguno de los dos me quiso dar una entrevista como gobernante. Incluso a Peña Nieto lo califiqué en una columna como “el peor Presidente” que ha tenido México en su historia moderna. ¿Así o más parejo?

Y el presidente López Obrador sabe todo esto perfectamente. Durante décadas he reportado sobre AMLO -en www.jorgeramos.com está nuestra entrevista en el 2017- y en tres ocasiones he ido a hacerle preguntas en la “mañanera”. Es difícil pensar que todo eso hubiera ocurrido si no creyera que soy un periodista confiable. Yo sigo haciendo lo mismo. Pero él no. Ni modo.

Lo único que tenemos los periodistas es la credibilidad. Nada más. Nada menos. Y la escritora y corresponsal italiana Oriana Fallaci tenía un párrafo muy poderoso sobre cómo proteger esa credibilidad. Dijo: “Para mí, ser periodista significa ser desobediente. Y ser desobediente significa ser oposición. Y para ser oposición, tienes que contar la verdad. Y la verdad es siempre lo opuesto a lo que la gente dice”.

Espero siempre seguir el consejo de la Fallaci. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p.8)

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Las casas y la corrupción

Unas semanas antes de que terminara el gobierno de Felipe Calderón, la familia de Genaro García Luna se mudó a una lujosa residencia en Miami, de tres millones de dólares. El casero era una compañía de Panamá. La administraba la familia de Alexis Weinberg, un empresario que tenía negocios multimillonarios con el gobierno mexicano. Firmaron un contrato de renta que nunca se registró en el sistema de bienes raíces local.

Al no registrarse, no quedó claro cómo García Luna justificó que podía pagar esa renta. Años después, investigadores de la Fiscalía de Nueva York encontraron que el contrato era una farsa. La familia García Luna solo pagó la renta dos meses durante cuatro años que vivieron allí. En 2016, la casa se vendió por 3.9 millones. Los investigadores descubrieron que los Weinberg entregaron a García Luna, a escondidas, el dinero de la venta.

No fue fácil probar que la renta era ficticia. Entre 2014 y 2020, varios periodistas investigamos detalles sobre la casa. Mostramos que algo no cuadraba. No sabíamos cómo se había rentado, por qué no se había registrado la renta, ni lográbamos explicar cómo, entre todas las casas de Miami, García Luna había rentado justamente la de un contratista del gobierno.

En 2020, la Fiscalía de Nueva York dijo que la “renta” de la casa era el vehículo que usó García Luna para acceder a fondos ilegales. Ahora, otra investigación en Florida revela cómo se usó este mismo esquema con Francisco Niembro, exsubsecretario de Seguridad en las áreas donde se operó Plataforma México.

El 17 de febrero un despacho de abogados, que representa al gobierno mexicano en una demanda civil en Miami por el caso García Luna, respondió a los demandados (los Weinberg y otros). Los demandados piden que el juez en Florida desestime el caso. Eso debe definirse entre marzo y abril. Aunque es un trámite rutinario, en la respuesta hay detalles inéditos de cómo operan estos pagos y qué papel jugó Niembro, un personaje importante en la trama, del que poco se ha dicho.

En 2007, después de trabajar años en Telmex, Niembro llegó al gobierno calderonista. Fue subsecretario de Evaluación y Desarrollo y luego de Tecnologías de la Información. Hacía tours con periodistas para que publicaran sobre Plataforma México y el Centro de Inteligencia de la Policía Federal.

Un mes antes de que terminara el sexenio, se registró en Miami la empresa Bellini WI 1501 Corp. El administrador era Alexis Weinberg, el contratista que ganó millones con la Plataforma y el Centro. A nombre de la empresa compraron el departamento 1501 en el condominio Bellini, por 1.2 millones de dólares. Niembro y su esposa, Martha Virginia Nieto, se mudaron allí. El nombre de la empresa era la dirección del departamento, como ocurrió también con otras propiedades en el caso García Luna. Niembro sabía que la propiedad se compró con fondos robados al gobierno, dice el documento de los representantes de México. Él lo ha negado a través de su defensa.

Los registros públicos de esta parte del caso se publicaron primero en Contralínea. Muestran que Weinberg traspasó, por solo 100 dólares, el departamento a nombre de Niembro y su esposa. En 2017, quedó solo a nombre de ella. En esos años, los dos aparecen en fotografías de cumpleaños, fiestas y comidas en Miami con la mamá de Alexis Weinberg, su hermana y la esposa de García Luna. Ahora, los dos están demandados.

Niembro dejó el gobierno en 2013. Dice la demanda que luego fue empleado de GLAC, el despacho de García Luna, y en ICIT Holding, una empresa de los Weinberg. En 2021, Niembro y su esposa vendieron el departamento por 355 mil dólares menos de lo que costó una década antes. Meses más tarde, los abogados de México pidieron que se congelaran muchos de los bienes de esta red. El departamento no podía congelarse, dado que ya no les pertenece.

Los abogados de México alegan que el departamento de Niembro fue el pago de un soborno por influir para que los Weinberg obtuvieran contratos, incumplir procedimientos y no verificar si había un mejor proveedor. Los Weinberg alegan que los servicios eran necesarios y se realizaron. Pero la demanda es firme: si un contrato se obtiene con una ventaja corrupta, si alguien obtiene un favor tras otorgarlo, el monto total del contrato puede considerarse un robo. Me gustaría ver si, en otros casos, también el gobierno mexicano mantiene este estándar para evaluar los contratos y las relaciones con los contratistas. (Peniley Ramírez, Reforma, Opinión, p.8)

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Doble Fondo / Por qué la oposición perderá en 2024…

Rectifiqué porque la política no es un asunto de creencias, no es un asunto de fe. A veces, incluso muchas veces, es un asunto de percepciones, pero no de fe. Ese es justamente el principal problema que tiene la oposición al hacer una prospectiva política rumbo a la siguiente elección presidencial: sus hombres y mujeres, incluidos en primerísimo lugar sus intelectuales y comentaristas, parten de una creencia, de una fe que naturalmente carece de sustento en los hechos.

La gran mayoría de los mexicanos tenía un anhelo de que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente, pero no se trataba de un estado de ánimo religioso o místico (por más que él abusó con el concepto de “Morena” en alusión a la Virgen de Guadalupe), sino de un deseo de que por fin acabara la pesadilla de más de ochenta años que representaron los gobiernos del PRI y el PAN. Un deseo que provenía de algo muy concreto que era el hartazgo. El hartazgo de la corrupción, del autoritarismo, de la insolencia, de las desigualdades, de la insensibilidad y de la codicia insaciable de aquellos gobernantes.

Si forzamos la acepción a términos muy coloquiales, la mayoría de los mexicanos “le tuvo fe” al hoy Presidente, como se le tuvo “fe” al Cruz Azul y al Atlas durante largos años que no consiguieron un campeonato, y como se le tiene “fe” a un doctor, es decir, confianza.

La oposición simplemente “cree” que Morena perderá, pero hoy la mayoría de los mexicanos no le tiene “fe” a la oposición para que vuelva a Los Pinos (asumo que eso haría en el improbable caso de que triunfe, volver a Los Pinos), de acuerdo a lo que marcan hoy las encuestas.

¿Sabe usted cuál es hasta este día el muy rotundo argumento de la oposición para afirmar que Morena perderá en 2024? Desde hace un par de semanas me lo han espetado como una especie de mantra, de virus infalible: que… el Presidente no estará en las urnas.

No, bueno, si son unos genios, diría uno de los suyos. Caray, si se tardaron meses en elaborar tan meticuloso concepto para tratar de imponerlo en artículos y revistas como una percepción que imaginan (tienen fe) que se volverá realidad más adelante, pues caray, suerte con eso.

Afirman, como esperanza retroactiva (si acaso pudiera existir tal delirio que modifica el pasado), que el Presidente no estuvo en las boletas en 2021 (eso es cierto) y que por tanto Morena perdió en los comicios, y entonces compruebo que su problema no solo se trata de un asunto de fe, sino de daltonismo político o de negación absoluta de la realidad, ya que Morena y sus aliados ganaron la mayoría de los estados donde hubo comicios para gobernador, y lo hicieron de forma abrumadora: obtuvieron 12 de 15 gubernaturas en juego. Si eso no fue, en su discernimiento, una paliza y una enorme expansión territorial de Morena y aliados hasta gobernar ya 18 entidades, entonces comprendo por qué están asidos a la fe.

En el Congreso, Morena y aliados son mayoría y solo en Ciudad de México la oposición pudo darle un revés al partido del Presidente, en lo que fue un rotundo voto de castigo por sus numerosos errores.

Este año habrá elecciones para gobernador en seis estados (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas) y, de acuerdo a las encuestas disponibles, Morena y sus aliados triunfarán en al menos tres estados. Es decir, que rumbo al 2024 gobernarían en 21 entidades.

Lo que se ve (no lo que se cree o se quiere hacer creer a los demás para que se vuelva percepción y luego certeza) es que, salvo en la capital que tuvo un retroceso, Morena sigue avanzando y seguirá avanzando… sin el Presidente en las boletas.

¿Cuál es la propuesta de la oposición desde ahora para el 2024?, les he preguntado a sus divulgadores. “La misma razón: AMLO no estará en las boletas” ¿Eso es todo?, insisto. “En las boletas habrá un personaje de Morena (Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard) que no es nada al lado del Presidente. No tiene sus capacidades proselitistas ni su popularidad”.

Entonces, al día de hoy, tienen fe, rezan para que Marcelo y Claudia no sean buenos y populares candidatos en menos de dos años y que pierdan, persisto. “Pues… sí”. No tienen ustedes un buen candidato y no tienen nada bueno qué proponer más que la ausencia de AMLO y entonces esperan que Morena tenga un mal candidato para que alguien gris de ustedes, sin ofrecer nada, gane, como por arte del espíritu santo.

No es que estén moralmente derrotados, sino que están políticamente extraviados y por eso van a perder, a menos que cambien esa su fe por algunas dos o tres buenas ideas que no surjan de las mentes de los exégetas del antiguo régimen…

¿O usted cómo la ve?

BAJO FONDO

En agosto de 1941, hace 80 años y unos seis meses, las tropas nazis asediaron y tomaron Ucrania. Luego de miles y miles de muertos, le dieron una paliza a los soldados soviéticos, que cometieron varias pifias por la terquedad de Stalin para no ceder Kiev. Qué extraña es la historia cuando la desmemoria o la ignorancia predominan: hoy, un personaje más cercano a Hitler (agresor y humillador de rusos y soviéticos) que a cualquier liberador, un personaje conflictivo de catadura idéntica a Trump, muy limitado en su forma de concebir la geopolítica, agrede a una nación dirigida por un judío, calificando su gobierno electo democráticamente… como nazi. La historia es una colección incesante de inauditos.

Salvo que ocurra algo justamente insólito en términos militares, Putin se hará de Ucrania como lo hizo con Crimea en 2014. Pobres ucranianos, cuánto sufrimiento han tenido siempre, no solo desde que padecieron la bota genocida de Stalin, y lo que les espera bajo el yugo de este hombre. La pregunta es, ¿a dónde irá después de avasallar a Ucrania el ex agente de la KGB, que ha sido entronado y casi endiosado por su propio pueblo, y que sueña con revivir a la URSS y su eje? ¿Cumplirá sus amenazas y avanzará a Finlandia y Suecia?

Qué increíble lo que estamos viendo. Parece el guion de una pésima e inverosímil película de guerra con actores francamente mediocres por su naturaleza. Y qué difícil para Estados Unidos y la Unión Europea asimilar que, haga lo que haga Putin, no lo detendrán, no lo pueden detener, no lo van a detener, porque eso implicaría desatar una guerra en Europa con consecuencias impredecibles… (Juan Pablo Becerra-Acosta M., El Universal, Nación, p.5)

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La tortilla y el pan podrían subir de precio por la guerra

Ucrania se encuentra a casi 11 mil kilómetros de distancia de México, pero la invasión de Rusia podría afectarnos más de lo que nos imaginamos.

En efecto, esa guerra que nos indigna por injustificable y abusiva amenaza con incrementar en nuestro país el precio de alimentos como el pan y la tortilla, y combustibles como la gasolina y el gas.

La razón es que es muy posible que aumenten los precios internacionales de granos y cereales como el maíz y el trigo, ya que Ucrania es el tercer mayor productor de trigo en el mundo, y el ataque ruso pone en riesgo el suministro de cereales en todo el planeta.

Por lo menos dos grandes empresas mexicanas resultarían afectadas: Bimbo, que tiene una planta en Kiev para hacer pan con trigo ucraniano (que tuvo que cerrar) y Gruma, que tiene una planta en ese país para elaborar productos con diferentes harinas de masa de maíz, utilizadas en la panadería y la comida rápida.

En México también podrían escasear y subir de precio productos de alta demanda como el morcajo, que es una mezcla de trigo y centeno, aceite de girasol, cártamo y algodón.

Las dificultades de transportación también podrían afectar el precio de productos del campo que usan abonos minerales o químicos nitrogenados, de Ucrania, para cultivar maíz, trigo y arroz.

En el caso de los combustibles, se sabe que el gobierno de México continuaría con los apoyos fiscales para que el aumento en el precio del petróleo crudo y de la importación de los combustibles no se traslade al consumidor final, por encima de la inflación.

Irónicamente, el aumento en el precio del petróleo beneficiaría a Pemex, pero afectaría las finanzas públicas del país por el aumento en el subsidio para evitar que se disparen los precios que debemos pagar los consumidores.

Ciertamente el comercio bilateral de mercancías con Ucrania no es muy grande. El año pasado apenas sumó 339 millones de dólares, pero como vemos ese evento internacional, a pesar de la distancia, sí nos afectará.

Menciones aparte deben hacerse de la invasión en sí, la reacción mundial y del gobierno mexicano.

La invasión se veía venir desde el año pasado, cuando reportes de la inteligencia y de la prensa de Estados Unidos se referían al alarmante crecimiento de tropas rusas en la frontera con Ucrania.

¿Por qué Ucrania? Porque tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se expandió hacia el este, incorporando a la mayoría de las naciones europeas que habían estado en la esfera comunista. Como resultado, se formó una alianza creada para contrarrestar a los soviéticos.

En 2008, la OTAN reconoció las aspiraciones de Ucrania y Georgia de ser estado miembro, sin embargo, catorce años más tarde, dicha adhesión no llegó.

El presidente Putin ha descrito esta disgregación soviética como una catástrofe que no solo le arrebató a Rusia el lugar que le correspondía entre las grandes potencias del mundo, sino que la puso al arbitrio de Occidente. A sus 69 años y en su cuarto mandato como presidente quiere anexar a Ucrania, una nación de 44 millones de habitantes, de nuevo a la soberanía rusa.

Estados Unidos carece de un acuerdo de defensa mutua con Ucrania y, por tanto, no tienen ninguna obligación de protegerla con fuerzas estadounidenses. Sin embargo, ha condenado la invasión e impuesto fuertes sanciones económicas a Rusia. El gobierno ucraniano se siente abandonado por sus aliados y se dice solo pero listo para defenderse.

En México, la respuesta fue tibia y tardó en llegar la condena, pero llegó. Como si no fuéramos a necesitar nunca que nos apoyaran.

Monitor republicano

No, no es momento de salir a hacer compras de pánico y hacerse de cantidades ridículas de papel de baño. (Amador Narcia, El Universal, Nación, p.8)

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Peligro: nueva ruta del Tren Maya

Las prisas son muchas para concluir el Tren Maya, uno de los proyectos prioritarios del presidente López Obrador, pero las prisas para definir, volver a trazar y construir la nueva ruta pueden causar daños irreversibles para el patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico de México.  

Quienes están a cargo de la obra, deberán leer con todo cuidado el artículo publicado este viernes por EL UNIVERSAL, y a partir de ahí hacer todas las investigaciones pertinentes para garantizar que el nuevo trazo no destruya, lo que serían pérdidas irrecuperables para la cultura maya. Las prisas por acabar las obras e inaugurar el Tren Maya no pueden destruir patrimonio histórico, son complicadas y deben realizarse con profesionalismo y sin suposiciones u ocurrencias de que “no pasa nada”, sino con investigaciones que den certidumbre y que posiblemente impliquen varias reconstrucciones indispensables para conservar el patrimonio histórico, cultural y de todos los acuíferos.

Arqueólogos e investigadores, seguramente del INAH, han advertido ya de los daños que podrían causarse a más de seis mil cenotes y cuevas de la península de Yucatán:

Como lo advierte el arqueólogo Guillermo de Anda, hay un enorme patrimonio in situ con todo tipo de vestigios. Se está modificando la ruta del Tren Maya, en especial en el tramo cinco que atraviesa Quintana Roo. Lo que llevó a la petición de: “NO al tren Maya sobre los cenotes y cuevas de Quintana Roo”, en la plataforma Change Org.

De Anda, director del “Proyecto Gran Acuífero Maya”, ha explorado las cuevas y cenotes ubicados en la península de Yucatán por más de 30 años.

Son muchas interrogantes que deberán ser respondidas con profesionalismo antropológico y arqueológico y que requerirá tiempo. No se hace de la noche a la mañana, en un trayecto que sería tan largo como complejo. Hay muchas interrogantes sin respuesta en cada tramo por el que pasará el Tren Maya. ¿Qué hay debajo de las rutas trazadas? ¿Cuál es el nivel de resistencia si se pretende avanzar por arriba de cuevas o cerca de cenotes?  Son incógnitas que no se despejan en tres días, que llevan meses y posiblemente años despejarlas. No será fácil, ni rápido ni barato. ¿Eso evitará que el Tren Maya no pueda ser inaugurado antes de que acabe el sexenio? Es muy posible si se emprenden las detalladas investigaciones in situ que den seguridad de que no habrá daños para las cuevas subterráneas o los cenotes, diseminados por los caminos que hoy pretende atravesar el Tren Maya. Son parte de la historia maya y de la historia de México que sería criminal destruir por falta de investigación, desidia o prisas. Lo que se destruya no será recuperable. Cada vestigio en las cuevas y los cenotes tiene un valor histórico irrecuperable (insisto)

Hay dos cifras a las que ser refiere De Anda:  “En la zona, 20 o 25 kilómetros hacia adentro de la costa sigue habiendo cuevas, cenotes y sitios arqueológicos”. Por lo menos hay 2 mil kilómetros de cuevas inundadas, en la zona de Tulum y Cancún, afirma De Anda, y ese número sigue en aumento.

De ese tamaño es la responsabilidad de quienes trazan la nueva ruta del Tren Maya y en primer lugar del Presidente. Esperamos más responsabilidad que prisa para llevar adelante el proyecto, es decir, asumir toda la responsabilidad histórica que corresponde a la conservación del enorme patrimonio de cuevas y cenotes con toda la carga histórica en su seno, que pertenecen a la historia de México y a los mexicanos.

Si no se inaugura antes de fin del sexenio, no importa; lo primero es la conservación del patrimonio histórico y eso lleva tiempo, pueden ser años.

Lo más importante es la conservación de esa enorme riqueza que pertenece a los mayas, a los habitantes de las zonas de cuevas y cenotes, por las que atraviesa el tren; es un patrimonio de todos los mexicanos. No puede haber prisas, equivocaciones o errores, hay en todo ello una responsabilidad histórica: proteger a toda costa lo que se podría perder y sería imposible recuperar.

Finalmente recordemos que las estaciones del tramo 5 se ubican en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, X-Caret, Akumal, Tulum.  Para concluir, recordamos el título del texto publicado por EL UNIVERSAL este viernes: “Cuevas y cenotes en riesgo de colapso por nueva ruta del tren Maya”.

Que indudablemente es patrimonio cultural de los mexicanos. (Enriqueta Cabrera, El Universal, Opinión, p.15)

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Arsenal / “En pausa” el diálogo del gobierno con la oposición

Con las mismas palabras que el Presidente utilizó para definir el estado de las relaciones diplomáticas con España, el diputado del PAN, Santiago Creel, definió la situación del diálogo del gobierno federal con la oposición. “Está pausado”, nos dijo.

El panista no tiene información sobre las razones que llevaron a AMLO a dar marcha atrás en la instrucción que el 4 de diciembre le dio al titular de Gobernación, Adán Augusto López: “Escuchar a todos y no actuar con cerrazón.”

Parecía un cambio radical de postura. El abandono de la política de polarización y su substitución por una estrategia incluyente.  El titular de la Segob se reunió con Creel seis días después de recibir la instrucción. 

Para el 12 de diciembre, Adán Augusto ya estaba sentado con el jefe nacional del PAN, Marko Cortés; la secretaria general del partido, Cecilia Patrón Laviada y los coordinadores azules en ambas cámaras: el senador Julen Rementería y el diputado Jorge Romero.

Se acordaron mesas de diálogo sobre economía, la reforma eléctrica y una fecha tentativa: el 19 de enero.

El PAN puso sobre la mesa otros temas: inseguridad, desabasto de medicamentos, polarización, órganos autónomos y creación de empleos.

Pero el nuevo amanecer no llegó. Volvieron las descalificaciones en la mañanera. El sectarismo, la cerrazón, lo blanco y lo negro. Lo de siempre con este régimen.

“De nuestra parte hay disposición, pero cada vez lo estamos viendo más lejano, porque no hay ánimo realmente del gobierno de sentarse a dialogar. Es increíble que después de más de tres años, el Presidente no haya dialogado con los partidos de oposición y que todavía insista en mantener una pausa de esa naturaleza. “Si la van a mantener hasta el próximo gobierno, que se despreocupen. El próximo gobierno va a ser nuestro y lo primero que haríamos es abrir el diálogo con toda la sociedad”.

Creel ha pedido reunirse con el secretario de Gobernación. Lo ha buscado, pero no ha vuelto a tener contacto.

“No quiero anticipar vísperas. Mi obligación es favorecer el diálogo por todas las vías, independientemente del tiempo que ha transcurrido y de otro tipo de agravios. Creo que ellos también deben dejar de lado los agravios y dar prioridad a algo que es necesario”, dijo.

* Nos pusimos en contacto con el diputado migrante Raúl Torres Guerrero, quien ha estado en comunicación con mexicanos que están en Ucrania desde que empezaron los bombardeos, y con sus familiares.

Nos cuenta sobre los problemas que ha detectado desde el jueves pasado, a las 5:50 hora local, cuando inició la invasión Rusa a ese país. “Ucrania no tiene la doble nacionalidad. No puedes salir si no tienes pasaporte mexicano. Es un problema para los casados con ucranianos. Más si tienes hijos

“Los cónyuges no pueden salir del país. No pueden ser evacuados. Si tienes a tu esposo o esposa no la vas a dejar. A los varones los están llamado a tomar las armas. Tampoco los dejan salir. Hay casos de esposos e hijos mayores de 18 años. Pueden ser mexicanos de nacimiento, pero los buscan para la defensa del país.

“También hay problemas con los menores de edad. Por la pandemia, muchos no fueron a solicitar pasaporte mexicano para sus hijos. Es un lío.

“Está el caso de dos mujeres. Una de Chihuahua, la otra de Nayarit. No podían salir porque sus pequeños no tenían los papeles. Lo que hicimos fue hablar con la embajada para que emitieran actas de nacimiento en calidad de urgente.

“Una vez que las tienes puedes sacar el pasaporte mexicano y salir de Ucrania. Eso se hizo en cuestión de ocho horas”, aseguró. El diputado llegó por parte del PAN. Eso no fue obstáculo para que reconociera que ha tenido un “muy buen flujo de comunicación” con la cancillería y con la embajada mexicana en aquel país. En especial con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. A manera de remate, el diputado hace un llamado a los gobernadores y a la jefa de Gobierno de la CDMX para que apoyen como puedan a sus residentes en Ucrania.

* El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM cesó definitivamente a Eduardo López Betancourt como presidente del Tribunal Universitario, luego de que un juez lo vinculara a proceso por acoso sexual agravado a María de Lourdes Ojeda, alumna de posgrado.

La UNAM aclara que como medida cautelar y sin desconocer el principio de presunción de inocencia de López Betancourt, así como la salvaguarda física y sicológica de la alumna, acordó también la suspensión provisional del profesor. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p.4)

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Restricciones a la libertad de expresión

Mientras el mundo se mueve hacia la libertad de expresión total, -como parte de un modelo democrático maduro-, en México parece haber una tendencia en sentido contrario: coartarla.

Seguramente el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Luís González Alcántara, con buena intención y pretendiendo proteger a “las audiencias”, plantea la exigencia de reglamentar la actividad de los medios de comunicación masiva.

La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, CIRT, se ha manifestado al respecto centrando en cuatro ámbitos el planteamiento del ministro:

Primeramente, la exigencia de que los noticieros de radio y TV separen e identifiquen a la información respecto de las opiniones, es una medida anti funcional, pues significaría restringir la fluidez de la conversación en un noticiero, para hacer precisiones de hasta dónde llega la difusión de un suceso y donde empieza la interpretación del reportero o del conductor del noticiero, lo cual redundará en formatos noticiosos acartonados y aburridos para el público.

El segundo planteamiento refiere la obligación de que los “códigos de ética”, -propios de cada una de las radiodifusoras o cadenas, así como de las televisoras-, sean certificados por el IFT, una institución gubernamental, lo cual impactará la visión editorial de cada uno de los medios de comunicación.

La interpretación de los valores implícitos en el código de ética es lo que permite la pluralidad que hoy exige la audiencia. Homogeneizar algo tan subjetivo en su interpretación como lo es un código de ética termina siendo incluso peligroso, porque significa censurar la línea editorial para que se alinee con la visión personal de quien tome las decisiones desde una oficina gubernamental.

Los códigos de ética siempre parten de valores morales universales, -que son inamovibles y respetados-, pero en la particularización funcional, -necesaria para guiar la conducta institucional de los medios de comunicación-, las interpretaciones son las que dan identidad a la línea editorial.

Es evidente que radioescuchas y televidentes seleccionan los noticieros de su preferencia y a los periodistas a los que reconocen liderazgo de opinión. Esto se deriva de un fenómeno de empatía con su línea editorial, así como porque comparte sus ideas, preocupaciones, e incluso valores sociales e ideología. Por tanto, la pluralidad implícita en las interpretaciones del código de ética representa un factor de diferenciación fundamental, que se refleja en la línea editorial, lo cual estimula la competitividad.

El tercer aspecto importante de este planteamiento es la exigencia de que los denominados “defensores de las audiencias”, -de cada cadena de radio o televisión-, sean nombrados por una institución gubernamental. Esto significa de modo evidente una injerencia directa en los contenidos, lo cual representa llanamente regresar a los tiempos en que se practicaba la censura por parte del Estado Mexicano, o sea, un retroceso social.

Es evidente que la forma de sancionar las supuestas transgresiones a las normas serán multas económicas.

No debemos olvidar que la sobrerregulación vinculada con sanciones y multas es una oportunidad para que surja la corrupción, -manifestada en la forma de extorsión-, cuyo combate es precisamente la oferta política del actual gobierno.

Podríamos concluir que la autorregulación es la práctica más eficiente, pues estimula las conductas éticas a través del convencimiento y no de la imposición.

A la fecha, -en este contexto dominado por las fake news-, los rumores y otras prácticas comunicacionales que evidencian el manejo noticioso carente de ética, no se ha reconocido el valor que aportan a la sociedad los medios de comunicación tradicionales.

Es bien sabido que a partir de la protección que genera el anonimato del emisor en las redes sociales, es donde surge la oportunidad que permite la manipulación de contenidos para fines oscuros y no éticos.

En contraste, los medios de comunicación masiva de tipo tradicional aportan certeza y veracidad a los contenidos, pues el emisor firma con su nombre real, avalando y responsabilizándose por el contenido que genera.

Esta aportación que genera certidumbre y confianza en el origen de la información debe ser reconocida y valorada por la sociedad y por las autoridades. Por tanto, se hace innecesaria la intervención gubernamental para vigilar la ética en los contenidos, pues es la misma sociedad quien se convierte, -con toda la autoridad moral que le da ser beneficiaria de la actividad noticiosa-, en el ente vigilante de la calidad de la información y garante de la conducta ética de los medios de comunicación.

SORRY Mr. BLINKEN

El duro reclamo del presidente López Obrador al secretario de estado del gobierno norteamericano Anthony Blinken por manifestar la preocupación de su país por el asesinato de periodistas y el acoso de comunicadores en México, abre un nuevo flanco de vulnerabilidad en la relación bilateral de nuestro país con su más importante vecino.

En un entorno globalizado, -como lo es el actual-, las opiniones de un gobierno sobre lo que sucede en otro será cada vez más usual sin que esto represente intervencionismo. El comentario durante la mañanera respecto a la actuación de anteriores embajadores de Estados Unidos en acontecimientos históricos de México, fue desagradable e innecesario.

La obsesión por el pasado puede llegar a tener complicaciones diplomáticas en el contexto de hoy. Fuera de lugar la referencia que hizo Juan Ramón de la Fuente, -representante de México ante la ONU-, respecto a las cuatro invasiones extranjeras que ha sufrido México como nación independiente, mención innecesaria durante su intervención en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la crisis militar entre Rusia y Ucrania.

En contraste, sí podemos considerar un acto de intervencionismo el envío de un equipo de funcionarios mexicanos a Perú en diciembre pasado para ofrecer apoyo político al presidente Pedro Castillo frente a acciones jurídicas que pretendía desarrollar en su contra la oposición de ese país, que podrían concluir en su destitución.

La comisión de relaciones exteriores del Congreso de Perú calificó de intromisión en los asuntos internos de esa nación el envío de asesores por parte del gobierno de México.

Es necesario que nuestra política exterior sea congruente, se rija con mesura y de acuerdo con los protocolos que hoy rigen las relaciones diplomáticas, pues las opiniones personales del presidente respecto a otros países están generando diferendos que afectan la imagen de México en el exterior.

¿A usted que le parece? (Ricardo Homs, El Universal, Opinión, p.15)

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POLÍTICA ZOOM

El caso Wallace y las agresiones contra periodistas

Las agresiones contra periodistas no suelen ser sutiles ni indirectas. La autoridad que quiere inhibir una investigación no se anda por las ramas. Cuando se sufre en primera persona del singular una amenaza cuyo propósito es descarrilar el trabajo de la prensa, las dentelladas ocurren demasiado cerca como para dudar de la intención.

Hoy quiero dejar en estas páginas constancia oportuna sobre un acto intimidatorio.

En fecha reciente fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia, pretendidamente anónima, en la cual se exige a la Policía Federal Ministerial, adscrita a esa misma dependencia, que investigue mi actividad como periodista.

Puntualmente requiere a la policía para que investigue “cualquier nota periodística, columna, video, audio, artículo, texto, imagen o contenido de voz publicados y/o difundidos” por mi persona y que estén relacionados con el supuesto secuestro de Hugo Alberto León Miranda, alias Hugo Alberto Wallace Miranda.

La denuncia donde se manifiestan tales exigencias podría ser irrelevante si no fuera por el contexto en el que se produce, el cual aporta elementos suficientes para considerarla como un riesgo impuesto sobre mi libertad y mi ejercicio profesional.

La identidad de la persona que interpuso esta denuncia ante la FGR no es difícil de ocultar. María Isabel Miranda Torres, públicamente conocida como “la señora Wallace”, presentó en el 2019 un documento similar ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) donde se ofrecieron prácticamente los mismos argumentos.

En ella acusó a Salvador Leyva Morelos Zaragoza, secretario técnico de combate a la tortura, tratos crueles e inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), de haber atribuido “falsamente” a mi persona “participación activa en la defensa de Brenda Quevedo Cruz”, dentro de la causa que se sigue en su contra por su supuesta participación en el secuestro de su hijo Hugo Alberto.

La señora Wallace aseguró que el funcionario me habría facilitado la entrada a “varios penales federales, varios Ceferesos”, haciéndome pasar como personal del IFDP.

Esta acusación incurre en dos falsedades: no acudí a varios penales en compañía de Salvador Leyva sino únicamente al Cefereso femenil número 16, y no lo hice usurpando personalidad como defensor sino como un periodista cuya investigación puede aportar elementos sobre la tortura sufrida por Brenda Quevedo Cruz, hecho que he podido corroborar mediante diversas fuentes confiables.

Se suma que Quevedo Cruz haya solicitado mi presencia ya que consideró que la información en mi poder debía ser confrontada con su propia versión de los hechos.

Niego aquí, como lo haré en caso de que la FGR me convoque a comparecer, que el secretario técnico contra la tortura del IFDP haya mentido a la autoridad.

También rechazo categóricamente que ambos estemos vinculados a una “banda de secuestradores,” tal como Isabel Miranda afirmó en 2019 ante medios de comunicación.

En noviembre del año pasado la señora Wallace sumó tres denuncias más contra la defensa de Brenda Quevedo Cruz. Acusó de nuevo a Salvador Leyva y sumó a su lista negra a las abogadas del IFDP Elvira Claudia Mejía Hernández y Verónica Jazmín Berber Calle.

Las imputaciones realizadas contra estas personas no tienen fundamento y claramente están dirigidas a obstaculizar la defensa de Brenda Quevedo.

Sin embargo, a diferencia del 2019, en esta ocasión la FGR sí prestó oídos a los argumentos de la señora Wallace. El martes 15 y el miércoles 16 de febrero fueron llamados a comparecer, en calidad de imputados, los tres abogados. Se les investiga por delitos que podrían implicar inhabilitación para seguir ejerciendo como defensores de oficio, además de penas que oscilarían entre los tres y los nueve años de prisión.

Al momento de comparecer, las personas defensoras se enteraron, por voz del ministerio público, que –contrario a lo que correspondería– la investigación seguida en su contra no estaba a cargo de la unidad de la FGR especializada en investigar delitos cometidos por servidores públicos, sino bajo las órdenes de una oficina adscrita directamente al fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Al parecer, como en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la señora Wallace continúa siendo igual de influyente en la política criminal del Estado mexicano: incide en la selección de los expedientes que deben atenderse y los que merecen desecharse.

Tan delicado habrá parecido este asunto al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el miércoles 16 de febrero Arturo Zaldívar Lelo de Larrea hizo una defensa pública del personal del IFDP imputado por el fiscal Gertz:

“Todas y todos los defensores públicos cuentan con el respaldo absoluto del presidente de la Corte y del CFJ. No podemos permitir que se trate de amedrentar y presionar a los defensores públicos”.

Por si hubiese duda sobre la autoría de la supuesta denuncia anónima, Zaldívar añadió: “algunas personas deben entender que ya pasaron los sexenios en que los protegían desde la presidencia de la República.”

Se refería obviamente a la señora Wallace quien, en efecto, no cuenta ya con el respaldo del primer mandatario, pero, al parecer, sigue siendo muy influyente dentro de la FGR.

Según la denuncia donde se exige investigarme, mi visita al Cefereso 16 generó un beneficio para mi persona porque, en mi calidad de periodista obtuve, sin tener derecho, acceso a “una investigación reservada y de trascendencia nacional.”

“Trascendente pero reservado”, quien redactó este documento es un especialista en el arte del oxímoron. El argumento es otro absurdo: si el caso Wallace es de “trascendencia nacional,” cuenta con todos los méritos para ser investigado periodísticamente y es por esta razón que he dedicado poco más de tres años a obtener conocimiento riguroso sobre él.

No tiene asidero legal acusarme como cómplice de un ilícito que debe ser investigado por la FGR. Esta denuncia opera como acto inhibitorio de la libertad de prensa, como amenaza contra mi desempeño y como una agresión a las actividades que realizo cotidianamente.

Quiero suponer que no prosperará y también que la investigación exigida en mi contra no se llevará a cabo.

Sin embargo, el solo hecho de que las personas responsables de la defensa de Brenda Quevedo estén siendo arbitrariamente imputadas por la FGR me hace temer lo peor. Sobre todo, porque no es la primera vez que sucede: en el pasado la señora Wallace logró privar de libertad a varios abogados defensores. (Ricardo Raphael, Milenio, Política, p.14)