La triste historia de los municipios de Sonora y del país cada tres años: deficiencias en los servicios y escasos o nulos recursos, además de malos manejos por ignorancia o por dolo
por Mario López Sosa
En mis 45 años de experiencia colaborando desde dentro y fuera del sector público, 85 por ciento lo he dedicado a los municipios sonorenses. Primero asesorándolos indirectamente cuando fui funcionario en el gobierno del estado, luego como funcionario en el municipio de Hermosillo y finalmente como asesor o consultor externo, esto último, a partir de 1989.
En este mi andar por los municipios, he visto que todos presentan problemas comunes. En todos hay deficiencias en la recolección de basura y en el alumbrado público, existe inseguridad y presentan déficit en el resto de los servicios públicos que llegan a alcanzar hasta el 85 por ciento en algunos de ellos, como es el caso en calles pavimentadas.
Empero, también he visto que toda su problemática se debe a una sola causa, a un factor común: la secular escasez de recursos de este nivel de gobierno tan cercano al pueblo. Escasez de recursos que no es privativa de los municipios de Sonora, sino que la presentan todos los municipios del país, todos, sin excepción, en mayor o menor medida, lo que les puedo asegurar no sólo por mi experiencia, sino porque he andado en varios de todos los puntos cardinales de México en reuniones y foros de trabajo sobre diversos problemas que los afectan, amén de que soy un estudioso del municipio, tan es así, que tengo por ahí un manual de administración municipal inédito que escribí hace muchos años para los municipios sonorenses.
Pero a esto debo agregar que he visto que muchos, sino es que todos, hacen muy mal manejo de los de por sí escasos recursos con que cuentan, como, por ejemplo, que destinen hasta el 95 por ciento a gasto corriente, lo que trae como consecuencia una acumulación de las demandas de sus comunidades pues prácticamente no destinan nada a gasto de capital, como bienes muebles (maquinaria y equipo para la prestación de los servicios públicos) e inmuebles (terrenos para satisfacer la demanda de suelo para vivienda de la población de escasos recursos y para plazas, parques, jardines, etc.), así como obras públicas y construcciones.
Este mal manejo incluye no sólo una ineficiente administración de su hacienda pública, de sus finanzas, sino que hasta desvíos de recursos realizan algunos, unas veces sin dolo sino por ignorancia de la legislación que regula el uso y control de los mismos y otras con pleno conocimiento de causa.
Por todo esto, pues, cada tres años, con sus honrosas excepciones porque no todo está podrido en Dinamarca, los ayuntamientos entrantes no tienen ni para pagar a sus servidores públicos la nómina ya no de la primera quincena de su periodo Constitucional, sino de la última de los ayuntamientos que se van y se las dejan endosadas.
Diagnóstico, definición de prioridades y programa emergente para los municipios ‘cajeados’
Es por ello que los ayuntamientos entrantes deben tener funcionarios no sólo con experiencia probada en el campo en que se van a desempeñar, sino con mucha imaginación para que les ayuden a resolver este problema, -que, por cierto, con un anticipo de las participaciones se resuelve o, si el estado está quebrado como lo está este gobierno estatal, un crédito a corto plazo-, pero además a encontrar soluciones para el resto de los problemas que les dejaron los ayuntamientos que se fueron, que son los más graves y más importantes, aunque también redundan en falta de recursos, tales como un inventario de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos que ya no tiene reparación y obliga a adquirir otro nuevo, obras inconclusas o en proceso y de las que ya se ejercieron todos los recursos, en fin, todos aquellos que afectan directamente el desarrollo de la comunidad.
Lo recomendable pues, es que entrando estos ayuntamientos realicen un diagnóstico y con base en él definan sus prioridades y elaboren para su atención todo un programa emergente o de acción inmediata, programa que debe abarcar los primeros tres meses y medio de su periodo Constitucional para cerrar el ejercicio fiscal correspondiente e incluir en él no sólo las acciones a realizar para resolver los problemas inmediatos, es decir, los que le dejaron los ayuntamientos salientes, sino también de dónde saldrán los recursos que invertirán en ellas, para que de esta forma, en las acciones que así lo requieran y con programa en mano, irse a tocar puertas en los gobiernos estatal y federal para conseguir dichos recursos.
Sanción de irregularidades, a las autoridades, pero no litigar en medios de comunicación
Ahora bien, si piensan o tienen evidencias de que la causa del quebranto que encontraron en la hacienda pública municipal se debe al desvío de recursos del ayuntamiento saliente correspondiente, la investigación y sustanciación del procedimiento y, en su caso, la aplicación de las sanciones correspondientes si hubiere responsabilidades, deben dejarlas a las autoridades competentes en materia de control interno y externo, así como en materia de justicia administrativa o, en su caso, penal.
Lo que no deben de hacer es litigar en los medios de comunicación esta situación si la encontraren, sino atender los problemas inmediatos de la comunidad a la que se deben, pues a está lo que más le importa es que le recojan la basura, que le repongan la lámpara de alumbrado público de su calle, que le bacheen o pavimenten su calle, en fin, que les resuelvan ya los problemas que no les resolvió el ayuntamiento que recién se fue. Lo demás, en el ámbito municipal, que no en el estatal y federal porque ésos son otra historia, conste, al común de la gente poco le importa. Y afirmo esto último no como producto de mi modesta experiencia, sino de lo que oigo por ahí a diario.
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