LA POLÍTICA HOY

Las columnas políticas del sábado 7 de agosto de 2021

Zedillo, Fox, Calderón y Peña fracasaron. ¿AMLO también? 

Hace algunos cuantos años, cuando Rosario Robles era la encargada de los programas sociales del gobierno de su jefe y amigo Enrique Peña Nieto, nos reunimos en el periódico en el que yo trabajaba en ese entonces. Hablamos de la pobreza, de la miseria, de aquella “cruzada contra el hambre” que planearon ella y el entonces Presidente. Rosario me compartió en ese momento —algún mes del 2015— una gráfica que era elocuente y que sigue siendo demoledora: desde los años ochenta y hasta ese momento (31 años) la reducción de la pobreza había sido… de 1.7 puntos porcentuales.

Nada. Un fracaso.

En 1984, con Miguel de la Madrid, la pobreza patrimonial (la pobreza a secas, pues), afectaba al 53% de los mexicanos. La pobreza alimentaria (la miseria) golpeaba al 22.5% de la gente.

Con Carlos Salinas de Gortari no hubo cambio significativo: entregó el poder con el 52.4% de los mexicanos en pobreza (una reducción de apenas seis décimas), y el 21.2% en estado paupérrimo (una disminución de 1.3 puntos porcentuales).

Ernesto Zedillo fue un desastre. Para mí, él ha sido el presidente más torpe y rencoroso que ha tenido México en 50 años. Él y los suyos alegaban que Salinas había dejado la economía prendida de alfileres, y los demás les espetábamos que entonces por qué demonios habían quitado las tachuelas de la pared. Con este individuo la pobreza creció… hasta el ¡69%!, aunque la entregó en 53.6%. Es decir, que su crisis al final costó un aumento en la pobreza de poco más de un punto porcentual (1.2). La miseria, que llegó a crecer hasta 37.4% en su eficiente gestión, acabó en 24.1%, esto es, casi tres puntos porcentuales de aumento (2.9).

Vicente Fox entregó la pobreza con una reducción considerable (hay sospechosistas que afirman que alteró datos y cifras): la dejó en 42.7%, una disminución de casi once puntos porcentuales (10.9). La miseria bajó a 13.8%, más de diez puntos porcentuales (10.3).

A Felipe Calderón, el mismísimo que todo lo que toca lo violenta, lo tenemos que medir con otra vara de 2008 en adelante, porque desde ese año se usa una nueva medición. En ese año, México tenía 44.4% de la población en pobreza y al salir Calderón estaba en 45.5%, un aumento poco más de un punto porcentual (1.1). Si lo medimos desde 2006, el crecimiento es de casi tres puntos (2.8). La pobreza extrema estaba en 11% (2008) y bajó a 9.8 (2012), pero la carencia por acceso a la alimentación (tener lo mínimo para comer) creció de 21.7% a 23.3%.

Enrique Peña Nieto dejó Los Pinos con México en 41.9% de pobreza, una baja de 3.6 puntos porcentuales. La pobreza extrema descendió a 7.4%, un descenso de 2.4 puntos porcentuales. La carencia alimenticia la dejó en 20.4%, una baja de casi tres puntos porcentuales (2.9).

Ahora, el jueves pasado nos ha informado el Coneval que, hasta 2020, el México de Andrés Manuel López Obrador tiene 43.9% de pobreza, un crecimiento de dos puntos en tan solo dos años. La pobreza extrema está en 8.5%, un aumento de poco más de un punto porcentual (1.1). La carencia por acceso a la alimentación está en 22.5%, un alza de poco más de dos puntos porcentuales (2.1).

Dirán en Fifilandia que es culpa de las malas decisiones de López Obrador, y eso es una temeridad, por no decir que se trata de una falacia, porque, como todo el mundo, México vivió la más severa crisis económica en 91 años, así que por ahora no hay métricas adecuadas para culparlo.

Por eso la pregunta que le hago, lectora-lector: ¿también él, como sus antecesores, al final de su gestión fracasará en desarrollar al país a través de una disminución robusta de la pobreza y la miseria y el abatimiento de la desigualdad? Es posible, porque hasta ahora tampoco existe un solo dato duro que demuestre que sus ayudas sociales funcionaron mejor que en tiempos priistas y panistas, cuando se trataba de evitar que nuestro país padeciera severas hambrunas en sus zonas más miserables (por eso aquella cruzada contra el hambre de Peña Nieto).            

BAJO FONDO

El problema es del Estado mexicano: de aquel año 84 que refería al principio de esta columna, a hoy, 36 años después (¡36!), México apenas ha disminuido nueve puntos porcentuales la pobreza. En seis sexenios (sin contar los primeros dos años de AMLO) bajó la pobreza a un ritmo infame: 1.51 puntos por sexenio. Todos los presidentes priistas y panistas fueron, en conjunto, un rotundo fracaso para combatir la pobreza y la miseria. Ojalá no se les una López Obrador, pero veo difícil que se salve… ( Juan Pablo Becerra-Acosta M.EL Universal)

Templo Mayor

AUNQUE ya no sorprenden, siguen preocupando las decisiones del gobierno federal que tienen un impacto directo en el sector energético. Ahora le volvió a tocar al Centro Nacional de Control de Energía, el organismo responsable de las redes de transmisión del sistema eléctrico nacional.

APENAS 10 meses duró Carlos Meléndez al mando del Cenace. En teoría y en ley se trata de un ente independiente de CFE, pero el director llegó enviado directamente desde la oficina de Manuel Bartlett.

Y AHORA fue sustituido por Ricardo Mota Palomino, quien casuaaalmente estuvo a cargo del dictamen técnico sobre el apagón del 28 de diciembre, que afectó a más de 10 millones de usuarios. A él le tocó plasmar en el papel las conclusiones que la CFE quería escuchar: que la culpa era de los demás, incluido un pastizal que decidió incendiarse en mala hora.

AUNQUE la verdadera causa del apagón es la falta de protecciones en las redes, en recompensa a sus servicios, Mota Palomino, jubilado de CFE, es ahora el responsable de todo el despacho eléctrico en el país.

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CON TODO y que dejó correr demasiado la bola, hay que reconocerle a Arturo Zaldívar haber rechazado de manera vehemente y tajante la ampliación de dos años a su mandato al frente de la Suprema Corte. El ministro presidente le devolvió a la 4T el famoso regalazo con todo y moño.

LA DECISIÓN toma un especial relieve dado que el principal impulsor de tal ilegalidad era el mismísimo presidente de la República. Sobre todo porque el tabasqueño no está acostumbrado, ni tantito, a que le digan “no, gracias”. Así que Zaldívar debe haberse amarrado con doble nudo la toga para desairarlo.

LO GRAVE es que Andrés Manuel López Obrador mantiene su postura de que, salvo el propio Zaldívar, el resto de las y los ministros son parte de lo que está podrido en el Poder Judicial. ¡Qué bonito se llevan!

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EL QUE ESTÁ más que emplazado a tomar hoy mismo una decisión es Marko Cortés. Al menos dos contrincantes en la pelea por la dirigencia nacional blanquiazul ya le pidieron que se separe del cargo si es que quiere buscar la reelección. Piso parejo es lo que le piden.

Y ESTE SÁBADO es la reunión del Consejo Nacional del PAN en la que se deberá ver el tema con la comisión que organizará la elección interna del partido. Existe la preocupación de que, como les sucedió antes, la dirigencia en funciones les agandalle el proceso y las posiciones. A ver de qué PAN salen más migajas.

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ALLÁ en Venezuela, donde también se quiere manejar la economía por decreto, se anunció que a la moneda local, el bolívar, le van a recortar… ¡otros seis ceros! Con una inflación anual del 2 mil 959 por ciento, lo que sobran en realidad son algunos ceros a la izquierda. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)

Trascendió

Que después de que el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, llamó a los cinco magistrados rebeldes a definir si se quedaban con Reyes Rodríguez Mondragón al frente o buscaban una transición en pos de una candidatura “más legitimada”, el G5 decidió enfocarse en resolver las impugnaciones, dejar pasar la tempestad y después encontrar un acuerdo, pues al final del día ya escucharon lo que querían: la presidencia del destituido José Luis Vargas ya no es viable ni respaldada por nadie.

Que la diputada panista Adriana Dávila, aspirante a la presidencia del PAN, acusó violaciones al principio de imparcialidad en la contienda interna y llamó al actual líder blanquiazul, Marko Cortés, a separarse del cargo si es que está interesado en competir para reelegirse, todo en una carta dirigida a los consejeros nacionales en la que también criticó que la sesión de grupo se haya cambiado a modalidad virtual sin explicación. “El partido que está llamado a ser la oposición, la alternativa, no puede permitirse ser antidemocrático, parcial y poco transparente”, advirtió.

Que el PRD asegura que cada perfil de quienes han sido “electas y electos” como legisladores para la 65 Legislatura, es decir, 16 de sus compañeros, “fue previamente revisado en todo sentido y todos tienen las manos limpias”, además de que la dirección nacional que encabeza Jesús Zambrano no tiene intención alguna de tomar decisiones sobre la organización interna del grupo parlamentario, “ya que eso le compete única y exclusivamente a las y los diputados”. Ándenle, pues. (Milenio, Al Frente, p.2)

Bajo Reserva

La carpa del doctor López-Gatell

Quien busca reivindicarse con su jefe en Palacio Nacional, después de los gritos y sombrerazos por la falta de estrategia para afrontar la tercera ola de la pandemia de Covid-19, es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Sin muchos argumentos, pero con mucha retórica y verborrea, don Hugo, el doctor Huguito, dijo en una reunión con gobernadores que la prensa es la responsable del “desfase respecto a las necesidades de información del pueblo de México”. Tal vez quiera su propio espacio para montar otro show en Palacio Nacional. Una nueva carpa, pero con los mismos y malos chistes, al cabo que las familias afectadas por la pandemia pueden seguirse rascando con sus propias uñas y los culpables son los periodistas, los medios de comunicación. ¡Ajá!

AMLO desdeña la educación de su gabinete

De nueva cuenta, nos comentan, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los mexicanos que han estudiado en el extranjero, a los que tienen títulos universitarios en el exterior. Durante su conferencia de prensa, de plano tachó a quienes estudiaron en universidades extranjeras de aprender a robar, de tener una mentalidad elitista, clasista y, por si no fuera suficiente, racista. “Imagínense, los que han estudiado en Harvard o en otras universidades del extranjero y aprenden a robar, a eso van o a ayudar a que roben otros y que ellos reciban migajas del botín”, expresó. ¿Qué opinarán la mayoría de los integrantes de su gabinete? ¿Su nuevo y flamante secretario de Hacienda o la jefa de gobierno de la Ciudad de México? ¿Será que esa es la imagen que el Ejecutivo federal tiene de ellos? ¿O quizá tiene otros datos, como toda la vida?

Afila Morena sus cuchillos contra el INE

Nos comentan que quienes no dejarán pasar la oportunidad por la crisis institucional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TEPJF, son los machuchones de Morena. Y vaya que si hay frentes abiertos contra algunos de los llamados magistrados rebeldes. Nos mencionan que uno de los que se declaró listo para afilar los cuchillos y las lanzas contra el tribunal y, de paso, contra el Instituto Nacional Electoral es el senador Félix Salgado, quien desde ya acusa a magistrados y consejeros de responder a intereses facciosos de Carlos Salinas de Gortari y advierte que se reformará a ambas instituciones para devolverlas al pueblo. Ah que don Félix, nos dicen, no olvida su malograda candidatura y para él este es el momento de cobrar viejas facturas. ¡Ay, Torito! O, ¿cómo era?

El pleito en Inepesca

Con el respaldo de algún jefazo de la 4T, principalmente de la Secretaría de Agricultura, y en pleno desacato de una instrucción presidencial, nos dicen que investigador Pablo Arenas, director del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, Inapesca, nada contracorriente para que el organismo pase a las filas del Instituto de Investigación Forestal y Agrícola. Sin embargo, nos aseguran, la orden dictada desde el mismísimo Palacio Nacional es que Inaspesca desaparezca del mapa burocrático y sus funciones queden a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a cargo de Octavio Almada, uno de los hombres de confianza del Presidente. (El Universal, La 2, p.2)

Sacapuntas

Vargas, acorralado

Echada está la suerte de José Luis Vargas: el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar ve inviable su permanencia al frente del Tribunal Electoral, lo convocó a hacerse a un lado para restaurar el orden en la institución y respaldó lo que decida la mayoría de los magistrados. Tampoco le toma las llamadas. O sea, no tiene para dónde hacerse.

Abdica su alfil

Por cierto, cedió la plaza Carlos Vargas Baca, secretario general de acuerdos del TEPJF durante la presidencia de José Luis Vargas. Él mismo realizó la entrega recepción de esa área a Rodrigo Sánchez Gracia, nombrado por el G-5, el pasado miércoles. Su abdicación, nos dicen, es la validación de la sesión en la que se renovó al magistrado presidente.

Una pésima para Corral

Golpazo propinó el Poder Judicial al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a un mes de entregar la estafeta a Maru Campos. Se publicó una tesis jurisprudencial que obliga a liberar a todas las personas que, bajo la figura de prisión preventiva, encarceló su administración. El fallo evidencia la ilegalidad de la medida contra ex funcionarios.

Asamblea, en febrero

Es un hecho que la Asamblea Nacional del PRI está convocada para febrero de 2022. En ese foro, las expresiones del partido podrán debatir las acciones a realizar con miras a la presidencial de 2024, incluida la posibilidad de un relevo en la dirigencia. El líder nacional tricolor, Alejandro Moreno, sin embargo, lleva números bajo el brazo para defenderse.

Alerta por talibanes

Condenó México el avance del talibán, ayer, a través del embajador en la ONU, Juan Ramón de la Fuente. Al participar en la sesión del Consejo de Seguridad, que abordó el tema Afganistán, el diplomático respaldó el rechazo internacional “al retorno de un Emirato Islámico que sea santuario de terroristas”. La postura fue aplaudida por el Consejo.   (El Heraldo de México, la 2, p.2)

Doble Fondo / Zedillo, Fox, Calderón y Peña fracasaron. ¿AMLO también?

Hace algunos cuantos años, cuando Rosario Robles era la encargada de los programas sociales del gobierno de su jefe y amigo Enrique Peña Nieto, nos reunimos en el periódico en el que yo trabajaba en ese entonces. Hablamos de la pobreza, de la miseria, de aquella “cruzada contra el hambre” que planearon ella y el entonces Presidente. Rosario me compartió en ese momento —algún mes del 2015— una gráfica que era elocuente y que sigue siendo demoledora: desde los años ochenta y hasta ese momento (31 años) la reducción de la pobreza había sido… de 1.7 puntos porcentuales.

Nada. Un fracaso.

En 1984, con Miguel de la Madrid, la pobreza patrimonial (la pobreza a secas, pues), afectaba al 53% de los mexicanos. La pobreza alimentaria (la miseria) golpeaba al 22.5% de la gente.

Con Carlos Salinas de Gortari no hubo cambio significativo: entregó el poder con el 52.4% de los mexicanos en pobreza (una reducción de apenas seis décimas), y el 21.2% en estado paupérrimo (una disminución de 1.3 puntos porcentuales).

Ernesto Zedillo fue un desastre. Para mí, él ha sido el presidente más torpe y rencoroso que ha tenido México en 50 años. Él y los suyos alegaban que Salinas había dejado la economía prendida de alfileres, y los demás les espetábamos que entonces por qué demonios habían quitado las tachuelas de la pared. Con este individuo la pobreza creció… hasta el ¡69%!, aunque la entregó en 53.6%. Es decir, que su crisis al final costó un aumento en la pobreza de poco más de un punto porcentual (1.2). La miseria, que llegó a crecer hasta 37.4% en su eficiente gestión, acabó en 24.1%, esto es, casi tres puntos porcentuales de aumento (2.9).

Vicente Fox entregó la pobreza con una reducción considerable (hay sospechosistas que afirman que alteró datos y cifras): la dejó en 42.7%, una disminución de casi once puntos porcentuales (10.9). La miseria bajó a 13.8%, más de diez puntos porcentuales (10.3).

A Felipe Calderón, el mismísimo que todo lo que toca lo violenta, lo tenemos que medir con otra vara de 2008 en adelante, porque desde ese año se usa una nueva medición. En ese año, México tenía 44.4% de la población en pobreza y al salir Calderón estaba en 45.5%, un aumento poco más de un punto porcentual (1.1). Si lo medimos desde 2006, el crecimiento es de casi tres puntos (2.8). La pobreza extrema estaba en 11% (2008) y bajó a 9.8 (2012), pero la carencia por acceso a la alimentación (tener lo mínimo para comer) creció de 21.7% a 23.3%.

Enrique Peña Nieto dejó Los Pinos con México en 41.9% de pobreza, una baja de 3.6 puntos porcentuales. La pobreza extrema descendió a 7.4%, un descenso de 2.4 puntos porcentuales. La carencia alimenticia la dejó en 20.4%, una baja de casi tres puntos porcentuales (2.9).

Ahora, el jueves pasado nos ha informado el Coneval que, hasta 2020, el México de Andrés Manuel López Obrador tiene 43.9% de pobreza, un crecimiento de dos puntos en tan solo dos años. La pobreza extrema está en 8.5%, un aumento de poco más de un punto porcentual (1.1). La carencia por acceso a la alimentación está en 22.5%, un alza de poco más de dos puntos porcentuales (2.1).

Dirán en Fifilandia que es culpa de las malas decisiones de López Obrador, y eso es una temeridad, por no decir que se trata de una falacia, porque, como todo el mundo, México vivió la más severa crisis económica en 91 años, así que por ahora no hay métricas adecuadas para culparlo.

Por eso la pregunta que le hago, lectora-lector: ¿también él, como sus antecesores, al final de su gestión fracasará en desarrollar al país a través de una disminución robusta de la pobreza y la miseria y el abatimiento de la desigualdad? Es posible, porque hasta ahora tampoco existe un solo dato duro que demuestre que sus ayudas sociales funcionaron mejor que en tiempos priistas y panistas, cuando se trataba de evitar que nuestro país padeciera severas hambrunas en sus zonas más miserables (por eso aquella cruzada contra el hambre de Peña Nieto).

BAJO FONDO

El problema es del Estado mexicano: de aquel año 84 que refería al principio de esta columna, a hoy, 36 años después (¡36!), México apenas ha disminuido nueve puntos porcentuales la pobreza. En seis sexenios (sin contar los primeros dos años de AMLO) bajó la pobreza a un ritmo infame: 1.51 puntos por sexenio. Todos los presidentes priistas y panistas fueron, en conjunto, un rotundo fracaso para combatir la pobreza y la miseria. Ojalá no se les una López Obrador, pero veo difícil que se salve… (Juan Pablo Becerra-Acosta M.. El Universal, La 2, P.2)

Código Penal de la Ciudad de México y OSC

El pasado 7 de junio se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México un decreto que contiene una serie de reformas, adiciones y derogaciones a artículos del Código Penal para la capital del país (https://cutt.ly/oQnqWGr). Entre los artículos reformados se encuentran el 256, 256 bis y el 259, que forman parte del título décimo octavo, que se refiere a los delitos contra la buena administración cometidos por servidores públicos.

El artículo 256 dice: es servidora o servidor público de la Ciudad de México toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública de la Ciudad de México, en el Poder Legislativo local, en los órganos que ejercen la función judicial del fuero común en la capital y en los órganos constitucionales autónomos, o bien que tenga la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos.

Entre las penas comprendidas en estos artículos se encuentran la destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y cargo de elección popular, e igualmente para dirigir o administrar recursos de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos. Las sanciones llegan a ascender hasta los 25 años de prisión. En otras palabras, el Código Penal otorga el carácter de persona servidora pública a quien tenga la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos, por lo que puede ser procesada por delitos penales como si fuera servidora pública, como explícitamente lo señalan los artículos reformados. Aunque pareciera que estas reformas al Código Penal son novedosas, no es así, ya que del artículo 64 de la Constitución de la Ciudad de México se puede interpretar que se les otorga el carácter de servidores públicos a quienes ejerzan recursos públicos o contraten con entes públicos la ejecución de obras o servicios públicos, de adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban concesiones. (Miguel Concha, La Jornada, Opinión, p.14)

Retrovisor / Autonomías a salvo: la mala semana del gobierno

Ésta fue una muy mala semana para el discurso oficial que deplora la autonomía de los órganos constitucionales, diseñados como contrapesos del Poder Ejecutivo y distintivos de las democracias modernas.

El éxito del INE, que encabeza Lorenzo Córdova, en la organización de la primera Consulta Popular fue rotundo, en tanto confirmó las capacidades institucionales del árbitro electoral mexicano para hacerse cargo de estos ejercicios de democracia directa.

Frente a la participación de 6 millones 600 mil ciudadanos en responder a la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación contrastó el reclamo de Morena y del presidente López Obrador por la presunta falta de entusiasmo de algunos consejeros electorales en el pretendido juicio a los expresidentes de la República. La búsqueda de culpables por las expectativas incumplidas en esa Consulta Popular confirma las limitaciones que el gobierno federal y su partido tienen para concretar propósitos de la autoproclamada Cuarta Transformación, dentro del andamiaje institucional existente.

Otra autonomía que fue confirmada esta semana fue la del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia (Inegi), cuya Junta de Gobierno preside Julio Santaella, al documentar qué sucedió con los ingresos y gastos de los hogares mexicanos entre 2018 y 2020, prendiendo alertas sobre las insuficiencias de las políticas sociales diseñadas en el actual gobierno.

Dos asuntos resultan graves: la desigualdad bajó porque creció el empobrecimiento y la desaparición del Seguro Popular incrementó el gasto de las familias en servicios privados de salud, particularmente en los adultos mayores.

Con estos insumos del Inegi, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), un organismo público descentralizado y con autonomía y capacidad técnica para la medición de la pobreza en México, reportó que entre 2018 y 2020 ésta subió y que el mayor aumento se dio en la carencia social de acceso a los servicios de salud.

No deja de ser lamentable que el cumplimiento de estas autonomías institucionales derive en noticias sobre el deterioro social. Pero tampoco es desdeñable el refrendo de nuestro derecho a saber.

Igual paradoja se ha presentado esta semana en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde las pugnas que traían de tiempo atrás sus magistrados estallaron públicamente esta semana, dando paso a la ventilación de una crisis institucional que, sin embargo, confirmó la capacidad de sus integrantes para reconfigurar la indispensable independencia de quien resuelve los litigios derivados de los votos ciudadanos.

Y como en política no hay casualidades, el soterrado conflicto entre cinco magistrados y su depuesto presidente, José Luis Vargas, ocurrió justo en la antesala de la resolución de las impugnaciones a resultados electorales en gubernaturas donde, según el INE y/ o candidatos y partidos perdedores, hubo violaciones a la ley por el uso de recursos ilícitos y situaciones que alteraron las condiciones de equidad en la contienda, tal es el caso de la señalada presencia del crimen organizado.

De manera que antes de entrar en la revisión de los gobernadores electos en Campeche, Guerrero, Michoacán, Nuevo León y San Luis Potosí, el G5, que conforman Felipe Fuentes, Indalfer Infante, Felipe de la Mata, Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón, decidió relevar al magistrado presidente que, con un expediente de investigación por presunto enriquecimiento ilícito, se había convertido en rehén de personeros gubernamentales que buscaban resoluciones afines al partido en el poder.

Los testimonios del deteriorado clima laboral en el Tribunal abarcan denuncias por la aplicación del polígrafo a colaboradores de los magistrados del G5, en la búsqueda de delaciones que los comprometieran. La gravedad de la crisis del TEPJF es tal que el propio titular del Poder Judicial calificó ayer de inviable la continuidad de la presidencia del magistrado Vargas.

Y como en política no hay casualidades, la independencia del Tribunal Electoral para designar quién la encabeza quedó confirmada en la conferencia en la que el también ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, anunció su rechazo a la ampliación de mandato que, por dos años, diputados y senadores de Morena y sus aliados le otorgaron.

Un rechazo que recuerda la fábula de Esopo de las uvas verdes porque, al igual que en el TEPJF, en el pleno de la Corte la mayoría se negó a validar una medida que el gobierno y su partido calificaron de indispensable.

Al reivindicar su autonomía frente al Ejecutivo, los ministros de la SCJN —incluso los nombrados en este sexenio— confirmaron la vigencia de un Congreso que hace 15 semanas, a través de la oposición, le elevó el costo a quienes en nombre de la justicia buscaron ningunear la división de poderes y la Constitución que la sustenta. (Ivonne Melgar, Excélsior, Opinión, p.10)

Zaldívar se desmarca; el Presidente ataca y el Poder Judicial se cimbra

La crisis interna del Tribunal Electoral, con la ruptura que hoy tiene paralizada a la máxima instancia de justicia comicial, en medio de la calificación de varias elecciones del 6 de junio que sigue pendiente, terminó por sacudir al Poder Judicial de la Federación. La intervención del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, que dialogó el jueves con los cinco magistrados rebeldes, terminó mezclándose con el tema de la polémica reelección de dos años de la Reforma Judicial, y provocó que el presidente López Obrador estallara en reclamos, descalificaciones y comentarios desproporcionados y que generalizan sobre un “Poder Judicial que está podrido”.

La ruptura del Tribunal Electoral, al que también calificó de “echado a perder” y pidió la renuncia de sus 7 magistrados “por dignidad”, le sirvió a López Obrador para volver a la carga en contra de dos de las instituciones del Estado Mexicano a las que no ha podido someter y controlar, por más que lo ha intentado. Por un lado, aprovechó la crisis de los magistrados electorales para repetir su discurso de que “se debe hacer una limpia en el INE y el Tribunal Electoral porque no sirven”, y por el otro, el Presidente arremetió con todo en contra del Poder Judicial en su conjunto y descalificó a jueces, magistrados y ministros con acusaciones de corrupción, de que carecen de representatividad popular y de responder a intereses más que administrar justicia:

“Jueces, magistrados y ministros están echados a perder. Hay excepciones honrosas, pero por lo general el Poder Judicial está podrido; o sea muchísima corrupción en los jueces, no representan al pueblo y la verdad, la Corte sigue siendo la Suprema Corte, si acaso del derecho, pero no de la Justicia… Sigue habiendo muchos intereses, no quieren que se acabe con la corrupción, con el nepotismo. Y el Consejo de la Judicatura está actuando con mucha lentitud”, dijo el presidente en una crítica que no sólo generaliza sino que confirma la actitud injerencista e intervencionista del presidente hacia otro Poder del Estado.

Porque si bien es innegable que hay un proceso de corrupción grave en el Poder Judicial, la forma en la que el Presidente descalifica a toda la estructura de un poder autónomo constitucionalmente, lejos de abonar a la idea de que López Obrador quiera “limpiar” a la justicia, parece apuntar a la molestia del titular del Poder Ejecutivo porque los juzgadores, magistrados y ministros se niegan a someterse y a acatar sin cuestionar los designios presidenciales.

La reacción del Presidente claramente muestra la molestia y el enojo que le causó el aviso que le dio el jueves pasado el ministro Arturo Zaldívar, al que tanto pondera y elogia públicamente. Porque, según sus cercanos, Zaldívar no fue a consultarle o a pedirle permiso al Presidente, sino que en ese encuentro en Palacio Nacional la mañana del jueves, el ministro sólo le comunicó “por cortesía republicana” la decisión que ya había tomado. Y aunque el Presidente lo escuchó serio y le dijo que respetaba su decisión de no aceptar el alargamiento por dos años más de su presidencia, claramente ésta no le gustó y terminó molesto y enojado. El argumento que le dio Zaldívar, de que ninguno de los 10 ministros restantes de la Corte querían que él permaneciera dos años más y se iban a oponer votando en contra de la constitucionalidad de esta medida, es lo que está detrás de los duros y agresivos comentarios de López Obrador sobre la Corte y los “ministros que no quieren al ministro Zaldívar por que él es honesto”.

El presidente de la Corte, nos dicen, no sólo le dio aviso al jefe del Ejecutivo de su decisión de deslindarse y desmarcarse del polémico artículo 13 transitorio de la Reforma Judicial; al Senado y a la Cámara de Diputados, como representantes de Poder Legislativo, también les comunicó su decisión, tanto a Ricardo Monreal, líder del Senado, como a Ignacio Mier, de la Cámara de Diputados, les dijo en comunicación directa que no aceptar esa reforma “es un tema de congruencia, pero también de respeto a la ley y a la Constitución”.

LA CORTE, EL INE Y EL TRIBUNAL EN LA MIRA DE AMLO

El mensaje de descalificación abierta al Poder Judicial que ayer mandó el Presidente, refleja su molestia por la resistencia que encontró su reforma de ampliación de mandato en prácticamente todos los ministros, incluidos los que él ha propuesto para ocupar el cargo y que se suponían afines a su 4T. La defensa y elogios constantes del mandatario nacional hacia Arturo Zaldívar confirman no sólo la confianza y cercanía que el ministro presidente ganó con López Obrador, sino también que al final Zaldívar se convirtió en el único ministro a quien el Presidente veía “capaz y honrado” para encabezar la Reforma al Poder Judicial.

En la percepción negativa y hasta de cierto desprecio que el Presidente tiene hacia los jueces y magistrados, Zaldívar se convirtió en una especie de “dique de contención” para evitar que López Obrador embistiera al Poder Judicial con una Reforma profunda en la que, en los inicios del sexenio, incluso se planteaba desaparecer a la actual Suprema Corte con todo y sus ministros, para crear el Tribunal Constitucional. La relación con el ministro presidente ayudó a que en Palacio Nacional desecharan ese tipo de propuestas y optaran por buscar mecanismos de conciliación con las instancias del Poder Judicial. Una muestra de ello es que al único poder al que le respetó sus sueldos y prestaciones, y les permitió no adaptarse a su ley de Austeridad Republicana, fue al Judicial. Los jueces, magistrados y ministros pudieron conservar sus ingresos como una “concesión” que les dieron desde Palacio.

Por eso el mensaje de ayer, con toda su carga de ira y molestia contra los juzgadores de este país, es para tomarse en cuenta. Con Zaldívar al frente de la Corte y de la Judicatura por año y medio más y con la ampliación de mandato ya muerta y condenada al voto en contra de todos los ministros, es un hecho que el Presidente irá con todo contra el Poder Judicial a partir de diciembre del 2022 cuando se vaya Zaldívar de la Presidencia.

Porque el inquilino de Palacio está convencido y tiene información documentada, de que hay dos tipos de corrupción grave en estos momentos en el Poder Judicial: por un lado está la corrupción en los Tribunales de Circuito, en donde se hace negocio con la administración de justicia, con jueces que forman parte de una red de corrupción en la que hay al menos dos ministros de la Corte involucrados con operaciones que tienen que ver con sobornos y pagos a cambio de sentencias y amparos. En este tipo de corrupción se basa la fuerte declaración que el pasado 21 de mayo lanzó el secretario de Marina, Rafael Ojeda, con toda la complacencia del Presidente: “Parece que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”.

La otra forma de corrupción judicial que acusan en Palacio, se da a través de grupos que intentan hacer de la Corte y del Poder Judicial una especie de dique o contrapeso político contra la 4T y las decisiones del Presidente. Empresarios, grupos políticos de antaño y otros grupos de interés, con el apoyo de algunos ministros, maniobran y presionan para que la Corte actúe como contrapeso al gobierno federal, sostienen los informes que tiene el mandatario nacional.

SE LE REBELAN MINISTROS AFINES A LA 4T

La influencia que la Presidencia había logrado en la Corte y sus decisiones, no sólo a través de la cercanía de Zaldívar, sino por los cuatro ministros que propuso este gobierno, se ha visto afectada. Hoy, de cuatro votos que creían tener de su lado en la Consejería Jurídica de la Presidencia, contando al del ministro presidente, se han quedado sólo con dos ministros que los apoyan incondicionalmente: Yasmín Esquivel Mossa y Zaldívar.

La ministra Margarita Ríos Farjat ha tomado cierta distancia de la 4T, a partir de que no está de acuerdo con las descalificaciones constantes del Presidente a los jueces y a los propios ministros y también de que, en la última reunión que convocaron en Palacio —justo el 20 de mayo, un día antes de aquella fuerte declaración del secretario de Marina— ella no fue convocada y sólo invitaron a aquel encuentro en Palacio a la ministra Esquivel y al ministro Juan Luis González Alcantara, acompañados de Zaldívar.

El propio ministro González Alcántara se ha desmarcado de la 4T a partir de que se descalificó y atacó su decisión de rechazar la Controversia Constitucional del Congreso de Tamaulipas y de su explicación y argumentos de esa decisión, en la que le daba la razón a los diputados tamaulipecos y sostenía que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sí mantenía su fuero constitucional, a pesar del desafuero de la Cámara de Diputados federal, y no podía ser detenido ni procesado penalmente por la FGR hasta que termine su mandato en el 2022.

Así es que ya no hay mucho que contenga al Presidente en el momento que decida solicitar una Reforma Judicial de fondo que modifique la actual integración de la Corte. Es muy probable que no lo haga hasta finales de 2022 cuando termine la presidencia de Arturo Zaldívar, quien el año y medio que le queda podría continuar siendo el único que funcione como contención para los apetitos del Presidente y para evitar su choque abierto con el Poder Judicial. Zaldívar intentó maniobrar, a partir de esa cercanía que logró con el Presidente, para proteger al Poder Judicial y a la Corte de un embate fuerte de la 4T y para tratar de combatir la corrupción interna. Pero claramente, con su deslinde de ayer y su decisión de rechazar el “regalazo” de dos años más que le había hecho el Presidente, el ministro presidente también termina desgastado y afectado en su imagen.

Pero es muy probable que cuando se vaya Zaldívar, la 4T y el Presidente ya no tengan miramientos y, conforme se radicalice también este gobierno, que intentan después de 2022 disolver la actual integración de la Corte y de la Judicatura para buscar, con reformas constitucionales, un Poder Judicial que el Presidente considere “limpio y sin corrupción”, lo que en los hechos equivaldría a que desde Palacio Nacional tuvieran el control de una nueva Corte o Tribunal Constitucional. Eso es lo que empezó a configurarse con la ruptura que ayer declara, con sus acusaciones, el Presidente hacia los jueces, magistrados y ministros “echados a perder”.

NOTAS INDISCRETAS….

El futuro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pende de un hilo. Ante la crisis y el rompimiento entre los 7 magistrados, que derivó en la existencia de dos presidentes, de un lado José Luis Vargas destituido por la mayoría de cinco magistrados, y del otro el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que nombró esa misma mayoría, el presidente de la Corte está mediando para tratar de encontrar una salida. La presión de Palacio Nacional es clara: si no hay un arreglo pronto y satisfactorio a la crisis, deben renunciar los 7 magistrados y que el Senado proceda a nombrar a nuevos titulares del Tribunal. Y con esa presión encima, Zaldívar ya desconoció cualquier posibilidad de que Vargas sea restituido en el cargo, pero también les advirtió a los cinco magistrados rebeldes que Reyes Rodríguez Mondragón no puede presidir el TEPJF.

La propuesta del ministro presidente es que se reúnan los 7 magistrados de la Sala Superior y elijan y voten a un nuevo presidente que no sea ni Vargas ni Reyes. Pero hay resistencias de los dos bandos en conflicto. El veto a Reyes Mondragón, nos dicen, es directo de Palacio Nacional, en donde acusan los vínculos del magistrado con Roberto Gil Zuarth y con el calderonismo. “El Presidente y la 4T se oponen a Reyes porque creen que si el preside el Tribunal es como entregárselo a la ultraderecha panista”, nos dijo un integrante del gobierno. Así que las siguientes horas son clave: o hay una nueva reunión de todos los magistrados para votar a un nuevo presidente o en septiembre, en cuanto empiece la nueva legislatura, habría una propuesta para desaparecer al Tribunal e integrar un nuevo órgano de justicia electoral, y de paso, en ese embate también le tocaría al INE y a sus consejeros que repudia el Presidente, con una reforma electoral que aprovechará la coyuntura para modificar al Tribunal Electoral y al Consejo General del instituto electoral… Se lanzan los dados. Escalera doble. Semana pesada pero buena. (Serpienrtes y Escaleras. Salvador García Soto, El Universal, Nación, p.5)

El Tribunal y el Palacio

El documento para remover a José Luis Vargas como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación comenzó a circular entre los magistrados hace una semana, unos cinco días antes de que el Tribunal se reuniera en una audiencia pública, pero la idea de que Vargas era insostenible se instaló en ese órgano tres meses antes.

Corría la tercera semana de abril. El Tribunal se preparaba para votar tres proyectos polémicos. Los primeros eran sobre si los candidatos de Morena a las gubernaturas de Michoacán y Guerrero habían violado las reglas de las precandidaturas, al no registrar sus gastos de precampaña, y no podían continuar como aspirantes. El tercer proyecto impediría que los partidos tuvieran una sobrerrepresentación excesiva en el Congreso, como sucedió en los dos periodos anteriores, uno durante el gobierno peñista y otro en el obradorismo.

Con estas decisiones, el Tribunal podía afianzar su independencia, después de negar el registro como partido pocos meses antes a México Libre. Los días previos a la votación, me dijeron fuentes internas del Tribunal que solicitaron anonimato con muy buenos motivos, el cabildeo de Palacio sobre los magistrados se incrementó. Estas fuentes aseguran que no era nuevo y que ya desde finales de 2018 los magistrados solían ser llamados a oficinas de la Presidencia, o a oficinas alternas, para presionarlos.

El argumento en común en esas reuniones, según estos testimonios, ha sido que el gobierno obradorista tiene los votos, la legitimidad y debe votarse a favor de las iniciativas electorales que les interesan. Sin embargo, la mayoría del Tribunal votó por la remoción de las candidaturas de Michoacán y Guerrero y por regular la sobrerrepresentación. Al hacerlo, la relación entre Vargas y los magistrados que él llamó “opositores” se agravó.

Estas fuentes aseguran que en una reunión interna Vargas les dijo a sus colegas que se convirtieron en “enemigos del Estado” y que podrían sufrir investigaciones penales y financieras en su contra.

Vargas ha defendido que su actuar siempre fue apegado a derecho. Él llegó a la presidencia del Tribunal después de que resultó electo en medio de una disputa interna, en la cual aspiraban a ese cargo los magistrados Mónica Soto y Felipe Fuentes. Él era el tercer candidato. Muy pronto su apoyo a los proyectos obradoristas se vio en sus votos y en los cabildeos internos.

En los últimos meses, documentos a los que tuve acceso muestran que buscaba sin tapujos enterarse del sentido de las votaciones de sus compañeros. Cancelaba las sesiones privadas cuando algo no le parecía o turnaba los asuntos que llegaban al Tribunal sin exhibirlos en estrados. Otras veces cambiaba de última hora las fechas de las sesiones.

Revisé una serie de oficios que se hicieron públicos en los últimos meses y dan cuenta del enfrentamiento cada vez más frontal entre Vargas y sus compañeros.

Este 4 de agosto, cinco de esos compañeros se atrincheraron en una oficina del Tribunal durante la sesión pública y pidieron que se discutiera la gestión de Vargas como presidente. Él detuvo la sesión, desde otra oficina del mismo recinto.

Cuando los magistrados anunciaron que transmitirían desde una cuenta de la Escuela Judicial Electoral, el presidente depuesto pidió que se les cortara la electricidad y el Internet. Un operador se opuso, según me confirmó otra fuente. En una nueva sesión pública alterna se nombró con cinco votos a Reyes Rodríguez como el nuevo presidente.

Esta noticia no cayó bien en Palacio Nacional, donde es bien sabido que Rodríguez ha sido muchos años empleado de gobiernos panistas y es uno de los políticos más cercanos a la familia Zavala-Calderón y a Roberto Gil Zuarth.

En la Suprema Corte, los magistrados disidentes se reunieron con Arturo Zaldívar. Allí acordaron que la próxima semana se nombrará a un presidente interino, mientras se resuelve la crisis y se deciden en el Tribunal los casos relativos a las elecciones de junio pasado. Después, comenzaría un proceso de nueva elección. Mientras tanto, algo parece ser seguro hasta ahora: Vargas no será más presidente de ese Tribunal. (Peniley Ramírez, Reforma, Opinión, p.8)

Decisión sensata

Finalmente y seguramente tras mucho sopesarlo, para el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se impuso la decisión más sensata que pueda tomar: el concluir su mandato en los tiempos en que estaba planeado, al concluir su periodo el último día de 2022.

El del magistrado Zaldívar sin duda constituye un acto de valentía, de pundonor frente al poder y finalmente de respeto a lo que establecen los marcos legales y constitucionales, donde se han impuesto los principios, valores y convicciones a los privilegios que se le ofrecían. Y aunque con su renuncia a extender su plazo al frente de la Corte, y con ello, abstenerse de ayudar al presidente López Obrador a consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación, como era la intención detrás de la prolongación del mandato, Zaldívar anuncia que en lo que resta de su gestión, emprenderá una limpia a fondo en el Poder Judicial de la Federación (PJF) para restituirle su credibilidad e imagen ante los mexicanos.

Arturo Zaldívar dice que va a combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual que han manchado al Poder Judicial -y que llevaron a que el presidente López Obrador se refiriera a éste como ‘podrido’-, pero de entrada necesita darle una nueva cara, que ha quedado muy sucia tras las confrontaciones en su interior y los roces que ha sostenido con el propio mandatario de la República.

La decisión tomada por Zaldívar por declinar una posible ampliación de mandato fue bien recibida en diversos sectores de la vida política nacional, quienes alabaron que así se restituya la constitucionalidad interna del Poder Judicial y se garantice la viabilidad de la democracia, así como permite conjurar el riesgo de injerencia de un poder político sobre otro, que hubiera afectado el equilibrio de poderes del Estado.

Aunque no se ve fácil la tarea para el ministro presidente de la Suprema Corte, no se debe descuidar tampoco la batalla contra la corrupción, los malos manejos y las pugnas internas en el Poder Judicial, al que debe restituir el decoro de días pasados y borrar la imagen que se le ha dado de estar integrado por personas que solo obedecen a sus intereses particulares o de terceros y no a los de la Nación. Asimismo, en el problema del Tribunal electoral, debe buscar que sus miembros concilien para restablecer el equilibrio a su interior porque se trata de un órgano muy importante al tener la función de calificar las elecciones cuando son impugnadas. (El Universal, Editorial, p.8)

Política Irremediable / ¿Hacer justicia? Lo decide el pueblo…

Los ciudadanos de este país, así de confundidos como estábamos luego de digerir —a medias— el farragoso texto que nos recetaron los augustos ministros de la tremenda Corte para pedir nuestra opinión sobre el asunto de “llevar a cabo acciones pertinentes […] para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos” no dejamos, con todo, de advertir por dónde iba la cosa: se trataba de juzgar a cinco expresidentes de Estados Unidos Mexicanos. Eso, y nada más.

Los propios activistas del partido oficial, en abierto desafío a las restricciones que impone el INE cuando tienen lugar los procesos que certifica legalmente, estuvieron exhibiendo carteles propagandísticos con los rostros de los imputados. Si les llegara a caer encima alguna multa alegarán que el organismo del Estado responsable de organizar las elecciones está al “servicio del PRIAN” o que “responde a los intereses de los corruptos de siempre” porque esa gente se ha arrogado a la torera la facultad de lanzar tremebundas acusaciones cada vez que le toca rendir cuentas. Cuando les cuestionan sus quehaceres, los adalides de la 4T no responden ni argumentan: desacreditan al reclamante e invocan arteramente los excesos perpetrados en el pasado para colocarse, en su condición de supremos regeneradores, por encima de las críticas. Pero lo más inquietante es que su calculado repudio al orden anterior entraña la paralela descalificación de las instituciones de la República porque, miren ustedes, llegaron para reinventarlo todo desde cero, para anular los contrapesos que tan trabajosamente ha construido nuestra sociedad con el propósito de evitar la concentración de facultades en el Ejecutivo, para imponer una verdad única sustentada en trasnochadas ideologías y, desde luego, para perpetuarse en el poder.

Así las cosas, uno de los pasos obligados del actual régimen para sentar sus reales —toda una declaración de intenciones— era consumar el enjuiciamiento de los anteriores mandatarios. A cada uno de ellos se le endilgó, en un primer momento, la correspondiente acusación, así fuere de manera puramente retórica. Pero, lo que hubiera debido ser un tema estrictamente judicial se volvió un asunto desaforadamente político, un montaje en el que, de pronto, se apareció una nueva figura: el “pueblo”, como máximo juzgador. De tal manera, el primerísimo de los plebiscitos que se organizan desde que transitamos a la democracia tuvo como fin transferirle, a los ciudadanos, la facultad de hacer —o no hacer— justicia, más allá de cómo estuviere formulada la pregunta y de que el propósito original, encarcelar a los antiguos mandatarios, se hubiere diluido en la vaguedad redactada por los señores ministros. La “consulta popular” ha sido un esperpento jurídico. (Román Revueltas Retes, Milenio, Política, p.7)

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Más pobres: México, 4T y AMLO, víctimas de la desigualdad

Néstor Ojeda. El Universal, 7/08/2021:

Por más que el AMLO diga lo contrario el dato es irrefutable: según el Coneval hoy en México hay tres millones 800 mil pobres más que en 2018,  cuando asumió la Presidencia de la República y anunció el gobierno la Cuarta Transformación. Claro que la pandemia de la Covid-19 le cayó “como anillo al dedo” a Andrés Manuel López Obrador (lo cito) y a sus aliados para justificarlo. 

Pero el origen de esta tragedia es terriblemente redundante: la DESIGUALDAD. Veamos por qué. 

Hoy hay más pobres por uno los resultados naturales de la concentración de la riqueza, que es la mala formación de las personas producto del deterioro de la educación pública originado por el abandono de los gobiernos de la globalización y de la guerra fría. De ahí que las escuelas y universidades públicas hayan caído en calidad y eficiencia terminal. 

La ineficacia del gobierno de la 4T tiene su origen en mucho en la injusta distribución de la riqueza y los ingresos en México y el mundo. Las élites concentran a la mayoría de los “cuadros” mejor formados; los han construido y colocado en las posiciones de decisión desde hace décadas. 

Es un hecho que la mayoría de los funcionarios mejor preparados no se integran en una gran medida a los gobiernos populistas por coincidir ideológicamente con las élites depredadoras y en otra porque al ser parte de las clases medias “aspiracionistas” no tienen incentivos para participar en un gobierno que, bajo una pretendida austeridad, no ofrece salarios y honorarios atractivos y competitivos. 

Entonces por desgracia los gobiernos populistas se integran en mucho con funcionarios que no están suficientemente capacitados por más honestos que sean (cito a AMLO de nuevo) y el resultado es que la las decisiones, el diseño de políticas públicas y su operación son deficientes.  

De ahí parten algunos elementos para explicar los pobres resultados de la 4T (con pocas excepciones) en seguridad, salud, seguridad, empleo, energía y educación. Pero hay que dejar claro que su mal desempeño no solo viene de su debatible concepción de gobierno sino también de la corrupción e ineficacia de administraciones anteriores.  

Ahora, el apunte de hoy es resultado del recordatorio de una clase de Ciencia Política hecho por el ex presidente de un partido aliado de Morena y AMLO (que por cierto pidió no ser citado por nombre) quien en una reunión reciente expresó (muy triste) que hoy vivimos un ejemplo claro de lo que se conoce en la academia como “El Ciclo del Populismo”. 

El Ciclo del Populismo explica precisamente que por esta carencia de cuadros formados y eficaces (entre otros factores) los gobiernos que tienen este origen no alcanzan a ser capaces de obtener los resultados que los electores que los votaron esperan de ellos, pero que además en cambio empobrecen a la sociedad, destruyen a las instituciones y se inclinan (ahí están de ejemplos Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, Argentina, etc.) ante el autoritarismo sea por vocación o por la oposición que enfrentan por su mal desempeño…  

Esto por desgracia resulta de todos los populismos, sean de izquierdas o derechas.  

Y por eso los gobiernos populistas (también de origen auto victimizados y sin auto crítica) ante su ineficacia y falta de resultados buscan de manera recurrente supuestos culpables de su mal gobierno, los señalan aplicando en su discurso esta receta y acusan a: 

1. Los gobiernos anteriores y sus fallos, corrupción, inmoralidad, etcétera (ciertos o falsos). Se ve todos los días en La Mañanera. 

2. Los medios de información por exhibir los yerros del gobierno y el poder actual (desdeñando que es su obligación, vocación y responsabilidad). Nomás falta ponerle ojo los miércoles a mal hecho segmento de “Quién es qué en las mentiras”. 

3. Los empresarios (sin duda muchos de ellos cómplices de la depredación económica y la corrupción). 

4. Gobiernos extranjeros. Ahí está eso de que la Embajada de Estados Unidos supuestamente financia a medios críticos de la 4T. 

5. Y finalmente -cuando todo lo anterior no alcanza- los ciudadanos. Ahí están las ofensas y furia contra la clase media que decidió no votar por Morena y sus aliados en la pasada elección intermedia del 6 de junio. 

Tenemos los mexicanos y el mundo que encontrar un modelo que genere riqueza para acabar con la desigualdad, injusticia, ineficiencia e inequidad que vivimos desde hace décadas. ¿O no? 

VUELTA NECESARIA  

 Víctor Hernández, fundador del blog El Sendero de El Peje, un espacio digital que como muchos de hoy (Sin Censura, El Soberano, Oro Sólido y más) nació para hacer propaganda a Andrés Manuel López Obrador, pide que por favor se deje en claro que su espacio (que ya cambió de nombre) nada tiene que ver con SDP Noticias del empresario y publirrelacionista Federico Arreola. ¡Hecho!