Columnas de Opinión

del viernes 24 de septiembre de 2021

Templo mayor

SI HOY llegaran los aliens a México, sería bien difícil explicarles que en este país se libera en caliente al narco Ovidio Guzmán y, en cambio, se busca encarcelar a 31 científicos y académicos, nomás por capricho.

Y MÁS cuando ya dos jueces han desechado la denuncia de la Fiscalía General de la República por improcedente, pero Alejandro Gertz Manero está empeñado en desquitarse de un gremio en el que nunca fue aceptado, como lo es el de los investigadores. No hay que olvidar que durante 11 años intentó entrar al Sistema Nacional de Investigadores, y sólo lo logró de la mano de la 4T.

EL COLMO es que la titular (es un decir) de las políticas científicas del país, María Elena Álvarez-Buylla, fue quien presentó la denuncia contra esos científicos y hoy, con la ligereza del hidrógeno, dice que ¡ni estaba enterada! Mal están las cosas en un país cuando para los delincuentes hay abrazos y para los científicos hay porrazos.

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AHORA QUE Rogelio Ramírez de la O ya está metido de lleno en poner orden a las finanzas nacionales, tal vez podría echarle ojo a lo que está pasando en el ISSSTE. Resulta que la institución arrastra un mega adeudo millonario con sus proveedores.

LO RARO es que el retraso en los pagos no es por falta de recursos, porque dinero hay en caja y de sobra. El asunto, según dicen, es porque alguien está reteniendo esos recursos, por alguna inconfesable razón. Tan es así que el propio director del instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, ha “ordenado” pagar las deudas… pero no le han hecho caso.

EN TANTO, las empresas proveedoras sí tienen que seguir pagando nóminas, a sus acreedores y, por supuesto, sus respectivos impuestos. Lo más grave del asunto es que quienes están en riesgo son los derecho- habientes, pues en una de ésas se podrían quedar sin servicios o suministros de un día a otro. Sería bueno saber quién en el ISSSTE se está pasando de listo.

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MAÑANA acaba la Feria Aeroespacial México 2021 y todo indica que no alcanzó a despegar el vuelo. Cosa de recordar que durante más de un año se hicieron preparativos para que se llevara a cabo en Querétaro, peeero a ya saben quién se le antojó que mejor se hiciera en el aeropuerto de Santa Lucía.

EL PROBLEMA, evidentemente, no fue sólo el cambio arbitrario de sede (el pretexto fue la pandemia), sino que dejaron colgados, vestidos y alborotados a todos los empresarios, hoteleros y restauranteros queretanos que esperaban una importante derrama económica con la feria. Y no sólo ellos fueron los afectados: varias empresas cancelaron su participación, lo que propició que se redujera drásticamente el número de stands, lo que en nada ayuda al clima de negocios que se busca propiciar.

PERO, bueno, lo importante es que quienes sí acudieron a la Famex, pudieron disfrutar de la hermosa vista de un aeropuerto en obra negra y refrescarse con las constantes tolvaneras que empolvan la región. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)

Bajo reserva

Mal día para ser vocero

Ayer el senador César Cravioto fue nombrado nuevo vocero de la bancada de Morena en la Cámara Alta. En rueda de prensa presumió que mejoraría la comunicación con la fuente de reporteros, con un nuevo modelo y estrategia, con mayor coordinación entre los legisladores en todos los temas que presentaran… todo muy bonito, hasta que en esa misma conferencia, el coahuilense Armando Guadiana estrenó al vocero con un entuerto difícil de explicar: la intención de presentar un punto de acuerdo para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue a la UNAM y a otras universidades públicas. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, tuvo que salir para deslindarse de la propuesta de persecución. Mal día para ser vocero.

La voz del rector Graue

Y mientras algunos piden que la UNAM sea investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera, varios de los miembros de la academia y políticos saludaron la postura de apoyo expresada por el rector de la máxima casa de estudios del país, Enrique Graue, quien dijo que es un “despropósito” y algo “inconcebible” que la Fiscalía General de la República  pretenda encarcelar a miembros de la comunidad científica por delincuencia organizada.  Las palabras del rector Graue, nos aseguran, llegaron en momento oportuno. El rector de la UNAM, nos hacen ver, tiene que hacer pronunciamientos públicos, únicamente cuando se debe, solo cuando se trata de temas que lo ameritan, y en este caso, el doctor Graue hizo oír su voz.

Día de prueba para la encargada de los “apoyos” federales

Nos comentan que a quien ayer se le vio salir de Palacio Nacional con cara de preocupación fue a Estefany Correa García, superdelegada de programas sociales del gobierno federal. Nos hacen ver que esto podría ser porque hoy viernes acompañará por primera vez al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Xochimilco, pero ya no como integrante de su Ayudantía, sino como la encargada de promover y vigilar los programas sociales federales en la capital del país. Recordemos que Correa García llegó a este puesto en sustitución de Cristina Cruz, a quien le pidieron dejar el cargo tras el fuerte descalabro que tuvo Morena en la Ciudad de México en las elecciones intermedias pasadas y que extraoficialmente fue atribuido a que no se “cacareó” suficiente el huevo de los apoyos que se entregan a las personas. ¿Pasará su primera prueba Estefany Correa? ¿Estará rezando por que nadie se le acerque al mandatario para decirle que no le han dado una beca, o que no ha llegado su apoyo de la tercera edad?

¿Dónde queda la Alianza Federalista de gobernadores?

Hasta hace unos meses, la envalentonada Alianza Federalista era integrada por 10 gobernadores de diferentes fuerzas políticas y hacían pronunciamientos muy duros contra las decisiones y políticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero este jueves se vieron muy disminuidos al reunirse solamente cinco de sus integrantes, es decir, los mandatarios Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Martín Orozco, de Aguascalientes; Silvano Aureoles de Michoacán; Jaime Rodríguez El Bronco, de Nuevo León y el anfitrión, Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila. Esta organización se ha visto mermada pues Javier Corral, de Chihuahua, ya concluyó su gestión, y ahora ya muchos le ubican más como morenista que como panista. Además están por terminar Aureoles y El Bronco. En este contexto, Riquelme, quien tampoco es de mucho empuje,  adelantó que, frente a las transiciones de poder estatales, será decisión de cada titular del Ejecutivo local si continúan o no en la Alianza Federalista. ¿Gobernadores de Morena querrán ser parte de un movimiento que se consideró contrapeso al Presidente? La oposición pierde un arma política más frente al oficialismo. (El Universal, Nación, p. 2)

Trascendió

Que en un momento en que la relación entre el gobierno y la comunidad científica se encuentra en un periodo de alta tensión, en el Senado se alista el relevo en la presidencia de la comisión correspondiente y el priista Jorge Carlos Ramírez Marín será la carta del Legislativo para mediar en este asunto que, se prevé, mantenga su intensidad en las próximas semanas. Uno de los que alzó la voz por la denuncia de la FGR contra 31académicos, por cierto, fue el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien recibe el doctorado Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Campeche.

Que el senador Ricardo Monreal no solo se dio tiempo para salir en defensa de las universidades públicas después de que alguno de sus compañeros reprochara “despilfarros”, sino que antenoche participó en el Dubái Fashion México en las instalaciones del museo interactivo Van Gogh Alive junto al creador de ese concepto y promotor cultural, Bernardo Noval, quien por cierto estará a cargo del pabellón de México en el festival correspondiente de los Emiratos Árabes Unidos.

Que Armando Hernández Cruz, integrante de la Comisión de Selección de la Comisión de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, descarta “mano negra” y asegura que el motivo para proponer dejar desierto el procedimiento deriva de lo contenido en la convocatoria para integrar el comité, que en la base octava párrafo quinto señala que pasará a la etapa de entrevistas 25% de los candidatos con mejor evaluación, situación que no sucedió, ya que la mayoría de los integrantes de ese órgano determinó que únicamente se entrevistara a 16% de los aspirantes con mejor evaluación. Anotado. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)

Sacapuntas

De Belice, el elegido

Ya se supo el nombre del último invitado para cerrar las conmemoraciones históricas de México. Será el primer ministro de Belice, Johnny Briceño, quien acompañe al presidente López Obrador, el último día de este mes de septiembre, al evento conmemorativo del natalicio del Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón.

Sacaron la experiencia

Mostraron colmillo el diputado y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, y su jefe de bancada, Rubén Moreira. Su negociación les permitió presidir importantes comisiones; de hecho, Alito se perfila para la de Gobernación, considerada AAA. Es la cereza en el pastel, pues en el primer año se quedaron con la Jucopo, y para el tercero les toca la Mesa Directiva.

Se hace la víctima

Hablando de las comisiones de San Lázaro, quien quedó despechado fue el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez. Tras obtener sólo dos (Movilidad y Zonas Metropolitanas), acusó que le arrebataron la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para dársela al PRI. Pidió respaldo de los panistas, pero éstos ni lo vieron ni lo oyeron.

Monreal y Nieto lo aplacan

Tenga para que aprenda aplicaron al senador de Morena Armando Guadiana, que pidió indagar a la UNAM por dar recursos a “falsos investigadores”. Primero, su jefe de bancada, Ricardo Monreal, se deslindó y defendió a los universitarios. Y el titular de la UIF, Santiago Nieto, le recordó que esa instancia no está para investigar a instituciones académicas.

Exploran TLC

Mucho interés hay en el número 10 de la londinense Downing Street por tener un acuerdo comercial con México. Ayer, la canciller de Reino Unido, Liz Truss, se reunió con la titular de Economía, Tatiana Clouthier, para concretar un tratado “que fortalezca nuestra relación comercial y de inversión”. Eso, sin contar con que los británicos quieren entrar al T-MEC. (El Heraldo de México, La Dos, p. 2)

Ojos que sí ven // ¿Qué hago sin Marcelo?

Dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México hace tres semanas cuando en su conferencia matutina, compartió el contenido de su más reciente libro. Con Marcelo Ebrard sentado en la fila posterior, el Presidente mexicano hizo un recuento de las acciones que ha encomendado a su secretario de Relaciones Exteriores; desde conducir la política exterior de nuestro país, hasta la conformación de “una misión”, para el rescate de Evo Morales, ex presidente de Bolivia que, junto con Luis Cresencio Sandoval, general secretario de la Defensa Nacional resultó en el asilo que por casi un mes se le ofreció al político boliviano.

López Obrador reconoció el papel protagónico de Ebrard en la negociación internacional para el envío de millones de dosis de vacunas contra COVID-19, desde muestras médicas, hasta lotes completos a precios preferenciales y lo más importante, el involucramiento de México en los protocolos de ensayos y pruebas de las vacunas que hoy se aplican en todo el mundo. ¿Qué hago sin Marcelo? preguntó el Presidente, al tiempo que volteaba a verlo.

En la imagen transmitida por televisión y las redes sociales se mostraba el rostro del supersecretario imperturbable, pero por momentos orgulloso de ser, sin duda alguna, la pieza más importante de la autodenominada cuarta transformación. No es necesario que el Presidente hable de las bondades de su colaborador. A lo largo de la primera mitad de esta administración Marcelo Ebrard se ha mostrado como el secretario más eficiente, multidisciplinario y aguantador de todo tipo de comentarios, calificativos y presiones del presidente.

¿Por qué lo hace Ebrard? Simple, quiere ser el próximo presidente de México. Nunca como ahora ha estado tan cerca de la silla presidencial y de sentarse en ella. ¿Para establecer el segundo gobierno de la 4T? Sinceramente no lo creo. Marcelo Ebrard fue discípulo y amigo de Manuel Camacho Solís, exregente capitalino y uno de los políticos más brillantes del PRI cuyo sueño siempre fue llegar a la Presidencia para realizar una reforma política de fondo. Luego del alzamiento zapatista en 1994, Camacho logró la paz en Chiapas.

Su poder mediático lo llevó a acariciar la candidatura presidencial, pero el no se hagan bolas de Salinas de Gortari enterró para siempre su posibilidad de llegar a la presidencia. El ideario de Camacho Solís podría llegar a la silla en la figura de Marcelo Ebrard. ¿Por Morena? Parece que no, al menos por el momento. Sin embargo, su pensamiento podría incluso llevarlo a ser candidato de la oposición.

Hay quienes así lo ven, pero él debe ver que esa posibilidad no sea una manzana envenenada. (Jesús Martín Mendoza, El Heraldo de México, País, p. 11)

Duda razonable // Conacyt, la FGR y la Suprema Corte

Las sospechas de que las acciones que la FGR ha emprendido contra 31 ex funcionarios de Conacyt, acusándolos de delincuencia organizada por razones que nada tienen que ver con la justicia, están más que documentadas.

De hecho, la denuncia de la actual administración de Conacyt contra el Consejo Consultivo data de 2019 y en la fiscalía se había quedado en un cajón.

La bronca administrativa por el intento de cierre del Foro, sin embargo, había caminado y había topado con varias decisiones judiciales que llegaron a la Suprema Corte de Justicia, que había declarado, por lo pronto, todo legal, en contra de lo que argumentaba Conacyt.

Dice la sentencia del ministro Franco: “47. Particularmente, el párrafo quinto del artículo 22 del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2010, establecía que para la materialización de sus actos el Foro Consultivo Científico y Tecnológico se constituiría en una asociación civil. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)

Historias de reportero // El medio abrazo de sonrisas forzadas AMLO-Cabeza de Vaca

Todavía no abre como aeropuerto, pero Santa Lucía tuvo antier un episodio de alta turbulencia política. El gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, logró acercarse al presidente Andrés Manuel López Obrador y saludarlo. Sucedió en el marco de la Feria Aeroespacial de cada año.

Un hecho político relevante. Según me cuentan algunos que lo vieron, fue un medio abrazo, frío. Pero sucedió. Y sucedió después de que el presidente impulsó una orden de aprehensión contra el gobernador tamaulipeco y la defensa del mandatario estatal logró combatirla y suspenderla. Mientras se daba este pleito jurídico, Cabeza de Vaca se apertrechó semanas en la casa de gobierno y luego empezó a hacer algunas discretas giras.

Con la suspensión definitiva bajo el brazo, se animó a visitar la capital del país para reunirse con el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien lo invitó a sentarse y platicar. Fueron senadores juntos, y de ahí ambos partieron a gobernar sus estados, uno a Tabasco, otro a Tamaulipas, uno por Morena, otro por el PAN.

Y ahora, en Santa Lucía, en un acto donde el anfitrión fue el secretario de la Defensa, el general Cresencio Sandoval. Hay foto de ambos casi en la carcajada. Se conocieron cuando el general secretario era el jefe de la región militar de Tamaulipas. Cabeza de Vaca había sido invitado desde antes de todo su conflicto legal (la Feria se pospuso por la pandemia), y aprovechó para placearse y tomarse una galería de fotos con autoridades mexicanas y estadounidenses, como para mandar el mensaje de “aquí no pasa nada”.

Pero sí pasa. El medio abrazo, de sonrisas forzadas, entre el presidente y el gobernador, no es una tregua, desde mi punto de vista. No imagino a López Obrador claudicando, perdiendo la batalla. Pero quizá sí jugando una estrategia distinta: a fin de cuentas, el gobernador deja de serlo el próximo año, y en ese momento a AMLO le quedarán dos años de presidente.

SACIAMORBOS

1.- En la Cámara de Diputados, los integrantes de la alianza opositora ya empiezan a verse con recelo. PAN y PRD, me cuentan, están desconcertados con votaciones priistas de la mano de Morena. ¿Se está fracturando la Alianza? Hay grietas.

2.- ¿Será cierto que el presidente anda tan enojado con sus “servidores de la nación”, algunos de los cuales se están manifestando ¡contra la 4T!, que está evaluando cancelar del todo ese programa?

3.- Cuentan que durante varios sexenios quisieron perseguir y encarcelar a Víctor Manuel Álvarez Puga, outsourcero-facturero-contratista contra quien se giró orden de aprehensión hace unos días. Que hubo intentos en tiempos de Calderón, hubo intentos en tiempos de Peña Nieto, pero siempre esos intentos se sofocaban, esas amenazas eran conjuradas con “arreglos” a distintos niveles. Bueno, incluso durante tres años de López Obrador habría gozado de protección al más alto nivel, pero todo cambió “a la mitad del camino”. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)

Plata o plomo // El confinamiento del delito

Ya suponíamos que 2020 había sido un año inusual, con caídas notables en la frecuencia de muchos delitos.

Ahora podemos confirmarlo. Hace dos días, el INEGI dio a conocer los resultados de la edición 2021 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE). Estos son algunos de los principales hallazgos:

1. De acuerdo con la encuesta, 21.2 millones de personas mayores de 18 años habrían sido víctimas de al menos un delito en el país durante 2020. Esto representa una tasa de prevalencia delictiva de 23 520 víctimas por cada cien mil habitantes, un número significativamente menor al de 2019. El número de delitos disminuyó igualmente de 30.3 a 27.6 millones. Esas parecen buenas noticias
2. De cualquier manera, eso implica que 28.4% de los hogares mexicanos tiene al menos un integrante que fue víctima de al menos un delito en 2020. Y eso en un entorno de pandemia, con restricciones a la movilidad y una actividad económica notablemente disminuida.
3. Los efectos de la pandemia son visibles en la distribución por tipo de delito. El robo o asalto en calle o transporte público disminuyó 24% en comparación con el año previo. En cambio, el número de fraudes aumentó 16% en el mismo periodo. Dicho de otro modo, con una buena parte de la población confinada en sus hogares, el engaño y la trampa sustituyeron al robo abierto.
4. La llamada cifra negra (el porcentaje de delitos no denunciados) aumentó ligeramente con respecto a la edición previa de la ENVIPE, al pasar de 92.4 a 93.3%. Ese porcentaje general esconde diferencias importantes entre delitos: en el caso del secuestro, por ejemplo, la cifra negra fue de 98.6%, mientras que en lo referente al robo total de vehículo, el porcentaje de delitos no denunciados fue de 37.9%.
5. La encuesta muestra una mejoría significativa en la percepción de inseguridad. El porcentaje de mexicanos mayores de 18 años que afirmaron sentirse inseguros en su municipio pasó de 70.3% en 2020 a 65.5% en 2021 (las cifras de percepción corresponden al año del levantamiento de la encuesta, mientras que las cifras de victimización reflejan lo sucedido en el año previo). Ese resultado está también vinculado a los efectos de la pandemia. La percepción de inseguridad tiende a ser un indicador rezagado: la gente se sentía más segura a inicios de 2021, porque la incidencia delictiva había disminuido en 2020.
6. La confianza en las autoridades y la percepción sobre su desempeño no cambia mayormente con respecto a años previos. La Marina y el Ejército siguen siendo las instituciones mejor evaluadas del país. La Guardia Nacional hace su segunda aparición en la ENVIPE, con niveles de aprobación similares a los de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, hay un incremento significativo (y alentador) en la confianza en las policías municipales
7. Los costos del delito para las familias mexicanas disminuyeron en términos absolutos (de 291 a 278 mil millones de pesos), pero aumentaron como porcentaje del PIB (de 1.53 a 1.85%). Las medidas defensivas explican la tercera parte de esa suma. Uno de cada cuatro hogares en México cambió o colocó cerraduras o candados. Uno cada de cinco cambió puertas o ventanas, uno de cada ocho colocó rejas o bardas y uno de cada veinte adquirió un perro guardián. En promedio, una familia mexicana gastó 2,524 pesos para defenderse del delito. En resumen, la pandemia contuvo parcialmente al delito en 2020, pero seguimos viviendo en un océano de ilegalidad. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, p. 2)

Historias de NegoCEOs // Grupo Tabasco se une contra Bartlett

La lucha de poderes que eclosiona dentro de Morena y entre los posibles precandidatos de Andrés Manuel López Obrador hacia 2024 también se extiende al gabinete presidencial. El empoderado Grupo Tabasco busca extender sus influencias al sector energético, y el primer objetivo para lograrlo es Manuel Bartlett.

El grupo de mayor confianza del Presidente perfila al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, como nuevo director de la Comisión Federal de Electricidad. Además de los fantasmas en el clóset que acumula Bartlett, la lógica del cambio es que con un radical al frente de la empresa productiva del Estado sería muy difícil sacar la reforma eléctrica que plantea cambios constitucionales y, por lo tanto, el voto de las tres cuartas partes del Congreso federal.

El rumor se confirmó hace unos días cuando por la Cámara de Diputados corrió la noticia de un no muy discreto encuentro del mandatario chiapaneco con el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, a quien le habría pedido apoyo para convencer al Presidente de que el enroque en la empresa eléctrica es benéfico.

Según los cálculos de Escandón, las posibilidades de lograr una contrarreforma en el mercado eléctrico, tal y como la que desea López Obrador, crecerían de manera exponencial si se elimina de la ecuación a una figura como la de Bartlett, caracterizada por el autoritarismo y manchada por diversos actos de corrupción.

El gobernador de Chiapas argumenta también que su familia está en los mejores términos con el titular del Ejecutivo, y que su arribo a la CFE garantizaría una coordinación plena con quien, se dice, se le han brindado poderes de vicepresidente: el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López.

Lo que no tomó en cuenta el gobernador, ni siquiera por simple lógica geográfica, es que el diputado poblano Mier Velazco es un personaje cercano a Bartlett, y que los planes y argumentos del chiapaneco llegarían de manera inmediata al actual director de la CFE, quien aún no tiene intenciones de dejar el cargo.

Aun con este error de estrategia, los López Hernández trabajan desde todos los frentes para llevar a su familiar político a la dirección de la otrora paraestatal, principalmente desde la Administración General de la Auditoría Fiscal Federal del SAT, donde Rosalinda López Hernández trata de hacer valer su buena relación con el Presidente para conseguirle una nueva posición laboral a su esposo.

El hermano mayor también ha venido haciendo su parte. En octubre de 2020, Adán Augusto López, entonces gobernador de Tabasco, amenazó con demandar penal y administrativamente a la Comisión Federal de Electricidad por el mal manejo de la presa Peñitas, lo que había ocasionado entonces inundaciones en tres municipios de la entidad.

A través de redes sociales, el ahora encargado de la política interior calificó de irresponsable a Bartlett, quien en principio aceptó errores en el manejo de la presa, aunque luego, analizando el costo político de sus declaraciones e intuyendo las intenciones de los hermanos, se retractó, asegurando que la CFE no tenía la culpa de las catástrofes registradas.

“Vaya cinismo para esconder la irresponsabilidad de @ManuelBartlett y de los funcionarios de la CFE; primero Bartlett confiesa que cometieron un error de cálculo en la operación de la presa Peñitas y por ello se inundaron Nacajuca, Jalpa y Cunduacan que por si no lo sabe son 3 de los 17 Municipios de Tabasco. Ahora con profesional cinismo dice que la demanda le da risa”, escribió en aquel momento Adán Augusto.

De concretarse un cambio en la CFE, éste se realizaría antes de finalizar el actual periodo de sesiones en el Congreso, por lo que los López Hernández cuentan todavía con varias semanas para alcanzar el objetivo.

En el sureste del país aseguran que la relación de Rutilio con los hermanos de su esposa ya no es la mejor, pero que a nadie de ellos conviene que la familia tenga presencia en Chiapas cuando estalle un conflicto en el estado donde, como ya se ha demostrado, reina la ingobernabilidad.

Morena: va por 24 en 2024 y misma fórmula

Hablando de Morena, el partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, utilizará la misma fórmula de elección de candidatos de las elecciones intermedias en los procesos de 2022, 2023 y 2024.

Ayer nos dijo el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, que van, seguros, por Hidalgo y Coahuila, además de otros estados que hoy son gobernados por el PRI y el PAN. En 2023 viene la prueba de fuego en el Estado de México. Dice que lo van a ganar con el Grupo Texcoco, y descartó una alianza con el PRI, pese a lo sucedido este lunes en el Cuarto Informe del gobernador Alfredo del Mazo, al que acudió la plana mayor de la 4T.

Lo dicho por Delgado a este columnista: quieren llegar a 2024 con 24 estados gobernados, es decir, siete más de los que tienen actualmente. Ya lo veremos.

Cervantes, buen legado en Concamin

Francisco Cervantes deja un buen legado en la Concamin, el organismo industrial más importante del país. Durante su presidencia logró mantener la unidad del organismo gremial y, en el proceso de elección de su nuevo dirigente, José Abugaber Andonie, se priorizó mantener el diálogo, lo que permitió el desarrollo de un proceso democrático que, sin lugar a dudas, fortaleció al sector industrial. (Mario Maldonado, El Universal, Cartera, p. 22)

Arsenal // La terquedad del fiscal, la evasiva de la directora y el petardo de un senador

Al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero,  y a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, se les revirtió el asunto de las órdenes de aprehensión contra 31 académicos de ese organismo descentralizado, a los que se acusa de “crimen organizado y lavado de dinero”.

El juez Gregorio Salazar Hernández negó a Gertz,  en dos ocasiones, las órdenes de aprehensión. Pero el fiscal es terco. Anunció que va por su tercera solicitud para enviarlos a Almoloya de Juárez.

A Álvarez-Buylla le fue peor. El escándalo desenterró una denuncia en su contra por desacato. Ignoró una suspensión definitiva, librada en marzo del 2020,  que le ordenaba canalizar recursos al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (Reforma, 23 de septiembre, 21).

Con otra: la controvertida directora del Conacyt respondió “no sé de qué me hablas” a reporteros que la interrogaban sobre la denuncia que presentó en contra de los citados académicos. Esa denuncia tiene que ver con el supuesto desvío de 244 millones de pesos al citado foro. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)

Razones // Y ahora contra la UNAM

El gobierno federal y Morena pueden cometer un error histórico que podría ser mucho más costoso de lo que piensan, para ellos y para el país. La insistencia en la indagatoria contra 31 investigadores científicos de primer nivel impulsada por el Conacyt y encabezada por la Fiscalía General de la República, es un sinsentido, un acto incomprensible, sobre todo después de que jueces, incluso la Suprema Corte habían desechado las acusaciones, es un golpe directo contra muchos de los principales representantes de la investigación científica en el país, ampliado por la desmesura de acusarlos de crimen organizado, algo que, como dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue, “es un despropósito inconcebible”.

La directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, que ya antes quitó becas y apoyos, negó ayer que persiguiera a alguien, y sostuvo que no había acusado a ningún investigador. Es mentira. La denuncia contra los 31 investigadores fue presentada por la apoderada legal del Conacyt, Rosenda Cruz, en julio del 2020 y la propia Álvarez Buylla, declaró entonces que Julia Tagüeña, anterior directora adjunta del Conacyt durante el sexenio pasado, había destinado ilegalmente 50 millones de pesos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, integrado por los investigadores y académicos ahora acusados.

Sobre el tema ya se había pronunciado la Suprema Corte, que declaró que esos recursos provenían de dos fondos federales y se utilizaron para actividades legítimas. Que se insista en la acusaciones después de que judicialmente han sido rechazadas por lo menos en dos ocasiones no tiene sentido alguno. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 10)

Estrictamente personal // El ataque a científicos, desde arriba

Una treintena de científicos y exfuncionarios de Conacyt conforman, para el gobierno federal, un cártel más peligroso que el del Pacífico o el Jalisco Nueva Generación. Por lo tanto, pedirle a un juez órdenes de aprehensión contra ese grupo por delitos que incluyen los de delincuencia organizada y que los encerrara en una prisión de máxima seguridad, era más apremiante que cualquier acción contra el líder de una organización criminal, donde la acción del gobierno es la opuesta: no hay persecuciones en su contra.

Lo que el gobierno, a través de la Fiscalía General, no hace contra los líderes de los cárteles de las drogas, sí lo hizo contra los científicos. La fuerza del gobierno no se aplica en ellos, sino a quienes han disentido del gobierno, como se aprecia en la orden de aprehensión contra los científicos, solicitada el 24 de agosto pasado al juez de Distrito en El Altiplano, Gregorio Salazar Hernández, que revela sevicia y despropósito.

En esa reveladora solicitud señaló que los investigadores y académicos –muchos de ellos reconocidos internacionalmente– tenían una conducta criminal, que de acuerdo con sus investigaciones, por las “enormes cantidades de dinero” y “capacidad económica obtenida de forma ilícita, podrían realizar actos de corrupción en algún centro con medidas de seguridad bajas o medias, o incluso, poner en peligro la seguridad interna de las prisiones”, pues tenían recursos “para favorecer para sí un trato diferenciado o eventualmente ser auxiliados por miembros de la organización criminal que conforman o por diversas personas, para una evasión”.

La acción del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, provocó un tsunami de críticas, no tanto por la investigación sobre presuntas ilegalidades con el manejo de recursos públicos, sino por las acusaciones de delincuencia organizada. Sin embargo, Gertz Manero no actuó sólo. Hay evidencias para argumentar que la embestida contra los científicos contó con el aval de las más altas esferas del gobierno.

El fiscal partió de la denuncia que presentó Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, el 10 de julio del año pasado. En 36 días, la Fiscalía General puso nombres y apellidos en la querella, con lo que pasó de ser “contra quien resulte responsable” a personalidades específicas, y de los presuntos delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, escaló a manejo de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, crímenes federales donde se ingresa a la cárcel sin posibilidad de defensa en libertad. Las penas que pidió en contra de los principales científicos imputados fueron de hasta 40 años de prisión.

Gertz Manero actuó de forma expedita. Nueve días antes de solicitar la orden de aprehensión, el 15 de agosto, recibió documentación y constancias de la Secretaría de Hacienda para apoyar su petición de los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Sin Hacienda, la Fiscalía General no podía haber incorporado esos delitos. Lo que tuvo como sustento para su solicitud al juez Salazar Hernández fue una denuncia de hechos formulada por el procurador fiscal, Carlos Romero, en suplencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O –quien llegó al cargo el 3 de agosto–, de acuerdo con el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Este movimiento es el que sugiere que el fiscal actuó de conformidad a lo que deseaba el gobierno federal, o el de funcionarios, específicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esa denuncia debía haberla firmado el secretario de Hacienda, quien, sin embargo, por una razón que no se explica en la documentación del caso, no lo hizo. A la par de ello está otra anomalía. El procurador fiscal tiene la facultad para presentar una denuncia de esa naturaleza sin necesidad de la autorización del titular de Hacienda, con lo cual, al presentarle como “suplente”, dejó en Ramírez de la O la carga de la denuncia, deslindándose, para efectos prácticos, de ella. La Secretaría de Hacienda, sin embargo, actuó en consecuencia con la demanda del Conacyt y una moción, sin saberse hasta este momento de dónde, para presentar la denuncia ante la Fiscalía General, y darle así los elementos para fincar los delitos de delincuencia organizada.

Las constancias que entregó Hacienda no explican en qué se sustentan las operaciones con recursos de procedencia ilícita, si la denuncia del Conacyt habla de varias decenas de millones de pesos que salieron del presupuesto que aprobó Hacienda. Aunque la denuncia corrió en tiempos donde Arturo Herrera era el secretario de Hacienda, los materiales legales de apoyo a la fiscalía se le entregaron con Herrera en el cargo. Ni Gertz Manero, y menos aun Ramírez de la O, como encargado de despacho, operan de manera autónoma.

Un asunto de esta envergadura, dentro el marco de referencia del método de trabajo que utiliza López Obrador para gobernar, es impensable que lo desconociera el Presidente, y poco probable que no se hubiera consultado con él. Los temas de mayor alcance que maneja Gertz Manero siempre los ha tratado con la Presidencia. El propio López Obrador reconoce que es “un poco obsesivo” y que no le gusta delegar los asuntos fundamentales. La corrupción es el tema central de su discurso, de su proyecto y de su visión de país. Lo que sucedió con los científicos era de su conocimiento, como lo admitió el miércoles, donde lejos de criticar o tomar distancia de las acusaciones por delincuencia organizada, respondió que “el que nada debe, nada teme”.

El juez Salazar Hernández rechazó esta semana la segunda solicitud de orden de aprehensión contra los científicos, y antes de que terminara el día, la Fiscalía General volvió a acometer contra ese grupo con una tercera petición para que los detengan. Se han eliminado, cuando menos por ahora, los delitos relacionados con delincuencia organizada, pero la embestida va para adelante y no va a terminar. Gertz Manero, con el apoyo presidencial, irá más allá de los límites, y hasta donde le permitan llegar. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 44)

Coordenadas // Un clavo más al ataúd de las clases medias

La campaña en contra de un grupo de científicos y personal administrativo de Conacyt por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) pareciera ser un clavo más en el ataúd con el que la llamada 4T quiere sepultar el probable respaldo de las clases medias.

Más allá de los detalles jurídicos del caso, que no son el objeto de este análisis, la narrativa que se ha construido por parte de la autoridad está claramente planteada.

Se trata de un grupo de ‘aspiracionistas’ abusivos que se confabularon para apropiarse de los recursos públicos asignados al Conacyt para beneficio propio.

Difícilmente puede entenderse esta historia sin tener como telón de fondo la visión del presidente López Obrador respecto a las clases medias, de las que los académicos y científicos forman una parte esencial.

Dice el presidente en su libro “A la Mitad del Camino” lo siguiente:

“La degradación de las clases medias se agudizó en nuestro país a lo largo del periodo neoliberal. En estos últimos tiempos, el individualismo se extendió como forma de vida, y aunque no pudo eclipsarlo todo, sí dañó la gran reserva de valores culturales, morales y espirituales, que ha sido heredada de nuestras civilizaciones ancestrales y que han conservado nuestras familias y pueblos a través de los siglos”.

Y, en la misma dirección, en octubre del año pasado, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, señaló: “en el sistema capitalista neoliberal globalizado, las corporaciones usan a los científicos y su ciencia, nuestra ciencia, y dictan qué se investiga y qué no, además de cómo legitimar sus negocios. Esto es a lo que llamo avances de la hidra disfrazada de ciencia”.

Estas visiones no han sido solo discursivas, sino que se han expresado en recortes presupuestales y, más recientemente, en la denuncia penal en contra del Foro Consultivo Científico y Tecnólogico, un órgano que por ley es asesor del Conacyt, de quien debe recibir recursos. (Enrique Quintana, El financiero, Pagina Dos, p.2)

La gran depresión // ¿Quién ayudará a la 4T con los cambios constitucionales?

México es una economía mixta donde se respeta la inversión privada, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hay que ver qué entiende por economía mixta y qué entiende por respeto, porque si lo vemos desde la perspectiva de su política energética realmente lo mixto es algo así como todo el pastel para su transformación y las migajas que caigan para la iniciativa privada.

Y del respeto ni hablar con la violación a los contratos de empresas nacionales y extranjeras que se creyeron aquello de la reforma energética del sexenio pasado y hoy se enfrentan a este viaje al pasado del control estatal de los energéticos.

Por lo pronto esta semana ya se dio el banderazo de salida a dos de los cambios más controvertidos que busca la 4T en lo que resta de esta administración.

Uno de ellos, inspirado en los malos resultados electorales de Morena y sus aliados en las pasadas elecciones, es la reforma electoral. Esa que desde el gobierno de López Obrador conciben como el descabezamiento de cualquier funcionario autónomo y crítico en las instancias electorales y que ya dio su primer paso con la creación de la Comisión para la Reforma Político Electoral en la Cámara de Diputados, que estará a cargo, claro, de Morena.

El otro cambio constitucional que buscará el Presidente es en materia eléctrica. Se trata de una contrarreforma que alcance a la Constitución para echar para atrás toda esa participación de los particulares en la industria eléctrica que tanto molesta al presidente en su concepción de “economía mixta”.

El gobierno de López Obrador intentó primero echar para atrás la reforma eléctrica con un decreto que rápidamente fue bloqueado por el Poder Judicial. Después lo intentó a través de modificar leyes secundarias, para ello sólo bastaba la orden a su obediente mayoría legislativa. En este caso los recursos legales por la inconstitucionalidad de esa medida están en marcha.

Y ahora van por el intento de meterle mano a la Carta Magna para que la Comisión Federal de Electricidad despache primero su energía eléctrica sobre los particulares, sin importar si es más cara, proveniente del carbón o el combustóleo, y con ello limitar a los particulares, así éstos generen electricidad más barata usando el sol o viento.

Pero este intento de eliminar la competencia, afectar a empresas privadas que ya han invertido miles de millones de dólares en México, de privilegiar las energías sucias sobre las limpias, en plena crisis de calentamiento global, no será posible si no construyen una mayoría calificada. (Enrique Campos Suárez, El Economista, p. 10)

Desde afuera // México y sus intereses

Sin quererlo, casi por accidente y como consecuencia de sus membresías, México se puede encontrar en el eje de negociaciones comerciales con consecuencias geopolíticas importantes.

Se trataría esencialmente de peticiones de ingreso, o en un caso más bien de acceso, a convenios internacionales en los que México tiene un papel crucial.

Por un lado, el más publicitado: el acercamiento británico a ingresar al Tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), como una forma de asegurarse un ancla comercial con EU y aliviar las consecuencias de su salida de la Unión Europea, el Brexit que el gobierno de Boris Johnson no lamenta, pero la economía de su país ya resiente.

Según expertos, no hay fórmulas de acceso al T-MEC. En todo caso, Gran Bretaña ya tiene convenios de libre comercio con Canadá y México.

Del otro, están dos peticiones paralelas, irremediablemente opuestas y políticamente complicadas.

Tanto la República Popular China como la República China (Taiwán) han solicitado por separado su ingreso al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (TPP), que fue una piedra angular de la política comercial y geopolítica de EU, bajo el gobierno de Barack Obama.

En alguna medida, Obama veía al TPP como un dique de contención a la expansión económica china en la región Asia-Pacífico, pero la idea de un nuevo gran acuerdo comercial tuvo poca tracción en Estados Unidos y su sucesor, Donald Trump, lo abandonó en 2017.

El ahora presidente Joe Biden expresó, como candidato, la intención de recuperar el sitio, pero políticamente parece ahora fuera de lugar. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 31)

Astillero

Gertz: científicos contra rudo // Rendir cuentas por dinero público // Abusos de poder del fiscal // Guadiana: investigar universidades

Generador de varios escándalos relacionados con su interés personal, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, está ahora en el centro de un conflicto que va escalando hasta involucrar a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Autónomo en teoría, es decir, responsable absoluto de sus decisiones y acciones, el fiscal general ha insistido en conseguir de un juez órdenes de aprehensión y sujeción a proceso de 31 científicos, entre ellos Enrique Cabrero Mendoza (nacido en SLP hace 56 años), quien de 2004 a 2012 fue director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE, integrante del sistema de centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) y, de 2013 a 2018, director del propio Conacyt. Desde el 8 de septiembre de este año es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La pretensión de encarcelar y procesar a esa treintena de científicos, incluso a partir de acusaciones de delincuencia organizada y la petición de que sean llevados a una cárcel de alta seguridad, ha generado una reacción inmediata en la opinión pública, en redes sociales y en posicionamientos de figuras políticas diversas. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 12)

Frentes políticos

Cordura. El senador Ricardo Monreal prefiere no meterse en el tema de la FGR, que acusa a 31 científicos, pues él la que trae puesta es la camiseta de la UNAM, institución de la que es catedrático. Por ello dejó en claro que apoya a los investigadores, a quienes considera inocentes, personas íntegras dedicadas a la investigación. Dijo que la presunción de inocencia priva por encima de todo y afirmó que hasta que se pruebe lo contrario, la inocencia de las y los científicos debe prevalecer. Recomendó prudencia a las autoridades, y más en estos momentos difíciles por los que atraviesa el país. Parece rudeza innecesaria. La mira de la justicia debe apuntar hacia otros objetivos. ¿No lo creen?

Cordiales. Poco pudieron retractar los legisladores de oposición en la comparecencia de Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, a quien le fue tan bien en la Cámara de Diputados, que a pesar de señalamientos expuso el nuevo modelo económico, cuyas prioridades comprenden atender las brechas sociales, garantizar el bienestar y construir una economía y una sociedad incluyentes. Que nadie sufra por carencias básicas. “La recuperación está en marcha, llevamos cuatro trimestres de crecimiento sostenido y ya se recuperaron los empleos perdidos”. Confirmó, además, que el Fonden no desaparecerá. Viene la consolidación para 2022, dijo. En el encuentro la cordialidad imperó, lo que nunca. Excelente señal.

Sorpresa. Finalizaron los acuerdos en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y una de las comisiones con mayor importancia, la de Hacienda, que tenía el PAN, cambió de manos. La obtuvo el Partido Verde, gracias a la experiencia de Carlos Puente. El coordinador siempre es pieza fundamental para alcanzar los consensos, pero ahora sí se voló la barda. Consiguió la joya de la corona. Al quedarse con la presidencia de la Comisión de Hacienda y Crédito Público ofrecen una cátedra de lo que significan las negociaciones, los acuerdos y el oficio. Habrá, literal, un puente entre los intereses del gobierno y los de la oposición. Así se forjan las carreras políticas. Las de verdad.

Lealtad inamovible. La Marina es la corporación de las Fuerzas Armadas con mayor confianza por parte de la población, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse a la encuesta sobre percepción de inseguridad dada a conocer por el Inegi. La Marina supera al Ejército y a la Guardia Nacional en el índice de las instancias del gobierno que generan más confianza entre la población. “El 90.2% de la población de 18 años y más identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira, seguida del Ejército, con 87.8% y la Guardia Nacional con 82.7%”, indicó. El resto de las instituciones en el país deberían seguir el ejemplo. Otra cosa sería de esta nación. Échenle ganas.

Puntos claros. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no fue creada para investigar instituciones académicas ni a sus integrantes, salvo que estén relacionados con el uso de recursos ilícitos, aclaró Santiago Nieto, titular de ese organismo. Luego de que el senador de Morena, Armando Guadiana propuso que la UIF y la Auditoría Superior de la Federación investigue el uso de recursos federales en las universidades autónomas, Nieto dio a conocer mediante redes sociales que: “La UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados, así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. No para investigar instituciones académicas”. ¿Entendido? O que lo vuelva a explicar. (Excélsior, Nacional, p. 13)