24 de noviembre de 2024

LA POLÍTICA HOY

Columnas de Opinión del domingo 18 de julio de 2021

Desplazados por la violencia, de drama en drama

¿Cuántos desplazados hay en Sinaloa?. Hasta donde sé no hay un dato certero; algunos hablan de 40 mil otros de 25 mil.

por Fred Álvarez

La Secretaría de Desarrollo Social de Sinaloa tenía registrado hasta hace un par de meses a 2,900 personas que en algún momento dejaron su hogar por la violencia; de ellas 500 no volvieron a sus comunidades.

El Estado tiene una Ley para atender el Desplazamiento Forzado, al igual que Chiapas y Guerrero. La ley se aprobó, en julio de 2020 y se publicó  el 21 de agosto; la legislación crea el registro para desplazado y un Fondo Especial. (Véase; https://fredalvarez.blogspot.com/2021/05/ley-para-prevenir-atender-y-reparar.html#more

¿Y cuánto recurso cuentan para pagar la reparación del daño?

2021, ha sido el tercer año donde se dedican recursos de manera especial; i) 20 millones en 2019; ii) 30 millones en 2020, y; iii) 40 millones en 2021. Muy poco. El quid es al parecer han hecho las cosas mal; recomiendo el reportaje de Marcos Vizcarra de este domingo en Reforma.

Desplazados, de drama en drama

Aunque el Gobierno construyó casas para miles de desplazados por la violencia en Sinaloa, las lluvias provocaron daños en las viviendas.

Reportaje de Marcos Vizcarra

Revista R de Reforma, 18 de julio de 2021

Miles de personas han huido de sus pueblos en Sinaloa por las amenazas de grupos armados. El Gobierno les construye casas de 5 por 6 metros, pero decenas de éstas ya sufrieron daños por deslaves.

Son viviendas sobre planchas de concreto de 10 pulgadas. Miden 5 metros de fondo por 6 de ancho. Se planeó que en éstas vivieran familias enteras, de por lo menos cuatro personas, pero antes de entregarse colapsaron.

Las primeras lluvias del verano provocaron daños en las casas construidas por el Gobierno de Sinaloa para personas desplazadas.

En 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó la recomendación 39/2017, donde se ordenó atención inmediata a por lo menos 6 mil personas desplazadas por la violencia en Sinaloa.

«Son casas que ya sabíamos que se podían caer con las lluvias», dice Esperanza Hernández Lugo, mujer desplazada en el municipio de Sinaloa, quien representa a personas de su localidad y de Choix, donde están construidas las primeras 30 viviendas.

«Nos dijeron que eran casas progresivas, pero lo único progresivo es la pobreza de nosotros los desplazados», señala la mujer que participa en una mesa intersecretarial, cuyos integrantes son Secretarios de Estado, diputados locales y organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Esta mesa trabaja con un censo, el cual inició en 2019 y a la fecha tiene el registro de más de 2 mil 600 familias que no volverán a sus casas por amenazas de grupos armados.

«Hay un padrón de 2 mil 635 familias de manera flotante, lo expreso así porque en ocasiones algunas bajan y otros regresan a sus hogares», dice Paulino Rojo Mendoza, subsecretario de Planeación y Vinculación Social de la Secretaría de Desarrollo Social en Sinaloa.

La CNDH señala en la recomendación de 2017 que debía hacerse ese censo, pues de éste se debe atender a cada persona en sus necesidades de vivienda, educación, salud, seguridad y empleo.

A la fecha solo se tiene el censo y la construcción de 100 viviendas entre Mazatlán y Choix, más otros 140 terrenos adquiridos en Salvador Alvarado y Culiacán.

«No se me hace justo que no se atienda rápidamente a quienes integramos la recomendación de la Comisión», expresa la señora Esperanza al recordar que su caso y el de otra mujer causó el inicio de un expediente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la recomendación de la CNDH.

La mesa ya estableció que antes de terminar la Administración estatal actual, el 1 de noviembre, deberá entregarse el primer grupo de casas a personas desplazadas.

Antes de hacerlo deberán hacer reparaciones de las viviendas con daños en Choix y crear mecanismos para que no vuelvan a colapsar.

El origen de los desplazados

Era 2011. El Gobierno de Sinaloa inició un conflicto directo con hombres armados quienes se hicieron llamar «Los Mazatlecos», una organización que el Departamento de Estado de Estados Unidos cataloga como cártel. Hubo masacres, personas torturadas y otras más desaparecidas. Esa organización se refugió en la sierra y sacó a centenas de hombres y mujeres de sus casas.

«Nos dieron 24 horas para irnos o quedarnos a matar con ellos y uno qué hace», dice Santiago, un hombre de unos 60 años de edad.

Los sauces, los parajes hacia las parcelas, la calma y los cantos de las aves se quedaron en Mezquite, pueblo de don Santiago, ubicado en Choix, un municipio norteño de Sinaloa que comparte la Sierra Madre Occidental con Chihuahua y Sonora.

El viento caliente y la brisa de las mañanas aún lo siente en sus mejillas agrietadas por el sol. Todo está en su memoria en medio del caos de las bestias motorizadas, amontonado en una casa donde vive con sus familiares desde que huyeron.

Tuvo suerte en tener un lugar dónde vivir: la mayoría de las personas desplazadas en Choix viven como indigentes o compartiendo techo con familiares desde hace 10 años.

En 2011 los grupos de hombres armados sacaron a por lo menos 563 personas de Cajón de Cancio, El Corral Quemado, Mezquite, Mezquite Caído, El Muerto, El Oro, El Palmarito, Puerto de la Judía, Ranchito de Islas, Real Blanco, Reparito, Saucillo, Saucito, El Trigo, Huepaco, Huillachapa, Cieneguita de Núñez, La Culebra, Ladrillera, Tasajera, Colmenas, Las Juntas, Las Taunitas, Los Molinos, Tacopaco, Tadaran, Techobampo de los Paredes y Tardancito. Todos pueblos de Choix.

La CNDH documentó esto en la recomendación 39/2017. La memoria quedó impresa.

En ese documento se establece que no fueron los únicos, hubo mil 475 personas más del municipio de Sinaloa desplazadas en 2012 de los pueblos San José de Los Hornos, Ocurahui, Sierrita de Germán, Metatitos, Los Quintero, El Hornito, La Ciruela, Arroyo Seco, Batamote, Casas Grandes, El Laurelito, El Limón, El Limón de Los García, El Palmar de los Sepúlveda, El Pilar, El Zapotillo, La Cantera, La Chirimoya, Ciénega de Parra, Joya de Los Martínez, La mesa, La mesa del Bejuco, Las mesas, Las Tapias, Los Alamitos, Los Chapotes, Los Cocos, Los Laureles, Los Naranjos, Los Quintero, Mesas de los Parra, Metatitos, Tarahumares, Terrero de los Acosta, Tescalama, Tierra Nueva y Zapotes de los Barraza.

Otras 4 mil 714 personas fueron desplazadas de los municipios de Ahome, Badiraguato, Cosalá, Mazatlán, San Ignacio, Concordia y Culiacán, según informes del Gobierno de Sinaloa.

Abandonaron sus vacas y caballos, los corrales quedaron abiertos como las puertas de las casas, las poltronas afuera de estas. Dejaron sus vidas entre los cerros y montañas para guarecerse y tratar de apaciguar el ánimo en las ciudades.

Esta violencia no mermó, todos los días se registraron muertes y desapariciones en la sierra por grupos criminales. Entre 2013 y 2016, organizaciones como la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, documentaron hasta 34 mil personas que abandonaron sus pueblos.

La mayoría se refugió con familiares en ciudades, principalmente Culiacán, Mazatlán y Ahome.

En 2017 hubo más casos en Concordia. En 2018 se registraron desplazamientos en Rosario, Badiraguato y Choix. En 2019 en el sur de Sinaloa y en el 2020 en Culiacán.

Sinaloa es un estado en constante migración forzada.

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Cuando la CNDH emitió las recomendaciones sobre personas desplazadas, se señaló la necesidad de un censo para conocer la magnitud de este problema. Eso ocurrió en 2017, pero se comenzó hasta 2019.

La metodología de este conteo estuvo a cargo de académicos de la Universidad Autónoma de Occidente, con preguntas sencillas como el lugar de origen de las personas desplazadas, lugar de residencia actual y si la violencia fue la causante para dejar sus pueblos.

Hasta junio de 2021, la Secretaría de Desarrollo Social no tiene un diagnóstico específico, pero sí conoce que por lo menos 10 mil personas siguen desplazadas por la violencia y no volverán jamás a sus pueblos por falta de seguridad, trabajo y el despojo de sus tierras.

En medio de todo, se exigió la construcción de viviendas, la compra de terrenos y la adaptación de estos para quienes no fueron protegidos de la violencia y pudieran tener un lugar para vivir y rehacer sus vidas.

«Es nuestro derecho como desplazados, es lo mínimo que pueden hacer si no van a devolvernos nuestras tierras», expresa Esperanza Hernández Lugo.

Esta mujer huyó de Ocurahui, municipio de Sinaloa, «de lo bonito de la sierra», como lo describe. Una noche llegaron hombres, la amenazaron y prefirió tomar lo necesario, lo que le alcanzó con sus manos, despertó a sus hijos y nueras, y se fue de ese pueblo en medio de balaceras.

Salió aterrorizada por grupos criminales que usan la violencia para quedarse con el territorio donde ahora producen y trafican drogas, de acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública.

Ahí también se extrae oro, plata, hierro y cobre con proyectos mineros que conviven con los grupos criminales, de acuerdo con bitácoras del Consejo Estatal Minero dadas por Transparencia por la Secretaría de Economía.

La señora Esperanza se convirtió en una de las lideresas del movimiento de personas desplazadas en Sinaloa.

Por su denuncia y la de otra mujer de Choix fue que se promovió la recomendación de la CNDH y una serie de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los organismos señalaron necesidades básicas para las personas desplazadas, como la salud, educación, empleo, seguridad y vivienda.

«Nos llegaron hasta ofrecer escoltas, pero eso no era la solución», cuenta Esperanza mientras se seca el sudor en un viaje a Choix para conocer el proyecto de vivienda del Gobierno de Sinaloa para personas desplazadas.

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Son espacios de 5 metros de largo por otros 6 de ancho en un terreno de 10 metros de fachada por otros 20 de fondo.

Este fraccionamiento tiene unas 30 casas levantadas de esas medidas en planchas de concreto de 10 pulgadas, sin cimientos, solo una trabe en la mitad de esas viviendas para evitar que se partan a la mitad.

Luis es uno de los albañiles que construyen estas casas. Tiene 35 años y vive aún con sus padres tras ser desplazado hace 20 años de su pueblo Huillachapa, en Choix. Huyó siendo un adolescente por amenazas de hombres armados.

¿Entonces esta casa que construyes es para ti?

«No, ojalá».

¿Dónde vives tú?

«En la Colonia Higuerita».

¿De dónde eres?

«De Huillachapa Ahorita ya está todo solo, nada más los trabajadores de la mina que está en El Potrero».

¿Y si te dieran una casa de éstas?

«Pues qué chulada porque no tenemos ahorita, estoy casado, tengo dos hijos y vivo con mis papás No alcanza aquí».

¿Una casa de estas sí alcanza para vivir bien?

«No, apenas se cabe, pero ya es un techo por lo menos»:

Estas casas se construyeron sobre una ladera, junto a un riachuelo que conecta con el río Fuerte. Están hechas sobre tierra suelta, separadas una de la otra con marcas de cal para mostrar la división de los terrenos.

¿Y cuando lleguen las lluvias? ¿no se irán con un deslave?

«Quien sabe, según los arquitectos estas casas están bien macizas».

Cuando Luis explicaba cómo están hechas estas casas aún no llovía en Choix. Era el 19 de junio de 2019.

Dos semanas después, la situación cambió, las casas comenzaron a caer desde esa ladera con las primeras lluvias de ese verano.

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Ninguna de esas viviendas tiene cimientos ni servicios públicos como drenaje, agua potable o electricidad. Estas casas son las que se entregarán a personas desplazadas.

El comité intersecretarial para la atención de personas desplazadas administra 40 millones de pesos asignados por el Congreso local para este rubro. En esa organización de dependencias también participan organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Ahí, dice Miguel Ángel Calderón Espinoza, visitador general de la CEDH, se ha discutido cada una de las necesidades de las personas desplazadas, cumpliendo cada una de las medidas dispuestas en recomendaciones.

«No hay una disposición que establezca cuáles son las características de las casas. Obviamente se tiene que cumplir con lo que establecen en este caso las diversas disposiciones que tienen que ver con la construcción de vivienda», señala el visitador.

-¿Usted dejaría su casa y se iría a vivir en una de estas que se están derrumbando en la ladera?

«Yo no estoy en esta situación (…) Te repito, son viviendas que deben cumplir con las disposiciones legales y constitucionales al respecto».

Ese grupo de trabajo intersecretarial anunció la construcción de 100 viviendas entre Mazatlán y Choix, más la compra de 140 terrenos para Salvador Alvarado y Culiacán.

Las 30 viviendas afectadas por el deslave en Choix formaban parte de un paquete de entrega para antes de que concluya la Administración estatal actual.

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En la mesa intersecretarial se sientan Secretarios de Estado, diputados locales y representantes de organizaciones civiles.

Cada mes tienen reuniones de avance de los proyectos para atender a personas desplazadas.

En la mayoría de esas reuniones están personas desplazadas para opinar, proponer y exigir, aunque pocas veces son registradas en las bitácoras o minutas.

«Igual no nos hacen caso», asegura la señora Esperanza Hernández Lugo.

En una de las últimas reuniones, donde se habló de las casas de Choix, habló Ricardo Madrid Pérez, Secretario de Desarrollo Social, un político priista del Gabinete estatal, que llegó a ese puesto después de dos renuncias y una destitución. Antes fue secretario particular del Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

«Miren, estas van a ser las casas que vamos a darle a los desplazados», dijo en una de las reuniones.

Casi todas los presentes aplaudieron.

«¿Pero en qué condiciones vamos a estar viviendo?», dijo Esperanza levantando la voz en medio de todas las personas, «¿usted viviría ahí? ¿se animaría a dejar su casa para vivir en esas casitas?” (le preguntan a Ricardo Madrid).

Entonces un silencio incómodo.

«Qué malagradecida es usted, Esperanza», le dijo el funcionario.

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Sacapuntas

La encuesta de la discordia

Se asoma el primer encontronazo entre aspirantes de Morena a la Presidencia en 2024. Ni el Canciller Marcelo Ebrard ni el líder de la bancada en el Senado, Ricardo Monreal, quieren que la candidatura se defina en una encuesta, pero la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respaldó ese método, porque “así lo establece el estatuto”. Nos dicen que saldrán chispas.

Haciendo maletas

Paseo por la nueva sede de la Secretaría de Salud, en Acapulco, dará hoy el presidente López Obrador al titular de la dependencia Jorge Alcocer. A decir del mandatario, el funcionario “está muy entusiasmado de venirse a vivir a Acapulco”, y recordó que se trabaja para mudar las secretarías del Bienestar y de Educación, a Oaxaca y Puebla, respectivamente.

Samuel quiere su tren

Muy ambicioso proyecto trae entre manos el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García. Ante la Global Chamber de San Antonio reveló que planea construir un tren que conecte a Monterrey con esa ciudad texana. Los estadounidenses lo llenaron de aplausos, aunque no les dijo de dónde va a obtener el financiamiento, por lo menos de la parte que le toca.

Amarra inversiones

No se queda atrás en cuanto a planes productivos el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo. De hecho ya amarró inversiones por mil 900 millones de dólares para que durante su gestión se construya un complejo industrial en Guaymas. El cálculo es que se generarán cuatro mil 400 empleos. Busca detonar todo el potencial de la localidad para inversionistas.

Deja buena impresión

Como buena señal se tomó en la oposición en la CDMX la reunión de ayer entre el recién designado secretario de Gobierno, Martí Batres, y el reelecto alcalde en Cuajimalpa, Adrián Rubalcava. Las y los integrantes de la llamada Unión de Alcaldes asumen que hay disposición por realizar las transiciones en las demarcaciones de manera ordenada y con respeto. (El Heraldo de México, La 2, p.2)

Bajo Reserva

AMLO se dio cuenta de que los apoyos no llegan

Hay funcionarios a quienes ya les urge que termine la gira actual del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de los integrantes de su gabinete de Bienestar, cuya labor es puesta en tela de juicio por el mandatario. Desde el viernes, el tabasqueño los ha regañado y dicho que deben “aplicarse” y ponerle “pasión” a su labor de distribuir los programas insignias de su gobierno. Nos comentan que ayer de plano les llamó a “salir de las oficinas” y sentir los reclamos de la gente, pues en su trayecto a la Costa Chica le han llovido quejas por falta de atención en la entrega de becas para estudiantes pobres y en pensiones de adultos mayores. Al parecer el Ejecutivo federal se está dando cuenta de que la voluntad no basta para aplicar políticas públicas, aunque, en el fondo, lo que no olvida es el descalabro que significaron las elecciones intermedias ahí donde los programas, según el diagnóstico oficial, no fueron lo suficientemente cacareados.

Los Sandoval siguen dando de qué hablar

Hasta ahora con un bajo perfil y poca exposición en medios, el hermano menor del clan Sandoval Ballesteros, Netzaí Sandoval, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial Federal, saltó al aparador público por el caso de Isabel Miranda de Wallace. La familia guerrerense encabezada por la extitular de la Función Pública, recientemente cesada de ese cargo por el presidente López Obrador, fue uno de los daños colaterales-electorales por haber operado en contra de Félix Salgado Macedonio y en favor de otro hermano, Pablo Amílcar. ¿Qué tan lejos podrá llegar el joven abogado antes de que el fuego amigo lo alcance también?

Quién más se suma al 2024

Quien quiere montarse a la ola de la sucesión presidencial adelantada es el diputado federal petista, Gerardo Fernández Noroña. El vicecoordinador petista, y quien recientemente ganó la reelección para estar en la 65 Legislatura, ya anunció que no lo descarten porque él también va a buscar ser candidato presidencial del movimiento de la Cuarta Transformación. Curiosamente, son tantos ya los aspirantes oficialistas que más de uno cuestiona si los partidos aliados al Presidente serán también contagiados por las patadas bajo la mesa que imperan ya dentro de Morena. Mientras más aspirantes se sumen, más poder de negociación con el gobierno acumulan el partido Verde y el PT, a los que el movimiento guinda ve por encima del hombro. (El Universal, Opinión, p.2)

En el arrancadero y la prensa inmunda

La semana pasada, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum anunció cambios en su gabinete; los personajes incorporados a su equipo de trabajo nos hacen concluir la radicalización y trayectoria conforme a la posición presidencial de hacer por los pobres, declarar la guerra a las clases medias “aspiracioncitas” y combatir a la “prensa inmunda”: en especial con el arribo de Martí Batres a la Secretaría de Gobierno se lanza un claro mensaje a competidores de la talla de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal para el 2024, e implica una afrenta a la ciudadanía además de una visible advertencia para la oposición.

Hace unos meses, los asesores del canciller estaban preparados para realizar acciones en torno al proceso electoral de la CDMX; no obstante, Marcelo Ebrard optó por detenerlos para no interferir en el campo de la Jefa de Gobierno, lo que Claudia Sheinbaum agradeció respetando la petición de Ebrard para la inclusión de Vidal Llerenas como alcalde de Azcapotzalco, en donde buscaba reelegirse. Ante la evidente pérdida de espacios en esta ciudad Capital, el propio Prejidente Andrés López da inicio a la carrera por la sucesión de 2024, quien abrió la baraja de presidenciables, quizá con la intención de distraer a la sociedad ante los problemas por los que atraviesa su administración.

Ciertamente, el arribo de Martí Batrés a la Secretaría de Gobierno se venía mencionando desde días, aunque se cuestionaba ante la falta de confianza y la posibilidad de tener la intención de dar un golpe de estado contra Sheinbaum; hoy, es claro que Martí llega con la intención de que la 4T recupere la capital, continuando con la política asistencialista para acaparar el voto de los pobres, que en buena parte dependen de las dádivas gubernamentales, bajo la estrategia del mismísimo López Obrador.

Lo hemos vivido años atrás con Cuauhtémoc Cárdenas y con el propio Andrés López, el juego del destape es muy peligroso y difícil detener una vez que los aspirantes arrancaron, considerando además el riesgo de que, si no caben en Morena, pueden optar por otras posibilidades partidistas de oposición; hemos de recordar, sin embargo, el odio compartido de Martí tanto por Ebrard, como por Monreal… Buen punto. (Gabriela Mora Guillén, El Sol de México, República, p.20)

Manuel Buendía, matar a un periodista

El 30 de mayo de 1984, a plena luz del día, el periodista Manuel Buendía recibió cuatro balazos al salir de su oficina en la Colonia Juárez, cosa que horrorizó a la clase política e intelectual de la Ciudad de México. Matar a un periodista todavía era raro y más a un columnista tan famoso y bien conectado como Buendía. Un nuevo documental, Red Privada: ¿Quién mató a Manuel Buendía?, recién estrenado en Netflix, vuelve al caso y, al hacerlo, reabre una herida que no ha sanado todavía.

En la memoria pública, Buendía era uno de los periodistas más críticos e independientes de México. No obstante, empezó su carrera en espacios conservadores, como La Nación, publicación del Partido Acción Nacional. Luego dirigió La Prensa, periódico policiaco donde se codeaba con políticos de alto rango. Eran los años 50 y 60, cuando el régimen ejercía control sobre la prensa con mecanismos económicos, lo que incluía el subsidio estatal del papel periódico y la publicidad, además de los famosos embutes.

Unos años después, Buendía dejó el periodismo y se hizo director de comunicación del jefe de gobierno del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez. Pronto enfrentó el Jueves de Corpus de 1971, cuando los halcones salieron a las calles blandiendo palos para reprimir una protesta estudiantil. Frente al saldo de golpeados y muertes, Buendía tuvo que sanar la imagen del gobierno. Pero defender la violencia del Estado frente a los estudiantes revoltosos no fue nada nuevo para él. Al ojear sus columnas de 1967 y 1968, se nota a un periodista con poca paciencia para los juniors descontentos, que creía que la fuerza policiaca podría ser un mal necesario (Para Control del Usted, 15 de marzo de 1968).

Entonces, ¿por qué evolucionaba Buendía hacia posiciones cada vez más progresistas? Es una pregunta que hace el documental, pero no ofrece una respuesta satisfactoria. En 1976, Buendía estableció su columna en El Sol de México, pero a raíz de la censura, cambió de publicación dos veces más en los próximos tres años. A partir de 1979, Red Privada fue difundida por la Agencia Mexicana de Información en una treintena de periódicos y lanzaba críticas a figuras de alto rango. Por lo mismo, el columnista recibió amenazas de muerte por parte del gobernador caciquil Rubén Figueroa y le vigilaba el grupo de ultraderecha Los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. (Vanessa Freije, La Jornada, Opinión, p.10)

Frentes Políticos

  1. Ni juntos. No le salieron los planes a la coalición PRI, PAN, PRD. En junio, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, se elevó un punto porcentual en julio respecto al mes inmediato anterior alcanzando la cifra de 54.4% de la población, reveló la encuesta México Elige. Desde que se realiza la medición, la mayoría de los encuestados aprueba la gestión del mandatario, además de que vive una racha al alza que data de mayo de este año, es decir, que aun y con la ola de fakes news, compartidas desde las campañas del último proceso electoral, se ha fortalecido. La fórmula de mezclar izquierda con centro y también derecha tampoco les funcionó. ¿Qué más se le ocurrirá a la oposición?
  2. Pa’ fuera. El pasado 6 de junio, los campechanos dijeron adiós a una de las peores administraciones de las que se tenga memoria. Campeche se despidió del PRI luego de que Alejandro Moreno, quien comenzó a gobernar este periodo, y Carlos Miguel Aysa, quien lo terminó, dejan a la entidad sumergida en su ancestral pobreza y en novedosos niveles de inseguridad. Luego de que Alito pidiera licencia para dirigir al PRI, Aysa no pudo con el paquete. González rindió protesta como mandatario sustituto el 13 de junio de 2019, tras desempeñarse desde julio de 2017 como secretario de Gobierno. La derrota no es cosa menor: el PRI gobernó Campeche desde 1949… pero el hartazgo llegó. Por cierto, los nuevos no se las perdonarán, ¿eh?
  3. Apoyo de género. En un inesperado desayuno, las gobernadoras electas de la Cuarta Transformación mostraron su respaldo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a dos semanas de ser destapada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una de sus posibles sucesoras. La jefa de Gobierno capitalino compartió sus experiencias a tres años de su triunfo en la Ciudad de México. Fue una cita en la que las mujeres fueron el centro de atención. Ahí, Indira Vizcaíno, futura mandataria de Colima, celebró que, con la pasada elección en el país, hay siete mujeres gobernadoras, situación política que no se veía desde hace 41 años. La presencia femenina es la que fortalece a la 4T. Lo hasta hace poco inimaginable. Enhorabuena.
  4. Su turno. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, recibió en su oficina al alcalde reelecto de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava. El recién nombrado funcionario mencionó que, en el marco de la nueva conformación política, que desde octubre tendrán las 16 alcaldías, se garantizará una relación de diálogo y respeto con la pluralidad que encabezará cada una de las demarcaciones territoriales. Dijo que buscará comunicación con todas las fuerzas políticas. Su tarea será, entre otras, la de estrechar lazos de gobernabilidad con la diversidad política, así como apoyar procesos de apropiación social y cultural de las políticas públicas del gobierno de la ciudad. ¿Grande el traje? Tiempo al tiempo.
  5. Genio y figura. Es asombroso cómo mientras Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se traslada en vuelos comerciales, los suyos no lo hagan. Y sí, como Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, en aeronaves con cargo al erario de los bajacalifornianos. El itinerario de vuelos del Sistema de Radar, abierto al público, muestra que una de ellas entra y sale del territorio nacional, registrando vuelos a la Ciudad de México, Ensenada, Tijuana, San Diego y Calexico. Lo curioso es que el Sistema de Radar arroja un doble matriculado del helicóptero en el que se traslada el gobernador. El señor Bonilla sigue dando de qué hablar, y en este punto hay mucho que explicar. Y la austeridad republicana, ¿sólo un eslogan? (Excélsior, Nacional, p.11)

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