El PAN solicitó la «muerte civil» de Claudia Pavlovich

Por presunto desvío de 8 mil millones por parte de la exgobernadora de Sonora, Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, pidió a la Cámara de Diputados la integración de una subcomisión de Examen Previo por presunto peculado y ejercicio indebido de funciones.

La dirigencia nacional del PAN, a cargo de Marko Cortés, y la estatal de Sonora, cuyo titular es Gildardo Real, presentaron ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra la ex gobernadora de la entidad, Claudia Pavlovich, por el presunto desvío de 8 mil millones de pesos durante su gestión.

«Nuestra petición es que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el pleno de la misma, ya aprueben la subcomisión de Examen Previo, porque también Acción Nacional ya presentó otro juicio político contra el ex gobernador de Baja California y no vemos que actúen en nada», dijo Cortés Mendoza.

Acompañado por la secretaria general, Cecilia Patrón Laviada, el líder panista afirmó que espera que en este caso el presidente López Obrador y el partido Morena «no se conviertan en tapadera de la corrupción» de la priista.

«Esperamos que la mayoría morenista no la proteja y no caiga en parte del manto protector presidencial de todos sus cercanos y aliados, como una gratificación al apoyo que seguramente le dio Claudia Pavlovich al partido de Morena y al hoy gobernador en el estado de Sonora», dijo.

Por su parte, Gildardo Real aseguró que el desvío de recursos, peculado y ejercicio indebido de funciones, de Pavlovich están basadas en cuentas públicas y en violaciones a la Ley General de Disciplina Financiera y la Ley Estatal de Egresos.

Añadió que el PAN también presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora una denuncia penal para pedir 10 años de prisión para la ex gobernadora y «muerte civil» por 50 años, que consiste en la inhabilitación para ocupar algún cargo público.

Marko Cortés@MarkoCortes

Acabamos de presentar una solicitud de juicio político contra @ClaudiaPavlovic por desvío de recursos públicos y uso indebido de sus funciones. El gobierno morenista no debe proteger ex gobernadores y menos hacerlos embajadores.