¿Todo el poder para el Gobernador?

Si el Ejecutivo y el Legislativo de un Estado son de Morena y -tarde o temprano- el mismo partido regirá los destinos del Poder Judicial ¿el gobernador concentrará todo el poder o se darán los equilibrios y la vigilancia de unos a otros que la Constitución les asigna?

Esta situación se da en Sinaloa y también en Sonora. El periodista sinaloense Alejandro Sicairos analiza este caso en el vecino estado, cuyas conclusiones son muy válidas también para Sonora:

¿Viene Rubén Rocha por todo el poder?

Implementar los equilibrios ciudadanos

Alejandro Sicairos/Noroeste

Con bastante análisis en cómo será la relación futura entre el Gobernador que se va, Quirino Ordaz Coppel, y el que llega, Rubén Rocha Moya, en la conversación pública está postergada una cuestión de mayor trascendencia para Sinaloa: el trato de sumisión o de contrapesos que habrá entre el nuevo mandatario estatal y los poderes Legislativo y Judicial a los cuales la Constitución les asigna los equilibrios y la vigilancia de unos a otros.

Si para el Movimiento Regeneración Nacional fuera motivo de fiesta la teoría que proyecta a Rocha Moya concentrando los tres poderes en Sinaloa, para los ciudadanos eso mismo daría lugar a la preocupación por el restablecimiento de los controles que en los gobiernos priistas cancelaron la autonomía y rehabilitaron la abyección, esa vergüenza histórica cuyo rastro se aferra a la memoria social.

Si se trata de reformar, qué caso tiene restituir el gatopardismo donde el cambio consiste en que todo siga igual.

Una cosa es la colaboración entre Gobierno, Congreso y el Supremo Tribunal que por el hecho de emanar de las mismas siglas electorales encuentran mejores condiciones para la coordinación, y otra cuestión muy distinta sería que uno solo de los tres concentre todo el poder y les dé el trato marionetas a los demás pasando por alto que la división de atribuciones y ámbitos de cada cual es lo sano para que el Estado vaya por rieles de constitucionalidad.

Claro, maniobrando los acuerdos para que a Sinaloa le vaya de la mejor manera posible.

Existe una regla muy sencilla para delimitar la obligación de los diputados frente a gobiernos emanados del mismo partido que ellos. Como candidatos a ocupar la curul tienen todo el derecho a lucir la etiqueta política a la que pertenecen, pero después de ser legitimados por el voto popular para desempeñar la función parlamentaria se convierten en representantes del pueblo ya no de siglas o de camarillas.

Así debe operar la sana distancia Ejecutivo-Congreso en la era de mayor vigilancia cívica al trabajo legislativo.

Habrá un antes, con Graciela Domínguez Nava, y un después, con Feliciano Castro Meléndrez, que permitirá en lo sucesivo contrastar el comportamiento de los asambleístas de Morena en circunstancias diametralmente opuestas. Con la mujer que presidió la Junta de Coordinación Política de la 63 Legislatura se les atravesó un dique oposicionista a las iniciativas del Gobernador priista; con el hombre que dirigirá la Cámara local en los tiempos de control morenista absoluto ¿será evidente, al grado del cinismo, el regreso de la vieja dinámica abyecta de “el Ejecutivo propone y el Legislativo obedece”?

La misma reflexión vale para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado cuyo actual Presidente, Enrique Inzunza Cázarez, está en trámites de retiro alistando la habilitación formal para desempeñarse como Secretario de Gobierno del Gabinete de Rocha Moya.

La lupa ciudadana se ha posado sobre la transición de Magistrado a ocupante del segundo puesto de mayor importancia en la estructura administrativa estatal, mutación que significa desprenderse por completo de los hilos que mueven a la Corte y permitir que el Poder Judicial corra ágil, sin amarres, hacia un mejor Estado de derecho.

Inzunza Cázarez dirigió el STJE sin admitir que el actual Gobernador le afectara la independencia al máximo tribunal. Todo indica que de parte de Quirino Ordaz se respetó tal separación de atribuciones, tanto que la opinión pública percibió como pleito el demasiado alejamiento entre las dos instituciones. Y aquí vuelve a aplicarse el teorema común de “ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre” en el trato Ejecutivo-Judicial.

El espíritu de la Carta Magna va contra la subordinación, no contra la colaboración.

Podría ser que a Rocha Moya ni siquiera le interese (de que no le conviene, es un hecho) tener el control de los tres poderes legítimamente instalados. Para cualquier político de propensión totalitaria este sería el escenario ideal, aunque en este punto la interrogación a responder tiene que ver si el luchador social pertrechado durante décadas en la izquierda y maltratado una y otra vez por gobiernos déspotas, se dejará seducir por las tentaciones autoritarias que rondan en los contextos nacional e internacional.

Por las razones aquí expuestas, y muchas más, ayudaría a moderar el estilo del gobierno rochista la participación ciudadana como único e insobornable árbitro que sepa reconocer las buenas acciones, pueda y quiera identificar y rectificar los sesgos hacia lo equivocado. En caso de que los poderes Legislativo y Judicial decidan convertirse en apéndices del Ejecutivo, servidumbre aprontada y políticamente involutiva, pues le tocará a la fuerza cívica regresar a cada uno al lugar que le corresponde.