23 de septiembre de 2021

Las columnas políticas del martes 24 de agosto de 2021

La petición colectiva de revocación de mandato no puede consistir en una pregunta sino en una afirmación: algo así como «queremos que el Presidente deje su cargo»

Revocación/Diego Valadés

Por disposición constitucional la ley reglamentaria de la revocación del mandato debió adoptarse a más tardar en marzo de 2020. Fue omitida. A destiempo, con habilidad parlamentaria, se consiguió centrar el debate congresual en la pregunta que se nos hará a los ciudadanos. Empero, el problema mayor no está ahí.

El tema de fondo es este: para que el INE convoque a la revocación se requiere que al menos 2.8 millones de personas pidan de manera expresa la destitución del presidente de la República. Los peticionarios tendrán que afirmar de forma categórica que el Presidente ha incurrido en acciones u omisiones que ameritan su remoción. La Constitución establece un proceso revocatorio, no confirmatorio. La petición de revocación no puede consistir en que 2.8 millones tengan curiosidad por saber si el resto de la ciudadanía quiere que el Presidente se vaya o no.

El eje de la revocación está en la petición prevista por el artículo 35 constitucional. Ahí se determina que la revocación será convocada por el Instituto Nacional Electoral «a petición de los ciudadanos y [las] ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores».

La petición colectiva no puede consistir en una pregunta sino en una afirmación: algo así como «queremos que el Presidente deje su cargo». Además, tiene que aportar al menos una razón, porque en derecho toda petición debe estar motivada. A partir de esta solicitud el INE hará a toda la ciudadanía la pregunta que prevea la ley.

La Constitución también dispone que el INE emita los formatos para recopilar los casi tres millones de firmas requeridas. Lo natural será que sólo los firmen aquellos que consideren que el Presidente ha actuado de manera reprobable y que por este motivo tiene que cesar en el desempeño de su cargo. El INE no tendría elementos constitucionales para convocar a la revocación si los peticionarios no plantean la remoción presidencial. Es esta la cuestión precisa que se debe someter al voto ciudadano.

Hay la idea de que la revocación semeja lo que en términos parlamentarios se conoce como voto de confianza. No es así. El voto de confianza lo plantea el propio jefe de gobierno, mientras que sus impugnadores promueven la moción de censura.

El error proviene de que en 2019 la Cámara de Diputados aprobó un modelo equiparable a la confianza y confería al Presidente la facultad de pedir que se convocara al procedimiento para su revocación. Era un contrasentido que el Senado enmendó. El esquema y el procedimiento quedaron en los términos vigentes, de acuerdo con los cuales revocar equivale a una moción de censura. A diferencia del proyecto original, el Presidente no puede buscar el refrendo de la confianza popular. Por equivocación el transitorio 3 del decreto de reforma conservó la referencia a la confianza, pero prevalece la censura contenida en el artículo 35.

Resultaría absurdo que los partidarios del Presidente propusieran destituirlo y sorprendería que lo hiciera la oposición a sabiendas de que, en el caso de tener éxito, la designación del nuevo jefe de Estado y de Gobierno recaería en la mayoría parlamentaria del Presidente destituido.

Tal como está construida, la revocación es contraria a la democracia. El Presidente sería removido si votaran en ese sentido al menos 22 millones de personas (la mayoría absoluta del 40% de la lista nominal de electores). A continuación, el nuevo Presidente sería nombrado por el voto de 315 diputados y senadores. La hipótesis de un Presidente removido por el pueblo sería democrática si, a la vez, el mismo pueblo eligiera al sustituto. No es democrática una remoción popular y una designación cupular.

Mediante la revocación del mandato presidencial también se procura reforzar el personalismo. Lo que se pretende hacer nada tiene que ver con la institucionalidad democrática.

Si se diera la circunstancia de que la mayoría congresual impusiera en la ley reglamentaria un criterio conforme al cual los solicitantes pidan la ratificación y no la revocación del mandato presidencial, se estaría planteando un problema de inconstitucionalidad. La Suprema Corte sólo podría dar la razón a esa mayoría alterando el sentido de la norma constitucional o inventando un nuevo significado de la palabra revocación.

@dvalades

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Una “preciosa y muy hermosa” corcholata

Bajo Reserva/EL UNIVERSAL

Quien al parecer se tomó en serio la mención del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de que era una de sus “corcholatas” para el 2024, es Rocío Nahle, secretaria de Energía. Nos detallan que ayer al salir de una reunión con el Presidente, para informarle sobre el incendio en la plataforma Ku-Alfa en Campeche, se le preguntó a la funcionaria sobre sus aspiraciones para 2024. Doña Rocío dijo que acatará lo que Morena decida, pero eso sí, se incluyó en el amplio grupo de candidatos que, según ella, tiene el partido oficial para la próxima elección. Y ya en su carrera hacia la Presidencia de México, presumió que la refinería de Dos Bocas está quedando “preciosa y muy hermosa”. Sin embargo, lo más importante es que más allá de lo bella y linda que pueda estar, es ver si estará lista y funcionando a la perfección para 2023, fecha que ha dado el presidente López Obrador para que quede lista la refinería, una de sus obras insignia. Pues, de no ser así, doña Rocío saldrá destapada, pero del gabinete. 

Vienen en la Corte fallos sobre aborto

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir tres asuntos muy relevantes sobre derechos reproductivos de las mujeres. Se trata, nos comentan, de la constitucionalidad del delito de aborto, la protección de la vida desde el momento de la concepción y la objeción de conciencia del personal médico. Los ministros analizarán las legislaciones de Coahuila, Sinaloa y la Norma Oficial Mexicana sobre la objeción de conciencia. El máximo tribunal abordará estos temas el próximo 6 de septiembre y nos dicen que se espera que reiteren los criterios en los que la Corte ha reconocido el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y la no criminalización del aborto. 

Desairan rifa del 15 de septiembre

Como ocurrió con la rifa del avión presidencial, en la Cámara de Diputados se instaló un stand con boletos para el Gran Sorteo Especial 248 de la Lotería, que se realizará el 15 de septiembre y  otorgará un total de 22 premios: ocho casas, siete departamentos, cinco terrenos, un rancho y un palco en el Estadio Azteca. Llama la atención que, a diferencia de la vez anterior, cuando los legisladores gastaban hasta 20 mil pesos de su bolsa para adquirir cachitos, ahora el stand luce completamente vacío. Tal parece que como ya se van, a las y los diputados salientes no les interesa quedar bien con el Presidente. Ya se verá si el 1 de septiembre, los nuevos se animan a apoyar y se ponen guapas y guapos. 

Se calienta el recuento de votos en Campeche

En Campeche, nos dicen, está la cosa que arde, y no por el calor veraniego, sino porque hoy arranca el traslado de paquetería electoral al Centro de Convenciones de Campeche capital, y mañana comienza el recuento de voto por voto, casilla por casilla, de la elección para gobernador. Serán la Sala Regional Especializada y la Regional Xalapa, las que se encarguen del recuento. La Marina será responsable de cuidar la bodega que se ha adaptado en el Centro de Convenciones, para albergar los mil 196 paquetes que se abrirán. La temperatura sube cada día. 

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Templo Mayor

SI ES inocente o culpable Ricardo Anaya, eso lo tendría que decidir un juez con base en las pruebas que le presentara la FGR. Y eso ocurriría sólo en un mundo ideal en el que la Fiscalía no fuera un garrote del Presidente.

SIN EMBARGO, en México las cosas están muy lejos de ser las ideales. En estos dos años y medio ha quedado claro que el jefe del Ejecutivo no tiene el menor empacho en utilizar las instituciones de la República para sus fines políticos. De ahí que resulta muy poco creíble eso de que Andrés Manuel López Obrador ni enterado estaba de la acusación en contra del panista. ¿No dijo que en el país no se mueve ni la hoja de un árbol sin que se entere el Presidente?

TAL VEZ si la justicia no fuera selectiva, se le podría creer a AMLO. Pero la realidad es que en el proceso de Emilio Lozoya Austin han sido involucrados decenas de políticos (incluidos Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray), pero las baterías se están centrando en contra de Ricardo Anaya. Como dijo Benito Juárez: “A los amigos justicia y gracia; a los enemigos… ¡ahí está Gertz Manero!”.

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POR CIERTO que si el gobierno federal pretende empezar a cazar a los posibles candidatos o candidatas presidenciales, más de uno se pregunta quién sigue. Hasta ahora el único otro que ya planteó su interés por competir en 2024 es Enrique de la Madrid Cordero. ¿A poco ya le están buscando algo para bajarlo? El nicaragüense Daniel Ortega debe estar orgulloso.

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A MÁS de uno sorprendió que Malú Micher se bajara de la contienda interna de Morena para presidir el Senado. Cuentan que con su declinación la verdadera pelea queda entre la tlaxcalteca Ana Lilia Rivera y la quintanarroense Marybel Villegas.

QUIENES saben del asunto dicen que a más tardar el martes se sabrá quién de ellas ocupará la presidencia de la Mesa Directiva, pues la bancada de Morena utilizará nuevamente su aplanadora para no abrirle espacio a la oposición.

SERÍA realmente curioso que Villegas resultara elegida, pues nomás no se sabe cuáles son sus convicciones. Y es que lo mismo ha sido candidata del PRI, del PAN y del Partido Verde, ahora es morenista, es muy cercana al ex gobernador preso Roberto Borge y en sus inicios hasta perredista fue. ¡Cuánta pluralidad!

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DICE Diego Fernández de Cevallos que él jamás se exiliaría como lo está haciendo Ricardo Anaya. Y es cierto: el Jefe Diego no se fue del país, nomás desapareció cuando era candidato presidencial allá por 1994, para dejarle toooda la cancha a Ernesto Zedillo. Pero de eso, ¡ni quién se acuerde! (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.10)

Trascendió

Que parece que la cercanía de la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro ha generado un extraño influjo en el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien ayer en el INE se mantuvo al margen durante la asignación de diputaciones federales, sin manoteos, pataleos, quejas ni un comentario que presumiera la mayoría de Morena en la próxima legislatura. Se paró por su constancia, le dio doble espaldarazo a Lorenzo Córdova y hasta posó para la foto con sonrisa detrás del cubrebocas. Quién lo viera.

Que con la pertinente aclaración de que no se está comparando con ellos, el panista Ricardo Anaya expresó en su nuevo videomensaje “el dolor” por tener que dar la cara, pero al mismo tiempo exiliarse, “como Benito Juárez, Francisco I. Madero, los hermanos Flores Magón, José Vasconcelos y el venezolano Leopoldo Gómez”. Vaya con el ex candidato presidencial, otro al que México y la época le quedan chicos, y al que ayer le recordaron que quienes lo denunciaron fueron los calderonistas Javier Lozano y Ernesto Cordero, además del ex peñista Emilio Lozoya.

Que la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, convocó ya oficialmente a los 500 legisladores electos para el periodo 2021-2024 a la sesión constitutiva de la 65 Legislatura el próximo domingo 29 de agosto, pero, al no existir previsiones legales para rendir protesta a distancia, el recinto de San Lázaro lucirá abarrotado en plena tercera ola de covid-19, como no se ha visto desde el comienzo de la pandemia, hace casi año y medio.

Que la postulación de tres personajes, entre los 50 que se inscribieron por las vacantes en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, causó preocupación entre algunos especialistas por ciertos antecedentes: Alma Delia Hernández, identificada como cercana a Javier Duarte y Fidel Herrera, en Veracruz; Ricardo Zurita, de Baja California, señalado de falsificar firmas en un documento oficial, y Elsa Bibiana Peralta, ex comisionada del InfoDF, quien regaló corbatas a los diputados que la nombraron. (Milenio, Al frente, p.2)

Los cambios de Palenque/Salvador García Soto

AMLO planea hacer varios movimientos en el gabinete y en el manejo de la fracción mayoritaria de Morena

El Universal, 24/08/2021;

La tarde del sábado pasado, antes de que le estallara el asunto de Ricardo Anaya y sus denuncias de “persecución política” en su contra, el presidente López Obrador estaba descansando tranquilo, en su rancho de Palenque, en donde el mandatario fue a pasar el fin de semana y aprovechó para revisar algunos pendientes y decisiones que planea tomar y anunciar en los próximos días.

Según fuentes muy cercanas de la Presidencia, López Obrador está definiendo algunos movimientos que planea hacer en su gabinete, orientados a reforzar la operación política y los cabildeos y negociaciones con el Congreso de la Unión, sobre todo a partir de lo sucedido con la Ley de Revocación de Mandato y la negativa de los legisladores de oposición a autorizar un periodo extraordinario de sesiones en el que se discutiera y votara esa iniciativa antes del 1 de septiembre.

El distanciamiento del presidente con el que fuera su operador leal y eficiente en el Senado, Ricardo Monreal, es ya casi total y López Obrador quiere tomar por su cuenta, y con otros operadores de su confianza, la operación política en la llamada Cámara Alta. Y para eso planea hacer varios movimientos y enroques, tanto en el gabinete como en el manejo de la fracción mayoritaria de Morena, para quitarle el control que actualmente tiene el zacatecano y poder operar, con sus secretarios y senadores cercanos, las iniciativas y reformas que le interesen en la cámara senatorial.

 Durante su estancia en el rancho de Palenque, solo hubo un político invitado que dialogó por varias horas con el mandatario y fue el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Según las fuentes consultadas, el presidente “está muy contento con el desempeño de su paisano tabasqueño”, al que ha elogiado en varias ocasiones tanto en público como en privado, por lo que en el círculo presidencial se comenta que Adán Augusto podría ser llamado para integrarse en algún cargo del gabinete dentro de los cambios que se planean en los próximos días.

La paradoja, nos dicen las fuentes consultadas, es que mientras López Obrador quiere llevar a Adán Augusto a su equipo de colaboradores, a otro gobernador del sureste, el chiapaneco Rutilio Escandón —por cierto es cuñado de Adán— el presidente lo ha puesto en la mira, porque tiene demasiadas quejas de su deficiente desempeño y de la situación de tensión que se vive en Chiapas por el descontrol que priva en amplios territorios del estado, especialmente en zonas de alto nivel de conflictividad como la región de Los Altos, la zona de influencia zapatista, donde han surgido las autodefensas de Pantelhó, a las que se vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal que ha llegado a disputar territorios al Cártel de Sinaloa convirtiendo a toda esa región en un polvorín en el que a los históricos conflictos sociales, religiosos, de tierras, se suma ahora la disputa de grupos criminales.

Es tal la decepción que hay en Palacio Nacional por la actuación del gobernador morenista de Chiapas, que se escucha decir entre colaboradores cercanos del presidente que “Rutilio está en la tablita” y que el tema de la explosividad social y regional en Chiapas preocupa mucho al inquilino de Palacio Nacional, que ve en el estado del sureste un “foco rojo” en materia de gobernabilidad y tensiones sociales.

En fin, que en todos esos asuntos andaba el presidente, entre la reflexión y la revisión de varias áreas de su gabinete y de la bancada del Senado en donde pretende hacer ajustes, cuando le estalló, la tarde del sábado, una bomba llamada “Ricardo Anaya”, con su video de denuncia de una presunta “persecución política” detrás de las acusaciones que le ha formulado la Fiscalía General de la República por delitos de cohecho, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El presidente tuvo que salir ese mismo sábado a responderle a Anaya, como no lo había hecho en más de un año, y a deslindarse de las acusaciones en su contra. Ayer lunes, en su conferencia mañanera, le dedicó más de 45 minutos a hablar del que fuera su principal contrincante en la elección de 2018 para pedirle que se entregue y que no huya “porque el que nada debe nada teme”.

Veremos si el presidente logra desactivar la jugada futurista que le organizó Ricardo Anaya con su denuncia en las redes sociales y su huida del país, todo indica que a una ciudad de los Estados Unidos, y si después de eso, en algún momento, López Obrador resuelve y realiza los ajustes, cambios y enroques que estuvo pensando en su rancho “La Chingada” y si logra con ellos retomar el control político de la mayoría del Senado y mejorar la operación de su gobierno, ahora que, dicen, “ya no quiere saber nada” de Ricardo Monreal.

NOTAS INDISCRETAS…

Personajes cercanos a Ricardo Anaya nos aseguran que el panista se exilió a una ciudad de Estados Unidos, desde donde prepara su defensa legal con abogados que se encargarán de responder a las acusaciones de la FGR en su contra. Afirman que Anaya está en espera de que la Fiscalía le entregue la Carpeta de Investigación en la que se detallan los delitos que le imputan y los elementos que aportó el ministerio público para solicitar una orden de presentación en su contra para este jueves en el Juzgado Federal que se ubica en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Una vez que tenga la carpeta, que le harán llegar de inmediato sus abogados, planea empezar a organizar su estrategia de defensa. Por lo pronto, para la audiencia de este jueves se presentarían sus abogados a nombre de su cliente para conocer las acusaciones e invocar el derecho del político queretano a reservarse su declaración…

La plataforma Ku-Alfa que explotó este domingo causando 5 muertos, 2 desaparecidos y 6 heridos, estuvo durante varios años bajo la operación de la empresa Newpek del empresario regiomontano Armado Garza Sada, quien terminó devolviéndosela a Pemex y rompiendo su sociedad con la empresa estatal en medio de quejas de falta de pagos y de falta de mantenimiento a las instalaciones por parte de la petrolera. Es la misma instalación en la que ayer dijo Octavio Romero, director de Pemex, que lo que ocurrió “no fue por falta de mantenimiento, sino que fue un accidente”, para tratar de evadir cualquier responsabilidad de la empresa petrolera en la muerte de los trabajadores de varias empresas contratistas. Los “accidentes son cosas que pasan”, dijo alguna vez el presidente López Obrador, solo que ahora en su gobierno, en áreas estratégicas como Pemex o el Metro de la CDMX, cada vez pasan más “accidentes” que causan muertes y millonarias pérdidas al erario federal, sin que nadie se haga responsable, ni resulte culpable del desfalco económico y mucho menos de las responsabilidades penales por los muertos y heridos…

Los dados repiten Serpiente. La semana no se compone.

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Sacapuntas

Nahle se apunta

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, ya levantó la mano de cara al 2024 y dijo que está para lo que disponga el movimiento, aunque piensa que, si no es ella, el aspirante presidencial tendrá que surgir de la unidad.

A negociar

Concluyó el INE, de Lorenzo Córdova, la asignación de diputados por el principio de representación proporcional y se confirma que, con 278 legisladores, Morena y sus aliados pierden la mayoría calificada. Se les acabó la manga ancha y se verán obligados a negociar con la oposición cualquier reforma constitucional.

Anaya en el exilio

Contrario a lo que piensan los panistas, nos dicen que el proceso en contra de Ricardo Anaya será largo y, en unas de esas no le da tiempo para participar en el 2024. Lo cierto es que ya dio los primeros pasos para obtener asilo político en otro país, pero lo correcto es que se presente y no ponga en duda la actuación del Poder Judicial.

Los invitados de Morena

Invitados de lujo tendrá la plenaria de los senadores morenistas. Y es que el viernes acudirán el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez; la secretaria de Educación, Delfina Gómez y el fiscal Alejandro Gertz Manero, quienes participarán en mesas de trabajo para armar la próxima agenda legislativa del partido guinda en el Senado.

Confirma sus aspiraciones

Arropado de liderazgos locales, el senador Higinio Martínez confirmó que en el 2023 buscará contender por la gubernatura del Edomex. En un encuentro al que asistieron la senadora Martha Guerrero; el presidente de la Jucopo, Maurilio Hernández; y el próximo vicecoordinador de Morena en Congreso local, Nazario Gutiérrez, el texcocano dijo que hará todo lo necesario para terminar con el “priato”. (El Heraldo de México, La 2, p.2)

López-Gatell bloquea vacunas para 2022/Roberto Rock L.

Bastó un power point para imponer el criterio de que no es necesario otorgar el refuerzo de una tercera dosis

El Universal, 24/08/2021;

En días recientes en Palacio, funcionarios de salud encabezados por Hugo López-Gatell provocaron que el gobierno López Obrador decidiera dejar en vilo las compras de vacunas contra covid-19 para el próximo año, lo que, en el mejor de los casos, pondrá a los pacientes mexicanos, otra vez, al final de la lista de espera en un momento de incertidumbre mundial respecto a las nuevas variantes de este padecimiento.

López-Gatell y uno de sus subordinados, Ruy López Ridaura, aprovecharon esa reunión para usar la fijación presidencial de desestimar el problema, con tal de ganar una pequeña cuota de poder. 

Según testimonios allegados a este espacio por fuentes de Palacio, bastaron un puñado de láminas de power point para imponer el criterio de que se carece de evidencia científica sobre la necesidad aplicar decenas de millones de vacunas más para otorgar el refuerzo de una tercera dosis a la población, y proteger también a los niños mayores de ocho años.

A diferencia de lo que ya ocurre en Estados Unidos y la mayor parte de Europa —tercera dosis y vacunación a niños—, eso no ocurrirá aquí. O lo hará tras un nuevo ciclo de sufrimiento con decenas o cientos de miles de víctimas que pueden ser evitadas.

Las compañías farmacéuticas internacionales, todas, han dicho a gobiernos de cualquier latitud que los pedidos de sus vacunas para 2022 se cierran en este agosto, en algunos casos con precios descontados. No hay duda de que ello les representará ingresos multimillonarios en dólares, si se considera un precio promedio de 14 dólares por dosis. 

De acuerdo con los testimonios recogidos, López-Gatell y López Ridaura sostuvieron ante el presidente López Obrador que el cambio de estrategias que recorre al mundo es solo producto de la voracidad de las farmacéuticas, las que se niegan a compartir con el gobierno mexicano sus estudios…

López Ridaura fue nombrado por López-Gatell director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Ambos sostienen una relación simbiótica desde su época estudiantil en el Colegio Madrid. Se dicen mutuamente “compadres”. Lo suplió en múltiples ocasiones en las conferencias sobre el tema. Es reconocido tanto por sus capacidades como por la sumisión ciega hacia su jefe.

A la citada reunión que dio un portazo a la compra de vacunas el próximo año, asistieron funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Rogelio Ramírez de la O, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confiada a Marcelo Ebrard.

En ambos flancos se guardó silencio ante la postura de López-Gatell y López Ridaura, adoptada por el Presidente. Ramírez de la O y Ebrard podrían concluir en el futuro que, en estos temas, el silencio no es una opción y que un deslinde más claro resulta indispensable.

Apuntes

La propuesta presidencial de un referéndum revocatorio parece haber topado con obstáculo adicional, que no es el bloque opositor ni el desgaste en las filas del propio oficialismo. De acuerdo con estudios solicitados por el Congreso a expertos juristas, la reforma constitucional en la materia es del todo aplicable, pero la ley reglamentaria —que Ricardo Monreal ha tardado en cocinar en el Senado— no podría tener efecto retroactivo para un presidente en funciones, sino solo funcionar hacia los sucesores, más allá de 2024. El camino luce cada vez más empedrado para el tema ooo Marina del Pilar, gobernadora electa de Baja California, recibirá una herencia amarga del mandatario saliente y correligionario suyo en Morena. El polémico Jaime Bonilla logró, en apenas dos años, aumentar la deuda pública estatal en 3,200 millones de pesos. 

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Narco y Morena, relaciones peligrosas/JORGE ZEPEDA PATTERSON

Milenio, 24.08.2021;

Para alguien a quien le importa tanto el juicio de la historia como al presidente Andrés Manuel López Obrador, tendría que preocuparle la iniciativa que ha tomado la oposición para denunciar al gobierno en ámbitos internacionales, por sus aparentes vínculos con los cárteles de la droga en las elecciones de este verano. Desde luego, hay mucho de cálculo político por parte del PRI, el PAN y el PRD al llevar su alegato ante la OEA. A estas alturas es tal su debilidad en la opinión pública y tan peregrinas sus perspectivas en el escenario electoral, que cualquier posibilidad de dañar la imagen del partido en el poder representa oro molido para sus aspiraciones.

Pero el tema que justifica la acusación no es banal. Habría que preguntarnos cuánto hay de cierto y cuáles podrían ser las consecuencias de esta denuncia.

Para empezar hay que partir del hecho de que el crimen organizado participó en las elecciones intermedias en algunas zonas en las que ha extendido su control territorial. Sea para imponer autoridades municipales o para neutralizar algún candidato que le resultaba inconveniente. Están documentados casi un centenar de asesinatos, cientos de amenazas y varios secuestros de equipos de campaña.

Ahora bien, los cárteles están interviniendo en las elecciones desde hace años con Morena o sin Morena. En algún momento consideraron que era más productivo controlar directamente a las policías municipales que simplemente corromper a un funcionario de seguridad. Resulta más rentable utilizar policías con placa en lugar de sicarios para muchas tareas de control, particularmente en contra de bandas rivales. Por lo demás, el crimen organizado entendió que existían nuevas líneas de negocio en la gestión de servicios y obra pública, ya no digamos en la extorsión sistemática y el cobro por derecho de piso, allá donde podía controlar a las dependencias municipales.

Pero también es cierto que un número importante de todas estas acciones terminaron por beneficiar al candidato que representaba a Morena. No exclusivamente, aunque sí mayoritariamente. También hay casos que involucran a otros partidos. Aun quitando el hecho de que muchas de las designaciones de los partidos son meramente de membrete y obedecen al oportunismo político al ir por el candidato con más posibilidades de triunfo y al margen de ideologías, es preocupante que el grueso corresponda al partido oficial.

Por otra parte, que el narco ha elegido apoyar predominantemente a candidatos de Morena no significa necesariamente que esto obedezca a un acuerdo político, como implícitamente lo sugiere la denuncia. Existen amores unilaterales y no correspondidos. Pero el narco no es un candidato para las pasiones platónicas; opera de acuerdo a intereses puntuales que entrañan ganancias materiales. Asumiendo que no hay un acuerdo por parte de Morena, con más razón ese partido tendría que estar preocupado por el hecho de que una alta proporción de sus candidatos locales hayan sido apoyados por el crimen organizado y a través de actos delictivos.

El segundo punto a considerar es la manera en que habría sido interpretada por los capos la política de “abrazos no balazos” planteada por López Obrador. No tengo duda de que se trata de una estrategia de buena fe, fundamentada en su convicción de que la violencia no resolvería la violencia en México. Pero a estas alturas queda claro que la “no violencia” tampoco lo ha resuelto; peor aún, hay muchas evidencias de que los cárteles aprovecharon esta suerte de cese de hostilidades para expandirse territorialmente.

Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la estrategia de no confrontar directamente a los cárteles. Tiene razón el Presidente cuando afirma que lo intentado antes no había funcionado, lo cual no se traduce automáticamente que lo correcto consista en hacer lo opuesto. Pero en última instancia se trata de una estrategia.

Lo que cuesta trabajo entender es la actitud que exhibe el Presidente respecto a los narcos y en particular al Cártel de Sinaloa. Frente a la virulencia verbal, intensa y cotidiana, que utiliza para cuestionar a los “adversarios” de su proyecto, a sus ojos enemigos de México, llama la atención la manera casi benigna con la que se dirige a estos criminales que han desangrado al país durante décadas y cometido verdaderas atrocidades. En algún punto afirmó que en última instancia también ellos eran pueblo y se convenció de que con un llamado moral responderían a su actitud de brazos abiertos. Merecería dedicar un texto más extenso a las razones psicológicas o sociológicas que llevan al Presidente a abordar a los narcos con esta actitud que roza el respeto, particularmente en lo que compete a El Chapo. Cabe la posibilidad de que, al menos por lo que respecta al Cártel de Sinaloa, estas intervenciones sean de motu proprio para favorecer a candidatos de un partido que, en su opinión, los deja actuar.

¿Cuáles son las consecuencias que podría entrañar esta denuncia? Legales, prácticamente nulas, como mucho de lo que se presenta en la OEA. Por lo demás, resulta muy difícil que la oposición pueda encontrar pruebas puntuales susceptibles de ser presentadas en un tribunal, más allá de la estadística. Pero en términos de imagen puede dañar seriamente la reputación de López Obrador ante la opinión pública internacional y por ende su legado histórico. Una cosa es que en círculos financieros se le tenga como un presidente con tendencias populistas y otra como un líder que habría establecido alianzas políticas con el narco para apuntalar a su partido. En lo personal estoy convencido de que tal alianza no existe, pero los hechos descritos arriba y la laxitud del Presidente tendrían que ser objeto de una revisión.

El activismo político y electoral del narco no va a desaparecer; y si ya intervino con éxito antes, lo más probable es que se intensifique. Es altamente probable que Morena gane las próximas elecciones, o por lo menos ese es su objetivo. El obradorismo no puede permitirse a sí mismo ganar la silla presidencial con ayuda violenta por parte de los cárteles. Es urgente que el Presidente haga los deslindes que tenga que hacer, para desvincularse de esta peligrosa relación.

@jorgezepedap

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Un presidente desmoronado/Carlos Loret de Mola

El aumento de la pobreza es la prueba demoledora del fracaso fundamental del obradorato. Su lema de vida, desmoronado

El Universal

La recopilación interminable de disparates, ocurrencias, ridículos y barbaridades del presidente casi inevitablemente culmina en perder de vista lo importante, y caer en la trampa propagandística oficial que eso busca… y logra en buena medida.

Coneval, cuyo titular cuenta con el aval del presidente, diagnosticó que en lo que va de este gobierno hay 4 millones más de pobres y 15 millones de mexicanos dejaron de tener acceso a los servicios de salud. 

Es la prueba demoledora del fracaso fundamental del obradorato. Su lema de vida, desmoronado. Es ya un sexenio perdido en materia de combate a la pobreza y la desigualdad. La medición del Coneval hace añicos también el mito de que los programas sociales de este gobierno se dirigen como nunca a los más pobres: todo lo contrario, llegan menos que en los sexenios anteriores a los que más los necesitan, llegan menos a los que dependen de ellos para sobrevivir. 

Y en salud, una debacle catastrófica. El resultado de la berrinchuda manía destructora de todo lo anterior y la pasmosa incapacidad, improvisación e ineptitud para construir lo nuevo.

En tiempos políticos normales, estos datos serían el tema central del país, constituirían una losa que sepultara la credibilidad del régimen y la legitimidad de su presunto proyecto de transformación. En los tiempos de simulación estrambótica y monumental manipulación propagandística que vivimos, le bastó a AMLO con un “yo tengo otros datos” para escurrir el bulto y concentrarse en su circo cotidiano. 

Sin embargo, es claro que el presidente está débil y da muestras de ello: la rebelión de los magistrados del tribunal electoral federal, la imposibilidad de lograr la extensión de mandato del ministro Zaldívar en la Suprema Corte y la urgencia de manipular la consulta de la revocación de mandato para hacerla de “ratificación” de mandato, son síntomas de que el poder ilimitado ya no lo es. 

Así, mientras la realidad le da fuertes dentelladas a ese poder ilimitado que buscó el presidente e imaginó tener asegurado, los coletazos desesperados con que responde a esa pérdida real son ominosos y peligrosos: la injerencia de Palacio no disminuyó, se incrementó, como se exhibe en la churrigueresca sucesión de presidencias en el tribunal electoral, y se detecta en las embestidas judiciales a opositores (Derbez, Anaya y las que vengan), que contrastan con la impunidad sin pudor que garantiza para los suyos (desde Toledos fugados a la medida hasta Píos, Martinazos, Bartletts, Lomelís y los que guste el mandatario incluir en su creciente lista de pillos intocables). 

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Se ha documentado en esta columna cómo el 6 de junio el Cártel de Sinaloa secuestró completa, en Culiacán, a la estructura electoral del PRI….»

El México de los narcos /Héctor De Mauleón

Estos grupos criminales, que “se portaron muy bien” el día de la elección, se han apoderado de este México

El Universal, 24/08/2021;

“‘¿Quiénes hijos de la chingada son los representantes del PRD? Se me van a chingar a su madre de aquí, no queremos a ningún miembro del PRD […] Si valoran su vida, se largan’, dijo uno de los tres hombres armados, vestidos de negro y con el rostro cubierto, que el 6 de junio de 2021 tomaron control de las casillas 01 y básica, correspondientes a la sección 1297, en el municipio de Múgica, Michoacán”. 

De ese modo comienza el capítulo dedicado a relatar lo que ocurrió en Michoacán durante la pasada jornada electoral, de acuerdo con el documento que ayer los presidentes de PRI, PAN y PRD entregaron a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. 

El reporte describe el operativo que montó ese día el crimen organizado en los municipios de Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana, Lombardía, Salvador Escalante, Régules y Zitácuaro, entre otros, para garantizar el triunfo de un partido: Morena. 

El documento resume los reportes que los representantes de casilla entregaron aquel día a los comités distritales. Posee nombre y apellidos de quienes a costa de su seguridad optaron por denunciar lo que sucedió el 6 de junio. 

¿Qué sucedió? Van algunos ejemplos. 

Tres hombres con gorra y cubrebocas irrumpieron en las casillas de la sección 1299: “Apuntaron con un arma al presidente de casilla, se apoderaron de las boletas de la elección para gobernador y comenzaron a marcarlas a favor de Morena y su candidato: Alfredo Ramírez Bedolla”. Los hombres introdujeron más de 400 boletas en las urnas. 

Otro grupo irrumpió en la casilla de la sección 1300 y también en la de la sección 1302: “Todas las personas que no estén a cargo de las casillas les pedimos que se larguen de aquí, si es que valoran su vida. Se acabaron las votaciones, ya ganó Morena y ¡ay del cabrón que nos enteremos que haya votado por los amarillos!”. 

Ese día hubo en Múgica más o menos 60 reportes en los mismos términos: “Miren hijos de la chingada, suspendan todo, desde este momento los que quieran votar van a votar por el candidato de Morena”. 

En la casilla 450, ubicada en la calle Lázaro Cárdenas, de Múgica, los representantes denunciaron que hombres armados depositaron, “durante casi 30 minutos”, votos a favor del candidato Ramírez Bedolla. 

“Se me van mucho a la chingada de aquí, no los queremos ver en la casilla o se atienen a las consecuencias, ya saben que el señor viene apoyando otro proyecto, para que se hacen pendejos y le andan buscando ruido al chicharrón”. 

“A ver, hijos de su puta madre, aquí se va a hacer lo que el jefe ordenó, y la orden es que tenemos que hacerle un hijo a las urnas para que nazca un gobernador moreno… Tienen que apechugar, si no van a amanecer flotando en el río”. 

“Esta es la primera y única llamada que les vamos a dar, no los queremos ver aquí, esta elección ya saben quién la va a ganar, así que no es necesario que cuiden las casillas, mejor cuídense ustedes y regrésense a sus casas…”. 

El reporte indica que en una vasta región de Michoacán se dio la operación del crimen organizado: “Ya llegaron sus jefes, se va a hacer lo que nosotros les digamos, los que están aquí adentro, todos le van a tachar por Morena y después se salen sin hacer ningún pinche mitote, el que no esté de acuerdo se lo va a cargar la chingada” (sección 0473, en Gabriel Zamora). 

Al menos 120 casillas no pudieron ser instaladas debido a las amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos: la lucha entre otros grupos pasó de las calles a las urnas: la evidencia es incontestable. El presidente del Consejo Distrital del INE, Francisco Javier Rincón, denunció que al menos en Lázaro Cárdenas  y La Huacana sicarios obligaron a los ciudadanos a emitir su voto de manera pública “en favor del candidato de Morena”, según se lee en el documento entregado a Almagro. 

“El terrorismo electoral estalló en Michoacán como nunca antes”, afirma el documento y detalla cómo en comunidades michoacanas los miembros de la delincuencia obligaron a los ciudadanos a votar masivamente. 

Se ha documentado en esta columna cómo el 6 de junio el Cártel de Sinaloa secuestró completa, en Culiacán, a la estructura electoral del PRI. Se ha documentado cómo fueron secuestrados los líderes de organizaciones y los comisarios ejidales de Taxco para que votaran según les indicaron jefes del crimen organizado. 

En el documento entregado ayer a la OEA está otra parte de la tragedia de México: el México que aparecerá cuando empiecen a gobernar los candidatos impuestos por el crimen organizado. 

El México del que se han apoderado estos grupos, que “se portaron muy bien” el día de la elección.

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Jaque Mate / Anaya a prisión

Más pronto que tarde se confirmó que sí había una intención de encarcelar a Ricardo Anaya. El periódico Reforma adelantó ayer la existencia de un citatorio al excandidato presidencial para declarar en el Reclusorio Norte sobre acusaciones en su contra por cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Ayer Anaya señaló en Twitter: “López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan ‘solo’ suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza!”.

El Presidente negó ayer nuevamente estar detrás de la denuncia. Ha afirmado que esta proviene de acusaciones de Emilio Lozoya y de panistas. Inmediatamente después, sin embargo, dedicó un buen rato de su mañanera a atacar a Anaya, presentando incluso un video en el que Javier Lozano, secretario de Trabajo con Felipe Calderón, cuestionaba la honestidad del hoy aspirante a la Presidencia para 2024. “El que nada debe nada teme -dijo ayer AMLO-, pero que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero”.

La acusación contra Anaya procede de las declaraciones de Lozoya tras su extradición a México, una vez que se convirtió en “testigo colaborador”, y de Rafael Caraveo, funcionario del Senado allegado a Jorge Luis Lavalle, hoy en prisión preventiva. Caraveo también es testigo protegido.

Lozoya afirma que entregó dinero para sobornar a legisladores panistas para apoyar la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto. No se entiende, sin embargo, por qué los legisladores del PAN, que siempre habían buscado una reforma que permitiera la inversión privada en energía, que intentaron hacerla en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón solo para ser rechazados por los priistas y la izquierda, necesitarían ser sobornados para seguir apoyándola.

Una y otra vez el presidente López Obrador ha afirmado que él no tiene nada que ver con las decisiones de la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera o los jueces. Sin embargo, las decisiones de las instituciones judiciales se dirigen siempre contra sus rivales políticos y críticos. En el caso de Lozoya, el único encarcelado es el panista Lavalle; ni siquiera el exdirector de Pemex ha pisado la cárcel. Lo mismo ha ocurrido en la Estafa Maestra: únicamente Rosario Robles, a quien solo se acusa de omisión en sus funciones, no de haber desviado recursos, está en prisión.

El Presidente considera que estar en la cárcel por una acusación falsa es timbre de orgullo: “Incluso, no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente, porque cuando uno es luchador social, cuando se lucha por una causa, se puede ir a la cárcel y, al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente”. Afirma que la cárcel hizo crecer a Nelson Mandela y tiene razón. Las acusaciones podrían fortalecer a Anaya… una vez que salga de la cárcel después de 30 años.

Las virtudes del martirio, sin embargo, no deberían ser justificación para que un régimen meta en la cárcel a sus rivales políticos. López Obrador afirmó en 2005 que esto trataba de hacer Vicente Fox con él, pero al final Fox impidió a la PGR que presentara acusaciones, lo que llevó a la renuncia del entonces procurador Rafael Macedo de la Concha. Mal haría ahora el Presidente en avalar una acusación que tiene más de político que de jurídico. Quizá debería recordar unas palabras del propio Mandela: “Cuando salí por la puerta supe que si continuaba odiando a esta gente todavía estaba en prisión”.

  • ANTE LA OEA

Es absurdo que la oposición denuncie ante la OEA la injerencia del narco en las elecciones del pasado junio. El narco lleva décadas metido en los procesos electorales. Politizar el tema no es solución. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión p. 10)

En Privado / Morena, a negociar o a presionar

Ya es oficial: Morena perdió la mayoría calificada que con sus aliados tenía en la Cámara de Diputados para aprobar todas las reformas constitucionales que les mandaba el Ejecutivo.

Y si bien se mantiene sobradamente como la primera fuerza política con 199 diputados, ganó 122 distritos, los otros son plurinominales, perdió 53, una quinta parte, de los 252 que logró en 2018.

Con sus aliados, el Verde, con 43 curules, y el PT, 37, suman 278, lejos de las 334 de esa mayoría calificada de dos terceras partes. Es más, ni con las 23 de Movimiento Ciudadano, que llegarían en su caso a 301, la alcanzaría.

En cuanto al tridente opositor, PAN, 114; PRI, 70, y PRD, 15, alcanza 199 diputados, que si se agregara los de MC, ya como bloque de contención, igual que en el Senado, alcanzarían 222, un paquete serio.

Pero con su mayoría simple, 278, a López Obrador le sobra para aprobar cualquier iniciativa de ley no constitucional y algo que le es vital: el Presupuesto de Egresos 2022.

Entonces, esta nueva composición de la Cámara de Diputados no es la ideal para el Presidente, pero le da enorme margen para legislar con San Lázaro como oficialía de partes.

Para él, lo ideal era la mayoría absoluta para no tener que negociar nada de nada, no se la construyeron y ahora, para reunir votos, a ceder o a apretar, según sea el sapo.

RETALES

  1. CAMPAÑA. El presidente López Obrador está cometiendo con Ricardo Anaya el mismo error que Vicente Fox con él: hacerlo candidato presidencial con el desafuero de 2005. Ayer le respondió a un video en el que lo acusaba de perseguirlo y quererlo encelar, por lo que ya se fue del país. Anaya lo llamó mentiroso y él, marrullero. Habló del panista durante 31 minutos, dándole un espacio que no ha tenido desde la campaña de 2018;
  1. CODICIA. El Fondo Monetario Internacional depositó ayer en el Banco de México 8 mil 542 mil millones de DEG’s, Derechos Especiales de Giro que son activos de reserva que tienen un valor de 12 mil 117 millones de dólares. Son los que el Presidente quiere que le transfieran a Hacienda para adelantar el pago de la deuda externa, de acuerdo a lo que le aconsejó, reveló, su titular, Rogelio Ramírez de la O. Si quiere esos activos por 12 mil 117 millones de dólares, el Banco de México tendrá que canjearlos con otros bancos centrales para hacerse del dinero y él pagarle al banco; y
  1. LEY. En Michoacán ayer se desalojó por la fuerza el bloqueo ferroviario más largo de que se tenga registro, en Uruapan, en la localidad de Caltzontzin. Este cierre de vías produjo pérdidas por 2 mil millones de pesos. Impidió el traslado de 7 mil 400 contenedores. El desalojo lo hizo un grupo de hombres encapuchados y armados. ¿Quién habrá sido? Si particular, malo; si del crimen organizado, peor. (Joaquín López-Dóriga, Milenio, Al Frente, p.3)

Alhajero / Presidente acorralado

Van dos ocasiones seguidas en los últimos días en que, desde la mañanera, López Obrador menciona los nombres de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong (PRI) y Josefina Vázquez Mota (PAN) —ayer añadió el de Dante Delgado (MC)— en el marco de aquellos legisladores que se opusieron a un periodo extraordinario para aprobar las leyes secundarias de la Revocación de Mandato.

“Se pusieron de acuerdo Chong, los salinistas, la señora del PAN, Vázquez Mota, ¡todos!; Dante Delgado, todos, todos, todos…, no quieren (revocación de mandato) El INE también…”, acusó el Presidente.

Las alertas se redoblaron esta vez en la oposición. En la primera ocasión, pensaron que podría ser simplemente que Andrés Manuel trajera mal la información de los nombres de quienes forman parte —y votaron— en la Permanente, dado que ni Osorio Chong, ni Vázquez Mota participaron.

Pero que por segunda vez los volviera a mencionar y que ésta última AMLO agregara a Dante —quien sí jugó un papel decisivo en la conformación del quórum para ganarle a Morena—, encendió los focos rojos en los tres partidos. Sobre todo, luego de ver lo que hoy acontece con Ricardo Anaya. ¿Se trata de una advertencia? ¿Siguen ellos? ¿Vienen otros?

No es que no esperaran un coletazo del poder. Los resultados de las pasadas elecciones y las jugadas políticas en el terreno que se han sucedido entre unos y otros desde entonces, iban a provocar una fuerte reacción en Palacio Nacional. Miremos tan sólo lo que han logrado los opositores:

-Fortalecimiento del bloque de contención en el Congreso (incluida una ampliación importante de la brecha para lograr una mayoría calificada y debilitamiento de la alianza morenista con el PT).

-Cambio de manos (afines a Morena) del Tribunal Electoral y derrumbe de la Ley Zaldívar, perdiendo fuerza en la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura.

-Suspensión de obras del gobierno vía múltiples amparos.

-Internacionalización de la cuestión electoral: denuncia ante la OEA de injerencia del crimen organizado —solapado por el gobierno federal, según su texto— en el pasado proceso.

(Luis Almagro, secretario general de la OEA, debe estar sonriendo y frotándose las manos con este regalito que le llevaron los dirigentes del PAN, PRI y PRD)

En fin, a simple vista, con estos meros brochazos —y sin contar los conflictos que el propio AMLO abre por su cuenta con organismos independientes, con banqueros, empresarios, científicos, intelectuales, medios de comunicación, clase media— tenemos a la vista un presidente acorralado. Y un presidente acorralado a nadie conviene. (Martha Anaya, El Heraldo de México, Opinión, p.6)

Arsenal / El fiscal López Obrador

El Presidente convirtió la mañanera en gran tribunal. Se erigió ayer en fiscal del caso Ricardo Anaya. Los “testigos” que declararon —en la pantalla que sirvió de estrado— fueron dos exsenadores panistas: Javier Lozano y Ernesto Cordero.

AMLO utilizó videos viejos en los que ambos se lanzaban contra de Ricardo Anaya por el caso de las naves industriales que adquirió en Querétaro, donde supuestamente había lavado de dinero. Un claro intento por sesgar opiniones en contra del excandidato presidencial del PAN, hoy citado por la FGR por un supuesto soborno por seis millones de pesos que recibió a cambio de promover la aprobación de la reforma energética, según Emilio Lozoya, el soplón de la 4T.

El detalle no pasó desapercibido para Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente nacional del PRD.

En Twitter recordó que, en noviembre del 2018, los casos presentados por Lozano y Cordero fueron cerrados y concluidos por la entonces PGR. Se dirigió a AMLO y dijo: “No son ellos. Es Lozoya, tu protegido, a quien usas para perseguir a Ricardo Anaya”. Buscamos a Javier Lozano para que nos diera una reacción sobre el uso que hizo el Presidente de ese video. “Es una perversidad. Por lo demás, le agradezco la publicidad gratuita”, reviró.

* Poco antes de que iniciara la mañanera —alrededor de las seis horas— recibimos en el celular un mensaje de fuentes confiables que pedían el anonimato.

Nos adelantaban que Ricardo Anaya no iba a atender el citatorio que le mandó la Fiscalía General de la República para el jueves próximo. “Ya no está en México”, aseguraron.

– ¿Y qué pasara si no se presenta? —preguntamos.

-Sigue una orden de presentación y después una orden de aprehensión. Es la cárcel o el exilio, nos dijeron.

Anaya confirmaría poco después la versión en un último video. “En tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa para poder seguir luchando”, argumentó.

Tenía claro que, si atiende ese citatorio, el gobierno de López Obrador se encargará de encontrar un juez (estilo Delgadillo Padierna) para encerrarlo.

El panista sacó cuentas. Los cargos que se le imputan en el citatorio suman 30 años de cárcel. Sabe que el gobierno va en serio. Se decidió por el exilio.

El caso Rosario Robles reforzó esa convicción. Lleva más de dos años en Santa Martha Acatitla, sin sentencia, por no acogerse al “criterio de oportunidad”.

Ése que permite al exdirector de Pemex, figura central en el escándalo de Odebrecht, llevar su proceso en casa, a cambio de decir lo que el gobierno quiere escuchar.

Rosario no se prestó a la maniobra para “fregar” a Luis Videgaray. Ya es público que los cuatroteistas andan tras el exsecretario de Hacienda. La exsecretaria de Estado le dejó claro a su exabogado que no iba a decir mentiras para salvar su pellejo. Y guardó silencio.

A Robles la hundieron con una falsa licencia que, ya se probó, fue fabricada para dictarle “prisión preventiva justificada”, porque el cargo que le hacían en agosto de 2019 (ejercicio indebido de la función pública) no alcanzaba para la “prisión preventiva oficiosa”.

Caso similar el del senador panista Jorge Lavalle, encarcelado —el pasado mes de abril— por los mismos motivos que hoy citan a Anaya. El excandidato presidencial del PAN está convencido —lo dijo en el video— de que, si entra al reclusorio, ya no lo dejan salir. “¿Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Emilio Lozoya para acusarme?”, se preguntó.

La cárcel es olvido. Se hablará de él una o dos semanas y después, el vacío. Le quitarán sus derechos políticos y no podrá ser candidato en el 2024. Tampoco podría grabar videos. En el exilio tiene la ventaja de hacer política a distancia para “denunciar la ineptitud del gobierno”, explicó Anaya.

* El citatorio de la FGR le llegó al panista menos de 24 horas después de que difundiera un primer video en el que dice que AMLO lo quiere meter a la cárcel a la mala. “Menos mal que no hay persecución política y que tu fuerte no es la venganza”, le dice, en tono mordaz, al Presidente, en el segundo video.

AMLO le pidió en la mañanera que se presente a la audiencia. Le dijo que no se preocupe si es inocente.

“No afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente, porque cuando se es luchador social, cuando se lucha por una causa, se puede ir a la cárcel y al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente”, alegó el Presidente.

Respuesta de Anaya:

“Claro que no me preocupo. Soy inocente. Pero por supuesto que no le creo al Presidente más mentiroso de la historia. Sé que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir”. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p.4)

Razones / El incomprensible caso Anaya

Creo que Ricardo Anaya estaba muy lejos de posicionarse como un candidato presidencial viable para una potencial alianza opositora en 2024. Su estrategia de videos no era mala, pero falta mucho más para revertir el mal sabor de boca que dejó la campaña electoral de 2018. Si la idea es iniciar una persecución en su contra para reventar una candidatura, paradójicamente se la está fortaleciendo; si la acusación es estrictamente judicial, tampoco parece existir una causa clara que la justifique.

No es verdad, como dijo el presidente López Obrador, que lo que sucede es que a Anaya se le están acumulando las denuncias en su contra y que no fue él, sino antiguos panistas como, Javier Lozano o Ernesto Cordero, quienes lo denunciaron: esas denuncias contra Anaya fueron en el contexto de la campaña electoral de 2018 (en las que ambos apoyaron a José Antonio Meade) y lo cierto es que la propia FGR absolvió de esos casos a Anaya iniciando la administración de López Obrador. Esta nueva acusación se relaciona con el caso Lozoya, que sigue sorprendiendo porque hace ya siete meses que tendría que haber entregado información sobre los hombres y mujeres que involucró en su denuncia y sigue sin aparecer nada que justifique que Lozoya aún siga en libertad.

Anaya es un político que creo que se ha equivocado en muchas ocasiones. Cuando en la primera mitad de la administración de Peña Nieto fue presidente de la Cámara de Diputados, sorprendió y terminó catapultado a altos niveles de la política nacional. Antes había roto con Felipe Calderón y en la administración Peña se lo vio como un aliado confiable. Se apresuró a romper con Gustavo Madero y logró ser elegido presidente nacional del PAN. Pero en ese camino cometió, luego de las elecciones intermedias que ganó el PAN, otro error: siendo presidente nacional del partido y sin dejar esa posición, comenzó a trabajar para obtener la candidatura presidencial, cuando existía un compromiso de que quien fuera el líder del partido no podría buscarla. En ese contexto se dio la campaña, se hizo la alianza con PRD y Movimiento Ciudadano, el PRI propuso a Meade como candidato y desde la PGR lanzaron acusaciones judiciales contra Anaya. La consecuencia es que, tanto esa alianza como la del PRI, terminaron en un desastre electoral que contribuyó, y mucho, a que López Obrador aumentara sus votos en los comicios más de 15 puntos respecto a lo que él mismo esperaba obtener.

Anaya fue absuelto de aquellas acusaciones y regresó buscando repetir la candidatura presidencial de 2018. Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces y la oposición que viene logró sanar muchas de esas heridas, y después de las elecciones de junio y con la próxima conformación de la cámara de diputados, no parece tener visualizada una potencial candidatura de Anaya.

Por eso, con la acusación de las últimas horas no se entiende qué se espera ganar: la acusación es endeble; meter a la cárcel a un precandidato, aunque sea débil, recuerda a la estrategia de Daniel Ortega en Nicaragua, que la propia cancillería ha criticado; volverlo víctima y con eso potenciar una candidatura que podría dividir más que unir es una posibilidad, pero no parece tener sentido cuando la oposición no parece dispuesta a dividirse.

Como ocurrió con la fallida estrategia de la convocatoria de un periodo extraordinario para legislar sobre la revocación de mandato, no existe una política de gobernabilidad marcada por la certidumbre. Se debería comprender que la polarización tiene límites, que estos han sido políticamente superados y que, con la conformación de la nueva Cámara de Diputados, sin hacer política y sin buscar acuerdos, el oficialismo tendrá muy difícil sacar su agenda legislativa, no hablemos de los potenciales cambios constitucionales.

Cuanto más se radicaliza el discurso presidencial, cuanto más se dejan esas negociaciones en manos inexpertas, cuando crecen por esos cambios acusaciones de haber roto la palabra o los acuerdos, más se aleja de la posibilidad de evitar que, como ocurrió en los cuatro sexenios anteriores, tengamos otra parálisis legislativa.

Por lo pronto, y salvo que aparezca el miércoles alguna acusación que nos sorprenda a todos, el caso Anaya parece una de esas operaciones de perder-perder. Y más aún cuando ocurre al mismo tiempo que dirigentes del PRI, PAN y PRD van a Washington a hacer una denuncia por intromisión del narcotráfico en los comicios de junio pasado, ante la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por cierto, hablando de operación política, uno de los daños colaterales de la fracasada operación en la comisión permanente fue una ruptura con el gobernador Enrique Alfaro. Y una consecuencia más. Con la salida de un legislador del PT que se fue al PRD, el bloque opositor tendrá 223 diputados, mientras que Morena tendrá 198, el propio PT se queda con 36 y el PVEM, que mantiene la alianza con Morena, pero tiene su propia agenda, contará con 43 diputados. Si no se apresuran a hacer política, si se agudiza la polarización y si no hay coordinación interna, será más fácil que se termine rompiendo la alianza oficialista que la opositora. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p.10)

Juegos de Poder / Para AMLO, el enemigo es el PAN

Ante la falta de resultados de gobierno, el presidente López Obrador sigue condenando a los gobiernos del pasado como la fuente de todos los males de este país. Los del llamado periodo neoliberal que presidieron priistas y panistas. Discursivamente, los ataca cotidianamente. Pero, cuando se trata de perseguir judicialmente a los corruptos del pasado, sólo se concentra en los panistas. A los priistas no los toca ni con el pétalo de una carpeta de investigación.

Los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht los recibieron los priistas durante la campaña presidencial de Peña y, luego, en el gobierno de éste. Así lo ha revelado el corrupto que los gestionó y recibió: Emilio Lozoya, quien fuera el encargado de relaciones internacionales de la campaña de Peña y posteriormente director general de Pemex. Según él, recibió el dinero sucio por instrucciones de Luis Videgaray y del propio Peña.

Lozoya huyó al extranjero para que no lo encarcelaran en México. La Fiscalía General de la República (FGR), entre que presionó judicialmente a su familia y le ofreció convertirse en testigo protegido a cambio de delatar a los otros responsables del caso Odebrecht, consiguió que regresara al país. Lozoya cantó y supuestamente ofreció pruebas. Hoy, el responsable de este caso de corrupción duerme tranquilo en su casa. Lo mismo Videgaray, quien está dando clases en Estados Unidos, y Peña, quien está plácidamente afincado en Madrid (alguien debería de investigar de dónde saca el dinero para vivir así).

Mientras tanto, la FGR se ha encargado de perseguir a los políticos panistas.

El exsenador Jorge Luis Lavalle se encuentra en la cárcel acusado de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho. Presuntamente recibió sobornos de Lozoya, con dinero de Odebrecht, para aprobar la reforma energética el sexenio pasado.

Ahora un juez ha llamado a declarar al excandidato presidencial Ricardo Anaya por la misma causa. También habría aceptado dinero de Lozoya para pasar la misma reforma.

Anaya —a quien pararon en 2018 de la carrera presidencial con otro supuesto caso de lavado de dinero y que luego, después de la elección, fue exonerado— ya ha anunciado su intención de volver a competir por la Presidencia en 2024. En este sentido, argumenta que de nuevo lo quieren sacar a la mala de la competencia, en esta ocasión el gobierno de AMLO.

El Presidente niega estas acusaciones escudándose en la supuesta autonomía que tiene la FGR. Pero algo está muy raro cuando sólo se persigue a los panistas y no a los priistas por el caso Odebrecht.

A Lavalle y Anaya hay que sumar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, otro panista que se menciona podría ser candidato presidencial en 2024. También está en la lista de panistas que presuntamente habrían recibido dinero de Odebrecht proveniente de Lozoya. Agréguese a Ernesto Cordero, Francisco Domínguez y Salvador Vega Casillas.

¿Por qué el ensañamiento de la FGR con los panistas y la delicadeza con los priistas?

A lo mejor es un asunto personal del fiscal Gertz Manero en contra de los panistas, donde nada tiene que ver López Obrador. La otra opción es que el Presidente sí está detrás de todo esto; que influye sobre el fiscal para definir las prioridades de a quién perseguir judicialmente. Si es así, es muy claro que AMLO percibe como su principal adversario, hasta enemigo diría yo, al PAN.

Y es lógico. El PAN es, hoy por hoy, el principal partido opositor de México. Domina en las regiones más modernas y urbanas del país. Su plataforma tiene resonancia en las clases medias que han sido tan afectadas durante este sexenio. Son, en suma, los que, potencialmente, pueden ganarle el poder a Morena en las urnas.

Pero hoy están descabezados. Requieren un líder que los represente en 2024. Y aunque Anaya, García Cabeza de Vaca o Domínguez no parecen tener hoy el tamaño para una eventual candidatura presidencial, pues es mejor descartarlos antes de que puedan crecer. De ahí que los quieran parar con la viejísima táctica mexicana de perseguirlos judicialmente.

En cuanto a la falta de persecución de personajes del PRI, cada vez se hace más creíble la hipótesis de un pacto de impunidad entre AMLO y Peña. Pero, además, el Presidente sabe que, para sacar las tres reformas constitucionales que pretende, va a requerir de los votos del PRI en el Congreso. Hay que tenerlos tranquilos. Mejor apapacharlos. Por eso pueden seguir tranquilos jugando golf. (Leo Zuckermann, Excélsior, Nacional, p.11)

En Tercera Persona / El México de los narcos

“‘¿Quiénes hijos de la chingada son los representantes del PRD? Se me van a chingar a su madre de aquí, no queremos a ningún miembro del PRD […] Si valoran su vida, se largan’, dijo uno de los tres hombres armados, vestidos de negro y con el rostro cubierto, que el 6 de junio de 2021 tomaron control de las casillas 01 y básica, correspondientes a la sección 1297, en el municipio de Múgica, Michoacán”.

De ese modo comienza el capítulo dedicado a relatar lo que ocurrió en Michoacán durante la pasada jornada electoral, de acuerdo con el documento que ayer los presidentes de PRI, PAN y PRD entregaron a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos.

El reporte describe el operativo que montó ese día el crimen organizado en los municipios de Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana, Lombardía, Salvador Escalante, Régules y Zitácuaro, entre otros, para garantizar el triunfo de un partido: Morena.

El documento resume los reportes que los representantes de casilla entregaron aquel día a los comités distritales. Posee nombre y apellidos de quienes a costa de su seguridad optaron por denunciar lo que sucedió el 6 de junio.

¿Qué sucedió? Van algunos ejemplos.

Tres hombres con gorra y cubrebocas irrumpieron en las casillas de la sección 1299: “Apuntaron con un arma al presidente de casilla, se apoderaron de las boletas de la elección para gobernador y comenzaron a marcarlas a favor de Morena y su candidato: Alfredo Ramírez Bedolla”. Los hombres introdujeron más de 400 boletas en las urnas.

Otro grupo irrumpió en la casilla de la sección 1300 y también en la de la sección 1302: “Todas las personas que no estén a cargo de las casillas les pedimos que se larguen de aquí, si es que valoran su vida. Se acabaron las votaciones, ya ganó Morena y ¡ay del cabrón que nos enteremos que haya votado por los amarillos!”.

Ese día hubo en Múgica más o menos 60 reportes en los mismos términos: “Miren hijos de la chingada, suspendan todo, desde este momento los que quieran votar van a votar por el candidato de Morena”.

En la casilla 450, ubicada en la calle Lázaro Cárdenas, de Múgica, los representantes denunciaron que hombres armados depositaron, “durante casi 30 minutos”, votos a favor del candidato Ramírez Bedolla.

“Se me van mucho a la chingada de aquí, no los queremos ver en la casilla o se atienen a las consecuencias, ya saben que el señor viene apoyando otro proyecto, para que se hacen pendejos y le andan buscando ruido al chicharrón”.

“A ver, hijos de su puta madre, aquí se va a hacer lo que el jefe ordenó, y la orden es que tenemos que hacerle un hijo a las urnas para que nazca un gobernador moreno… Tienen que apechugar, si no van a amanecer flotando en el río”.

“Esta es la primera y única llamada que les vamos a dar, no los queremos ver aquí, esta elección ya saben quién la va a ganar, así que no es necesario que cuiden las casillas, mejor cuídense ustedes y regrésense a sus casas…”.

El reporte indica que en una vasta región de Michoacán se dio la operación del crimen organizado: “Ya llegaron sus jefes, se va a hacer lo que nosotros les digamos, los que están aquí adentro, todos le van a tachar por Morena y después se salen sin hacer ningún pinche mitote, el que no esté de acuerdo se lo va a cargar la chingada” (sección 0473, en Gabriel Zamora).

Al menos 120 casillas no pudieron ser instaladas debido a las amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos: la lucha entre otros grupos pasó de las calles a las urnas: la evidencia es incontestable. El presidente del Consejo Distrital del INE, Francisco Javier Rincón, denunció que al menos en Lázaro Cárdenas  y La Huacana sicarios obligaron a los ciudadanos a emitir su voto de manera pública “en favor del candidato de Morena”, según se lee en el documento entregado a Almagro.

“El terrorismo electoral estalló en Michoacán como nunca antes”, afirma el documento y detalla cómo en comunidades michoacanas los miembros de la delincuencia obligaron a los ciudadanos a votar masivamente.

Se ha documentado en esta columna cómo el 6 de junio el Cártel de Sinaloa secuestró completa, en Culiacán, a la estructura electoral del PRI. Se ha documentado cómo fueron secuestrados los líderes de organizaciones y los comisarios ejidales de Taxco para que votaran según les indicaron jefes del crimen organizado.

En el documento entregado ayer a la OEA está otra parte de la tragedia de México: el México que aparecerá cuando empiecen a gobernar los candidatos impuestos por el crimen organizado.

El México del que se han apoderado estos grupos, que “se portaron muy bien” el día de la elección. (Héctor De Mauleón, El universal, Nación, p.5)

Coordenadas / Regresar o no a las aulas es un falso dilema

En la polarización en la que nos encontramos, frecuentemente deja de haber opción para encontrar puntos medios en los dilemas nacionales.

Parece ser el caso del regreso a clases. Si se está en contra de regresar a las aulas –se dice– es porque se le quiere llevar la contra al presidente López Obrador, quien ha dicho que los niños regresarán a clases presenciales el próximo lunes, “llueva, truene o relampaguee”.

Si se está a favor, entonces los críticos al régimen consideran que solo se está haciendo el juego al gobierno.

Permítame tratar de poner en la balanza los pros y los contras de una decisión que institucionalmente ya está tomada, pero que los padres de familia aún sopesan.

Veamos lo positivo de retornar a las aulas.

1.- Se permitirá una socialización que es imprescindible para los niños y los jóvenes. La escuela no es solo el lugar para adquirir información sino un espacio de formación humana que se perdió desde hace casi 17 meses.

2.- Se hará factible que recuperemos algo del rezago educativo que tuvimos el último año. Los resultados de las clases a distancia, a pesar de los esfuerzos realizados por padres de familia, maestros y los mismos estudiantes, son bastante deficientes y su prolongación como la única opción educativa amenaza con agravar el rezago educativo nacional.

3.- Las clases presenciales pueden mitigar la inequidad. Las clases a distancia acentúan la desigualdad, porque escuelas y estudiantes con mayores recursos pueden tener muchos mejores resultados que aquellos que carecen de la infraestructura de conectividad o los equipos requeridos para las rutinas escolares.

Pero, el regreso a clases tiene también aspectos claramente negativos.

1.- Se pueden disparar los contagios de la pandemia con la prevalencia de la variante delta del virus. No solo por la interacción entre los estudiantes que se va a dar en aulas y en escuelas, sino por la movilidad física de los padres de familia que implicará el traslado de los niños y jóvenes, y por la posible difusión del virus a segmentos vulnerables, cuando los niños y jóvenes regresen de sus aulas y vayan a sus casas.

2.- La preparación efectiva para el regreso a clases ha sido muy limitada y no se invirtieron recursos para adecuar y mejorar la infraestructura. No solo hay más de 40 mil planteles que carecen de agua potable, sino que hay muchísimos más que no tienen protocolos claros para saber qué hacer si se presentan contagios, lo que implica alto riesgo.

3.- El regreso a clases ya dejó de ser un tema de orden educativo y se ha convertido en un asunto político. La obstinación del presidente en el retorno a las aulas no parece ya asociada al interés del mejor aprovechamiento educativo, sino a la creación de una imagen de normalidad, de la que, por cierto, no estamos cerca. Las posibles contingencias que aparecen en este proceso seguramente se manejarán con ese criterio, lo que eleva aún más el riesgo.

¿Entonces lo mejor es que no hubiera clases presenciales?

No, lo mejor es que se hubieran tomado las medidas para garantizar un retorno seguro a las aulas.

Desde que terminó el anterior ciclo escolar debería haberse hecho un censo de planteles para determinar las inversiones requeridas para un eventual retorno a clases presenciales.

En lugar de un decálogo hecho en las rodillas, que luego dejaron en nueve recomendaciones, debieron haberse trabajado con expertos los lineamientos y protocolos detallados, para saber en qué casos sí y en qué casos no reactivar las clases presenciales. Además de fijar las acciones a tomar en caso de brotes.

¿Qué va a pasar ahora?

Si tenemos suerte, habrá contagios aislados y ojalá que pueda darse un manejo sensato de ellos.

Si no la tenemos, podríamos ver el inicio de una cuarta ola, de la que van a decir las autoridades que se debe a cualquier otra razón, pero no a la mala ejecución del retorno a las aulas.

Prendamos las veladoras.

 (Enrique Quintana, El Financiero, La 2, p.2)

Estrictamente Personal / Con Anaya, pleito en el lodo

El presidente Andrés Manuel López Obrador se zambulló en el lodo para pelearse con Ricardo Anaya, continuación de un choque personal que arrastran desde el debate presidencial en 2018, y que se agrió en las últimas semanas. La nueva confrontación fue detonada por el citatorio de un juez para que el próximo jueves comparezca y responda imputaciones de cohecho y lavado de dinero formuladas por la Fiscalía General de la República. Anaya acusó al Presidente de persecución y anunció su autoexilio, y López Obrador le respondió que el que nada debe nada teme, le dijo “marrullero” y negó que lo persiga.

El origen de este proceso es la denuncia ministerial del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el 11 de agosto del año pasado, que para lograr el criterio de oportunidad y evitar ir a la cárcel por sus delitos, escribió una relatoría que acompañó directamente Juan Ramos, subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, quien hizo correcciones y ampliaciones a lo apuntado por el exfuncionario. Ramos es el encargado de manejar el caso, y su brazo derecho, María Luisa Zúñiga, directora de la Fiscalía Especializada en Control Competencial, quien lo ha ido construyendo con Lozoya y su padre, Emilio Lozoya Thalman, para dar sustento a sus acusaciones.

Lozoya ha estado jugando con el fiscal Alejandro Gertz Manero al no aportar suficientes evidencias que sostengan su dicho, y por consecuencia, con el Presidente. Si la denuncia que formuló no avanza como quisieran en Palacio Nacional, es porque las acusaciones han sido endebles o imposibles de sostener ante un juez. Es lo que sucede con Anaya, a quien originalmente acusó de haber recibido casi 7 millones de pesos para que votara la reforma energética, sin que nadie checara que no era legislador, por lo que se tuvo que modificar la acusación por cohecho y lavado de dinero.

La intención de llevar a Anaya a la cárcel se publicó en este espacio el 5 de julio pasado, al señalarse que desde mediados de junio se había acelerado la integración del expediente tras un nuevo desencuentro entre el excandidato presidencial y López Obrador. Éste se dio el 9 de junio, cuando después de las elecciones intermedias, López Obrador se refirió a un video que había difundido Anaya en marzo, donde en referencia a afamadas cervezas lo llamó “el señor de las caguamas” al criticarlo metafóricamente por la cancelación del aeropuerto en Texcoco.

López Obrador se mofó con una ocurrencia fuera de contexto: “Hasta le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya para que yo me tome una nada más, una caguama Pacífico. Todo con moderación”. El Presidente también jugaba con las palabras, pues casi toda la costa del Pacífico se había pintado de Morena en esa elección. Lo que no esperaba López Obrador, por el enojo que le causó, fue la reacción de Anaya. “Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro”, reviró con burla en otro video, aludiendo a las victorias de la oposición en las alcaldías en el poniente de la Ciudad de México y del PAN en Querétaro. “¡Salud, Presidente, todo con moderación. Ahí nos estamos viendo en el 2024!”, remató.

Después de aquel momento se reabrió la carpeta contra Anaya. Como se publicó entonces, la defensa de Lozoya ha mantenido estrecha comunicación con Zúñiga, trabajando coordinadamente con Kristian Jiménez Hernández, de la Unidad de Investigación B de la Coordinación General de Investigación de la Fiscalía General, y fiscal asignado al caso, para presentar pruebas por los presuntos delitos de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, para que puedan integrarse a la carpeta del excandidato presidencial. Gertz Manero revisó personalmente el caso y se preparaba a solicitar una orden de aprehensión, que aparentemente es lo que motivó a Anaya a anunciar que se autoexiliaba.

Anaya optó por responsabilizar de todo a López Obrador, quien cayó en la provocación y le respondió. Con su acción, le dio rango de interlocutor al beligerante político panista, lo que es un error de cálculo. El Presidente quizá no lo vea, pero los mensajes de Anaya, que están siendo enmarcados en una persecución contra políticos de oposición y, en su caso, como un intento para descarrilarlo de sus aspiraciones presidenciales en 2024, tienen alas para volar.

López Obrador ha caído fácilmente en las provocaciones de Anaya, pero al entrar en una batalla de dichos con él, ha caído en el juego de su adversario político que no tardará, por la forma como escala las cosas, en equipararlo con Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua que emprendió una cacería contra sus opositores, varios de quienes quieren disputarle la Presidencia en las próximas elecciones, y los está encarcelando.

Llevar a políticos prominentes a la cárcel no es algo que se vea bien en ninguna democracia, y suelen interpretarse como actos de represión autoritaria. Si la acusación de la Fiscalía General no es sólida y contundente, será López Obrador, no Gertz Manero, quien pague el costo. Si Anaya no puede responder con claridad y abre la puerta a las dudas sobre su honestidad, como lo presume, el Presidente debe dejar que el crédito se lo lleve el fiscal, y no quererse llevar el mérito.

López Obrador no tiene ninguna necesidad de enfrascarse en una discusión con Anaya tan asimétrica en dos vías: el de la proporcionalidad, donde la palabra presidencial no puede compararse con la palabra de Anaya, y el retórico, donde Anaya puede decirle prácticamente cualquier cosa, y López Obrador, por su propia investidura, está acotado. Debe dejar todo el caso Anaya en manos de la Fiscalía, y contener su ira contra el panista. Ya cometió dos errores al responder a sus videos, pero puede enmendarlos, pues de otra forma, un tema que debía haberse reducido al campo judicial, lo convertirá en un asunto político y, casi por definición, de persecución política. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Opinión,p.32)

Confidencial

¿Ya los perdonó?

Vaya sorpresa la que causó el presidente Andrés Manuel López Obrador con la fotografía que posteó con Joseph Oughourlian, accionista mayoritario de Grupo Prisa, propietario del diario español El País, publicación que el mandatario acusa de estar a favor de grupos de intereses creados y en contra suya. ¿Le habrá aplicado aquello de que su pecho no es bodega y dicho lo que piensa de su línea editorial?

Mamá cuervo’

Quien ayer se deshizo en piropos fue la secretaria de Energía, Rocío Nahle, al hablar de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Ante reporteros, quienes la cuestionaron sobre presuntas afectaciones a la obra debido a las fuertes lluvias, la funcionaria pidió no hacer caso a mentiras, pues “Dos Bocas está perfecto, está quedando preciosa la refinería, está muy bonita”. No cabe duda que el amor es ciego.

Como agua entre las manos

Tras retomarlos para difundir la desangelada –por decir lo menos– consulta popular, ayer los consejeros del INE dieron el sí a la cesión de sus tiempos en radio y televisión, así como los de los partidos, para que la SEP los utilice para la promoción de clases a distancia, pues aunque el 30 de agosto se retorna a las aulas, aún será voluntario.

Acusan despido masivo en CNDH

Quien está otra vez en el ojo del huracán es Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Empleados de la dependencia la describen como farol de la calle, pues al interior del organismo reina la oscuridad en cuanto a los derechos humanos. El jueves pasado, narraron, se avisó al menos a 26 de ellos de su despido fulminante, sin explicación de por medio. Sólo les habrían dicho que debían pasar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde los representantes legales del organismo, Everardo Aranda y Eduardo Buitrón, los hicieran firmar su “renuncia”, que no su “despido”, aceptaran el finiquito que les ofrecieron y no hicieran un “escándalo”, pues de lo contrario habría represalias…

Poco apoyo a Anaya

Nos cuentan que entre diputados y senadores del PAN, PRI, MC y PRD “batallan mucho” para recolectar firmas de apoyo a Ricardo Anaya. Revelan que ayer pasaron horas y la lista era “muy pobre”, ya que quieren –nos anticipan– hacer un pronunciamiento ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que exija “no hacer uso político de las instituciones para la persecución” de adversarios. Tal vez por eso el diputado electo perredista Luis Espinoza deslizó que “no hay una defensa de Anaya, lo que hay es una solidaridad. Ricardo tendrá que enfrentar los procesos que vengan y aclarar, no nos corresponde ni la defensa ni la condena; lo que no es correcto es que, en razón de críticas políticas, las instituciones se utilicen para perseguir a los oponentes”.

Mesa directiva

Quien se bajó del barco para presidir la Mesa Directiva del Senado fue la morenista Malú Mícher Camarena, quien a través de un breve mensaje por WhatsApp informó que, por esta ocasión, no participará en dicha elección. “Estoy convencida que ante los retos que nos plantea la coyuntura actual, mi papel debe ser en otro espacio distinto a la presidencia”. Agradeció el apoyo de compañeras y compañeros y deseó la mejor de las suertes a “Imelda, Maribel, Ana Lilia y Bertha, en quienes me siento bien representada para conducir los trabajos en el debate parlamentario”. (El Financiero, Nacional, p.29)

No más tortura

En la conferencia mañanera del 29 de julio pasado, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, expresaron ideas basadas en Derechos Humanos que nunca antes habíamos escuchado articular por representantes del Estado mexicano. Reconocieron que la tortura es un delito que se comete de forma generalizada por todo tipo de autoridades, en todos los órdenes de gobierno. Expresaron además, que es injusto que las víctimas de tortura estén en la cárcel, que deben ser liberadas. Finalmente, articularon un sorpresivo objetivo de política pública: erradicar la tortura.

Históricamente, nuestras autoridades han visto a la tortura como un mal necesario para poder garantizar la seguridad ciudadana. En otras palabras, se ha visto como un instrumento y por lo tanto nunca ha sido genuinamente cuestionada ni combatida.

Tan solo en el sexenio pasado, atestiguamos un cara a cara entre el entonces Canciller José Antonio Meade y el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Juan Méndez. Era marzo del 2015, y el recientemente nombrado secretario de Relaciones Exteriores se inconformó con un reporte del Relator que apuntaba hacia la tortura como una práctica generalizada en el país. Meade estimaba que la investigación del relator era insuficiente para sustentar su polémica conclusión. El Estado mexicano expresó su indignación.

Los cuestionamientos de Meade al relator quedaron superados una vez que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó su primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL). Administrada en el 2016 a una muestra de 58,000, esta encuesta es representativa de la población encarcelada en el país.

En la ENPOL, el Inegi incorporó una exhaustiva batería de preguntas sobre maltratos que es posible analizar bajo la definición de tortura establecida en tratados internacionales. El cuestionario del Inegi, además, es sensible para identificar quiénes son las víctimas más frecuentes de tortura, dónde ocurre y qué autoridades la cometen. Incluso, es posible identificar el uso diferenciado de tortura por etapa procesal dentro del sistema de justicia penal mexicano.

Tomando como base los datos del Inegi, los investigadores del World Justice Project (WJP): Roberto Hernández, Juan Salgado y Laura Aquino, analizaron la prevalencia de la tortura en México. El reporte Cuánta tortura: Prevalencia de la violencia ilegal en el proceso penal mexicano 2006-2016, disponible en: https://worldjusticeproject.mx/cuanta-tortura-mx/, respalda la afirmación hecha por Juan Méndez años atrás. Además, este estudio financiado por la agencia de cooperación Alemana GIZ, ahonda en la comprensión del fenómeno. Por ejemplo, los autores identifican que la frecuencia de la tortura está asociada a la gravedad de los delitos. Entre más grave es el delito por el cual se le acusa a una persona, es más probable que ésta sea torturada. Este es un hallazgo que servirá para evaluar el diseño de la política pública que seguirá al discurso de la mañanera.

El reconocimiento de la tortura como una práctica sistémica, reprobable y, al mismo tiempo, atendible es un logro para cualquiera que haya luchado por erradicar la tortura en México. Por lo pronto, hay que hacer una parada y aplaudir que el problema esté puesto sobre la mesa, esta vez, por el propio Estado mexicano.   (Layda Negrete, El Universal, Opinión, p.11)

El Asalto a la Razón / Democracia de caridad pública

Con la explicable razón de un gasto público austero, el presidente López Obrador está convencido de que se puede ahorrar en todo, aun recurriendo al voluntarismo y la caridad.

Le parece que el INE pretende un gasto exorbitante para la revocación de mandato y sugiere que los costos pueden reducirse “cuando tienen a miles de trabajadores. Nada más con que aporten los de arriba la mitad de su sueldo, los medianos el 25 y los de abajo no –los que ganen menos de 10 mil no, pero de 10 mil a 100 mil 25 por ciento y de 100 mil pa’rriba, la mitad-, y que no haya comidas ni bebidas; que le bajen a los honorarios, con eso alcanza”, imagina.

“Y que le pidan apoyo a los gobiernos estatales, a los municipales, a las organizaciones sociales, a todos los ciudadanos. No costaría. Están pidiendo muchísimo dinero, creo que dos mil 500 millones de pesos para que la gente diga: ‘No tiene caso, ¿por qué gastar tanto en eso?’ Son muy truculentos”, concluye.

Lo cierto es que todo cuesta, sobre todo cuando, como es el caso, se quiere una democracia de calidad.

Según el Presidente, “el INE lo está haciendo porque no quiere que haya democracia. O sea es la pinza; son estos grupos antidemocráticos defensores del régimen de corrupción los que no quieren que avancemos; quieren que siga la partidocracia, que no sea el pueblo el que decida…”.

No toma en cuenta que las reducciones presupuestales impactan la operación del Instituto, que ajustó ya el padrón electoral a causa de la pandemia, lo que significó una disminución en los gastos de capacitación y organización de los comicios, y en los del 6 de junio se ahorraron aproximadamente 310 millones de pesos. Un millón 94 mil personas menos redujo el número de casillas. Disminuyó también el número de boletas, la documentación electoral y los materiales sanitarios (87 millones y medio de pesos menos).

Según explicó entonces el consejero Ciro Murayama, con el nuevo cálculo del Padrón y la Lista Nominal hubo una reducción de siete mil 836 funcionarios de mesa directiva de casilla y, en consecuencia, fueron menos los supervisores y capacitadores electorales (ahorro de unos 120 millones de pesos).

En la idea de López Obrador no se consideran los pagos a capacitadores y supervisores.

Los gastos electorales incluyen materiales de trabajo, espacios de estacionamiento, papelería, consumo de energía eléctrica y salarios del personal del INE.

Si la innecesaria consulta popular del 1 de agosto costó algo menos de 530 millones con la instalación de alrededor de 50 mil mesas, y la revocación de mandato (en realidad una ratificación igualmente innecesaria) será un ejercicio equivalente a una elección presidencial que requiere más de 162 mil casillas, lo más lógico es que el gasto sea considerablemente mayor: el INE lo calcula siete veces más caro: tres mil 800 millones de pesos (1.3 más que lo supuesto por el Presidente).

No se trata de pasar la charola.

Parafraseando un viejo anuncio de güisqui, la democracia parece cara. Lo es… (Carlos Marín, Milenio, Política, p.7)

Dinero

Llegaron los recursos del FMI, ¿qué sigue? // Los problemas judiciales de Anaya // Repunta el precio del petróleo

Ya llegaron a México los recursos del Fondo Monetario Internacional, el presidente López Obrador sigue firme en que deben ser utilizados en abonar la deuda pública y el Banco de México dice que no tiene inconveniente… sólo que la Tesorería tendría que comprárselos a precio de mercado. La historia –parece no tener final– va en este capítulo: el Banco de México informó que ayer el Fondo Monetario Internacional hizo efectiva la asignación general de derechos especiales de giro (DEG) equivalente a 650 mil millones de dólares aprobada el 2 de agosto de 2021. El objeto de esta asignación es proveer de liquidez adicional al sistema económico mundial mediante el fortalecimiento de las reservas internacionales de los países miembros del FMI. La asignación general se distribuyó entre los miembros del FMI en proporción a sus respectivas cuotas en el organismo internacional. De este modo, a México le corresponde una asignación de 12 mil 117 millones de dólares. En esta parte de la historia entra la reiterada idea del presidente López Obrador –que le atribuye al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O– de usar esos recursos para abonarlos a la deuda pública de más de 12 billones de pesos.

La fórmula

¿Qué hará el banco central con esos recursos? Según la Ley del Banco de México, una de las operaciones permitidas con la reserva de activos internacionales consiste en que el gobierno federal, a través de operaciones cambiarias con el Banco de México, pueda contar con moneda extranjera para cumplir con sus obligaciones en divisas. De esta manera, la Tesorería de la Federación puede comprar o vender divisas con el Banco de México con recursos del propio gobierno federal a precios de mercado. En palabras muy claras, la Tesorería tendría que comprar esos 12 mil 117 millones de dólares al Banco de México a precio de mercado. Habría que analizar si tiene sentido la operación, porque sería como sacar dinero de un bolsillo (del presupuesto federal) para depositarlo en otro (del presupuesto federal) y luego abonarlo a la deuda. ¿Cuál sería el costo-beneficio? Mientras tanto, ya se contabilizaron en el renglón de las reservas internacionales del Banco de México y en su informe de este fin de mes podremos ver que suman más de 200 mil millones de dólares, una marca histórica.

El fugitivo

Los problemas de Ricardo Anaya son, por un lado, con sus ex compañeros del PAN Ernesto Cordero y Javier Lozano, y por el otro, con el priísta Emilio Lozoya. En un video que ha sido visto por millares de personas en redes sociales, Cordero y Lozano lo exhibieron como defraudador, inclusive hay una denuncia del ex secretario de Hacienda de Felipe Calderón en su contra. El litigio versa sobre una truculenta operación inmobiliaria en Quéretaro. Por otro lado, fue denunciado por Lozoya, el chico de humo, como uno de los legisladores –era diputado federal– que vendió su voto a favor de la reforma energética de Peña Nieto. Los ultimos tiempos disfrutó Anaya de una relativa tranquilidad gracias a la lentitud crónica de la Fiscalía General de la República, pero se alarmó al recibir un citatorio para que responda a los cargos. Dice Anaya que ameritan 30 años de cárcel. Eso es lo que lo ha motivado a huir del país (también huyeron Alonso Ancira y César Duarte y los pescaron). Con todos sus inconvenientes, es menos dura la cárcel en México que en Estados Unidos. Ya no es tan sencillo conseguir documentos de asilado político, que es lo que busca recibir del gobierno de Estados Unidos cuando dice que lo persigue Andrés Manuel. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Política, p.6)

Retrato Hereje / López-Gatell bloquea vacunas para 2022

En días recientes en Palacio, funcionarios de salud encabezados por Hugo López-Gatell provocaron que el gobierno López Obrador decidiera dejar en vilo las compras de vacunas contra covid-19 para el próximo año, lo que, en el mejor de los casos, pondrá a los pacientes mexicanos, otra vez, al final de la lista de espera en un momento de incertidumbre mundial respecto a las nuevas variantes de este padecimiento.

López-Gatell y uno de sus subordinados, Ruy López Ridaura, aprovecharon esa reunión para usar la fijación presidencial de desestimar el problema, con tal de ganar una pequeña cuota de poder.

Según testimonios allegados a este espacio por fuentes de Palacio, bastaron un puñado de láminas de power point para imponer el criterio de que se carece de evidencia científica sobre la necesidad aplicar decenas de millones de vacunas más para otorgar el refuerzo de una tercera dosis a la población, y proteger también a los niños mayores de ocho años.

A diferencia de lo que ya ocurre en Estados Unidos y la mayor parte de Europa —tercera dosis y vacunación a niños—, eso no ocurrirá aquí. O lo hará tras un nuevo ciclo de sufrimiento con decenas o cientos de miles de víctimas que pueden ser evitadas.

Las compañías farmacéuticas internacionales, todas, han dicho a gobiernos de cualquier latitud que los pedidos de sus vacunas para 2022 se cierran en este agosto, en algunos casos con precios descontados. No hay duda de que ello les representará ingresos multimillonarios en dólares, si se considera un precio promedio de 14 dólares por dosis.

De acuerdo con los testimonios recogidos, López-Gatell y López Ridaura sostuvieron ante el presidente López Obrador que el cambio de estrategias que recorre al mundo es solo producto de la voracidad de las farmacéuticas, las que se niegan a compartir con el gobierno mexicano sus estudios…

López Ridaura fue nombrado por López-Gatell director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Ambos sostienen una relación simbiótica desde su época estudiantil en el Colegio Madrid. Se dicen mutuamente “compadres”. Lo suplió en múltiples ocasiones en las conferencias sobre el tema. Es reconocido tanto por sus capacidades como por la sumisión ciega hacia su jefe.

A la citada reunión que dio un portazo a la compra de vacunas el próximo año, asistieron funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Rogelio Ramírez de la O, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confiada a Marcelo Ebrard.

En ambos flancos se guardó silencio ante la postura de López-Gatell y López Ridaura, adoptada por el Presidente. Ramírez de la O y Ebrard podrían concluir en el futuro que, en estos temas, el silencio no es una opción y que un deslinde más claro resulta indispensable.

Apuntes

La propuesta presidencial de un referéndum revocatorio parece haber topado con obstáculo adicional, que no es el bloque opositor ni el desgaste en las filas del propio oficialismo. De acuerdo con estudios solicitados por el Congreso a expertos juristas, la reforma constitucional en la materia es del todo aplicable, pero la ley reglamentaria —que Ricardo Monreal ha tardado en cocinar en el Senado— no podría tener efecto retroactivo para un presidente en funciones, sino solo funcionar hacia los sucesores, más allá de 2024. El camino luce cada vez más empedrado para el tema ooo Marina del Pilar, gobernadora electa de Baja California, recibirá una herencia amarga del mandatario saliente y correligionario suyo en Morena. El polémico Jaime Bonilla logró, en apenas dos años, aumentar la deuda pública estatal en 3,200 millones de pesos. (Roberto Rock L., El Universal, Nación, p. 6)

Astillero

Anaya: sobreactuado y sobregirado // Reta y denuncia, pero se exilia // ¿Candidato panista 2024? // MC y la mayoría calificada

No resulta convincente Ricardo Anaya Cortés en su renovado papel de mártir político. Tono, gesticulación y libreto son excesivos, insostenibles y oportunistas. Tal vez la falla principal está en el contraste obligado entre la actitud retadora que asume el ex dirigente panista y su decisión de abandonar la zona de combate para irse a residir a otro país.

No huyo, no me escondo, doy la cara, postula y, al mismo tiempo, trata de justificar su decisión de no enfrentar las diligencias judiciales que de manera consecuente se desprenden del hecho documentado de que está entre los nombres señalados por Emilio Lozoya (igualmente indefendible y emblemáticamente corrupto) en las tramas de entrega de dinero a cambio de voluntades políticas para aprobar o tolerar corrupción.

Resultan también forzados los presuntos móviles de las acciones judiciales en su contra. Asegura Anaya que se busca quitarle desde ahora sus derechos políticos para impedirle que sea candidato presidencial opositor en 2024 y para que no siga haciendo videos críticos al presidente López Obrador y a la llamada 4T.

En realidad, Anaya Cortés no perdería sus derechos políticos por acudir este jueves al Reclusorio Norte, donde se asientan oficinas de juzgados federales, para cumplir con un citatorio a declarar. Tampoco si fuera declarado sujeto a proceso y encarcelado sino, en dado caso, hasta que una sentencia condenatoria se produjera, lo cual puede llevar cuando menos un par de años. También peca de optimista el panista al dar por descontado que su partido lo designará abanderado presidencial en 2024: su caso reciente ha concitado apoyos tuiteros y retóricos, pero Anaya no goza de especial estima política entre sus correligionarios.

Así, la huida y los falsos móviles en su contra desproveen de cualquier legitimidad a la pretensión de declararse perseguido político. Hay un señalamiento judicial en su contra, en el expediente de Emilio Lozoya (insolentemente libre, virtualmente impune hasta ahora, sin pisar siquiera una cárcel) y aun cuando con Peña Nieto se negoció o consiguió un perdón a dos días de terminar ese sexenio priísta, sigue presente el caso de la nave industrial de Querétaro, vendida a notable sobreprecio para triangular decenas de millones de pesos para beneficio de Anaya y sus familiares. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p.8)

Duda razonable / Las promesas de Olga y los resultados

Hace poco, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una serie de decretos y medidas para beneficiar a ciertos presos sin sentencia después de años, torturados en el proceso, de cierta edad y con ciertas enfermedades.

Ese proceso aún no arranca, pero hay otro también envuelto en un halo de humanismo y justicia que nos puede anticipar cómo saldrá el recién anunciado: las amnistías prometidas. El reporte hecho público por la Comisión de Amnistías dice que se han recibido mil 560 casos, pero solo se han analizado en sesión 568; 747 están aún en revisión y 245 no tienen datos.

Será tal vez porque la Comisión solo ha sesionado cuatro veces en 16 meses, por lo que ha incumplido con el mandato de ley que indica que las solicitudes tienen que ser resueltas en cuatro meses.

Hasta hoy solo hay 47 casos “procedentes”; 35 de esos ya han sido beneficiados. Y además del informe, como lo señaló el Observatorio de Amnistías, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil dedicado a dar seguimiento a esta ley: “Del total de casos sesionados, procedentes e improcedentes, así como de los casos en revisión, se omitió señalar en su totalidad los motivos por los cuales fueron solicitados los beneficios de amnistía. Esta información únicamente se proporcionó de los casos en revisión. Omitiendo cumplir con el mandato de ley de señalar los supuestos por los cuales se otorgaron. Asimismo, no se entregó la información desglosada que permita realizar un análisis interseccional, lo cual es necesario para poder evaluar esta política pública”.

Más preocupante es otro apartado del posicionamiento que emitió el Observatorio: El Instituto Federal de Defensoría Pública que dirige Netzaí Sandoval ha presentado 54 amparos contra la Comisión de Amnistías por su pobre desempeño. La respuesta de la secretaria de Gobernación es señalar a la defensoría en el órgano interno de control del Poder Judicial.

Es decir, las burocracias, la falta de eficiencia y eficacia hacen que las promesas se queden… pues en eso, en promesas. Veremos cómo se implementa el anuncio del Presidente mencionado en las primeras líneas, pero a juzgar de lo hecho con amnistías, no esperemos mucho. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p.2)

¿A la Ortega?/Manuel J. Jáuregui

Para nadie pasa inadvertida la coincidencia o similitud entre la forma en la que el dictador nicaragüense, Daniel Ortega, se quita del paso a sus opositores encarcelándolos, y el reciente episodio político mexicano en el que la FGR de AMLO saca del camino a Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, y uno de sus más fuertes críticos y rivales para el 2024, amenazándolo con 30 años de cárcel.

No defendemos a Anaya y no conocemos las «pruebas», de manera que nos es imposible formular una opinión de si el caso en su contra es sólido o inventado.

Pero sí, no escapa a la atención, que dos socialistas -como Ortega y López- operen bajo la misma coincidencia: con Cortes sometidas a su voluntad, meten a la cárcel (o en el caso de Ortega, matan) a todo aquel que se les oponga.

Lo suyo no es convencer, es vencer.

Ortega es Presidente de Nicaragua desde el 2007 (y antes de 1985 a 1990) y quiere reelegirse.

De ahí, la necia insistencia de López en obligar al INE a organizarle el referéndum sobre revocación, para de ahí colgarse en sus siguientes pasos políticos que buscan eternizar en el poder a él y a su movimiento, a la Ortega, a la Chávez y Maduro, a la Castro, y otros héroes socialistas suyos.

Y si no puede reelegirse, AMLO pretende como mínimo dejar a sus más allegados en el cargo, como la Sheinbaum, Ebrard o incluso hay quienes piensan que su esposa, Beatriz Gutiérrez, podría ser su sucesora, tomando una página del manual de operaciones de los Kirchner en Argentina, otros de sus Chanocs.

Anaya lo critica, entonces Anaya es acusado de lavado, cohecho y asociación delictuosa con base en declaraciones de dos testigos protegidos de la FGR que pueden o no estar diciendo la verdad.

La figura del «testigo protegido», cuando menos en este País, no es usualmente confiable, ya que a cambio de una sentencia reducida frecuentemente le ponen harta crema a los tacos con el fin de complacer a sus juzgadores y al régimen al que sirven.

El mismo Anaya, en videos ampliamente difundidos en redes sociales, apunta hacia una gran paradoja: los hermanos del Presidente son videograbados recibiendo fajos de billetes, y a ellos ni los investigan, salen a relucir titipuchal de propiedades de Bartlett e Irma Eréndira Sandoval que no concuerdan con sus ingresos como servidores públicos y son rápidamente exonerados; pero Estados Unidos pide la extradición de Ovidio Guzmán, hijo de «El Chapo», y es liberado por orden presidencial.

Anaya afirma que AMLO es el Presidente más mentiroso de la historia, e inmediatamente lo quieren aprehender y entambar por 30 años.

Conclusión: como que no se puede confiar mucho en la justicia en este México dominado por los caprichos de un solo hombre, al que no se le puede dar la contra en nada porque se encabrita y desata contra el crítico toda su jauría de incondicionales.

Afirma AMLO que él no es revanchista, si no lo es mal que lo esconde, ya que por cada poro de su ser supura el CORAJE, la muina que le causa el hecho por él no olvidado ni perdonado de que cuando el FOXATO, durante la época de las PANpresidencias, él mismo fue «perseguido», pues fue DESAFORADO a causa de su comportamiento alcista (aunque Fox al final impidió acción penal contra él), y mucha gente a la que él hoy denuesta, incluyendo este medio, se opuso a tal medida por considerarla antidemocrática y violatoria de los derechos políticos de él.

Claro que hoy para él todo lo que huela a PAN es anatema, especialmente alguien como Anaya que con su crítica machaca fuerte la llaga por la que supura el Presidente: su marcada incongruencia de mostrarse muy indulgente con los que lo apoyan, entre ellos algunos capos del narcotráfico (seguimos sin saber los mexicanos qué transcurrió en la reciente visita presidencial SECRETA a la capital del narco en Sinaloa, Badiraguato, a la que no permitió acceso a los medios de información).

Seguramente algún día sabremos los mexicanos cuál es la verdad sobre el caso Anaya y cuál fue el propósito real de la opaca visita presidencial a Badiraguato, cuna de «El Chapo» y otros importantes capos, y donde aún vive la MAMÁ de éste y abuela de los liberados hijos de «El Chapo» que aún manejan su inmenso negocio a ciencia y paciencia del Gobierno mexicano.

De seguro, en algún futuro que esperamos sea cercano nos enteraremos los mexicanos, si es acaso cierto como apunta una DENUNCIA reciente del PRI, PAN y PRD ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que el NARCO mexicano tuvo INJERENCIA en la pasada contienda electoral a favor del partido triunfador (Morena) en las Gubernaturas de la costa Occidental y Norte de México, donde coincidentemente poseen los cárteles su mayor presencia y dominancia.

De pasada, y como prueba de lo viciado del proceso, los líderes de los partidos mencionados solicitan a la OEA revisar el HOSTIGAMIENTO permanente del Gobierno actual mexicano al INE, al TRIFE y a los MEDIOS de comunicación.

Lo dicho antes: hechos actuales demuestran que México no marcha por buen camino.

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Anaya podría ser un tiro por la culata al presidente/Luis Cárdenas

En su afán de destruir, el berrinche de AMLO podría construir un cuadro importante con miras al 2024

El Universal 24/08/2021;

Las acusaciones contra Ricardo Anaya podrían terminar en una llamarada de petate, aunque primero veremos un abstruso camino jurídico que nos llevará, como “El Proceso”, de Kafka, a la nada, a elementos confusos, a testigos que se desdicen, quizá, incluso, hasta una gran persecución internacional… Aunque al final sea nada.

Alguien, alguien, alguien, ¿quién habrá sido?, en la Fiscalía General de la República tuvo a bien la iniciativa de acelerar las acusaciones contra Anaya, quizá por quedar bien y ganar algunos puntitos o quizá por un sentimiento acomedido a la “transformación”, pero el tiro puede terminar por salir muy caro.

Las acusaciones contra Anaya pueden ser igual hechos o igual fantasías con base únicamente en los dichos de Emilio Lozoya, que lo mismo ha señalado a Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, José Antonio Meade, José Antonio González Anaya, David Penchyna Grub, Carlos Treviño Medina, Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, Salvador Vega Casillas, José Luis Lavalle (el único en prisión) García Cabeza de Vaca o Miguel Barbosa.

De acuerdo a Emilio Lozoya, que nunca ha pisado la cárcel en México gracias al acuerdo sui generis al que llegó con la FGR y del que sus cercanos dicen que ya ni brazalete de seguridad usa, Ricardo Anaya habría recibido, en la primera semana de agosto de 2014, 6 millones 800 mil pesos como “apoyo” a su campaña para gobernador en Querétaro y como soborno para aprobar la reforma energética.

El dinero habría sido enviado a Anaya por órdenes expresas de Luis Videgaray a Emilio Lozoya, quién a su vez ordenó a su jefe de escoltas, Norberto Gallardo Vargas, entregarlo a Osiris Hernández, secretario particular de Anaya, en el estacionamiento de la Cámara de Diputados.

No hay videos, no hay fichas de depósito, no hay nada más allá de los dichos de Gallardo contra los dichos del particular de Anaya, Osiris Hernández, será la palabra de uno contra la de otro, tomando en cuenta que, como en la inquisición, Lozoya habla lo que su “verdugo” manda.

Anaya podría librar la misma suerte que Jorge Luis Lavalle, acusado de haber recibido los fajos de billetes en maletas de lujo que le habrían llevado Gutiérrez Badillo y Caraveo, tristemente célebres por el video de hace un año pero que, en estricto sentido jurídico, no significa nada.

Creo que Anaya crecería como opositor en la cárcel, esa imagen de niño fresa se le caería a pedazos y, con un buen equipo político y jurídico, se potenciaría su candidatura hacia el 2024, sería un preso político y no un político preso.

Pero si Anaya se va del país, será un prófugo más, un político que huye, tal vez una víctima de la 4T y, por ende, un derrotado frente al régimen.

Cosa curiosa, el berrinche de López Obrador podría estar construyendo, en su afán de destruir, a un cuadro importante con miras al 2024. Definitivamente, el peor enemigo del presidente es el presidente.

DE COLOFÓN

Cercanos de Manuel Barreiro comienzan a limpiar sus cuentas y algunos, incluso, están desesperados por deshacerse de varias propiedades que van más allá de naves industriales. Se saben daños colaterales en la guerra que viene. 

@LuisCardenasMX

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Deer Park, en riesgo; también influyó Ramírez de la O/Mario Maldonado

Por si fuera poco, el cierre de la operación se ve cada vez más cuesta arriba

El Universal, 24/08/2021;

El flamante secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, comenzó a tener injerencia en las decisiones del gobierno de la 4T desde antes de ser anunciado por Andrés Manuel López Obrador. Una de las propuestas que habría impulsado fue la compra de 50% de la refinería Deer Park, en Houston, Texas. Recientemente también se reveló que fue él quien sugirió al Presidente usar los 12 mil millones de dólares que el FMI envió ayer a Banxico para pagar deuda del gobierno. 

Ramírez de la O, avecindado en Houston previo a tomar el encargo de Hacienda, ha estado cerca del sector petrolero de ambos países. Una de sus condiciones para llegar al gobierno de AMLO fue la de tener injerencia en el ámbito energético, particularmente en las decisiones financieras de Pemex. Además, su hija Vanesa Ramírez fue hasta mayo pasado directora de Finanzas de PMI Comercio Internacional, la subsidiaria de Pemex encargada del joint-venture con Shell en Deer Park. 

El Presidente reveló la llegada de Ramírez de la O el 9 de junio, casi dos semanas después del anuncio de compra de 50% de Deer Park. A mediados de julio, en un comunicado oficial, el nuevo secretario de Hacienda dijo que la dependencia a su cargo estará más involucrada en las cuentas del sector energético. 

Otros personajes relacionados con el sector, como Elvira Daniel Kabbaz y Pedro Haas García, también habrían estado inmiscuidos en la compra de la refinería. 

La intención de comprar la emproblemada refinería Deer Park a Shell es convertirla en una de las principales procesadoras del crudo pesado Maya, pero también será una gran compradora de otros insumos del mercado internacional, lo cual beneficiaría a brokers internacionales, como Hartree Partners, de Haas García. 

El hoyo financiero en el que se está convirtiendo Dos Bocas —con un costo en aumento que se calcula en más de 9 mil millones de dólares y el previsible retraso en su construcción y puesta en operación—, convencieron al Presidente de comprar en su totalidad Deer Park. 

Independientemente de los motivos estratégicos de la compra, los mercados no lo recibieron bien y la calificadora Moody’s degradó a Pemex para colocar sus bonos a un paso del estatus de basura. 

Por si fuera poco, el cierre de la operación se ve cada vez más cuesta arriba. En unos días se cumplirán tres meses de que se anunció y no hay visos de que el proceso de compra-venta concluya pronto. Lo que sí hay son voces, como la del congresista estadounidense Brian Babin, quien envió una carta a los departamentos de Estado y del Tesoro para evitar la venta de la refinería a Pemex, pues considera que la mexicana no está preparada, ni tiene experiencia ejecutiva, gerencial o técnica para estar a cargo de esa instalación de manera segura. 

El republicano consideró que los riesgos de un accidente industrial en Deer Park aumentarán considerablemente con el control de Pemex. En contra de la empresa mexicana juegan la reciente explosión registrada este fin de semana en la plataforma Ku-Alfa, del complejo Ku-Maloob-Zaap, que dejó cinco trabajadores fallecidos, y el incendio de principios de julio, también en el complejo Ku-Maloob-Zaap, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo y generaron críticas de la activista Greta Thunberg y de Alexandria Ocasio-Cortez, representante del Partido Demócrata por Nueva York. 

El Presidente López Obrador dijo en julio que se están realizando los trámites con Shell para la compra de la refinería Deer Park y pidió esperar a que concluya el proceso. Acusó recibo de las críticas de Babin y aseguró que lo convencerían de que es una buena operación. 

El manejo e imagen de Pemex en el exterior, sin embargo, complican ese objetivo. 

Posdata 

Sobre la supuesta renuncia no solicitada que habría puesto sobre la mesa el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, nos aseguran que son rumores malintencionados. Que el consejero, si bien tiene su explicación de lo sucedido recientemente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha pedido ajustes al Presidente, y menos en el Poder Judicial. 

@MarioMal 

[email protected] 

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Posibilidades y límites de la reforma electoral

José Ramón Cossío Díaz

Hace unos días el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar un amplio número de preceptos constitucionales en materia electoral. Su contenido es extenso y contempla variadas cuestiones. Existen propuestas de reacomodo de los textos, precisión de las potestades ciudadanas, ampliación de los supuestos de paridad de género y otras cuestiones que la hacen atendible y encomiable.

Más allá de si se está o no de acuerdo en el desarrollo de lo que bien podemos llamar el puntillismo constitucional, lo cierto es que con tal proposición se busca avanzar en el desarrollo o, al menos, la reglamentación de algunos de los aspectos más importantes de las democracias representativas y participativas ya alojadas en nuestra norma suprema.

Lo que sin embargo genera muchas dudas, algunas de ellas realmente de raíz, es la manera en la que en el mismo proyecto se busca conformar la integración y el funcionamiento de los dos principales órganos electorales de nuestro país: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En cuanto al INE, se propone que su Consejo General se integre por siete consejeros que durarán nueve años en el cargo, nombrados mediante el procedimiento hasta hoy en vigor con excepción de la elección de su presidente.

En cuanto al TEPJF, se propone que su Sala Superior se integre por cinco magistraturas que ejercerán el cargo por nueve años y elegirán a quien deba presidirlos por cuatro años. Adicionalmente se pretende que su administración, vigilancia y disciplina correspondan a una comisión del Consejo de la Judicatura Federal, integrada por el presidente del Tribunal Electoral, el integrante de una sala regional, dos miembros designados por el Senado y un consejero de la Judicatura Federal.

Una parte central de la iniciativa, y desde luego de su comprensión, está contenida en los artículos transitorios. Se dispone que, a fin de no afectar sus derechos adquiridos, los integrantes del Consejo General del INE y de la Sala Superior del TEPJF serán indemnizados con todos sus emolumentos hasta la fecha de conclusión de su designación. También, que las cámaras de Diputados y de Senadores tendrán 90 días para emitir la convocatoria para la renovación de los integrantes de los órganos acabados de mencionar y de los que integrarán la comisión del TEPJF ante el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, que los consejeros electorales designados en el proceso del año 2020 nuevamente podrán postularse.

La lectura íntegra de la iniciativa del senador Monreal provoca sentidos enfrentados. Por una parte, denota el intento por lograr el avance sustantivo de diversas cuestiones relacionadas con nuestro sistema democrático. Por la otra, la de un abierto intento por cambiar la integración de los órganos electorales. Para sustituir a unas personas por otras, supongo que más afines o, de plano, militantes.

Si a la totalidad de la iniciativa se le restaran los aspectos personales, estaríamos ante una buena propuesta. Ante un proyecto digno de amplia y seria discusión. Sin embargo, si el mismo quiere ser entendido como un todo sobre el cual solo cabe pronunciarse binariamente, creo que las oposiciones deben rechazarlo para abrir, junto con las mayorías, opciones que nos permitan avanzar sin comprometer ni la autonomía ni la independencia de los órganos electorales.

Ministro en retiro de la SCJN.

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