27 de septiembre de 2022

La POLÍTICA nacional

Jueves 18 de agosto de 2022

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Los exagerados

Toda cuestión tiene dos puntos de vista: el equivocado y el nuestro. Marcos Mundstock

La vida pública en México transcurre entre dos lecturas de los sucesos cotidianos. Para el inquilino de Palacio Nacional todo va bien. El prometido “cambio de régimen” es un hecho. Sus ideas son certeras e inéditas, van viento en popa. Los cambios son evidentes. La población los percibe y goza. Los homicidios dolosos disminuyen, la personas disfrutan las calles, pueden salir en las noches sin miedo y, por supuesto, ya no hay masacres. La consigna de “primero los pobres” es una realidad que permea los domicilios de las clases subalternas.

Las mujeres se sienten seguras, las violencias que antes padecían bajo los dictados del neoliberalismo no existen más. Los refugios para ellas ya no son necesarios y desaparecieron justamente porque el machismo y el patriarcado fueron barridos por la vigorosa y sensible 4T.

Las medicinas y, sobre todo, la de los infantes con algún tipo de cáncer se repartieron con asombrosa eficiencia. Los migrantes son recibidos con calidez y se les han proporcionado todas las garantías para que su estancia en México sea respetuosa de sus derechos humanos. Las pequeñas y medianas empresas han sido apoyadas en todo momento, especialmente en la pandemia. La pobreza y la desigualdad social disminuyeron por el impacto de las eficaces políticas sociales.

Las conferencias mañaneras son bocanadas de aire fresco que orientan a la población y la educan, no se ataca a nadie ni mucho se calumnia a las voces críticas. Los periodistas que asisten a dichas ceremonias son personas profesionales que no reciben ninguna consigna.

Las corcholatas presidenciales son respetuosas de las leyes y no usan recursos públicos para promocionarse. La Guardia Nacional no está militarizada y ahora que será absorbida, vía un “acuerdo” por la SEDENA, no violará la Constitución ni los derechos humanos. Los ataques de corte terrorista que se presentaron el pasado fin de semana, en algunos estados de la república, fueron producto de una conspiración entre el débil narcotráfico y las fuerzas conservadoras aliadas. Todo lo difundido fue una “exageración” de “los medios controlados por los enemigos de la transformación” para afectar al gobierno federal, especialmente al presidente, quien sufre ataques infundados.

Las opiniones contrarias de los hechos aquí descritos son de las fuerzas conservadoras y corruptas que quieren “conservar sus privilegios”. Una aclaración: el tecleador, autor de estas líneas, únicamente describió datos verificables, no es conservador y no busca privilegios, por la sencilla razón que nunca los ha tenido. No somos exagerados. Simplemente el presidente vive en su mundo imaginario, a costa de las mayorías. (Pedro Peñalosa, El Sol de México, Análisis, p. 14)

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Templo mayor

IMAGÍNESE que el domingo llega a misa y se encuentra la iglesia tomada por la Guardia Nacional. Que el obispo de su ciudad está encarcelado e incomunicado. Que las monjas que atienden un orfanato fueron expulsadas del país. Y que, si es católico, muy probablemente sea considerado criminal por el gobierno. ¿Suena exagerado? Pues eso es justo lo que está pasando en Nicaragua.

Y EN ESTE grave asunto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha pecado de palabra, obra y omisión ante las atrocidades del nicaragüense Daniel Ortega. Su apoyo al régimen autoritario ha quedado de manifiesto más de una vez; hace apenas unos días en la OEA la delegación mexicana se abstuvo de participar en la condena contra Nicaragua. 

AH, PERO si los diputados europeos piden respetar la libertad de expresión en México o si los colombianos van a votar en segunda vuelta, ahí sí se le olvida a AMLO aquello de la “no intervención”.

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MENOS MAL que Juan Ramón de la Fuente tiene acumuladas muchas millas de viajero frecuente, pues seguramente por eso lo ascendieron a Clase Premier en el vuelo 409 de Nueva York a México. Ojalá que en Palacio Nacional no se enteren del upgrade que recibió el embajador ante la ONU, pues va a estar difícil incluirlo en el discurso de la austeridad republicana y la pobreza franciscana. ¿O a poco San Francisco de Asís viajaba en Business Class?

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QUÉ TRABAJO les cuesta a los políticos llamarle al pan, pan; y al terrorismo, terrorismo. El artículo 139 del Código Penal Federal de México lo establece claramente como el uso, entre otras cosas, de explosivos, armas de fuego, por incendio “o por cualquier otro medio violento” en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, que produzcan alarma, temor o terror en la población para presionar a la autoridad o a un particular.

JUSTAMENTE eso fue lo que pasó en Ciudad Juárez y Jalisco la semana pasada, de acuerdo con la versión del propio Adán Augusto López y del general Luis Cresencio Sandoval. Hay voceros oficialistas que pretenden negar que hayan sido actos terroristas, porque no hubo motivaciones políticas. La realidad legal, sin embargo, es que, si el gobierno quisiera, podría proceder en ese sentido.

PERO evidentemente no lo van a hacer, porque en Palacio Nacional tienen mucho miedo de reconocer que en México existe el narcoterrorismo, pues saben que ese es uno de los temas que más inquietan a Estados Unidos.

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¿Y CÓMO va la planeación estratégica en tu país? Puesss… el Presidente quería comprar el 51 por ciento de Citibanamex por pura puntada, olvidándose de que su administración ya tiene Banobras, Bancomext, Nacional Financiera y hasta el Banco del Bienestar. Y al final la idea no prosperó, no porque el mandatario reconociera que era un despropósito, sino que porque dice que no le iba a dar tiempo. ¡Bendito! (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)

Frentes políticos

Todo oídos. Crear una campaña política es un arte tan sensible que hay que atender cada punto del “librito”. Es decir, dar los pasos firmes y convenientes para que, el día de la elección, los votantes te favorezcan. Esto lo sabe cada uno de los precandidatos de cada partido y, en el caso de Morena, el canciller Marcelo Ebrard hurga en la fórmula rumbo al 2024. El secretario de Relaciones Exteriores dejó a un lado las intervenciones internacionales y aterrizó en la churrería El Moro, en el centro de la capital del país, acompañado por Lilian Chapa y María José Martínez, dos mujeres que lo contactaron por WhatsApp “y nos reunimos para conocer sus propuestas sobre aplicación de la ley, facultades de las policías y la readaptación social exitosa”. Punto para el canciller.

¿Incongruencia? En la Cámara de diputados, Renato Sales, fiscal de Campeche, se apersonó para solicitar el desafuero de Alejandro Moreno por supuesto enriquecimiento ilícito. “Alito se ha enriquecido de manera ilegal, usando recursos del Estado, pero también ha lavado dinero”, dijo. “Alito dice que es perseguido político. Pero es un delincuente”, remató ante reporteros, Y todo iba bien, pero cuando le lanzaron los ávidos reporteros una pregunta incómoda, como el probable delito de espionaje telefónico hacia Moreno, el fiscal prefirió cortar la entrevista. Niega que haya violado el debido proceso durante la petición de desafuero e insiste: “No hay venganzas, sino justicia”. Quedó claro que a él las preguntas a modo son las que le van.

La inexistente. Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, escuchó a las mujeres que fueron por auxilio y pedirá a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, que cite a comparecer a Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organizaciones de mujeres exigieron la renuncia de Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH por promover una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma que impide que los deudores alimenticios lleguen a cargos públicos. Rosario Piedra está del lado de los victimarios y en contra de los derechos de niñas, niños y adolescentes, acusan. Lo cierto es que, desde que la nombraron, prácticamente desapareció.

Fuego amigo. Jaime Bonilla, el exgobernador de Baja California, aprovechó los incidentes de violencia del fin de semana pasado, sobre todo los sucedidos en su entidad, para decir que esto en sus tiempos no pasaba. “Había homicidios, sí, pero algo como esto, no”, y deslizó la idea de que los nuevos encargados de la administración estatal no están haciendo bien las cosas. Bonilla asegura que cuando él gobernó había paz social y sostiene que los actos violentos registrados en Baja California en los últimos días, no son casualidad. En resumen, el exmandatario regresó al Senado acusando a Marina del Pilar, la nueva gobernadora, de pactar con el narcotráfico. Alguien que le recuerde que son del mismo partido. ¿Lo sabrá?

Nada que agregar. La SCJN invalidó la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al reconocer la validez del fuero constitucional que le otorga su cargo. Los integrantes de la Sala, que preside la ministra Margarita Ríos Farjat, aprobaron la resolución de la controversia constitucional en la que el Congreso del estado combatía el desafuero del mandatario local. En su sentencia, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá planteó que, aunque la Cámara de Diputados cuenta con la facultad de aprobar el juicio de procedencia en contra de un gobernador, es el Legislativo de cada entidad el que debe decidir si se le retira el fuero. ¿Luz al final del túnel?, ¿contrademanda? ¿Qué sigue? (Excélsior, Nacional, p. 11)

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Bajo reserva

Una batalla a navaja limpia en la Cámara de Diputados

Nos platican que al interior del recinto legislativo de San Lázaro se avecina una batalla a navaja limpia. Y no, no se trata de las reformas electoral o a la Guardia Nacional, tampoco el presupuesto. Nos hacen ver que en los próximos días se debe instalar la Sección Instructora, encargada de dictaminar las solicitudes de desafuero, entre ellas, la que llegó el martes contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Nos hacen ver que Morena va por la mayoría, pero la oposición no se quedará atrás, y buscará hacer valer su fuerza como alianza para impedir que los guindas tengan tres integrantes y los opositores solo uno. En la última Sección Instructora, la que encabezó Pablo Gómez, Morena y aliados consiguieron quedarse con tres asientos y la oposición logró solo uno. Si esta situación se repite, la situación de don Alejandro se tornará muy complicada.

¿Y las pruebas, Jaime Bonilla?

El exgobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, utilizó ayer la tribuna del Senado para hacer serias acusaciones en contra de la actual mandataria, también de Morena, Marina del Pilar Ávila. Nos hacen ver que el senador Bonilla no escatimó en hacer señalamientos y descalificaciones, sin embargo, lo que no llevó a la tribuna fueron pruebas. La gravedad de sus señalamientos, nos dicen, obliga a Bonilla a demostrar plenamente sus dichos. Don Jaime sabe bien de la necesidad de que existan pruebas para sostener las acusaciones, ya que él fue citado por un juez de control a declarar, precisamente, porque la fiscalía de Baja California presentó pruebas por presuntos actos de corrupción durante su gestión. La obligación de probar lo dicho, es aún mayor, cuando las acusaciones se hacen contra un correligionario.

Retoma Va por México planteamiento beltronista

La creación de gobiernos de coalición está de regreso al debate nacional. Este modelo, nos recuerdan, fue propuesto por Manlio Fabio Beltrones en el 2011 en el Senado. Ahora, después de más de una década, la propuesta tuvo eco y fue la alianza “Va Por México” la que retomó el planteamiento del expresidente nacional del PRI. Este modelo, nos explican, busca evitar la concentración de poder, y que, por el contrario, sea la ciudadanía quien de manera directa determine el nuevo sistema de gobierno. La propuesta vuelve tomar vigencia en un momento crucial para el país, y nos comentan que bien podría quedar plasmada en una reforma legal.

Bejarano gana, pero pierde

El Tribunal Electoral le dio la razón a René Bejarano, al señalar que Morena no fue exhaustivo para justificar su exclusión de las listas de aspirantes para ocupar un lugar en el Congreso Nacional de Morena. Sin embargo, nos explican, se trata de una victoria agridulce, ya que el experredista se quedó sin poder participar en la contienda interna por el distrito de Benito Juárez, en la Ciudad de México, ya que en la capital no se anularon las elecciones pese a las decenas de irregularidades documentadas en la jornada de votaciones. Así que don René ganó, pero perdió. (El Universal, Nación, p. 2)

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Desbalance

Contadores adelantarán carta a Santa Claus

Nos cuentan que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que tiene como líder a Laura Grajeda, adelantará su carta a Santa Claus, pues en pleno verano entregarán a las autoridades una propuesta de reforma fiscal para el paquete económico de 2023. Nos dicen que piden ampliar el límite de algunas deducciones de gastos personales para los contribuyentes. Por ejemplo, quieren que el tope en la compra de autos se extienda a gastos de viajes y el pago de colegiaturas en el caso de las universidades sin el beneficio. Solicitan que no se limiten deducciones de prestaciones que dan empresas a trabajadores. Eso sí, la carta excluye alzas de impuestos o nuevos gravámenes.

Cae primera cabeza por constancia fiscal

¿Se acuerda del funcionario del SAT que dijo que estaban echando toda la carne al asador para atender el caos que se armó con la constancia fiscal, la cual provocó largas filas afuera de las oficinas para tramitar el documento?, pues nos cuentan que eso le costó el puesto al ingeniero químico, Raúl Zambrano Rangel. Nos dicen que la jefa del SAT, Raquel Buenrostro nombró a Andrea Yoalli Hernández Xoxotla como nueva administradora General de Servicios al Contribuyente. Se trata de una abogada con Maestría en Amparo y más de 20 años de experiencia en temas jurídico-administrativos. Nos explican que ha trabajado en el Tribunal Fiscal, en las secretarías de Comunicaciones y del Bienestar, en atención al contribuyente en Naucalpan, y ahora tendrá el reto de evitar que se repita el mismo error.

Escasez frena a BMW

Nos platican que la planta de BMW en San Luis Potosí fue la más afectada por la escasez de semiconductores el mes pasado. La automotriz alemana fabricó sólo 65 vehículos, 98% menos que en julio de 2021. Nos cuentan que Harald Gottsche, presidente de la planta, está ajustando la producción para minimizar retrasos de entrega de nuevos autos para clientes, lo que ha implicado una labor de gran flexibilidad en la planta. Nos hacen ver que la empresa conformó un grupo de trabajo que revisa diariamente el suministro de semiconductores para colaborar con proveedores, utilizar envíos exprés por vía aérea y optimizar el abastecimiento entre las plantas de la cadena de suministro a escala mundial.

Toks y NotCo se ponen vegetarianos

Nos dicen que la cadena Toks, perteneciente a Grupo Restaurante Gigante de Juan Carlos Alverde Losada, hizo una alianza con NotCo, una startup en tecnología de alimentos, para ofrecer un nuevo menú sin carne. Entre los nuevos platillos hay una hamburguesa hecha a base de proteína de plantas en pan de eneldo con ajonjolí cubierta de queso, así como una hamburguesa de “pollo” que no es pollo, sino con una serie de plantas como girasol, chícharo, garbanzo, haba, bambú, durazno y elote. El menú, nos explican, busca aprovechar que 9% de los mexicanos se considera vegano y 19% vegetariano, de acuerdo con la consultora Nielsen. (El Universal, Cartera, p. 22)

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Sacapuntas

Gabriel García también se apunta

Es un hecho que el ex jefe de los superdelegados, Gabriel García, peleará por la presidencia de la Mesa Directiva del Senado. El senador, cercano al presidente López Obrador, busca quedarse con esa posición que disputan, además, Alejandro Armenta y José Narro. No ha hecho oficial su intención, pero la confirma a quien le pregunta en corto. En tanto, el presidente de la Jucopo., Ricardo Monreal, se reunió ayer, por separado, con Armenta y Narro.

AMLO graba spots

Comenzó el presidente López Obrador a grabar spots para el cuarto Informe de Gobierno, que presentará el próximo 1 de septiembre. Se realizan en los pasillos de Palacio Nacional, y ayer fueron convocados adultos mayores para acompañarlo, mientras él presume las Pensiones del Bienestar y los próximos incrementos de montos, antes de que concluya su sexenio. 

Borbolla, va a la Subprocuraduría

Amarrados están movimientos estratégicos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy. Entre los más importantes, la instancia coloca al frente de la Subprocuraduría de Procesos a Laura Borbolla, quien se desempeñaba como coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas.   

Acuerdo en el Congreso de la CDMX

Nos adelantan que se perfila un acuerdo en el Congreso de la CDMX para la presidencia de la Mesa Directiva. De mantener su palabra, las bancadas pondrán en esa posición a la diputada del PRI, Lourdes González, muy cercana al alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava. Nos explican que, desde esa posición, hasta podría construir una candidatura a alcaldesa.

Piedra, a comparecer

A rendir cuentas llamará el Senado a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, por defender a deudores alimentarios, vía una acción de inconstitucionalidad contra reformas de Yucatán que les impide postularse como candidatos. Y ahora la bancada de Morena no la protegerá, pues es la presidenta de esa Cámara, Olga Sánchez Cordero, quien promueve la comparecencia. (El Heraldo de México, La dos, p. 2)

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Trascendió

Que los malpensados le llamarán revancha, pero los diputados federales del PRI, con respaldo de panistas, emecistas y perredistas, lograron la aprobación de un acuerdo en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para citar a comparecer al fiscal de Campeche, Renato Sales, por el “robo” de un equipo de espionaje con valor de 807 millones de pesos durante su gestión como titular de la Comisión Nacional de Seguridad en el gobierno de Enrique Peña, todo tan solo 24 horas después de que el funcionario solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Alejandro Moreno para procesarlo como presunto responsable de enriquecimiento ilícito.

Que muy “respetuoso” de la división de poderes y de las decisiones del Legislativo y la Suprema Corte, pero el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, advirtió que a partir del primero de octubre el mandatario saliente, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, deberá atenerse a enfrentar la ley como todo ciudadano, es decir, sin fuero, luego de que los ministros echaron abajo la orden de aprehensión contra el panista.

Que los gobernadores de Morena salieron en bloque a respaldar a su compañera de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y condenaron “enérgicamente” a su antecesor en el cargo, Jaime Bonilla, quien la acusara de tener pactos con el crimen e incumplirlos, lo que en su versión derivó en los ataques de la semana pasada. Otros defensores de la gobernante preguntan al senador si respalda sus dichos en el hecho de que él sí le cumplió a los malandros.

Que al que no le cayeron de sorpresa las tomas clandestinas encontradas en la calle Añil fue al alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, quien declaró que desde 2019 ya se había detectado una ¡justo en el mismo lugar! de la que fue hallada el pasado martes. ¿Y entonces? Sencillo: el morenista recordó que las investigaciones del tema las tiene que hacer la Fiscalía General de Justicia capitalina, que encabeza Ernestina Godoy, y no la demarcación. Bueno. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)

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En privado //

Salvando la cara, no a los mineros

Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil de la 4T y enviada especial del Presidente a la mina en Sabinas, Coahuila, que colapsó hace 15 días atrapando en sus entrañas a 10 trabajadores con los que ni siquiera han podido hacer contacto, le dijo en su enlace especial en la mañanera de ayer que va a pedir una segunda opinión al extranjero, pero solo para que valide que todas las determinaciones que hemos tomado son las correctas y que vamos por muy buen camino.

Esta declaración retrata cómo está manejando el gobierno esta crisis en la que tras dos semanas de no poder, siquiera, entrar en comunicación con los mineros a 60 metros de profundidad, la encargada de su rescate afirme, oronda, que vamos muy bien.

La misma enviada contó que afortunadamente tuvimos una llamada con el embajador de Alemania en México, que también (sic) es un ingeniero en minería y, al insistir que vamos por muy buen camino, anunció que una empresa de Estados Unidos se incorporará a los trabajos. Vamos a ver cuál es la opinión de ellos (sic), y añadió que Alemania nos va a dar una segunda opinión, que valide, claro, lo que ha hecho.

Traduciendo el reporte, solo preguntar, ¿por qué esperar dos semanas para buscar la asesoría de especialistas extranjeros y solo para que validen lo que ha hecho? ¿Eso es lo importante y no el rescate de las víctimas? 

Es que en los tiempos estelares la 4T sus funcionarios deben tener 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de capacidad. Aunque mueran 10 mineros. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 2)

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Sin ataduras //

México, estancado por la violencia

En tres décadas la economía mexicana permaneció casi estancada y, peor aún, aumentó la pobreza. 

En 1990, México alcanzó un PIB per cápita de 15 mil dólares, muy por encima de Polonia, Rumanía, Malasia y Turquía. Treinta años después, en 2019, esos cuatro países lograron mayores ingresos al nuestro, de 27 mil hasta 36 mil dólares, pues México obtuvo solo 20 mil dólares, de acuerdo con el Banco Mundial.

Por otro lado, el número de mexicanos en situación de pobreza pasó de 51.9 millones a 55.7 millones entre 2018 y 2020, es decir, 3.8 millones más de pobres, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Resultados nada halagadores para un gobierno cuyo principal objetivo es dar preferencia a los pobres.

Aunque la caída se debe en buena medida a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, subsiste la razón fundamental del estancamiento, vigente desde el neoliberalismo: la inseguridad.

Si la nación no puede mantener el monopolio sobre el uso de la fuerza y no hace cumplir el estado de Derecho, no puede tener una economía que funcione bien, ya sea neoliberal o socialdemócrata. 

Ningún programa social podrá ser sostenible económicamente a largo plazo si al mismo tiempo se permite la impunidad a los criminales y se tolera su poder de corrupción, pues bajan las inversiones en un ambiente inseguro.

Es indignante la creciente tendencia por la cual el crimen organizado somete a los ciudadanos indefensos ante un gobierno cobarde. Ahí está el ejemplo de la alcaldesa de Tijuana, quien pidió a los comerciantes que paguen las extorsiones de los delincuentes para evitar violentas represalias al resto de la población. En lugar de ser destituida inmediatamente por no proteger a todos los ciudadanos, ella sigue tan campante.

El gobierno se debilita y se empobrece, mientras que el crimen se fortalece y se enriquece. Como el cáncer, los cárteles de la droga avanzan territorialmente, ahora controlan el 35% según expertos, con la complicidad de políticos cuyas campañas son financiadas, mientras que diversifican sus actividades ilegales desde la trata de personas hasta las ventas de aguacate. (Agustín Gutiérrez Canet, Milenio Diario, Política, p. 10)

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Historias de reportero //

La “austeridad” y la culpa de la mina

En la región carbonífera de Coahuila saben que debido a los planes de “austeridad” del gobierno del presidente López Obrador, ha disminuido dramáticamente el número de inspectores de la Secretaría del Trabajo, encargados de supervisar las condiciones de seguridad para laborar en las minas.

Según fuentes oficiales, antes había entre 50 y 60, y se redujeron a menos de 30. Además, se recortó el gasto operativo para traslados, viáticos y material de trabajo. Menos inspectores significan menos inspecciones. Y si a eso le sumamos menos presupuesto para inspeccionar, pues todavía menos inspecciones.

Y las que hay, pues ya se imaginará: empresarios mineros de la región me confían en que la corrupción está desatada y que se cobran “moches” para simular las inspecciones, hacerlas irregularmente, hacerlas muy esporádicamente, no actualizarlas, hacerlas incompletas y fuera de tiempo… o de plano no hacerlas.

Según las mismas fuentes, a diferencia de lo que dijo el presidente de que la mina de la desgracia era ilegal y de nueva operación, se sabe que El Pinabete lleva operando varios años y tiene —al menos en el papel— varias inspecciones de la Secretaría del Trabajo. De “esas” inspecciones, uno deduciría.

Por ello la secretaria Luisa María Alcalde se escondió tan pronto se supo del derrumbe: desapareció de la escena pública, no se presentó a la mina, no se reunió con los familiares de los mineros atrapados y contestó con evasivas para tratar de sacudirse la responsabilidad de su dependencia en la trágica situación de la mina El Pinabete. Lo mismo sucede con la titular de Economía, Tatiana Clouthier. Cada vez que su jefe, el presidente, critica las condiciones de trabajo inhumanas en la mina de la emergencia, el misil impacta en su propio gobierno que ha sido omiso cuatro años.

Uno más a la lista: Manuel Bartlett Díaz, el impresentable director general de la Comisión Federal de Electricidad, quien tampoco ha dicho esta boca es mía ni ha mostrado un gramo de responsabilidad o de empatía. La CFE tiene la obligación de hacer inspecciones a las minas y pozos que le surten carbón, no así a las que son subcontratadas por empresas para “coyotearles” el producto. La mina del accidente sí tenía contrato y fue inspeccionada en el pasado mes de abril. La CFE aprobó su operación y su capacidad de surtir. ¿Por qué tan calladito Bartlett?

Además, hay sospechas de que la Comisión Nacional del Agua también tendría algún tipo de responsabilidad, pues al interior del grupo que coordina las labores de rescate ha trascendido información en el sentido de que la Conagua habría autorizado que el municipio de Sabinas y la Villa de Agujita (donde está la mina) descarguen aguas negras y drenaje en minas antiguas que están cerradas, pero que se encuentran a muy poca distancia de El Pinabete, y que pudieron haber ablandado las paredes de las minas facilitando que se rompieran.

Frente a todo esto, el presidente despliega otra vez su ya conocido teatro de impunidad: en vez de investigar y deslindar responsabilidades en su propio gabinete, acusa un complot de “los conservadores”. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 5)

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Serpientes y escaleras //

Cabeza de Vaca le gana el primer round a la Federación

Ni la Fiscalía General de la República, ni el gobierno federal, ni la Cámara de Diputados, con sus ejércitos de abogados y todo su aparato legal, pudieron contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del voto de los 5 ministros de su Primera Sala, anuló la orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca y, sin descalificar el proceso de desafuero de la Cámara de Diputados federal, le dio la razón legal y constitucional al Congreso del estado de Tamaulipas, al considerar que el mandatario mantiene el fuero constitucional y nunca lo perdió aún con los fallos y acciones federales que ignoraron las facultades del Poder Legislativo local.

Con esta decisión de la Corte, el gobernador panista se anotó una primera victoria en su diferendo legal con la Federación y le propina un duro revés a los tres Poderes de la Unión: primero al gobierno de López Obrador, que lo investigó y acusó a través de la Unidad de Inteligencia Financiera; luego al fiscal Alejandro Gertz Manero, que le imputó delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada; por supuesto el golpe de Cabeza también fue para la Cámara de Diputados que lo desaforó y declaró la procedencia de las acusaciones en su contra; y finalmente hasta el mismo Poder Judicial Federal salió raspado, porque la Corte anuló y desautorizó la orden de aprehensión emitida por el juez federal Iván Zeferino Hernández.

Tras el fallo de los ministros de la Primera Sala, que validaron la sentencia de su compañero el ministro Juan Luis González Alcántara, Francisco García Cabeza de Vaca no podrá ser detenido mientras permanezca en el cargo de gobernador, que concluye en octubre próximo, y aun una vez que deje la gubernatura de Tamaulipas, no tendrá ninguna acusación penal, a menos que la Fiscalía General de la República formule nuevas acusaciones e imputaciones en su contra, las cuales tendrán que ser nuevamente sometidas ante un juez federal para determinar su procedencia.

Sabedor de que el de ayer es un triunfo jurídico, pero también político para él, Cabeza de Vaca emitió ayer un video que publicó en sus redes sociales, en donde se ufanó que después de más de un año de litigios y controversias constitucionales, la Suprema Corte “ha dejado claro que siempre tuve la razón y que en todo momento actuamos con estricto apego a la verdad”. Parado frente al escudo del estado de Tamaulipas y con las banderas de México y de su entidad a los lados, el gobernador panista afirmó: “La Corte revierte la burda persecución política en mi contra y de mi familia, así como reafirma que la soberanía de Tamaulipas no puede ser violentada por una mayoría legislativa facciosa en la Cámara de Diputados”.

Cabeza sabe bien que el triunfo de ayer puede ser momentáneo y que, eventualmente, la FGR y el gobierno de López Obrador podrían volver a acusarlo y a perseguirlo penalmente, pero ayer el mandatario panista que se enfrentó al embate del aparato federal y que no ha podido ser sometido ni doblegado por el poder presidencial, aprovechó su momento y arremetió parejo lo mismo contra el gobierno federal, al señalar que “las denuncias presentadas en mi contra fueron fabricadas y estaban sustentadas en mentiras”, que contra la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, a la que acusó de aprobar el desafuero en su contra “para sacar tajada política en los procesos electorales de 2021 y 202”, y ya encarrerado, arremetió contra el Juez de Control que “se dejó intimidar y actuó por consigna, a pesar de la falta de elementos, de las inconsistencias del proceso y, sobre todo, de la evidencia aportada que desmentía cada una de las acusaciones”.

El fallo de ayer deja muy mal parados a los tres poderes federales y, salvo la Corte que por primera vez en su historia sanciona a otro órgano interno del Poder Judicial Federal, al anular la orden de aprehensión de un juez federal de control, el Ejecutivo y el Legislativo se ven, como pocas veces en la historia del federalismo de este país, vencidos por los poderes de una entidad federativa, concretamente por un gobernador estatal y su Congreso que ayer, aunque sea momentáneamente y por los próximos dos meses, sometieron al poder central, algo pocas veces visto en un país presidencialista y centralista en el que históricamente son los presidentes los que sometían a los estados y a sus gobernadores.

Tal vez sea una victoria momentánea y, ante el silencio que hasta anoche mantenía la Fiscalía General de la República, habrá que esperar para saber si habrá o no nuevas acusaciones en contra de García Cabeza de Vaca. Por lo pronto, es un hecho que el panista no sólo tiene oxígeno político de aquí al 1 de octubre de 2022, cuando termina su encargo y entrega el poder al morenista Américo Villarreal. Pero, además, si para ese día no hay nuevas acusaciones sustentadas y presentadas ante un juez, Cabeza de Vaca podría salir del país libremente y utilizar su ciudadanía estadounidense, porque tiene la doble nacionalidad, para trasladarse a territorio de la Unión Americana, lo que complicaría cualquier intento de acusarlo penalmente de nueva cuenta.

Y si a eso se le suma que el gobernador panista tiene en la mira a Morena y a varios políticos locales que recibieron financiamiento con dinero ilegal del empresario asesinado Sergio Carmona, empezando por varios alcaldes tamaulipecos y continuando con el gobernador electo Américo Villarreal, contra quienes hay investigaciones y carpetas judiciales abiertas en la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas —por no hablar de los expedientes que tienen en su poder agencias estadounidenses como el FBI y el ICE sobre los morenistas y el financiamiento con dinero sucio de Carmona—, entonces habría que pensar que la victoria de ayer de Cabeza podría no ser tan pírrica y que la derrota de la Presidencia y de la FGR podría no ser tan mínima. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 8)

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Contracorriente //

¿Defensores de la militarización darán la cara a las próximas generaciones?

Encuentro sorprendentes perfiles entre los defensores de militarizar la seguridad pública hasta el grado de que el mando de la Guardia Nacional quede a cargo de la Sedena y que su presencia no tenga fecha de retorno a los cuarteles. No dedicaré tiempo a los perfiles que sexenio tras sexenio han empujado la falacia de que la militarización es inevitable aun frente a los datos de su fracaso. Pero sí considero útil visibilizar los raquíticos argumentos de algunos que antes daban la batalla por estrategias de paz a cargo de civiles y que ahora se envuelven en la bandera militar, aunque en el movimiento tropiecen o se enreden estrepitosamente sin mostrar vergüenza alguna. 

Algunos de los que forman parte de los equipos de gobierno, otros simpatizantes de Morena y “analistas” del oficialismo consideran que, ahora que el presidente López Obrador es el jefe supremo de las fuerzas armadas, a diferencia de Calderón o Peña, sabrá liderearlas para que reduzcan la violencia y demuestre su estrategia de pacificación del país. Han tenido tres años para percatarse de que el liderazgo del presidente en materia de seguridad no ha dado un solo resultado positivo, al igual que sus predecesores.

Si se requieren un par de datos que resulten contundentes para los voluntarios ilusos, están los meses más violentos de la historia del país. Infobae registró más de mil asesinatos en el mes de abril y julio de este año en México. Los eventos de luchas entre cárteles en territorios en los que la Guardia Nacional había decidido no intervenir, no son la justificación para reforzar su perfil militar, sino una evidencia aterradora de la ausencia de estrategia y procuración de justicia por parte del gobierno. 

Las vidas que se pierden en el primer caso o en el segundo, son presentadas con falsas cifras y minimizadas en el discurso presidencial. Pero en cambio, derrocha elogios y recursos para las fuerzas militares pero que carece de empatía y acciones inteligentes que desde su gobierno garanticen la vida y la integridad de las y los ciudadanos sin violar los derechos humanos.

Los parsimoniosos que no pagan con dolor propio estas decisiones hablan de daños colaterales. La estrategia de guerra tiene un costo y los oficialistas que defienden la militarización al mando de López Obrador y la Sedena ven la pérdida de la vida humana como un daño colateral.  

López Obrador se alejó demagógicamente del discurso de guerra de Felipe Calderón, pero igual que él y que Peña Nieto, llevado incluso a un extremo que parece irreversible, ha mantenido al país en guerra y los ciudadanos somos los rehenes tanto del crimen organizado como de su inoperante estrategia.  

Otros advierten que “la urgencia” de respuesta ante los actos de violencia extrema de la semana pasada en el Bajío, justifica el hecho de que se recurra a las fuerzas armadas, pese a que su presencia no haya inhibido estos actos criminales exterminadores de vida y de paz.

¿No han notado que al militarizar la seguridad inducen la presencia de ejércitos de los Carteles del Crimen Organizado? No hay que olvidar que el Estado ya no tiene el monopolio de la violencia, se disputa el control territorial con el Crimen Organizado. 

No solo se pierden las vidas que aniquila el crimen en la impunidad de un territorio cada vez más dominado por ellos, sino que los datos muestran vidas perdidas y derechos violentados a manos de las fuerzas armadas. Datos de Causa en Común de diciembre de 2018 a abril de 2022, muestran que la Sedena, la Semar y la GN acumulaban 2,510 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH. Además, el 7 de marzo de 2022, la CNDH emitió la primera recomendación a la GN por “violaciones graves” a los derechos humanos, al acreditar que la institución “utilizó de manera ilegal la fuerza letal y mintió en sus informes iniciales sobre el caso”.

El Presidente desea ampliar la agonía, en vez de apostar por la construcción de un cuerpo nacional civil y entrenado para la procuración de justicia y no para la guerra. Si se respeta la Constitución, faltan 586 días para que las fuerzas armadas dejen de hacer labores de seguridad pública y regresen a sus cuarteles: urge profesionalizar las policías y estructurar un plan de retiro progresivo de militares y marinos.

De no suceder así, nos queda la digna tarea de ir llevando una lista de los defensores de esta estrategia de militarización y guerra fallida que nos ha dejado como legado miles de vidas perdidas. ¿Serán esos impulsores de guerra capaces de decirles a las siguientes generaciones que no había de otra?

Que queden suficientes testimonios de que renunciaron a la posibilidad sin siquiera imaginarla(Maité Azuela, El Universal, Opinión, p. 16)

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Arsenal //

Importamadrismo manifiesto

Nunca como ahora los actores políticos en el poder han hecho caso omiso de las leyes electorales, sin importarles un comino las consecuencias. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, reporta que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE tiene más trabajo que nunca. Ha emitido una cantidad inédita de medidas cautelares por violaciones a los ordenamientos electorales. El 90 o 95% ha sido validado por el Tribunal Electoral, asegura.

Las evidencias están por todos lados. El país está tapizado de propaganda electoral de las corcholatas de Morena que aspiran a la candidatura presidencial. ¿Quién las paga? ¿De dónde sale la lana? Desde Palacio Nacional les dieron luz verde para realizar actos anticipados de campaña que justifican bajo cualquier pretexto.

Ante este importamadrismo manifiesto, Lorenzo Córdova volvió a advertir que el INE aplicará la ley mientras la ley sea la que es y las prohibiciones sean las que son. “El orden constitucional es mucho más potente que los actores políticos que tienen poco apego democrático por las reglas”, advirtió. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)

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Razones //

En sentido contrario a la realidad

La posición del gobierno federal sobre los muy graves disturbios de la semana pasada en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Michoacán, incluyendo la desafortunadísima intervención de ayer de Liz Vilchis, recuerda un viejo chiste: aquel en que un conductor escucha en la radio, mientras conduce a toda velocidad por el Periférico, que un automóvil transita en sentido contrario por esa vialidad y el conductor exclama: uno no, son miles.

Que medios y periodistas de distintas posiciones y concepciones observen lo mismo no le hace revisar al gobierno sus ideas preconcebidas: los lleva a inventar una conspiración. La sola idea de calificar como “propaganda” de los grupos criminales lo sucedido: decenas de negocios, tráileres, automóviles quemados, muertos, heridos, pánico social, el negar enfáticamente una acción concertada que su propia información confirma, es tan desconcertante como decepcionante.

La explicación que muchos dan a esta respuesta tan alejada de la realidad, responsabilizando a los medios de crear un clima de terror que en realidad crean los criminales abusando de la impunidad con que muchas veces actúan, es que mientras el Presidente conserve sus niveles de popularidad no aceptará una crítica en ningún tema y que no se moverá de sus posiciones, aunque la realidad indique la exigencia de hacerlo. Puede ser, pero la popularidad presidencial, como muchas cosas en la política, es una entelequia, sobre todo cuando se la confronta con la propia opinión de la gente sobre la seguridad. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 8)

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Juegos de poder //

Los números de Claudia

Claudia Sheinbaum, aunque es la favorita de López Obrador para ser candidata presidencial de Morena, está lejos de ser López Obrador. No tiene ni el carisma ni la capacidad de conectar con la gente que sí tiene el Presidente. Estoy seguro que sería una mejor gobernante del país que López Obrador (no está muy difícil que digamos). Pero también creo que no sería una buena candidata que sume muchos más de los 15 millones de votos duros del lopezobradorismo.

Sheinbaum necesita encontrar un estilo de campaña propio. No puede, como ha hecho, imitar a López Obrador porque no le sale. El resultado es patético. Y es que los políticos no son actores que, así como así, pueden interpretar a otro personaje.

Con todo y el apoyo que ha recibido del Presidente, los números de Claudia no son muy buenos que digamos. 

En este momento, lo importante para los posibles candidatos presidenciales es darse a conocer en el electorado: el famoso “reconocimiento de nombre”. Sheinbaum, por razones naturales, es muy reconocida en la Ciudad de México, al ser la jefa de Gobierno, pero no en otros estados. En las encuestas de vivienda (que son la buenas) realizadas durante el primer semestre del año pasado, alrededor de la mitad de los votantes desconocía quién era Claudia. Arriba de ella se encontraban personajes como Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Marcelo Ebrard y Luis Donaldo Colosio Riojas.

De ahí la urgencia de la jefa de Gobierno de salir de la capital para que la gente la conozca. Es lo que lleva haciendo estos meses. Aprovechó las elecciones de junio de este año para apersonarse en los seis estados donde hubo competencia. Vamos a ver, en la siguiente ronda de encuestas de vivienda, si sirvió para que incrementara su reconocimiento de nombre. (Leo Zuckermann, Excélsior, Nacional, p. 9)

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Estrictamente personal //

Salgamos de la trampa

El debate político sobre la militarización del país nos ha puesto en el terreno de la confusión y la manipulación, originada, se puede argumentar, por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su maquinaria de propaganda que ha sido, por lo que se aprecia demoscópicamente, muy eficiente en transmitir mensajes maniqueos. La mentira como método para construir el consenso de gobierno y permitirle al Presidente seguir transfiriendo su responsabilidad en materia de seguridad a terceros. La fotografía más fresca del fenómeno nos la regaló ayer EL FINANCIERO, con una encuesta sobre la militarización de la seguridad pública.

La pregunta clave es si se estaba a favor o no de que la seguridad pública quede en manos de los militares, en el contexto de la polémica adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El 46% dijo que sí, y 46% dijo que no. ¿Está partido el país? Quizá conceptualmente, porque si bien 40% (seis puntos más que el mes pasado) preferiría un mando civil al frente de la Guardia Nacional, 53% (un punto menos que el periodo anterior) quiere un mando militar.

La Guardia Nacional es civil en la ley, pero militar en los hechos desde su creación. La encabezan generales que responden a las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional, no de la Secretaría de Seguridad Pública, donde formalmente está integrada. La gran mayoría de sus elementos son soldados. La doctrina es militar. La capacitación también. Lo que aún no tiene es que en Lomas de Sotelo tengan la atribución para ejercer plenamente la disciplina castrense y, algo que ni siquiera es parte de la discusión, que respondan al fuero militar.

No obstante que esto ha sido tema de debate público, se ha mantenido como una discusión entre las élites, donde el Presidente está dispuesto a no dar cuartel. El anuncio de esta semana de que prepara extender las reuniones del gabinete de seguridad y las mañaneras al sábado, no está inspirado en la necesidad de atender los temas de la inseguridad. De hecho, si piensa uno algunos segundos sobre cuál ha sido el resultado de tener diariamente una reunión del gabinete de seguridad contra el número de homicidios dolosos, la conclusión fácil es que ha sido un fracaso. Tres años de este sexenio pertenecen al grupo de los cuatro más violentos en la historia moderna de México.

Las reuniones de ese gabinete y las mañaneras no cumplen el propósito promocionado, pero le dan combustible al discurso presidencial. Extenderlas al sábado, como él mismo lo explicó, es para evitar que sus opositores y sus críticos tengan el fin de semana libre para criticar al Presidente y sus acciones (o inacciones). No es la seguridad lo importante, sino la narrativa, que requiere para evitar que el consenso para gobernar, que construye todos los días, sea horadado, como aparentemente es lo que está sucediendo y explica el porqué quiere ocupar nuevos espacios el fin de semana.

El Presidente necesita mantener su estrategia contenciosa, que es la forma como siempre ha buscado fortalecerse a costa de debilitar a sus adversarios. Lector cuidadoso de las encuestas, la de EL FINANCIERO debe haberle reforzado su obcecación para que se reforme la Constitución a fin de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, al ver la oportunidad de victoria frente a una opinión pública que mayoritariamente no ve segundos planos.

Cuando se creó este nuevo cuerpo para que remplazara a la Policía Federal, quedó plasmado que iba a tener un carácter civil. Así lo aprobó Morena en las cámaras y así firmó la ley el Presidente. ¿Por qué cambió de opinión en tres años? López Obrador no lo ha explicado –y debería–, pero ha dicho que no quiere que el próximo gobierno la desaparezca, como él hizo con la Policía Federal. Es un trasfondo político, no la búsqueda de la mejor política pública.

Con la retórica política, López Obrador ha venido planteando a la gente, con otras palabras, un dilema shakespeariano: o entran totalmente los militares a la seguridad pública, mediante la adscripción de la Guardia Nacional, o el infierno. La sociedad no termina de procesar que no va a cambiar nada si la Guardia Nacional se vuelve en una rama del Ejército o no, por la sencilla razón, como se ha explicado en este espacio, que la instrucción del Presidente es la de no combatir a criminales. La Guardia Nacional tiene como principal propósito el despliegue territorial –cuatro veces más que el que tenía la extinta Policía Federal–, cuyo objetivo es inhibir, lo que ha logrado marginalmente, porque al tener órdenes de no confrontar, lo que subyace es la impunidad.

Hemos estado demasiado tiempo inmersos en una discusión estéril, porque no conduce a reducir la violencia, y en una polarización donde lo importante no es la gente, sino el pleito electoral. Esto no va a modificarse hasta que cambien los términos de la discusión con un nuevo marco de referencia, lo que se puede concretar si la Suprema Corte de Justicia resuelve sobre tres controversias constitucionales.

Las controversias fueron promovidas en 2020 por el gobierno de Michoacán, el municipio de Colima y la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, en contra del acuerdo presidencial que permite a las Fuerzas Armadas realizar labores de seguridad de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” hasta el 27 de marzo de 2024. Dos años en el limbo esa controversia, en el contexto actual, es inaceptable.

La Primera Sala presentó en su momento un proyecto donde se reconocía la validez del acuerdo, pero determinó remitir el tema al pleno por su trascendencia. El asunto lo tiene la ministra Margarita Ríos Farjat, y es probable que presente el próximo lunes su proyecto de resolución al pleno. En la discusión y fallo de la Corte está la solución al debate político sin sentido que tenemos. La Corte no puede fallarle a la nación, aunque se enoje el Presidente. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 36)

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Los exagerados

Toda cuestión tiene dos puntos de vista: el equivocado y el nuestro. Marcos Mundstock

La vida pública en México transcurre entre dos lecturas de los sucesos cotidianos. Para el inquilino de Palacio Nacional todo va bien. El prometido “cambio de régimen” es un hecho. Sus ideas son certeras e inéditas, van viento en popa. Los cambios son evidentes. La población los percibe y goza. Los homicidios dolosos disminuyen, la personas disfrutan las calles, pueden salir en las noches sin miedo y, por supuesto, ya no hay masacres. La consigna de “primero los pobres” es una realidad que permea los domicilios de las clases subalternas.

Las mujeres se sienten seguras, las violencias que antes padecían bajo los dictados del neoliberalismo no existen más. Los refugios para ellas ya no son necesarios y desaparecieron justamente porque el machismo y el patriarcado fueron barridos por la vigorosa y sensible 4T.

Las medicinas y, sobre todo, la de los infantes con algún tipo de cáncer se repartieron con asombrosa eficiencia. Los migrantes son recibidos con calidez y se les han proporcionado todas las garantías para que su estancia en México sea respetuosa de sus derechos humanos. Las pequeñas y medianas empresas han sido apoyadas en todo momento, especialmente en la pandemia. La pobreza y la desigualdad social disminuyeron por el impacto de las eficaces políticas sociales.

Las conferencias mañaneras son bocanadas de aire fresco que orientan a la población y la educan, no se ataca a nadie ni mucho se calumnia a las voces críticas. Los periodistas que asisten a dichas ceremonias son personas profesionales que no reciben ninguna consigna.

Las corcholatas presidenciales son respetuosas de las leyes y no usan recursos públicos para promocionarse. La Guardia Nacional no está militarizada y ahora que será absorbida, vía un “acuerdo” por la SEDENA, no violará la Constitución ni los derechos humanos. Los ataques de corte terrorista que se presentaron el pasado fin de semana, en algunos estados de la república, fueron producto de una conspiración entre el débil narcotráfico y las fuerzas conservadoras aliadas. Todo lo difundido fue una “exageración” de “los medios controlados por los enemigos de la transformación” para afectar al gobierno federal, especialmente al presidente, quien sufre ataques infundados.

Las opiniones contrarias de los hechos aquí descritos son de las fuerzas conservadoras y corruptas que quieren “conservar sus privilegios”. Una aclaración: el tecleador, autor de estas líneas, únicamente describió datos verificables, no es conservador y no busca privilegios, por la sencilla razón que nunca los ha tenido. No somos exagerados. Simplemente el presidente vive en su mundo imaginario, a costa de las mayorías. (Pedro Peñalosa, El Sol de México, Análisis, p. 14)

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Jaque mate // Los consultorios

Aurora, una mujer de 70 años que trabaja limpiando casas ajenas, sufrió hace unos días una caída que le causó una fractura, la cual se atendió en el Hospital General Xoco del gobierno de la Ciudad de México. Le quedó, sin embargo, un dolor en la espalda y para tratárselo acudió a su clínica del IMSS. El empleado administrativo que la recibió le recomendó que no se quedara: “Va a tener que esperar varias horas y solo le van a recetar un antihistamínico”. Prefirió ir a una farmacia privada, donde le prescribieron y le vendieron a un precio bajo el medicamento que necesitaba.

No es un caso excepcional. Quienquiera que hoy acude a las instituciones públicas de salud sabe que si ingresa por urgencias habrá una prolongada demora para atenderlo, mientras que las citas médicas, particularmente con especialistas, se dan con semanas o meses de anticipación. Este ha sido siempre un problema, pero la situación se ha agravado dramáticamente en la Cuarta Transformación.

El presidente López Obrador prometió exactamente lo contrario. El 16 de enero de 2020 declaró: “El 1o. de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, atención médica, medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo… como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en Reino Unido”.

Pero no, en agosto de 2022 seguimos estando muy lejos de tener un sistema de salud como el de Dinamarca, Canadá o el Reino Unido. A pesar de los esfuerzos titánicos de médicos, enfermeros y empleados de clínicas y hospitales, el servicio público no solo es deficiente, sino que se deteriora cada vez más.

Una de las consecuencias de esta caída ha sido la proliferación de consultorios adyacentes a las farmacias. En la mañanera del 16 de agosto, sin embargo, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell declaró que son “un gran engaño. ¿En qué sentido? Los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia. Quizá resuelven una pequeña gripe, un dolor de cabeza, una diarrea, un problema de salud de muy corta duración que afecta a población principalmente sana, pero alguien que tiene diabetes o hipertensión o una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardiaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner en peligro su salud y su vida…”. Añadió, “lo deseable es que no existan”.

López-Gatell atacó también por razones ideológicas a los funcionarios del pasado y en especial al exsecretario de Salud Guillermo Soberón, quien también fue rector de la UNAM, por supuestamente haber iniciado “un proceso de desmantelamiento de lo público para sustituirlo por lo privado”, como hacían Augusto Pinochet y otros gobernantes de derecha. “¿Por qué razón? La salud es una empresa muy lucrativa en el mundo”.

Lo alucinante de estas acusaciones es que el doctor Soberón y sus sucesores construyeron con enormes esfuerzos un sistema de salud pública razonablemente eficaz, pese a los escasos recursos con los que contaban, mientras que López-Gatell se ha dedicado a destruirlo. Una de las razones más importantes de la expansión de los consultorios de farmacias es el deterioro de las instituciones de salud pública en la Cuarta Transformación. López-Gatell ha sido el gran privatizador de la salud en nuestro país.

  • MOMENTO OSCURO

Ante el colapso de la salud pública, los consultorios de las farmacias han salido al quite mejor de lo que nadie pudo imaginar. Han demostrado una gran capacidad de atención en el momento más oscuro de la salud pública en México. La flexibilidad de los mercados se hace más evidente cuando las burocracias se vuelven más ineficientes. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 8)

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Confidencial/El Financiero

Polémica en el Congreso

Duro se fueron ayer los jefes de las bancadas de Va por México en San Lázaro en contra del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Luego de que diputadas del PAN lo bautizaron como el Gutierritos, el priista Rubén Moreira y el perredista Luis Espinosa lo llamaron “matraquero”, por el especial recibimiento que el morenista dio al fiscal de Campeche, Renato Sales, cuando acudió a solicitar el desafuero de Alito Moreno.

Sanción por balconeo

Se la pasó meses estirando la liga de críticas contra el conductor Carlos Loret de Mola, luego de que difundió la investigación de la casa gris, pero no sólo eso, sino que se lanzó, pese a que el propio Inai le advirtió que no podía, a revelar datos personales del periodista. Ayer vino la sanción, pues el organismo autónomo ordenó al Órgano Interno de Control emitir la sanción que corresponda. Aunque no podemos esperar gran cosa del OIC, pues la Secretaría de la Función Pública es un fantasma.

Su labor es protegerlas… y revictimiza a las mujeres

A la que le urgen unos cursos de perspectiva de género es nada menos que… a la coordinadora del Centro Integral de Justicia para Mujeres de Veracruz, Irma Hernández San Gabriel. Resulta que, en una charla sobre el “empoderamiento de las mujeres violentadas”, las culpó y revictimizó. “(…) Muchas mujeres, vaya, siento que a veces disfrutan esos golpes cuando aman”, expresó. Lo más lamentable es que lo dice la funcionaria de un estado que contabiliza 43 feminicidios durante el primer semestre y es la cuarta entidad con mayor cantidad de casos.

Leña al fuego

Ahora no fue Eugenio Derbez ni Rubén Albarrán, de Café Tacuba… Ahora fue la némesis del presidente López Obrador quien salió con todo a criticar el Tren Maya. Sí, Felipe Calderón, la encarnación de lo que el mandatario llama “los conservadores”, posteó un video en Twitter donde se ven las obras: “El proyecto totalmente desquiciado para destruir la selva, a pesar de órdenes judiciales en contra. Debe documentarse esta locura, para que quede registro en la historia de México y de la humanidad”. Y el expanista rubricó su mensaje con el hashtag #SélvamedelTren. Hoy seguro AMLO dirá: ‘¿Ya ven? Se los dije, detrás de los pseudoecologistas está la mano de nuestros adversarios’.

Rosario Piedra, de nuevo en polémica

No todo es división y polarización en política. Ayer, mujeres morenistas, panistas, perredistas y priistas protestaron juntas contra la CNDH –que aún encabeza doña Rosario Piedra– en el Senado. La comisión “nos ha ofendido al promover una acción de inconstitucionalidad contra reformas de Yucatán, y todo para proteger a deudores alimentarios morosos, dizque porque sufren discriminación al no poder ser candidatos”, se quejó la perredista Angélica de la Peña. Y justificó: “Primero es el interés superior de la niñez y luego también primero la niñez”.

En defensa de Lety

En su tercer día hacia la transición para tomar las riendas de la SEP, Leticia Ramírez, quien fue bañada con elogios presidenciales en la mañanera, tras las críticas recibidas –incluso en Canal Once–, se placeó por Brasil 31 y hasta tuvo una charla con trabajadores. Claro, después de haber acudido a Palacio Nacional, pues todavía no deja la dirección de Atención Ciudadana.

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Se busca secretario de Gobernación

Salvador Camarena

El Financiero, 

El exgobernador Jaime Bonilla desliza desde la tribuna de la Cámara alta críticas en contra de la gestión de su sucesora, Marina del Pilar Ávila. Ese enfrentamiento entre morenistas marca el debut legislativo del primero, que recién regresa –por la puerta de atrás– al Senado, y un escalamiento de la pugna entre esos bajacalifornianos. ¿Qué harán en el Palacio de Cobián para evitar que esa pelea se desborde?

La Cámara de Diputados anuncia que van por Alejandro Moreno, Alito. Quieren el pellejo del líder nacional priista para entregárselo a Layda Sansores. Esa pelea puede paralizar el Congreso y enervar al PRI. ¿Le preocupa a Bucareli el impacto de ese desafuero en la gobernabilidad?

¿De verdad la Secretaría de Gobernación está confiada en que los eventos de la semana anterior en cuatro estados fueron meros actos de propaganda magnificados por la prensa?

El gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no ha iniciado la transición en ese estado. Se han perdido dos meses y medio prácticamente de oportunidad para que Américo Villarreal y su equipo se enteren de primera mano de la realidad de tan importante estado. ¿Tan increíble, como irresponsable, acto de falta de institucionalidad no le quita el sueño a la secretaría responsable de la política interna?

El nombramiento de la nueva secretaria de Educación Pública podría ser resentido en el SNTE o, incluso, activar a la Coordinadora. ¿Está en el radar del despacho de la colonia Juárez la eventualidad de turbulencias por parte del magisterio?

Pleitos entre morenistas, el mayor choque entre la oposición y el oficialismo por el desafuero de Alito y las pesquisas contra el llamado ‘cártel inmobiliario’, entidades sin diálogo democrático entre perdedores y ganadores, grupos criminales inaugurando maneras de demostrar su poderío y atemorizar, nombramientos que podrían activar movilizaciones sindicales… y eso sin hablar de posibles impactos sociales por los eventuales aranceles que Estados Unidos podría imponer, ya que es remota la posibilidad de que AMLO dé marcha atrás a sus incumplimientos en el TMEC.

Contaban que en tiempos de Felipe Calderón cada cosa que desde Bucareli se intentaba negociar con el gobierno del Estado de México se atoraba. El entonces mandatario del Edomex se hacía el remolón para colaborar con la Secretaría de Gobernación: EPN creía que si concedía lo que le solicitaban haría crecer las posibilidades presidenciales del titular de Bucareli.

Algo parecido podría pasarle a Adán Augusto. Al ser corcholata, algunos le regatearán su disposición a colaborar, o al menos querrán encarecer las negociaciones con Bucareli. E incluso dentro del movimiento lopezobradorista habrá quien tenga incentivos para desear que tropiece en sus gestiones.

Una semana antes de cumplir un año en el cargo, el encargo de López Hernández luce más abultado y complejo.

El ambiente se ha enrarecido en parte por la decisión, evidente, de López Obrador de ir a fondo en la defenestración de Alito, al que le cobran no haber aprobado la reforma eléctrica, y a cuyo partido buscan desfondar. Pero no es el único tema que polarizará aún más a la opinión pública.

La militarización de la Guardia Nacional, la administración partidista de la justicia y de la lucha en contra de la corrupción, el desdén por la ley en el Tren Maya, el socavamiento presupuestal, la violencia, la irritación por la negligencia gubernamental en la mina de carbón de Sabinas, la renovación en el INE… Eso y lo que surja tendrá que ser atajado en Gobernación.

Si Adán Augusto sale bien librado de las crisis, quizá sea elevado a candidato presidencial. Si no, el proyecto lopezobradorista encallará. Suerte, secretario.

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SOS ayuda internacional a los mineros

Fred Alvarez Palafox

La Silla Rota, 18 de agosto de 2022

No hay avances con el rescate de los mineros, la situación en la mina de carbón Pinabete está peor que al principio. | Fred Álvarez

A más de 300 horas -13 días- que diez mineros quedaran atrapados en la mina de carbón Pinabete que se encuentra en la comunidad de Las Conchas, en el paraje de Agujita, la señora Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que buscarán ayuda con empresas de Alemania y otra de EU con el fin de que aporten ideas para lograr el rescate.

En su ya tradicional mensaje mañanero del pasado martes, reconoció que las cosas se pusieron peor debido a las lluvias, ya que los niveles de agua registrados en la mina ascendieron hasta 41 metros, superando los 34 reportados aquel miércoles negro que los mineros quedaron atrapados. Esto hizo que las autoridades modifiquen la estrategia para el rescate.

¿Qué ha dicho la señora Velázquez Alzúa?

Dos semanas después sigue presumiendo a todo el país y al mundo que son un gran equipo, que han desplegado cientos de elementos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Protección Civil y otros, también que tienen grandes bombas para sacar agua, que trabajan las 24 horas sin descansar y que ¡van muy bien!

«Vamos por buen camino, señor presidente. El día de hoy la empresa de Estados Unidos se incorporará a los trabajos, vamos a ver cuál es la opinión de ellos.

Con quien tuvimos la plática de ayer fue con Alemania, y vamos a compartir información para que nos den una segunda opinión.», precisa.

Concluyó su mensaje con un «Seguimos trabajando, señor presidente, de una manera muy coordinada, de una manera ordenada y además muy cercanos a los familiares de nuestros mineros. Sabemos que para ellos son momentos difíciles, así es que estoy platicando con ellos por lo menos dos veces al día, informamos de nuestras acciones, platicamos con ellos, se les está dando una atención digna, como merecen, y además de mucho cariño».

Por cierto, nadie la pregunta nada, ni el mismo presidente. 

¿Para qué?

Muy bien todo eso, pero lo real es que no hay resultados y la esperanza es muy poca

Hay incompetencia evidente

No hay avances, la situación en la mina está peor que al principio, y eso ha llevado a la desesperanza e incertidumbre de los familiares de los mineros atrapados. Lo que quieren es que se los entreguen, vivos o muertos, pero que no los dejen sepultados.

Temen incluso que eso suceda.

Casi resignados a no volver a verlos con vida, los familiares reprochan la falta de resultados en las labores de rescate. Agradecen la colaboración internacional de Alemania y EU para hacer más eficiente el proceso de rescate, pero advierten que se trata de una medida que llega tarde. Recuerdan que desde un principio pidieron la intervención de expertos extranjeros para que ayudaran en el diseño e instrumentación del operativo, y no les hicieron caso.

“Si eso lo hubieran tomado en cuenta desde un principio, aceptar las opiniones de otras partes, a lo mejor ya no estuviéramos aquí. Yo no sé si ya está autorizado o apenas lo están planeando. No sé si ya sea algo concreto que están pidiendo esa ayuda”, comentó Magdalena Montelongo, cuyo hermano Jaime es uno de los diez trabajadores, lamenta que se haya perdido tiempo antes de aceptar el apoyo extranjero.

Se sienten engañados, les generaron falsas expectativas… «nos vemos igual o peor que cuando estábamos al principio», comentan.

Cuestionan qué los «especialistas» del gobierno dejaron pasar tiempo.

En tanto, el C. presidente evita cargar con los costos de la tragedia y desde ya les echa la culpa a los gobiernos anteriores.

Hubo repetición

Dalila Escobar, reportera de Proceso, le pregunta en la mañanera al presidente: «Parte de lo que mencionan organizaciones de activistas que han acompañado también a las viudas de Pasta de Conchos es que hace un año incluso le solicitaron, cuando pasó lo de Múzquiz -recordemos que también sucedió hace un año una situación similar donde quedaron siete personas atrapadas y rescataron los cuerpos- es que hubiera estas medidas de no repetición. Un año después se repite esta situación.

«Preguntarle de estas medidas de no repetición. ¿Qué fue lo que falló? Porque al final de cuentas lo que menciona, por ejemplo, la organización Familia Pasta de Conchos es que se repitió este hecho y que este riesgo está latente en esta región. ¿Qué es lo que usted considera que no se aplicó?”

Y también -señala la brava reportera-, “parte de estas medidas de no repetición, piden que la CFE, que es la principal contratista para este tipo de concesiones que se dan para extraer carbón, se haga responsable de las condiciones en las que trabajan estos mineros en esta zona de Coahuila».

La respuesta del presidente es que la FGR está haciendo la investigación. Y recordó que esa mina fue concesionada por (Vicente) Fox. Dijo que no se debió entregar la concesión, porque -pregunta- ¿cómo se entrega una concesión junto a una mina cancelada, inundada, con una superficie enorme?

Y le dice a Dalila como consejo: «Y no olvidemos, porque a lo mejor sirve esto para Proceso, no hay texto sin contexto»,

«¿Qué pasó con Pasta de Conchos? Sesenta y cinco mineros enterrados durante el gobierno de Fox, los dejaron ahí. Cuánto tiempo estuvieron los familiares luchando. Pasó el gobierno de Calderón, el de Peña. Nosotros hicimos el compromiso, estamos cumpliendo, se está trabajando para entregar los cuerpos a los familiares, y se les atendió con indemnización y se está cumpliendo con ellos, no somos iguales».

Y nos recordó que en 2023 hay elecciones en la entidad y ya hay quienes «sacan raja política» de la tragedia. Pero declinó hablar de la posible responsabilidad de la CFE en el accidente, principal comprador de carbón en Coahuila.

Eso sí, aseguró que “ya andan zopiloteando” y traficando con el dolor de los familiares. Indicó y acusó la falta de escrúpulos morales, “ellos son parte del régimen de corrupción que lleva a estas desgracias y todavía de manera oportunista trafican con el dolor de la gente, sacan raja política. Fue lo que hicieron cuando el incendio de la guardería ABC, y apoyados por los medios culparon a quienes les convenía para imponer un gobernador».

Dijo más cosas.

En tanto, los familiares de los diez mineros no se despegan del lugar, tienen todavía esperanza, fe de verlos salir de la mina sanos y salvos.

Ojalá -quiera Alá- pero tienen el tiempo en contra.

La ayuda solicitada debió hacerse de inmediato como ocurre en otras tragedias de este tipo.

La coordinadora de protección civil debe renunciar de inmediato, de entrada, porque generó falsas expectativas a los familiares «estamos a pocas horas» dijo la semana pasada, y aunque les diga que platica dos veces al día con ellos y les brinda una atención digna y «mucho cariño», eso no basta.

Ha pasado mucho tiempo y no hay nada…

«…Y con las sienes restallantes

de imbécil soberbia

tomamos de la cintura a la vida

y pateamos de soslayo a la muerte.

Pues esto es lo que hacemos.

Nos anticipamos de sonrisa en sonrisa

hasta la última esperanza”. –Alejandra Pizarnik, poeta argentina

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Y sin embargo funciona

Jorge Zepeda

Milenio

La violencia con la que actuó el crimen organizado la semana pasada, que incluyó el hecho inédito de ejecuciones al azar entre población inocente, ha provocado ríos de tinta, de decibeles y de gigabytes sobre los méritos y deméritos de la estrategia de seguridad pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para los críticos, el salvajismo de la masacre en Ciudad Juárez y la simultaneidad de los ataques en varias regiones del país constituyen la más palpable muestra del fracaso de las políticas de la 4T en la materia. Para el gobierno, en cambio, expresan la desesperación de los líderes de las bandas por los golpes recibidos, tanto en decomisos como en aprehensiones, por parte de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.

La oposición asegura que el gobierno intenta minimizar la gravedad de los hechos; las autoridades insisten en que sus críticos buscan magnificarlos para convertirlos en factura política a toda costa. Ambas partes no han ahorrado los epítetos acostumbrados para descalificar a su adversario.

A partir de este intercambio tan huérfano de argumentos y tan poblado de adjetivos, en el que predomina la propaganda sobre la información, resulta difícil para la opinión pública  construir un criterio sobre lo que realmente está pasando. Con los mismos hechos los dos bandos llegan a conclusiones diametralmente opuestas. Y si usted, lector, prefiere mantener sus convicciones inalteradas, sean obradoristas o antiobradoristas, lo de los argumentos es lo de menos. Ninguna pasión política que se aprecie se deja vencer por la tozudez de una realidad que se empeñe en contradecirla.

Pero si usted tiene la curiosidad buena o malsana de saber realmente qué efectos está produciendo una política de seguridad pública tan polémica como la de la 4T, le pediría recorrer conmigo lo siguientes hechos.

Disminución de delitos

Prácticamente todos los crímenes están disminuyendo de manera sostenida tras varios sexenios de incrementos continuos. Los secuestros cayeron 81% de enero de 2019 a julio de este año; el robo de autos 43%, el robo en sus distintas modalidades 29%, los delitos del fuero federal 25%. En el caso de los homicidios y los feminicidios los resultados son menos significativos, pero tampoco son deleznables. En ambos el mayor mérito consiste en haber detenido una inercia de crecimiento que parecía imparable a lo largo de la década anterior. En el sexenio de Felipe Calderón los asesinatos pasaron de 8 mil 900 a 26 mil anuales, un crecimiento de 193%; con Enrique Peña Nieto aumentó otro 59% al registrar 23 mil en su primer año y 36 mil en el último. En los primeros tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador la cifra prácticamente se congeló en 36 mil anuales, lo cual puede ser leído a conveniencia de cada cual. Para sus detractores eso acumula más de 100 mil homicidios en medio sexenio, un récord que, a sus ojos, demostraría que este gobierno lo ha hecho peor. Los simpatizantes de Morena dirán que AMLO recibió al país con niveles de inseguridad que arrojaban 36 mil muertos anuales, no 8 mil como es el caso de Calderón o de 23 mil en el de Peña Nieto. Lo cierto es que es la primera vez que durante tres años continuos la cifra de asesinatos no crece; más aún, los datos de enero a julio del cuarto año, comparados con periodos equivalentes, arrojan por fin un descenso importante:  10.4%, y el gobierno asegura que 2022 terminará con 15% de menos homicidios que en años anteriores. Incluso si así fuese estaríamos hablando de 30 mil muertos al año, una cifra escandalosa en cualquier nación del mundo pero, en el contexto de lo que hemos vivido, un signo de esperanza de que se trate de una tendencia que permita asumir que existe una luz al final del túnel.

Progresión positiva

En los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto la criminalidad fue mayor en la segunda mitad que en la primera. Se dice rápido, pero es el mejor indicador para saber si su estrategia de seguridad pública fue exitosa o todo lo contrario. No lo parece: en ambos sexenios el segundo trienio fue peor que el primero. Y como todo aficionado de futbol sabe, el entrenador es el primer sospechoso cuando un equipo juega peor en el segundo tiempo. En el caso de López Obrador la progresión es positiva. Todo indica que de 2022 a 2024 habrá considerablemente menos crímenes que los registrados de 2018 a 2021, particularmente en secuestros y robos de todo tipo, pues han venido descendiendo año con año.

Y tampoco es que carezcan de lógica estos datos prometedores. Era razonable esperar que la cuantiosa inversión realizada en materia de seguridad y la intensidad de las acciones arrojaran resultados. Simplemente el hecho de que en cada entidad se realice una reunión dedicada a seguridad pública cada mañana, permite niveles de coordinación que antes no había. Se han construido 230 cuarteles con una presencia federal que tampoco existía. En 19 entidades los elementos de la GN superan a los policías estatales y municipales, es decir, se dobló al menos la cantidad de elementos de la fuerza pública en esas entidades. Al final del sexenio habrá 500 cuarteles y 170 mil integrantes de la GN. Esto significa una densidad de 16 cuarteles por entidad federativa en promedio, con más de 300 guardias por establecimiento. Una densa red física con la que se aspira a recuperar de nuevo el territorio de manos de la delincuencia.

En principio, los números que dan cuenta del descenso de la criminalidad carecen de ideología y parecerían indicar que algo está funcionando con la estrategia seguida. Esto no significa que sea idónea o que sea suficiente, ni tampoco que no se estén cometiendo errores. Utilizar al Ejército en tareas de seguridad pública, como lo han hecho todos los gobiernos y el actual ha intensificado, entraña riesgos que habría que discutir y definir entre todos. Ese sería un debate honesto. Pero afirmar que la política de seguridad del gobierno de la 4T es un fracaso o que la llamada “militarización” no ha hecho más que empeorar la situación, no lo es. Si se desea sostener tales acusaciones por razones políticas, se vale, pero eso es otra cosa.  

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