27 de septiembre de 2022

LA política NACIONAL

Sábado 20 de agosto de 2022

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El protegido del Cardenal

Las reuniones con los informantes del FBI duraban horas. El empresario mexicano Fernando Peyro iba de una anécdota a un recuerdo de la infancia, sin saber que lo estaban grabando. Luego explicaba complicados esquemas de lavado de dinero, e insistía en que él solo participaba en operaciones por más de 30 millones de dólares.

De vez en cuando, mencionaba a un hombre a quien reconocía como su jefe, protector y amigo. Era Norberto Rivera, durante más de 20 años el arzobispo primado de México y uno de los prelados más poderosos de la Iglesia católica en Latinoamérica.

Durante buena parte del verano pasado, transcribí aquellos audios secretos. Debía entender de qué hablaban, quién era Peyro, el hombre a quien investigaba el FBI, y por qué su relación con Rivera era relevante.

En 2019, Peyro se reunió con informantes y lo grabaron en secreto. Discutieron cómo moverían millones de dólares. El dinero provenía, supuestamente, de la guerrilla colombiana, y debía lavarse en la economía formal. Tiempo después, los del FBI entregaron 200 mil dólares para comprobar si lograban lavarlos, pero el dinero se perdió.

En abril del año pasado, una de las informantes entregó una relatoría del caso en una petición de asilo al gobierno de Estados Unidos. En Univision Investiga, donde trabajaba, obtuvimos los documentos, los videos y comenzamos a investigar.

Gerardo Reyes, el director, entrevistó a una informante quien aseguró que, al menos hasta 2019, Rivera era un objetivo de la investigación del FBI. Otras dos fuentes luego dijeron que el cardenal ha sido mencionado, mientras el FBI respondió que no podían confirmarlo ni negarlo.

Rivera habló con Univision y envió una carta a Reforma, después de que el diario retomó la historia, que se publicó el domingo pasado. El cardenal dijo que no sabía de la pesquisa y que su protegido Peyro estaba ufanándose sin sustento.

Las revelaciones de este caso son el capítulo más reciente en varios años de pesquisas sobre el manejo de dinero en los años de poder de Rivera.

A finales de 2017, Rivera se retiró como arzobispo y el Papa nombró a Carlos Aguiar Retes en su lugar. Casi de inmediato, Aguiar ordenó una investigación a las finanzas. Por fuentes internas, tuve acceso a los detalles.

Los ecónomos de la Iglesia pasaron meses visitando parroquias, revisando años de ingresos, gastos y «manutención» (sueldo autoasignado por el sacerdote). Encontraron que en parroquias muy grandes, como el santuario de la Virgen de Guadalupe, reciben millones en donaciones, mientras que algunas parroquias rurales tenían apenas dinero para sobrevivir. Un sacerdote me dijo que a veces juntaba 2,500 pesos para todos los gastos en el mes y no le alcanzaba para comprarse siquiera un pantalón.

También encontraron que en muchos lugares era prácticamente imposible controlar cuál era el origen del dinero de las donaciones. La indagatoria encontró que, en tiempos de Rivera, cada parroquia debía aportar el 10% de sus ingresos al arzobispado. Las parroquias pobres apenas juntaban para dar su aporte. En las ricas, los sacerdotes se asignaban jugosas «manutenciones».

Después de la investigación, establecieron que un consejo eligiera los nombramientos en cada parroquia. Varios participantes me confirmaron que hubo mucha resistencia, especialmente entre quienes estaban a cargo de parroquias en vecindarios ricos. En 2020, desde la arquidiócesis asignaron sueldos para todos los sacerdotes. Montaron una oficina de transparencia y comenzaron a registrar datos, aceptando internamente que sí puede usarse, y se ha usado en varios casos, a la Iglesia como un vehículo para lavar dinero.

Dentro de una diócesis puede haber muchas asociaciones religiosas. En cada una hay un porcentaje de «gastos no comprobables». Pero las reglas para el lavado de dinero en México obligan a la Iglesia a reportar donaciones solo cuando sobrepasan los 308 mil pesos.

Después de la indagatoria de 2018, ninguna conclusión apuntó directamente al excardenal, hasta donde pude saber. Ahora, no conocemos si algunos de estos hallazgos se conectarán con la investigación del FBI o si Rivera continúa siendo hoy un objetivo. La historia, por el momento, permite añadir otro capítulo a la biografía de uno de los hombres más polémicos del catolicismo mexicano. LINOTIPIA / Peniley Ramírez

Niega Cardenal nexo delictivo con Peyro

REFORMA / Staff, 18 de agosto de 2022

El Arzobispo emérito de México, Norberto Rivera, negó ayer tener alguna relación de tipo criminal con el empresario Fernando Peyro, o haber recibido regalos o pagos de viajes a Europa.

En una carta enviada a REFORMA, indicó que conoce al empresario desde hace tiempo, pero no ha tenido contacto con él desde hace varios años y nunca ha sido su «jefe», como supuestamente Peyro refirió a un informante encubierto del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

«Efectivamente, desde hace tiempo conozco al señor Fernando, sin embargo hace ya varios años que no he vuelto a tener trato personal con él. Cabe destacar que yo no he recibido de su parte como regalo ninguna casa en Durango, ni me ha financiado viaje alguno a Europa», sostuvo.

REFORMA publicó ayer un reporte de Univisión Investiga, en el que se señala que Peyro es investigado en Estados Unidos por lavado de dinero y que como parte de la indagatoria tuvo contacto con un informante del FBI, a quien le presumió su supuesta cercanía con Rivera.

Ese informante, identificado como «Gloria», se reunió en México en abril de 2019 con Peyro y fue grabado con una cámara oculta.

«Él (Peyro) nos ofreció empezar a trabajar con él y su jefe… su jefe es el secretario de finanzas del Vaticano en Roma, Norberto Rivera Carrera», escribió el testigo en un reporte oficial al FBI.

Rivera aseguró que nunca ha tenido el cargo de Secretario de Finanzas del Vaticano, ni ha realizado actividades financieras con la Santa Sede.

«Efectivamente, tanto su santidad Benedicto XVI, como el Papa Francisco, tuvieron a bien nombrarme como parte del Consejo Económico de la Santa Sede, sin embargo, dicho cargo era sólo de asesoría, no tenía que ver con un manejo directo de las finanzas», señaló.

Rivera consideró que si las autoridades de México o de Estados Unidos tienen alguna duda fundada sobre la actividad económica de Peyro, tienen la obligación de actuar conforme a derecho y aplicar la ley.

«Que alguna persona haga alarde que me conoce y haga afirmaciones falsas en cuanto a la relación que mantengo con él, o peor todavía, que afirme que me pueda prestar a acciones delictivas, no significa que yo tenga que ver, ni ser responsable de ilícitos sólo por habladurías fantasiosas», apuntó.

Investigación del FBI a Fernando Peyro por lavado de dinero vincula a Norberto Rivera

De acuerdo con Univisión, existen «varias grabaciones» en las que el empresario mexicano ofrecía “métodos para lavar dinero” mediante estructuras financieras de bancos, aseguradoras y empresas ubicadas en Estados Unidos, México, España e Italia, y presumía su relación con el jerarca católico.

Lo anterior, de acuerdo con una nota publicada por Univisión basada en el testimonio de supuestos agentes del FBI que hicieron el señalamiento bajo la protección del anonimato.

El propósito de la presunta investigación del FBI pretende establecer la conexión entre capos mexicanos, narcos colombianos, lavadores de dinero que utilizan negocios fachada en la Ciudad de México y la intervención de la jerarquía católica de este país en la industria del narco en el continente americano, asegura el reportaje de Univisión y cita a un agente estadunidense identificado con el nombre falso de “Gloria”.

Como pruebas, indica Univisión, existen “varias grabaciones” a las que tuvo acceso la televisora estadunidense asociada con la empresa de Televisa y que tiene su sede en la ciudad de Nueva York.

Los audios no fueron dados a conocer porque Univisión señaló que “están bajo resguardo” de las autoridades estadunidenses.

No obstante, refieren que una de las grabaciones es de abril de 2019; en una reunión encabezada por el empresario Peyro de la O, agentes del FBI que hacían labores de infiltrados y miembros de la guerrilla colombiana en un departamento ubicado en el exclusivo fraccionamiento Santa Fe, de la Ciudad de México.

“A pesar de que se escucha a Peyro pedir que dejaran sus teléfonos móviles afuera de la habitación, la información se filtró: Yo tengo toda la estructura, para que me entiendas, güey, toda”, presumió el empresario mexicano a un presunto representante de la guerrilla colombiana dedicado al narcotráfico.

También, la nota de Univisión asegura que Peyro de la O explicó y ofreció “métodos para lavar dinero” mediante estructuras financieras de bancos, aseguradoras y empresas ubicadas en Estados Unidos, México, España e Italia.

Incluso, refieren que Peyro de la O “presumía su amistad” con el cardenal Norberto Rivera, definido como uno de los jerarcas católicos más influyentes en México y quien supuestamente conocía de las actividades de tráfico de droga de Colombia a México y Estados Unidos, así como las acciones de lavado de dinero, asegura Univisión.

También, la televisora afirma que el empresario Fernando Peyro “no negó” que el FBI tiene en su posesión las supuestas grabaciones realizadas por el agente infiltrado con “una cámara escondida en su reloj”.

Además, Univisión señala que Peyro reconoció un documento en el que una exinformante del FBI aseguró que el empresario mexicano ofreció lavar dinero con la participación del cardenal Norberto Rivera.

“Él [Peyro] nos ofreció empezar a trabajar con él y su jefe… su jefe es el secretario de finanzas del Vaticano en Roma, Norberto Rivera Carrera”, declaró la supuesta exinformante del FBI a Univisión.

El testigo de Univisión agregó que Peyro mostró interés en lavar dinero para narcotraficantes colombianos que operan en la Ciudad de México.

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Templo Mayor

QUIENES saben cómo se despliegan las cortinas de humo consideran que la detención de Jesús Murillo Karam y la liberación de Rosario Robles es oootra de las distracciones a las que suele recurrir el gobierno cuando las cosas se le ponen color de hormiga.

NO PARECE casualidad que la FGR de Alejandro Gertz aprehendiera al priista justo un día después del informe sobre el caso Ayotzinapa, ni que Robles fuera liberada ¡el mismo día!

MÁS AÚN porque los tres hechos ocurren después de una semana de intensa violencia del crimen organizado que provocó una fuerte reacción del “amigou” de Palacio Nacional, Ken Salazar.

Y NO ES QUE alguien defienda a los ex funcionarios de Enrique Peña Nieto, simplemente que el momento en el que se dieron tanto la detención como la liberación de tan altos perfiles del peñismo resulta sospechosamente conveniente para el gobierno.

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QUIENES van a tener que aguzar el olfato en la medida en la que sigan desatadas las pre-precampañas electorales son los sabuesos del SAT, que encabeza Raquel Buenrostro.

OCURRE que una de las tácticas de moda entre políticos que aspiran a una candidatura es contratar a influencers para que difundan en redes sociales sus supuestas virtudes y logros, tal y como lo hacen con empresas, productos y marcas.

NADA MÁS que en el mercado de la “influencia” la mayor parte de los pagos son en efectivo y se hacen por debajo del agua, pues a los youtuberos, feisbuqueros, tuiteros, tiktokers e instagramers nomás no les gusta eso de tener que pagar impuestos.

Y DADO que los influencers cobran por cada “mención” desde los 50 mil hasta los 150 mil pesos, vaya que la evasión fiscal en redes sociales por mensajes políticos y comerciales podría convertirse en todo un “trending topic”.

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ADIVINANZA: ¿En qué se parecen el Papa Francisco y Andrés Manuel López Obrador?

EN QUE son jefes de Estado en dos países predominantemente católicos, son expertos en las largas homilías, basan su discurso en la fe y no en la ciencia… y en que ninguno de los dos ha condenado o siquiera mencionado el atropello del gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia católica en Nicaragua.

YA NI PENSAR que se pronuncien sobre los otros grupos y gremios que son considerados “enemigos” del Estado nicaragüense, como los políticos de oposición, empresarios, académicos, estudiantes, defensores de los derechos humanos, periodistas y hasta los filólogos y los otorrinos. Toda organización social o ciudadano independiente representa un peligro ante los ojos del dictador Ortega.

EL SILENCIO en Palacio Nacional y en El Vaticano parecen dos casos de ceguera -y sordera- voluntaria. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)

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Bajo Reserva

Telefonazo en plena mañanera confirmó la detención de Murillo Karam

Ayer a las 10:57 horas, tiempo de la Ciudad de México, (8:57 horas de Tijuana, Baja California), el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, recibió una llamada en plena conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. El funcionario se acercó el teléfono celular con la mano derecha y con la izquierda cubrió su boca y el aparato; se levantó de su lugar y puso en alerta a todo el Gabinete de Seguridad, cuyos integrantes revisaban con expectación sus teléfonos móviles. A su regreso, el encargado de la política interna hizo un comentario al oído a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. Fue así como los más altos responsables de la seguridad en el país recibieron la confirmación de que el exprocurador Jesús Murillo Karam había sido detenido por la Fiscalía General de la República, mediante un operativo en el que colaboró la Secretaría de Marina. Cuatro años después, la primera apuesta política y judicial fuerte de esta administración en el caso Ayotzinapa estaba echada.

Corcholatazo blanquiazul

Acción Nacional tendrá también su corcholatazo versión azul, mañana, en un evento en la capital del Estado de México. Tal como lo hizo Morena en junio pasado, nos comentan que los panistas echarán a andar la cargada durante lo que han llamado Encuentro con Militantes y Simpatizantes para arropar al diputado local Enrique Vargas, la propuesta blanquiazul para ser candidato a la gubernatura mexiquense. Al encuentro están invitados los gobernadores en funciones y electos del partido. Nos cuentan que estarán ahí Mauricio Vila, de Yucatán, visto por varios grupos internos como corcholata para el 2024; Maru Campos, de Chihuahua; Diego Sinhué, de Guanajuato; Mauricio Kuri, de Querétaro, y Tere Jiménez, de Aguascalientes. Se espera la presencia también del primer presidente panista, Vicente Fox. Todo un corcholatazo azul.

Anti-mascarillas levantan sospechas en la UNAM

Nos cuentan que dos días después de la visita del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde se presentó, como acostumbra, sin cubrebocas, apareció un grupo de protesta que llamó la atención. Un grupo que se dijo de estudiantes se manifestó con bozal de por medio contra el uso de mascarillas. Incluso, los jóvenes quemaron cubrebocas al señalar que “no hay evidencia científica de que proteja contra el virus del Covid-19”. Vaya que causó sospecha entre la comunidad universitaria este sorpresivo y espontáneo movimiento. Nos cuentan que hubo quienes recordaron las también “espontáneas” porras y serenatas en honor del polémico zar anti-Covid en una de las varias ocasiones en que el gobierno federal dio por domada la pandemia, que aún no concluye.

Pobreza franciscana alcanza a senador

Hablando de cubrebocas, nos comentan que esta semana el senador morenista José Narro anduvo recorriendo los alrededores de Palacio Nacional en busca de una mascarilla para poder entrar al recinto histórico y encontrarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos hacen ver que, pese a que el legislador zacatecano gana más de 100 mil pesos mensuales, fue captado comprando un cubrebocas pirata a un comerciante ambulante, de los conocidos como “toreros”.  ¿Será que la “pobreza franciscana” también la asumirá don José, con la esperanza de ganar puntos en busca de la “bendición” presidencial para llegar a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado? Nos recuerdan que el oscuro asunto en el que se ha visto involucrado, de dos marinos desaparecidos, le ha nublado considerablemente el horizonte político.   (El Universal, A2, p.2)

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Trascendió

Que entre los compromisos con la alianza opositora y la fórmula “siempre hay un tuit” todo se complicó para el dirigente del PAN, Marko Cortés, quien no pudo seguirle la corriente a su socio Alejandro Moreno, cabeza del PRI, en la defensa de Jesús Murillo Karam, enviado anoche al Reclusorio Norte acusado de tres delitos por el caso Ayotzinapa. Como diputado el panista acusaba que la investigación sobre los 43 “inició mal, con una mentira histórica pronunciada por el entonces procurador”, y alegaba que el hidalguense, a veces aquejado por la fatiga, tenía cuentas pendientes por rendir.

Que este sábado diputados y senadores perredistas tendrán su reunión plenaria para delinear la agenda del próximo periodo ordinario, que se iniciará el 1 de septiembre, con los temas reforma electoral, gobiernos de coalición y seguridad pública como prioritarios. Asisten Miguel Ángel Mancera, Luis Espinosa Cházaro, Jesús Zambrano, José Woldenberg y Silvano Aureoles, entre otros.

Que Ricardo Monreal presentó ante liderazgos ciudadanos de las alcaldías de Álvaro Obregón y Azcapotzalco, de Ciudad de México, los avances de capítulos del proyecto de nación que impulsa como aspirante a suceder a Andrés Manuel López Obrador, entre ellos política social, reforma fiscal y temas relativos a la democracia y participación ciudadana que formarán parte de su oferta. La próxima semana expondrá el rubro relativo al turismo en el puerto de Acapulco, en Guerrero.

Que Mario Mata Carrasco, director de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, viajó a Israel unas semanas después de que el embajador Zvi Tal se reunió con la gobernadora María Eugenia Campos con el objetivo de iniciar trabajos de colaboración en aprovechamiento y tratamiento del líquido en la entidad. El funcionario divulgó que en su gira visitó plantíos en Haifa y Rishon LeZion, donde conoció sistemas de riego por goteo para que la agricultura sea productiva en una tierra que casi no tiene el recurso y técnicas para recuperar el caudal. (Milenio, Al Frente, p.2)

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Frentes Políticos

“La justicia no tiene límites”. Esta frase, una de las que utilizó cuando se condujo como procurador general de la República, hoy persigue a Jesús Murillo Karam, quien fue detenido afuera de su casa en Lomas de Chapultepec. La noticia se dio justo un día después del nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, el cual arrojó que la desaparición de los 43 normalistas fue un crimen de Estado. El también exgobernador de Hidalgo tendrá que responder por falsear la información de la desaparición de los estudiantes. Alerta partidista: uno de los más altos funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto será sometido a proceso. Vale la pena ponerse a pensar quiénes le siguen.

Confianza y apoyo. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, reconoció la participación de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en las juntas de coordinación de seguridad en el estado. Detalló que de 208 reuniones que se han dado, la gobernadora asistió a 193, es decir el 92.8 por ciento. “Su liderazgo se nota al coordinar todos los esfuerzos de las instancias de seguridad que participan aquí en el estado, siendo quien encabeza la estrategia de seguridad y planteando las acciones que se van a desarrollar para poder atender esos delitos”. Y, para muestra, afirmó que en seis delitos Baja California muestra tendencias a la baja. Está visto que ayuda de la Federación no le falta. Confían en ella.

Libre. Luego de tres años de estar recluida en el penal de Santa Martha, Rosario Robles salió de prisión, aunque deberá presentarse a firmar cada 15 días en el Ministerio Público y no podrá salir del país. La  extitular de Sedesol afirmó que es inocente de los cargos que le imputaron: ejercicio indebido del servicio público y desvío de recursos. Tras salir agradeció a su hija Mariana y a su familia por todo el apoyo que le brindaron, pero, en especial, al ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar. “Gracias a él se visibilizó la situación de muchas otras mujeres, yo soy una de las 180 que están en el tribunal, en el juzgado catorceavo de Amparo, por estar en prisión preventiva excesiva”. Robles llevará su proceso en libertad. Al fin está en casa.

Estrella en la frente. No es de sorprender que la ciudad de Querétaro siempre esté a la vanguardia que el resto, en cuanto a paz social y seguridad. Y la llegada del alcalde Luis Nava se refleja en las encuestas. En el ranking sobre el desempeño realizado por las encuestadoras Mitofsky y C&E Research, lo colocan a la cabeza de los presidentes municipales de las capitales mejor evaluados. A Nava, C&E Research le da un 65% de aprobación de desempeño, mientras que Mitofsky le da 59.1 por ciento. Muy de cerca le siguen Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, Nuevo León, y Renán Barrera de Mérida, Yucatán. Estar a la cabeza en las 32 entidades es un gran logro para los alcaldes de este top tres de efectividad. Lo dicen los números. (Excélsior, Nacional, p.9)

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Sacapuntas

Las barbas, a remojar 

Nos cuentan que otros ex funcionarios en la mira de la FGR, por el caso Ayotzinapa, son el ex fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, y el ex secretario de Seguridad Pública del mismo estado, Leonardo Vázquez Pérez. Es decir, el asunto no se quedará con la detención del ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, ocurrida ayer. Se habla también de varios militares, pero lo cierto es que se abre para la 4T una nueva mina para mantener la agenda pública en sucesos del pasado.

Los mantiene a raya 

Hablando de detenciones, es de resaltar el trabajo coordinado que realizaron la Sedena, de Luis Cresencio Sandoval, y la Secretaría de Seguridad de la CDMX, al mando de Omar García Harfuch, para capturar a uno de los grandes capos de Colima. El mensaje del funcionario capitalino fue contundente: “La Ciudad de México no es ni será refugio de criminales”.

La foto que podría ser 

Le tomó la palabra el presidente López Obrador a Vicente Fox, en aquello de tomarse una foto, juntos, con los ex mandatarios Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. El titular del Ejecutivo propuso que sea en Palacio Nacional, por ser un lugar neutral. Muchos no lo tomaron en serio, pero nos recuerdan que entre broma y broma…

Defienden a Alito  

El PRI hará una pausa en sus diferencias para cerrar filas en torno a su dirigente nacional, Alejandro Moreno, ante el proceso para desaforarlo. La presión de ex gobernadores, legisladores y otros militantes en su contra pasará a segundo plano, e incluso el líder de los senadores tricolores, Miguel Osorio, uno de sus más acérrimos críticos, salió a descalificar el intento de Morena.

Aplausómetro panista 

Una especie de pasarela de presidenciables panistas tendrá lugar este domingo en el teatro Morelos, de Toluca. El evento es para arropar a su candidato al gobierno del Edomex, Enrique Vargas, pero asistirán los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila; Querétaro, Mauricio Curi; Guanajuato, Diego Sinhue; y la de Chihuahua, Maru Campos. Habrá aplausómetro. (El Heraldo de México, La 2, p.2)

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Rozones

Golpe contundente de Sedena

La Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del general Luis Cresencio Sandoval, en coordinación con la SSC de la CDMX, dio un golpe relevante al crimen organizado, al lograr la captura de Bernabé “N”, mejor conocido como La Vaca, líder del Cártel Independiente de Colima y considerado como uno de los principales generadores de violencia en esa entidad. La detención, que la dependencia llevó a cabo en colaboración con otras instituciones federales y de la Ciudad de México —se efectuó en la colonia Anzures—, permitirá juzgar al capo, quien contaba con órdenes de aprehensión por delitos cometidos contra servidores públicos, homicidio calificado, acopio de armas, posesión de cartuchos, delincuencia organizada y delitos contra la salud.

EL PAPELITO Y LA “VERDAD HISTÓRICA”

Jesús Murillo Karam, el exprocurador que tuvo en sus manos la indagatoria de la desaparición de los 43 normalistas —luego de que ésta debiera estar a cargo de la procuraduría local—, dejó una indagatoria que, a juicio de unos, contiene elementos esenciales que hoy en día prevalecen; pero, según el informe de la Comisión para la Verdad, revelado el jueves, se cuestiona la llamada “verdad histórica” porque en ella “prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder que derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda”. Murillo ha reconocido que el término “verdad histórica” era una anotación que tenía en un papelito y que en algún momento pensó no leer. Ahí el dato.

ZALDÍVAR Y LA LIBERACIÓN

Noticia relevante la de que a Rosario Robles, extitular de Sedesol y de Sedatu en el sexenio pasado, le cambiaron las medidas cautelares, con lo que pudo salir de prisión, luego de pasar tres años en el penal de Santa Martha Acatitla. Fue su abogado, Epigmenio Mendieta, nos comentan, quien consideró que uno de los hechos que pudiera haber incidido en la determinación de ayer, fue la visita que hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, a dicho centro de reclusión, donde recogió una serie de casos para que fueran atendidos con perspectiva de género. El hecho ocurre, por cierto, en un momento en el que la Corte está a punto de debatir un tema que “va a ser un parteaguas en la historia de la prisión preventiva justificada y oficiosa en México”, ha señalado el propio Zaldívar.

“ASÍ LOS CIUDADANOS VIVEN MEJOR”

Nueva señal de trabajo coordinado entre alcaldía y gobierno de la Ciudad, nos comentan, la que se dio ayer entre Giovani Gutiérrez, quien se encuentra al frente de la demarcación de Coyoacán y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y es que ambos funcionarios llevaron a cabo la entrega de recursos para el mejoramiento de la vivienda en la Alameda del Sur. “Nos hemos puesto de acuerdo con el Gobierno de la CDMX, y como resultado bajamos el índice delictivo, también nos hemos puesto de acuerdo en transparencia y servicios públicos. La CDMX vive porque las autoridades se ponen de acuerdo y así los ciudadanos tienen mejor calidad de vida”, señaló Gutiérrez, quien tuvo correspondencia de la mandataria capitalina, que agradeció la hospitalidad del alcalde emanado de la alianza PAN-PRI-PRD. Ahí el dato.

DÍAS MOVIDOS

El que anda muy movido es el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien realiza una intensa gira de trabajo por el norte del país. Ayer brindó su apoyo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y puso hielo en el conflicto con el exmandatario de esa entidad, Jaime Bonilla. Luego, acompañado por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, recorrió los trabajos de reubicación de la aduana de Nogales para evitar que todo el tráfico por ese punto de acceso al país tenga que pasar necesariamente por el centro de la ciudad. Movieron la garita y hasta la vía del tren para lograr el propósito. Hoy estará con el pueblo yaqui en Guaymas, Sonora, donde encabeza el Plan de Justicia para esa comunidad. Movidito fin de semana del mandatario federal. Y sigue la agenda dando.

CON POCO TRABAJO Y RENUNCIA

Resulta que el diputado coahuilense por el PRI, Shamir Fernández, renunció a esa fuerza política por estar en desacuerdo con, señaló, los intereses personales de su dirigente Alejandro Moreno y porque en el PRI no atienden a la militancia. Lo malo es que, presumen sus excompañeros, se irá con el mejor postor. Más allá de ideologías o posturas, nos cuentan, esperará propuestas partidistas para adherirse a alguna. Lo malo es que no se podría cotizar mucho, pues sólo ha presentado una iniciativa en su función como legislador. A ver quién se lleva “la joyita”, dicen priistas con cierta socarronería. (La Razón, La 2, p.2)

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Fuera el Ejército de las calles

El presidente de México dijo hace poco que México no es un infierno. Pero sí lo es para quienes vivieron en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Veracruz y otros estados una reciente ola de violencia. Los asesinatos y secuestros, la quema de vehículos, los ataques a tiendas de autoservicio y los narcobloqueos no son una invención o una exageración. Son, tristemente, la crónica diaria del país.

En México la violencia es lo normal.

Nos hemos acostumbrado tanto a estos hechos violentos que hasta Andrés Manuel López Obrador repite que “vamos bien”. Y no es cierto. ¿Cómo puedes decir que “vamos bien” cuando te están asesinando a 88 personas, en promedio, cada día?

Lo que pasa es que los cantos de sirena que escucha Andrés Manuel López Obrador por parte de colaboradores y de algunos comunicadores no reflejan la violenta realidad del país. En Palacio Nacional no se oyen las ametralladoras, ni los gritos de auxilio de las víctimas de secuestro y feminicidio, ni ese brutal silencio de los más de 100 mil desaparecidos. En la burbuja del palacio, México es un país feliz, feliz, feliz.

En estos días el gobierno de López Obrador se va a convertir en el más violento en la historia moderna del país. Más de 120 mil mexicanos han sido asesinados desde la toma de posesión de AMLO el primero de diciembre del 2018 hasta finales de junio de este 2022. Estos son datos oficiales. No hay otros.

Estas cifras son casi las mismas que los 121 mil homicidios dolosos ocurridos durante todo el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) o los 125 mil asesinatos realizados durante los seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Ahora, a finales de agosto, el gobierno de López Obrador va a superar esas catastróficas cifras. Van a ser las peores desde la revolución y la guerra cristera.

AMLO y sus asesores hacen malabarismo estadístico para mostrar cómo se han reducido mínimamente los homicidios dolosos. Eso es cierto. Pero las cifras de muertos son tan altas que presumir de éxito en la estrategia de criminalidad es absurdo. Y falso.

Los militares no van a traer la paz a México.

La rápida militarización del país es una amenaza para la joven y vulnerable democracia mexicana y para el control civil del país. Además, es inútil: no ha dado resultados en la lucha contra el crimen. El traspaso de la Guardia Nacional (que nunca fue de carácter o mando civil) a la Secretaría de la Defensa solo va a añadir botas y rifles a una institución que debe regresar a los cuarteles. Ese es su lugar en una democracia. No las calles.

Y sí hay salida a esta crisis sin los militares.

“El despliegue de las fuerzas armadas mexicanas en tareas policiales durante la última década y media ha provocado graves violaciones a los derechos humanos y ha fracasado como estrategia para controlar la violencia criminal”, concluye WOLA, una organización de derechos humanos basada en Washington D.C. Ellos abogan por un modelo de seguridad “basado en la construcción de instituciones sólidas y la rendición de cuentas, en vez de la militarización”.

Los soldados no deben ser la policía de México. Y menos con un grave historial que va desde la matanza de Tlatelolco en 1968 hasta la masacre de Tlatlaya en 2014, por mencionar solo dos casos. El Ejército siempre debe tener mando civil.

En una entrevista de mayo del 2017, le pregunté al precandidato López Obrador si él regresaría “al Ejército a los cuarteles”. Y no quiso contestar. Solo agregó que aplicaría una política de seguridad que atendiera las causas de la delincuencia.

-“¿Y no va a haber 80 mil, 100 mil muertos con usted?”, le pregunté.

-“No, no, no, no”, me dijo cuatro veces.

Tuvo razón y me quedé corto. No serían 80 mil o 100 mil muertos. Ya van 120 mil y contando.

Más de 30 millones de mexicanos votaron por AMLO; creían que él podría encontrar una solución a la violencia. No fue así. La militarización de México no ha tenido buenos resultados y pone en peligro a un país que durante 71 años sufrió regímenes autoritarios.

Tras casi cuatro años de intentos fallidos, hay que tener la honestidad y la fuerza para reconocer que la estrategia de “abrazos” no está funcionando. Y cambiar. Los infiernos -y el vacío de autoridad- en partes del país lo dicen todo.

Los muertos nunca se pueden ocultar.( Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p.8)

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Paralaje /

Lo que se dice y lo que se hace

Lo que se dice en la política no necesariamente se corresponde a lo que se hace. No es contradicción, tampoco calculada hipocresía, atiende a dos objetivos que subyacen en el ejercicio del poder: la eficacia de los resultados y la aceptación o acuerdo con el gobierno. Hay gestiones que privilegian lo primero; su virtud es el largo plazo, su defecto es que al subestimar el consenso incrementa los costos políticos, la colaboración y apoyo, así como los malos resultados en las elecciones.

Un gobierno que privilegia el acuerdo o la aceptación se fortalece al contar con un amplio consenso, aunque no siempre con sus decisiones sí con quien las emprende. Su mayor debilidad es que en el acumulado del tiempo sacrificar responsabilidad por popularidad tiene un desenlace dramáticamente desastroso. No se advierte en la coyuntura, pero en la perspectiva se avizora un horizonte problemático.

El gobierno del presidente López Obrador se corresponde a este segundo modelo. Sin embargo, es un error suponer que el gobierno hace lo que dice. Para bien, en diversos temas se toman decisiones que cuidan aspectos que no son evidentes en lo que se dice. Esta es una de las razones por las que un sector del empresariado nacional mantiene una postura de entendimiento y apoyo virtual al presidente. Los empresarios extranjeros son más pragmáticos y sus determinaciones económicas se relacionan con las reglas y las decisiones, no con gestión o diálogo gubernamental.

El exceso retórico tiene consecuencias, para bien, si se trata de ganar favor de la base social y para mal por la manera como se decodifica el mensaje presidencial. Así, por ejemplo, reiterar la defensa de la estrategia de seguridad en abrazos no balazos suele ser entendida como una inexplicable permisividad al crimen organizado, aunque las fuerzas armadas y la Guardia Nacional tengan por cierto que no es el caso.

El tercer tercio del sexenio suele ser el más complejo y el más inmanejable. Se estrechan los meses que quedan y por razones sucesorias el poder se reduce en perspectiva. Las obras y los programas difícilmente verán feliz término porque los recursos y el tiempo no alcanza. En este periodo es cuando adquiere dimensión haber optado por popularidad sobre responsabilidad. (Liébano Sáenz, Milenio, Al Frente, p.2)

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Gente como uno /

Esperanza y traición a la prensa mexicana

“Todos van a poder ejercer su libertad de manifestación, de expresión… nosotros vamos siempre a respetarlos, que se va a garantizar en México el derecho a disentir” dijo el presidente textualmente.

A 3 años y 8 meses de aquella afirmación, su relación con la prensa se ha modificado tanto —sobre todo con aquella que lo cuestiona—, que aquel mensaje de tolerancia y apertura, se convirtió en un desprecio inocultable.

“…hay un interés de nuestros adversarios, los conservadores, de magnificar las cosas, de hacer periodismo amarillista, sensacionalista” dijo el pasado 15 de agosto, a propósito de lo publicado en distintos medios, tradicionales y digitales, sobre los bloqueos carreteros y quema de vehículos en diversas ciudades del país.

“Propaganda” le llama el mandatario a la información que se genera sobre la violencia que inevitablemente abraza a México, que lo mantiene desde hace 20 años como el país —sin conflicto armado— más peligroso para el ejercicio periodístico. Nada ha cambiado:

En febrero pasado, precisamente en Tijuana durante una mañanera, la reportera Sonia de Anda tomó el micrófono y antes de hacer cualquier pregunta, con la voz entrecortada hizo un pase de lista de sus 5 compañeros asesinados en lo que iba del año hasta ese momento:

José Luis Gamboa, Margarito Martínez Esquivel, Roberto Toledo, Heber López y Lourdes Maldonado… esta última había advertido las amenazas en su contra y había pedido ayuda, en ese mismo espacio, en marzo de 2019 y frente a López Obrador. Fue asesinada el 23 de enero de este 2022.

Los señalamientos del Presidente contra los periodistas esta semana, son peligrosos, irresponsables y anticlimáticos, porque además fue la misma semana en que fue hallado sin vida —con señales de violencia— otro periodista más, Juan Arjón López, en Sonora.

Con él ya suman 14 comunicadores asesinados en lo que va de este 2022, que ya registra la mayor cifra de homicidios contra la prensa en México en los últimos 24 años, según reporta la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otro informe publicado esta semana por la Organización Artículo 19, detalla que desde el inicio de la actual administración, van 43 asesinatos de periodistas, de los cuales 34 están relacionados con actividades profesionales informativas.

Achichincle, deshonesto, fifí, chayotero, conservador, espurio, fichita, hablantín, hampones, lambiscones, matraquero, paleros, rufianes, pelele, “corazoncito”, simulador, tapadera, títere, zopilote, prensa vendida, son algunos de los adjetivos que ha utilizado el Presidente de la República para referirse a medios o periodistas que cuestionan los resultados de su gobierno.

¿Caben esos adjetivos en el lenguaje de un gobernante que prometió una prensa libre y segura?…

Pero “ni modo que me quede callado” ha dicho el Presidente, quien desde junio de 2021 inauguró en su mañanera el “Quién es quién de las mentiras”, sección dedicada a poner en el patíbulo a todo aquel periodista que cuestione su gobierno o sus acciones.

Incluso exhibiendo datos personales de algunos, con todo lo que ello implica y por lo cual esta semana el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) ordenó una sanción contra López Obrador.

Y es que a los ataques presidenciales contra los comunicadores, normalmente le siguen más ataques por parte de los simpatizantes del mandatario, a los que otros actores anti-gobierno responden con más ataques en sentido contrario, y la suma de todo es el clima de polarización y encono que tanto daño nos ha hecho a todos.

Esta semana el Presidente invirtió más de 7 minutos de una mañanera, en criticar a un solo periodista, Leonardo Curzio, subestimando su preparación por el solo hecho de haber expresado su opinión sobre el nombramiento de la nueva titular de la SEP, Leticia Ramírez.

De acuerdo al último informe de Artículo 19, en México se registra cada 14 horas, al menos un ataque contra periodistas o medios de información.

Es una pena que muchos de ellos comiencen en la mañanera de Palacio Nacional, que en menos de 3 años pasó de ser una esperanza en materia de intercambio de comunicación, a despedir este olor a traición… (Mónica Garza, La Razón, México, p.19)

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Doble fondo /

¿Ya van a dejar en paz a los padres de Ayotzinapa?

Llegué a reportear a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa unos días después de aquella infausta noche del 26 de septiembre de 2014 (y de la espantosa madrugada del 27), cuando 43 estudiantes fueron interceptados por policías municipales de Iguala, y en complicidad con agentes policiales de Cocula y Huitzuco, entregaron los jóvenes a sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los dividieron en grupos, los asesinaron, y quemaron sus cuerpos. 

 Los desaparecieron.

¿Por qué? De acuerdo a lo que pude indagar durante meses, la desgracia se consumó por varios factores:

1.- La mañana de aquel viernes 26 de septiembre un comando de un grupo rival, Los Rojos, penetró a Iguala procedente de Chilpancingo y atacó la casa de unos hermanos, ambos miembros de Guerreros Unidos, justo donde tenían en un car wash. Aparentemente la intención era acribillar a uno o ambos, pero los sicarios invasores fracasaron.

Por la noche, halcones de Guerreros Unidos alertaron a los jefes de plaza de una supuesta segunda incursión de sicarios de Los Rojos, que viajarían en autobuses, mezclados con “Ayotzinapos”, como les decían despectivamente a los jóvenes estudiantes. 

  Nerviosos y paranoicos (así son), los narcos no confirmaron la versión, y siendo viernes de chelas, buchonadas y drogas, reaccionaron de forma desmedida coordinada contra cualquier autobús que les pareciera sospechoso, y por eso agredieron equivocadamente al vehículo del equipo juvenil Los Avispones de Chilpancingo y mataron a dos personas adicionales a los 43. ¿Cómo hicieron todo eso? Con sus empleados, los policías municipales, sus delincuentes con placas: ya sabe usted, la ley narca, plata o plomo.

2.- Simultáneamente, otro sujeto que aparentemente padecía paranoia, que ya había sido imputado por presuntos vínculos con grupos criminales (y como presunto asesino de al menos un activista social), el alcalde del PRD, José Luis Abarca, fue mal informado por su jefe policial, Felipe Flores, de que los estudiantes se dirigían rumbo a un acto de su mujer, María de los Ángeles Pineda, quien esa tarde-noche rendía un informe como presidenta del DIF y había armado un bailongo, el cual los chavales supuestamente intentarían sabotear. La orden fue interceptar sus autobuses, porque ya se habían producido incidentes previos entres estudiantes y gente del alcalde.

3.- Al mismo tiempo, presuntamente Guerreros Unidos tenía un autobús cargado de droga que se dirigiría hacia Estados Unidos y otros sicarios creyeron que, al llegar a Iguala, los jóvenes lo habían secuestrado en una terminal camionera. Sobre esta versión, la del famoso “quinto camión”, siempre he tenido mis dudas, pero bueno, existe.

4.- El Ejército sí sabía todo (absolutamente todo) lo que ocurría aquella noche y madrugada, pero… no intervino. Como lo he publicado aquí y lo vuelvo a recrear, lo sé porque tuve la oportunidad de reportearlo, documentarlo, y el 26 de enero de 2015, cuatro meses después de la tragedia, publiqué las bitácoras militares de aquella infame noche, enriquecidas con testimonios de soldados y civiles que habían estado en los lugares de los hechos.

  En ese entonces yo era reportero de Asuntos Especiales de Grupo Milenio y, junto a Carlos Marín (a la sazón Director Editorial), indagué el asunto. Cada quien reporteó fuentes (él las suyas, fundamentales), y decidió que yo redactara y firmara los textos: el segundo escrito se publicó el 25 de febrero, y el tercero ocho meses después, el 2 de octubre del 2015.

¿Qué se asentaba en las bitácoras, en los partes del Ejército? Lo que hicieron los soldados del 27 Batallón de Infantería de Iguala, paso a paso, cada hora, muchas veces cada minuto. La noche de aquel viernes la mayor parte de los militares estaba franca y en el cuartel solo permanecían de guardia 23 elementos, así como una Fuerza de Reacción compuesta por 21 soldados y 41 elementos de personal administrativo, entre cocineros, meseros, oficinistas y mecánicos.

De acuerdo con información a la que tuve acceso, así como testimonios recabados con algunos oficiales y elementos de tropa del 27 Batallón, los militares estaban al tanto de lo que estaba aconteciendo, de las agresiones a balazos contra los jóvenes normalistas, ya que la mayor parte de éstas ocurrió a una distancia de dos kilómetros en línea recta del cuartel, y había soldados desplegados en las calles que se percataron de lo que ocurría, además de que, de tiempo atrás, tenían control del llamado C4, es decir, el centro de monitoreo de la ciudad a través de cámaras de vigilancia y frecuencias radiales.

Al inicio de los hechos el entonces secretario de Seguridad Pública del municipio, el mencionado Felipe Flores, mintió a los mandos militares: vía telefónica dijo que no tenía conocimiento de ningún incidente con estudiantes de Ayotzinapa, y a pregunta expresa del comandante del Batallón, José Rodríguez Pérez, negó que él o sus hombres hubieran detenido normalistas. Luego se documentó, como ya teclee, que sus policías, otros de Cocula y unos más de Huitzuco, capturaron a los estudiantes y los entregaron a criminales del cártel Guerreros Unidos, ya que pensaban que junto con los normalistas venían mezclados sicarios de su grupo rival, Los Rojos.

 LA NOCHE DEL EJÉRCITO

¿El Ejército pudo haber intervenido? Sí, pero había un pequeño problema legal para eso: si los soldados intervenían en aquellos hechos, en las detenciones y balaceras contra jóvenes a manos de policías, tenían que haberlo hecho del lado… de la autoridad legal y constitucionalmente establecida. Es decir, los soldados tenían que haber apoyado a plomazos a los policías contra los estudiantes y acaso trepar a sus camiones militares a los detenidos. Y ahí sí, vaya lío del que estaríamos hablando hoy.

  En el país, en algunas zonas con fuerte presencia del narco, donde hay destacamentos militares, como es el caso de Iguala, a veces surgen rumores de que algún mando recibe dinero de los criminales para que sus tropas los dejen hacer. En el caso Ayotzinapa asumo que la FGR habrá indagado tal vertiente: cómo estaban las finanzas y los bienes de los oficiales que estaban al frente del Batallón. Y si tienen pruebas de su colusión con los narcos locales, asumo que por ello habrán conseguido órdenes de aprehensión y los detendrán.

   Lo cierto es que, digan lo que digan activistas (tuitear o boletinear no cuenta como pruebas en un expediente), hasta ahora no hay una sola evidencia que haya sido exhibida en el sentido de que las Fuerzas Armadas participaron en la agresión, detención, ejecución y desaparición de los normalistas. Ni una.

   Pero sí fue un crimen de Estado, como teclee desde entonces, porque un gobierno municipal y tres fuerzas policiales de tres municipios, las cuales forman parte de instituciones del Estado, participaron activamente, junto a criminales, en la desaparición de los jóvenes.

   Imagine usted que eso sucediera en tres condados de Estados Unidos, que el alcalde de la tercera ciudad en importancia de un estado, y las policías de dos condados aledaños, atacaran, detuvieran, y entregaran a la mafia a 43 estudiantes de una escuela pública, por ejemplo en Misuri.

   En fin. Reconfirmada la esencia de lo detallado aquí en el reciente informe de Alejandro Encinas, ¿ya van a dejar en paz a los padres de los normalistas con su inconmensurable dolor, o de forma infame van a seguir lucrando todos con su tragedia?

  Ya párenle, políticos, funcionarios y activistas, tengan piedad, no sean canallas.

    BAJO FONDO

 El ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, detenido este viernes, es imputado por los delitos de “desaparición forzada”, “tortura” y “contra la administración de justicia” en el caso Ayotzinapa, según informó la FGR.

¿Tortura? Ojalá tengan videos que acrediten esos actos, al menos audios que documenten fehacientemente las actividades en las supuestas mazmorras donde operaba, para que el presunto torturador pague, pero si se trata de otro circo mediático como el del caso Lozoya en Pemex, menudo ridículo hará otra vez el fiscal Alejandro Gertz Manero.

 ¿Desaparición forzada? Ese cargo sí que suena espectacular: ¿Murillo Karam era parte de un cártel que levantaba ciudadanos, o desaparecía gente como el Ejército lo hacía por órdenes civiles en los años 60 y 70 contra guerrilleros y disidentes? Suena fabuloso que semejante delincuente pague, pero, como no tenga sustento tal acusación… otro ridículo infame hará Gertz Manero.

 Lo de obstruir la justicia es un señalamiento igualmente poderoso porque implicaría que el señor Jesús “M” era todo un delincuente que desaparecía, ocultaba, o manipulaba evidencias. Ojalá la refundan y pague sus fechorías, pero… como sea una tercera pista de circo para satisfacer sedes de venganza de los políticamente correctos, qué jodido quedará, una vez más, el Estado de Derecho en este país.

  El gran error de Murillo fue su insolencia no gobernada aquel día, el 27 de enero de 2015: usted recordará que, al hacer una presentación del caso ante la prensa, se le ocurrió proferir aquello de “esta la verdad histórica de los hechos”.

  Vaya ínfulas. ¿Qué le costaba un poco de sobriedad para informar escuetamente que esos eran los hechos documentados “hasta el momento” y que seguirían indagando? ¿Qué le costaba tener una pizca de empatía con los padres de los familiares?

  Uno es rehén de lo que dice. Qué monumental secuestro de palabras. (Juan Pablo Becerra-Acosta M, El Universal, Nación, p.5)

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Política Zoom /

Ayotzinapa, la misma serpiente de antes

Familiares de los estudiantes durante el tercer informe del GIEI sobre el caso. Araceli López

Las conclusiones presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a los padres de los normalistas desaparecidos pretenden ser el cierre político de la investigación del caso. Aunque el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aclaró que eran preliminares, en la realidad ese acto solemne puso punto final a las tareas que durante cuatro años realizó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

Excepto los funcionarios del gobierno federal, el resto de los asistentes al evento celebrado el pasado jueves 18 de agosto no había previsto lo que iba a ocurrir y tampoco conocieron el contenido de las conclusiones sino hasta el último momento.

Para los familiares fue muy duro escuchar al primer mandatario decir que sus hijos estaban muertos. Aunque en su fuero interno lo supieran, es cosa muy distinta que el jefe del Estado haya pronunciado palabras tan definitivas. “Fueron arteramente ultimados y desaparecidos,” sentenció el subsecretario Encinas ese mismo día y por segunda vez los padres de los normalistas tuvieron que encajar la irreversible realidad.

“Vivos se los llevaron,” pero ya no los podrán quererlos vivos cuando se los regresen.

La autoridad dice contar con evidencia de que “al filo de las 22:45 del viernes 26 de septiembre de 2014 se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.” También de que —a diferencia de “la verdad histórica” presentada en noviembre de 2014 por Jesús Murillo Karam, ex procurador de la República— los cuerpos de los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Información reciente indicaría que los restos fueron a dar a diferentes sitios tales como la ribera del río Balsas y la Laguna del Nuevo Balsas, en Cocula, la barranca de Tonalapa, en Tepecoacuilco, la brecha de Lobos y un paraje en las cercanías de Iguala y Tepeguaje.

¿Cuáles son las pruebas que llevan a pronunciarse sobre la hora exacta en que ocurrió la orden de matarlos? ¿Cuáles indicarían el homicidio múltiple? ¿Cómo se conocieron las coordenadas donde habrían ido a dar los restos? ¿Qué elementos llevan a suponer que el grupo de los 43 fue dispersado en distintas direcciones?

No es necedad exigir evidencia sólida, sino un acto de prudencia derivado de la experiencia anterior. El viernes 7 de noviembre de 2014 el ex procurador Murillo Karam ofreció una conferencia de prensa para pronunciar la conclusión política sobre la investigación del caso Ayotzinapa y presentó como evidencia un conjunto de declaraciones de distintos testigos narrando lo que ahora es cuestionado como una ficción: que los 43 estudiantes habrían sido conducidos a un basurero, que ahí les dispararon, que en el fondo de ese vertedero les incineraron y que en el río San Juan fueron arrojados sus restos. 

La prueba principal para sustentar aquella verdad histórica fue una serie de confesiones —más tarde se sabría— obtenidas mediante tortura. Se sumaron los restos óseos de uno de los normalistas, Alexander Mora, hallados en el río San Juan, mismos que, por las características del hallazgo, pudieron haber sido sembrados.

Si hoy la autoridad presume que “la verdad histórica” fue una ficción es porque las pruebas presentadas por Murillo se cayeron en los tribunales. Es principalmente por esta razón que ayer fue imputado por la Fiscalía General de la República como autor de una tremenda fabricación.

La única manera de no repetir el error de las pruebas sembradas, falsas, o bien, obtenidas mediante coacción contra los testigos, es asegurarse de que la nueva evidencia presumida por el presidente López Obrador y el subsecretario Encinas sea irrefutable.

En la sesión de conclusiones los funcionarios del gobierno afirmaron contar con conversaciones telefónicas, vía chat, entre 35 personas que habrían participado en el secuestro, la desaparición y el asesinato de los muchachos. Gracias a esos textos rescatados de cinco dispositivos celulares se conoce la hora en que se ordenó darles muerte y también los destinos posibles donde sus restos habrían terminado.

El problema surge cuando esta nueva evidencia podría ser tan endeble como la aportada hace casi ocho años. Primero, porque las intervenciones sobre esas comunicaciones privadas no fueron obtenidas mediante orden judicial y por tanto muy probablemente serán desechadas por los tribunales; segundo, porque no se presentaron acompañadas por exámenes periciales que confirmen su autenticidad; tercero, porque los expertos contratados por el gobierno para corroborar la veracidad de las pruebas conocieron ese material apenas el jueves pasado y; cuarto, porque esos textos no cuentan con la confirmación explicita de las personas que supuestamente los habrían redactado.

En su día, los familiares de las victimas suplicaron a Jesús Murillo Karam que no cerrara la investigación hasta que el caso que iba a presentar ante los jueces fuese sólido y estuviese bien armado, pero no les hizo caso. Ayer el ex procurador fue detenido debido a que apresuró conclusiones porque al gobierno de Enrique Peña Nieto le urgía deshacerse de Ayotzinapa.

Cabe imaginar el arrepentimiento que este ex funcionario carga hoy por haberse dejado presionar en sentido inverso al ritmo que la propia investigación exigía. Vivirá hasta el final de sus días con el estigma de haber sido, por omisión, cómplice de la desaparición de los normalistas y también de su eventual asesinato.

Si de nuevo estamos ante pruebas débiles, cuya procedencia es dudosa y que no están acompañadas de otros elementos que las hagan verosímiles, los jueces volverán a desecharlas y el cierre político que presenciamos esta semana —incluida la escandalosa detención de Murillo— habrá confirmado que, como país, seguimos sin entender nada. La serpiente cambió de piel, pero continúa siendo la misma serpiente.

Es clave para corroborar o desestimar las pruebas presentadas que los expertos internacionales se pronuncien sin ambigüedad al respecto. Ciertamente llama la atención el silencio que han guardado desde el jueves pasado. (Ricardo Raphael, Milenio, Política, p.10)

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Serpientes y escaleras /

Murillo en la cárcel; van por más peñistas

La detención del ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, acusado de delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia por el caso Ayotzinapa, sería la primera de varias acusaciones contra integrantes del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto que estuvieron relacionados con las investigaciones del caso de los 43 normalistas, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. De entrada, los subprocuradores de la PGR que llevaron este expediente, ya tienen también orden de aprehensión e incluso se habla de que podrían también ser detenidos al menos dos ex secretarios de estado del sexenio pasado que tuvieron relación con este caso.

La orden de aprehensión librada por un juez federal y solicitada por la Fiscalía General de la República en contra del extitular de la PGR, autor de la llamada “verdad histórica”, es parte de lo que anunció el jueves pasado el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, al presentar las conclusiones y hallazgos a los que llegó la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa, derivado de las cuales se presentaron ante la FGR varias denuncias penales en contra de exfuncionarios no sólo de la extinta procuraduría, sino del gabinete peñista, e incluso se habla de posibles acusaciones también contra integrantes del gobierno de Guerrero, que encabezaba en el momento de los hechos el exgobernador Ángel Aguirre Rivero.

Lo primero que llamó la atención en la detención de Murillo Karam fue la tranquilidad con la que el exprocurador, prácticamente se entregó al salir de su casa a los agentes del Ministerio Público Federal que acudieron acompañados de elementos de élite de la Secretaría de Marina. El también exgobernador de Hidalgo nunca opuso resistencia y, de acuerdo con fotografías que circularon ayer del momento de la detención, ocurrida a las 3:30 en su domicilio de Montañas Calizas 414, Lomas de Chapultepec, subió por su propia voluntad y sin ser esposado en ningún momento a la camioneta en la que lo trasladó al Reclusorio Norte, en donde fue presentado ante el juzgado que llevará su caso.

Antes que lo informara oficialmente la Fiscalía General de la República en un comunicado, una filtración al diario La Jornada incendió las redes sociales por tratarse del primer exprocurador de la República que es acusado y detenido por delitos graves. Apenas unos minutos después de que la FGR confirmara la detención a través de un comunicado, funcionarios del gobierno federal, como el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, y el director del Sistema Público de Radiodifusión, Jenaro Villamil, comenzaron a subir mensajes a las redes sociales comentando la detención: “Confirma la FGR la detención de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República en el gobierno de EPN. Artífice de la “verdad histórica” de Ayotzinapa y célebre por su frase desafortunada #YaMeCansé. Se rompe el pacto de silencio”, dijo Villamil.

En tanto el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez, no sólo comentó que “La FGR y la Semar han cumplido la orden de aprehensión contra Jesús “M”, quien fuera Procurador General de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la Justicia, en el Caso Ayotzinapa”, sino que además informó, aún antes de que lo hiciera la FGR de manera oficial, que “Éste será remitido al Reclusorio Norte”. A la ola de tweets se sumó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien comentó en su cuenta que “La “Verdad Histórica” y el #YaMeCansé quedarán en el basurero de la historia al igual que el sexenio de Peña Nieto”.

Así, mientras los sectores más radicales y duros de la 4T festejaban la detención y le daban interpretaciones grandilocuentes, entre los grupos más moderados, pero sobre todo entre los juristas y abogados, incluso algunos ministros de la Suprema Corte, se comentaba en corto que las acusaciones en contra de Murillo Karam “se ven endebles” y que “serían muy difíciles de probar en un juicio penal”, sobre todo las imputaciones de desaparición forzada y tortura, que tendrían que demostrar que el exprocurador participó directamente o dio la orden para que se cometieran estos delitos de lesa humanidad. “El único delito que le podrían probar sería contra la administración de la justicia, pero sus 80 años de edad serían un atenuante para que permaneciera en prisión”, comentó ayer a esta columna un abogado relacionado con el caso Ayotzinapa.

MURILLO YA ESPERABA SU DETENCIÓN Y AVISÓ A SUS HIJOS

Anoche la captura y encarcelamiento de Murillo Karam, un político de la vieja guardia priista, generaba reacciones de enojo e indignación entre los dirigentes y militantes del PRI y entre exintegrantes del gobierno de Peña Nieto, que calificaban el hecho como una injusticia y un desplante político y autoritario del gobierno de López Obrador. El CEN priista fijó su posición también en un tweet en el que dijo que “la detención de Jesús Murillo Karam responde más a un tema político, que de justicia. Esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas. Esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales de los hechos”.

En los círculos militares se especulaba sobre la versión de que podría haber detenciones también de algunos integrantes del Ejército, pues según las conclusiones presentadas por el subsecretario Encinas, se confirmó la participación de soldados del Ejército Mexicano pertenecientes al Batallón 27 de Infantería, pues según el funcionario de Gobernación, el Ejército es también responsable de este crimen, al menos, “por acción, omisión o negligencia”. Y la pregunta obligada es si entre las “33 personas” que fueron señaladas por la Comisión de la Verdad, ante la FGR, ¿se imputará y detendrá a algún mando militar, por ejemplo, el entonces jefe del mencionado Batallón con sede en Iguala y actual General Brigadier, José Rodríguez Pérez, o el entonces jefe de la 35 Zona Militar en Guerrero, General Alejandro Saavedra Hernández?

Por lo pronto, anoche a esta columna llegó una versión directa de familiares cercanos del exprocurador Jesús Murillo Karam, quienes nos afirman que “don Jesús sabía desde hace tiempo que iban a acusarlo y detenerlo”, y su afirmación se basa en que, hace casi un año, el político hidalguense convocó a todos sus hijos a su casa en Las Lomas y ahí les pidió que estuvieran “preparados” porque sabía que “en Palacio Nacional ya habían tomado la decisión de acusarlo y encarcelarlo”, como una forma de justificar sus nuevas investigaciones y tratar de calmar la inconformidad de los padres de los 43 normalistas con este gobierno, ante la falta de resultados en el compromiso presidencial de revelarles el paradero de sus hijos y los culpables y móviles de su desaparición y asesinato.

Encinas cumplió al final con el encargo que le hizo el presidente López Obrador, quien le pidió nombres y cabezas para calmar la ira de los padres y evitar que se rebelaran contra su gobierno. Para eso pusieron al subsecretario al frente de la Comisión de la Verdad y el jueves en su informe final él habló claramente de “33 personas” que fueron señaladas y acusadas por dicha comisión ante la FGR. Ayer cayó el primero ¿quiénes serán los otros 32? Parece que habrá varios nombres de peso completo en el gobierno anterior y posiblemente hasta del Ejército. “Salvo Peña Nieto, para abajo todos”, nos insistía ayer una fuente cercana a Palacio Nacional.

NOTAS INDISCRETAS…

A Jaime Bonilla le fue como en feria con sus declaraciones sobre la novatez y la “falta de oficio político” de la que acusó a su sucesora, la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Y es que los dichos del senador y exgobernador de Baja California sobre que Marina “rompió acuerdos con el Cártel Jalisco Nueva Generación” y que “la ola de violencia en Baja California fue un reclamo por no cumplir”, desató una ola de reacciones en fila desde la 4T.

A los respaldos de los 24 gobernadores y gobernadoras morenistas y el dirigente nacional de Morena, se sumó ayer el mismo presidente López Obrador, quien trasladó a Tijuana su reunión de gabinete de seguridad y en una visita oficial al Estado le dio un público y abierto “espaldarazo” a la mandataria morenista, de quien dijo, “Marina del Pilar fue electa de manera democrática por el pueblo de Baja California y es la gobernadora legal y legítimamente constituida, además, cuenta con nuestro apoyo y más, con nuestra simpatía.Venimos a decirle que no está sola, que el gobierno federal la va a apoyar siempre”.

El Presidente reconoció que hay “fuego amigo” entre los integrantes de la 4T y los llamó a que “mantengan la unidad”. Veremos qué tanto le cuesta a Bonilla su duro lance contra su antecesora y si las investigaciones en su contra, por irregularidades en su gobierno, no arrecian en Baja California. Por lo pronto el exgobernador habló, franco y directo como es, desde la comodidad de su fuero… ¿Casualidad o coincidencia? Rosario Robles fue liberada ayer de la cárcel, tras más de dos años de permanecer presa en Santa Martha Acatitla. El juez Felipe de Jesús Delgadillo dictó anoche su liberación inmediata, con la medida cautelar de que tendrá que presentarse a firmar cada 15 días al Juzgado del Reclusorio Sur.

Anoche Mariana Moguel, Francisco Robles Berlanga y los abogados de la exsecretaria de Sedesol, esperaban en las puertas del reclusorio la salida de Rosario, que termina ganando una larga batalla legal en la que todos los fallos a su favor siempre se toparon con la consigna política que la mantuvo en prisión por un delito que no ameritaba cárcel preventiva de manera oficiosa. Y la pregunta es: ¿será que al detener a Jesús Murillo Karam la FGR, el gran dedo de Palacio se movió hacia arriba y ordenó la liberación de su examiga muy cercana para que no lo vaya a acusar de autoritario y persecutor de opositores? A como está ya el inquilino y, peor que se va a poner –como él mismo ha dicho— ya todo puede creerse… Los dados mandan Serpiente Doble. Semana intensísima. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p.8)

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Ally Shoring: ¿oportunidad para México o sólo para EU?

Los bienes manufacturados son, desde hace muchos años, producto del comercio internacional y las cadenas de valor globales; por lo tanto, la menor disrupción puede resultar caótica, como se ha demostrado durante los últimos 13 meses. Sin embargo, a río revuelto, ganancia de pescadores y con la debida planeación, México podría estar frente a una gran oportunidad.

Recientemente, especialistas en Estados Unidos (EU) han propuesto profundizar la relación comercial al amparo del T-MEC y asegurar que las cadenas productivas se alejen de Asia y regresen a Norteamérica mediante el Ally-Shoring, que consiste en estrechar lazos en investigación, desarrollo, así como de seguridad y gobernanza, para asegurar que tanto los insumos y como el ensamblaje, ocurran en la región.

De acuerdo con la U.S.-Mexico Fundation (think tank dedicado a estudiar la relación bilateral), Estados Unidos enfrenta problemas de contratación derivados de la pandemia, que podrían persistir en el tiempo; mientras que México cuenta con una fuerza laboral complementaria y capacitada. La propuesta para resolver éste problema es impulsar una fuerza laboral bilateral, bajo el esquema de Ally-Shoring .

Entre los beneficios de éste apuntalamiento aliado, la Fundación destaca: una cadena de suministro más resiliente, una relación comercial más integral, impulso a la productividad de la región y cumplimiento de los requisitos de contenido, proximidad y suministro que marca el TMEC. Incluso, la huella de carbón se reduciría al acortar las distancias entre el insumo, la armadora y el mercado.

Para ser exactos, en México, hay 3.6 millones de personas jóvenes, calificadas (que cuentan con, al menos bachillerato concluido) y disponibles, en busca de empleo, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI. Mientras en EEUU, hay 4.6 millones más de puestos vacantes, que buscadores de empleo, según la U.S. Chamber of Commerce.

Para las empresas mexicanas que participan en las cadenas de valor cubiertas por el TMEC, esta profundización suena bien porque es cierto que estamos frente a la imperiosa necesidad de reajustar nuestras cadenas productivas y hacerlas menos dependientes de los insumos de China y Asia-Pacífico.

También el upskilling (o mejoramiento de habilidades) para su fuerza laboral sería de gran impacto y la experiencia de tener operaciones bilaterales, podría dar un impulso muy interesante a las empresas, las personas y la economía mexicana. A nivel nacional, el flujo de Inversión Extranjera Directa aumentaría en montos pero también en sectores de alta demanda tecnológica

Sin embargo, el sector privado mexicano necesita certeza y claridad en dos asuntos: el primero radica en cómo sustituir ciertos insumos esenciales que hoy no se producen en la región sino solo en Asia y cuyo desarrollo no puede darse de la noche a la mañana. Tal es el caso de piezas electrónicas, semiconductores, derivados del silicio y sustancias químicas.

En segundo es sobre cómo va a quedar la situación laboral de los trabajadores. Pues el análisis propone una fuerza laboral bilateral pero sin detallar un modelo de movilidad sino solo enfatizando en que los programas de visado laboral requieren modernizarse y que la política migratoria debe pasar de “defensiva” y solo proteger a sus trabajadores internos, a una “afirmativa”, que incluiría a la fuerza laboral mexicana participante en las cadenas productivas radicadas en EEUU.

El asunto laboral no es poca cosa, pues la propuesta habla de vacantes de trabajo a cubrirse en Estados Unidos pero para sectores productivos al amparo del TMEC y dentro de una cadena de producción binacional.

En suma, es una propuesta interesante que coincide con lo que muchos organismos empresariales mexicanos hemos enfatizado sobre reducir la dependencia de los insumos y bienes intermedios de origen chino. Sin embargo, hay que leer esta propuesta a la luz de las diferencias entre EEUU y China, que desde la presidencia de Donald Trump, no han hecho más que escalar de una guerra comercial expresada en aranceles, hasta el complejo escenario que vemos hoy, con la reciente visita a Taiwan, que si bien no fue de Estado, sí generó una respuesta estatal por parte del mandatario chino Xi Jinping. (Rodrigo Alpízar, El Sol de México, Análisis, p.11)

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Arsenal /

Sale de la cárcel una presa políitica, la sustituyen con otro preso político

Se cumplió lo que adelantamos ayer en este espacio: Jesús Murillo Karam fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República por el caso Ayotzinapa, ocurrido hace casi ocho años.

Los delitos que se le imputan son gravísimos: Desaparición forzada, tortura y obstrucción en la administración de justicia. Lo detuvieron en su domicilio. No opuso resistencia. Colaboró con las autoridades, dice el comunicado de la FGR.

El arresto se produce en un ambiente de polarización extrema en tiempos preelectorales.

Eso nos da derecho a sospechar que se trata más de un tema político que de justicia.

Se usan los instrumentos de procuración de justicia para cosechar aplausos de la población en un tema que le duele a los mexicanos.

En la masacre de los normalistas participaron directamente policías municipales de Iguala y otros municipios de Guerrero. Entregaron a los muchachos a delincuentes de la organización de Guerreros Unidos que los creían integrantes de la banda de Los Rojos.

A destacar que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, era del PRD, partido al que entonces pertenecía López Obrador. Abarca sigue preso, al igual que el entonces jefe de la Policía municipal Felipe Flores.

El caso, hay que subrayarlo, no ha sido resuelto. No se le puede dar carpetazo con la detención de Murillo y proclamar: ¡Cumplimos! Falta que al exprocurador le prueben las acusaciones en un debido proceso. Una y otra vez Encinas y compañía han descalificado la verdad histórica, pero nomás no aclaran cómo fueron ejecutados los normalistas y dónde están sus restos.

Hay que hacer notar que el de Murillo no es un caso aislado. Allí está el panista Ricardo Anaya. Si no hubiese puesto los pies en polvorosa ya estaría en la cárcel.

O el de Alito Moreno, a quien le cumplieron la amenaza de que, si la bancada del PRI en San Lázaro no votaba por la reforma eléctrica, se le iban a ir con todo.

La Fiscalía de Campeche ya pidió el desafuero del diputado federal del PRI y dirigente nacional de ese partido, por “enriquecimiento ilícito’’.

* Del tema hablamos con el diputado del PAN Santiago Creel, quien formó parte de la mesa del Pacto por México, donde hace ocho años se discutió ampliamente la barbarie en Iguala.

Fue prudente: “No tengo los elementos del caso en detalle, pero todo indica que puede ser un tema de origen político en un contexto de polarización extrema”, nos dijo.

Guadalupe Acosta Naranjo, expresidente nacional del PRD, por el contrario, se fue con todo: “Ésta es una terrible injusticia que sólo trata de ocultar el fracaso de la investigación y las mentiras que ha generado la 4T sobre el tema”.

Acosta hizo notar que no hay nada nuevo en el informe que precedió a la captura de Murillo. “Lo único que hace es validar, en lo esencial, la verdad histórica, según la cual los 43 normalistas fueron secuestrados y ejecutados, “Jesús es ahora un preso político”, sintetizó.

El exjefe nacional del PRD dice también que, a pesar de que el informe es duro con los militares asignados en ese entonces a la región, protege a altos oficiales de las Fuerzas Armadas. “¿Tú dime, a quién van a agarrar?”, preguntó, al tiempo que recordó que el jefe de la Marina en la región donde ocurrió la masacre es el actual titular de la Semar, almirante José Rafael Ojeda Durán.

* El PRI coincide en que la detención responde más a un tema político que a la justicia. En un comunicado, el CEN del tricolor hace énfasis en que esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas.

“Esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales de los hechos. Hoy al gobierno de Morena le sirve irse contra el exprocurador. Mañana será contra cualquier opositor o ciudadano que les incomode”, vaticina.

Y remata: “Nuestro respaldo absoluto a él. No nos quedaremos callados ante un gobierno que utiliza el aparato del Estado en contra de opositores”.

En lo individual platicamos con el senador priista por Guerrero, Manuel Añorve. Sólo pide que a Murillo se le respete el debido proceso y que no se politice la justicia ni se judicialice la política.

El senador Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación cuando la barbarie de Iguala, no había fijado postura, a pesar de que los fans del obradorismo piden su cabeza en las redes sociales. Está obligado a pronunciarse.

Finalmente, el exdiputado federal del PRD, Fernando Belaunzarán, puso un tuit que nos llamó la atención:

“Mientras los asesinos salen de prisión (El Gil, jefe de los sicarios de Guerreros Unidos, es testigo protegido y está libre), López Obrador detiene a quien los detuvo.

“La detención de Murillo Karam es un acto de propaganda que demuestra la falta de principios y escrúpulos de López Obrador”, puntualizó.

* Cierro la columna con una muy buena noticia. Rosario Robles, por fin dormirá en su casa, luego de pasar tres años y días en la cárcel de Santa Martha Acatitla, por un delito que no ameritaba prisión preventiva: ejercicio indebido de la función pública. Llevará su proceso en casa, pero tiene que firmar periódicamente y no puede abandonar el país. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional,p.4)

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Retrovisor /

¿Olga Sánchez Cordero vs. Rosario Piedra?

El miércoles nos reencontramos a la feminista Olga Sánchez Cordero.

Es pronto para decir que la hemos recuperado en el activismo por la igualdad de género. Pero su voz volvió a sumarse públicamente contra las violencias institucionales que invisibilizan el reclamo de justicia de las mujeres.

Aliada histórica de estas causas, la aún presidenta del Senado puso en pausa su militancia feminista cuando el gobierno asumió que ésta era parte de lo que el presidente López Obrador llama los conservadores.

Perdimos entonces el acompañamiento de la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y primera secretaria de Gobernación.

Esta semana, sin embargo, la legisladora de Morena rompió su tregua. Lo hizo al definir que los deudores alimentarios incurren en violencia económica, doméstica, emocional y psicológica al negarles la pensión a sus hijos menores de 18 años.

Es relevante contar con Olga Sánchez Cordero en el inicio de un proceso que apenas comienza y que habrá de desahogarse entre los ministros de la SCJN, a quienes corresponderá validar o rechazar la acción de inconstitucionalidad 98/2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que busca invalidar la Ley 3 de 3 contra la violencia (doméstica, sexual y por adeudo de la pensión).

Porque el Congreso puede y debe respaldar el movimiento ciudadano y legislativo que viene reclamando desde 2020 que ningún agresor pueda llegar al poder y que se ha traducido en iniciativas de reforma en ocho entidades.

El Senado, además, tiene un deber mayor porque cuenta con la facultad de designar y de remover al titular de la CNDH, así como de llamarlo a comparecer cuando así se requiere.

Veremos si Sánchez Cordero, en los próximos 10 días que le restan a su presidencia en la Mesa Directiva de la Cámara alta, respalda a las senadoras del PAN que ahí encabezan las comisiones de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, y de la Niñez, Josefina Vázquez Mota, quienes ya se pronunciaron a favor de la Ley 3 de 3, de las colectivas de mujeres que la defienden y de convocar a Rosario Piedra Ibarra, al frente de la CNDH.

“Quiero decirles, categóricamente, que yo no estoy de acuerdo con esta acción de inconstitucionalidad que presentó la CNDH, porque nos ha costado mucho trabajo, incluso el registro de deudores alimentarios”, expuso Sánchez Cordero.

Era lo menos que esperábamos de ella, dirán quienes con justicia exigen congruencia en la causa contra un Estado patriarcal y machista que invisibiliza nuestros reclamos. Y que no se hace cargo del peso que la violencia doméstica tiene en la violencia criminal que hoy nos agobia.

Como lo documentamos en el libro Mexicanas en pie de lucha (Reportajes sobre el Estado machista y las violencias), las feministas de la autoproclamada Cuarta Transformación decidieron trabajar por su cuenta y sin reflectores en la defensa de una agenda que en las tres décadas anteriores se había forjado al calor de alianzas entre políticas y activistas de todos los partidos.

Desde esa deliberada ruptura con el movimiento de las mujeres, la entonces secretaria de Gobernación optó por el silencio frente a la cancelación de las estancias infantiles, el recorte presupuestal a los refugios y programas de mujeres, el grito de que “un violador no puede ser gobernador”, que cientos de morenistas hicieron suyo infructuosamente.

Y, aunque Olga continuó empujando la perspectiva de género en el gabinete, nadie se entusiasmó en serio ante un presidente López Obrador que descalifica esa agenda.

Con este antecedente debemos ponderar la respuesta de la senadora morenista en favor de la Ley 3 de 3 y en contra de la defensa que Rosario Piedra hace de los deudores alimentarios, una defensa que anoche fue descalificada por el Consejo Consultivo de la CNDH, cuyos siete integrantes lamentan no haber sido, valga la redundancia, consultados. Y le recuerdan a la titular la larga lista de convenciones internacionales y leyes que esa acción de inconstitucionalidad pasa por alto.

En un breve diálogo en los pasillos del Senado, cuando una decena de activistas ­—entre ellas Patricia Olamendi, Yndira Sandoval y Lorena Villavicencio— entregaban el documento, cálida y receptiva, la senadora se definió indignada y extrañada por la acción de la CNDH.

“Yo no sé quién los asesora”, repitió en tres ocasiones.

Contó lo que ese mismo día confirmó el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar: varias senadoras le expusieron el martes 16 su preocupación por ese recurso que, de prosperar, establecería un retroceso.

La voz de Olga resulta fundamental para romper el silencio de las disciplinadas feministas de la autoproclamada Cuarta Transformación que, como ella, han privilegiado asimilarse al discurso oficial, para nunca contradecir al Presidente.

Y es que es sabido y documentado que Piedra Ibarra actúa como lo que es desde que llegó a la CNDH: un alfil del gobierno y de sus apuestas ideológicas.

¿Es esta acción de inconstitucionalidad un encargo de Palacio Nacional? ¿Por qué tanto interés en descarrilar la 3 de 3? ¿Quiere proteger a deudores morenistas que con esta ley quedarían vetados?

¿Sabe acaso la senadora que esta vez la comisionada se fue excepcionalmente por la libre? ¿O es que Olga está dispuesta a contradecir al Presidente en este litigio? (Ivonne Melgar, Excélsior, Nacional, p.7)

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