Las columnas políticas hoy, viernes 13 de agosto de 2021
Una juez podría frenar el regreso a clases
Bajo Reserva/ El Universal
Debido a que el regreso a clases presenciales no es obligatorio y a que las autoridades federales han emitido acuerdos y protocolos de sanidad para evitar contagios, la juez Noveno de Distrito en materia Administrativa no consideró necesario frenar el regreso a las aulas para el ciclo 2021-2022. La demanda de amparo fue tramitada por una organización de la sociedad civil que destacó la presencia de la variante Delta como un factor de mayor riesgo para los alumnos y las familias mexicanas. Sin embargo, el amparo aún no se ha resuelto, si para el 18 de agosto surgen nuevas pruebas de que la salud de los alumnos no está garantizada, la juez puede conceder la suspensión definitiva hasta que decida si concederá o no el amparo contra el regreso a clases presenciales.
Diplomacia mexicana va por solución en Venezuela
Todo está listo para que hoy la oposición y el gobierno de Venezuela inicien el proceso de diálogo en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Nos dicen que este viernes se realizará una ceremonia de inicio de las negociaciones en la que participarán ocho miembros de la oposición, ocho del gobierno venezolano, además de un representante del gobierno de Noruega, como mediador, y el canciller Marcelo Ebrard. La primera ronda oficial de pláticas se realizará el sábado y domingo. Nos hacen ver que además de que México podría ayudar a que los venezolanos solucionen sus problemas internos, también podría lograr que la diplomacia nacional vuelva a brillar como sucedió en otras épocas.
Y la 4T sigue regalando oro a manos llenas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se acaba de unir al selecto club de instituciones federales que les gusta regalar oro a sus empleados para reconocer su lealtad. Nos detallan que, como ha sucedido con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Hacienda lanzó una licitación para comprar centenarios como Premio de Perseverancia y Lealtad de la SHCP 2021. Esto, nos aseguran, obligado por el Contrato Colectivo de Trabajo que mantiene con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de Hacienda. El gobierno mexicano ha sido capaz de renegociar multimillonarios contratos con empresas energéticas y prestadores de servicios que fueron firmados por la pasada administración, pero ha sido incapaz de hacerlo con los sindicatos. La austeridad republicana tiene sus excepciones.
Perdieron, dice Ana Guevara
¿Será que el presidente Andrés Manuel López Obrador llame a cuentas a la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara por la pobre cosecha de medallas en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio? Todo pareciera indicar que esto no sucederá, pues la exvelocista se siente muy segura en el cargo y no sólo le molestan las críticas que ha recibido, sino que ahora hasta se burla y justifica el lugar 84 en el que quedó la delegación mexicana al decir que ella “no compitió”. Lo típico, cuando se gana se dice ganamos y cuando se pierde, perdieron.
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Sacapuntas
Buscando un voto
En público, PRI, PAN, PRD y MC negaron dar el voto que falta a Morena para el periodo extraordinario en el que se revisarán las leyes reglamentarias de revocación de mandato que tanto urgen al presidente López Obrador. Pero nos cuentan que el líder morenista en el Senado, Ricardo Monreal, está tejiendo fino y el próximo lunes o antes podría dar la sorpresa.
SNTE pasa lista
Respaldo total dio el SNTE, dirigido por Alfonso Cepeda Salas, al plan del gobierno federal para regresar a las clases presenciales el próximo 30 de agosto. Los trabajadores de ese gremio se dijeron listos para reanudar la operación de los colegios y, sobre todo, lograr atraer de nuevo a sus estudios a los alumnos que han desertado durante la pandemia.
Ella convence a todos
Pocos personajes como Nashieli Ramírez, ratificada como titular de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX. La votación del Congreso local fue de 53 a favor, cero en contra y cero abstenciones; es decir, todas las bancadas estuvieron de acuerdo en reelegirla para un segundo periodo de cuatro años. Y al final de la sesión todas y todos querían foto con ella.
Otro hackeado
Aumenta la lista de políticos hackeados en sus cuentas de WhatsApp. Ahora le tocó al senador de Morena, Higinio Martínez, quien informó del presunto delito vía redes sociales. Su caso se suma al de Ricardo Monreal, Olga Sánchez Cordero, Margarita Zavala, Víctor Hugo Romo, Adrián Rubalcava, Kenia López, Claudia Anaya, Geovanna Bañuelos… y los que vengan.
La primera gobernadora
A tambor batiente trabaja la gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, a unos días de tomar posesión como la primera mandataria, tras las elecciones del 6 de junio. Entre otras cosas, está enfocada en tres rubros: salud, seguridad y economía. Incluso, nos dicen que ya consiguió importantes respaldos financieros para diversos proyectos. (El Heraldo de México, La 2, p.2)
Antinomias / La demanda del Gobierno mexicano por la venta de armas en EU
Sin duda la presentación de la demanda civil en la Corte del Distrito de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, es una gran apuesta jurídica y política del Gobierno mexicano, de entrada es un éxito poner sobre la mesa de discusiones un tema tan importante, y más si se hace con argumentos jurídicos sólidos, y en el país donde se dice que los jueces gozan de una gran independencia.
Para la elaboración de la demanda, el Gobierno mexicano contrató al despacho Hilliard Shadoven, fundado en el año 2012 en Austin, Texas, con reconocido prestigio; la demanda principalmente solicitó que las empresas reconozcan que sí tienen deberes legales para evitar armar a criminales en México, y que han causado un daño económico y social, para ello sustentaron su demanda, principalmente, en la legislación mexicana en materia de responsabilidad civil; en la Ley de Exportación de Armas de EU y en la Ley de Agravios, también de Estados Unidos.
El ingreso ilegal de armas a México se calcula entre 250 mil y 350 mil, generando ingresos en promedio de doscientos cincuenta millones de dólares anuales; sin duda son ingresos importantes, por lo que la defensa contará con un financiamiento del tamaño de los ingresos, además de que querrán las armadoras que no se dañe su imagen, y se juzgue como abastecedores de las armas de los cárteles mexicanos.
Los fabricantes y distribuidores de armas tienen a su favor la Segunda Enmienda en los EU, la cual los protege de ser responsables del uso que se les dé a las armas que venden; sin embargo, la enmienda no les autoriza vender armas a delincuentes y grupos criminales, lo cual los pone en entredicho, y seguramente señalarán la responsabilidad de los gobiernos en las aduanas, por permitir su paso por ellas.
Se puede suponer que el gobierno de Biden y los legisladores demócratas no interferirán en la defensa de los fabricantes de armas, pues ellos han sido críticos de la política de la venta libre de armas, en virtud de haber producido más de cuarenta mil muertos en EU, y treinta y cinco mil en México, durante el 2020.
En la demanda presentada se tiene que acreditar que la fabricación y venta de armas genera una responsabilidad objetiva, la cual consiste en que por su propia naturaleza, las armas crean el riesgo de causar un daño, de hecho es parte de su finalidad; sin embargo, lo más difícil será calcular el monto del daño causado, ya que se presta a consideraciones subjetivas. Esto será un trabajo muy fino por parte del Gobierno mexicano.
De cualquier forma, se gane o se pierda el juicio, por su simple presentación ya generó un triunfo de la Cancillería mexicana, al poner en la mesa de discusión y en la agenda de los tribunales norteamericanos, el tema de la venta de armas y sus repercusiones en el mundo, y en especial en México. ¡Enhorabuena! (Antonio Fernández Fernández, La Razón, México, p.10)
En Privado / Enemigo la pobreza, no el Coneval
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer el jueves los resultados de la medición Multidimensional de la Pobreza 2018-2020, lapso en el que 3.8 millones de mexicanos cayeron a situación de pobreza al aumentar de 51.9 millones a 55.7, un incremento de 2 por ciento, de 41.9 a 43.9 por ciento de la población.
Y que otros 2.1 millones de mexicanos pasaron a pobreza extrema al incrementarse de 8.7 a 10.8 millones, de 7 a 8.5 por ciento de la población, 1.5 por ciento.
Sumando ambos, el aumento total de pobres en el periodo 2018-20, los dos primeros años de la 4T, es de 5.3 millones de personas, 3.5 por ciento del total de la población.
Y no solo eso, a pesar de los programas sociales, 66 millones de personas, 52 por ciento de la población, carece de acceso a la seguridad social derivado, en gran parte, de la extinción del Seguro Popular y el deficiente funcionamiento del Insabi.
Obviamente el viernes, en la mañanera, le preguntaron al Presidente sobre estas cifras, que obviamente las rechazó con su recurso de yo tengo otros datos, no acepto los resultados de esa encuesta (sic). Hasta les podría presumir sobre resultados, pero ya no lo hizo y se fue por el discurso contra sus adversarios, cuando el Coneval no lo es, su adversaria es la pobreza.
Y en este estudio le va ganando al discurso.
RETALES
- ABANDONO. La prioridad del Presidente de aquí a marzo es el referendo sobre la revocación de mandato, para el que no hay ley reglamentaria a la reforma constitucional de diciembre de 2019 que dio un plazo de 18 meses para aprobarla, que ya se venció y que senadores y diputados incumplieron. Ante el reproche presidencial, ahora salen con que habrá un periodo extraordinario para apoyarla, cuando a esta legislatura le quedan 15 días. Puros cuentos;
- JEFE. El titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, ha creado un nuevo mando, comandante del Ejército Nacional, cuyo primer titular será el general de brigada Eufemio Ibarra Flores, hasta el mes pasado comandante de la novena región militar, con sede en Acapulco; y
- TENTACIÓN. El Banco de México recibió de un aporte del FMI, de apoyo por el covid, el equivalente a 12 mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), lo que llamó la atención del Presidente, quien planteó usarlos para pagar deuda externa, y no tardó Gerardo Esquivel, subgobernador de ese banco central, en aclararle que esos DEG’s no son moneda, son un activo de las reservas y que, por mandato legal, no se pueden usar para pagar deuda externa. Nadie le explicó a López Obrador que su propuesta era ilegal. Pero ahí está la tentación de las reservas que al mes pasado sumaban 193 mil millones de dólares que dice generan muy poco rendimiento. Cuidado. (Joaquín López-Dóriga, Milenio, Al Frente, p.3)
Definiciones / Lozoya vs. Robles
Rosario Robles cumple hoy dos años tras las rejas. El 13 de agosto de 2019 llegó por su propio pie a una audiencia; ya nunca salió. La detuvieron y dejaron privada de la libertad en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla. Su caso contrasta con otros, pero marcadamente lo hace con el de Emilio Lozoya, quien luego de estar prófugo de la justicia, fue detenido y extraditado desde España, para finalmente nunca pisar la cárcel —ni siquiera un juzgado— en nuestro país.
Entre Robles y Lozoya, hay un abismo. Para ella, todo el peso de la ley y más, si es necesario. Para él, consideraciones y deferencias.
Para la exsecretaria, cárcel, aunque no se justifique jurídicamente. Para el exdirector de Pemex, comodidades, aunque sean difíciles de justificar.
Robles lleva dos años en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.
Lozoya, llegó hace más de un año extraditado y no ha pisado un juzgado.
Ella está acusada de ejercicio indebido del servicio público por omisión. Delito no grave que no ameritaría prisión preventiva. Él fue detenido acusado de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Delitos graves que ameritarían prisión preventiva.
La dos veces secretaria en el sexenio de Peña Nieto se presentó voluntariamente ante un juez el día en que fue citada. El exdirector de Pemex estuvo prófugo de la justicia y fue detenido en Málaga, España, luego de contar con ficha roja de Interpol.
A ella un juez, le reclasificó el delito y aceptó pruebas que no resisten la mínima revisión presentadas por el MP. A él, le podrían ser retirados los cargos más graves y quizá libre la cárcel por su “cooperación”.
Robles es parte de la narrativa de la cero tolerancia en el combate a la corrupción. Lozoya es “testigo colaborador” al que “hay que cuidar”, ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ella ha pedido en tres ocasiones el cambio de la medida cautelar, mostrando que las pruebas presentadas fueron falseadas y, por tanto, no habría riesgo de fuga. Él, parece fijarle a la FGR condiciones; más de un año después de su llegada, nadie lo ha visto.
Rosario Robles es “enemiga” de la 4T; Lozoya ya es aliado.
Ella tiene un diagnóstico médico por hipertensión arterial y rinitis crónica; él fue hospitalizado por anemia cuando llegó al país, aunque las autoridades españolas dijeron que no presentaba ningún síntoma hasta antes de tomar el avión en el que llegó extraditado. “Enfermó” en el camino.
Para Robles parece que no habrá debido proceso, presunción de inocencia y principio pro-persona que valga; para Lozoya, sobran atenciones.
Hacia ella, parece venganza. Hacia él, conveniencia. Ella es demonio. Él está en camino a la purificación. (Manuel López San Martín, El Heraldo de México, País, p.8)
Desde Afuera / ¿Problemas en la SRE?
Es ciertamente una tempestad en un vaso de agua, pero infortunadamente el fulminante cese de Jorge Hernández como agregado cultural en la embajada de México en España subrayó la que parece una complicada situación en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En parte, el problema se origina en los eternos pleitos de camarillas culturales, mayormente ajenas, pero que también reflejan la pluralidad de los grupos tradicionalmente adscritos a la SRE y, a veces, aunque sea de forma marginal, tienen un impacto sobre la política exterior o la imagen del país, especialmente cuando sus choques se hacen públicos.
Hernández fue despedido por razones que ahora parecen confusas y que él mismo atribuye a un posible acto de censura, derivado de la incomodidad por sus colaboraciones periodísticas.
La primera versión decía que fue por referirse críticamente, en un texto, a lo que se consignó como desdeñosas referencias a la lectura por placer hechas durante una conferencia de Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La segunda, días después, a que hizo comentarios misóginos sobre la embajadora María Carmen Oñate Muñoz.
Pero Arriaga negó haber pronunciado la afirmación que le atribuyeron y Enrique Márquez, director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, echó a andar la segunda versión.
Tanto Márquez como Hernández serían parte de diferentes camarillas culturales, aunque contabilizados entre los 12 o más grupos que se dice llegaron a la SRE como resultado de compromisos políticos, tras el cambio de gobierno.
De acuerdo con al menos una versión, el número de personas contratadas administrativamente supera ampliamente a los mil 103 miembros del Servicio Exterior Profesional. Sin embargo, no es un fenómeno nuevo.
Si eso afecta o no la conducción de la política exterior es discutible. Lo cierto es que el canciller Marcelo Ebrard parece tratar de conciliar y sujetar sus ambiciones políticas a mandatos presidenciales que lo han hecho literalmente un ajonjolí de todos los moles.
Ebrard, así como sus operadores y aliados, está presente en prominentes acciones de política pública, de la obtención de vacunas contra el COVID-19, a la demanda contra los fabricantes estadounidenses de armas, al tiempo de ser uno de los principales ases políticos del régimen.
En qué medida los embates de la política doméstica, incluso la abierta, pero formalmente no iniciada carrera por la nominación presidencial en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) influyan en la situación interna de la cancillería está por verse, no obstante, es una consideración en otros países.
El debate en torno al despido de Hernández puede ser anecdótico y realmente ajeno a la cancillería, pero junto con las quejas cada vez menos sotto voce de los diplomáticos de carrera es una señal de posibles problemas. (José Carreño Figueras, El heraldo de México, Orbe, p.31)
Jaque mate / Tragedia gratuita
¿Quién podría cuestionar la decisión de hacer gratuitos todos los medicamentos en nuestro país? Es una de esas medidas que parecen destinadas a arrancar un aplauso entusiasta y generalizado de la población.
El camino a las tragedias, sin embargo, suele estar pavimentado de buenas intenciones. El mandato de gratuidad se ha convertido, en efecto, en un factor muy importante en la escasez de medicamentos que ha afectado a los pacientes de las instituciones públicas de salud.
Una y otra vez el presidente López Obrador ha señalado que su reforma del sistema médico busca garantizar el derecho a la salud, que él confunde con la gratuidad de los medicamentos (como si el derecho a la vivienda fuera equivalente a regalar casas), y por eso ha afirmado que, ya que ha decretado que todas las medicinas en las instituciones públicas se entreguen gratuitamente, México ya tiene un sector salud similar al de Dinamarca o Canadá. Paradójicamente, este énfasis en la gratuidad está dejando sin medicamentos a muchos usuarios del sector salud.
“Es un absurdo del más alto nivel -me explica Xavier Tello, especialista en políticas de salud-, un callejón sin salida que se puso AMLO”. En México siempre ha habido problemas para conseguir ciertos medicamentos o insumos médicos, pero “los pacientes antes tenían la opción de comprar sus medicamentos, insumos o sacarse rayos X por fuera de los hospitales, si no había existencias. Precisamente para pagar eso existía el Seguro Popular. El hospital compraba cosas de forma ‘extraordinaria’ y al Seguro Popular le correspondía pagar”.
El Presidente, sin embargo, eliminó el Seguro Popular mientras se comprometía a entregar todos los medicamentos para todas las enfermedades de manera gratuita. “Esto es un absurdo -afirma Tello-, es imposible. No hay dinero en el mundo que alcance para eso, ni en ningún país sucede sin un copago del paciente”.
Efectivamente, ni Dinamarca ni Canadá, los países que el mandatario ha utilizado con frecuencia como ejemplos, ofrecen medicamentos gratuitos para todos. Los seguros de salud de los dos países aportan reembolsos por la compra de medicamentos, pero no siempre del 100 por ciento. Los pacientes o sus familiares tienen que hacer copagos. Tanto Dinamarca como Canadá, por otra parte, tienen un gasto público en salud superior al 10 por ciento del PIB, mientras que el de México apenas llega a 2.7 por ciento.
Ya sin el Seguro Popular, el Insabi autoriza hoy todos los medicamentos que se compran, pero además prohíbe que se soliciten aportes a los pacientes para no violar la gratuidad. La consecuencia ha sido una fuerte escasez de medicamentos en el sector público, pero el problema se agrava porque se prohíbe a los pacientes y a sus familiares comprar los medicamentos. El gobierno federal ha tomado incluso la decisión de ordenar a los médicos que no emitan recetas de medicinas no disponibles en las instituciones públicas para que los familiares no puedan salir a comprarlas en otros lugares. Esto condena cruelmente a los pacientes a sufrimientos innecesarios o incluso a la muerte.
“Al final, el gobierno no te da, pero te prohíbe tener”, dice Tello, “y todo porque quiere quedar inmortalizado en el discurso con que tiene servicios de salud 100 por ciento gratuitos”. La verdad es que, con este intento de ofrecer una gratuidad imposible, está negando a los pacientes el mismo derecho a la salud que pretende garantizar. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p.8)
En petit Comité / Guardia Nacional: de la parálisis a la incertidumbre
Aún es tiempo. México tiene la oportunidad de ser un país más seguro; el gobierno, la de ofrecerle ese primum bono o primer bien. Para ello, están las instituciones y las leyes. La Guardia Nacional y el ordenamiento que la rige, pueden ser la base para concretar ese anhelo nacional. Falta la voluntad política. La sociedad aún confía en que se la ejerza y que se traduzca en su principal salvaguarda.
Con la Guardia Nacional desplegada en el cumplimiento de las funciones que legalmente tiene, ningún grupo podría enarbolar la sentencia de Luis XIV, quien, asumiéndose soberano absoluto, dijo: “El Estado soy yo” (“L´Etat c´est moi”). Con esa idea, que impuso de manera inapelable, hizo su arbitrio durante más de siete décadas de su reinado.
Hoy, menos que nunca, nadie puede estar por encima del Estado. Cada vez que sea necesario y siempre con apego a la ley, debe descargar toda la fuerza que lo caracteriza para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Con la adecuada actuación de ese cuerpo de élite, nadie podría arrogarse de forma personal o grupal ninguna facultad que no sea legal. Nadie asumiría una actitud beligerante contra nadie, mucho menos contra el poder legalmente constituido. Apelar a todo el potencial que caracteriza al Leviatán, siempre que se requiera, se traduce siempre en un freno a, y en la inhibición de, la actuación indebida o ilegal de quien sea.
De hecho, la Guardia Nacional fue creada con ese loable y noble propósito. Su espíritu y su función, en la ley, se circunscriben a proteger a la ciudadanía. Pero, a más dos años de haber empezado su desempeño, lamentable, es como si no existiera, pese a que su peso en el presupuesto es enorme.
La pasividad, inmovilidad, y literal ausencia por inacción de los más de 100 mil leales militares que componen la Guardia Nacional, no es atribuible a ellos. Disciplinados, dispuestos y acostumbrados a acatar órdenes superiores, simplemente se limitan a cumplirlas. Si lo que se les ordena es resistir todas las agresiones, malos tratos y humillaciones, no se concibe que puedan fallar.
Eso se traduce en que los criminales actúan impunemente contra sus rivales, la sociedad y las instituciones; imponen la ley de sus armas y se apropian de la vida de todos por el temor que inspiran y el riesgo que representan. Renunciar al cumplimiento de lo que dispone el Derecho y frenar al ente fundamental del aparato estatal para proteger a la ciudadanía, significa prácticamente anular al Estado. En esa línea, la esperanza nacional por garantías de seguridad puede convertirse en un desengaño.
¿De qué sirven los cuantiosísimos recursos económicos que se destinan a mantener a la Guardia Nacional, a la que regularmente se le confieren nuevas tareas alejadas de sus funciones básicas, si no hace lo que le corresponde? ¿Tiene sentido que en el presupuesto de 2022 se piense asignarle 50 mil millones de pesos más, como se ha anunciado?
En todos los países, la seguridad es lo primordial. En eso, México no puede ni debe ser la excepción. El gobierno cuenta con los instrumentos para garantizar ese derecho. Todo es cuestión de un cambio de estrategia diciendo, con hechos, qué es el Estado y quién lo encabeza.
SOTTO VOCE… Con los imparables contagio y decesos por Covid-19, es irracional el regreso a clases presenciales a todo costo. Este podría resultar incalculable…Mauricio Toledo y Saúl Huerta, “distinguidos izquierdistas”, se exhiben cual monumento a la corrupción desde siempre. De nada sirve que se les haya desaforado, si tuvieron todo el tiempo para ponerse fuera del alcance de la ley. Con sus cuantiosos haberes, ¡claro!… En Petit Comité dejará de publicarse las próximas dos semanas. Reaparecerá el 3 de septiembre. (Óscar Mario Beteta, El Universal, Opinión, p.11)
Estrictamente Personal / ¿Para qué quieren tantas vacunas?
Algo muy extraño está pasando con las vacunas anti-Covid. El gobierno celebra como si estuviera de fiesta cada vez que llega un cargamento de vacunas, y en Palacio Nacional festejó, como muestra de la buena relación que hay con Estados Unidos, el nuevo envío de 8.5 millones de dosis –4 millones 250 mil vacunas completas– para contener el coronavirus. De cara a la opinión pública siempre es tranquilizante saber que se mantenga la dotación de vacunas, pero la pregunta es para qué las quiere el gobierno si desde la primavera, afirmó, estábamos cubiertos. Todo esto huele a gas.
El 13 de octubre del año pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que el gobierno había firmado tres contratos de precompra con AstraZeneca, CanSino Biologics y Pfizer, para adquirir dosis suficientes para cubrir, junto con las adquiridas en el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud, la inmunización de hasta 116 millones de mexicanos. El 16 de febrero de este año dijo que estaban comprometidas 234 millones de dosis para vacunar a más de 134 millones de personas, lo que hacía pensar que los mexicanos estaban fuera de la incertidumbre sobre la inmunización que vivía la gran mayoría de los países en desarrollo.
En este carrusel de números de vacunas, la mayoría repetidos en formatos diferentes según qué funcionario hablara del tema, el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, volvió a utilizar 45 días después –el 30 de marzo– cifras similares a las de Ebrard durante una reunión en la Cámara de Diputados, que ya se habían contratado 234 millones de vacunas, pero con un añadido clave: ya se tenía hasta un 60% más de las que se necesitaba para inmunizar a la población.
Herrera señaló que originalmente se habían contratado 116 millones de vacunas –las que mencionó Ebrard en octubre–, suficientes para 112 a 116 millones de mexicanos, pero que por las demoras en la distribución, se hicieron compras adicionales. Herrera sacó los ahorros y pagó 44 mil millones de pesos para que se compraran vacunas suficientes para inmunizar, con las dos aplicaciones, a 134 millones de mexicanos. Pese a la cobertura, el canciller siguió de compras de vacunas por el mundo. Todavía hace un mes, en vísperas de dejar el cargo, Herrera ratificó que México tenía sus vacunas contratadas.
Pero no detuvo el brío de Ebrard, quien continuó anunciando cada semana cómo aumentaban las nuevas adquisiciones de vacunas, mientras que la producción de AstraZeneca, finalmente aceleró la marcha y se añadió a los esquemas de vacunación en el país. Sin embargo, este muy eficaz sistema de información ha producido desinformación o, abiertamente, nos han querido engañar a los mexicanos. Si las vacunas ya están contratadas y garantizado su envío, ¿por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió en dos ocasiones vacunas al presidente Joe Biden? Primero le dio 2 millones de vacunas, y este lunes confirmaron que le darían otras 4 millones 250 mil.
En realidad, con las 134 millones de vacunas de las que hablaron Ebrard y Herrera ya se tenían dosis de sobra, pues en teoría se necesitaban menos de 180 millones de dosis para todos los mexicanos, porque una parte, menor, no requiere de dos aplicaciones. Si ya se tenían más de las que se necesitaban para vacunar a todo el país, incluidos hipotéticamente los recién nacidos, hay algo que no está cuadrando. ¿Cuál es la realidad detrás de las vacunas? Hay un problema de distribución, como han dicho Ebrard y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero no de escasez.
Hasta el 9 de agosto, según las cifras oficiales, se había aplicado un total de 72 millones 488 mil 230 vacunas, repartidas de diferente manera, por todo el país. Ese mismo día, en los almacenes contratados por la Secretaría de Salud, se tenían 18 millones de dosis listas para usar. Dejando de lado el colapso de la estrategia de vacunación frente a la tercera ola, y sólo para efectos de argumentación, se tendrían en México 90 millones de vacunas, aplicadas o listas en algún momento que se utilicen, mientras que, como ha repetido Ebrard, seguirán llegando de manera escalonada las contratadas.
Entonces, si hay 18 millones de vacunas en bodegas, ¿por qué la necesidad del presidente López Obrador de pedir ayuda a Biden para que le proporcionara más dosis? Esta solicitud no ha sido explicada por las autoridades. Tampoco otra, generada por López-Gatell al asegurar que “no hay ninguna evidencia científica de que se requiera vacunar niños, de que se requieran dosis de refuerzo o que haya una especial preocupación por que sean más virulentas las variantes”. Si no se necesita vacunar a menores, sería absolutamente innecesario que López Obrador le pidiera a Biden un nuevo salvavidas de vacunas, pues tiene en exceso.
Aterrizado el dato, según el censo somos 124 millones 14 mil 24 habitantes, de los cuales 38 millones 247 mil 958 son menores de 18 años, que según López-Gatell, no serán vacunados. Es decir, quienes deben ser vacunados son 85 millones 660 mil 66 personas, que requerirían 171 millones 532 mil 132 dosis, siete y medio millones aproximadamente menos de las que se contrataron. Estos números absolutos no contemplan los más de 3 millones de mexicanos vacunados en Estados Unidos, ni las 2 millones y medio de vacunas que le regaló Biden a López Obrador en marzo, ni tampoco se modifican sustancialmente con la donación a Argentina, Belice, Bolivia y Paraguay en junio, cuando López Obrador les envió 811 mil vacunas.
Sobran las vacunas en México, pero al mismo tiempo faltan. ¿Por qué? ¿Se han echado a perder por la ineficiencia de Palacio Nacional y la Secretaría de Salud en la planeación de distribución? ¿Por un mercado negro manejado por funcionarios federales? ¿Por envíos secretos a países autoritarios? ¿Para qué quiere López Obrador más vacunas? Es un secreto de Estado. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Opinión, p.40)
A la sombra | Emilio Azcárraga
Vueltas que da la vida. Durante todos sus años de candidato, Andrés Manuel López Obrador, satanizó a Televisa, de Emilio Azcárraga, y a su iniciativa filantrópica Teletón, por presuntamente ser un “lavadero de dinero”. Pero ahora resulta que la 4T considera a esta fundación aliada en varios proyectos, sobre todo en el contexto de la emergencia Covid.
Ayer en Palacio Nacional firmaron un acuerdo para que alrededor de 20 mil niños y niñas de escasos recursos con discapacidad puedan recibir de manera gratuita terapias de rehabilitación en los Centros Infantiles Teletón. El acuerdo es importante y sin duda cambiará vidas. A ver ahora cómo manejan su narrativa los radicales morenistas que se quedaron atorados en el discurso anterior de su jefe.
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Como aquí se lo hemos comentado, el tema laboral en el T-MEC será el Talón de Aquiles para México. Primero fue el recuento por la titularidad del contrato colectivo en una planta automotriz de General Motors, de Mary Barra, y ahora el supuesto despido de unos trabajadores en la fábrica Tridonex, filial mexicana de autopartes de la empresa estadunidense Cardone, que encabeza Mike Carr. Los gobiernos de EU y México anuncian con bombo y platillo que no se llegó a un panel binacional gracias a que la empresa establecida en el país tuvo que pagar.
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Nos aseguran que Tridonex pagará nueve meses de salarios, más antigüedad, a 154 trabajadores dados de baja. De acuerdo con el USTR (la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos), el monto de la compensación es de unos 600 mil dólares. La Secretaría del Trabajo, de Luisa María Alcalde, debe convocar a nuevas elecciones en esta empresa para definir la titularidad del contrato.
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Que los estadounidenses no están nada contentos, al contrario, están analizando cómo salir bien librados de esta situación, pues la complejidad que representa ahora hacer negocios en México no les gusta nada. Sobretodo que tienen que asegurar acciones adicionales para promover la libertad de asociación y la negociación colectiva, como entablar diálogo con el SNITIS (sindicato al que asesora Susana Prieto) para escuchar sus preocupaciones. Compartir con trabajadores copia del contrato colectivo. Fortalecer área de Recursos Humanos. Entrenamiento a trabajadores en sus derechos laborales. Más lo que se acumule.
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Los enterados comentan que parece que las autoridades mexicanas están ayudándole a Donald Trump a regresar los empleos a Detroit, aunque el empresario ya no es presidente y la actual administración no ha dicho nada en ese sentido para ganarse la aprobación de los trabajadores de la industria que siguen resentidos porque los puestos de trabajo se trajeron a México, donde la mano de obra barata sobra.
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Por cierto, antes que llegue el presidente John Biden al país, hacia finales de septiembre, debe quedar resuelto el incumplimiento de México en el T-MEC en materia de inversión estadounidense en energías limpias. Es cierto que Marcelo Ebrard trabajará muy de cerca con el nuevo embajador Ken Salazar y Tatiana Clouthier con Katherine Tai. Nos adelantan que la titular de Economía viajará a Washington en las próximas semanas para allanar el camino con el USTR.
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Pero de este y de aquel lado de la frontera queda claro que para que la relación entre la Casa Blanca y Palacio Nacional funcione bien se requiere voluntad política para cumplir los acuerdos comerciales y de seguridad en ambos países. Algo, que por lo que se ha visto, no existe.
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Bajita la mano, hoy toma posesión el general Eufemio Alberto Ibarra Flores como primer comandante del Ejército. Esta figura no existía en la Sedena, que encabeza Luis Crescencio Sandoval, que sólo tenía las comandancias de Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional. De esta manera ya son tres las ramas de Sedena, aunque la tirada a mediano plazo, nos dicen los que saben, es que se unifique el mando.
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Esto provocará reacomodos de poder dentro de las Fuerzas Armadas, pues agrega personajes al futurismo sucesorio para el próximo sexenio, escenario que se complementará con cambios internos que se darán en septiembre y los tradicionales ascensos del mes de noviembre. (El Sol de México, República, p.2)
El pequeño libro guinda de AMLO
Bitácora del director
“¿Qué diferencia hay entre andar en una bicicleta –conozco gente de 80 años, ya llegando a los 90, que andan todavía en su bicicleta, son felices, se trasladan así, hacen ejercicio– a andar en un carro último modelo?”.
2 de julio de 2021.
“Tenemos que moralizar la vida pública, todos; insistir en que sólo siendo buenos podemos ser felices; que solamente lo barato –como decía el poeta, el cantautor– se compra con el dinero, pero eso hay que estarlo machacando”.
10 de marzo de 2021.
“Si ya tenemos zapatos ¿para qué más? Si ya se tiene la ropa indispensable, sólo eso; si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué el lujo? Claro, somos libres, pero ya no es el tiempo en que como te veían, te trataban; ahora es al revés, ve uno a una persona así muy extravagante y hasta se aleja uno”.
11 de mayo de 2020.
“Alimentarnos bien, como lo hemos dicho varias veces, no significa comer cosas extravagantes, exóticas, caras, sino comer todo lo que nos nutre, vitaminas, que hay muchas vitaminas en las frutas; proteínas, que no sólo se obtienen comiendo carne de res, de cerdo, de pollo, se obtienen también del frijol”.
10 de agosto de 2021.
“Hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole; son partidarios de que “el que no transa, no avanza”.
14 de junio de 2021.
“Hay que vivir con mucha dignidad, con moralidad, con valores espirituales, que no nos obnubile el dinero. La felicidad no es acumular bienes materiales, dinero, fama, títulos, grados académicos… La ambición al dinero desmedida, el querer salir adelante, destacar a como sea, pasando por encima de todo, ese aspiracionismo produce mucha infelicidad”.
23 de junio de 2021.
“Los intelectuales orgánicos, periodistas, que de repente viven en mansiones, colmados de atenciones, de privilegios, de ser investigadores, académicos, de escribir libros, pasan a ser potentados, ya ni siquiera escriben o no escriben bien, porque cuando una gente se entrega a lo material y a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento”.
18 de mayo de 2021.
“Creo que es fundamental el ejercicio físico, se resiste mejor, no sólo esta pandemia, sino cualquier enfermedad. Entonces, yo siempre hago ejercicio, practico beisbol. Unos días antes que me infectara estaba yo macaneando, o sea, con todo, muy bien, y caminando y haciendo ejercicio, eso ayuda mucho. Y lo otro, la alimentación, pero no comer cosas necesariamente caras, sino comer sano, no comer productos chatarra”.
8 de febrero de 2021.
“¿A qué convoco? A que ahorremos todo, que ahorremos luz, o sea, que no gastemos de más, que ahorremos gasolina, que ahorremos el agua, la luz. Entonces, apagar la luz, usar la electricidad para lo fundamental, lo que hablábamos, usar el vehículo también para lo fundamental, ya ir pensando también en que carros muy grandes que gastan mucha gasolina deben de limitarse, pero no por mandato de la autoridad, sino porque tenemos que ser austeros, sobrios todos. Decirle no a la frivolidad, no al consumismo, que nos caractericemos por eso”. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Opinión, p.2)
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Trascendió/ Milenio
Que en su versión de mañanera, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rebautizó como “Mauricio” a Marcelo Ebrard mientras agradecía a México su papel clave para la negociación con la oposición de Juan Guaidó, que empieza hoy, con auspicio de Noruega, a las cinco de la tarde en CdMx.
Que aun cuando la bancada del PT se rasgó las vestiduras por siete meses en defensa de Mauricio Toledo ante las imputaciones de enriquecimiento ilícito, al final solo 22 de sus 43 integrantes votaron contra el desafuero, mientras que otros 17, entre ellos Gerardo Fernández Noroña y Benjamín Robles, se ausentaron, tres más se abstuvieron y uno, José Ángel Pérez, votó por el retiro de la inmunidad.
Que el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, rindió su informe de labores, con un traje especial danzó con los parachicos y después ofreció un banquete de tamales, chalupas coletas y hasta tascalate, con marimba de música de fondo y de invitados no solo legisladores y familia, sino los gobernadores electos Layda Sansores, Mauricio Kuri, Samuel García, David Monreal y Rubén Rocha.
Que como parte de la reestructuración de la Sedena, hoy el general de brigada Eufemio Ibarra, que hasta el mes pasado se desempeñó como comandante de la novena Región Militar con sede en Guerrero, será designado primer comandante del Ejército durante la ceremonia de revista que encabezará el Presidente.
Que el presidente del PRD, Jesús Zambrano, zanjó el lío de su partido en Edomex después de la supuesta remoción del dirigente estatal, Cristian Campuzano: “Son compañeros que se convocaron sin legalidad estatutaria y eso no tiene validez, punto”.
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Separar política y delito/René Delgado
Sobreaviso
Reglamentar el ejercicio revocatorio del mandato presidencial es necesario, pero no prioritario. Hoy, además de la crisis sanitaria y la fragilidad económica, primacía debe tener el fortalecimiento del Estado frente al crimen, a partir de la coordinación, integral y articulada, de la estrategia contra aquel, tenga o no fuero.
Al empeño oficial por reivindicar al Estado ante el mercado y deslindar el campo político del económico, debería agregarse el tesón por separar la política del delito.
De no avizorar la urgencia de operar ese ajuste, la inseguridad y la insalubridad podrían constituirse en los dos talones de Aquiles de la gestión presidencial. No está en la popularidad (ratificación o revocación del mandato) la clave del cierre del sexenio, sino en la gobernabilidad. Confundir las prioridades es tentar la posibilidad de un fracaso.
Como al conjunto de la sociedad, la pandemia también impone restricciones y sacrificios al gobierno.
Hasta ahora y pese a ello, el Ejecutivo resiste el imperativo de adecuar su alcance. Insiste en mantener el proyecto de nación original, cuando las condiciones han cambiado y reclaman ajustar el límite y el horizonte del mandato.
Estos últimos días, la crisis desatada por la corrupción y el abuso en el Poder Legislativo y el Judicial dejaron ver el desvanecimiento de la frontera entre política y delito, al tiempo que la osadía del crimen lanzó un agravio a la democracia y una afrenta al Estado.
Destinar tiempo, energía y esfuerzo en reglamentar y armar el ejercicio revocatorio del mandato presidencial significaría perder la oportunidad de reponer aquella frontera y marcarle el alto al crimen. Frenar la pusilanimidad política y la impunidad criminal podría ensanchar la acción en otros campos.
El tiempo apremia tomar la decisión.
La crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial y en el Congreso de la Unión derivan de la corrupción que, sin castigo, pervierte a la política, vulnera a las instituciones y borra la frontera referida.
La descomposición del Tribunal Electoral viene de origen: en la ampliación del mandato de cuatro de los siete magistrados de la Sala Superior. Hoy, la oposición se escandaliza ante la ya desechada intención de ampliar el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte, pero calla haberla llevado a cabo, de un día para otro, con aquellos cuatro magistrados electorales. ¿Se olvidó?
Esa perversión prohijada por el Senado en octubre de 2016 capturó a aquellos magistrados que, obviamente, casaron su actuación al interés de sus padrinos. Luego, vino el segundo tiempo de la perversión. Ya no el Legislativo, sino el Ejecutivo, les apretó aún más los grilletes, haciendo en particular al magistrado José Luis Vargas su rehén principal: le abrió expedientes sobre su presunta corrupción, pero sin proceder en su contra. ¿Quién responde por ello?
¿Cómo creer en la justicia electoral, si los jueces responden al interés político en turno? Ayer como hoy se borró la frontera entre política y delito, y ahora –como si se desconociera el motivo– el Legislativo y el Ejecutivo llaman replantear el Tribunal.
El tardío desafuero de los presuntos delincuentes Mauricio Toledo y Saúl Huerta que, de diputados pasaron a ser prófugos de la justicia, pone en evidencia el resultado de fincar alianzas en intereses, arrumbando principios. De ello, el dirigente morenista Mario Delgado ha hecho una práctica consuetudinaria.
En el caso particular de Mauricio Toledo, lo sucedido desprestigia en rehilete a los partidos del Trabajo, la Revolución Democrática y Morena. El haber respectivamente incorporado, bautizado y aliado a ese personaje siniestro –en el doble sentido de la palabra– les deja un saldo terrible. Además, al Verde le avisa del posible destino de Ricardo Gallardo en el gobierno de San Luis Potosí; a Acción Nacional, del riesgo de dejar a Jorge Romero la coordinación de sus diputados; a Movimiento Ciudadano, del lance de tener a Samuel García en la gubernatura neoleonesa; y al PRI, del albur de encargar la operación política a cuadros vulnerables.
Si el gobierno, Morena y los demás partidos no asumen en serio la urgencia de separar la política del delito y de escudriñar a los cuadros que promueven y postulan, la pusilanimidad y la impunidad seguirán reinando en la política.
A la necesidad de reponer aquella frontera, el gobierno requiere coordinar de modo integral y articulado su estrategia contra el crimen organizado.
El desplante criminal de esta semana, atribuido a Nemesio Oceguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, agravia un valor fundamental de la democracia como lo es la libertad de expresión y deshonra por enésima vez al Estado de derecho. Al atentado contra el secretario de Seguridad Pública de la capital de la República y al alarde de fuerza y dominio en vastas regiones del país, agregó ahora la amenaza a la periodista Azucena Uresti y a varios medios de comunicación, exigiéndoles actuar conforme a su interés… y sigue campante.
Si a ese descaro se suma el ridículo en que, hace ya casi dos años, Ovidio Guzmán del Cártel de Sinaloa dejó al Estado con su detención y liberación, es evidente que el gobierno debe marcar el alto a esos líderes criminales y no sólo deplorar su conducta. De no reivindicar la democracia y el Estado de derecho, terminará por empoderar al crimen a costa de su propia autoridad.
Curiosamente, el gobierno cuenta con instrumentos y políticas para afinar su estrategia, pero ese asunto exige otro Sobreaviso.
Distraerse con la revocación del mandato, en vez de concentrarse en separar política y delito, sería un eslabón más en la cadena de errores en que el lopezobradorismo viene incurriendo.
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Más dudas sobre los dichosos pernos/Salvador Camarena
La Feria
El Financiero, agosto 13, 2021;
El primer peritaje de la consultora noruega contratada para determinar las causas de la caída de la Línea 12 señalaba irregularidades en los pernos Nelson. Otras revisiones habrían encontrado más aspectos problemáticos de los pernos de la trabe construida por Carso, además del diámetro de los mismos, tema que traté ayer aquí.
El 16 de junio el gobierno capitalino informó que tras la revisión del derrumbe que costó la vida a 26 personas, los expertos noruegos de DNV habían detectado vigas con menos pernos de los debidos y otras en las que esos elementos estaban soldados a distancias que no correspondían con los planos, por ejemplo.
Los pernos sirven para que trabajen de manera compuesta el acero de la viga y el concreto en ese tipo de trabes. ¿Qué tanto habrían influido unos pernos mal colocados, o con soldadura inadecuada, en que cediera el tramo elevado que se vino abajo el 3 de mayo?
Este jueves en La Feria publiqué que ahora también se habla de que se utilizaron pernos Nelson de un diámetro distinto al calculado originalmente (en lugar de los de uso estándar de ¾ de pulgada se pusieron de una pulgada). Especialistas me explican que esa modificación implica, necesariamente, un proceso de soldadura distinto.
Fuentes cercanas a la supervisión aseguran que además del cambio de diámetro, han surgido otras dudas sobre la manera en que Carso habría soldado los pernos Nelson.
Esas fuentes, que pidieron el anonimato, explican que el estándar de la industria es que las vigas salgan ya del taller con los pernos. Es decir, que la soldadura de los Nelson se haga antes de trasladar esas piezas de acero a donde serán colocadas. En todo caso, lo más delicado de haberlos soldado en la obra es que las vigas ya tenían los “imprimantes”, también conocidos como “primers”.
El imprimante es una película de tipo epóxico o similar con la que se busca prevenir la corrosión. Si se quiere aplicar soldadura se debe primero de retirar el imprimante, ya sea con medios mecánicos o químicos. Hay restos analizados, sostienen las fuentes, en los que no se aprecia que hayan retirado el imprimante. Si apostaron a que el imprimante se iba a quemar en el momento de la soldadura, podrían haber causado que la fijación entre las piezas no fuera la óptima.
El tema de la caída del Metro el Día de la Santa Cruz ha bajado de intensidad en los medios luego de que el presidente López Obrador prometiera que en un año la Línea 12 caminará de nuevo, que Carlos Slim se hará cargo de la reparación y que prohibiera a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard hablar más del tema.
Eso fue a finales de junio. Es un éxito político indudable de AMLO. Al asumir la vocería y el compromiso, salvó a dos de sus precandidatos de una lucha que podría descarrilar aspiraciones presidenciales.
Pero las víctimas mortales, y las decenas de personas que resultaron con heridas graves que trastocaron sus vidas, esperan justicia.
¿Por qué se cayó la Línea 12? Si se trató de una falla estructural de construcción, como adelantó DNV, a quién se hará responsable de ello. ¿De verdad –como ha trascendido en la indagatoria de la Fiscalía capitalina– se irán contra algunos soldadores, un supervisor de una empresa externa a Carso y un jefe de almacén?
Para la foto de inauguración de la Línea 12 asistieron los máximos responsables, públicos y privados, de la construcción de esa obra. ¿Ahora pretenden que la foto de los culpables sea la de los soldadores?
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Policías abatidos: una tragedia invisible/Alejandro Hope
Muchas muertes de policías son perfectamente evitables y un esfuerzo por equipar y entrenar a los integrantes de las corporaciones podría salvar muchas vidas
El Universal, 13/08/2021;
Entre las muchas violencias de este país, hay pocas tan invisibles como la que se ejerce contra los policías. En nuestras corporaciones de seguridad pública, los elementos son objeto de abuso constante y agresión sistemática. Muchos sufren ataques graves y demasiados mueren en el cumplimiento del deber. Pero en nuestro radar ético, este es un tema que aparece poco.
Por ello, resulta particularmente importante la publicación de un documento analítico del Inegi sobre la violencia letal que sufren los integrantes de las corporaciones policiales. Titulado “Policías Abatidos: El Riesgo de Servir a la Seguridad Pública”, el reporte pone números a un asunto que debería ser de escándalo, pero más bien produce indiferencia.
Los números no son menores. A partir del análisis de certificados de defunción, el documento señala que entre 2013 y 2018, murieron 7,793 policías. Eso equivale a uno de cada 500 decesos registrados en el periodo. De esas muertes, 41.2% ocurrió por causas externas de morbilidad y mortalidad (homicidios, suicidios, accidentes, etc.). Entre la población en general, el porcentaje comparable fue 10.9%.
De esas muertes de policías por causa externa, 52.5% fue por agresiones, contra 35.1% para la población en general. De ese total, se puede determinar a partir de la información en los certificados de defunción que al menos 802 policías fueron abatidos en el cumplimiento del deber entre 2013 y 2018. Esa cifra es apenas un piso: hay otros 916 casos en los cuales no se puede determinar con la información disponible si el asesinato ocurrió cuando el policía estaba en servicio.
De los 802 casos de policías abatidos entre 2013 y 2018, casi 30% se concentró en tres entidades federativas: Estado de México, Guerrero y Michoacán. Con cinco entidades adicionales (Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, Chihuahua y Jalisco), se llega a casi 60% del total. En términos municipales, la concentración es igualmente significativa: solo 331 municipios registraron el abatimiento de por lo menos un policía en el periodo. Ocho municipios y alcaldías concentraron uno de cada siete abatimientos de policías: Ecatepec, Naucalpan, Acapulco, Reynosa, Centro (Tabasco) y Tijuana, así como las alcaldías de Iztapalapa y Cuauhtémoc en la Ciudad de México.
Más de 95% de los policías abatidos en el periodo eran hombres, pero se tiene registro de 39 mujeres policías asesinadas en el cumplimiento del deber. Asimismo, dos terceras partes de las víctimas eran menores de 40 años.
El reporte de Inegi no se queda en la estadística descriptiva. También incluye un análisis de correlación entre el abatimiento de policías y un conjunto de variables sociales e institucionales vinculadas a la función de seguridad pública. Encuentran entre otras cosas que a menor equipamiento (particularmente el gasto en materiales) y menor capacitación en la corporación, mayor probabilidad de tener policías abatidos. Asimismo, el asesinato de policías en el cumplimiento del deber está relacionado estadísticamente con una mayor percepción de ineficacia y corrupción en la corporación, así como con una menor confianza social en la policía.
Esos resultados no sorprenden, pero sí indignan. Sugieren que muchas muertes de policías son perfectamente evitables y que un esfuerzo relativamente menor para equipar y entrenar a los integrantes de las corporaciones podría salvar muchas vidas.
No cuidamos a los que nos cuidan. A eso no le cabe más que el nombre de tragedia.
alejandrohope@outlook.com
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Revocación, el nuevo montaje/Enrique Aranda
De naturaleza política
Ni aplanada ni domada; ahí sigue, escalando
La urgencia por “dejar a punto” ya desde ahora, pues, el andamiaje del nuevo montaje de la 4T: la consulta de revocación de mandato activó en las últimas horas no sólo al primer nivel gubernamental y al lopezobradorismo legislativo –“a sus dóciles mayorías en Cámara de Diputados y Senado”, diría alguien– igual que a quienes, desde el partido del gobierno, operan para “movilizar” a millones de beneficiarios de los programas sociales implementados.
Prácticamente desde el momento en que, al más puro estilo, Andrés Manuel López Obrador asumió la organización y operación de la estrategia orientada a enfrentar “el reto” que, sugirió en su momento, implicará someter a la opinión del pueblo “sabio y bueno” su permanencia o abandono del poder, en efecto, tanto Ignacio Mier en San Lázaro como en las ostentosas instalaciones senatoriales Ricardo Monreal encendieron todas las alertas y operadores de uno y otro comenzaron a afinar una propuesta de legislación secundaria para hacer un ejercicio como el que se plantea, inexistente hasta el momento y, más aún, a negociar con Hacienda los recursos necesarios para implementarla, algo así como tres mil millones de pesos según cálculos conservadores.
En ese marco, al inicio de la próxima semana deberá concretarse la propuesta morena de realizar un nuevo periodo extraordinario de sesiones que, en su caso, conozca y eventualmente apruebe los términos de la referida consulta –“tan innecesaria como la anterior”– antes que la LXIV Legislatura concluya sus trabajos para con ello proceder a diseñar y poner en marcha el operativo que, con un costo multimillonario insistamos, se estima mantenga distraída a la sociedad entre la fecha y marzo venidero.
A marchas forzadas, pues, insistamos, el régimen se alista a enfrentar un proceso que sólo desde su más alto nivel está siendo mediáticamente promovido y organizado, consciente de que a la vista del III Informe en que nada más allá de la retórica cotidiana podrá dar a conocer, requiere de elementos que posibiliten el mantenimiento de niveles “mínimos” de aceptación y credibilidad que, hoy por hoy, parecen impactados por la “terca realidad”.
ASTERISCOS
* Evidencia clara del manejo prudente y responsable de los recursos públicos en medio, incluso, de la pandemia, el reelecto presidente de Querétaro capital, Luis Bernardo Nava, iniciará su segundo mandato al frente de uno de los municipios más poblados con finanzas sanas y un sólido respaldo social por la entrega de apoyos médicos y a pequeños negocios, entre otras acciones.
* En Ciudad Juárez, a su vez, la administración de Armando Cabada Alvidrez concluye con un amplio reconocimiento a la labor del fortalecimiento de los cuerpos municipales de seguridad e infraestructura de las corporaciones: una academia de policía certificada, una nueva estación policial y más.
* Veinticuatro horas escasas después de ser hospitalizado al resultar contagiado por covid-19, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, vicepresidente de la Conferencia del Episcopado, debió ser intubado ayer tras agravarse. El prelado había recibido ya las dos dosis de la vacuna anticovid.
Veámonos el domingo con otro asunto De naturaleza política.
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Clases presenciales: la responsabilidad del Estado/Jorge Fernández Menéndez
Razones
Debe haber regreso a clases presenciales, incluso deberíamos haberlo hecho hace meses, cuando regresaron la mayoría de los países, por lo menos en la educación básica. Ese regreso, como se hizo en esos países, fue con sólidas medidas preventivas y asumiendo que el contagio entre niños y menores de edad, adoptando esas medidas, es mucho más controlable y difícilmente la enfermedad es letal. No tiene sentido que estemos discutiendo el regreso a clases presenciales mientras están abiertos bares, restaurantes, centros comerciales, cines, tianguis.
El problema es que más allá de la buena decisión política que ya está tomada, no parece haber planificación para el regreso. El miércoles, la SEP dio a conocer un documento denominado Protocolo Sanitario. Lamentablemente es de una vaguedad absoluta y está muy lejos de ser un protocolo, es más, pareciera que deja toda la responsabilidad para el regreso a clase en las familias y alumnos y las autoridades educativas ni siquiera aparecen en el documento más que en los logotipos.
¿Cuál es el protocolo sanitario para el regreso a clases? Son diez puntos: primero, que las familias se inscriban en los comités participativos de las escuelas. Lo cierto es que el llamado a que los padres y los maestros a través de esos comités participaran en la puesta punto de las escuelas esta semana fue un fracaso, comenzando porque el llamado no tuvo difusión y porque después de 17 meses cerradas en muchas escuelas no se necesita una simple limpieza. Por lo pronto, el recuento de daños muestra que hasta ahora, por lo menos once mil escuelas fueron saqueadas y vandalizadas mientras estuvieron cerradas. En ellas, y en muchas más, además de profundas tareas de limpieza hacen falta materiales de protección (mascarillas, alcohol) y equipo básico. Cómo, cuándo y dónde llegarán nadie lo sabe o por lo menos no se ha divulgado.
Los siguientes puntos sirven para todo: que se pase el filtro de salud en las casas (¿realmente creen que la mayoría de los hogares mexicanos pueden instalar filtros de salud?), lavarse las manos, usar cubrebocas, mantener sana distancia, utilizar preferentemente espacios abiertos, no habrá ceremonias, avisar en caso de sospecha de enfermedad, inscribirse en “cursos socioemocionales” y firmar una carta compromiso de respetar estas medidas. Perdón, pero esas son, todas, medidas que se están tomando, o que por lo menos se proponen desde el día uno de la pandemia y éste no es un protocolo de regreso a clases.
Un protocolo real implicaría que el Estado, como han hecho otros países desde hace meses, contemple recursos para garantizar que las escuelas al ser abiertas estén en condiciones de salubridad y pedagógicas mínimas; en ese sentido, es fundamental contar con todo el equipamiento de prevención, y no sólo para el inicio del ciclo, sino garantizado para todo el tiempo que sea necesario; adaptar las escuelas para contar con espacios diferentes, más amplios; establecer calendarios claros de los modos participativo, en línea y/o mixtos de tomar las clases; garantizar acceso a pruebas, porque el verdadero filtro sanitario se debe realizar en la propia escuela; establecer evaluaciones serias para saber cómo han llegado los niños y niñas a la escuela después de un periodo tan prolongado de clases en línea (son millones los alumnos que no tuvieron acceso a medios como para darle un seguimiento real a esas clases virtuales, sumados a otros muchos que simplemente abandonaron la escuela).
Que los padres se inscriban y toman los cursos socioemocionales que impartirá el IMSS, es una de las medidas que simplemente no se cumplirán. No veo a muchas familias que apenas pueden mantener sus ingresos, contar con tiempo y recursos como para tomar cursos socioemocionales en línea previo al regreso a clases. Tampoco tiene sentido el que cada alumno lleve una carta compromiso asegurando que cumplirán todas estas medidas. Hay que insistir una vez más: hay tareas que debe asumir el Estado y en este caso los gobiernos, pero en los protocolos que dio a conocer la SEP toda la responsabilidad recae en alumnos y sus familias.
Con un agregado que no es menor: las diferencias entre regiones, estados, municipios, entre escuelas, sean públicas o privadas, son enormes. Debería ser norma tener una amplia flexibilidad en los lineamientos y deben ser las autoridades, desde las locales hasta las federales, las que fueran normando el proceso y los procedimientos, desechando en el camino propuestas que no se han aplicado en ningún otro país para el regreso a clases, como es la de vacunar a todos los niños. En ningún país se ha comenzado a vacunar masivamente a los niños, ni siquiera las vacunas están autorizadas para ser aplicadas en menores de edad.
Decidir el regreso a clases el 30 de agosto es un acierto, pero las autoridades deben garantizar las condiciones para hacerlo. De alguna forma asombra que, a dos semanas de volver, se esté trabajando con tantas generalidades y sin un estrategia sólida y concreta.
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·Otra intrincada historia de empresarios, abogados, jueces… y corrupción/Raúl Rodríguez Cortés
Sus abogados defensores lo acabaron de hundir
El Universal, 13/08/2021;
En entrevista publicada el lunes pasado por EL UNIVERSAL, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, reveló que redes de corrupción encabezadas por afamados despachos privados y diversos grupos políticos con cotos de poder dentro de los juzgados, oponen una feroz resistencia al proceso de limpia que se lleva a cabo en el Poder Judicial de la Federación.
Muchas son las historias contadas, desde que tengo memoria, que avalan este aserto y que principalmente han afectado a los más pobres y vulnerables, pero que ahora también alcanzan a los fuertes y poderosos. Le contaré ésta que involucra al heredero de la fortuna de Manuel Espinosa Yglesias, el poderoso empresario que fuera dueño del legendario Banco de Comercio.
Su nieto, Moisés Cosío Espinosa, heredero de una fortuna estimada en 700 millones de dólares que también incluye los bienes de su padre Moisés Cosío Ariño, suele quejarse de que sus amigos y socios le han mentido durante toda la vida. Pero si eso le molesta, entonces debe ser mayúsculo el coraje que trae después de caer en la cuenta –dicen sus cercanos– que sus abogados defensores, Fernando Elías Calles y Carlos Gutiérrez Salazar, lo han acabado de hundir.
El despacho Elías Calles y Asociados tiene tres grandes clientes que le dan de comer: la constructora Be Grand, de Nicolás Carrancedo; las empresas del Grupo Pegaso de Alejandro Burillo Azcárraga; y Alumnos 47 Holdings, de Moisés Cosío Espinosa. Se dice que las dos primeras cubren la nómina y que la tercera aporta las jugosas utilidades del despacho.
En medio de disputas por la herencia y el manejo de sus millonarios fondos, Cosío Espinosa demandó en febrero de 2020 al banco Credit Suisse en Estados Unidos, alegando que sus brokers lo defraudaron con millones de dólares. Pero esto lo llevó a exhibir una amplia red de activos de su peculio personal, que dio lugar a que la UIF y el SAT iniciaran investigaciones por evasión fiscal en operaciones como la compra de acciones de Investa Bank, al que le cambió el nombre por el de Accendo, y el presunto uso de la fundación Alumnos 47 para la compra-venta ilegal de costosas obras de arte, de las que es afamado coleccionista.
Su defensa la emprendieron Elías Calles y Gutiérrez Salazar, sin que Cosío haya visto los resultados esperados. Para ello, refieren sus cercanos, se han embolsado más de 36 millones de pesos de 2020 a la fecha. Y cuentan que, en su última participación en 2020, se pagaron un bono de 12.5 millones de pesos para solventar los problemas legales de su defendido.
A través de terceras personas, Cosío Espinosa ha denunciado que sus abogados simularon una asamblea mediante la cual intentaron hacerse del control de la empresa Private Equity, en la que buscaron imponer a Arturo Rosas Barrientos como su liquidador. A esa asamblea, por cierto, le dio forma el notario Alfredo Bazúa, famoso por ser parte de escándalos similares en la Cooperativa Cruz Azul y que, se dice, está a punto de perder su patente.
Aseguran que Elías Calles y Gutiérrez Salazar llevaron el caso con el juez Rodrigo Cortés Domínguez Toledano, al que acabaron corrompiendo, lo que provocó que la autoridad iniciara sendas carpetas de investigación: la del notario y la del juez.
La pregunta es si Moisés Cosío Espinosa es el orquestador de esta intrincada historia o es víctima de asesores legales que no solo se han visto beneficiados económicamente con sus supuestas estrategias de defensa, sino que pudieron hacerlo incurrir en delitos. Quienes lo conocen –no es el caso de quien esto escribe– descartan que sea el cerebro de tales maniobras, pues aseguran que no tiene la perversidad, ni la indecencia, ni la malicia para dirigir esta cadena de ilícitos.
Instantáneas:
1. DIECIOCHO DÍAS. Tan algo deben los diputados Saúl Huerta, de Morena, y Mauricio Toledo, del PT, que desaparecieron mucho antes del miércoles pasado, día en que fueron desaforados para que el ministerio público pueda proceder contra ellos por los delitos de abuso sexual y enriquecimiento ilícito, respectivamente. De Huerta se desconoce su paradero. De Toledo se informó que huyó a Chile, la tierra de sus padres. Es claro que, por la tardanza de más de cien días en quitarles el fuero, hay intereses políticos que con maniobras como esa los ayudaron a evadirse de la justicia. Maniobras en que la perversidad es reina, sobre todo en el caso de Toledo. Si la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México no lo captura en el transcurso de los próximo 18 días, el impresentable exdelegado de Coyoacán bien podría rendir protesta como diputado de la próxima Legislatura ya que, como se sabe, logró la reelección. Si eso llega a suceder, volvería a tener fuero y para quitárselo tendría que ser sometido a otro juicio de procedencia. Sería una burla para los tres poderes de la Unión.
2. REVOCACIÓN. Menudo reto trae por delante el coordinador de los senadores de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Sus contrapartes de la oposición (PRI-PAN-MC) ya le dijeron que ni hablar, que no avalarán un nuevo periodo extraordinario para sacar adelante la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato antes de que termine agosto, como amablemente se lo exigió AMLO. Le reiteraron que tendrá que esperar hasta el periodo ordinario que inicia en septiembre. Pero tozudo como es, ya se planteó la ruta para conseguirlo. De entrada, empezó a operar para conseguir el voto que le falta en la Comisión Permanente para que se pueda realizar un segundo periodo ordinario de sesiones. Para ello el dictamen correspondiente deberá quedar listo el próximo lunes, la sesión de la Permanente realizarse el miércoles y el extraordinario el viernes. En tanto sigue afinando su iniciativa y ya modificó la pregunta propuesta de la que quitó el término “pérdida de confianza” que nada gustó en el Palacio Nacional. La nueva protesta de pregunta es: “¿Está de acuerdo en que el Presidente de la República, electo para el periodo constitucional en curso, continúe en el cargo hasta que concluya su mandato?”.
3. CONCILIACIÓN. El que rindió su informe de actividades legislativas en la sede histórica de Xicoténcatl 9, fue el presidente del Senado Eduardo Ramírez. El legislador morenista defendió la gestión de AMLO, dijo que ha sentado las bases de una transformación pacífica y llamó a dejar atrás la polarización para dar paso a la conciliación y fortalecer la unidad nacional. La tarea es de todos, así que bien harían en escuchar al presidente del Senado en el Palacio Nacional.
4. DEUDA. ¿Por qué los 12 mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (Deg´s) que otorgará el FMI a México, no pueden destinarse al pago de la deuda externa como propuso AMLO? La clave está en los artículos 18 y 20 de la Ley del Banco de México. El primero define la función de la reserva de activos internacionales: “… coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país”. El segundo precisa el término divisas y establece cuáles pueden formar parte únicamente de la reserva: billetes y monedas metálicas extranjeras, depósitos bancarios, títulos de crédito y toda clase de documentos de crédito, sobre el exterior y denominados en moneda extranjera, así como, en general, los medios internacionales de pago, incluidos los Derechos Especiales de Giro del FMI. Por eso el subgobernador del Banco Central, Gerardo Esquivel, cercano a la 4T, tuvo que salir a corregirle la plana al Presidente.
5. MARTES 13. Un día como hoy, pero de hace 500 años, fue martes. Martes 13 de agosto de 1521. Tras 70 días de un inclemente sitio caía la Gran Tenochtitlán. Cuenta el soldado cronista Bernal Díaz del Castillo: “Juro, amén, que todas las casas y barbacoas de la laguna estaban llenas de cabezas y cuerpos muertos… no podíamos andar sino entre cuerpos y cabezas de indios muertos… y hedía tanto que no había hombre que lo pudiese sufrir”. Para unos fue un injustificable acto genocida. Para otros un justificado proceso civilizatorio. Fue en cualquier caso la aniquilación de dos culturas, para que su fusión diera nacimiento a la nación que hoy somos. Eso es lo que conmemoramos.
rrodriguezangular@hotmail.com
@RaulRodriguezC
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¿Por qué a Azucena Uresti?/Sandra Romandía
Conversaba con Azucena sobre la necesidad de no dejar de contar lo que está pasando, aunque sea desagradable… y esta semana despertamos con un horrendo mensaje en redes sociales
El Universal, 13/08/2021;
Hace algunas semanas conversaba con Azucena Uresti sobre la necesidad de no dejar de contar lo que está pasando; aunque sea desagradable, aunque duela, aunque indigne.
Compartíamos puntos de vista sobre la urgencia de mostrar historias como son, porque de no ser así se perdería el sentido del oficio que es aportar información útil a los ciudadanos para la toma de decisiones. El ejercicio de indagar, reportear y publicar debe ser una obsesión diaria, desde nuestra trinchera que es el periodismo.
Porque lo cierto es que la realidad está subcontada. Todos los días nos levantamos y emprendemos el vuelo diario de vivir y trabajar y divertirnos y disfrutar o sufrir o ver pasar las horas sin tener una idea de que caminamos sobre una capa que oculta debajo de sí micromundos desde donde se tejen los hilos de la historia. Y no me refiero solo al poder político, sino a los grupos que tienen poder de facto y se organizan en mafias para controlar una ciudad, para hacerse del transporte, del ambulantaje, o el tráfico de drogas y otros delitos.
Este lunes despertamos con un horrendo mensaje en redes sociales sobre una amenaza de parte de un grupo del crimen organizado contra Azucena Uresti, una de las mejores periodistas de México. El tema se volvió tendencia en Twitter, miles de voces opinaron, los medios nacionales e internacionales publicaron la nota y horas más tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció para anunciar apoyo y protección para la periodista.
Pero hacerse cargo de los desastres que uno genera no debería ser motivo de orgullo.
El hecho de que un grupo criminal sea capaz de desafiar al Estado y colgar en redes sociales una amenaza de muerte de tal calaña a una periodista, no es más que una muestra de la descomposición actual.
¿Por qué a Azucena Uresti? ¿Por qué a cientos de colegas más? Por la impunidad.
En otro país con un sistema de inteligencia eficiente y un aparato de justicia funcional ya se tendrían noticias sobre de dónde salió el mensaje o se habrían puesto en marcha de operativos eficientes. Lo cierto es que no se ha sabido nada, como ocurre –dolorosamente- en casi 9 de cada 10 casos de periodistas que son asesinados, y una cifra similar a los amedrentados o agredidos.
No es negativo que el gobierno mexicano dé protección a una periodista amenazada, pero lo que no se debe perder de vista es que cuando surge un problema –y esto aplica para todo en la vida- éste no es más que la evidencia de que hay uno mayor y más grave. Y en México es así: no hay condiciones para hacer periodismo porque el grado de impunidad que permea es tan alto que los que consuman las agresiones contra miembros del gremio saben que es casi improbable recibir un castigo.
Pero a veces el ser humano se bate más por los intereses que por los derechos, diría Napoleón I, y López Obrador parece ir en esa corriente: le interesa presumir que México responde ante un caso así, pero no vela por que los periodistas, abogados, médicos y demás profesionistas y ciudadanos tengan garantías para vivir en paz.
Hay quienes se preguntan –porque he sido testigo o blanco del cuestionamiento- “¿por qué se meten en problemas publicando notas de narcotraficantes?”. Por la simple razón de que eso también es parte –y muy fuerte- de la realidad mexicana y en el periodismo no hay nada más despreciable que el silencio. Es como si un médico dejara de luchar por salvar la vida de un paciente.
Y dar protección a los periodistas no es la solución definitiva, es solo la respuesta del Estado ante la responsabilidad imperante de atender las consecuencias del caos que genera su incapacidad para disminuir los índices de delincuencia y acotar el poder de los criminales en México.
La solución para los y las periodistas amenazadas está en que se combata de frente a las bandas y mafias para que se diluya su poder hasta desaparecerlo; o sea, que se tomen en serio la responsabilidad de gobernar.
En un México donde los colegas no tuviéramos historias de masacres, armas, muertos y tragedias que contar nadie preguntaría ¿por qué te metes con los malos? Y nadie tendría que ser protegido.
Sé que la piedra que lanzo al muro de los sueños intenta ir muy alta, pero “no es posible vivir sin ideal, ni religión ni sensación de porvenir. Los hospitales estarían llenos de locos”, decía Arthur Miller.
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DÍA CON DÍA
Revocación: respuesta de Ugalde/HÉCTOR AGUILAR CAMÍN
Milenio,
Sugerí ayer que desairar la convocatoria a la revocación de mandato, si llega a plantearse para marzo de 2022, sería regalarle el resultado a los convocadores: el Presidente y su partido.
Éstos podrían conseguir, dije, una afluencia de quizá el 25 por ciento de votantes, el 90 por ciento de los cuales votaría seguramente a favor de la causa oficial. Con ese 90 por ciento, el Presidente buscaría borrar o diluir el hecho de que solo hubiera votado el 25 por ciento y ostentaría el resultado como la ratificación de un mandato popular abrumadoramente mayoritario.
Es una posibilidad que deben pensar con cuidado quienes proponen desairar la consulta, abstenerse del todo, asumiendo que la visible parcialidad de la convocatoria le quitaría toda eficacia.
Me escribe Luis Carlos Ugalde, autor del artículo que me puso en este tema, cuestionando mi cuestionamiento, o imaginando lo que podría suceder de un modo distinto, alterno.
Ugalde explica “por qué, incluso si se organiza la consulta, es mejor el desaire”.
En caso de que se haga la consulta, dice Ugalde, “es mejor que (el Presidente) gane con el 99 por ciento de la votación que con el 55 por ciento”.
Su razón es paradójica, pero solo a primera vista.
¿Por qué? Porque “el primer resultado sería con una baja participación (tú dices del 25 por ciento) que invalidaría la consulta y exhibiría que es una fiesta autoorganizada”.
Si en vez de desairar la fiesta, la oposición se activa y promueve el plebiscito revocatorio, dice Ugalde, “la participación puede llegar al 40 por ciento y AMLO —seguramente— prevalecería en una elección más competida”. Porque la elección competida “aumenta el drama, genera la sensación de golpismo, azuza a las bases obradoristas y construye la narrativa épica que AMLO requiere”.
Desairar la consulta, precisa Ugalde, “no significa silencio”, sino “alzar la voz para exhibir la farsa, resaltar que AMLO fue electo para seis años” y exigirle “que se quede y trabaje de forma responsable”.
Sólidas razones, pero el dilema de participar o abstenerse sigue ahí, lo mismo que la decisión presidencial de ir a la consulta. Lo indudable es que el conflicto ha sido el signo político de este gobierno. Parece que lo seguirá siendo hasta el final.
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