23 de septiembre de 2021

LA POLÍTICA HOY

Las columnas políticas, hoy jueves 5 de agosto de 2021

Templo Mayor

MAL ESTÁN las cosas cuando los encargados de aplicar la ley no se ponen de acuerdo en lo que dice la propia ley. Es por eso que hoy el Tribunal Electoral amanece con dos presidentes. Por un lado Reyes Rodríguez, quien fue electo por los propios magistrados; y por el otro José Luis Vargas, que fue removido por sus compañeros y que se niega a abandonar el cargo.

COMO buenos abogados, ambos lados plantean exactamente lo opuesto… ¡con los mismos argumentos! El destituido dice que su cargo es por cuatro años y que en la ley no se establece la posibilidad de remoción. Sus contrapartes señalan que precisamente la ley les da la facultad de nombrar a quien ocupe la presidencia.

QUIÉN tiene la razón es lo de menos. Lo que realmente importa es que José Luis Vargas es insostenible como presidente del TEPJF. Que cinco de los siete magistrados hayan decidido removerlo no fue una ocurrencia de miércoles. Fue resultado de una larga lista de enfrentamientos, irregularidades y hasta insultos. Después de esto se ve difícil que siga contando con el apoyo del consejero jurídico, Julio Scherer, que tanto presumía tener.

A VARGAS le quedan dos caminos: renunciar dignamente a la presidencia… o convertirse en el Varguitas de “La Ley de Herodes” y tratar de aferrarse al hueso como sea.

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POR CIERTO que a quien hay que reconocerle que nunca soltó el caso del magistrado Billetes es a Santiago Nieto. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera mantuvo el dedo en el renglón de las investigaciones sobre los extraños manejos de dinero de José Luis Vargas, lo que hoy lo tiene con un pie fuera del TEPJF y con el otro pie en una carpeta de investigación.

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DICEN QUE el gobierno de la 4T tiene las mejores intenciones… pero los peores resultados. Ejemplos sobran y el más reciente es el del conflicto con los gaseros. Se suponía que la intención era bajar el precio del gas LP, pero provocaron un problemón que puso en riesgo el abasto en buena parte del país.

SI BIEN los distribuidores que reparten el combustible de casa en casa ya anunciaron el fin de su paro de labores, el conflicto está lejos de haber terminado. Resulta curioso que el propio Andrés Manuel López Obrador los haya amenazado hasta con la Guardia Nacional, cosa que no ha hecho contra ningún narco.

ADEMÁS, está la disputa jurídica que viene, pues la decisión de la Secretaría de Energía de fijar un tope al precio, con la CRE como títere, va en contra de la propia Ley de Hidrocarburos, que claramente señala que esa es facultad de la Comisión Federal de Competencia Económica sólo si percibe un mercado distorsionado. Así que no prendan ningún cerillo porque esto huele a gaaas.

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QUE en México la libertad de expresión es amenazada todos los días desde Palacio Nacional… no es falso, pero se exagera. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)

Bajo reserva

¿Quién es quién en el ridículo?

En este espacio le contamos el 1 de julio pasado que Ana García Vilchis convirtió la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en un show de humor involuntario, gracias a la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”. Pues bien, en esta ocasión pasó de las bromas y el pastelazo al ridículo. Una vez más doña Ana intentó desmentir sin éxito varias notas verdaderas, incluyendo una de primera plana de EL UNIVERSAL, en la que nuevamente utilizó el aplastante argumento de que la información es falsa porque lo dice el gobierno y se acabó. Pero además, criticó un tema de portada del diario Reforma diciendo “no es falso, pero se exagera”. ¿Pues en qué quedamos? Ahora la Presidencia no solo va contra las noticias falsas, sino también contra las verdaderas, que alguien le dé un calmante a la presentadora del reporte, pues con los nervios ya no sabe si son falsas, verdaderas, exageradas, negativas, positivas, o qué cosa. El  ridículo que hace la diputada suplente de Morena García Vilchis daría risa, si no fuera un ataque más a la libertad de expresión.

El negociazo de la Mañanera

Y ya entrados en la “Mañanera”, luego de la sección cómica, viene la sección comercial. Nos dicen que quienes agradecen más este ejercicio diario del presidente Andrés Manuel López Obrador son algunos youtubers y blogueros que hacen un negociazo con la conferencia de prensa. En varias ocasiones le hemos hablado de estos personajes que con sus “preguntas” ayudan a agilizar gestiones de asociaciones, sindicatos y demás. A veces, estas “ayuditas” son muy sutiles, pero otras no lo son tanto, como la de ayer cuando un youtuber, de plano, le pidió al Presidente que les pagara a unos ejidatarios de Chihuahua sus terrenos por los cuales, aseguran, no recibieron indemnización del  gobierno federal de 1992. “Dos recordatorios o exhortos, presidente. Aquí más o menos año y medio yo le planteé la situación de más de un centenar de campesinos en Creel. Usted dijo que los atendería el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera… la situación no se resuelve, presidente déles una solución, págueles las tierras que gobiernos anteriores invadieron y que siguen teniendo esperanza en usted”, dijo el “periodista” al mandatario. Alguien en estas conferencias suele decir con frecuencia que lo que no suena lógico, suena metálico.

Una buena noticia para Tomás Zerón y Andrés Roemer

Ayer, nos comentan, el gobierno de  México recibió una petición por parte de Israel. Los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores israelíes convocaron a embajadores de los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre ellos México, para pedirles que condenen y pongan un coto al terrorismo y la agresión de Irán en la región. México no ha sido un país que haya ido en concordancia con Israel en sus intenciones de condena, así que nos dicen que  este caso tampoco será la excepción. Desde luego, una potencial negativa mexicana no hará infelices a todos, pues el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón y el señor Andrés Roemer, ambos solicitados a Israel en extradición, el primero acusado de ocultar pruebas y torturar testigos en el caso Ayotzinapa y el segundo por violación, seguro celebrarán que la cooperación México-Israel no esté pasando por su mejor momento.

El tema más urgente a resolver

Dentro de la bancada de Morena en la Comisión del Congreso de la Unión, nos dicen, están a la espera de la reacción del Poder Ejecutivo respecto al acuerdo avalado para reivindicar la imagen de la Malinche en la historia oficial y construirle un monumento a manera de desagravio. Senadoras morenistas por Tlaxcala, como Ana Lilia Rivera y Jesusa Rodríguez, empujaron el tema. Nos dicen que quizá las legisladoras se queden sin respuesta, pues aseguran que algunos en Palacio Nacional  consideran que revalorar a esta mujer indígena que apoyó la invasión es ir contra del discurso que exige que España se disculpe. Como verá usted, mientras a algunos ciudadanos en el país les preocupa la pandemia, el desempleo, la inflación, la inseguridad, y algunos otros temas menores, las legisladoras morenistas se ocupan de resolver los problemas verdaderamente importantes de la República. (El Universal, Nación, p. 2)

Sacapuntas

Otro anillo al dedo

Nos hacen ver que la crisis que estalló en el TEPJF cayó como anillo al dedo al presidente López Obrador y a Morena para empujar la reforma electoral. Los gritos y sombrerazos en el máximo tribunal de justicia electoral servirán para sustentar la necesidad de una profunda modificación a este tipo de organismos, incluido el INE. Prevén que hasta la Corte respalde.

Solución de tiempo completo

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se ocuparon de tiempo completo en el plan para destrabar el conflicto por el gas. Estuvieron en el C5 planteando soluciones. A la reunión asistieron funcionaros de la Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y empresarios. Hoy se prevé un reporte del Presidente en la mañanera.

Protegiendo a menores

Echaron a andar el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y la presidenta honoraria del DIF de la entidad, Ivette Morán de Murat, la Casa Tucán, en beneficio de 47 niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable. Con una inversión de 19.5 millones de pesos, el recinto cuenta con consultorio médico, psicológico y áreas de hospitalización, terapia física y ludoteca, entre otros.

Ternuritas

Para hacerle ver al gobernador Silvano Aureoles que “ese apoyo sí se ve”, la bancada de diputados electos del PRD en San Lázaro realizará su reunión plenaria en Morelia, este 7 y 8 de agosto. Y para mostrar “músculo” asistirá el dirigente nacional del partido, Jesús Zambrano. Lo que no se pudo fue agregar el respaldo de sus aliados priistas y panistas.

Perfilan nuevo liderazgo

Nos hacen saber que el diputado José Luis Rodríguez se perfila como el próximo coordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Su cercanía con el gobierno central y el trabajo realizado en la Legislatura que concluye lo ubican como el diputado con más posibilidades, experiencia y tacto para tejer acuerdos con el resto de las fuerzas políticas. (El Heraldo de México, La Dos, p. 2)

Rozones

La otra (delicada) gestión con EU

Al menos tres dependencias del Gobierno federal, nos comentan, están más que aplicadas en la atención de un asunto que involucra a las relaciones comerciales con Estados Unidos. Y no, nada tiene que ver con las armas. Se trata del tema de la pesca y exportación de camarón en el que, nos cuentan, están a todo lo que dan las gestiones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a cargo de Víctor Villalobos; la de Economía, de Tatiana Clouthier, y la de Relaciones Exteriores, al mando de Marcelo Ebrard. En particular es el comisionado nacional de Acualcultura y Pesca, Octavio Almada Palafox, quien tiene la encomienda de que EU quite el embargo a las exportaciones de camarón ribereño, a cuya captura se dedican 63 mil pescadores en nuestro país, aunque la actividad en su conjunto beneficia a 254 mil personas. De nuestro lado, nos dicen, existe la garantía de no afectar a las tortugas marinas, razón por la cual existe una sanción. A ver si hay voluntad de la contraparte.

Zarpazo de la “manada” silenciosa

Nos comentan que entre los magistrados del Tribunal Electoral no caló tanto que el magistrado presidente, José Luis Vargas, haya dicho que, a diferencia de sus pares, él no vota en manada, lo que sí caló fueron las nuevas acusaciones por presunto lavado de dinero que se le hicieron desde las instituciones de procuración de justicia. Para los ahora llamados “cinco rebeldes”, ese hecho lesionó seriamente la credibilidad del máximo órgano electoral, por lo que desde el pasado fin de semana comenzaron a reunirse, primero de manera virtual y luego en cafés y restaurantes para promover la remoción. Dicha estrategia la terminaron de afinar el lunes 2 de agosto, para esperar la sesión de ayer, pedir la revisión de su trabajo y después votar ahora sí que “en manada” para hacerlo a un lado. Nos aseguran, por cierto, que en los momentos en los que Vargas estaba siendo removido, arremetía en sus oficinas contra su equipo de trabajo, por no haberlo alertado de la rebelión. Uf.

De resultados olímpicos y sexenios

Para abonar a la cada vez más próxima evaluación que se tendrá que dar de los resultados de la delegación mexicana en Juegos Olímpicos, el que puso sobre la mesa los que, se entiende, considera sus números, fue el expresidente Felipe Calderón. El exmandatario recordó en las benditas redes que, en 2012, México ganó en Londres 8 medallas: una de oro (en futbol), 3 de plata y 4 de bronce y que fue “la mejor participación en Juegos Olímpicos en el extranjero”. Y agregó que en 2008, en Beijing, la delegación mexicana ocupó el lugar 36, el mejor lugar desde Los Ángeles 84. Nos hacen ver que a querer o no, el planteamiento del expanista obliga a ponderar los resultados olímpicos por sexenios. Para la actual justa veraniega, la titular de la Conade, Ana Guevara, pronosticó 10 medallas, hasta ahora van tres (de bronce). ¿Se abrirá un frente de debate con esos parámetros sexenales? Uf.

Oportuna reunión por el gas

Más que oportuna resultó la reunión convocada por la titular de Energía, Rocío Nahle, en la que participó el Gabinete de Seguridad federal y la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. Y es que en dicho encuentro quedó claro que las empresas distribuidoras de gas LP no son las que promovieron el bloqueo a las plantas y estaciones de carburación —para impedir que las unidades de reparto salieran a trabajar desde el lunes pasado—. Las autoridades, nos aseguran, tienen identificados a los grupos de choque que dicen estar ligados a supuestos sindicatos que agremian a los comisionistas, entre los que cuentan a ACME, Sindicato Libertad, Gremio Gasero Nacional o Guvalgas. Así que en seguimiento a las instrucciones que dio el Presidente, la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad desde ayer están puestas para, en caso de presentarse, contener acciones tendientes a causar desabasto.

Más acusaciones contra Huerta

Nos cuentan que este jueves los padres de uno de los menores abusados presuntamente por el diputado Saúl Huerta emitirán un pronunciamiento sobre el caso, a raíz de la postergación que se ha dado del desafuero del legislador. Esto sucederá, nos dicen, 101 días después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, solicitó a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad del legislador poblano para proceder penalmente en su contra. Apenas esta misma semana, el caso provocó el reclamo del subsecretario de Gobernación,Alejandro Encinas, ante lo cual el senador Ricardo Monreal aseguró después que no habrá impunidad y el caso se discutirá en un periodo extraordinario el 11 de agosto. El único que ha guardado silencio es el morenista señalado, de quien no se ha sabido en las últimas semanas.

Une adversarios Marko Cortés en su contra

Nos dicen que los aspirantes a la dirigencia del PAN, la diputada Adriana Dávila Fernández y el exdiputado Gerardo Priego Tapia, ofrecerán una conferencia de prensa este jueves, no para declinar a favor del otro, sino para protestar en contra de la reunión convocada este sábado por el líder del blanquiazul, Marko Cortés, para establecer la Comisión Organizadora para la renovación del CEN. Resulta que la reunión será virtual debido al contagio de Cortés y se decidió no posponerla. También, nos comentan, podrían dar cuenta de la molestia que existe debido al bajo número de militantes que tiene el albiazul, hecho que ha puesto a ese partido al filo de la pérdida del registro. Hoy los panistas adversarios del actual dirigente nacional darán cuenta de qué tan parejo está el piso en la contienda interna. Así que, pendientes. (La Razón, La Dos, p. 2)

Política zoom // Las necedades del magistrado Vargas

El magistrado José Luis Vargas se aferra al puesto. Asegura que la sesión de ayer, donde fue removido por cinco de sus pares, es inconstitucional.

Dice que será presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hasta el mes de noviembre de 2023.

Sin embargo, la Sala Superior de este órgano nombró, también ayer, al magistrado Reyes Mondragón como sustituto.

Solo hay una pregunta que importa para salir de este lío: ¿fue legal la sesión en que se tomaron estas tremendas decisiones? El antecedente de esta crisis constitucional comenzó el viernes pasado, cuando un juez federal consideró procedente investigar al magistrado Vargas por enriquecimiento ilícito, a partir de una serie de pruebas aportadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Esta denuncia es evidentemente lesiva para la reputación del Tribunal, por lo que el propio Vargas debió presentar su renuncia al cargo.

Sin embargo, el sujeto optó por menospreciar las circunstancias. En reacción, sus colegas resolvieron ventilar el problema en sesión pública y por ello el magistrado Felipe de la Maza pidió que el tema fuese enlistado para su discusión. (Ricardo Raphael, Milenio Diario, Al frente, p. 3)

Coordenadas // Quieren la cabeza de Lorenzo

El representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, señaló que su partido propondrá la realización de un juicio político en contra del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, así como del consejero Ciro Murayama.

Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, señaló: “No podemos tener a un consejero electoral militante. Necesitamos a un consejero técnico”.

El presidente de Morena, Mario Delgado, puso en su Twitter: “He invitado en distintas ocasiones a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdova a que se afilien al PRIAN.

Necesitamos consejeros que defiendan la democracia como ellos defienden su salario”. El presidente López Obrador cuestionó al INE señalando: “en vez de ponerse a la vanguardia de este proceso de transformación, se quedaron en la retaguardia, representando al antiguo régimen, conservando los mismos vicios, cuando debieron agarrar la bandera de la transformación, el cambio verdadero y de la democracia”.

Los anteriores dichos son solo una muestra de la percepción que la 4T tiene del INE y de su presidente. (Enrique Quintana, El Financiero, p. 2)

Juegos de poder // ¿El gobierno de López Obrador apenas se dio cuenta?

Encuentro una importante y cándida declaración en la página dos de la sección Negocios de Reforma de ayer. En una entrevista con René Delgado, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, confiesa acerca del nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de libre comercio: “Creo que a lo mejor concedimos un poquito más de lo que debiésemos desde la perspectiva en la parte del acompañamiento laboral”.

¿Hasta ahorita se están dando cuenta de lo que accedieron y firmaron?

En su momento, muchos lo advirtieron. Con las prisas por cerrar la negociación, y para dejar contentos a Trump y los demócratas que controlaban la Cámara de Representantes, el gobierno de López Obrador cedió en todas las propuestas laborales que demandaban los estadunidenses.

México se comprometió a la libertad de asociación de los trabajadores y la negociación colectiva; a crear órganos independientes e imparciales para registrar las elecciones sindicales y resolver controversias relacionadas con contratos colectivos y el reconocimiento de los sindicatos; a establecer un sistema de verificación de las elecciones de los líderes sindicales para que éstas se lleven a cabo a través del voto personal, libre y secreto de los miembros del sindicato; a una justicia laboral expedita; y a la publicación de los contratos colectivos de trabajo y de los estatutos del sindicato. (Leo Zuckermann, Excélsior, Nacional, p. 11)

Historias de reportero // Historia para leerle al presidente antes de dormir

Adam tenía 3 años de edad cuando su papá le enseñó a traficar mercancías y dinero de un país capitalista a un país comunista: escondía las cosas bajo la chamarra y los billetes en los zapatos que eran tres tallas más grandes, y cuando se aproximaban a la frontera y los puntos de revisión, él tenía que dormirse. No aparentar que estaba dormido. Eso podía salir mal. Tenía que quedarse dormido realmente.

A esa edad, para Adam, la diferencia entre los dos sistemas de gobierno era bastante sencilla: en el capitalismo había opciones. Y para ser más preciso, opciones para el desayuno. En la comunista Hungría su mamá le preparaba sándwich de una sola cosa: cuando había jamón, y sólo había un tipo de jamón, pues era sándwich de jamón. Nunca de jamón y queso, aunque hubiera queso (la única clase de queso, desde luego). Combinar era desperdiciar. Cada determinado tiempo el gobierno húngaro le daba permiso de visitar a su abuela en Austria: los sándwiches tenían jamón, queso, salami, tomate, huevo… lo que él quisiera. Y su abuela le hacía preguntas mágicas como: ¿qué tipo de queso quieres? ¿qué jamón te pongo?

Ese paraíso austriaco sólo duraba unos días. El gobierno húngaro les restringía las visitas al extranjero (que de por sí eran un privilegio) y en el camino de vuelta, él y su papá contrabandeaban lo que sobraba en Austria y faltaba en Hungría, donde escaseaba todo: desde comida y zapatos, hasta partidos de oposición y libertad de movimiento.

Han pasado más de 30 años de eso. El muro cayó, los países europeos tienen libertades políticas y de tránsito… pero el trauma sigue. Sus familiares, que huyeron de Hungría y se refugiaron en Austria durante la Segunda Guerra Mundial, si tienen que regresar a Budapest para alguna boda, por ejemplo, contratan a un chofer, y le piden que se estacione afuera del lugar del festejo y no apague el motor: tan pronto concluye el compromiso se regresan a Viena. Ni una noche en Hungría.

A Adam lo conocí en Budapest. Ya ronda los 40 años. Me contó que cada que hace el trayecto de dos horas y media entre Viena y la capital, cuando se acerca a la frontera, cae profundamente dormido. Como si se lo ordenara una fuerza superior. Quizá aquel entrenamiento que le dio su padre.

Hoy muchos políticos mexicanos coquetean con el comunismo y deciden cerrar los ojos ante las graves crisis humanitarias que sigue acarreando donde se aplica. Las secuelas sicológicas brutales en niños y adultos, en familias y comunidades. No es que el capitalismo sea la panacea. Nada más lejano a ello. Pero obviar que el comunismo dejó saldos infames en términos personales, económicos, políticos, de libertades, de desarrollo de las naciones que lo adoptaron, es de una demagogia que merece ser exhibida.

Hace tres años, en una entrevista televisiva, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador ensalzaba la figura de Fidel Castro. Le planteé que, en un régimen como el cubano, un líder opositor como él sencillamente no existiría: estaría encarcelado o muerto. Ya de presidente, López Obrador se ha vuelto un apapachador de dictadores. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)

Uso de razón // “Viene dolor y sufrimiento”

El principal consejero médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, lo dijo sin rodeos en el programa “This Week”, de ABC: “Viene dolor y sufrimiento. Las cosas van a empeorar”.

Joseph Biden reforzó el mensaje con un vehemente llamado a sus compatriotas: “Sabemos que podemos reducir drásticamente los casos en el país. Podemos hacer esto. Vacúnate”.

La variante Delta del Covid trae un ritmo de contagio de 100 mil personas al día en este país, casi exclusivamente entre no vacunadas.

Y ya sabemos que cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía.

Es decir, lo que el doctor Fauci ve venir, “dolor y sufrimiento” para los estadounidenses, será más fuerte en México.

La única solución encontrada hasta ahora es la vacuna.

No es mercantilismo ni neoliberalismo, sino un asunto de vida o muerte.

El presidente de México señaló la semana pasada que no debemos estar “sometidos a las farmacéuticas y que ellas nos digan: falta una tercera dosis, una cuarta dosis, falta que se vacunen los niños. Hay que ver científicamente si es necesario. Es como cuando se va a comprar algo, no debemos de ser consumistas”.

Hugo López-Gatell, el encargado del combate a la pandemia, redondeó la idea del Presidente en la conferencia matutina de la semana pasada:

“Los tres temas desde hace un mes y medio aparecen consistentemente en la opinión pública y prensa como si hubiera evidencia científica que ampara la necesidad de vacunar a menores de edad, poner dosis de refuerzo o poner una especial atención a las variantes”.

Les gana la ideología y ésa es una mala noticia.

En México ya han muerto más de 600 niños a causa del Covid.

Un error de diagnóstico, al ideologizar la pandemia, costará más vidas.

Esos números, que son personas menores de edad, ¿no cuentan?

Al menos aquí en Estados Unidos, igual que en Europa, tienen otra idea.

No se trata de cerrar un país, sino de vacunar a partir de los 12 años.

La máxima autoridad en la prevención de enfermedades infecciosas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dependiente del Departamento de Salud, informó que “todas las personas mayores de 12 años deben recibir una vacuna Covid-19”.

Sólo “las personas que están completamente vacunadas pueden reanudar las actividades que realizaban antes de la pandemia. Obtenga más información sobre lo que usted y su hijo o adolescente pueden hacer cuando estén completamente vacunados”.

En Estados Unidos se vacuna a los niños de 12 años o más con la fórmula de Pfizer-BioNTech.

Alemania anunció que vacunará a partir de los 12 años de edad, y desde septiembre habrá una dosis de refuerzo para adultos y grupos vulnerables.

Gran Bretaña aplicará vacunas de refuerzo desde el inicio del otoño.

El problema con la variante Delta, explican los CDC, es que el Covid original contagiaba en promedio a tres personas por cada infectado. Delta contagia a nueve.

Los españoles, que han avanzado mucho en la vacunación y recuperaron el terreno perdido, estiman que la inmunidad colectiva ya no será posible de alcanzar con el 70 por ciento de la población vacunada. Será con un 90 por ciento, o más.

Por la variante Delta, es posible que haya que vacunar a niños menores de 12 años.

Y España no vende vacunas. No quieren robarle el oro ni los dólares a nadie.

Tienen razón. Como tienen razón Gran Bretaña y Alemania.

Como tiene razón Anthony Fauci y los CDC estadounidenses al vacunar –por ahora– a todos los mayores de 12 años.

Lo expresó de manera contundente el presidente Biden: “No se trata de estados rojos (republicanos) o azules (demócratas), sino de la vida o la muerte”.

Vacunarse es una tabla de salvación, no un acto de consumo capitalista.

El martes el gobierno de Estados Unidos informó que había regalado 4 millones 300 mil vacunas a México y 4 millones a Argentina.

Ésa es una prueba de que el tema no es ideológico. Biden manda vacunas a dos gobiernos que han mostrado hostilidad a su persona y a su país.

Además, los presidentes de Argentina y México habían anunciado una alianza para producir vacunas AstraZeneca, con las que estarían vacunando a América Latina en mayo.

Ya estamos en agosto, y nada.

Queda claro, pues, que con demagogia no se enfrenta el problema.

Y bloquear a los menores de 18 años e impedir que se vacunen, basado en prejuicios ideológicos como hace López-Gatell en México, es llevar a más gente a la muerte.

“Viene dolor y sufrimiento”. ¿Por qué extenderlo a los niños y a los adolescentes?

Porque López-Gatell no cree en el diagnóstico de los CDC y del doctor Fauci.

Cree en su ideología, aunque la realidad y el INEGI nos dicen que el responsable de combatir la pandemia en México ni siquiera sabe contar a los muertos. (Pablo Hiriart, El Financiero, Nacional, p. 30)

Desde afuera // México – EEUU: ¿Disensos?

Más allá de lo que se busque, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador entró en terrenos que bordean o son de plano temas de la política doméstica estadounidense.

La demanda recién presentada por la falta de controles de las empresas productoras de armas de fuego, como los pronunciamientos en torno al embargo económico contra Cuba tienen efectos internacionales pero, al mismo tiempo, son tan domésticos en Estados Unidos como la política energética en México.

Al margen de los términos de la demanda sobre las responsabilidades en el tráfico de armas, el tema entra a querer o no en la sempiterna polémica ideológico-política estadounidense sobre el control de ese comercio, que sólo el año pasado superó los nueve mil millones de dólares.

Y las posiciones de partidarios y opositores se encuentran tan polarizadas como republicanos y demócratas, que llevan décadas en un encarnizado debate sobre la necesidad o no de mayores controles para el comercio y posesión de armas de fuego.

Estados Unidos es un país casi único en el mundo en ese sentido y el actual presidente Joe Biden planteó en su campaña electoral la importancia de imponer controles por lo menos a armas consideradas de asalto.

En ese marco, ¿extrañaría la posibilidad de que la demanda fuera usada como argumento de un lado o de otro? (José Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 25)

Astillero

Sugerente golpismo anti-AMLO // Tufo derechista en asalto al TEPJF// Instalan a cercano al calderonismo // Vargas rechaza ser depuesto

El presunto nuevo presidente de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, tiene un historial político relacionado con la derecha, específicamente con los ámbitos de Felipe Calderón y Margarita Zavala.

Rodríguez Mondragón anota en su currículum que fue asesor en la Coordinación de Asesores de la Oficialía Mayor en la Secretaría de Gobernación de enero a diciembre de 2000 (https://bit.ly/3xpCMqE). Cabe decir que el titular de esa Oficialía Mayor, en los primeros tres meses del gobierno de Vicente Fox, fue Gilberto Lozano, ahora furibundo dirigente del Frente Nacional Anti-AMLO. También fungió como asesor de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE de enero de 2006 a marzo de 2007, con Luis Carlos Ugalde (llamado en esta columna Uh, Fraude) como consejero presidente de ese instituto. Y ocupó diversos cargos conforme Roberto Gil Zwarth pasaba de una subsecretaría de Gobernación a la secretaría particular de Felipe Calderón en Los Pinos, o luego en el Senado con el mismo Gil Zwarth.

El 5 de octubre de 2020, a las 2:22 horas, en la cuenta de Twitter del ahora presunto nuevo presidente del TEPJF ( @ReyesRdzM) apareció este texto: Ojalá ya se muera ese viejo culero de palacio nacional. La reacción en redes a ese mensaje se nucleó en torno a la etiqueta #Renuncia ReyesRodríguez. En lo inmediato, desapareció la cuenta en mención y el magistrado electoral alegó que él no había escrito esas diez palabras, sino que había sufrido un hackeo. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)

Las dos presidencias electorales

Resulta increíble que en un país con graves problemas de legalidad e incesantes ataques al Estado de Derecho, el Tribunal Electoral (TEPJF) se comporte sin el mayor atisbo de responsabilidad.

Ayer, cinco de los siete magistrados decidieron “remover” a José Luis Vargas como su presidente, y nombraron en sustitución a Reyes Rodríguez. Se trata de un suceso atípico para la justicia electoral, pero que tiene raíces profundas.

Lo visto es producto de la peor presidencia en la historia del TEPJF, encabezada por un magistrado que nunca se comportó como tal, que mostró incongruencia en sus votos y una alarmante sumisión al poder en turno. Vargas ha sido alguien que, como pocos, ha trasladado sus preferencias políticas a sus decisiones jurídicas.

Estamos frente a un sujeto investigado por enriquecimiento ilícito, que fungió como el más ferviente defensor de Salgado Macedonio, que ha violado una y otra vez las normas internas del TEPJF y que incluso ha tenido la puntada de autodenominarse “el Pípila de la democracia”, mientras tilda a sus colegas de “manada”.

En principio, parecería difícil no celebrar el fin de la presidencia de Vargas. Pero, bien vale llamar la atención sobre cómo se consumó esta “remoción”, una figura que no está expresamente contemplada en ninguna ley.

¿Cómo fue, entonces, que se gestó la salida de Vargas? Ayer, el (todavía) presidente convocó a sesión pública. Sin embargo, al inicio el magistrado Felipe de la Mata solicitó incluir un tema a discusión: una evaluación de desempeño de la Presidencia. A su petición se sumaron los magistrados Fuentes, Infante, Otálora y Rodríguez, quienes pidieron votar esa propuesta. Vargas se negó: dijo que eso era un “golpe de Estado”, que sus oponentes generarían una “crisis constitucional” y que él no renunciaría. Los cinco insistieron y Vargas suspendió la sesión.

Luego los cinco magistrados firmaron un oficio solicitando que Vargas reanudara la sesión en un plazo de quince minutos. Esto no sucedió y la mayoría del TEPJF concluyó, por tanto, que Vargas estaba ausente. Así, la magistrada Otálora, actuando como presidenta, convocó a reanudar la sesión. Más importante aún, en esta convocatoria se incluyeron dos puntos adicionales: la remoción de Vargas por incumplir con sus obligaciones y la elección de un nuevo presidente.

Finalmente sucedió lo inevitable. Los cinco magistrados montaron una sesión paralela, en la que no estuvo ni Vargas ni la magistrada Soto, su única e incondicional aliada. Ahí expusieron las múltiples faltas en las que había incurrido Vargas, votaron por unanimidad la remoción y designaron a Rodríguez como nuevo presidente. En cuestión de minutos, terminó la presidencia de Vargas.

El conflicto, por supuesto, no finalizó ahí. Vargas convocó a una rueda de prensa, en la que se ostentó como presidente. Afirmó que “la sesión alterna era nula”, que distintas actuaciones constituían el delito de “ejercicio ilícito de funciones” y dijo que convocaría a todos a una nueva sesión privada. Así fue como llegamos al absurdo de tener dos presidencias: la de Vargas y la de Rodríguez.

Seguramente faltan varios episodios de esta tragicomedia. Pero pase lo que pase, la descomposición del TEPJF es patente. Con la eventual salida de Vargas, estaríamos ya ante la cuarta persona que ha conseguido esta posición desde 2016. Esto es un recordatorio no sólo de la enorme inestabilidad de dicha institución, sino también de la urgente necesidad de elevar los perfiles de los magistrados electorales, de reformar los mecanismos de designación, y de repensar la función de la presidencia. Y es que si bien muchas personas tienen las capacidades para ser magistrados electorales, no todos las tienen para ser magistrado presidente.

A veinticinco años de la creación del TEPJF, es triste que este sea el estado de la autoridad que resolverá en las siguientes semanas las impugnaciones en casos tan polémicos como los de la gubernatura de Campeche y Michoacán, las multas a los influencers del Verde y de Movimiento Ciudadano, entre varias más.

Por la patética irresponsabilidad de un magistrado que se aferra al poder a pesar de haber perdido el respaldo de sus pares, estamos ante la mayor crisis en la historia de la justicia electoral. Lamentablemente, quien pagará los platos rotos es toda la ciudadanía. (Juan Jesús Garza Onofre y Javier Martín Reyes, Reforma, Opinión, p.10)

Trascendió

Que los abogados de la SRE, encabezada por Marcelo Ebrard, aseguran que el sustento principal de la demanda contra las armerías de EU gira en torno a que la Corte de aquel país reconoce que un gobierno extranjero puede interponer esos recursos, pese a que los vendedores hayan respondido de inmediato que la acción de México es infundada y una afrenta a la soberanía, además de darle un recargón atribuyendo la espiral de violencia a falta de estrategia. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)

En privado // Tribunal, crisis de crisis

Retales

RECURSO. En una acción inédita, Marcelo Ebrard presentó ante tribunales de Boston una demanda del gobierno de México contra las principales fábricas de armas en el mundo y sus distribuidoras en Estados Unidos, armas que por cientos de miles han introducido a nuestro país, provocando decenas de miles de muertes. Ya respondieron y, claro, se lavaron las manos y culparon a las autoridades mexicanas. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)

Estrictamente personal // La gran apuesta mexicana

Un tiro de largo alcance fue disparado ayer por el gobierno. Después de dos años de deliberaciones internas, la Secretaría de Relaciones Exteriores demandó en un tribunal de Boston, Massachusetts, a 11 corporaciones que fabrican y distribuyen armamento, por practicar un comercio negligente e ilícito a sabiendas del “daño masivo” causado en México por facilitar el tráfico de sus armas para los cárteles de las drogas y otros criminales, que han provocado la muerte de decenas de miles de mexicanos. La acusación no tiene filtros. “Los criminales en México representan un mercado significativo para los acusados”, dice la demanda, “lo que explica la decisión empresarial de los acusados para seguir abasteciéndolos”.

La querella es un sólido documento de 135 páginas, que incluye 387 puntos factuales sobre la calidad de la violencia desatada por esas armas, que impactó en la vida cotidiana y que ha provocado la pérdida obscena de vidas. Fue presentada por el despacho Hilliard Shadowen, de Austin, Texas, con gran reputación por sus litigios que involucran derechos económicos y civiles, donde se estima que el valor de las armas traficadas a México asciende anualmente a más de 250 millones de dólares, de los cuales 170 millones, cuando menos, fueron de las ventas de las empresas acusadas a criminales mexicanos.

Las quejas del tráfico de armas a México son viejas, sobre todo después de que el presidente George W. Bush eliminó la prohibición para que no se pudieran vender en las armerías de Estados Unidos fusiles de asalto en 1996. El presidente Barack Obama no pudo revertir la prohibición por el cabildeo de los fabricantes de armas y de la Asociación Nacional del Rifle, que compraron aliados en el Capitolio mediante financiamiento de campañas políticas. El eterno argumento ha sido la Segunda Enmienda constitucional, que reconoce el derecho de los estadounidenses de poseer y portar armas.

La demanda se refiere a la Segunda Enmienda, pero aclara: “Este caso involucra a los acusados de suministrar sus armas a mexicanos y a otros que violan la ley. Los cárteles no tienen derechos protegidos por la Segunda Enmienda, y los acusados no tienen derecho de suministrarles armas”. Entre el 70 y el 90% de las armas confiscadas en México que se utilizaron en un crimen fue contrabandeado desde Estados Unidos, y la mayoría de ellas pertenece a las empresas demandadas.

Durante la prohibición de los fusiles de asalto, que impulsó el presidente Bill Clinton, bajó el número de asesinatos en México, pero se disparó en el gobierno de Felipe Calderón. Como también lo hicieron los expresidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, exigió al gobierno de Estados Unidos frenar el tráfico de armas, pero no pasó de posiciones principistas. La demanda presentada en Boston –donde tienen operaciones comerciales seis de los siete fabricantes de armas demandados– tiene otro alcance y escala. Incluso, en la selección de la Corte de Massachusetts. Ocho de los 10 jueces fueron nominados por los presidentes Obama o Clinton, y al igual que en la Corte de Apelaciones, son magistrados de corte liberal, un pensamiento que le permitió a Clinton sacar adelante la prohibición de los fusiles de asalto.

La querella toca cada aspecto que impediría a las empresas que fabrican esas armas ser negligentes o tener prácticas comerciales ilegales, como sugiere el documento, y se apoya no sólo en las leyes estadounidenses sino en el propio gobierno de ese país que ha concluido, subraya, que “las armas de los acusados son la fuente principal de los arsenales de los cárteles”, y que su contrabando hacia México tiene “proporciones extraordinarias”.

La demanda mexicana no es inédita, y ha sido un camino que han seguido personas en Estados Unidos desde hace más de 15 años, aun pese a que desde 2005, cuando Bush levantó la prohibición de la venta de fusiles de asalto, la industria de las armas cabildeó en el Capitolio una ley que la protegiera de futuras demandas. De esta forma se aprobó en 2005 el Acta de Protección del Comercio Legal de Armas, un escudo que protege a las compañías de responsabilidades por el solo hecho de que sus armas hayan sido mal usadas, resultando en víctimas dentro de Estados Unidos.

Esa ley fue resultado del gran volumen de demandas que se dio antes de que Clinton promoviera la prohibición de la venta de los rifles de asalto, cuando acusaban a los fabricantes de las armas de facilitar un mercado negro en los mercados secundarios, mediante sus prácticas laxas de venta. Aunque la ley les proveía de una amplia impunidad, hubo casos donde han ganado espacio las demandas civiles. La más significativa, por lo que representa, es la presentada contra Remington Armas en 2016, introducida por familiares de 20 niños y seis adultos asesinados en la matanza de la primaria Sandy Hook en 2012, que se sigue litigando en la Suprema Corte de Connecticut.

Legalmente es muy alta la apuesta del gobierno mexicano. Incluso, los abogados le comentaron al canciller Marcelo Ebrard que no tienen garantizada una victoria. De manera realista, es más probable que se pierda el caso. Ebrard afirma que “vamos a ganar”, pero no hay que interpretarlo legalmente. Si se analiza políticamente, el gobierno ya ganó, porque logró con tan sólo presentar la demanda, abrir de una manera diferente el debate público y acotar la impunidad de la que gozaban hasta ahora. Lo retórico no les importaba a los fabricantes de armas, pero al forzarlos a litigar en tribunales, se va a exponer masivamente lo que han hecho.

Es una afrenta que cientos de armas letales salidas de las más de 10 armerías en la franja fronteriza estadounidense terminaran asesinando a mexicanos, al incentivar un mercado secundario de armas en números grotescos, como el que haya más de 50 mil armerías en esa nación que establecimientos de McDonald’s. Es ridículamente mortal. Hay que aplaudir la demanda contra los fabricantes de armas, que si no en tribunales, políticamente ya fueron derrotados. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 34)

En tercera persona // México dispara contra las armas

El 3 de agosto de 2019, un supremacista blanco llamado Patrick Wood Crusius publicó un manifiesto en el sitio 8chan, en el que se alojaban grupos de extrema derecha, y en donde denunció “la invasión hispana de Texas”.

“Los hispanos tomarán el control del gobierno local y estatal de mi amada Texas”, escribió.

Minutos más tarde entró en un Walmart ubicado en Cielo Vista Mall, en El Paso. Llevaba protectores auditivos y un rifle AK-47 en las manos.

Comenzó a caminar por los pasillos de la tienda, abriendo fuego contra la gente que se encontraba ahí. Era sábado, cientos de familias recorrían la tienda. Entre éstas, varias formadas por residentes de Ciudad Juárez que habían acudido a aprovechar las ofertas ante el inminente regreso a clases.

 “Mi objetivo era matar a tantos mexicanos como fuera posible”, declaró el agresor.

En unos minutos 23 personas murieron. 9 eran mexicanos. Hubo 26 heridos. La matanza de El Paso figuró entre las diez peores masacres cometidas en aquel país, en el que en solo ocho meses de 2019 habían sucedido 50 tiroteos.

Walmart es una de las tiendas donde los adolescentes de más de 21 años pueden adquirir armamento.

El canciller Marcelo Ebrard anunció que buscaría imputar cargos al responsable, detenido mientras intentaba huir a bordo de un auto, y buscaría su extradición por “terrorismo contra ciudadanos mexicanos”.

La masacre desató un profuso debate sobre el acceso a las armas en Estados Unidos, en medio de la polarización desatada por Donald Trump y la proliferación de grupos de extrema derecha ligados al supremacismo blanco.

Al desarrollar la investigación del caso, el gobierno mexicano constató que con la misma facilidad con que Crusius adquirió el arma homicida para llevar a cabo el ataque en El Paso, los cárteles del narcotráfico y otras organizaciones delictivas adquieren las armas, incluso de alto poder –en supermercados, ferias y por internet— que luego son empleadas en todo tipo de crímenes.

Solo entre 2007 y 2020, más de 160 mil mexicanos fueron asesinados con armas de este tipo.

Según cifras del propio gobierno mexicano, cada año ingresan al país, atravesando la frontera de manera ilegal, entre 230 y 250 mil armas adquiridas en algunas de las 50 mil tiendas que las ponen a la venta en Estados Unidos.

Se afirma que cada 15 días los cárteles resurten su armamento por medio de diversas vías: desde el tráfico hormiga hasta los grandes movimientos en buques y tráileres.

Según la consultoría jurídica de México, “las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas en contra de la población civil y autoridades de México. Sin embargo, siguen priorizando el beneficio económico y utilizan estrategias de la mercadotecnia para promover armas cada vez más letales sin dispositivos de seguridad o trazabilidad”.

De ese modo se han detectado armas dirigidas expresamente para el consumo de narcotraficantes: existe en el mercado, por ejemplo, una pistola de cachas nacaradas conocida como “El Jefe”, y hay registro de armas cuyo diseño original puede ser modificado para aumentar su poder destructivo.

La demanda va dirigida contra Smith &Wesson, Barret Firearms, Colt Manufacturing Company; Glock Inc y Sturm y Ruger & Co. Inc., entre otras.

Leyes expedidas en 2004 por el gobierno de George Bush otorgan inmunidad a productores y distribuidores de armas. “México reconoce el derecho de los Estados Unidos de mantener ese marco normativo. No obstante, reclama el derecho de establecer su propia relación con los productores y distribuidores de armas cuando el daño se está produciendo en nuestro país. La demanda exige una compensación económica por los daños que el país ha sufrido y acciones concretas para lograr un comercio responsable”.

El 14 de diciembre de 2012, joven de 20 años, Adam Lanza, asesinó a su madre de cuatro tiros en la cabeza. Con un fusil AR-15 que le había pertenecido a ella, así como con dos pistolas, un Glock y una SIG Sauer,  se dirigió a la escuela primaria de Sandy Hook, en Connecticut, en donde más de 450 niños recibían clases.

Ese día iba a ocurrir el tiroteo más mortífero ejecutado por una sola persona en la historia de Estados Unidos.

Lanza caminó por los pasillos, recorrió las aulas. Mató a 20 niños y a seis adultos, y luego se pegó un tiro.

Nueve familias iniciaron una demanda en contra de Remington, la empresa fabricante del fusil, por la manera en que lo había ofrecido al público (a través de un videojuego violento). Hace apenas unos días, después de un largo litigio, Remington propuso a la familia de las víctimas una reparación por 33 millones de dólares.

Dice el gobierno mexicano que cuenta con argumentos para ganar este litigio, al que “una cuestión de principio y una obligación moral” que contribuya “a la restauración social y económica de innumerables comunidades de México”. (Héctor de Mauleón, El Universal, Nación, p. 5)

Serpientes y escaleras // México pasa de las quejas a la acción contra armas ilegales

Durante por lo menos las últimas dos décadas, los gobiernos de México han tenido una queja constante y permanente en la difícil y dispareja relación con los Estados Unidos: el tráfico ilegal de armas, provenientes del vecino país y que ingresan al territorio mexicano por la frontera común; es una actividad que ha influido para aumentar exponencialmente los niveles de violencia y homicidios por el aumento de armas de alto poder, todas de origen ilegal y fabricadas por compañías estadounidenses, en manos de los cárteles de la droga.

La queja reiterada de México, que se planteó lo mismo en reuniones bilaterales , que en mecanismos y mesas de cooperación en materia de seguridad y narcotráfico, en encuentros de alto nivel con funcionarios y hasta en visitas oficiales de los presidentes de los dos países, nunca tuvo una respuesta efectiva y real del gobierno de Washington que, en distintas administraciones y por los enormes intereses y el poder de la industria armamentista de los Estados Unidos, nunca se comprometió a tomar acciones concretas para frenar el envío y el tráfico ilegal de armas a los cárteles de la droga mexicanos.

Por eso cobra importancia la denuncia que el gobierno federal interpuso ayer ante las Cortes de Justicia de los Estados Unidos, en contra de grandes compañías fabricantes de armamento, a las que se acusa de incurrir en prácticas que fomentan la venta y el tráfico ilegal de armas a criminales mexicanos, además de pedir una “compensación económica” por el enorme daño que la presencia de esas miles de armas de origen estadounidense, han provocado a la sociedad mexicana por el aumento de los niveles de violencia en los últimos 20 años y tasas de homicidio, que ya rebasan los 320 mil mexicanos asesinados entre los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y la actual administración de Andrés Manuel López Obrador.

Lo interesante de la demanda civil de daños que presentó la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard, es que por primera vez —en un tema prioritario para México e ignorado por Estados Unidos en la relación bilateral— el gobierno mexicano decidió pasar de las quejas a la acción y, en la denuncia presentada en la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Massachusetts, lugar donde están asentadas las empresas demandadas, acusa a poderosas compañías armamentistas estadounidenses de incurrir en “prácticas negligentes” que han provocado un “daño directo e indirecto” al Gobierno de México.

Las empresas de armas a las que demanda directamente la SRE son Smith & Wesson Brands; Barret Firearms Manufacturing Inc; Beretta USA Corp.; Beretta Holding SPA; Century Internacional Arms Inc; Colts Manufacturing Company Lic; Glock Inc.; Glock Ges.MBH; Sturm Ruger & Co. Inc.; Witmer Public Safety Groupo, Inc D/B/A Interstate Arms. Todas ellas, dice el texto de la demanda, “tienen la obligación de no anunciar o distribuir armas que sean utilizadas para actividades ilícitas en México”, además de que el gobierno mexicano acusa a esas compañías de que “facilitan y apoyan el tráfico de armas a México” porque “todas ellas tienen conocimiento pleno de que sus prácticas comerciales generan tráfico ilícito de armas” a nuestro país.

La demanda, que fue elaborada por los abogados de la cancillería mexicana, en un proceso que, según dijo Marcelo Ebrard ayer en la conferencia mañanera, tardó dos años en redactarse, se fundamenta en un fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en el Caso “The Shappire, 78 U.S. (11 WALL.) 164,167 (1871), que habilita a que un gobierno extranjero pueda demandar en cortes estadounidenses si tiene una demanda civil contra cualquier persona en los Estados Unidos.

Con base en eso, se pide que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes en un monto (económico) que sea determinado en el juicio, además de que solicita que las compañías armamentistas demandadas “desarrollen e implementen estándares, lo suficientemente razonables, para monitorear y en su caso disciplinar a sus distribuidores para que desarrollen mecanismos de seguridad en sus armas y herramientas que prevengan que éstas sean utilizadas por personas no autorizadas”.

Veremos cómo le va a la demanda del Gobierno de México en las Cortes estadounidenses y qué tanto impacta políticamente esta acción histórica de las autoridades mexicanas que toca a la poderosa industria armamentista de los Estados Unidos, que tiene vínculos políticos y financia tanto campañas y políticos demócratas como republicanos.

Ayer ya había reacciones políticas contra la demanda mexicana, sobre todo en el lado republicano, mientras las compañías demandadas respondieron a través de declaraciones de la Asociación de la Industria de Fabricantes de Armas de EU (NSSF) que contraatacaron acusando al gobierno mexicano de buscar un “chivo expiatorio” para eludir su responsabilidad en la actividad criminal y la corrupción imperante en el país.

“Estas acusaciones carecen de fundamento. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, respondió ayer Lawrence G. Keane, abogado general de la NSSF, una asociación que agrupa a miles de compañías involucradas en la manufactura de armas de fuego en los Estados Unidos.

No hay duda que esta denuncia de México, llevada a la Corte del Distrito de Massachusetts, tendrá repercusiones en la relación bilateral y se ve difícil que la justicia estadounidense le dé la razón a nuestro país en una demanda que tiene décadas siendo ignorada por distintas administraciones de Washington; pero tampoco hay duda que la decisión de demandar representa un giro interesante e histórico en la posición de México en materia de cooperación para la seguridad bilateral y el combate al narcotráfico, donde nuestro país y sus gobernantes se han resignado a la dolorosa realidad en la que nosotros ponemos los muertos y ellos, los estadounidenses, el consumo sin control y se quedan con la mayor parte de las multimillonarias ganancias que genera el tráfico de drogas.

NOTAS INDISCRETAS…

La destitución de José Luis Vargas, aprobada en su ausencia y por mayoría unánime de cinco magistrados que decidieron ayer deponerlo por considerar que su actuación como presidente de Tribunal Electoral federal ha sido “censurable” y “carente de ética”, terminó por exponer la profunda fractura y las diferencias que se ahondaron durante la gestión de Vargas.

El bloque conformado por Janine Otálora, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata Pizaña e Indalfer Infante, que siempre estuvo en contra del ahora depuesto presidente, terminó por sumar el voto de Felipe Fuentes Barrera, quien después de haber sido aliado de Vargas, terminó siendo traicionado por éste, que lo mandó investigar y lo acusó de usar recursos del tribunal en sus autos particulares.

Al final, con la suma de Fuentes al bloque mayoritario, el magistrado Vargas se quedó solo con el apoyo de la magistrada Mónica Soto que fue la única que ayer no avaló la sesión en la que se votó unánimemente su destitución.

A Vargas no sólo le faltó mano izquierda y operación política para tratar de transitar con sus compañeros magistrados, sino que las investigaciones de la UIF y de la Fiscalía Anticorrupción en su contra, que aunque fueron desechadas por la FGR y luego reiteradas por Santiago Nieto, terminaron por afectarlo también en su autoridad interna, además de su imagen externa.

Lejos de negociar u operar con sus pares, José Luis Vargas se confrontó y desoyó las quejas y peticiones que le hicieron varios magistrados. El rompimiento comenzó la semana pasada cuando, en una sesión de la Sala Superior, el magistrado presidente acusó que el “no votaba en manada”, aludiendo al bloque de sus compañeros, lo que le valió reclamos airados de Janine Otálora y los demás magistrados.

Y aunque al final terminó disculpándose por su expresión, la realidad es que el acuerdo para destituirlo ya estaba armado sólo por los cinco magistrados en la sesión de ayer para que Felipe de la Mata lanzara la propuesta de deposición y revisión de su gestión por parte del pleno.

La reacción de Vargas de suspender intempestivamente la reunión para que no se procesara ni votara la propuesta del magistrado De la Mata, resultó contraproducente, pues en un virtual “golpe técnico”, con base en la legislación electoral, la mayoría de ministros, incluida Mónica Soto, firmaron una orden para una nueva sesión en la que se discutiera el tema y esa carta ya apareció firmada por la magistrada Otálora en calidad de “presidente por ministerio de ley” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Anoche el magistrado Vargas desconoció su destitución y acusó a sus compañeros de “usurpación de funciones”. Veremos en qué termina el rompimiento abierto y golpe técnico en el Tribunal que aún debe calificar varias de las elecciones estatales del pasado 6 de junio que fueron impugnadas con demandas de nulidad por los partidos…Los dados mandan Serpiente. Caída libre. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 7)

Armas: resarcir el daño

Por el daño que el tráfico ilícito de armas ha dejado entre los mexicanos, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha entablado una demanda contra fabricantes de armas de Estados Unidos, entre los que están firmas tan conocidas como Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Colt o Glock.

Todas esas empresas, a decir de las autoridades mexicanas, carecen de ética al poner la ganancia económica por encima de su responsabilidad social y el respeto a la vida humana, ya que incluso algunas de esas compañías diseñan parte de su catálogo teniendo en mente al comprador perteneciente al crimen organizado mexicano.

Hasta 500 mil armas de fuego de diversos calibres podrían estar ingresando cada año a territorio mexicano desde Estados Unidos, y la mayor parte de ellas queda fuera de registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo exige la ley nacional de armas de fuego.

En Estados Unidos, donde las armas se pueden adquirir hasta en los supermercados, es también el país en el que organizaciones civiles han adquirido fuerza política al luchar por el derecho de sus ciudadanos a adquirir armamento supuestamente destinado a la defensa de sus vidas y la propiedad privada, pero que culpan a México por el mal uso que se hace de las armas una vez que cruzan la frontera.

En México, las balaceras desafortunadamente se han convertido en parte de la cotidianidad de algunas regiones de México, especialmente en los estados de Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua o Jalisco, donde las refriegas se dan entre bandas rivales o en enfrentamientos contra las fuerzas del orden pero, en cambio, en la Unión Americana las masacres suelen tener como víctimas a personas inocentes o miembros de comunidades, y darse en centros escolares, plazas comerciales, templos, la propia calle o sitios en los que haya una multitud congregada.

La vía jurídica que inicia México para combatir la entrada de armas desde Estados Unidos es una medida inédita a la cual se le debe dar puntual seguimiento para que no quede solo en buena intención.

Eso no debe significar una renuncia a la parte que le toca a México para combatir el ingreso ilegal de armas por la corrupción en las aduanas o la colusión con grupos criminales, además del mercado negro generado a su alrededor, pero sí el buscar en su vecino un compromiso ético para evitar la laxitud con el que todo tipo de armamento puede circular por dentro y fuera de su territorio. (Editorial, El Universal, Opinión, p. 10)

Historias de NegoCEOs // Abrazos, no balazos y 2 mil mdp atorados

La estrategia de “abrazos, no balazos” implementada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir al crimen organizado, además ser un fracaso a la vista del número histórico de muertos y de la creciente violencia en el país, tiene una arista económica que tampoco ha sido atendida: la aplicación expedita de la extinción de dominio de los miles de millones de pesos bloqueados a organizaciones criminales para invertirlos en infraestructura de seguridad y en los lugares del país más vulnerados.

Según información de la Secretaría de Hacienda, desde el inicio del gobierno se han congelado cerca de 2 mil millones de pesos a los cárteles de la droga correspondientes a un total de 22 mil 818 cuentas. Las organizaciones más afectadas, en ese orden, son el Cártel Jalisco Nueva Generación, 14 grupos ubicados en la CDMX y denominados como Operación Zócalo, el Cártel de Sinaloa, la organización criminal de Rumanos encabezada por Florian Tudor y la del narcotraficante Caro Quintero.

No obstante, y de acuerdo con expertos en la materia, el trabajo para ubicar y congelar los bienes que se obtuvieron a través de actividades ilícitas sigue careciendo de una ejecución que permita aplicar la figura de extinción de dominio a los recursos congelados para utilizarlos en favor del Estado.

En la actualidad, los casi mil 600 millones de pesos; 8.5 millones de dólares, y 8 mil 600 euros que la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado al crimen organizado en lo que va del sexenio permanecen olvidados en el sistema financiero, debido a que los propietarios, identificados como presuntos delincuentes, no se atreven a reclamar.

El problema es que no existe un proceso administrativo para acceder a esos recursos mediante la extinción de dominio, toda vez que esa figura le corresponde al Ministerio Público y se aplica a los decomisos que son resultado de una carpeta de investigación que se lleva al terreno judicial, lo cual puede tardar en construirse y procesarse muchos más años de los que le restan a este sexenio.

Una de las alternativas es una reforma a la denominada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para establecer el concepto de abandono administrativo, con la que se podría proceder a la extinción de dominio si, tras el congelamiento de cuentas por parte de la UIF, pasan 90 días y nadie reclama el capital que se retuvo en los bancos.

Según los registros que se encuentran en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, a través de los trabajos de Inteligencia Financiera se han bloqueado alrededor de mil millones de pesos a mil 478 sujetos pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación, mediante el operativo denominado Agave Azul.

En el caso de las organizaciones criminales con operaciones en la Ciudad de México, se congelaron 351.8 millones de pesos y 1.2 millones de dólares a mil 352 personas. El nombre que se le dio a este trabajo de investigación y de desmantelamiento de estructuras financieras fue el de Operación Zócalo, y contó con la participación activa del secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch.

Al narcotraficante Caro Quintero, y a tres personas vinculadas con el mismo se les congelaron 225.7 millones de pesos y 61 mil dólares, mientras que al Cártel de Sinaloa 153.4 millones de pesos y 5.7 millones de dólares. Adicionalmente, se contabiliza en este bloqueo de cuentas el capital que guardó en el sistema financiero la banda del rumano Florian Tudor, a la que se detectaron 525.2 millones de pesos y más de 186 mil dólares.

Pese a no poder disponer de este dinero en beneficio de las personas afectadas, el modelo mexicano de combate a las finanzas del crimen organizado ha sido reconocido a escala internacional, de ahí que posiciones como la representación del Grupo Regional de las Américas del Grupo Egmont y la vicepresidencia Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), así como el Grupo Conjunto de las Américas del grupo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFI sean ocupadas actualmente por mexicanos: en el primer caso, por Santiago Nieto, y en el segundo por Mireya Valverde Okón.

Posdata

Tras la demanda civil que presentó el gobierno mexicano en contra de 11 empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos, a las que acusa de emprender “prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”, la principal asociación de fabricantes de armas de fuego de Estados Unidos acusó al gobierno de AMLO de buscar un “chivo expiatorio” y pidió a las autoridades del país concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles de la droga ante la justicia. Mala señal.

Zebrands, ¿nuevo unicornio?

La mexicana Zebrands, cuyo CEO es Carlos Salinas, anunciará esta semana el lanzamiento de 34 nuevas marcas en México, Estados Unidos y Latinoamérica, con lo que prevé alcanzar ventas de hasta mil millones de dólares en los próximos cinco años.

La empresa que se dedica a la comercialización en línea de productos para el hogar, deportes, esparcimiento y tecnología para el descanso superó durante el primer trimestre de este año 200 millones de pesos en transacciones, lo que les representó un crecimiento de hasta 80% respecto al mismo periodo de 2020.

Tan sólo en los seis meses siguientes, la compañía dueña de marcas como colchones Luuna o Nooz lanzará al mercado 10 líneas de productos de distintos rubros, proyectando un crecimiento de 110% al concluir el año, para acercarse así a la categoría de “unicornio”. (Mario Maldonado, El Universal, Cartera, p. 22)

Bitácora del director // México vs. Barrett et al.

En su batalla legal contra 11 fabricantes y distribuidores de armas estadunidenses –información adelantada por Excélsior y hecha pública ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores–, el gobierno mexicano deberá encontrar agujeros en un escudo contra demandas instaurado por el Congreso de ese país hace casi 16 años para proteger a dicha industria.

Promovida por el entonces senador Larry Craig, republicano por Idaho, la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas prohíbe litigios contra fabricantes, distribuidores, vendedores e importadores de armas de fuego y municiones que resulten del mal uso de sus productos.

Antes de la promulgación de la ley en octubre de 2005, los armeros eran blanco de incontables demandas. Una de las más conocidas fue presentada en 1998 por el alcalde de Chicago, Richard M. Daley, quien reclamó que los fabricantes de armas querían “un trato de negocio sin responsabilidad hacia los ciudadanos” y exigió reparaciones por 433 millones de dólares. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)

Razones // La demanda contra las armas de Estados Unidos

La demanda que presentó el gobierno de México, a través de la Cancillería, en contra de once fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos es un acierto y una ruta correcta para posicionar el tema de la llegada de armas al crimen organizado en nuestro país. Es una medida, además, que va en consonancia con lo que distintos sectores de la Unión Americana están planteando no sólo en torno a las armas, sino también a las muertes por consumo de opiáceos.

Ayer, Alejandro Celorio, asesor legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que los daños provocados por las armas traficadas desde Estados Unidos a México, y que están detrás de siete de cada diez homicidios ejecutados en nuestro país, equivalen a entre el 1.7 y el 2% del PIB mexicano. Por esa razón, el gobierno pedirá una compensación de, al menos, 10 mil millones de dólares a esas empresas. No se trata, dijo, “de meter presión a Estados Unidos, sino de que no haya muertos en México”.

Pero la verdad es que, para bien, mete presión y lo hace donde debe hacerse, en el capítulo más débil de la participación de la Unión Americana en la lucha contra el crimen organizado. Desde siempre, y también con razón, las autoridades de ese país han demandado que se controlen los grupos criminales que desde México aprovisionan de droga a la sociedad estadunidense, pero han olvidado que para que ingresen las drogas y para que de regreso vengan las armas que alimentan a los cárteles mexicanos, se necesitan medidas estrictas de control que se ejercen con enorme eficacia en muchos otros ámbitos, pero, casualmente, no en el ingreso de drogas y la salida de armas. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 10)

Abundancia temática

En contadas ocasiones nos hemos topado, amigo lector, con un momento tan rico en temas públicos comentables como el que vivimos actualmente.

Tenemos, por ejemplo, el intento bastante transparente de nuestro Gobierno por culpar de la violencia y la inseguridad que nos abruma, no a las fallidas estratagemas del “abrazos, no balazos”, sino ¡a los fabricantes de armas deportivas norteamericanos! Esto mediante una demanda (por daños y perjuicios de hasta DIEZ MIL millones de dólares) que, si sigue el curso de muchas otras demandas de este tipo que le han antecedido en el vecino País, muy probablemente fracasará.

Mas esto claramente no es para ellos (nuestros gobernantes) lo importante, lo importante para ellos es el poder afirmar machaconamente y sacarle kilometraje propagandístico a que la culpa de la inseguridad en México es de Smith &Wesson, Sturm Ruger, Colt y otros, con la esperanza de que alguien finalmente se los crea y el fracaso no será -según creen- ante la opinión pública del Gobierno mexicano y su estrategia de no contar con estrategia alguna, sino de los fabricantes norteamericanos. Sí, cómo no. (Manuel J. Jáuregui, Reforma, Opinión, p.8)

Cable Diplomático // La realidad que viene

Ayer se anunció que México y su gobierno demandaron en una corte federal de Boston, en el estado de Massachusetts a diversos fabricantes de armas de fuego, debido a que, según esta lógica, no tuvieron el control y cuidado suficientes para que las armas que vendieron no acabaran en manos de criminales y por ende, causando una ola de violencia en nuestro país.

Ahora bien, en términos concretos y muy prácticos, el eje de la relación entre México y Estados Unidos será precisamente el relacionado con el tema de la violencia, el control que ejerce el crimen organizado en diversas regiones del país y cómo ello se ha ido desbordando en los últimos lustros y por ende, continúa siendo un tema álgido y de preocupación para nuestros vecinos del norte.

Además, todos sabemos que resultaría casi imposible que exista un tópico único en la relación entre ambas naciones debido a la complejidad y naturaleza de la relación, sin embargo, es cierto también que la realidad se ha impuesto de tal forma que el asunto de la seguridad hemisférica ha tomado su lugar al frente de las interacciones de ambos lados del Río Bravo.

Pero Estados Unidos no está en una posición sencilla porque el nivel de colaboración entre ambos países se ha visto deteriorado en los últimos años por diversos asuntos. La llegada de Donald Trump centró la conversación en la manera en que los mexicanos éramos vistos en su país y la percepción negativa que se tenía de nosotros; el interés de dicha administración fue cerrar la frontera a los migrantes que provenían de Centroamérica, fungiendo México como una especie de muro de contención (para usar el término favorito del mandatario).

Sin embargo, no se hizo más para garantizar que México tuviera las herramientas – y los incentivos – adecuados para establecer un perímetro de seguridad hemisférico más amplio (todo ello en vista del interés que tiene Estados Unidos en la materia y que también conviene a México). Esto entonces se traduce en una serie de fallas en la relación actual de ambos países bajo nuevos supuestos.

Estados Unidos y México tienen que encontrar incentivos de cooperación, porque la relación actual no está basada sino en una idea obsoleta. Tendremos que ser más pragmáticos (ambos) para entender que encontrar el balance entre ambos países será en beneficio mutuo – y quizá muchos no lo vean así – pero se debe reexaminar cómo es que México y Estados Unidos pueden tener intereses en común y trabajar con un fin en mente que sirva a ambos.

Si Estados Unidos presiona a México solamente, logrará lo contrario. Lo mismo ocurre en sentido inverso. La clave es saber hasta donde presionar y hasta donde conceder, pero debemos estar listos para la nueva realidad que viene: la seguridad como eje central de todo. (Federico Ling, El Sol de México, Análisis, p. 31)

La divisa del poder // ¿Morena pierde aliado en el TEPJF?

Loable el hecho de que el Gobierno mexicano haya presentado una demanda en contra de las empresas productoras de armas en Estados Unidos y exigido una compensación.

No es un secreto que la mayoría de las armas que utilizan los cárteles mexicanos son de origen estadounidense, ya sea que entren por la frontera norte o la sur.

Pero en el lance el Gobierno mexicano se arriesga a ser exhibido como omiso para detener el tráfico ilegal de armas y la respuesta dura de los fabricantes estadounidenses que defenderán su industria con todo.

Ayer mismo la Asociación Industrial de Comer cio de Armas (NSSF por su siglas en inglés), respondió al Gobierno mexicano.

“Estas acusaciones carecen de fundamento. El Gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, dijo su vocero Lawrence G. Keane.

La Cancillería emitió una nota en respuesta a la NSSF en la que precisa que no está cuestionando el comercio de armas sino las prácticas “ilícitas y negligentes” de los fabricantes.

El tema tendrá que discutirse en una Corte; la apuesta del Gobierno mexicano es grande porque enfrenta a una industria notablemente poderosa.

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de 24 HORAS. (Adrián Trejo, 24 Horas, México, p. 5)

La Esquina

Durante muchos años México se ha quejado verbalmente de los terribles efectos que tiene sobre nuestro tejido social el tráfico de armas desde Estados Unidos. Ahora, en un hecho inédito, se ha ido más allá de la retórica, con una demanda legal contra empresas armeras. Su negligencia en el control les da ganancias y arranca vidas. Es un buen paso. (La Crónica de Hoy, Pp)

Dolor

Adolorida, una madre busca los restos de su hijo en una fosa clandestina. Ni los peligros que eso implica ni lo fétido del lugar la detienen. Miles de huesos se hallan desperdigados en uno y otro campo de nuestro país, y miles de padres buscan así a sus hijos. Se habla de 157 centros de exterminio. La Bartolina, el más famoso de ellos, se halla cerca de la frontera con el país vecino, donde nada de este horror ha sido registrado.

Aquí, el gobierno mexicano no ha definido aún qué es un centro de exterminio. Trabajo de juristas y legisladores. Lo cual no debe impedir la búsqueda de los causantes y sus encubridores. (Donceles, Milenio Diario, Al frente, p. 2)

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Cada año ingresan ilegalmente al país entre 230 y 250 mil armas adquiridas en Estados Unidos/Héctor De Mauleón

El 3 de agosto de 2019, un supremacista blanco llamado Patrick Wood Crusius publicó un manifiesto en el sitio 8chan, en el que se alojaban grupos de extrema derecha, y en donde denunció “la invasión hispana de Texas”. 

“Los hispanos tomarán el control del gobierno local y estatal de mi amada Texas”, escribió. 

Minutos más tarde entró en un Walmart ubicado en Cielo Vista Mall, en El Paso. Llevaba protectores auditivos y un rifle AK-47 en las manos. 

Comenzó a caminar por los pasillos de la tienda, abriendo fuego contra la gente que se encontraba ahí. Era sábado, cientos de familias recorrían la tienda. Entre éstas, varias formadas por residentes de Ciudad Juárez que habían acudido a aprovechar las ofertas ante el inminente regreso a clases. 

 “Mi objetivo era matar a tantos mexicanos como fuera posible”, declaró el agresor. 

En unos minutos 23 personas murieron. 9 eran mexicanos. Hubo 26 heridos. La matanza de El Paso figuró entre las diez peores masacres cometidas en aquel país, en el que en solo ocho meses de 2019 habían sucedido 50 tiroteos. 

Walmart es una de las tiendas donde los adolescentes de más de 21 años pueden adquirir armamento.

El canciller Marcelo Ebrard anunció que buscaría imputar cargos al responsable, detenido mientras intentaba huir a bordo de un auto, y buscaría su extradición por “terrorismo contra ciudadanos mexicanos”. 

La masacre desató un profuso debate sobre el acceso a las armas en Estados Unidos, en medio de la polarización desatada por Donald Trump y la proliferación de grupos de extrema derecha ligados al supremacismo blanco. 

Al desarrollar la investigación del caso, el gobierno mexicano constató que con la misma facilidad con que Crusius adquirió el arma homicida para llevar a cabo el ataque en El Paso, los cárteles del narcotráfico y otras organizaciones delictivas adquieren las armas, incluso de alto poder –en supermercados, ferias y por internet— que luego son empleadas en todo tipo de crímenes. 

Solo entre 2007 y 2020, más de 160 mil mexicanos fueron asesinados con armas de este tipo. 

Según cifras del propio gobierno mexicano, cada año ingresan al país, atravesando la frontera de manera ilegal, entre 230 y 250 mil armas adquiridas en algunas de las 50 mil tiendas que las ponen a la venta en Estados Unidos. 

Se afirma que cada 15 días los cárteles resurten su armamento por medio de diversas vías: desde el tráfico hormiga hasta los grandes movimientos en buques y tráileres. 

Según la consultoría jurídica de México, “las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas en contra de la población civil y autoridades de México. Sin embargo, siguen priorizando el beneficio económico y utilizan estrategias de la mercadotecnia para promover armas cada vez más letales sin dispositivos de seguridad o trazabilidad”. 

De ese modo se han detectado armas dirigidas expresamente para el consumo de narcotraficantes: existe en el mercado, por ejemplo, una pistola de cachas nacaradas conocida como “El Jefe”, y hay registro de armas cuyo diseño original puede ser modificado para aumentar su poder destructivo. 

La demanda va dirigida contra Smith &Wesson, Barret Firearms, Colt Manufacturing Company; Glock Inc y Sturm y Ruger & Co. Inc., entre otras. 

Leyes expedidas en 2004 por el gobierno de George Bush otorgan inmunidad a productores y distribuidores de armas. “México reconoce el derecho de los Estados Unidos de mantener ese marco normativo. No obstante, reclama el derecho de establecer su propia relación con los productores y distribuidores de armas cuando el daño se está produciendo en nuestro país. La demanda exige una compensación económica por los daños que el país ha sufrido y acciones concretas para lograr un comercio responsable”. 

El 14 de diciembre de 2012, joven de 20 años, Adam Lanza, asesinó a su madre de cuatro tiros en la cabeza. Con un fusil AR-15 que le había pertenecido a ella, así como con dos pistolas, un Glock y una SIG Sauer,  se dirigió a la escuela primaria de Sandy Hook, en Connecticut, en donde más de 450 niños recibían clases. 

Ese día iba a ocurrir el tiroteo más mortífero ejecutado por una sola persona en la historia de Estados Unidos. 

Lanza caminó por los pasillos, recorrió las aulas. Mató a 20 niños y a seis adultos, y luego se pegó un tiro. 

Nueve familias iniciaron una demanda en contra de Remington, la empresa fabricante del fusil, por la manera en que lo había ofrecido al público (a través de un videojuego violento). Hace apenas unos días, después de un largo litigio, Remington propuso a la familia de las víctimas una reparación 

Dice el gobierno mexicano que cuenta con argumentos para ganar este litigio, al que “una cuestión de principio y una obligación moral” que contribuya “a la restauración social y económica de innumerables comunidades de México”. 

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La (i)lógica de AMLO vs. los medios de comunicación

Luis Estrada/El Universal

Es común que las y los presidentes dediquen tiempo a debatir con los medios de comunicación sobre las acciones de sus gobiernos. No obstante, son pocos los que hacen de los ataques a los medios la esencia de su política de comunicación.

Cristina Fernández en Argentina, Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Donald Trump en Estados Unidos, por mencionar algunos, iniciaron ofensivas contra los medios de comunicación que no publicaban notas favorables argumentando que, al publicar noticias que criticaban las acciones de sus gobiernos, tenían intereses contrarios a los del “beneficio de la nación” y el “bienestar de sus pueblos”.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha retomado la fórmula del ataque a los medios de comunicación bajo una premisa distinta, pues asegura que, en concordancia con la política de austeridad que pregona, la reducción del gasto de su gobierno en publicidad gubernamental a los diarios más importantes ocasionó que publiquen notas desfavorables porque están “muy enojados”. El presidente AMLO remata su argumento con la afirmación falsa de que, antes de su mandato, los medios que hoy publican noticias negativas sobre los gobiernos “no lo hacían anteriormente” reiterando, también falsamente, que es “el presidente más atacado” por los medios de comunicación en los últimos 100 años.

De acuerdo con cifras de SPIN, el presidente AMLO ha mencionado 26 veces que los medios de comunicación antes “callaban como momias” sobre actos de los gobiernos anteriores que, sin evidencia de por medio en la amplia mayoría de los casos, denuncia como presunta corrupción. De hecho, la contradicción del ataque del presidente AMLO hacia los medios de comunicación consiste en que, mientras que él no sustenta sus afirmaciones (de acuerdo con cifras de SPIN, en 665 conferencias de prensa al 4 de agosto de 2021, acumula más de 58 mil afirmaciones falsas, engañosas o sin sustento, solamente en las conferencias de prensa –un promedio de 88 por conferencia), los medios de comunicación están obligados a sustentar cada noticia publicada, no solo por ética periodística, sino especialmente porque su credibilidad derivará en la fidelidad de las y los lectores y, por tanto, en contratos por parte de los anunciantes.

El argumento del presidente AMLO no se sostiene: los medios de comunicación que reciben menos ingresos por publicidad gubernamental dependen aún más de sus audiencias y de sus patrocinadores; los medios de comunicación que reciben más ingresos por publicidad gubernamental no se detienen a verificar la información que publican sobre las acciones de gobierno, pues dependen mayoritariamente de los ingresos del gobierno.

De acuerdo con cifras de SPIN, menos del siete por ciento de los temas iniciales de las conferencias de prensa diarias son nota principal en las primeras planas (275 de 3 mil 987) de los siete diarios de circulación nacional más importantes (El Economista, El Financiero, EL UNIVERSAL, Excélsior, La Jornada, Milenio y Reforma), siendo La Jornada el diario que más veces las publica (81), y también el medio de comunicación impreso que más dinero recibe por publicidad de parte del gobierno.

El presidente AMLO da de qué hablar, pero no pone agenda. Tal parece que es otro el que está “muy enojado”.

Posterior a las elecciones intermedias de 2021, la cruzada del presidente AMLO por desacreditar a los medios de comunicación se manifiesta en las conferencias de prensa en la sección semanal “Quién es Quién en las Mentiras” que, a través de una vocera titubeante y poco elocuente, hace uso de la “falacia de evidencia incompleta” al seleccionar dos o tres ejemplos para generalizar la descalificación a los medios de comunicación. Quizá el gobierno del presidente AMLO debiera mejor orientar los recursos del pueblo en publicar información clara, completa, actualizada y con sustento, empezando por lo que afirma el presidente cada mañana en las conferencias de prensa.

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El tribunal electoral se asoma al precipicio/Roberto Rock L.

Ahora el Tribunal ostenta dos presidentes: uno electo, bajo procedimiento de ley, y otro aparentemente de facto. | Roberto Rock L.

La Silla Rota,  05/08/2021;

[email protected]

Inmerso en la revisión de impugnaciones a los comicios más complejas en la historia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se convulsionó ayer bajo la presión de múltiples actores que buscan proteger intereses en juego, aun si con ello derrumban la credibilidad y solvencia jurídica de una institución que ha tomado al país 35 años construir.

Los reflectores se dirigieron de inmediato a la figura de Arturo Zaldívar, presidente de la Corte (recién desempacado de sus vacaciones en Nueva York, difundidas profusamente en redes sociales), cuyas huellas digitales parecerían figurar en esta crisis, en favor de uno de los bloques en pugna.

Un grupo de magistrados que se declararon inconformes con el desempeño del presidente del Tribunal, José Luis Vargas, electo en noviembre pasado por un periodo de cuatro años, armó ayer dos sesiones fuera de agenda en las que anunciaron que aquél sería depuesto, y «designaron» en su lugar primero a Janine Otálora y, poco después, a Reyes Rodríguez Mondragón.

Vargas rechazó esta determinación de los magistrados disidentes y llamó a sostener dos reuniones este jueves en busca de un acuerdo. Pero anoche mismo anunció que presentará una controversia para que la Corte se pronuncie sobre la legalidad de lo ocurrido y defina a quién le asiste la razón.

Zaldívar Lelo de Larrea tiene la responsabilidad (artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) de «conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación…».

El citado magistrado Rodríguez Mondragón pertenece al Tribunal desde noviembre de 2016, posición a la que fue impulsado por el Partido Acción Nacional gracias a sus antecedentes como funcionario en Los Pinos durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), pues se desempeñó en el área de Comunicación Social y luego fue secretario de Roberto Gil, entonces secretario particular del propio Calderón Hinojosa.

Gil Zuarth protagoniza una sorda confrontación con el gobierno de López Obrador, que lo ubica, con o sin pruebas claras, como actor clave en diversas conspiraciones políticas en contra de Palacio Nacional. Esa pugna derivó en días pasados en versiones extraoficiales de que el señor Gil es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera a causa de supuestos registros irregulares en sus declaraciones fiscales. En tal contexto, la inopinada designación de Rodríguez Mondragón (aplaudida en redes por el expresidente Calderón) fue interpretada desde el primer momento como un acto de provocación política.

La situación provocó ayer un intenso cruce de llamadas telefónicas entre funcionarios de Palacio Nacional, la Corte y el Senado, donde está radicada constitucionalmente la designación de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, entre ellos los del Tribunal. El líder de la fracción de Morena en la cámara alta, Ricardo Monreal, emitió en sus redes sociales un urgente llamado a los tres poderes del Estado para evitar lo que denominó una «crisis constitucional».

La revuelta de magistrados electorales estuvo acompañada por la toma de oficinas y reclamos de renuncias contra diversos funcionarios del Tribunal. Anoche mismo el contralor, Enrique Sumano Cancino, que respalda la revuelta, mantenía sitiadas las oficinas del secretario general de Acuerdos, Carlos Vega Baca, una instancia clave en la asignación rotatoria, a cada integrante del pleno, de las impugnaciones que se presenten contra elecciones locales y federal, en particular sobre comicios para renovar gubernaturas.

En los días previos a esta crisis se había elevado la tensión interna en el Tribunal en torno a la inminente asignación del caso Nuevo León, donde diversos actores demandan la anulación de los comicios en los que resultó ganador Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Una semana antes, la columna periodística de Carlos Loret de Mola en «El Universal» había revelado que tres magistrados electorales, entre ellos el citado Reyes Rodríguez, se habían reunido en privado en Monterrey con el señor García, ahora virtual gobernador electo, y con su esposa, la «influencer» Mariana Rodríguez, lo que contraviene las prácticas básicas de la justicia electoral.

La gestión de José Luis Vargas ha sido accidentada desde su inicio, pues resultó electo a causa de un desacuerdo interno en lo que fue un bloque mayoritario de cuatro magistrados: Felipe Fuentes (entonces presidente saliente), Mónica Soto, Felipe de la Mata y el propio Vargas. Fuentes pretendía ser reelecto, para lo que contaba con el respaldo del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

De acuerdo con testimonios recogidos por este espacio, la existencia de esta imposición externa, sin esfuerzo aparente de consenso interno, incomodó al resto de ese grupo, entonces cohesionado. En particular a la señora Soto, quien se colocó en un punto de ruptura al manifestar su interés en ser ella la electa. Las prolongadas fricciones derivarn en que Vargas se perfilara como tercero en discordia.

La irritación resultante, presumiblemente avalada por el ministro Zaldívar, indujo la inestabilidad que ayer trajo la referida convulsión, precedida por el surgimiento de una alianza entre los magistrados Fuentes y De la Mata con los integrantes del que fuera el bloque minoritario disidente: Janine Otálora, Reyes Rodríguez e Indálfer Infante.

Ahora el Tribunal ostenta dos presidentes: uno electo, bajo procedimiento de ley, y otro aparentemente de facto. Eso lo hace entrar en vilo, jurídica y políticamente. Las resoluciones que tome bajo esta circunstancia podrán ser atacadas fácilmente por los actores sujetos a la justicia electoral. Toda validación de los recientes comicios queda en un peligroso suspenso. Una institución clave para nuestra vida en democracia se asoma al precipicio.

A dos años de la masacre en El Paso, Texas/ Fred Alvarez Palafox

La matanza en El Paso, Texas es el séptimo tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de EU y el tercero más mortífero en Texas. | Fred Álvarez

La Silla Rota, 04/08/2021

@fredalvarez

[email protected]

En una ceremonia bilingüe y binacional, con la participación de representantes  de México y Estados Unidos, fue inaugurado el  Healing Garden (jardín de sanación)  en el Parque Ascárate de El Paso, Texas en memoria de las 23 víctimas de la masacre de Walmart, ocurrido la mañana del 3 de agosto de 2019.

Aquella  mañana de sábado,  Patrick Wood Crusius entró armado con un fusil de asalto –AK-47– en la tienda comercial y comenzó a disparar contra la gente; 23 personas murieron y otras 24 resultaron heridas. El atacante fue detenido y las autoridades le atribuyeron un documento, publicado online, en el que apoya puntos de vista de nacionalismo blanco y racismo.

¡El impacto fue durísimo!

(Véase Masacre en Texas en la Silla Rota)

«Bienvenidos al segundo aniversario de una tragedia, pero que resultó dándonos aún más fuerza, más fe como personas y como la gran comunidad que somos», abrió en español el evento el juez del Condado, Ricardo Samaniego, antes de proceder al inglés. Minutos antes pudo caminar y admirar los 23 cipreses italianos recién plantados, uno por cada víctima.

En ese segundo aniversario, y como muestra del espíritu solidario se interpretaron los himnos nacionales de EU y México, y ondearon  las banderas de ambos países.

Un pastor cristiano  hizo una oración para dedicar el jardín, que busca ser un espacio de meditación que ponga fin al odio racial.

Los mexicanos llevamos muy en el corazón a las 23 personas que perdieron la vida, a sus familias, a los y las que fueron heridos», dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México (SRE), presente en el acto. Marcelo condenó la matanza como un acto de «terrorismo» vinculado al supremacismo blanco de EU. Hace dos años pidió la extradición del autor de la masacre, un hecho imposible de ser concedido.

Biden alza la voz  y condenó los hechos

El presidente norteamericano, a través de un artículo de opinión publicado en el diario «El Paso Times»,  condenó los actos de odio contra los inmigrantes.

En el texto Biden,  envió su «amor» y apoyo a los seres queridos de las 23 víctimas del tiroteo de El Paso, que marcó la peor masacre de hispanos de la historia reciente.

«Este día sombrío es un recordatorio del trabajo que queda por hacer para sanar el alma de esta nación», escribió.

El autor de ese tiroteo precisó  «pensó que su odio hacia los inmigrantes podría resultar más poderoso que la cultura y la vitalidad de la gente» de El Paso, pero «se equivocó», opinó el presidente demócrata…

«Sin embargo, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos ha confirmado lo que la gente de El Paso sabe muy bien: la amenaza terrorista más letal para nuestra patria en los últimos años ha sido el terrorismo doméstico basado en el supremacismo blanco», subrayó.

«No podemos ignorarlo. Debemos enfrentar a la propagación de la violencia llena de odio en todas sus formas», agregó.

Biden aseguró que su Gobierno está «tomando medidas para reducir la radicalización en línea y el reclutamiento con fines violentos», e insistió en la necesidad de un mayor control de armas de fuego.

Recalcó que el Congreso debería «prohibir las armas de guerra, las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, tal como los que se usaron para devastar y herir» a las víctimas del tiroteo de El Paso.

Asimismo, y coincidentemente con motivo del aniversario de la masacre, Biden recibió  en la Casa Blanca a representantes de la comunidad latina, para hablar de la reforma migratoria, su agenda económica o sus planes para proteger el derecho al voto.

Una demanda contra empresas de armas

Por su parte, el gobierno de México demandó ayer miércoles, a un grupo de empresas de armas de EU  acusándolas de llevar a cabo prácticas comerciales y negligencias que facilitan el tráfico ilícito que ha profundizado la violencia en México.

La SRE informó que esta demanda se interpuso ante una corte federal en Boston, Massachusetts, precisando que la denuncia no es contra el Gobierno estadounidense, sino contra algunos de los mayores fabricantes de armas.

La decisión del gobierno mexicano, busca reducir el tráfico de armas, pues actualmente muchas de las utilizadas en homicidios en México –7 de cada 10– vienen de aquel país, y se busca una compensación por daños, que se estima en hasta 10 mil millones de dólares.

No sabemos si la demanda prosperará, pero bienvenida..

Hace unos meses la justicia de Alemania multó a fabricantes de armas alemanes, por  más de tres millones de euros de multa por la venta ilegal de miles de fusiles a cárteles de la droga de México.

Es la primera vez que un gobierno nacional demanda a los fabricantes de armas en EU. 

“Durante décadas, el gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de una mortífera avalancha de armas de estilo militar y otras particularmente letales que fluyen desde Estados Unidos a través de la frontera”, dice la demanda.

Incluso cita como ejemplo tres armas fabricadas por Colt que parecen estar enfocadas directamente a una audiencia mexicana con sobrenombres y temas en español que resuenan en México. Una de ellas es una edición especial de una pistola calibre .38 que tiene grabado el rostro de Emiliano Zapata y una cita que se le ha atribuido: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”. (NYT).

El gobierno mexicano está representado por abogados de Hilliard Shadowen, un bufete de abogados de Texas especializado en demandas colectivas, y por Jonathan Lowy, abogado principal del Brady Center to Prevent Gun Violence, la organización de control de armas.

Y eso cuesta dinero. En tanto, empresas que La Asociación de la Industria de Fabricantes de Armas de Fuego de EU (NSSF, en inglés) dijo que la demanda carece de sustento.

«El Gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras», dijo Lawrence G. Keane, el abogado general de la NSSF, que congrega a miles de compañías involucradas en la manufactura de armas de fuego de EU.

De acuerdo con la NSSF, las acusaciones del Gobierno de México son patentemente falsas dado que las armas de fuego son vendidas en EU de acuerdo con leyes federales y estatales, estableciendo un registro en papel y tras una verificación de antecedentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

«En lugar de buscar un chivo expiatorio en las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia», dijo Keane.

¡Muy duro!

La NSSF criticó que uno de los abogados que representan al Gobierno mexicano en su demanda civil sean los representantes legales de la Campaña Brady para Prevenir la Violencia por Armas de Fuego, una de las principales organizaciones a favor del control de armas de Estados Unidos.

PD. ¿Y cómo va el caso penal del criminal de El Paso?

Patrick Wood Crusius,  se encuentra en prisión en El Paso en espera de juicio; se le acusa de hasta 90 cargos federales y estatales, entre ellos crímenes de odio racial. La fiscalía pide se le imponga la pena de muerte.

Crusius, hasta el momento se ha declarado inocente y sus abogados defensores dicen que padece «discapacidad mental» grave. El proceso penal inició el jueves 10 de octubre de 2019 en el Tribunal de Distrito 409 del estado, presidido por el juez Sam Medrano. 

La fiscal de distrito Yvonne Rosales, dijo recientemente que la pandemia ha retrasado los juicios, y que busca la pena de muerte. La próxima audiencia se pospuso del 3 de agosto hasta el 18 de noviembre.

Los costos del juicio,  incluidos abogados y psiquiatras, ascenderá a millones de dólares, todo ello será  pagado con los impuestos de ciudadanos texanos.

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