23 de septiembre de 2021

LA POLÍTICA HOY

Ni vivos ni muertos: El viaje de las madres buscadoras de Sonora

Columnas de Opinión del 31 de julio de 2021

Madres que no se rinden

Se dice que el destino de quienes tuvieron una muerte violenta es que se conviertan en almas en pena, pero parece que en México quienes son condenados a penar son en realidad los deudos y personas allegadas de quienes desaparecieron intempestivamente, sin dejar un rastro de su paradero o siquiera un cuerpo al cual sepultar y devolver parte de la tranquilidad y resignación a sus familias.

En el norte del país han llamado la atención de su labor las Madres Buscadoras de Sonora, mujeres a quienes les fue arrebatado un hijo, una hija, un padre o un cónyuge, y que mantienen la esperanza de poder regresar con ellos a casa, ya sea vivos o muertos, pero por lo menos con el descanso de saber cuál fue su último destino.

Saben que si ellas no los buscan, nadie más lo hará, ni siquiera el gobierno que se dice estar del lado de los necesitados pero que a ellas las ignora en su batalla de salir cada día a preguntar, a indagar, a escarbar, a seguir a veces falsas pistas, informes inciertos, confusiones y mil obstáculos a los que ahora se han venido a sumar los insultos, las amenazas y los ataques directos, a veces con consecuencias fatales como le sucedió a Aranza Ramos, asesinada el pasado 15 de julio en Guaymas, Sonora, tras haber sido objeto de intimidaciones por persistir en la búsqueda de su esposo desaparecido.

La de estos colectivos de madres y familiares de desaparecidos es una lucha que se viene realizando en varios frentes y que es un trabajo que le correspondería realizar al Estado, y en el que han comenzado a vivir a dos fuegos, el de la indiferencia o descalificación de las autoridades y el de las agresiones de los grupos criminales.

Los desaparecidos y las familias que los buscan pertenecen a uno de esos grandes grupos despreciados por este gobierno, que ni siquiera ha designado un titular para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tras más de un año que ésta quedara vacante por la renuncia de Mara Gómez, a quien no se le ha buscado un reemplazo.

A una entidad tan esencial en estos tiempos tan convulsos como lo es la Comisión de Víctimas, lejos de potencializársele para que efectuara sin reparos ni obstáculos su labor, por el contrario comenzó por reducírsele el presupuesto, lo que motivó la salida de su titular, dejando un vacío para el que parece no haber preocupación ni interés desde el gobierno federal por restituirle la plenitud de sus funciones.

En tanto, las madres siguen haciendo la labor que le correspondería a las instituciones del Estado y gracias a su esfuerzo unos 300 desaparecidos han sido encontrados con vida, de otros 500 pudo hallarse sus cuerpos y se detectaron más de 300 fosas clandestinas. Ellas ponen el ejemplo de tesón pese a las amenazas de muerte que tienen sobre sus espaldas. (El Universal, Editorial, p.8)

Bajo Reserva

AMLO no podrá votar en su consulta

Ayer en Culiacán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador no solo transgredió, otra vez, la veda electoral previo a la consulta popular del próximo domingo, sino que se aventuró a señalar que, como carga con su credencial de elector en la cartera, votará si encontraba una casilla en la Sierra de Nayarit en su recorrido de supervisión de carreteras. Pero hay un pequeño detalle: de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), una persona solo puede ejercer su voto en la casilla que corresponde a su domicilio, es decir, en este caso, la Ciudad de México. Así que quienes querían verlo votar por la consulta contra los expresidentes, se quedarán con las ganas. A menos, claro, que las reglas diseñadas para todos los ciudadanos no apliquen, por alguna razón, para el Presidente de la República.

La mala suerte del opositor a Monreal

Ricardo Monreal tiene como zona de influencia la Ciudad de México, en especial en la alcaldía que gobernó: Cuauhtémoc. Es en ese contexto que se presentó la triste historia del diputado morenista Cayetano García. El legislador ha lanzado acusaciones en los últimos días en contra del zacatecano por su supuesta traición y acuerdos oscuros con la derecha. La víspera, el diputado guerrerense fue denostado por monrealistas en la tribuna del Congreso y luego, la madrugada de este viernes, detenido por un retén del alcoholímetro en Cuauhtémoc, lo cual él calificó como una trampa. Para colmo, como no había ocurrido en meses, se filtraron las fotos y videos a televisoras y en redes sociales del momento de la detención y traslado al Torito. Qué mala suerte.

Para indígenas, solo palabras

La muerte por Covid-19 de la activista guerrerense, Martha Sánchez Néstor, evidenció lo que está ocurriendo en las comunidades indígenas ante la pandemia. La senadora Nestora Salgado, en la sesión del periodo extraordinario, denunció que hubo muchos trabajos para trasladarla a un hospital. “Necesitamos vehículos, necesitamos ambulancias aéreas para estos momentos” y recordó que en Guerrero sólo hay brechas para sacar a los pobladores que enferman y llegan morir. La respuesta del resto de senadores fueron condolencias, un minuto de silencio, alusiones a la colonización española… pero ni un reclamo a ningún funcionario o autoridad.

Los estresados en Cancillería

El tema del estrés y la afectación mental es algo que ha cobrado importancia a partir de que el problema incursionó en estas olimpiadas. Es por ello que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha vuelto a intensificar el envío de la Guía para el Estrés, que llega principalmente a las representaciones diplomáticas de México en el exterior. La guía señala que es necesario evitar la cafeína y el alcohol; pensar positivo; hacer ejercicio; evitar el tabaco y dormir bien. Pero lo que en consulados se preguntan es cómo podrán relajarse cuando tienen que trabajar casi de lunes a lunes, sin una mejor paga y con horarios extendidos. ¿Para eso no tendrán un libro? Se preguntan. (El Universal, La 2, p.2)

Templo Mayor

VAYA que resulta revelador un dato que aparece en el análisis de las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador que hace la firma SPIN sobre la forma en la que el presidente de México se ha referido al tema del embargo comercial a Cuba por parte de Estados Unidos.

EL TEMA ha sido tocado desde el púlpito matutino en 19 ocasiones desde el inicio del sexenio, pero lo raro del asunto es que solamente mereció una mención durante el tiempo en que el despacho oval de la Casa Blanca era ocupado por el republicano Donald Trump.

EL RESTO de las mentadas… ejem, menciones, ha ocurrido durante la Presidencia del demócrata Joe Biden, con lo que queda claro que, más allá del discurso de que nos llevamos igual de bien con quienquiera que esté al mando en EU, el inquilino del Palacio Nacional la llevaba mucho más tranquila con Trump y se ha vuelto más crítico de la gestión de su sucesor. ¿Por qué será?

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UNA BUENA: mañana se estrenará en México la Consulta Popular, un instrumento democrático organizado por el INE que pone en las manos de los ciudadanos decisiones sobre políticas públicas e incluso sobre políticas de Estado.

UNA MALA: que la pregunta que aparecerá en las boletas es un galimatías que ni dice lo que debe decir, ni implica lo que debe de implicar y que, aun si se logra una participación suficiente para hacerla vinculatoria, ¡no vincula a nada!

UNA PEOR: que Morena y sus partidos satélites se están preparando para hacer una enorme “movilización” (acarreo, pues) que puede desvirtuar el ejercicio de mañana y convertirse en un pésimo precedente para una estupenda herramienta ciudadana.

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POR CIERTO, llama la atención que mientras la 4T y sus simpatizantes promueven una consulta sobre las decisiones políticas del pasado, sus legisladores tienen atorado el desafuero de dos diputados, con lo que están frenando la investigación de los delitos del presente.

¿O SERÁ que habrá que esperar décadas para que se consulte a los ciudadanos si se debe o no juzgar al morenista Benjamín Saúl Huerta por abuso sexual de un menor y al petista Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito? Es pregunta para responder hoy.

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DIJO el presidente de la República durante su gira por Badiraguato, Sinaloa, la tierra de “El Chapo”, “El Mayo” y del gobernador electo Rubén Rocha, que esa población, centro neurálgico de las mafias del narcotráfico desde hace décadas, tiene “mucha suerte”.

LO QUE no dijo es si toooda la suerte que le atribuye a esa localidad es de la buena… ¡o de la mala! (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)

Rozones

Sheinbaum y los desafueros

Donde no cayó nada bien la decisión de postergar, una vez más, los desafueros de los diputados de Morena, Benjamín Saúl Huerta, y del PT, Mauricio Toledo, es en el gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, y en particular en la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy. Y es que resulta, nos dicen, que después de haber hecho todos los trabajos de investigación y entregado los expedientes para proceder al retiro de inmunidad, en el Poder Legislativo el tema se ha retrasado una y otra vez, con lo que cada vez crece más la idea de que alguien o algunos en la mayoría morenista pudieran estar protegiendo a los señalados, a pesar de que en ambos casos hay pruebas evidentes de sus graves comportamientos. La pregunta es: ¿habrá un intento de menospreciar o de retar a la fuerza política de la capital? Al tiempo.

  • CAYETANO, AL TORITO

Hablando de actores del Poder Legislativo, quien ha tenido un par de malos días, nos cuentan, es el diputado de Morena, Rubén Cayetano. Y es que resulta que el jueves pasado se volvió noticia por su frontal intervención en el Senado, en la que criticó duramente al senador Ricardo Monreal, hecho que derivó en una confrontación con otro senador también de su partido, Alejandro Armenta. No salió tan bien librado, nos dicen, lo cual se repitió más tarde, pues en un operativo del alcoholímetro el legislador por Guerrero dio positivo y tuvo que ser arrestado y trasladado al famoso Torito. De acuerdo con los reportes noticiosos del caso, Cayetano decidió asumir la sanción, aunque no dejó de acusar que le pusieron una trampa y le jugaron sucio. Por supuesto, hubo en las benditas redes quien cuestionó si el responsable al menos traía hielo. Uf.

  • SHEFFIELD GANA PERDIENDO

Con la novedad de que Ricardo Sheffield, quien dejara la titularidad de la Procuraduría Federal del Consumidor para contender con la camiseta de Morena por la presidencia municipal de León, Guanajuato, pero resultara derrotado, va a caer parado. Y es que resulta que volverá a su cargo, de acuerdo con un oficio que reveló el periodista Salvador García Soto. El expanista recién protagonizó una polémica en su registro como candidato porque, se dijo entonces, querían ponerle regidores en su planilla, lo cual provocó que les dijera: “ya le informé a quien le tenía que informar, y anda en Campeche”, en referencia a Andrés Manuel López Obrador. El caso es que con la decisión presidencial de reinstalarlo, ganará también de nuevo el reflector los lunes en las mañaneras, en las que se presenta el quién es quién en los precios de los combustibles.

  • OTRO DESDÉN A LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

Así que María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, volvió a realizar cambios dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Por tercera ocasión modificó su reglamento para que los nuevos lineamientos de evaluación, para la permanencia e incorporación de los académicos, entren en vigor este año, no al siguiente de su publicación como se establecía previamente. Nos comentan que la inconformidad entre la comunidad científica con la directora del organismo es cada vez mayor, ya que no han sido considerados sus puntos de vista para ninguno de los cambios realizados en la primera mitad del sexenio. Estamos acudiendo al desmantelamiento de un aparato académico que ha costado muchas décadas construir, ha dicho un connotado científico sobre las decisiones unipersonales que se toman en el Conacyt. Y hay quien no deja de ver en estas medidas la prevalencia de una guerra contra una supuesta “ciencia neoliberal”. Uf.

  • ROBLEDO Y LA VACUNACIÓN EN CHIAPAS

Nos cuentan que en Chiapas ya hay resultados positivos en índices de vacunación, luego de que diversas instituciones de Salud, comandadas por el IMSS, de Zoé Robledo, asumieran el control del programa local. De acuerdo con los datos más recientes, en los últimos 20 días suman ya más de 500 mil dosis aplicadas. Nos comentan que en la estrategia igual se sumaron los famosos servidores de la nación, que liderazgos empresariales, políticos y sociales, además de Fuerzas Armadas e instituciones estatales. El resultado es que se tuvo un registro de 48 mil 500 dosis aplicadas en un solo día y se tiene un promedio de 23 mil 890 vacunados por jornada, cuando antes del 9 de julio la inmunización promedio era de cinco mil personas. Así que, en una de ésas, nos dicen, el titular del IMSS le podría decir al Presidente, quien le asignó la encomienda, aquello de: misión cumplida.

  • REGAÑO A DIPUTADA GROSERA

La que ayer hizo un fuerte llamado de atención a sus compañeros senadores, el cual recibió todos los apoyos, fue la morenista Malú Mícher. “Las discusiones políticas deben tener el más alto nivel porque esta tribuna es también una tribuna pedágogica, y en estos tiempos de redes sociales todo lo que decimos, a quién lo decimos y la forma en que lo decimos es transmitido de manera inmediata a miles de personas”. La legisladora se refería, entre otras, a la expresión que hizo su correligionaria, la diputada María de los Ángeles Huerta, quien tras cerrar su intervención en un acalorado debate sobre el periodo extraordinario pronunció algo que se oyó como “…che vieja”, dirigido a la senadora panista Kenia López. Aunque las diferencias sean irreconciliables no se valen los epítetos y menos si traen connotaciones machistas o sexistas, dijo Malú. Ahí pues, el oportuno regaño. (La Razón, La dos, p.2)

Sacapuntas

Piedra angular

El Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, está metidísimo en la preparación de las reformas que se presentarán para la segunda mitad del sexenio, como la eléctrica. Esto, además de que atiende otros asuntos de interés para Palacio Nacional, y resolver temas que se les atoran a algunos secretarios de Estado. Por eso, dicen, es pieza clave del gabinete.

Despedida para Quirino

Se juntaron Quirino Ordaz y Rubén Rocha, gobernador saliente y gobernador electo de Sinaloa, respectivamente, ayer en el primer día de gira del presidente López Obrador por la entidad. Ambos, nos dicen, son muy bien vistos por el inquilino de Palacio Nacional, quien prometió una próxima visita para dar la despedida al priista, con todo y Golondrinas.

Respaldo panista a AMLO 

Hablando de gobernadores, el panista duranguense José Rosas Aispuro no sólo dio su respaldo a la propuesta del presidente López Obrador para que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena, que encabeza Crescencio Sandoval, sino que ofreció al mandatario hablar con los legisladores para que se apruebe. “Cuente con este respaldo, señor Presidente”, le dijo.

Auditará a Peralta

Con aquello de que el gobernador de Colima, Ignacio Peralta, declaró al estado en quiebra, a cuatro meses de ceder la administración a la morenista Indira Vizcaíno, ella no se quedó de brazos cruzados. Apenas tome posesión realizará una auditoría para detectar malos manejos, porque “no seremos comparsas de nadie, ni cómplices de ninguna irregularidad”.

Domingo de consulta

Todo listo para la primera consulta ciudadana, a instancias de la 4T, que realizará el INE, presidido por Lorenzo Córdova. Se instalarán 57 mil 87 casillas, con 285 mil 435 funcionarios. El ejercicio de este domingo será vigilado por 24 mil 537 personas y los convocados a participar son 93 millones 686 mil 877 electores. Un conteo rápido mostrará tendencias esa misma noche. (El Heraldo de México, La 2, p.2)

Trascendió

Que la tercera ola de covid-19 llegó al Senado y el presidente cameral, Eduardo Ramírez, hizo votos por la pronta recuperación de la morenista Nestora Salgado, quien se reinfectó, y de sus compañeros de partido Daniel Gutiérrez Castorena y Cecilia Sánchez, así como del perredista Antonio García Conejo y varios trabajadores, aunque no se conoce aún el número preciso de ellos. Por cierto, ayer se reintegró a labores Félix Salgado Macedonio.

Que escalofriantes resultan los términos de la carta que las madres de desaparecidos en Tamaulipas remiten al Cártel del Golfo con el fin de plantearle una “tregua” para ingresar a la zona conocida como La Bartolina en busca de restos. “No buscamos culpables, sino a nuestros hijos, padres, madres, hermanos”, se lee en el doloroso comunicado. México, julio de 2021. (Milenio, Al Frente, p.2)

Cadena de Mando / ¡El almirante secretario!

Lo que no se entiende es por qué cuando un secretario de Defensa o de Marina habla se encienden todas las alarmas.

Para el alto mando de la armada de México es muy claro. México sigue viviendo procesos de cambio en todos los sentidos y quizá no alcanza el discurso diario; sin embargo, no hay excesos ni mucho menos deslealtades; para las fuerzas armadas siguen existiendo en nuestro país muchos corruptos, sobre todo muchos que creen que el abuso no es visible y más allá, que no será, por lo menos, llamado a cuentas.

Los soldados de tierra, mar y aire han demostrado en los hechos que, cuando hay excesos por parte de cualquiera de sus integrantes, hay castigo. Recordar que en la justicia militar se resuelve 98 por ciento de los casos ante solo 2 por ciento que se resuelven en la justicia civil; ahí sí hay impunidad.

De inmediato comenzaron los “sesudos” análisis sobre el sentido de la alerta que emite el almirante secretario. A todos quienes emiten juicios valdría la pena recordarles que ni el soldado, ni el marino se equivocan y no lo hacen no tanto por sumisión; no lo hacen por convicción. Ambos saben que el proyecto de nación al que se le invita a un general y a un almirante vale la pena y, por tanto, deben protegerlo y dar lo mejor de cada uno para que se concrete.

Que nadie se confunda. Para el almirante secretario las cosas son de una forma y, en su contundencia, la realidad es una y por supuesto, nunca el señalamiento se interpone con lo que el comandante supremo de las fuerzas armadas señala.

La lucha anticorrupción deberá tener un resultado y una cuantificación al final de este sexenio tal que solo sus responsables serán los responsables. De ninguna forma serán los militares quienes persigan a los corruptos; sin embargo, señalar que, a pesar de la lucha, hay quien todavía no lo entiende y abusa. No debe entenderse como una pugna política, al contrario, debe comprenderse como la advertencia de que hay quienes no quieren seguir lo que para el Presidente es un dogma.

Las fuerzas armadas forman a sus cuadros justamente para que den todo por México. Difícil de entender, sí, y más cuando los militares no han defraudado a nadie, a pesar de que algunas voces quieran afirmar lo contrario.

Por eso en este espacio se insiste: si hay una mejor solución que la militar para los retos y amenazas que el país presenta, entonces que los propongan.

Bajo ninguna circunstancia, las tareas en las que se encuentran actualmente los militares son tentación, las han hecho bajo otras formas y bajo otros conceptos. Quien niegue que las fuerzas armadas han contribuido al desarrollo nacional, por lo menos en los últimos 60 años, en verdad no tiene idea del México real.

Lo peor es que se sigue insistiendo en la militarización de nuestro país. Quien lo hace tiene equivocado los conceptos, ya que para algunos países la militarización significa negativos, para México no.

Para México, para los mexicanos y para las instituciones, la acción militar solamente ha reportado beneficios y, en la realidad, los mexicanos, no piden cambios respecto a la presencia y permanencia de las fuerzas armadas en nuestro país.

Es en la tierra, en el mar y en el aire. (Juan Ibarrola, Milenio, Al Frente, p.3)

Política Zoom / Contra la tortura, la fabricación y la tardanza judicial

La tortura es regla y no excepción en el sistema mexicano de justicia, destacadamente cuando la autoridad no cuenta con otra prueba para acusar y entonces fabrica confesiones utilizando métodos inspirados en la Inquisición.

En México son cientos, quizá miles los casos de mujeres y hombres privados de la libertad cuyo proceso tiene como principal sostén una declaración, propia o ajena, obtenida mediante violaciones a la integridad física y/o sicológica de las personas.

Una consecuencia derivada de esta aberración es la tardanza con que los jueces emiten sentencia en primera instancia a propósito de los casos en los que se presume la ocurrencia de tratos vejatorios e inhumanos.

Resulta que, en vez de corregir las actuaciones desviadas de los funcionarios fabricantes de delitos, es decir, de sancionar la violación a los derechos humanos de las personas procesadas, los juzgadores suelen pasmarse y enviar al limbo tales expedientes.

La tardanza para emitir sentencias en casos en los que se presume tortura se explica principalmente porque los jueces no quieren pagar el costo político de liberar a una persona víctima de una fabricación ordenada por funcionarios de alto nivel, pertenecientes a la policía, las fuerzas armadas, el ministerio público o los servicios periciales.

Los expedientes más sonados de tortura y fabricación ayudan a explicar esta lógica aberrante. Vale recordar aquí, por ejemplo, el caso Jacinta, Teresa y Alberta, las tres mujeres HÑÄHÑU acusadas por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) —cuando su titular era Genaro García Luna— de haber, supuestamente, secuestrado a seis agentes policiacos.

En principio estas mujeres no fueron liberadas gracias a la intervención de un juez porque, a pesar de haber evidencia abundante sobre la invención del delito y también sobre la violación a las garantías procesales de estas mujeres, el juzgador responsable prefirió cruzarse de brazos hasta que, debido a una presión internacional importante, la Procuraduría General de la República (PGR), puntualmente en el caso de Jacinta Francisco Maciel, decidió renunciar a la acción penal.

El sonadísimo caso Cassez-Vallarta exhibe elementos similares: la AFI de García Luna y Luis Cárdenas Palomino fabricó una escena de secuestro, inventó una supuesta banda criminal, Los Zodiaco, y torturó a Israel Vallarta y varios de sus familiares; además, utilizó a los medios de comunicación con el objeto de darle publicidad al presunto buen desempeño de las autoridades.

Un tercer caso que reproduce el patrón es el que volvió muy popular a Isabel Miranda de Wallace. Esta mujer, apoyada en un principio por José Luis Santiago Vasconcelos, entonces subrocurador de Delincuencia Organizada de la PGR, y luego por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, corrompió tareas exclusivas del Estado para detener, torturar y obtener falsas confesiones de los presuntos secuestradores de su hijo, Hugo Alberto León Miranda.

Sumó luego a su charada a los servicios periciales de la entonces PGR que aportaron evidencia genética y digital, también fabricada, para darle solidez a un caso que no la tenía. Se añadió también un despliegue mediático de grandes proporciones: el poder económico de la señora Wallace permitió que las personas imputadas fuesen exhibidas como culpables, a través de anuncios espectaculares, cuando no existía en su contra siquiera una orden de aprehensión.

Las muchas irregularidades coincidentes en estos ejemplos, en un sistema judicial distinto al mexicano, habrían sido rápidamente atajadas por los jueces. En efecto, los tribunales suelen ser los principales responsables de asegurar que nadie sea torturado, que las confesiones y las pruebas fabricadas salgan del expediente y también de sentenciar en un plazo razonable que respete el principio de que la justicia debe ser expedita.

Sin embargo, en México, ya se dijo, donde hay tortura y fabricación suele también haber dilación.

Las cárceles federales mexicanas están pobladas de manera importante por personas privadas de la libertad debido a esta triple ocurrencia de hechos. El Instituto Federal de la Defensoría Pública ha venido elaborando una lista cada vez más precisa de casos que reúnen las características citadas.

En este contexto cabe aplaudir el anuncio que hicieran esta semana Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, secretaria y subsecretario de Gobernación, respectivamente, a propósito de un decreto presidencial que tendría como objetivo devolverle dignidad y justicia a las personas privadas de su libertad que hayan sido torturadas, así como a quienes no hayan recibido sentencia en primera instancia después de diez años de reclusión en prisiones federales, (siempre y cuando no estén acusadas de haber cometido delitos graves).

Durante la conferencia matutina en la que se celebró el anuncio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para subrayar que la Secretaría de Gobernación sería artífice de este decreto, ya que no es más “la secretaría de la represión y el autoritarismo, sino de la protección de los derechos humanos y la procuración de justicia.”

El decreto está previsto para su publicación en septiembre próximo y muy probablemente coincidirá con la fecha del aniversario de la Independencia.

Queda aún pendiente definir el papel que la nueva Fiscalía General de la República (FGR) habrá de asumir después de emitido dicho decreto. Se trata de la institución que ha estado, junto con la policía de investigación y las fuerzas armadas, detrás de la mayoría de los hechos de tortura. También ha sido responsable de presentar ante los jueces confesiones y pruebas fabricadas y, por último, de recurrir cuanta decisión tomen los tribunales cuando se deciden a proteger derechos humanos, lo cual termina alargando innecesariamente los procesos.

Excepto en el caso de Jacinta, Teresa y Alberta, no hay registro de que la FGR haya revisado su actuación y, a la postre, haya inhibido por decisión propia la acción penal.

Para que transcienda el decreto referido por el Presidente y los funcionarios de Gobernación, sería fundamental que la FGR concurriera con una política de procuración de justicia (esta no es responsabilidad de Gobernación), coincidente con la lucha que, desde el Ejecutivo y también desde la Defensoría Pública, se estaría dando contra los tratos inhumanos y la tardanza judicial. (Ricardo Raphael, Milenio, Política, p.14)

AMLO, los tiranos y los ex

Es increíble y peligrosa la fascinación que todavía en este 2021 tienen tantos políticos latinoamericanos con la dictadura cubana, incluyendo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Tras las protestas democráticas del pasado 11 de julio -bajo los gritos de “¡libertad!” y “¡abajo la dictadura!”- AMLO salió en defensa del régimen de La Habana. ¿Cómo defender a una tiranía de 62 años? Es de una enorme incongruencia querer democracia para los mexicanos pero no para los cubanos.

Las declaraciones de AMLO en el aniversario del natalicio de Simón Bolívar -evadiendo las violaciones a los derechos humanos, los prisioneros políticos, la censura y a los tres tiranos que han gobernado la isla con brutalidad desde 1959- son preocupantes y muestran una terrible (y voluntaria) ceguera sobre la realidad cubana. Hablemos claro: Cuba no debe ser nunca un ejemplo para México.

Pero las declaraciones de AMLO -un Presidente elegido legítimamente por más de 30 millones de mexicanos y que gobernará hasta el 2024- no debieron sorprendernos. Su debilidad ideológica por las tiranías en Cuba y Venezuela quedó en evidencia en una entrevista que tuvimos en mayo del 2017.

Este es parte de nuestro intercambio (que pueden ver aquí: https://youtu.be/FsCdYbSCXCU):

-¿Usted cree que Nicolás Maduro es un dictador?

-No lo voy a juzgar. Eso se los dejo a los que nos están escuchando.

-(En Venezuela) hay violaciones a los derechos humanos.

-Muy lamentables.

-Desmanteló la Asamblea. Hay decenas de muertos. Hay prisioneros políticos.

-Yo no estoy a favor del autoritarismo en ningún lado.

-La pregunta es si Nicolás Maduro es un dictador.

-No quiero meterme en ese asunto.

-¿Por qué no?

-Tenemos principios de política exterior. No intervención y autodeterminación de los pueblos.

-¿Pero la defensa de los derechos humanos no va por encima de la soberanía de un país?

-Sí. Pero también, en este caso, hay que hacer valer el principio de no intervención…

-¿Por qué no se atreve a criticar una dictadura?

-Porque no quiero que se metan después en las decisiones que solo corresponden a los mexicanos.

-¿Ya le podemos llamar a Raúl Castro dictador (en Cuba)?

-No. Yo no le llamaría a nadie así.

-Señor López Obrador, Cuba es una dictadura desde 1959. (Raúl) fue puesto por dedazo por Fidel en el 2008. Usted se quejó de los dedazos en México. ¿Por qué no quejarse del dedazo en Cuba?

-Esas fobias, Jorge. Yo creo que tú estás en el papel de periodista. Tienes el derecho de preguntarme todas esas cosas. Yo también tengo el derecho a no engancharme con esos asuntos. No voy a meterme en eso. Soy respetuoso.

Y por no querer engancharse, López Obrador se ha puesto del lado de las dictaduras de Cuba y Venezuela, del lado equivocado y oscuro de la historia. Y eso que tanto respeta en esos países no lo queremos en México.

Mañana los mexicanos tendrán la oportunidad de participar en una consulta popular para buscar un “esclarecimiento” de las decisiones tomadas por varios expresidentes mexicanos. El resultado de esa consulta será tan vago como la incomprensible pregunta que tendrán que contestar. Pero si AMLO está convencido de que hubo fraudes electorales en el 2006 y 2012, no necesita una consulta. Basta con iniciar una investigación seria o una comisión de la verdad. Y ya que está en esas, que le pregunte a Bartlett sobre el mayúsculo fraude de 1988.

Sin embargo, no creo que AMLO de verdad se quiera meter a investigar y castigar a expresidentes. Fíjense en lo que me dijo al final de esa misma conversación que tuvimos en el 2017:

-¿Peña Nieto es corrupto?

-Sí.

-La casa que su (ex) esposa, Angélica Rivera, compró por siete millones de dólares de un contratista gubernamental ¿es un acto de corrupción?

-Sí. Pero no solo eso.

-Si usted llega a la Presidencia, ¿usted va a enjuiciar a Angélica Rivera y a Peña Nieto por ese “acto de corrupción”?

-Yo no voy a actuar -contrario a lo que se dice- de manera autoritaria. Va a haber Estado de derecho. No va a haber persecución…

Y luego me soltó una frase que describió su verdadera intención: “Sencillamente no quiero poner el énfasis en la persecución porque no creo que eso sea lo que el país requiere”.

Entonces ¿para qué la consulta del domingo? (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p.8)

Serpientes y Escaleras / La consulta popular: ¿“vasir” o no “vasir”?

Como si se tratara de un dilema shakespeariano, pero en versión mexicana, este domingo millones de ciudadanos en el país decidirán, en la libertad de acción y de conciencia que les otorga la ley y la Constitución, si participan o no en la primera Consulta Popular legal y constitucional que se realizará en el país. A partir de que se aprobó y publicó, hace menos de un año, la nueva Ley de Consulta Popular que establece las reglas y lineamientos para que este mecanismo de participación ciudadana y democracia participativa se aplique a la toma de decisiones del gobierno en los asuntos públicos, tendrá lugar este ejercicio que sienta un precedente para que se puedan consultar a futuro temas de interés nacional.

Al ejercicio del 1 de agosto, que sea cual sea su resultado resultará histórico por ser el primero en su tipo, se llega en medio de dos hechos concretos e incuestionables: por un lado la impecable organización y realización de la Consulta realizada por el INE y por su estructura electoral conformada por ciudadanos que estarán recibiendo las opiniones de sus pares que decidan salir a participar en este mecanismo constitucional, y por el otro el interés particular de la Presidencia de la República y del movimiento de la 4T que han convertido este primer ejercicio de democracia participativa en un tema ideológico y prioritario para este gobierno que ha destinado recursos y movilizado a sus bases políticas y electorales para que salgan a participar a favor del “SI” en esta consulta.

La diferencia entre la promoción y publicidad que realiza el INE por mandato de ley para invitar a la ciudadanía a que participe en esta Consulta, y el marcado proselitismo que han desplegado en las últimas semanas grupos afines al gobierno de López Obrador y militantes del partido Morena, es que mientras el instituto electoral se apega a los lineamientos legales para exhortar a la personas a ejercer su derecho de opinar sobre la pregunta concreta que se formulará en las boletas donde podrán expresarse libremente los ciudadanos por el “SI” o por el “NO”, los militantes y seguidores de la 4T tergiversan y manipulan el sentido de esta Consulta al venderle a la gente la idea, gráfica y retórica, de que se va a enjuiciar a los últimos 5 expresidentes de la República, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, algo que no aparece, ni remotamente, en la redacción de la pregunta que responderán quienes decidan participar.

De cualquier manera, la confusa y cantinflesca redacción de la pregunta que se responderá en las papeletas que este domingo se distribuirán en cerca de 57 mil mesas receptoras instaladas en todo el territorio nacional, no obsta para que lo que ocurra el domingo y el resultado y el nivel de participación de los ciudadanos, constituyan un referente y un precedente histórico para futuras Consultas Populares sobre temas y problemas mucho más reales y prácticos para los mexicanos: desde la definición de políticas públicas en temas polémicos y que dividen a la sociedad, como la legalización de drogas, del aborto o de derechos sociales y ciudadanos, hasta el uso del dinero público y la definición de prioridades y obras que deben o no ser construidas con el dinero de los contribuyentes.

Esa será la ganancia ciudadana de lo que ocurra este domingo, donde los mejores pronósticos de participación, anticipan que será muy difícil que se alcance la cifra de 40% de la lista nominal de electores, equivalente a 37.2 millones de ciudadanos. Las proyecciones más realistas hablan de que una cifra posible de participación de entre 5 a 8 millones de personas, algo que de cualquier modo resultaría histórico y tendría, sin duda una ganancia política para los promotores de esta consulta.

Es decir, que si en la realización y el éxito del ejercicio en sí, organizado por el INE y con todos los requerimientos legales y constitucionales los ganadores seríamos los ciudadanos porque se abre la puerta de un nuevo ejercicio de participación democrática, en lo político aún antes de que se realice este ejercicio, ya se puede anticipar un claro ganador que será sin duda el presidente López Obrador y sus huestes de la 4T que aun cuando no se alcance la cifra de participación para que el resultado de la Consulta sea vinculante, sin duda van a lograr un número histórico de ciudadanos participantes, muy por encima del 1 millón de personas que salieron a participar en las consultas informales y extralegales que organizó el actual presidente de la República sobre temas como la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco.

López Obrador y la 4T ganarán en dos vías este próximo domingo: primero porque, sea cual sea la cifra de participación, es casi seguro que ganará el “SÍ” en esta Consulta, con cualquier cosa que eso signifique ante la ambigüedad y vaguedad de la pregunta, y segundo porque, aunque el ejercicio sea un éxito en términos de organización y realización, el presidente no desaprovechará la oportunidad para cuestionar, descalificar y atacar al INE y a sus consejeros electorales, a quienes va a culpar de que el resultado de este mecanismo de participación no pueda ser vinculante ni tener efectos legales porque “el INE no quería organizar la consulta y lo hizo mal y a regañadientes”, sería el discurso previsible en la conferencia mañanera del próximo lunes 2 de agosto.

Por lo pronto, mientras vemos qué tantos mexicanos deciden salir a ejercer su derecho de opinar y participar en esta consulta, Morena y el gobierno federal, sacaron ya un beneficio de la Consulta, no sólo por la manipulación política que hicieron de la pregunta y el sentido del ejercicio, sino porque con el pretexto de promover la participación popular, las brigadas morenistas y del gobierno federal, apoyado en los gobiernos estatales y en las estructuras de promoción de los programas sociales y del bienestar de esta administración, volvieron a salir a las calles y a recabar, casa por casa, datos personales y electorales de los ciudadanos a los que le vendían la falacia de que “se va a enjuiciar y a meter a la cárcel a los expresidentes de la República”.

La información que hoy tiene en su poder Morena y las brigadas del bienestar y Servidores de la Nación de la Coordinación General de Programas Integrales del Desarrollo de la Presidencia, sobre las credenciales de elector de los ciudadanos a los que estuvieron visitando en sus domicilios, será sin duda una herramienta de operación política y proselitismo electoral en favor del partido gobernante, en las próximas elecciones que habrá en 6 estados de la República en el año 2022.

Así que, como en aquel video viral de hace unos años, donde un joven mexicano traducía y actualizaba el dilema del Hamlet de Shakespeare del “ser o no ser”, pero ahora en términos coloquiales y populares con el  “vasir o no vas ir”, este domingo 1 de agosto todo estará dispuesto, con el profesionalismo del INE y la participación voluntaria y transparente de ciudadanos que estarán como funcionarios en las mesas receptoras, para que cada mexicano en edad de votar, decida libre y conscientemente en algunos casos, e ideológica y políticamente en otros (sin descartar las consabidas prácticas del “acarreo” y la coacción de ciudadanos) si participa o no en este ejercicio de democracia participativa que, por encima de consideraciones políticas o manipulaciones ideológicas, ya puede calificarse de histórico.

NOTAS INDISCRETAS…

De la tercera visita del presidente López Obrador a Badiraguato y a la zona del “Triángulo Dorado” del narcotráfico, no hubo oficialmente mucho más que informar ni comentar que la presencia del presidente en una obra carretera que va del municipio sinaloense a la cabecera de Guadalupe y Calvo en el estado de Chihuahua. Eso es en la forma y en la información que difundió oficialmente la Presidencia y que consignaron los reporteros enviados de la fuente presidencial.

Pero en el fondo, aunque no le guste al Presidente, su visita a la tierra de Joaquín Guzmán Loera y de otros capos históricos del Cártel de Sinaloa manda muchos mensajes sobre lo que ha sido la política sobre el narcotráfico de este gobierno. López Obrador tachó de tendenciosa a la prensa mexicana y extranjera que seguía con atención y expectativa esta tercer visita presidencial a la tierra de narcos pero en realidad el Presidente quiso ignorar que no es sólo que en sus tres años de administración haya hecho por lo menos una visita cada año a esta región —antes ignorada y evitada por los presidentes— sino que en su gobierno ha tenido gestos y decisiones claramente favorables y cercanos a la organización criminal sinaloense y a sus principales capos.

Ahí en Badiraguato en su primer visita, el Presidente se bajó de su camioneta para saludar de mano a la señora Consuelo Loera y decirle que ya había recibido su carta en la que la mujer le pedía que ayudara a que su hijo, el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, fuera regresado a México desde la cárcel de Estados Unidos donde en ese 2019 era procesado; también en esa región está la cuna de la facción del cártel de drogas que dirige Ovidio Guzmán junto con sus hermanos, apodados como “Los Chapitos”; es el mismo hijo del Chapo Guzmán que fue primero detenido por un grupo de élite del Ejército, el 17 de octubre de 2019, por una orden de detención y extradición del gobierno de Estados Unidos, y que luego fue liberado por órdenes directas del Presidente.

Así que, por más que le moleste al Presidente, sus constantes visitas a la cuna del narcotráfico y tierra de los principales capos, dificilmente puede ser vista e interpretada como una simple “supervisión carretera”. En política, decía Reyes Heroles, la forma es fondo y la cercanía del presidente a esa región del país tiene mucho de fondo…

Ayer se dio a conocer que Ricardo Sheffield regresará a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la que renunció el 15 de marzo pasado para irse como candidato de Morena a la alcaldía de León, Guanajuato.

El funcionario que fue derrotado ya en dos ocasiones en las elecciones guanajuatenses, donde ya había perdido la gubernatura en el 2018, recibió ayer un oficio firmado por el presidente López Obrador en el que lo autoriza a volver a tomar posesión del cargo de procurador Federal del Consumidor a partir del 1 de agosto. Así que algunos pensarán que el desempeño del expanista Sheffield fue tan bueno que lo vuelven a mandar a la Profeco, pero otros dirán que el guanajuatense consuma un claro acto de chapulineo en el que, sin importar sus derrotas, cae parado por obra y gracia del Presidente. Lo bueno es que esas eran cosas del pasado que ya no suceden en la “transformación” lopezobradorista… Los dados mandan Escalera doble. Semana redonda. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p.5)

Arsenal / El gran engaño

No votaré en la consulta dizque para juzgar a los expresidentes vivos —a excepción de Luis Echeverría— convocada para el próximo domingo.

Primero, porque la ley no se consulta, se aplica, valga el lugar común. Si Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto tienen cuentas pendientes, las autoridades están obligadas a investigarlos y a sancionarlos. No necesitan urnas.

Segundo: la consulta es promovida como un ejercicio de “democracia participativa”, pero en realidad es una maniobra de distracción que esconde intenciones de propaganda política. Tiene, además, claros tintes de linchamiento.

Tercero: distrae recursos que se necesitan de forma urgente en otras tareas, como la adquisición de medicinas para niños con cáncer.

La 4T se gastará 500 millones de pesos en la organización de un ejercicio que no lleva a ningún lado. El resultado ni siquiera es vinculatorio para el Poder Judicial. Pero el Presidente y sus morenitos nos quieren hacer creer que “el pueblo”  va a decidir si se juzga o no a los expresidentes.

En los espectaculares pagados para promover la consulta se aprecia la imagen de los cinco exmandatarios con los ojos tapados, como si fueran forajidos. Una forma de manipulación.

Pero la pregunta que aparecerá en las 95.3 millones de papeletas impresas ni siquiera menciona a los expresidentes.

La SCJN eliminó los nombres por considerar que era inquisitoria de personas y contenía juicios de valor.

Presidido por un aliado de Palacio Nacional, Arturo Zaldívar, el máximo tribunal, sin embargo, aprobó el ejercicio de este “circo guinda”  para no contrariar al Ejecutivo.

Eliminó los nombres de los expresidentes —que sí venían en la pregunta original—y elaboró una larga y enredada pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

La percepción es que ni de chiste van a jalar a las urnas a los 37 millones de ciudadanos (40 por ciento del padrón) que se requieren para que sus resultados sean válidos. El desinterés de la población es evidente. Peor: el Presidente, promotor de la consulta, va a votar en contra. Faltan 24 horas para que el ejercicio se lleve a cabo y ya los dirigentes de Morena se curan en salud. Han llegado al ridículo de acusar al INE de colocar mañosamente las casillas para que la gente no vaya a votar.

De nueva cuenta López Obrador se puso al frente de la campaña en contra del INE, al que quiere “renovar” para ponerlo a su servicio. En la mañanera de ayer dijo:

“Es una vergüenza que los del INE, que deberían de estar difundiendo lo de la consulta, porque se supone que es el organismo encargado de promover la democracia, parece que están en contra de la democracia. No parece, por sus actos se puede demostrar que actúan de manera antidemocrática. Y los medios de información, silencio. No generalizo, hay excepciones, pero se cuentan con los dedos de la mano”.

Es verdaderamente lamentable que la primera consulta popular formal —más allá de los ejercicios patito en temas como el aeropuerto de Texcoco— sea utilizada para enjuiciar al pasado y abonar el terreno para desaparecer el INE, tal cual lo conocemos.

La historia los juzgará, como dijo el clásico.

*En la columna de ayer hablamos del bajísimo nivel mostrado por el protagónico diputado de Morena, Rubén Cayetano, en el debate del jueves en la Comisión Permanente.

En su intervención sobraron calificativos y faltaron argumentos. Dejó evidencia de que padece el Síndrome de Caín —el hermano de Abel— al mover su quijada para golpear al coordinador de los senadores de su partido, Ricardo Monreal. ¿Y qué creen? Nos amanecimos con la noticia de que a Cayetano lo agarró el alcoholímetro en Puente de Alvarado. Se lo llevaron al Torito, donde debía pasar 20 horas, de acuerdo al Reglamento de Tránsito.

Tenga para que se entretenga, como dijo el clásico.

*Este reportero se va de vacaciones a partir del 2 de agosto.  Arsenal se volverá a publicar el 17 de ese mismo mes. (Francisco Garfias, Excélsior, Opinión, p.4)

Retrovisor / Abrazos que no frenan los muertos

En nuestra última columna de 2020 nos despedimos del año preguntándonos si había llegado la hora de cumplir con ese lema de campaña, construyendo la justicia transicional, con tregua y tribunales para la pacificación de las regiones dominadas por grupos criminales.

Esa promesa, formulada desde 2018 en el Plan Nacional de Paz y Seguridad, se ratificó a inicio de 2021 en la plataforma electoral que Morena entregó al INE.

Al describir “el nuevo paradigma en materia de paz y seguridad”, el partido en el gobierno enumera estrategias ya en marcha, como los programas sociales para restarle base social a la criminalidad y el fin de la guerra contra las drogas.

Y si bien las promesas de campaña suelen quedar en eso, las recientes declaraciones del presidente López Obrador confirman que está listo para concretar la justicia transicional que él sintetizó en la controvertida frase. Igual en Aguililla que en Badiraguato.

Ayer mismo lo explicó al detallar las acciones que se impulsan en ese poblado sinaloense donde nació Joaquín Guzmán Loera: “Cuando dije abrazos, no balazos, hasta se burlaron. Y todavía. Pero les vamos a demostrar que es más eficaz, más humano enfrentar el problema de la inseguridad atendiendo las causas que originan la violencia”.

Le quedan 3 años al gobierno de López Obrador para lograr esa pacificación que, en este primer tramo sexenal, no consiguió evidencias numéricas.

“México lleva 3 años consecutivos, de 2018 a 2020, estacionado en una tasa de 29 homicidios por 100 mil habitantes”, reportó este miércoles el director del Inegi, Julio A. Santaella.

Esto es así porque la cifra de 36 mil 579 muertes violentas registradas en 2020 no es muy diferente a las 36 mil 661 de 2019 y a las 36 mil 685 de 2018.

El registro histórico que el Inegi lleva desde 2009 da cuenta que, en el peor momento del gobierno de Calderón, hubo 27 mil 213 en 2011. Y si bien en la gestión de Peña Nieto descendió hasta 20 mil en 2014, a partir de ese año la escalada no bajó: 24 mil 559 en 2016 y 32 mil 79 en 2017.

Aun cuando por instrucciones presidenciales las Fuerzas Armadas tienen prohibido los enfrentamientos, el saldo de muertes se mantiene.

Es decir, que ni los programas sociales ni la renuncia al uso de la fuerza por parte del Estado se han traducido en una disminución de la violencia.

Hace 33 meses, el ahora gobernador electo de Sonora, a punto de convertirse en secretario de Seguridad, sostuvo que el poder de las organizaciones criminales sólo podía entenderse por la corrupción de las instituciones que decían combatirlas.

Bajo el razonamiento de Alfonso Durazo, tenemos dos opciones: la corrupción persiste o ese diagnóstico no era correcto.

Una tercera explicación es que hay ineptitud para concretar el voluntarismo presidencial.

Eso ya sucedió con la amnistía aprobada por el Congreso hace un año. Ante su fracaso, el presidente López Obrador anunció este jueves que liberará presos por la vía de un decreto que, según alertan los que saben, no puede hacerse de un plumazo. Y lo mismo aplica con la pacificación socialmente ansiada.

Según la plataforma electoral de Morena de 2021, estamos a las puertas de “procesos regionales de pacificación con esclarecimiento, justicia, reparación, garantía de no repetición y reconciliación nacional”.

¿Se encuentra Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, trabajando “en disuadir a los autores de conductas delictivas de su reincidencia mediante intervenciones restaurativas, orientadas a su protección, resocialización y a la reparación del daño cometido a las víctimas”, como se promete en ese documento? ¿O son la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, y el subsecretario Rabindranath Salazar los responsables de convencer a los grupos delictivos de deponer las armas?

En la plataforma registrada ante el INE también se anuncia que, en esta segunda parte del sexenio, se impulsará la prevención del delito mediante el Desarrollo Alternativo, entendido como “alternativas económicas sostenibles para los hogares y comunidades que dependen del ingreso provisto por actividades ilícitas como el cultivo de drogas, la extracción y distribución ilegal de hidrocarburos y el robo de autotransporte”.

El deseo de cambio va en serio. Y así debería ser tomado por todos los actores políticos, a fin de construir en el Congreso y con el Poder Judicial los instrumentos requeridos para que no sea sólo una ilusión voluntarista. O peor: una retórica oficial bajo el riesgo de acusaciones de narcoestado.

Porque hoy, la promesa que Morena registró ante el INE suena a quimera: “Para 2024, la delincuencia organizada estará reducida y en retirada, y los índices delictivos de homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos, robo a casa habitación, asalto en las calles y en el transporte público se habrán reducido en 50 por ciento en comparación con los de 2018”. (Ivonne Melgar, Excélsior, Opinión, p.10)

Liberales y Conservadores / La vinculación de la consulta será moral

Hace unas semanas escribí aquí sobre la que definí como la “Consulta Gansito”, “patito”, en realidad, pero para alinearla con la sentencia Lópezobradorista de “me canso ganso”.

La ironía no tiene nada que ver con razones políticas o ideológicas sino con su utilidad real.

Para que tuviera consecuencias legales tendría que expresarse a favor el 40 por ciento de los ciudadanos empadronados. Sería extraordinario que ocurriera así por lo que la única vinculación será “moral”.

La primera consulta popular de este tipo no es tema, no genera polémica y el interés que ha despertado, a pesar de los esfuerzos morenistas, es minúsculo.

En balde el dinero que han tirado sus torpes promotores haciéndola presente en su diario favorito, en las calles y hasta en el Metro.

De hecho, el INE ordenó a las bancadas de Morena dejar de realizar propaganda sobre la consulta popular de este domingo. Argumentó que son sujetos obligados a cumplir con el resultado de la consulta y por ello la autoridad no puede permitir que inclinen la balanza por el sí o por el no a la pregunta que se hará. Esto luego de que, aseguró el INE, ordenaron inserciones pagadas en La Jornada, periódico al que también el INE prohibió continuar con estas publicaciones, aunque ya hubieran sido contratadas.

El presidente López Obrador ha sido renuente a hablar del tema por la “veda electoral”, que de violarla provocaría sanciones o amonestaciones del INE. Así que, sin ese impulso definitivo, el de la “mañanera”, la consulta está ausente del interés general.

De confirmarse esto, mañana domingo, la costosa consulta (más de 523 millones de pesos) será meramente testimonial.

El Presidente ha insistido en que la consulta es para decidir si se enjuicia o no a los expresidentes de México, por supuestos delitos cometidos.

La pregunta que se hará mañana, elaborada por la Corte, no los menciona:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Lorenzo Córdova, presidente del INE, dijo que quien diga que se preguntará otra cosa está engañando a la ciudadanía. (Amador Narcia, El Universal, Opinión, p.7)

Frentes Políticos

Pozo sin fondo. Para historias de dinero tirado a la basura, lo que sucede en Campeche. Alejandro Moreno y Carlos Miguel Aysa, mandatario y sustituto, respectivamente, contrataron a una empresa para adquirir cámaras de vigilancia por más de 220 millones de pesos, las cuales han servido para dos cosas: levantar suspicacias de dónde quedó ese dinero y para evidenciar que, a pesar de las enormes inversiones, sus modelos de gobierno no les funcionaron. El crimen y el derroche van al alza. Los números hablan: en Campeche y Champotón la Percepción Social Sobre Inseguridad aumentó de 41.6 por ciento a 67%. ¿Tanto gasto para estar peor?

Unas por otras. Prestos a la batalla, los diputados de Morena le echarán montón al perredista Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. ¿Las razones? Por no cumplir con su obligación de gobernar, atentar contra la soberanía nacional y usar la investidura para interferir en los comicios, legisladores federales y locales promoverán juicio político contra el mandatario, a quien denunciarán también por su presunta responsabilidad en delitos electorales. El legislador federal Hirepan Maya Martínez declaró: “Ha sido evidente el comportamiento indebido del gobernador antes, durante y después del proceso electoral para favorecer a su candidato Carlos Herrera Tello”. Qué manera de terminar su administración. Michoacán no se lo merece.

Pararle a la fiesta. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó que la prioridad es regresar a clases presenciales. “Estamos listos para que la educación básica arranque en modalidad presencial a finales de agosto y estamos también preparados en el nivel medio-superior y superior para arrancar de forma escalonada”, explicó. “Tenemos que parar la fiesta, porque la prioridad es volver a clases”, detalló luego de que esta semana su administración dictara nuevas restricciones contra covid-19. Dice tener detectado perfectamente que el mayor riesgo de contagio son las actividades de diversión. ¿Le saldrá la ecuación de que eso no se replique en los salones?

Efecto bumerán. A semanas de que concluya su administración, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, insiste en que Francisco Vega de Lamadrid irá a la cárcel. A pesar de que la aprehensión del panista fue una de las promesas del actual mandatario, su objetivo actualmente sigue en libertad. “No se ha terminado la administración, denme chance, todavía me quedan tres meses y días. Está muy avanzado, no es fácil cuando tienes todo un sistema panista que por más de 30 años ha encubierto los abusos de los exgobernadores”, expresó. ¿En cuánto tiempo estarán buscando a Bonilla por las mismas circunstancias? Se aceptan apuestas.

Por los millones. A través de sus redes sociales y en mítines, funcionarios de la Ciudad de México han aprovechado espacios para promocionar la consulta popular del 1 de agosto, en la que se preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo o no con abrir procesos penales contra actores políticos. Desde Martí Batres, el secretario de Gobierno capitalino, hasta alcaldes electos y en funciones y al menos un integrante del gabinete de la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, llaman a los ciudadanos a participar, pues para que la consulta sea vinculante se requiere que 40 por ciento del padrón electoral vote a favor, es decir, 37 millones de votos a nivel nacional. La cifra es grande y es tiempo de saber si el músculo les da para tanto. O hasta les sobra. (Excélsior, Nacional, p.13)

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