23 de septiembre de 2021

LA POLÍTICA HOY

Columnas de Opinión del sábado 24 de julio de 2021

Bajo Reserva

Semarnat planea gastar millones en kits deportivos

Hace unos días la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lanzó una licitación —para la adquisición de kits deportivos para practicar softbol, frontenis, acuatlón y biatlón, así como la compra de tenis para los integrantes del sindicato de la institución— la cual fue declarada desierta. Pero contrario a lo que un simple observador de la política mexicana pudiera pensar, la declaración no se debió a que se dieron cuenta que la compra es ridícula por parte de un gobierno que se dice austero y preocupado por los pobres, sino porque las empresas ofertantes no cumplían con las especificaciones dadas y, también, porque las propuestas eran demasiado altas pues algunas llegaban hasta 12 millones de pesos. Así es que en los próximos días se volverá a lanzar la licitación para que los trabajadores de la dependencia no se queden sin practicar deportes tan necesarios como el softbol, acuatlón o biatlón. Por el bien de todos, primero los juegos.

Marina “adelanta” sucesión en Banxico

Vaya sorpresa se llevó el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera allá en Veracruz, donde acudió ayer para apadrinar una graduación de cadetes de la Secretaría de Marina, al mando del almirante José Rafael Ojeda Durán. Nos cuentan que durante la ceremonia de graduación en la sede de la Heroica Escuela Naval Militar, Herrera fue presentado ante los presentes como Gobernador del Banco de México, pese a que Alejandro Díaz de León todavía permanecerá en el cargo otros cinco meses. Al interior del gobierno federal, nos hacen ver, hubo plan con maña, pues existía la intención de “apapachar” a Herrera por parte del secretario de Marina, Ojeda Durán, quien calificó al exsecretario de Hacienda como su amigo.

A Samuel García le sale defensor en Palacio

La telenovela de amor y votos que se transmite por redes sociales entre el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, y su esposa e “influencer”, Mariana Rodríguez, podría dar un giro inesperado en la trama. Luego de que los representantes de Movimiento Ciudadano ante el INE acusaron de machista la multa impuesta porque se le sancionó por “ser solidaria con su marido” ante sus seguidores, un nuevo protagonista se sumó a la defensa de los García: el presidente López Obrador. El mandatario dijo que es “de lo más normal que la esposa hable bien de su esposo”. ¿Será que el candidato priista Adrián de la Garza siempre tuvo razón acerca de la cercanía entre ambos políticos?

Los riesgos de la reforma electoral

El último proceso electoral en México dejó como lección que los personajes que viven de hablar en redes sociales, de la mano de algunos partidos y candidatos, hacen redituable sumar votos por la vía de simular apoyos desinteresados que en el fondo están patrocinados por un partido; como ocurrió con el PVEM. Aunque al final sean multados con cifras millonarias, el problema no se solucionará así. En la sesión del Consejo General del INE, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, reconoció que al parecer las sanciones son insuficientes ya que las transgresiones a la ley de los políticos y los “sedicentes influencers” ya están “presupuestadas” en los citados partidos. El problema es que siempre que se habla de libertad de expresión hay una línea divisoria muy difícil de marcar entre libre opinión e injerencia política indebida. Difícil confiar en que los legisladores, partes interesadas en este asunto, hagan un trabajo pulcro, y sin excesos, al intentar regular el tema. (El Universal, La 2, p.2)

Templo Mayor

VAYA desafío enfrenta el Poder Judicial de la Federación con el amparo que interpuso la Escuela Libre de Derecho en contra de la reforma judicial por considerar que incurre en excesos, abre la puerta a la discrecionalidad y alarga dos años la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte.

Y ES QUE, sin importar quién decida sobre ese asunto, absolutamente todos los titulares de todos los juzgados federales son “juez y parte” en el tema, pues esa reforma les atañe de manera directa a ellos y a su trabajo.

SI EN MATERIA de corrupción la gran pregunta siempre es ¿y quién fiscaliza al fiscalizador?, en este caso se abre una interrogante aún más profunda: ¿quién puede juzgar una reforma judicial sin caer en un conflicto de interés?

PARA COLMO, si el juez concede el amparo quedará mal con su superior, el ministro Zaldívar, pero si decide no otorgarlo, con quien quedaría mal sería con sus colegas, por lo que seguramente acabará como el cohetero: si truena, mal; y si no truena, ¡peor!

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ARREMETE la CFE en un comunicado contra el IMCO, centro privado de investigación al que acusa de presentar un “malicioso estudio” en el que señala que esa empresa distorsionó sus estados financieros.

LA EMPRESA del Estado busca descalificar a ese organismo con el argumento de que en su consejo directivo hay un ex secretrario de Hacienda y un ex embajador del sexenio de Carlos Salinas.

NOMÁS QUE, bajo esa lógica, el primer descalificado debería ser su propio director, Manuel Bartlett, quien fue secretario de Educación en esa misma administración, ¿o ese “detalle” quedó convenientemente olvidado? Lo que es un hecho es que en su respuesta al IMCO, la CFE prefirió hablar más del sexenio de Salinas que de la pulcritud y orden de sus sistemas contables.

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DICEN que nada es verdad ni es mentira, y que todo depende del color del cristal con que se mira, pero en el caso del Semáforo Covid en la Zona Metropolitana del Valle de México, ni viéndolo todo del mismo color llegan a la misma conclusión.

TANTO la CDMX como el Estado de México pasarán al naranja a partir del lunes, pero mientras en la entidad gobernada por el priista Alfredo del Mazo habrá restricciones en los aforos a hoteles y restaurantes, en la ciudad que gobierna la morenista Claudia Sheinbaum todo seguirá igual.

Y AUNQUE cada entidad puede decidir lo que le convenga, lo que asombra es la falta de coordinación que provocará que, en las zonas limítrofes, la diferencia entre la posibilidad de tener un negocio lleno y la obligación de tener uno semivacío dependa del lado de la calle en el que se ubiquen. Y lo que es parejo, no debiera ser chipotudo, ¿o sí? (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)

Trascendió

QUE ya en modo Bernie Sanders, el gobernador saliente de Michoacán, Silvano Aureoles, hizo sus maletas, puso en práctica sus mejores poses en el banquito famoso, ahora en el aeropuerto capitalino, y se lanzó a EU para dar a conocer las “pruebas” de la narcoelección que, dice, se operó en la entidad que ha estado a su cargo seis años, pero de la que apenas se va enterando de ciertas cosas. La sede de Naciones Unidas en Nueva York y el Capitolio en Washington son sus dos paradas, con escala inicial en Los Ángeles. A ver si ahí sí lo dejan pasar.

QUE no es cosa menor el anuncio de la capacitación que personal de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Olga Sánchez Cordero, dará a marinos en materia de técnicas de detención de criminales in fraganti e instrucción en cuanto a los procesos legales a seguir como autoridad con funciones de seguridad pública. En resumen, se trata de que cumplan con el debido proceso para evitar que los pillos se zafen por violaciones de sus derechos durante las aprehensiones, lo que no pocas veces ha terminado en choques públicos entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

QUE después de la multa que recibió Morena por más de 300 millones de pesos dadas las irregularidades en el reporte de fiscalización, su dirigente nacional, Mario Delgado, retomó el tema de que ya es momento de renovar a los consejeros del INE, que preside Lorenzo Córdova, pero habrá que esperar si entre las propuestas de reforma electoral que plantean senadores como Ricardo Monreal aparece este planteamiento, aunque el legislador ya había comentado que no se tenía previsto. (Milenio, Al Frente, p.2)

Frentes Políticos

Fracaso. Al grito de “¡Justicia para Miguel!”, familiares y amigos exigieron que se esclarezca el asesinato de José Miguel Ángel Trejo Varela, joven estudiante de enfermería cuyo único sueño era “poder salvar vidas”. Qué ironía. El joven pasante del Instituto Mexicano del Seguro Social fue asesinado a balazos el 12 de julio, mientras se encontraba en una barbería, en la capital del estado de Zacatecas. Los familiares denunciaron que, hasta el momento, el fiscal Francisco Murillo Ruiseco no ha dado a conocer información acerca del avance en las investigaciones. Además, exigieron al gobernador Alejandro Tello Cristerna “hacer su trabajo” y dar con los responsables. Pues apresúrenlo, porque se les va…

Compórtense. El gabinete de Bienestar y los servidores de la nación deben actuar sin sectarismos y atender a toda la población, sin distingos, aseguró el presidente López Obrador. También adelantó que la próxima semana se realizará una reunión con los coordinadores estatales de los programas de Bienestar, para actuar coordinadamente con los gobiernos estatales y municipales. “Tenemos que tener una reunión pronto, con la participación de Carlos Torres para ver cómo nos articulamos desde abajo, desde las comunidades, para que no nos sectoricemos mucho”, dijo. A la 4T le urge una aceitada y verdadero carácter transformador en muchos de sus integrantes. Ojo.

Farol de la calle. Silvano Aureoles insiste en sus denuncias sobre la elección. El gobernador de Michoacán ahora viaja a Estados Unidos tras la negativa de Presidencia de recibirlo para entregar supuestas pruebas. Inicia una gira para presentar ante autoridades internacionales lo que, según el jefe del Ejecutivo michoacano, avalaría la intromisión del crimen organizado en las pasadas elecciones. “Hoy inicio mi gira de trabajo por Estados Unidos, consciente de que está en juego el futuro de la nación. Los mantendré informados”, escribió. Esto se dio después de que el pasado 29 de junio el gobernador se sentara en un banco a esperar, sin cita, afuera de Palacio Nacional. ¿Viaja con su banquito verde, gobernador?

Añejos. Con las sanciones establecidas contra partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral demuestra que no hace bien su trabajo, que sus integrantes no son demócratas y que sus decisiones no dan confianza, aseguró el presidente López Obrador. Consideró como politiqueras las sanciones por el pago a personajes conocidos como influencers y por el apoyo a la candidatura de Samuel García en Nuevo León por parte de su esposa Mariana Rodríguez. Y sí. La determinación de los consejeros, comandados por Lorenzo Córdova, pierde de vista que las redes sociales son un elemento presente e inevitable en la vida social. “Por eso hay que renovar al INE y el Tribunal, para que haya seriedad”, afirmó el Presidente. ¿Ya ven?

Tema atorado. De seguir posponiendo el juicio de desafuero en contra del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de abuso sexual en contra de un menor, los senadores y diputados integrantes de la Comisión Permanente estarán incurriendo en la violación del artículo cuarto constitucional, relativo al Interés Superior de la Niñez y la Adolescencia, advirtió Juan Martín Pérez García, coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. El también exdirector de la Red por los Derechos de la Infancia en México señaló que los actos de los legisladores y de Morena parecen ser de complicidad y de un intento de impunidad. El caso data de abril. Es oportuno preguntar: ¿Qué esperan? (Excélsior, Nacional, p.11)

Rozones

En CDMX llega vacunación a los de 18

Nos hacen ver que el ajuste de la metodología para calcular los colores del semáforo epidemiológico de las entidades federativas por parte de la Secretaría de Salud y en particular del subsecretario Hugo López-Gatell, obliga a ver ya ese instrumento de una manera distinta. Autoridades de varios estados nos hacen notar que los colores del semáforo ya deben leerse con fines de previsión y alerta para la población y separarse de la eventual aplicación de restricciones a actividades económicas. Y es que, esto último difícilmente ocurrirá, sobre todo porque se siguen aplicando medidas para combatir el virus. Es el caso de la vacunación que, por ejemplo, en la Ciudad de México inicia ya para los mayores de 18 años. Se trata, pues de evitar el pánico en los sectores económicos y fomentar la prevención en la gente. Ahí el dato.

  • RECLUSORIOS, AL CONTROL DE GARCÍA HARFUCH

Noticia relevante, nos comentan, la de que el control de los centros penitenciarios de la Ciudad de México pasará a depender de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y es que la decisión acomete el reto mayor de poner orden, por fin, en esos sitios donde proliferan acciones de corrupción que afectan a la población penitenciaria y a sus familias, de esos lugares sórdidos que llegan a convertirse en espacios de operación impune de la delincuencia. La iniciativa para transferir la Subsecretaría de Sistema Penitenciario hacia la dependencia que actualmente encabeza Omar García Harfuch implica el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la primera, pero también ampliará los alcances de las políticas de prevención de delitos del gobierno de la CDMX, particularmente en casos en los que el crimen ha mostrado ya el daño que puede causar.

  • SOBRE EL BOZAL DE BARTLETT

Con la novedad de que los dichos del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, sobre el cubrebocas, al que definió como “bozal”, provocaron reacciones encendidas en las benditas redes, en donde las descalificaciones hacia el funcionario llovieron. De médicos que se encuentran próximos al tema del combate a la pandemia provocada por el Covid-19 también hubo opiniones que, nos comentan, vale la pena destacar, pues se refieren no tanto a cómo se le denomine, sino al obstáculo que se pone a su uso. Francisco Moreno, por ejemplo, cuestionó lo que podría interpretarse como una falta de empatía con quienes ven de cerca los daños que ha causado el virus en las personas, en el tiempo en el que han luchado contra él. “Es una grosería, una falta de respeto total”. Y el doctor Alejandro Macías apuntó que el hecho sería cómico si no tuviera un componente trágico. Adoptar el uso del cubrebocas sin mayor satanización, nos comentan, sigue abriendo posibilidades de combatir los contagios que ayer, por cierto, llegaron a un nuevo máximo.

  • RELEVO Y MENSAJE DE LA GOAN

Así que la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional llevó ayer a cabo el relevo en su presidencia, con lo que, en lugar de Carlos Joaquín González, mandatario de Quintana Roo, quedó su homólogo de Durango, José Rosas Aispuro. Nos hacen ver que el mensaje de la nueva cabeza de la agrupación albiazul acentuó la necesidad de recuperar la concordia y señaló que la coordinación y colaboración entre los poderes públicos “es la única forma para dar respuesta a las demandas ciudadanas”. Llamaron la atención también dos cosas más: primero, los puntos de la agenda, entre los que se encuentran el llamado a la unidad nacional, la propuesta de acelerar la vacunación, la solicitud de inversión pública para generar empleos y la reiteración de su neutralidad política para coordinar los asuntos de seguridad. Y segundo, la incorporación de Maru Campos, futura gobernadora de Chihuahua.

  • SIERVOS PROTESTANDO

Y hablando de protestas, ayer un singular grupo se manifestó frente a Palacio Nacional. Se trata de una veintena de servidores de la nación que se dicen víctimas de despido injustificado, irrespeto a sus derechos laborales y quienes señalan supuestas irregularidades detectadas en el manejo de programas sociales del Gobierno federal. De acuerdo con sus reclamos, a algunos de ellos les están dando contratos trimestrales y el trato que reciben de sus superiores no es el más respetuoso. Los manifestantes se están cuidando, nos dicen, de no mostrarse como opuestos al Presidente, pues al momento de que reclaman corean “es un honor estar con Obrador”. Parece que tiene ya un asunto que atender el nuevo coordinador de programas sociales, Carlos Torres, quien asumió el cargo tras el retorno al Senado de Gabriel García, nos comentan.

  • EL TOUR INTERNACIONAL DEL BANQUITO

El que sigue en el plan de denunciar lo que, según las pruebas que asegura tener, fue una intervención del crimen organizado en Michoacán, es el gobernador de esa entidad, Silvano Aureoles, quien ayer difundió imágenes de la gira que inició por Estados Unidos. La primera de ese paquete es de sí mismo, sentado al lado de una mampara de Aeroméxico, antes de abordar el avión a Los Ángeles, para reunirse, según explicó con organizaciones de paisanos que viven allá y luego presentar sus denuncias en instancias internacionales. El caso es que además de la voluminosa carpeta que, ha señalado, no le recibieron en Palacio Nacional, y que también llevó a la Fiscalía General de la República y a la Suprema Corte, va con su inseparable banquito verde, que según se aprecia en los videos que difundió posteriormente, ya tuvo su primer viaje internacional. (La razón, La Dos, p.2)

Arsenal / “Politiquero…”

Relativamente barato le salió al PVEM contratar a más de 100 influencers –200 mil pesos por cabeza– para hacer propaganda a favor de ese cuestionado partido, el mismo día de la jornada electoral.

Es reincidente y merecía el retiro del registro.

Los “ecologistas” no sólo se quedarán sin spots durante un año –en 2022 hay seis elecciones de gobernador–, sino que deberán pagar una multa de 40 millones de pesos. Es lo que resolvió el INE.

Lo más grave de este asunto –que el PVEM no asume oficialmente como suyo– es que ha provocado una guerra civil al interior de la agrupación política.

“Éramos el gran ganador: 40 diputados y el gobierno de San Luis Potosí. Fue una pendejada. Da coraje”, reconoce, fuera de grabadora, uno de sus dirigentes.

La fuente asegura que la dirigencia formal del partido se encontraba en el cuarto de guerra del entonces candidato de la alianza PVEM-PT, al gobierno de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, el día de la jornada electoral.  Se enteraron del escándalo de los influencers “por una nota de Reforma”.

La misma fuente nos asegura que ni Karen Quiroga, presidenta del PVEM, ni los senadores Manuel Velasco y Raúl Bolaños, ni el diputado Carlos Puente ni Arturo Escobar estaban al tanto de la campaña, supuestamente contratada.

No mencionó a Jorge Emilio González, otrora conocido como el Niño Verde.

—¿Quién pagó entonces a los influencers?—, insistimos.

—Eso hay que preguntárselo a quienes cobraron. Quien lo hizo debe tener buena relación con la farándula—, respondió.

Ya en 2015, el PVEM había incurrido en faltas semejantes. Celebridades del mundo del deporte y del espectáculo apoyaron a ese partido, vía Twitter en plena veda electoral.

Hablamos de Miguel Herrera, Gloria Trevi y Galilea Montijo, entre otros muchos. En esa ocasión, la sanción fue de risa: siete millones de pesos. Por eso reincidieron.

Una de las que más fuerte reclama el retiro del registro al PVEM es la diputada del MC, Martha Tagle.

Argumenta: “Las faltas reiteradas del Verde no se pueden sancionar nuevamente con una multa. Generalmente las impugnan, se las reducen y hacen pagos chiquitos, con recursos públicos. “La sanción prevista en la ley por faltas graves reiteradas es perder el registro”, puntualizó.

*El presidente López Obrador no le perdona al INE haber bajado de las candidaturas a los morenos Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán.

Quiere desaparecer al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tal cual los conocemos. Hay que renovarlos para que haya seriedad, argumentó ayer.

“Desde que cancelaron las candidaturas de Guerrero y de Michoacán, mostraron que no son demócratas auténticos”, aseveró.

Para sonarle de nuevo a los órganos electorales, aprovechó una pregunta sobre las multas que impuso el Instituto al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por el apoyo que le dio su esposa, Mariana Rodríguez, en redes sociales, pero también al PVEM por los influencers.

“Es lo más normal, que un simpatizante, más si se trata de la esposa, pues hable bien de su esposo. Si va a cobrar o no va a cobrar, pues eso es otra cosa”, dijo el Presidente.

Puntualizó: “Yo veo esto más politiquero, porque ni siquiera diría ‘político’. La política es un noble oficio. Hay que ver quién está ahí maniobrando”.

*Tuvieron que pasar 12 días para que el acuerdo que daba por terminado el bloqueo de la mina de San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, se cumpliera. El bloqueo duró, nada más, 18 meses contaditos.

La mina está concesionada a la canadiense Americas Gold and Silver, que lleva Darren  Blasutti. Los trabajadores son del sindicato que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia.

En ese lapso, acusa la empresa, representantes del sindicato hicieron todo para obstaculizar la visita de inspección de funcionarios de la Secretaría del Trabajo, a pesar de que el Presidente de la Republica comprometió su palabra.

“La próxima apertura, sin parte del grupo de 14 trabajadores que bloquearon la mina ilegalmente, no garantiza que en el corto plazo haya un ambiente de tranquilidad”, advierte.

En Americas Gold and Silver están convencidos de que, a pesar del acuerdo, Napoleón exigirá salarios caídos, como si se hubiese tratado de una huelga y no de un bloqueo.

Pero además persiste el riesgo de la presencia del crimen organizado, que tiene sus intereses en la operación de la mina, particularmente en el negocio de transporte de materiales.

¿Y la Guardia Nacional que prometió el Presidente? Brilla por su ausencia. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p.4)

Doble Fondo / Bartlett, ese espejo de López-Gatell y AMLO

Hay un rápido incremento de contagios, hospitalizaciones y muertes en el país a causa de la tercera ola de coronavirus. Los datos siguen siendo muy duros para México. Reflejan una gigantesca catástrofe. Nuestro país tiene el vergonzoso cuarto lugar mundial en cuanto al número total de muertes, con 237 mil 954 fallecimientos reconocidos por el gobierno federal, y eso sin contar los datos del INEGI de muertes Covid-19 en el primer semestre de 2020 (33 mil 641 más que las reportadas por el gobierno), ni tampoco los registros de actas de defunción por Covid, y las muertes en exceso asociadas a la misma enfermedad y contabilizadas por la Secretaría de Salud, que en conjunto elevan la cifra a 387 mil 499 muertos, con cifras actualizadas hasta el 5 de julio https://coronavirus.gob.mx/exceso-de-mortalidad-en-mexico/).

Seguramente el dato, hasta este día, será mayor, pero cerremos la cifra en 400 mil muertos. Es el equivalente a cuatro estadios Azteca repletos de cadáveres en sus gradas. Cuarenta Auditorios Nacional llenos de restos humanos en sus butacas. No perdamos la dimensión de la tragedia colectiva.

Entre los veinte países más afectados por la pandemia en el mundo, México ocupa el cuarto lugar en muertes por 100 mil habitantes (https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality), de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins que ordena este tipo de datos.

Tiene el lugar 21 en muertes Covid por millón de habitantes (https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus).

Y ocupa el primer lugar en muertos por cada 100 casos confirmados (https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality). Así la letalidad en nuestro país.

En vacunas aplicadas por cada 100 residentes, México tiene el lugar… 71 del mundo (https://ig.ft.com/coronavirus-vaccine-tracker/).

Con estos datos, consecuencia en buena medida de las erráticas políticas públicas del gobierno federal (escasa aplicación de pruebas en la primera ola, fin del confinamiento de manera precipitada cuando la primera ola estaba en su fase más acelerada, tardío confinamiento en la segunda ola, negativa para fomentar el uso masivo de cubrebocas), no hay espacio para bromas, ligerezas e irresponsabilidades de servidores públicos.

Por si no lo vio, le cuento a usted del arrebato de machismo sanitario de Manuel Bartlett, director de la CFE (https://twitter.com/cirogomezl/status/1418414376218992640?s=21): el jueves, en conferencia de prensa sobre los apagones de luz de diciembre pasado, un colega reportero, que portaba cubrebocas, como debe de ser en lugares cerrados, preguntó con voz rápida pero clara, comprensible para todos:

-Además de seguramente la investigación administrativa que van a solicitar en contra de la empresa Acciona, ¿van a acudir a la acción penal?

Y Bartlett, con una mueca, una sonrisa burlona, espetó:

-A ver, les voy a contar una cosa: con el bozal no se oye ni se entiende. Como estamos casi todos vacunados y estás lejos, quítatelo para hablar porque no se entiende nada de lo que dices… -humilló y ordenó a mi colega de Televisa, Mario Torres, que es un excelente reportero.

En la política mexicana de la 4T, como sucedió durante el priato, la forma sigue siendo el fondo. El arrebato y la prepotencia de Bartlett son un fiel espejo del Presidente y del subsecretario López-Gatell, reflejo de la ignorancia, de las tergiversaciones, de las mentiras, de los dogmas, de las irresponsabilidades que hemos visto en el ejercicio público durante este sexenio.

Estoy tentado a ponerle calificativos severos a Bartlett, muy merecidos desde el fraude electoral priista que orquestó en 1988, pero hágalo usted aquí, si gusta: _________. Yo solo digo… ¡qué tipo! Eso que exhibió es lo que abreva en Palacio Nacional. En plena y acelerada tercera ola, ¿no sabe el señor que donde más contagios se generan es en lugares cerrados? ¿No sabe que incluso los vacunados pueden contagiarse y ponerse graves y morir y contagiar a otros y ponerlos graves y matarlos?

Si nunca supo ponerse un cubrebocas durante la pandemia, qué le van a importan las vidas de los demás…

Bajo fondo

La prestigiada revista The Lancet publicó esta semana, el martes pasado, un artículo en el que señala que, de 21 países estudiados, los más afectados por la pandemia, México ocupa el tristísimo primer lugar en cuanto al total de niños huérfanos: 131 mil 325 niños mexicanos huérfanos se estiman en el texto publicado en The Lancet. En cuanto a la tasa de huérfanos por cada mil niños, México tiene el tercer lugar, detrás de Perú y Sudáfrica (https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2901253-8).

¿De qué se ríe Bartlett? ¿Le hacen gracia esos huérfanos, o ni siquiera entiende ni asimila lo que sucede? ¿Cómo osa, socarronamente, pedir a alguien que se quite el cubrebocas? ¿Para generar más huérfanos?

Al fondo

La UNAM, que toma decisiones basada en hechos, en datos médicos y científicos, no en volutas de humor, decidió que no habrá clases presenciales durante este semestre. Sus autoridades hicieron muy bien, porque leyeron que se acercaba una tercera ola. Una tercera ola epidémica que además afecta a los más jóvenes, que son los que no se han vacunado, al menos no la gran mayoría, porque son escasos los jóvenes que pueden viajar a Estados Unidos para vacunarse.

Por eso resulta increíble la ligereza en Palacio Nacional para determinar que, pase lo que pase, los niños y adolescentes deben volver a clases porque… están sumidos en videojuegos a los cuales ya son adictos. Eso dijo el Presidente. Vaya… (Juan Pablo Becerra-Acosta M., El Universal, La 2, p.2)

Serpientes y Escaleras / Superdelegados organizan acarreos para consulta

La instrucción salió desde Palacio Nacional como una “prioridad” en estos momentos para el presidente López Obrador: la estructura nacional de los programas sociales del gobierno federal, tal y como ocurrió con las pasadas elecciones, tiene ahora que movilizarse para la promoción y el éxito de la próxima Consulta Popular para Enjuiciar a los Expresidentes que tendrá lugar el 1 de agosto. Para ello, se ha diseñado un “plan de movilización” a nivel nacional para garantizar la afluencia de participantes en las mesas receptoras, que es operado directamente desde la oficina del nuevo Coordinador General de Programas para el Desarrollo, Carlos Torres Rosas.

El plan consiste en que a cada uno de los 32 delegados federales de Programas para el Desarrollo se les ha ordenado convocar en cada entidad federativa a reuniones con todos los presidentes municipales de Morena, el PT y el PVEM. En esos encuentros, se les solicita a los alcaldes que, “por instrucciones del Presidente” comiencen a organizar una “movilización” de personas con miras a que participen en la próxima Consulta Popular, a fin de garantizar un “afluencia importante” a las 52 mil mesas de recepción que instalará el INE en todo el territorio nacional.

Alcaldes que han sido llamados a esos encuentros con los coordinadores de programas federales en sus estados, dijeron a esta columna que a cada municipio le están poniendo una “cuota mínima” de participantes para la consulta, que en algunos casos es de 300 mil, que tendrán que llevar y cumplir con su cuota el domingo 1 de agosto. Para ello les piden centrarse en los padrones de beneficiarios de los Programas del Bienestar del gobierno federal y promover directamente la participación de quienes reciben sus apoyos económicos y becas.

El objetivo, según lo que les piden los superdelegados a los alcaldes, es “alentar la participación” en este ejercicio histórico, que como no ha despertado suficiente interés de la ciudadanía, el Presidente no puede arriesgarse a que resulte un fracaso para su gobierno. De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, para que el resultado de la consulta sobre los ex presidentes tenga efectos vinculantes, se requiere la participación de al menos un 40% de los votantes registrados en la Lista Nominal de Electores de cada estado.

Eso significa que para que un “sí” a favor de la pregunta que se hará, tal y como quedó redactada por la Suprema Corte de Justicia, pudiera tener algún efecto o consecuencia legal, se requeriría que el 1 de agosto participaran al menos 37.2 millones de ciudadanos. En la pasada elección federal del 6 de junio, según los resultados oficiales del INE participaron poco más de 49 millones de mexicanos, equivalentes al 52.5% de la lista nominal de electores, en la que es considerada hasta ahora “la elección más grande de la historia”.

Y a pesar de la intensa promoción que se organiza desde el gobierno y desde las redes sociales y grupos afines a la 4T, en los que se invita a la gente a votar en contra de los expresidentes como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicentes Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas y a favor de su supuesto “enjuiciamiento”, incluso con propaganda que muestra las imágenes de esos exmandatarios, la realidad es que en la boleta que cruzarán ese domingo los mexicanos que decidan participar nunca aparecen ni los nombres ni los actos, ilegalidades o delitos cometidos por esos exgobernantes.

Lo único que se lee en las más de 93.5 millones de papeletas que mandó imprimir el INE y que se repartirán en razón de 2 mil en cada una de las 52 mil mesas receptoras, es una confusa y cantinflesca pregunta que puede significarlo todo y a la vez nada: “¿Estás de acuerdo con que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. A eso es los que responderán los mexicanos con un “Sí” o un “No” que podrá ser cruzado en la papeleta. Lo que de ahí derive y cómo se conectará con acusaciones concretas o denuncias penales contra los expresidentes, todavía es un misterio.

Las críticas al costo de la misma, 528 millones de pesos, tienen que ver no tanto con el ejercicio de participación ciudadana, que es histórico y constitucional, sino con la trascendencia y practicidad de la pregunta que finalmente se planteará a los ciudadanos.

Porque una cosa es lo que el Presidente ofreció desde que estaba en campaña y ahora promueven sus seguidores, la posibilidad de un juicio histórico a los expresidentes de México, y otra muy distinta lo que resultará de la pregunta concreta que se hará el 1 de agosto.

La primera es algo político e ideológico que funciona bien como distractor y como demagogia para quienes quieren creer la imagen onírica de que verán a Peña Nieto o a Salinas tras las rejas si salen a expresar su opinión, y la segunda es una respuesta a una pregunta cuyos alcances reales ni siquiera pueden aún definir los mismos ministros que la propusieron y redactaron, como el ministro presidente Arturo Zaldívar.

Así que nadie se llame a engañado ni mucho menos a sorprendido. Quien quiera participar en la primera Consulta Popular constitucional que tendremos en la democracia mexicana está en libertad de hacerlo por las razones y motivaciones que considere. Lo ideal y lo deseable, en una democracia como la que se pregona en el discurso presidencial, es que quien decida hacerlo lo haga libre y conscientemente, aún cuando su expectativa pudiera sobre el resultado que tendrá su opinión, pueda no ser del todo real. También quien decida no participar, por las razones y motivos que considere, está en su derecho y no es ni más ni menos democrático o patriótico si decide no hacerlo.

Lo que no se sostendrá después de este ejercicio, sea cual sea su resultado, es un discurso maniqueo como los que suele tener el Presidente cuando se trata de temas de participación ciudadana y electoral: si la consulta sale bien y votan varios millones de personas (aún cuando díficilmente se llegue a la meta de 37.2 millones) entonces será un éxito político de la 4T; pero si sale mal o no hay una participación al menos significativa, (algo que se ve muy difícil porque en el escenario más pesimista se prevén al menos 5 millones de votos) entonces el fracaso será culpa del INE porque no quería organizar la consulta.

Todo apunta a que la organización de la Consulta Popular será un éxito y que, aún con un presupuesto de menos de la mitad del solicitado y que no fue autorizado por el Congreso, el INE cumplirá cabal y profesionalmente, con ayuda de los mismos ciudadanos que organizaron la pasada elección del 6 de junio, con este primer ejercicio de participación ciudadana y constitucional. Ojalá que quien tenga que asumir la realidad de un éxito o un fracaso, desde el punto de vista político y de nivel de participación, lo haga de manera clara y objetiva sin querer repartir culpas o apropiarse de todos los méritos.

Por lo pronto, a reserva de ver qué tanto efecto surten las campañas de promoción, tanto las oficiales que realiza el INE como las políticas que promueve Morena y los grupos de seguidores del Presidente, ya se verá qué tanto entusiasmo, expectativa o interés despierta esta Consulta entre la ciudadanía en general. Pero está claro que en la 4T no quieren exponerse a la idea de un fracaso y por órdenes directas de Palacio Nacional, están recurriendo a las mismas estrategias de “movilización” que se utilizaron en las recientes elecciones.

Alcanzar la meta de más de 37 millones de personas para un resultado vinculatorio, parece imposible, pero en la cantidad de personas que sean “movilizadas” desde el gobierno —“acarreadas” se diría en realidad— se volverá a medir la efectividad de la estructura lopezobradorista de programas sociales, que ya dio resultados en las pasadas elecciones, aunque no fueron del todo del agrado del Presidente que, por esas y otras razones, como la derrota estrepitosa en la CDMX, corrió a su antiguo operador político, el flamante senador Gabriel García Hernández.

Hoy su sustituto, Carlos Torres Rosas, tiene la encomienda de sacar a participar –“acarrear” se diría también— a los beneficiarios del Bienestar. ¿Será que la maquinaria del acarreo gubernamental que están activando con los alcaldes morenistas y aliados les dé para tanto? En todo caso ahí está otro tema en el que López Obrador no es para nada distinto a sus antecesores, sobre todo del PRI, si no hay interés ni votantes suficientes, muy sencillo, habrá que acarrearlos. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p.7)

Retrovisor / Trampas electorales

Mil 203 millones de pesos de multas pagarán los partidos y sus candidatos por irregularidades en los gastos de campaña, destacando los recursos no reportados, esos que se obtienen o se pagan de manera dolosa.

Llaman la atención las sanciones de los que no conservaron el registro: casi 103 millones a Fuerza por México, 101 millones a Redes Sociales Progresistas y 55 millones al PES.

Y qué decir de las multas a Morena: más de 373 millones.

Nadie se quedó fuera de las penalidades económicas: PRI, 93 millones 728 mil pesos; PAN, 88 millones 467 mil, y PRD, 42 millones 843 mil. Destaca el alto monto del PT: casi 86 millones de pesos.

Y espantan las multas de los protagonistas del escándalo de la fiscalización 2021: 84 millones 538 mil para el PVEM y 73 millones 198 mil para Movimiento Ciudadano (MC).

De lo analizado por los 11 consejeros del INE en la sesión de 14 horas que concluyó la madrugada de este viernes, destacan las 491 quejas dictaminadas e interpuestas por los propios partidos. De esas, 98 quejas resultaron fundadas y dieron paso a multas que ascienden a casi 130 millones de pesos.

Son historias de la picaresca electoral mexicana: en Baja California, el equipo de campaña de la próxima gobernadora, Marina Ávila, no reportó pintas ni videos ni su página web ni la tarjeta de béisbol con la que hizo campaña; la coalición PAN, PRI, PRD por la alcaldía de Zacatecas no documentó gastos en grupos musicales.

Quedó pendiente la queja que se devolvió a la Unidad de Fiscalización del INE para profundizar en los gastos no reportados por el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona (PVEM), en propaganda, banda musical y videos en Twitter y Facebook.

Mas no podrá despejarse la duda de si hubo dinero del gobierno de Tamaulipas en la campaña de Octavio Pedroza, de la coalición opositora en SLP, asunto que infructuosamente pidió investigar la consejera Carla Humphrey. La vieja de la operación Safiro y sus réplicas poblanas en sexenios anteriores.

De las probadas aportaciones indebidas que sus beneficiarios buscaban ocultar, destacaron las dos de Samuel García, gobernador electo en Nuevo León. MC tendrá que pagar 83.7 millones de pesos y él 449 mil pesos por las publicaciones en redes sociales de su esposa empresaria influencer, Mariana Rodríguez Cantú, y porque recibió dinero prohibido por la ley de supuestas empresas a través de su madre y hermanos.

Es una triangulación preocupante, tratándose de un joven político que promete innovar. “¿Samuel García debe ser gobernador a pesar de todas las trampas que se están evidenciando?”, preguntó el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, futuro presidente de la Cámara de Diputados.

Y reclamó: “Hay que sacar toda la madeja y ver de dónde viene ese dinero, porque a nosotros nos quitaron una candidatura por 19 mil pesos, ahora son 14 millones de pesos, de un origen hasta este momento desconocido”.

Nada dijo, sin embargo, Morena de la otra estafa de la temporada 2021: “el nado sincronizado” —así lo bautizó el consejero Ciro Murayama— de los 104 influencers contratados para promover al PVEM el domingo electoral.  En castigo, pagarán 41 millones de pesos y se quedarán sin spots durante un año.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, confirmó que se le había turnado el caso a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE). Pero siendo un aliado del gobierno, resulta iluso esperar que su titular, José Agustín Ortiz Pinchetti, actúe.

Habrá que ver si los magistrados del Tribunal Electoral ratifican los castigos. O ajustan el del PVEM a los criterios aplicados a MC, bajando la multa verde a cuatro millones: Pero si adapta la sanción de Samuel García a la de los influencers verdes, el futuro gobernador andaría rebasando el tope de campaña por más de 200 millones de pesos.

Cabe la posibilidad de que la FEDE salga de su letargo y revise el dictamen del INE en el que se acredita la triangulación de recursos en Nuevo León, el carácter prohibido de los mismos y el rebase de las aportaciones individuales. O quizá el expediente se quede esperando mejores tiempos para un eventual chantaje.

Más allá del regateo presidencial a la tarea del INE y los enjugues de los fiscales a modo, el árbitro confirmó su carácter autónomo que, con la legislación construida por los actores políticos, revisó el uso de los recursos y castigó el abuso en su ejercicio u ocultamiento.

Y aunque toda fiscalización es perfectible en un mundo donde el dinero sucio encuentra subterfugios para purificarse, en el terreno electoral contamos con un dique contra la propaganda, la secrecía y los indultos políticos.

Ahí está la fiscalización del INE ventilando usos y costumbres de una partidocracia opaca en la que coexiste la sospecha y la estafa hormiga. Una cultura electoral que combina las mañas políticas con las tretas financieras y de las que ningún logo escapa todavía. (Ivonne Melgar, Excélsior, Nacional, p.8)

Salud federal se va a Guerrero

Al presidente López Obrador y a su gabinete les toca resolver problemas complejos y contradicciones que heredaron en el sector salud; la tarea no es fácil ni se logra de la noche a la mañana.

Aun en medio de la tormenta que viven, en especial por el ineficiente abasto de medicinas producto de la puesta en marcha de un modelo operativo diferente, creo que han trazado la ruta correcta.

Si el gabinete tiene la capacidad de escuchar los reclamos de la gente y convertirlos en guía para corregir y reorientar acciones, el proceso de cambio que han iniciado llegará a buen puerto.

Asumir que todo lo que se hace está bien no tiene sentido, sobre todo cuando el resultado se traduce en un deterioro en la calidad de los servicios.

Sin embargo, visto todo como un proceso que está en marcha. Simpatizantes y críticos deberíamos esperar buenos resultados de este esfuerzo. Decir lo contrario es apostarle al fracaso del gobierno, que la nave colapse y se hunda.

Aunque en las discusiones públicas existen diferentes ópticas de cómo deberían hacerse algunas cosas, reconocer la necesidad de que haya cambios y poner por delante el interés de la gente y del país debe prevalecer como un criterio que nos guíe.

Este fin de semana se realizará una marcha en CdMx, organizaciones como el Movimiento Nacional por la Salud lo harán al lado de familiares de niños con cáncer. Es un grito desesperado y antes de ser descalificado, debería ser el motor de las transformaciones que plantea la 4T.

Como parte de los cambios que impulsa, el Presidente anunció que trasladará a finales de año la Secretaría de Salud al puerto de Acapulco. Si bien es cierto que trasladar sus oficinas a Guerrero no puede interpretarse como la llegada de grandes inversiones para este sector en la entidad, también lo es que la presencia del gabinete de Salud les permitirá conocer con mayor detalle nuestra difícil realidad y establecer con las autoridades estatales una mayor coordinación para resolver añejas carencias de manera gradual pero definitiva, sobre todo para los estados del sur.

En las comunidades rurales de Guerrero el derecho a la salud es solo un enunciado. Aquí la justicia social debe llegar. Guerrero y los estados del sur ostentan el mayor rezago en materia de servicios de salud.

En mis constantes recorridos por suelo guerrerense encontré como justo reclamo en muchas comunidades la falta de medicamentos, de personal médico, de enfermeras, así como una infraestructura adecuada que brinde un servicio digno a las familias de menores recursos.

Durante mis dos periodos como gobernador construí el Hospital Regional de Tierra Caliente, la ampliación del Hospital Regional de la Costa Chica y adquirimos el terreno para la construcción del nuevo Hospital de Acapulco.

Trajimos también el CRIT Acapulco y la clínica de oftalmología Conde de Valenciana, en Costa Chica, y avanzamos en los hospitales regionales de Chilapa e inauguramos el hospital general de nuestra ciudad capital, Chilpancingo.

El gobernador Héctor Astudillo ha cumplido con su parte poniendo su mejor esfuerzo para concluir la clínica de Florencio Villarreal (Cruz Grande), el nuevo hospital de Acapulco y ha atendido con diligencia la pandemia de covid en estrecha coordinación con su gobierno.

Confío en que el Presidente cumplirá con éste y otros compromisos presidenciales que mucho ayudarán a Guerrero y, al hacerlo, tendrá la oportunidad de pasar a la historia como un presidente humano, solidario y que, al hacerlo, corresponderá a la lealtad que este valeroso pueblo siempre le ha mantenido. (Ángel Aguirre Rivero, Milenio, Al Frente, p.3)

LINOTIPIA / El caso Facebook-Pegasus

Los ataques a periodistas y activistas no forman parte de “la lucha contra el terrorismo y el crimen”. Si una empresa vende un programa para reducir la criminalidad, no se puede usar para espiar a políticos, a periodistas, ni a asociaciones que critiquen al gobierno. Si el programa se usa para una labor ilegal, tiene responsabilidad el gobierno, y también la empresa que lo vendió.

Las líneas que anteceden resumen los argumentos que se han conocido en el último año y medio en el caso Facebook-NSO, una demanda civil que interpuso en 2019 Facebook, como dueña de la mensajería de WhatsApp, contra la empresa israelí NSO Group, fabricante del malware Pegasus. La investigación Pegasus Project, que se publicó esta semana, encontró que este malware atacó hasta a 50 mil personas, al menos 15 mil de ellas en México.

Pegasus Project confirmó lo que en 2017 se publicó en México en el caso Gobierno Espía. El gobierno mexicano compró Pegasus y lo usó para investigar a criminales, pero también a periodistas, activistas y políticos incómodos.

En junio de 2017, un grupo de periodistas y defensores denunciaron penalmente el caso en México. Hasta hoy, la investigación no ha tenido grandes avances. Pero uno de los descubrimientos, que anunció la Fiscalía federal, fue que Pegasus no solo se usó desde oficinas del gobierno, sino desde una empresa. Una fuente enterada del caso me aseguró que Pegasus se usó desde una residencia en la calle Explanada, en Lomas de Chapultepec, para espiar a objetivos políticos de la Presidencia en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Pegasus no terminó con el peñismo. Entre el 29 de abril y el 10 de mayo de 2019, NSO lo hizo de nuevo. Atacó a WhatsApp para infectar y espiar más de 1,400 dispositivos en el mundo. Un número importante estaba en México, dice la demanda de Facebook. Eran “abogados, periodistas, activistas de derechos humanos, disidentes políticos, diplomáticos y otros altos funcionarios de gobiernos”.

En su respuesta a Facebook, NSO aceptó que vendió Pegasus a México. ¿El gobierno federal sigue utilizando Pegasus?, preguntó en noviembre de 2019 Luis Fernando García, director de la organización R3D, una de las que descubrió Gobierno Espía, al presidente Andrés Manuel López Obrador. El Presidente dijo que en su gobierno no se espía.

“Esa demanda es un fuerte indicio de que en 2019 Pegasus aún se usaba en México. Eso deja la interrogante de quién sería el operador en 2019, considerando que los ejecutivos de NSO han dicho que la empresa solo vende Pegasus a gobiernos”, me dijo García.

NSO Group ha combatido ferozmente en Estados Unidos la demanda de Facebook. Contrataron como su abogado a Jeffrey Bucholtz, exjefe de la División Civil del Departamento de Justicia, alegaron que sus ejecutivos debían tener inmunidad por haberle vendido a gobiernos y consiguieron que se mantenga sellado el caso.

En junio de 2020, una juez en California negó que se desestimara la demanda. NSO apeló. En diciembre, a Facebook se unieron Microsoft, Google y Cisco. Unos días después, las organizaciones civiles Access Now, Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Internet solicitaron a la corte de apelaciones de San Francisco que el caso continuara. Calificaron a los clientes como “regímenes represivos que utilizan Pegasus para fines insidiosos”.

La corte de apelaciones revisó el caso en abril de 2021. El abogado de Facebook en la audiencia fue Michael Dreeben, uno de los principales asesores del fiscal Robert Mueller en la investigación de la trama rusa en las elecciones federales estadounidenses de 2016. La audiencia incluyó una durísima postura de Facebook acerca de hasta dónde llegan las responsabilidades de las empresas proveedoras de los gobiernos en casos como este. Ahora, la apelación está pendiente.

Tres preguntas resumen estos casos: ¿Quién tiene la responsabilidad del mal uso de programas como Pegasus, o NiceTrack, que vendieron los socios de Genaro García Luna a México? ¿Qué consecuencias hay cuando un gobierno viola la privacidad de quien lo critica? ¿Pueden las empresas solo lavarse las manos? (Peniley Ramírez, Reforma, Opinión, p.8)

San Lázaro: cierre de cortina

Ni siquiera ha terminado la 64 Legislatura —está a poco más de un mes de hacerlo— y la mitad de las 46 comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados ya están haciendo cierre de labores, mientras que los diputados siguen recibiendo su sueldo y otros pagos compensatorios, sin importar que en algunas se están dejando asuntos pendientes.

Proporcional a su presencia en el Congreso, a Morena le corresponde más de la mitad del cierre anticipado de las comisiones que preside, seguida más atrás por tres del PAN y otras tres de Movimiento Ciudadano, aunque la primera en hacerlo fue la de Asuntos de la Frontera Norte que corresponde el PRI, partido que además de ésta, cerró también otra más, la de Economía.

Con solo un cierre prematuro de comisión quedaron también el Partido del Trabajo y el de Encuentro Social (PES).

Comisiones que atienden asuntos tan importantes como la de Justicia, de Economía, de Educación, de Derechos Humanos o la de Protección Civil y Prevención de Desastres, ya entregaron sus informes finales de labores, la primera de éstas justo hace un mes.

Con costos con cargo al erario, una comisión de esta legislatura puede demandar presupuestos que van desde poco más de 247 mil pesos o hasta más de medio millón de pesos, que en su mayor parte corresponden a gastos de nómina dependiendo del número de enlaces, asistentes y secretarios que la dimensión de la encomienda requiera.

Terminar labores antes de su clausura formal es sin duda un fraude y un desfalco a la nación, en especial en momentos en que diversos problemas aquejan al país y a sus habitantes, y que demandan no un cierre anticipado de labores sino, por el contrario, esfuerzos extra por parte de los legisladores, analizando, proponiendo y debatiendo las mejores opciones para aplicar en bien de la nación.

Es sin duda lamentable y preocupante que viejas prácticas burocráticas se sigan reproduciendo incluso a altos niveles de la estructura gubernamental, y que sigan siendo los ciudadanos los que se vean afectados al tener que esperar que haya alguien disponible para atender y resolver asuntos que a veces no entienden de tiempos, plazos, horarios o calendarios. Sin embargo, la cultura de bajar la cortina o cerrar la ventanilla antes de la hora de salida sigue siendo un dolor de cabeza para los mexicanos que no puede ser erradicado, por más que se reitere que los que están al frente del país, “ya no son como antes”. (El Universal, Editorial, p.8)

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