LA POLÍTICA HOY

Columnas políticas del viernes 23 de julio de 2021

Villa, el asesino

«Un asesino hizo un villano,
millones un héroe”.
Beilby Porteus

El 20 de julio, 98º aniversario luctuoso de Pancho Villa, Claudia Sheinbaum le rindió homenaje en el Monumento a la Revolución. Paco Ignacio Taibo II, autor de una «biografía narrativa» de Villa y director del Fondo de Cultura Económica, dijo en la ceremonia: «Villa es fundamental. Es la rabia y la fuerza de un movimiento social que tiró una dictadura. Y recordarlo es eso… ¿De dónde venimos? Para poder decir quiénes somos, de dónde venimos, venimos de un cúmulo de luchas en las que Villa es una figura ejemplar…».

A algunos les sorprenderá que Taibo, nacido en Gijón, España, pontifique sobre quiénes somos y de dónde venimos los mexicanos. Yo pienso que como mexicano naturalizado tiene derecho a asumir como propia la historia nacional. Lo que asombra es su referencia a Villa como «figura ejemplar». Sería más certero llamarlo asesino y violador.

La biografía de Taibo exuda admiración. Al final, retoma una leyenda según la cual los restos del general no son los que reposan en el Monumento a la Revolución: «Francisco Villa, manteniendo sus mejores tradiciones y su mejor estilo, se volvió a fugar, logró escapar, tuvo éxito en huir, una vez más, del sistema». Su rastro de violencia no le preocupa.

El 2 de diciembre de 1915 Villa ordenó el asesinato de todos los hombres adultos de San Pedro de la Cueva, Sonora. Cuando el párroco trató de detenerlo, «sacó la pistola y lo mató allí mismo», según Friedrich Katz. «Setenta y nueve habitantes del pueblo fueron fusilados». El 8 de abril de 1917 entró a Namiquipa, Chihuahua, buscando a un grupo armado, Defensa Social, para reclutarlo por la fuerza. Los hombres se retiraron del pueblo, pero Villa ordenó el secuestro de las mujeres, 110 en total, de 16 años para arriba. Roberto Merino describió: «¡Y entonces se agarró con la que pudo y las demás se las entregó a los soldados!». Todas fueron violadas.

José María Jaurrieta, secretario de Villa, narró cómo en 1916 una mujer le reclamó en Camargo el asesinato de su marido, un pagador. El general le voló los sesos. «Pero eso no fue suficiente para aplacar su furia», escribió Héctor Aguilar Camín; ordenó el asesinato de decenas de soldaderas carrancistas apresadas. «Hasta su leal secretario resintió la escena terrible que vino a continuación. Con una profunda revulsión moral vio los cuerpos de las 90 mujeres, apilados uno sobre otro, privadas de la vida por balas villistas. Terminó de sacudirlo la visión absurda de un niño de dos años riendo y jugando alegremente, sentado sobre el cuerpo de su madre muerta con las manos llenas de su sangre».

La historia oficial ha tratado de soslayar estos y otros crímenes. Martín Luis Guzmán transformó el secuestro y violación de Concepción del Hierro, «quien sufrió una semana de terror encerrada en un vagón de Villa, llorando a gritos y pidiendo compasión y auxilio», según Raúl Herrera Márquez, en una visita de amor de una joven que lloró durante días porque extrañaba su casa. Guzmán también menospreció el secuestro y violación de una francesa en la Ciudad de México, «magno escándalo a ojos de unos cuantos timoratos y para gente sencilla que sabe poco del corazón femenino en general y menos todavía del femenino y francés en particular». Taibo II reduce el número de asesinadas en Camargo de 90 a 14, como si eso disminuyera la crueldad.

No, Villa no tiene nada de ejemplar. Fue un asesino y violador. Reidezel Mendoza lo ha documentado en su libro Crímenes de Francisco Villa. Pero la historia la escriben los vencedores. Los viejos priistas decidieron incorporar a Villa a su santoral, los nuevos también.

· OUTSOURCING

Muchas empresas están enfrentando enormes problemas para ajustarse a la ley de subcontratación que entrará en vigor el 1o. de agosto. Si no se extiende el plazo, millones perderán su empleo o trabajarán en la ilegalidad.

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento

Qué les preocupaba?/Marcela Turati

en REFORMA, 23 Jul. 2021

Leo en un reportaje publicado el fin de semana que mi número telefónico, el de otros 24 colegas, y el de miles de personas más, están en la lista de objetivos de espionaje del gobierno mexicano. El gobierno de Enrique Peña Nieto pagó millones a cambio de licencias del malware Pegasus. Mi mente no para de hacerse preguntas que sólo la Fiscalía General de la República podrá contestar. Las preguntas me llevan también a un diálogo interno con el que trato de dar sentido a las implicaciones de esta noticia.

¿Qué estaba haciendo yo entre 2016 y 2017 que tanto les interesaba? ¿Me metieron en la lista de espiados por las investigaciones de los asesinados en las carreteras de Tamaulipas o por mis trabajos sobre el montaje de la «verdad histórica» por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? ¿O fue por aliarme con colegas para crear una organización dedicada a hacer investigaciones periodísticas? Entre quienes la fundamos estaba Daniel Lizárraga, que participó en el reportaje de La Casa Blanca, ¿él era el objetivo? ¿O fue mi trabajo creando redes para protegernos entre periodistas y atender a colegas que enfrentan amenazas? ¿Querían estar al tanto de cómo organizamos las protestas por asesinatos como el de Javier Valdez? De los 25 periodistas infectados con Pegasus, seis trabajábamos en Proceso en esos años, ¿fue ese el criterio para infectar nuestros números? ¿O por las investigaciones que hacía en Iguala, o por el contacto con el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, el GIEI, o por las reuniones con el Equipo Argentino de Antropología Forense antes de sus conferencias sobre los hallazgos en el caso Ayotzinapa? ¿El espionaje se limitó al celular? ¿Me estaban mandando una señal cuando hackearon nuestro sitio web sobre las masacres de migrantes antes de que fuera publicado? ¿Esto explica los correos sospechosos que recibieron varios de mis cercanos? ¿Habrán llegado a amenazar a alguna de mis fuentes para que se retractara de haberme contactado? ¿Se adelantaron a mis coberturas para «acalambrar» informantes o «peinar» hechos? ¿Identificaron a mis informantes dentro del gobierno? ¿Infectaron los teléfonos de otras personas tras leer sus conversaciones conmigo? Los falsos informantes que me plantaron en el caso Ayotzinapa, y las llamadas histéricas pidiéndome que fuera aquella noche al Semefo de Chilpancingo, ¿eran parte de lo mismo? ¿Realmente fui espiada? ¿O mi celular enloquecía porque necesitaba mantenimiento? ¿Me salvé cuando perdí el aparato o el tiempo que estuve en Estados Unidos?

Imagino las áreas que desde el CISEN, la PGR y el Ejército analizaban los mensajes de los miles de personas que estamos en las listas de infectados por Pegasus, el malware que toma el control de los teléfonos y accede a chats, fotos, audios, contactos, ubicación y hasta puede encender la cámara y grabar. Me vienen más dudas. ¿Eran uno o varios agentes asignados? ¿Sonaba una alerta cuando escribía una palabra prohibida? ¿Qué información reportaban? ¿Se habrán desesperado por mis pérdidas constantes de celular? ¿Me habrán oído reír o llorar? ¿Estos funcionarios siguen trabajando en el gobierno o renunciaron? ¿Cuántos secretos míos tienen? ¿Usarán mis fotos en el futuro? ¿En unas décadas aparecerán en un archivo polvoriento? ¿Se habrán dado cuenta de que por mi eterno despiste no me enteraba de lo que no me quería enterar? ¿Pensarán que voy a dejar de reportear? ¿Tendré que abandonar los smartphones y volver a los aparatos antiguos? ¿Las palomas mensajeras serán una opción para quienes hacemos investigaciones? ¿Estarán leyendo esto mientras lo escribo? ¿Cómo voy a creer que ya no lo hacen? No existen garantías de que el espionaje no volverá a repetirse porque la FGR no ha investigado la denuncia que en 2017 pusieron los primeros colegas que detectaron Pegasus en sus teléfonos, porque no hay gente en la cárcel por estos hechos, porque los perpetradores de este delito siguen en las estructuras de gobierno, porque este gobierno siguió comprando programas espías, porque no se ha regulado su uso, porque el presidente lo minimiza como si fuera una anécdota, porque todos en México nos consideramos bajo vigilancia y normalizamos el espionaje. Hasta que nos opongamos.

La autora es periodista Co-fundadora de Quinto Elemento Lab. @marcelaturati

Templo Mayor

¡AH, CARAY! Cuando el priista Adrián Rubalcava denunció que su celular había sido hackeado, parecía tratarse de un hecho aislado. Pero ayer que dieron a conocer lo mismo el morenista Víctor Romo y el mandamás del Senado, Ricardo Monreal, la cosa ya se puso bastante extraña.

Y MÁS extraño resulta en estos días en que tanto se habla del espionaje desde las esferas gubernamentales. En medio de la polémica por Pegasus, el gobierno federal ha sido incapaz de demostrar que ya no cuenta con ese tipo de herramientas. Y es que no, ni modo, no basta con que el Presidente diga: “ya no se espía”.

EXISTEN VERSIONES de que los políticos hackeados son víctimas de una banda que opera ¡desde el Reclusorio Norte! Esta idea se refuerza con el hecho de que desde las cuentas de WhatsApp se está tratando de estafar a los contactos de los afectados.

SIN EMBARGO, aunque realmente se tratara de un simple atraco, ¿cómo consiguieron los teléfonos particulares de esos políticos? ¿A cuántos más les ha pasado lo mismo en estos días? Resulta muy difícil de creer que se trate de una simple casualidad; casi tan difícil… como hackear un celular.

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“QUÍTESE el bozal”, le dijo Manuel Bartlett a un reportero en referencia al cubrebocas que llevaba puesto, durante la conferencia de la CFE. No saben cuidarse de la pandemia y dicen que van a salvar la soberanía nacional. No, pos’ sí.

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ALGO no cuadra en las cuentas del INE en la fiscalización de Samuel García y del Partido Verde. Y es que al gobernador electo de Nuevo León le están contabilizando los posteos de su esposa en redes sociales en 40 mil pesos la foto y en 20 mil pesos las stories en Instagram.

PARA los verdes se está aplicando la misma tarifa, nomás que hay una pequeña diferencia. Mariana Rodríguez, la esposa de García, en efecto es sumamente popular, pero su número de seguidores es de 1.8 millones. En cambio, el PVEM contrató a una treintena de influencers, youtubers y celebridades cuyo alcance es muuucho más alto.

SÓLO para darse una idea, Bárbara de Regil tiene 8 millones de seguidores en Instagram; Laura G tiene 2.8 millones, Raúl Araiza 1.5 millones y, agárrense, Belinda (sí, la que apoya a AMLO) tiene 13.8 millones. Por pura lógica, la multa a los verdes tendría que ser conforme al alcance de su estafa y no nada más por la cantidad de trampas.

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POR CIERTO que en la sesión del INE, se volvió a poner en duda el triunfo de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí. Fue devuelto el expediente a la Unidad de Fiscalización para que revise e incluya otras tres quejas sobre el evidente, perdón, supuesto rebase en el tope de gastos de campaña. Y dado que ganó por menos de 5 por ciento, en una de esas se podría anular la elección. El pollito verde debe estar temblando y no de frío, pío, pío, pío. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)

Bajo Reserva

Dinero de EU y el gobierno de AMLO

Un acto más de contradicción afecta a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pese a que por meses, el tabasqueño no se ha cansado de señalar a la embajada de Estados Unidos en México y de incluso, enviar una nota diplomática, por el financiamiento que reciben “grupos opositores” (organizaciones civiles), ayer, la Comisión Nacional de Búsqueda, dependiente de Gobernación (Segob) presentó el “Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas” en donde destaca que éste contó con el apoyo de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés), la misma que entrega dinero de manera directa a los grupos cuyo objetivo es, también, la consolidación democrática del país. ¿Ese apoyo no es parte de una intervención extranjera en el país? Nuevamente hay un doble rasero.

Palos de ciego en Palacio

Muchas muestras de apoyo ha recibido en redes sociales el periodista Julio Hernández López luego de que fue mencionado en la sección “Quién es Quién en las mentiras de la semana”, de la conferencia de prensa mañanera. Sorprendió que incluyeran a un comunicador que se ha distinguido por ir contra corriente de otros periodistas vilipendiados con mayor frecuencia por la 4T, como Carlos Loret de Mola. Ana García Vilchis, encargada de esa sección, acusó a Hernández López de publicar información falsa sobre el intento de expropiación de más de mil 800 hectáreas de la Sierra de San Miguelito para desarrollar un proyecto urbano, pese a que Hernández López había proporcionado datos al respecto. Con este acto, el gobierno federal actual demuestra que no está dispuesto a aceptar ninguna crítica, ningún disenso, ni siquiera de quienes a veces coinciden con sus posiciones.

El hackeo está de moda

Algo extraño pasó ayer que varios personajes de la política sacaron tuits con un espacio de horas entre ellos para denunciar exactamente lo mismo: que alguien había tomado control de sus números de celular, por lo que pedían ignorar cualquier mensaje o llamada que proviniera de sus números en esos momentos. Los afectados fueron el coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal; el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, y el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo. ¿Será que, con Pegasus en boca de todos, alguien ya está probando un nuevo sistema de espionaje más efectivo? ¿Quién está detrás ahora?

Otro punto para García Cabeza de Vaca

En donde la libró el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue en la sesión del Consejo General del INE. Por más que la consejera Carla Humphrey expuso una serie de argumentos y documentos sobre el presunto apoyo financiero del mandatario y de empresas radicadas en territorio tamaulipeco al candidato a gobernador de la alianza “Sí por San Luis Potosí”, Octavio Pedroza, no prosperó ninguna sanción hacia el tamaulipeco. Con esta racha de descargos, el mandatario logra tener un frente abierto menos, mientras que en el ámbito federal, parece que sus acusadores están más ocupados en sus pleitos internos que en proceder en su contra. (El Universal, la 2, p.2)

Trascendió

Que Marcelo Ebrard volvió a darle un raspón a la Organización de Estados Americanos al ponerla como ejemplo de “foro multilateral donde no se llega a acuerdos”, en contraste con lo que se espera lograr en la cumbre de cancilleres latinoamericanos del sábado. “Reuniones para discutir sobran, foros para discutir, ¡uf! La OEA, que ya saben, es una cosita que, bueno”. En junio pasado el titular de la SRE aseguró que la actuación del secretario general de aquella instancia, Luis Almagro, “ha sido una de las peores en la historia”. A ver si el uruguayo no le responde de nuevo con eso de que solo espera que no se le vaya a caer otra obra al mexicano, como la Línea 12 del Metro.

Que hablando de “diplomacia”, ya empezaron los relevos en la embajada de EU en México con la llegada, ayer, de Stephanie Syptak-Ramnath, la nueva encargada de Negocios en sustitución de John Creamer, personajes ambos a quienes recibió el secretario de Relaciones Exteriores, por lo que ya solo falta por consumarse el arribo de Ken Salazar.

Que aunque en Edomex ya es realidad el proceso de amnistía para personas de escasos recursos y grupos vulnerables presos de manera injusta, esta gente ahora afronta un nuevo calvario: la extorsión. La reforma aprobada a finales del año pasado por el Congreso mexiquense establece que todos los trámites serán gratuitos, pero en las cárceles de la entidad los custodios cobran a los interesados hasta dos mil 500 pesos por prestarles un teléfono para mandar correo, llenar la solicitud o por solo mirar los requisitos en la web. Ahí le hablan a Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. (Milenio, Al Frente, p.2)

Frentes Políticos

Pendientes. Unas 15 obras inconclusas heredará el gobierno de Campeche, de Carlos Miguel Aysa González, a la próxima administración, informó el secretario de Planeación, Tirzo Raúl García Sandoval. El funcionario recordó que se llevaron a cabo un aproximado de tres mil obras, de las cuales sólo quedan 15 pendientes y en pleno desarrollo, por lo que tocará al próximo gobierno concluirlas y entregarlas. García Sandoval explicó que cada una de estas obras en desarrollo se heredarán completamente documentadas, y también dejarán recursos presupuestados para que la próxima administración estatal las culmine. “Se deja todo proyectado”, dijo. Eso sólo tiene un nombre: mala planeación. Lucirse no les va.

Fuera de presupuesto. El Consejo General del INE multó a Movimiento Ciudadano con 55.4 millones de pesos y a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, con 448 mil 996 pesos, por la aportación indebida a la campaña de 27.8 millones de pesos de una empresaria, la esposa del candidato e influencer, Mariana Rodríguez. La dama, con más de 5 millones de seguidores en Instagram, publicó durante las campañas 45 fotos en su muro y mil 300 historias promocionando a su esposo y solicitando el voto a su favor. El representante de MC ante el INE, Juan Miguel Castro, consideró que esta resolución ha sido una de las más “ominosas” que se han dado. Así de caros… y apenas empiezan.

Vuelta de hoja. México está siendo víctima de actos de insospechada violencia que obligan a revisar el enfoque de protección que se ejerce a nivel personas e instituciones, es decir: casas, oficinas, comercios, fábricas e instalaciones de diversos sectores estratégicos como son: vías de ferrocarril, aeropuertos, puertos, aduanas, minas, instalaciones de agua, energía, de seguridad pública e inclusive las de carácter militar, aseguró José Luis Calderón González, vocero de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. Advierte un escenario difícil. Pero que el Estado libre solo la batalla en materia de seguridad, está visto, no es lo óptimo. Colaboración es la palabra clave. Es hora de reflexionar.

Aún es tiempo. En la entrega de diplomas a la primera generación en la Especialidad de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, el senador Ricardo Monreal afirmó que los senadores plurinominales no representan la esencia del federalismo. En un discurso para felicitar a los 79 estudiantes de 23 estados que participaron en el curso impartido por la Universidad de Oaxaca, en coordinación con el Instituto Belisario Domínguez del Senado, Monreal recordó que, en un tiempo, en la antigua sede del Senado sesionaban sólo 64 senadores, dos por cada entidad, a diferencia de la Cámara de Diputados, cuyos legisladores representan directamente a los ciudadanos de cada uno de los distritos electorales. Decirles adiós no debe ser imposible, ¿o sí?

Miedo. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que después de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes se convocará a la militancia para la reorganización del partido. Aceptó que la reestructuración servirá para terminar con “los conflictos y malos entendidos” al interior de Morena entre diversos grupos. “Tenemos que ir muy unidos hacia marzo, que será la consulta para la ratificación del mandato del Presidente de la República, y a Morena, nuestro partido, nos corresponde ser el motor que impulse esta ratificación, para lo cual tenemos que estar muy organizados y muy unidos”, declaró. El tiempo se le viene encima. ¿Tendrá la capacidad de mantener a su partido donde lo recibió? Hay quienes lo dudan. (Excélsior, Nacional, p. 13)

Rozones

El “bozal” de Bartlett

Más que refrendado quedó ayer, nos comentan, que a varios funcionarios de la 4T la aplicación de algunas medidas sanitarias, en particular el uso del cubrebocas, les hace cortocircuito. No se sabe si, como dicen los abuelos, es “por llevar la contra” o por el pecado original que representó el rechazo oficial al uso de la mascarilla a principios de la pandemia. El caso es que ahora fue el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien pidió a un reportero durante una conferencia de prensa quitarse el cubrebocas para preguntar. “A ver les voy a contar una cosa, con el bozal no se oye ni se entiende, estamos casi todos vacunados, estás lejos, si quieres quítatelo para hablar porque no se entiende nada de lo que dices”. No deja de llamar la atención, nos dicen, que muchos crean que la pandemia ya se acabó. Sobre todo porque esa idea sí que puede generar un cortocircuito en temas de salud… y de los grandes.

SÁNCHEZ CORDERO, VOZ CONSCIENTE

Por cierto que, nos comentan, en el gabinete sí hay lo que se podrían denominar honrosas excepciones si se habla de sensibilidad ante la pandemia. Tal es el caso de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien en medio del ambiente de negación, aclaró ante gobernadores que “desde que iniciamos estas reuniones quincenales, hemos enfrentado diversos temas críticos de la pandemia (y) hoy estamos ante uno de ellos: porque enfrentamos nuevamente una ola de contagios importantes en el país”. En esa reunión, pidió a los mandatarios estatales trabajar unidos, “como hasta ahora lo hemos hecho a nivel federal y local, privilegiando en todo momento la salud de todos, sin descuidar el impacto social que la pandemia ha implicado para la mayoría de la población”. Claro que le importa el tema económico, pero no está de más supeditarlo a la salud y no al revés, nos comentan.

AMLO, ISRAEL Y TOMÁS ZERÓN

Y hablando de Pegasus, nos cuentan que resultaba obvio que este asunto, en el cual ha sido señalado el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, llegara a la conferencia mañanera en Palacio Nacional, donde el propio Presidente hizo ayer votos porque el Gobierno de Israel acepte extraditar al exfuncionario. “No ha habido todavía respuesta y ojalá y el Gobierno de Israel actúe con respeto a los derechos humanos, porque se está solicitando la extradición de este funcionario público, entre otras cosas, por hechos de tortura. Entonces, yo espero que actúe de manera consecuente, que se apeguen a una política de respeto a los derechos humanos”, dijo el Ejecutivo, quien descartó que sean ciertas las versiones de que el Gobierno de esa nación pudiera estar protegiendo al funcionario como una respuesta a las posiciones de nuestro país en el tema palestino. Puede ser volada o fake news, aclaró el mandatario.

QUÉ COSAS TIENE LA VIDA, MARIANA

En el INE, una mayoría de 8 consejeros determinó ayer que sí procede multar a Movimiento Ciudadano por la publicidad que la influencer Mariana Rodríguez hizo en favor de su esposo, el candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García. Quienes no avalaron la sanción consideran que el apoyo se dio por un tema familiar en una red social (Instagram) que puede ser comercial, pero también personal. En tanto, los que se pronunciaron por castigar argumentan que el apoyo es irregular porque la vocación principal de Rodríguez en esa red social es la de ser empresaria, es decir, obtener ingresos vía el uso su propia imagen para el posicionamiento de mensajes. Parece que el dilema está en determinar si las stories en favor de Samuel García tuvieron en su motivación y/o en sus alcances un componente de apoyo familiar o uno propagandístico. Por lo pronto, una mayoría de consejeros consideró que fue más lo segundo.

TRES POLÍTICOS HACKEADOS

Con la novedad de que los teléfonos de tres políticos resultaron hackeados en sólo dos días y en todos los casos la principal afectación se dio en la aplicación WhatsApp. Primero fue el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, quien el miércoles por la mañana dio cuenta de la intrusión a su equipo. Luego, en la noche el que resultó afectado fue el celular del senador Ricardo Monreal, quien notificó del hecho en las redes sociales pasadas las dos de la tarde de ayer. También ayer, pero por la mañana, el alcalde con licencia de Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo informó de la afectación de su dispositivo móvil. En todos los avisos que los afectados publicaron pidieron ignorar los mensajes que se hubieran transmitido desde la aplicación WhatsApp. Parece que a alguien le dio por ponerse a atacar teléfonos de políticos, en la misma semana en la que ha estado en boca de todos el escándalo por el espionaje de Pegasus. Uf. (La Razón, La Dos, p.2)

DÉJÀ VU EN EL INE

En el INE, nos comentan, tuvieron ayer un déjà vu. En el salón de la herradura del Consejo General regresaron seis años atrás cuando discutían las multas al Partido Verde por la propaganda que deportistas, actores y distintos personajes le hicieron a través de Twitter, infringiendo la legislación electoral. Fue el consejero Ciro Murayama quien recordó que ese momento ya lo habían vivido, pero que ahora estaban hablando de influencers a los que también les dieron un guion para que supieran qué decir y en qué momento. Les pagaron para violar la ley y afectar la equidad de la contienda, aseveró Lorenzo Córdova. En esta ocasión, el INE decidió aplicar una sanción ejemplar, no sólo por los 40 millones de pesos, sino por la cancelación de los spots del PVEM durante un año. Sin embargo, los consejeros se negaron a iniciar el proceso para la cancelación del registro del partido.

Historias de Reportero / AMLO y EPN: les preocupa más la prensa que sus raterías

En junio de 2017, en un reportaje de portada, el periódico The New York Times denunció que el gobierno de Enrique Peña Nieto había usado Pegasus para espiar a un grupo de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas (entre ellos, yo). Es decir, esta primera denuncia se hizo en pleno sexenio peñista.

Los intentos de infectar mi teléfono celular con el software espía coincidían con la revelación, hecha en estas Historias de Reportero, sobre la matanza extrajudicial en Tanhuato, Michoacán, que el gobierno de Peña Nieto estaba tratando de maquillar como un enfrentamiento entre policías federales y narcos.

En ese entonces, la PGR peñista abrió una investigación y me pidió entregar mi teléfono celular como elemento probatorio. Leyó usted bien: el gobierno que intentaba espiarme a través de mi celular me pedía entregarles el celular. Me negué.

Hace unos días, un consorcio de medios de comunicación (The Washington Post, The Guardian, El País…) reveló que Pegasus tenía en varios países 50 mil teléfonos objetivo para hacer espionaje con fines políticos y no de seguridad nacional (para lo que se supone que fue diseñado el mentado software). Los periodistas que realizaron la investigación dieron a conocer que, en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se espió al entonces dirigente opositor Andrés Manuel López Obrador, su familia y sus más cercanos colaboradores, además de una nutrida lista de activistas, periodistas, intelectuales, críticos, etc. Ayer, EL UNIVERSAL publicó en primera plana que, según la Unidad de Inteligencia Financiera del presidente AMLO, estoy entre los espiados en el sexenio anterior, aparentemente en la ya popular lista de “los maléficos”.

(Una nota personal y divertida: hoy da risa, pero en los tiempos de Peña Nieto las presiones más fuertes que recibí desde Los Pinos por mis críticas y denuncias venían acompañadas de un “es que Loret le va a López Obrador”).

El presidente López Obrador, desde hace años, ha acusado a muchos periodistas de haber “callado como momias” frente a los excesos de los gobiernos anteriores. Es una hipocresía: para hacer campaña opositora, él retomó muchas investigaciones de esos mismos periodistas a los que hoy ataca. Los escándalos de espionaje en el sexenio de Peña, revelados y apuntalados por su propia administración, sepultan su argumento del “callaron como momias”. Muerta su frase favorita para descalificar a la prensa. Cae por su propio peso: es una más de sus mentiras.

Hoy, López Obrador tiene que lidiar con la sospecha, ventilada en espacios periodísticos, de que él mismo tiene una red de espionaje contra periodistas que somos críticos de su administración. Él lo ha negado repetidamente. Lo que el caso Pegasus nos revela es que más pronto que tarde se sabe la verdad.

Lo que es cierto es que Peña y López Obrador son parecidos en algo: siempre muy preocupados y muy pendientes de lo que digan y hagan los periodistas, pero totalmente ciegos a la corrupción en su propia casa. (Carlos Loret de Mola, El Universal, La 2, p.2)

Bitácora del director / Estado de terror

Desde hace al menos siete años, los dueños de giros negros pusieron precio a la cabeza del padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, Chiapas.

“Comenzaron con 200 mil pesos, luego lo subieron a 400 mil y después a un millón”, ha relatado el propio sacerdote.

La razón: su oposición a la operación de cantinas y prostíbulos, cuyos dueños, asociados con el poder político local, los utilizan para distribuir drogas.

Para crear conciencia sobre el problema que representa la delincuencia organizada en la región de Los Altos, el padre Marcelo ha organizado varias peregrinaciones a Tuxtla Gutiérrez. Las continuas amenazas contra su vida llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a dictar medidas cautelares en su favor en 2016. “Si no fuera por el apoyo internacional, yo probablemente no estaría vivo”, me dijo ayer en entrevista para Imagen Radio.

Este religioso indígena es una de las figuras más visibles en medio del “estado de terror” que se vive en el vecino municipio de Pantelhó, de donde unas tres mil personas han tenido que huir por la violencia desatada por el crimen organizado.

Como Gilberto Vergara, el párroco de Aguililla, Michoacán, el padre Marcelo se ha convertido en la voz de una población asolada por los criminales, particularmente Los Ciriles, el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sin ambages, Pérez señala a la planilla ganadora de la elección del 6 de junio en la demarcación de estar coludida con el narcotráfico. “Es algo que el gobierno sabe y que el PRD sabe”, afirmó en la entrevista, refiriéndose al partido que postuló al alcalde electo de Pantelhó, Raquel Trujillo Morales, esposo de la actual presidenta municipal.

La campaña en Pantelhó fue marcada por el miedo, ha denunciado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, opinión con la que coincide el padre Marcelo.

De acuerdo con diversos testimonios, el crimen organizado presionó para que ganara la planilla perredista. Esto es algo sobre lo que he tratado de hablar con el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, por quien tengo respeto, pero me ha mandado decir que no está enterado.

En mi opinión, el partido debiera atender las denuncias que se están presentando. La captura de instituciones y territorios por parte del crimen organizado es un problema que debiera unir a la clase política con un sentido de Estado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también desdeña la situación explosiva que se está dando en los Altos, donde el 5 de julio fue asesinado Simón Pedro Pérez López, activista de la organización social Las Abejas.

El martes, en su conferencia mañanera, el mandatario descalificó al grupo de autodefensa El Machete, que se formó con el propósito explícito de proteger a la población, diciendo que o es parte de una disputa de grupos caciquiles o se trata una organización delincuencial más.

Pregunté sobre esto al padre Marcelo. “Él está criticando el efecto, no la causa”, me respondió. “No dijo nada sobre el crimen organizado ni sobre la ausencia del Estado, que significa campo libre para el crimen organizado. Para lavarse las manos, critica al grupo de autodefensa. Sabemos que es ilegal, pero a las comunidades no les quedó otro camino que defenderse”.

Agregó: “Si el gobierno federal y el estatal no toman en serio lo que sucede en Pantelhó, surgirán otros autodefensas. Tiene razón cuando dice que nadie puede tomar la justicia en sus propias manos, pero aquí hay más de 200 ejecutados por el crimen organizado, asesinatos cobijados por la corrupción de las autoridades”.

De nada sirve denunciar, abundó, porque “hacen caso omiso”. Y ejemplificó su dicho con el homicidio del tendero Mario Ruiz, por vender productos a los habitantes de San José Buenavista Tercero, una comunidad de Pantelhó que se ha resistido al dominio de los criminales y vive sitiada.

“Lo mataron el 3 de julio. Y, al día siguiente, regresó el asesino, con uniforme de la policía municipal, a preguntar a sus familiares si habían presentado denuncia. Si lo hubieran hecho, también los habrían matado. Eso es lo que estamos viviendo”. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p.2)

Arsenal / El documento del Departamento de Estado que no le va a gustar a AMLO

De nuevo los “otros datos”. Dice el presidente López Obrador que la situación de México es inmejorable para la inversión, que es algo que se está dando de manera natural.

No es lo que refleja el documento denominado Declaración del Clima de Inversión de México 2021, del Departamento de Estado de la Unión Americana. Dice, textual: “Los inversionistas informan cambios regulatorios repentinos y reversiones de políticas. La salud financiera inestable de Pemex y una respuesta fiscal débil a la crisis económica del covid-19 han contribuido a la incertidumbre en curso”.

En el primer y segundo trimestre de 2020, las tres principales agencias calificadoras (Fitch, Moody’s y Standard and Poor’s) bajaron la calificación crediticia soberana de México y la calificación crediticia de Pemex al “estado basura”.

El Departamento de Estado reconoce que el Banco de México revisó al alza las expectativas de crecimiento del PIB de México para 2021 —de 3.3 a 4.8 por ciento—, al igual que el FMI —a 5 por ciento.

“Aun así, los analistas del Fondo Monetario Internacional anticipan que una recuperación económica, a niveles prepandémicos, podría llevar cinco años”, pronostica. La incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos, la inseguridad, la informalidad y la corrupción continúan obstaculizando el crecimiento económico sostenido de México, destaca.

“Los esfuerzos recientes para revertir las reformas energéticas de 2014, incluida la ley de reforma de la electricidad de marzo de 2021, que prioriza la generación de la compañía eléctrica estatal, CFE, aumentan aún más esa incertidumbre”, asegura. A lo que acaba de leer, súmele que apenas el pasado martes una veintena de senadores y congresistas estadunidenses le escribieron al presidente Biden para quejarse del “proteccionismo” del mandatario mexicano en materia energética.

Le dicen que la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica amenazan las inversiones estadunidenses en materia de energías limpias y violan el espíritu del T-MEC.

Pero AMLO vive en una realidad que imagina. Dice que las protestas provienen de una “minoría no significativa” (como si se tratara de un tema de masas).

“La mayor parte de las cadenas productivas en México, en Estados Unidos, están funcionando y cada vez mejor, porque nosotros producimos muchas cosas que necesita la industria de Estados Unidos”, aseguró en la mañanera.

Decir que hay desconfianza entre los inversionistas, según AMLO, es un discurso que tiene que ver más con la “politiquería” de los que no están de acuerdo con la 4T.

“Es válido y es legítimo, pero no tiene que ver con la realidad. No es algo que a mí me preocupe como Presidente. Llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos”, aseveró. Lo datos del Banco de México señalan que se ha visto la salida de casi 136,000 millones de pesos en bonos gubernamentales, al cierre de junio pasado.

Esto “refleja la cautela que aún tienen los inversionistas”, según la revista Expansión. Estados Unidos ha sido la principal fuente de inversión extranjera directa (IED) en México, con 100.9 mil millones dólares, según la Oficina de Análisis Económico de EU (datos de 2019).

* El martes próximo se reunirá la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La intención es convocar a periodo extraordinario de sesiones con el fin, vuelven a decir, de desaforar a los diputados, de Morena, Saúl Huerta, pederasta, y Mauricio Toledo, PT, acusado de enriquecimiento ilícito.

Pero también para ampliar un mes la entrada en vigor de la ley que prohíbe la subcontratación (outsourcing) y el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda. El panista Marco Adame, miembro de la mesa directiva de la Comisión Permanente, nos dice que la convocatoria al extraordinario debe cumplir tres condiciones: La definición de los temas, la construcción del acuerdo político necesario, vía el diálogo, y el respeto al proceso legislativo.

En Acción Nacional están abiertos a la discusión de prolongar la entrada en vigor de la ley que prohíbe la subcontratación.

Un transitorio establece que entrará en vigor el próximo primero de agosto. El senador Monreal propone que se aplace un mes esa fecha, por la lentitud con la que se ha desarrollado el complicado proceso que conlleva una ley así.

Los panistas han repetido que es imposible de cumplir ese plazo por todas las implicaciones y dependencias involucradas. “Nos sigue pareciendo igual pensar que en un mes se va a resolver eso. Proponemos que sea en enero de 2022 cuando entre en vigor”, señaló Adame. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p.4)

De naturaleza política / Nuevo embate estadunidense…

Más tardó Andrés Manuel López Obrador, sin ofrecer argumento alguno cual es su costumbre, en desestimar la misiva que una veintena de congresistas norteamericanos enviaron a Joe Biden pidiéndole tomar medidas para frenar o revertir incluso cambios legales aprobados por el gobierno de la 4T en el sector energético que, estiman, contravienen acuerdos signados en el marco del T-MEC y amenazan inversiones realizadas por sus empresas en territorio mexicano, que en ser informado de que el Departamento de Estado había emitido ya una declaración oficial en similar sentido.

Horas después de difundida la carta de la (cuestionada) “minoría” de congresistas de la Unión Americana, en efecto, la oficina a cargo de Antony Blinken hizo público un extenso documento denominado Declaraciones sobre el Clima de Inversiones 2021: México, en el que, si bien destaca logros de la administración en materia fiscal o el respeto mostrado a la autonomía del Banco de México, no sólo llama la atención sobre la vuelta atrás del lopezobradorismo en temas relativos a petróleo y electricidad, sino que alerta sobre la creciente incertidumbre que cambios legales impuestos desde Palacio está provocando y que refieren a la multiplicación de problemas de inseguridad jurídica y cambios regulatorios que ponen en entredicho el futuro de las inversiones.

“La incertidumbre sobre el incumplimiento de los contratos, la inseguridad, la informalidad y la corrupción continúan obstaculizando el crecimiento económico sostenido de México”, dice el estudio en una de sus partes para, luego, establecer que “los esfuerzos recientes para revertir las reformas energéticas de 2014, incluida la reforma en el sector eléctrico de marzo pasado que prioriza la generación por parte de la CFE, aumentan aún más la incertidumbre. Estos factores elevan el costo de hacer negocios en México”.

Al margen de la previsible minimización y hasta ignorancia de tales exigencias —ahora sí que al más puro estilo de la 4T, se afirma—, lo único en verdad importante e incuestionable es que ambos posicionamientos apuntan a cuestionar en forma sustentada políticas decididas por el Ejecutivo y avaladas acríticamente por un Legislativo “servil” que, más tarde que temprano si se quiere, acabarán dando al traste con avances económicos y tecnológicos conseguidos merced a la apertura y modernización “neoliberal” de regímenes previos, inversiones multimillonarias de capital foráneo en particular.

Y esto, más la previsible presión norteamericana ante tan indolente postura, es lo realmente preocupante… (Enrique Aranda, Excélsior, Opinión, p.16)

Consulta popular: motivos adicionales

En días recientes, la ciudadanía mexicana ha ido conociendo hechos adicionales sobre la descomposición que imperó en el periodo neoliberal y que constituyen otras tantas razones para participar en la consulta popular en la que se decidirá si se enjuicia a actores políticos del pasado.

Por una parte, el fin de semana anterior se difundieron en el mundo los hallazgos de una investigación periodística en torno al espionaje gubernamental mediante el software Pegasus, y se supo que la administración de Enrique Peña Nieto lo usó para intervenir comunicaciones privadas de activistas, periodistas y opositores políticos y sus familiares y allegados, incluido el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por otro lado, en el contexto del escándalo de conversaciones telefónicas del presidente del club de futbol español Real Madrid, Florentino Pérez, divulgadas por un diario ibérico, se supo que al menos dos altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón recibieron boletos para ver partidos de dicho equipo a cambio de facilitar contratos multimillonarios a empresas ligadas al entonces vicepresidente primero madridista, Fernando Fernández Tapias. En julio de 2008, este personaje ganó un concurso de Pemex para la construcción de buques por 200 millones de dólares.

Estas revelaciones, que provienen de fuera de México y en modo alguno pueden vincularse a la agenda del gobierno federal o del partido en el poder, se suman a la interminable lista de agravios perpetrados contra el país por los gobernantes del periodo neoliberal. Aunque muchos de estos ataques al patrimonio nacional o a la integridad de la población fueron sabidos en su momento, a lo largo de los pasados dos años y medio se ha incrementado hasta lo insospechado el conocimiento de la podredumbre que imperó en las instituciones públicas de 1988 a 2018, y cuyas dimensiones nadie pudo llegar a imaginar.

Entre muchos otros casos, cabe recordar el esquema de desvío de recursos públicos conocido como Estafa maestra; los sobornos entregados a legisladores para la aprobación de la lesiva reforma energética en el contexto del Pacto por México; los múltiples indicios de enriquecimiento ilícito y complicidades criminales del gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca; las actividades delictivas de altos mandos policiales como Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Tomás Zerón de Lucio, o el quebranto contra la nación para subsidiar a empresas energéticas extranjeras.

Ante esta suma de agravios, la ciudadanía tiene tanto la oportunidad como el deber moral de manifestarse en torno al procesamiento penal de los responsables, y la forma prevista por el marco legal para esa expresión es la consulta popular que se llevará a cabo el próximo domingo 1º de agosto. (La Jornada, Editorial, p.2)

Astillero

Multas a Samuel y MC // Abusos para ganar // ¿Ninguna elección anulada? // El caso Gallardo Cardona

A la hora de cerrar la presente columna se había aprobado en el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) la imposición de una multa de casi medio millón de pesos a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, y de 55.4 millones de pesos al partido que lo postuló, Movimiento Ciudadano.

La decisión del INE, tomada por ocho votos contra tres, seguramente será recurrida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tendrá la última palabra, ya sea para confirmar, modificar o rechazar la determinación de este jueves o incluso para devolverlo al INE en aras de ajustes o ejecuciones.

El fondo del asunto es interesante, pues sanciona el ejercicio de la esposa de García, la influencer Mariana Rodríguez, con actividad empresarial en campañas publicitarias en redes sociales, por poner esos servicios, fiscalizables, a favor de su esposo-candidato como si no tuvieran un obligado impacto en el monto de los gastos de campaña (recuérdese el uso del juego de palabras fosfo-fosfo y todas las argucias propagandísticas con barniz de buena onda).

Las indagaciones del INE abordaban anoche un punto más complicado, el relacionado con las aportaciones irregulares, con fuerte tufo delictivo, de dinero para la campaña del mencionado Samuel García. La suma de hechos punibles coloca a las autoridades electorales, instituto y tribunal, ante la decisión de imponer más multas (lo cual ayuda al INE a compensar las mermas presupuestales recientes) o ir más allá y, en la línea de lo sucedido en cuanto a las candidaturas morenistas a gobernadores de Guerrero y Michoacán (por montos e infracciones notablementre menores), se atreviera el instituto a definir puntualmente la base jurídica (en específico, en el tema de la fiscalización) que propiciara que el tribunal se decidiera a anular esos procesos electorales adulterados y convocar a nuevos comicios.

Un dilema parecido, anular o sólo multar, estaba anoche por ser enfrentado por el INE en el caso de Ricardo Gallardo Cardona, el gobernador electo de San Luis Potosí al que se ha acusado de rebasar ostentosamente el límite de gastos de campaña, además de la sistemática comisión de actos ilegales en el terreno comicial.

Gallardo Cardona fue postulado por el negocio de las cuatro mentiras (el Partido Verde Ecologista de México), aunque en los hechos Morena y aplicadamente su dirigente formal, Mario Delgado, lo convirtieron, con acciones y omisiones, en el candidato real del partido guinda, dejando de lado el historial judicial del mencionado Gallardo, quien no fue declarado inocente de los delitos federales que se le imputaron, pues fue puesto en libertad por fallas procesales clásicas cuando se aceita la maquinaria juzgadora para favorecer a alguien.

El tema recurrente en este ajetreo cíclico de las autoridades electorales es el abuso del dinero, como motor real de las campañas, la propaganda, la movilización de seguidores el día de las votaciones y el aprovechamiento de otros servicios y bienes para esos propósitos partidistas.

Comprar triunfos electorales, sin mayor consecuencia que eventuales multas, por cuantiosas que parezcan, es un buen negocio. La agresiva corrupción sistemática en el ejercicio de cargos públicos o de representación popular tiene como primera fase la inversión de fondos subterráneos para llegar a esos sitiales de poder y, desde ahí, pagar los favores recibidos, con altos réditos.

Astillas

En Guaymas, Sonora, fue asesinado ayer el periodista Ricardo López, director del portal InfoGuaymas, quien había denunciado amenazas de muerte en su contra. El lunes recién pasado, en Morelia, Michoacán, fue ejecutado Abraham Mendoza, conductor de un programa informativo radiofónico. Hay tres detenidos y las autoridades han dicho que hasta ahora no encuentran un móvil relacionado con lo periodístico… ¡Hasta el próximo lunes! (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p.8)

Historias de Negocios / Pemex vs. FGR en caso Lozoya

El acuerdo que se hizo entre la Fiscalía General de la República (FGR) con Emilio Lozoya Austin para ser extraditado de España a México con un criterio de oportunidad está sacando chispas en la definición del caso del exdirector general de Pemex.

Resulta que desde el área jurídica de Pemex se ha dado la indicación de no aceptar el acuerdo reparatorio que el Ministerio Público impulsa con el exdirector general de la petrolera mexicana, toda vez que no existen las condiciones legales para concretarlo, además de que el daño que Lozoya ocasionó a las finanzas, estructura, operación e imagen de la empresa es prácticamente imposible de reparar.

El lunes dimos a conocer que la representación legal de Petróleos Mexicanos, encabezada por Octavio Romero Oropeza, fue citada la semana pasada a la Fiscalía para sostener una reunión con el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, cuyo objetivo es diseñar acuerdos que procuren la reparación de los daños ocasionados a víctimas u ofendidos de delitos penales, sin necesidad de llevar los temas al ámbito judicial.

Este hecho no era otra cosa más que llevar a la práctica aquella promesa que, según los abogados de Lozoya Austin, le hiciera en julio de 2020 Alejandro Gertz Manero al padre de Lozoya Austin, Emilio Lozoya Thalmann, en el sentido de que obtendría “beneficios” si facilitaba el proceso de extradición, y si cooperaba para construir una denuncia en la que se señalaran actos de corrupción de políticos y exfuncionarios de las administraciones pasadas. Estos personajes, 70 en total, fueron incluidos en la querella de 63 páginas que se hizo pública tan sólo un mes después del retorno del exdirector de Pemex a México.

Lozoya cumplió con su parte, pero para el Fiscal cada día es más difícil garantizar que no pisará la cárcel, debido a que la información aportada contra exfuncionarios de mayor jerarquía –incluidos los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– no es suficiente para configurar la figura del criterio de oportunidad, y en el que un eventual acuerdo de reparación de daños no cuenta siquiera con el consenso de todas las partes involucradas.

Los argumentos de Pemex para rechazar una posible conciliación se basan también en que los delitos cometidos contra la petrolera no cumplen con los requisitos que establece el Artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece las soluciones alternas a un proceso ordinario que podría derivar en la extinción de la acción penal.

Dicho artículo indica que el delito susceptible de acuerdo reparatorio debe perseguirse por querella o requisito equivalente; no obstante, la mayoría de los delitos que se le imputan a Lozoya Austin, relacionados con Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se persiguen de oficio. También resulta una complicación que la conciliación y reparación de daños solamente procede cuando existe un patrimonio y una víctima tangible a la que se le deba reparar, una situación que difícilmente podría definirse ante el inconmensurable saqueo que se hizo de Pemex durante la administración pasada.

El requisito al que jamás se le podrá dar cumplimiento es el referente a que los delitos en los que se acepta un acuerdo reparatorio son aquellos que están tipificados como culposos, es decir, cuando estos se cometieron sin intención. De ahí que por más que Emilio Lozoya insista en sus escritos que no tenía conocimiento de los manejos financieros de sus jefes, Luis Videgaray y Peña Nieto, sería una verdadera catástrofe para el sistema de justicia del país el que la FGR asuma los actos delictivos de Lozoya como carentes de dolo.

¿Y la vacuna mexicana ‘Patria’?

En febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que México trabajaba en el desarrollo de una vacuna propia contra el Covid-19; se trata del antígeno denominado ‘Patria’ que, según el Conacyt, estaría disponible a partir de enero de 2022.

Platiqué ayer con el doctor Adolfo García-Sastre, director del Departamento de Microbiología del Hospital Monte Sinaí de New York, uno de los participantes en la investigación y desarrollo de la vacuna, quien me confirmó que es posible que esté lista para aplicarse el próximo año.

Actualmente los estudios se encuentran en la fase dos, por lo que los voluntarios ya estarían a punto de recibir la segunda dosis de la vacuna.

Quintana Roo contra crimen organizado

En medio de la tercera ola de contagios por Covid-19, en Quintana Roo se están reforzando las tareas de seguridad a través del combate al crimen organizado y al tráfico de sustancias ilícitas, de ahí que en lo que va de 2021 se han asegurado 172 armas de fuego, se han interceptado 171 mil 924 recipientes con estupefacientes y se han asegurado 104 vehículos utilizados para delinquir.

Según reportes gubernamentales, en los últimos tres años la policía de la entidad que encabeza Carlos Joaquín González ha detenido a mil 923 presuntos delincuentes, en su mayoría vinculados a ocho grupos criminales involucrados principalmente en el tráfico de drogas, y ha realizado operativos para trasladar a unos 143 presos de alta peligrosidad a centros federales de máxima seguridad. (Mario Maldonado, El Universal, Cartera, p.19)

Duda razonable / Las promesas olvidadas de Olga Sánchez Cordero

Frente a la consulta del próximo primero de agosto y su confusa pregunta, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, justicia transicional y de víctimas en el país han pedido que se aproveche para cumplir la promesa nunca cumplida de Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación, en tiempos de campaña y transición.

Fue pródiga en promesas y argumentos durante giras y encuentros con víctimas. Pero lo argumentó con mucha claridad en un texto publicado en estas páginas en el año 2018 que se tituló: “¡Ya basta! Justicia transicional”.

Cito: “Quienes cuestionan la posibilidad de una justicia transicional en México ponen en duda que nos encontremos en un conflicto, que necesitemos nuevas instituciones de justicia para enfrentar la realidad, que el origen de la violencia no se adapte a otros modelos de justicia transicional, que los hechos a analizar aún no terminen. Lo que nadie puede negar con datos sólidos es que, al menos en los últimos 11 años, el Estado mexicano ha sido incapaz de frenar la violencia y de responder adecuadamente a la dolorosa realidad que vivimos. Dejemos de simular que en este país no pasa nada. (…) No existe un modelo único de justicia transicional, lo que sí existen son pilares que deben estar presentes en cualquier modelo: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. ¿Dónde están las personas desaparecidas? ¿Por qué esfumar a un pueblo entero? ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué la inactividad estatal?”

Para avanzar hacia la paz, es necesario no solo fortalecer el sistema de administración de justicia —con especial énfasis en fiscalías independientes—, sino también pensar en amnistía de conductas que no constituyan graves violaciones a los derechos humanos. Además, no podemos descartar la posibilidad de reducir las penas —no amnistiar— en otros delitos que, no siendo amnistiables desde el derecho internacional, el beneficio de la reducción de la pena sirva para conocer la verdad, es decir, condicionando la reducción de penas a información verídica y comprobada que conduzca, por ejemplo, a saber el paradero de las personas desaparecidas, a conocer a los responsables y a acercar a las víctimas y a la sociedad a un punto de reconciliación en el marco de la verdad, la justicia y la reparación”.

Terminaba: “Tenemos la responsabilidad histórica de abrir la discusión y de hacer algo diferente”. ¿Y luego, secretaria? (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p.2)

En Privado / No es juicio, es reivindicación electoral

El domingo 1 de agosto se levantará la consulta popular que originalmente planteó el presidente López Obrador para juzgar, o no, a cinco de sus antecesores, que la Corte amplió a los actores políticos, que son todos: los del pasado, pero también los del presente.

La promoción oficial es para lograr el voto de 40 por ciento de los electores registrados en el padrón, unos 37 millones de ciudadanos, y que el resultado de la consulta sea vinculatorio. Así, pues, no se trata de promover el sí o el no, pues mayoritariamente los que participen irán por el sí, sino de la participación

Pero lo que en el fondo busca el Presidente, más que la afirmativa, que da y doy por descontada, es la reivindicación electoral de Morena, y suya, tras el descalabro del 6 de junio en Ciudad de México, donde por primera vez perdió nueve de 16 alcaldías, lo que sin duda fue una derrota para líder y partido.

Por eso la intensidad de la promoción en la mañanera y con las brigadas del gobierno de Ciudad de México, siendo Claudia Sheinbaum la más interesada en revertir aquel revés capitalino.

Morena logró 34.09 por ciento de los votos a nivel nacional que no le alcanzan para el mínimo constitucional. Tendría que sumar los de sus aliados, PT (3.24 por ciento) y Verde (5.43 por ciento), y que los tres mantuvieran sus cifras para rebasar el mínimo.

Pero la campaña oficial, más que para superar ese mínimo constitucional, es para rebasar su máximo electoral.

Y por eso están todos.

RETALES

IMPARABLE. El incremento de contagios por covid sigue imparable. Ayer fueron 16 mil 244 casos, a niveles del 30 de enero. A esto hay que sumar los casos activos de ayer, cerca de 100 mil, el peor nivel desde el 31 de enero, y las tasas de hospitalización que alcanzaron su máximo desde el 27 de marzo;
PEOR. Ayer se rebasó, también, la línea de los 400 muertos, 419, la mayor desde el 27 de mayo y agrego: entre el 5 de junio y el 18 de julio, el rango de decesos estuvo entre 148 y 198, hoy el promedio saltó a 269. Al menos en 13 entidades se ha disparado el nivel de hospitalizaciones, la ocupación en CdMx está a 63 por ciento, el INER y el ABC están saturados. Esta oleada sigue incontenible, no veo que la estrategia sanitaria responda a esta nueva realidad y Hugo López-Gatell, ausente; y
CULPAS. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dio dos versiones del caos del miércoles por la mañana y en ambas culpó a la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos de la falla en sus sistemas que afectaron la comunicación de las computadoras aquí, lo que Washington desmintió diciendo que si ese hubiera sido el caso, la caída del sistema hubiera afectado a otros muchos aeropuertos, pero solo fue el de la Ciudad de México, así que la falla, que negaron, fue aquí. (Joaquín López-Dóriga, Milenio, Al Frente, p.3)

El Asalto a la Razón / La inutilidad de Pegasus

Excepto contra probables delincuentes (incluido su entorno familiar y relaciones amistosas o de negocio con eventuales cómplices) y desde luego con la autorización de un juez, la intercepción de comunicaciones telefónicas privadas es un delito que debe perseguirse y castigarse porque atenta contra la privacidad de las personas.

Se trata de una vieja práctica morbosa que, de no ser para chantajear a víctimas temerosas de que se revelen vergonzosas intimidades, resulta sobre todo, además de inútil, un ejercicio idiota.

¿A quién de los espiados mediante el software Pegasus le pudo alguien alterar su existencia y destino si el gallo más alambreado, Andrés Manuel López Obrador, alcanzó (y con holgura) la Presidencia de la República? ¿Su “adversario” Claudio X. González perdió acaso su condición de próspero empresario? En su caracterización de Brozo, ¿Víctor Trujillo dejó de hacer befa y mofa de los poderosos de ayer y hoy? ¿Algún periodista ha dejado de trabajar como se le da la gana?

Indigna y desagrada saber (o suponer) que “un mundo nos vigila”, pero el teléfono es un instrumento vulnerable y tan fácil de “pinchar” que hasta en los mercados callejeros pueden adquirirse artilugios piratas para husmear en la vida de quien sea, como se pueden conseguir uniformes y armas de tan buena o mejor calidad que las de soldados, policías y guardias nacionales.

Guillermo Valdés dirigió el extinto Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional y, en su Doble mirada de MILENIO, bajo el título El espionaje que viene, publicó este miércoles valiosas reflexiones sobre el tema desatado por los nuevos datos del uso de Pegasus. Conocedor como pocos, advierte que el subrepticio recurso “es una fuente para generar inteligencia, no la única, pero indispensable para la seguridad nacional”, cuyo riesgoso manejo tiene una “única manera de resolverlo a través de la intervención de un Poder ajeno al órgano de inteligencia (el Ejecutivo), el Judicial, que valore si realmente se trata de una causa justificada”. Otro Poder con responsabilidad en el asunto es el Legislativo, pero el de México manifiesta un desinterés tal que ha sido incapaz de promover “medidas al respecto y no esperar que el Ejecutivo lance una iniciativa de ley…”.

Así como un secreto no se le confía a nadie, los equipos y programas de espionaje debieran ser distintos para cada una de las instituciones obligadas a tenerlos.

Pegasus, adquirido en 2014 por la desaparecida PGR, fue compartido con órganos militares y civiles y terminó, como las bases de datos de que se sirven los bancos y hasta las funerarias para ofrecer servicios, igual que los chismes que no solo corren por todo el barrio sino que son magnificados por la imaginación hasta que la intención y versión originales se vuelven incomprensibles.

En el caso del más prominente espiado y su familia, de los sobornos electorales a sus hermanos Pío y Martín se supo gracias a la traición del intermediario antes que por algún archivo “secreto” de los pinches “neoliberales…”. (Carlos Marín, Milenio, Política, p.7)

Coordenadas / Tenemos en puerta una nueva crisis sanitaria

Hay ocasiones en las que daría mucho gusto estar equivocado y ser desmentido por la realidad de manera contundente.

Hay ocasiones en las que duele estar en lo correcto porque al margen de que se validen las afirmaciones hechas, uno sabe que la sociedad, y a veces incluso quienes nos rodean, pueden padecer.

Es el caso de lo que está sucediendo con la pandemia.

Quisiera dejar de escribir de este tema. Pero, los hechos están demostrando que es necesario no quitar el dedo del renglón para tratar de llamar la atención en aquello que la autoridad –a veces piensa uno– quisiera que no viéramos.

Escribía en este espacio el lunes pasado:

“Si ese ritmo de contagio que tuvimos en México en la última semana se mantuviera, al término de julio tendríamos una situación semejante a la de los peores momentos de enero en cuanto a número de contagios”.

Ayer se dio a conocer que el número de nuevos casos fue de 16 mil 244. Se trata de un incremento de 26 por ciento respecto a los registrados hace una semana.

En el peor día de la crisis que tuvimos en el mes de enero se registraron 22 mil 339. Al ritmo actual, vamos a rebasar esa cifra en dos semanas.

Debo decir, sin embargo, que no creía que el número de fallecidos fuera a crecer como está ocurriendo.

El registro de ayer fue de 419. En este caso, el incremento es de 80 por ciento. En dos semanas, al ritmo actual, estaríamos arriba de 1 mil 350 muertos cada día y de nueva cuenta nos estaríamos acercando a los niveles del mes de enero.

Como entonces, ya se observa que los hospitales más demandados para atender covid, ya están saturados de nuevo.

El agravante es que se han reconvertido algunos de los que estaban habilitados para dar esta atención, de modo que tenemos el riesgo de que la saturación general llegue muy pronto.

Hasta hace poco, yo estaba convencido de que este repunte de contagios y fallecidos no habría de afectar de manera significativa a la actividad económica.

Parecía que una era la dinámica de los nuevos casos y otra diferente la de hospitalización y fallecimientos.

Las cifras nos dicen que no es así.

Tenemos una grave amenaza frente a nosotros.

Los datos del indicador de movilidad de Apple reflejan que a nivel nacional ya estamos 48 por ciento arriba del nivel de enero de 2020 en cuanto a transeúntes; 27 por ciento arriba en cuanto a tránsito vehicular y apenas 17 por ciento abajo en transporte público.

En la Ciudad de México estamos ligeramente abajo, pero por ejemplo, el tránsito vehicular, está apenas 16 por ciento por abajo del de enero de 2020 y es el más alto desde que comenzó la pandemia.

Lo más amenazante de todo es la terquedad del presidente López Obrador y del subsecretario López-Gatell que insisten en el regreso a clases presenciales en poco más de un mes, y las disposiciones para que la burocracia se reintegre ya a sus oficinas.

Estamos ante el riesgo de que la segunda ola, la peor hasta ahora, quede rebasada para los últimos días de agosto, y tengamos una gran crisis hospitalaria.

En esas condiciones, la economía nuevamente frenaría de manera brusca.

Tomo el riesgo de cansar al lector con este tema, pero no puedo dejar de insistir en que hay formas de coexistir con el virus sin tener que confinarnos de nuevo.

El problema es que la medida primaria y esencial es el uso del cubrebocas.

Y, por el ejemplo presidencial y de otros funcionarios, mucha gente ha dejado de usarlo.

Es probable que haya que hacer un sacrificio en la economía introduciendo nuevas restricciones en aforos, horarios, eventos masivos, protocolos en lugares cerrados, etc.

El tema es que si no se toman medidas ahora, podemos tener frente a nosotros otra crisis sanitaria que a la larga nos cueste mucho más. (Enrique Quintana, El Financiero, La 2, p.2)

Estrictamente Personal / Juegos peligrosos

La información sobre el espionaje en México ha sido abundante esta semana, aunque ni así se ha actuado con la seriedad que se requiere. Este miércoles Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, mencionó diferentes programas de seguridad que, bajo el paraguas del mal uso de Pegasus, diseñado para combatir a criminales y terroristas, aunque también sirvió para espionaje político –dejó entrever la posibilidad de que durante los dos últimos gobiernos–, hubieran servido para lavar dinero. O sea, lo mismo de siempre. Sólo importa la narrativa del combate a la corrupción, no investigar la violación de derechos humanos y el abuso de poder.

Los detalles que dio Nieto alimentan la retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, pero no son novedosos, pues la prensa lleva años revelando mucho del contenido que presentó. Lo más importante de lo que dijo, sin embargo, fue lo que no dijo, de acuerdo con funcionarios federales con conocimiento de los programas a los que se refirió, y a los que ni siquiera mencionó.

Nieto reiteró que durante el gobierno de Peña Nieto la Procuraduría General de la República adquirió el programa Pegasus en 32 millones de dólares. Sin embargo, funcionarios en las áreas de seguridad recuerdan que el primer programa Pegasus vendido por la empresa israelí NSO Group lo adquirió en 2011 la Secretaría de la Defensa. Uno más, también dentro del gobierno de Peña Nieto, fue comprado por el Cisen. Es decir, no fue uno, sino tres programas Pegasus los adquiridos, por 32 millones de dólares cada uno. Entre lo que soslayó Nieto está que cada teléfono intervenido tenía un costo de 10 mil dólares mensuales.

El gobierno asegura que ya no hay programas para espiar. En realidad, ninguna empresa vende programas para “espiar”. Son programas diseñados para la seguridad, interna y externa, integrados al sistema de contrainteligencia –que realizan todos los gobiernos–, aunque en algunas ocasiones se ha abusado de ellos para dañar políticamente a adversarios, al filtrar audios y videos de figuras públicas en situaciones incómodas, ilegítimas, ilegales o difícil o imposible de explicar públicamente.

El presidente López Obrador no quiere abrir una investigación sobre el espionaje –el Congreso, que estaría obligado a hacerlo porque sus representados fueron afectados, menos–, lo que lo hace omiso en su responsabilidad y pudiera ser, si se aplicara la ley, responsable por omisión. Lo que quiere el Presidente, y para eso puso a Nieto a hablar, es dar vuelo a las acusaciones de corrupción e inyectar combustible a su campaña electoral permanente. Es decir, no se acota el abuso, se persigue a adversarios.

Iniciar una investigación no parece convenirle al gobierno. Cuando menos, según fuentes gubernamentales, Pegasus sigue funcionando en el Centro Nacional de Inteligencia, sustituto del Cisen. En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como se ha denunciado, existe otro sistema de intervención telefónica que ayuda a establecer las redes de vínculos del usuario. Desde ahí, se reveló recientemente en la prensa, se intervinieron teléfonos celulares de periodistas. También investigaron a quienes protestaban por el tema del agua en la presa de La Boquilla en Chihuahua –de donde salieron acusaciones públicas e infundadas contra políticos–, y voltearon de cabeza a los líderes del movimiento anti-López Obrador, FRENAA, para encontrar cómo neutralizarlos.

López Obrador ha dicho que su gobierno no espía. Esta semana, sin embargo, el periódico madrileño El País reveló que la Fiscalía General compró en 2019 y 2020 cuatro programas para la geolocalización de celulares y análisis de metadata a la compañía mexicana Neolinx, intermediaria de la empresa italiana Hacking Team. No detalló qué programa adquirió, pero hace cinco años se publicó en este espacio que el Ejército, la Marina, la Policía Federal, el Cisen y 11 gobiernos estatales espiaron masivamente a mexicanos a través de Galileo, un programa de Hacking Team que intervenía dispositivos móviles, copiaba mensajes de texto, conversaciones en internet y Skype, y extraía los datos y el historial de las computadoras, audios e imágenes.

Para un gobierno que sólo ataca a sus antecesores con acusaciones de corrupción, iniciar una investigación para saber qué sucedió, como lo están haciendo en otras partes del mundo en el caso Pegasus, podría ser contraproducente, porque tendría que revisarse a sí mismo, y podría llevarse el Presidente alguna sorpresa. Por ejemplo, en la Secretaría de la Defensa, que tanto apoya, aunque no está claro si sigue operando ese programa, tiene otro sistema que llaman “El Pulpo”, que infecta los teléfonos celulares y permite encender sus cámaras y dar su geolocalización.

Sin embargo, uno pensaría que el gobierno está obligado a hacerlo. Difícilmente sucederá porque López Obrador tendría que admitir que su gobierno emplea programas para la seguridad como instrumento de contrainteligencia –otra vez, vulgarmente conocido como espionaje político–, que como en todo el mundo, permite a los gobiernos prevenir amenazas e ingobernabilidad. Él ha dado pruebas de que no entiende estos matices, pero en el caso de Pegasus enfrenta un problema que debe atender.

El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, dijo recientemente que estaba considerando una investigación del NSO Group para determinar si sabía que Pegasus estaba siendo utilizado para fines ajenos al contrato, que al necesitar el aval del ministerio para venderlo, el escándalo del espionaje global lo involucra. Gantz anticipó que revisarían si los gobiernos a quienes se les vendió respetaron los términos del contrato, que es lo que tendría que atajar López Obrador, antes de que le acarree problemas.

La relación entre los dos gobiernos pasa por un muy mal momento. Con 15 mil teléfonos celulares como objetivo de Pegasus, casi una tercera parte del total en el mundo, México estará en lo alto de la lista para revisar. Hará bien el gobierno en investigar presuntos actos de corrupción en otros contratos, pero hará mal al ignorar el espionaje de Pegasus porque Israel, eventualmente, podría colocarlo en una situación incómoda. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Opinión, p.44)

Desde la Cancha / El presidente ya tiró la toalla

Parecería exagerado decirlo, pero el presidente López Obrador ya tiro la toalla y está más preocupado por escribir su historia, que por gobernar el país. Nunca había pasado que un presidente adelantara el destape y se dedicara a escribir su historia a la mitad del sexenio, sabe que su 4T fracasó, por lo que lo único que le queda es tratar de explicar por qué se dio ese fracaso.

Hay en el país un vacío de poder y en las conferencias de todas las mañanas, el presidente sólo sigue viendo hacia atrás y culpando al pasado de su falta de resultados, en lugar de buscar el dialogo y los acuerdos para sacar al país adelante.

Es cierto que la pandemia dio al traste con su sexenio, pero el mal manejo de la crisis económica y la falta de apoyo al sector productivo hará que este sexenio sea peor que los 35 años del neoliberalismo.

Tiene razón en tratar de ignorar la realidad, en materia económica, creación de empleos y reducción de la pobreza, el sexenio está perdido; suponiendo que la economía crezca 3% en los próximos tres años, el crecimiento promedio durante el sexenio será menor a 1%, la creación de empleos no será superior al millón y habrá 10 millones más de pobres.

En el caso de la violencia sucede algo similar, no ha podido en estos tres años con su política de “abrazos, no balazos”, con sus programas sociales y la creación de la Guardia Nacional, combatir la delincuencia y actualmente enfrentamos niveles de violencia que no se veían hace tiempo. Los cárteles se han fortalecido y haga lo que haga en los próximos tres años, no podrá debilitarlos, sobre todo si sigue convencido que no hay que combatirlos, sino convencerlos de que se porten bien.

Ha dicho que para concluir la 4T le quedan sólo tres reformas constitucionales, la eléctrica, electoral y la adscripción al Ejército de la Guardia Nacional, sabe que ninguna de estas reformas va a pasar en el Congreso, pero para él, lo importante no es que se aprueben, sino que quede constancia de que trató.

En los tres años que quedan del sexenio va a asegurar que se terminen sus proyectos estratégicos, el aeropuerto, la refinería, el tren maya y del Istmo y a consolidar y ampliar sus programas sociales, para que la gente pobre se acuerde de él, sin importarle la crisis que va a provocar en las finanzas públicas.

López Obrador nunca va a reconocer sus errores y va a seguir hasta el final de su sexenio con el mismo discurso y con las mismas estrategias. Nunca va a aceptar que no bastan los programas sociales para reactivar la economía y reducir la pobreza y que la política de “abrazos y no balazos”, no da resultados para combatir la delincuencia organizada.

Por eso ya tiró la toalla y está dedicado a escribir sus memorias, porque no puede aceptar que ha estado equivocado toda su vida, sobre lo que había que hacer si llegaba a la Presidencia. (Demetrio Sodi, El Economista, Política, p.53)

Columnas de Opinión 230721

Templo Mayor

¡AH, CARAY! Cuando el priista Adrián Rubalcava denunció que su celular había sido hackeado, parecía tratarse de un hecho aislado. Pero ayer que dieron a conocer lo mismo el morenista Víctor Romo y el mandamás del Senado, Ricardo Monreal, la cosa ya se puso bastante extraña.

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“QUÍTESE el bozal”, le dijo Manuel Bartlett a un reportero en referencia al cubrebocas que llevaba puesto, durante la conferencia de la CFE. No saben cuidarse de la pandemia y dicen que van a salvar la soberanía nacional. No, pos’ sí.

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ALGO no cuadra en las cuentas del INE en la fiscalización de Samuel García y del Partido Verde. Y es que al gobernador electo de Nuevo León le están contabilizando los posteos de su esposa en redes sociales en 40 mil pesos la foto y en 20 mil pesos las stories en Instagram.

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POR CIERTO que en la sesión del INE, se volvió a poner en duda el triunfo de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí. Fue devuelto el expediente a la Unidad de Fiscalización para que revise e incluya otras tres quejas sobre el evidente, perdón, supuesto rebase en el tope de gastos de campaña. Y dado que ganó por menos de 5 por ciento, en una de esas se podría anular la elección. El pollito verde debe estar temblando y no de frío, pío, pío, pío. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)