23 de noviembre de 2024

LA POLÍTICA HOY

Columnas Políticas del sábado 26 de junio de 2021

Templo Mayor

VAYA SALDO dejaron los últimos siete días en materia de matanzas, de esas que dicen en Palacio Nacional que ya no hay en México.

TODO COMENZÓ con 19 muertos en Reynosa, Tamaulipas, el sábado pasado; luego 6 en un penal de Villahermosa, Tabasco; 7 en Salvatierra, Guanajuato; 7 en Fresnillo, Zacatecas, y ahora 18 en Valparaíso, también en tierras zacatecanas, para un total de 57.

TAL PARECE que el crimen organizado, que a decir de Andrés Manuel López Obrador se “portó bien” durante las elecciones, ya levantó la “tregua”. ¿Y ahora, qué sigue?

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UY, UY, UY… ya se supo que el ex coordinador de superdelegados federales, Gabriel García, no fue bien recibido por la gran mayoría de la bancada de Morena en el Senado.

CUENTAN que el ex funcionario no es bien visto por sus compañeros, pues dicen que desde 2018 se portó tan divo e inalcanzable que ni siquiera les tomaba las llamadas.

DE AHÍ que muchos se preguntan con quién irá a hacer equipo, pues el único que lo recibió con gusto fue Martí Batres, quien se convirtió en un marginado legislativo tras las diferencias con el coordinador morenista, Ricardo Monreal. De hecho, hay quienes dicen que juntos podrían conformar su propio “grupo pariamentario”… ¡qué llevados!

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QUIEN ni sufre ni se acongoja es Emilio Zebadúa, uno de los protagonistas de “La Estafa Maestra” cuando fue oficial mayor de Rosario Robles en Sedesol y Sedatu.

A PESAR de las acusaciones por el desvío de hasta 5 mil millones de pesos de dinero público, como aprovechó el “criterio de oportunidad” que le ofreció la FGR, se da el lujo de pasearse por Santa Fe, en donde lo vieron tomándose un cafecito el jueves muuuy quitado de la pena.

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EL GOLPE que significó la detención de la poderosa lideresa de ambulantes de la CDMX Alejandra Barrios se le podría revertir a la administración de Claudia Sheinbaum y a la Fiscalía capitalina, que comanda Ernestina Godoy.

Y ES QUE, al tener 78 años de edad y por tener mala salud, se da por hecho que llevará el proceso en su domicilio o en un centro de cuidados geriátricos, por lo que podría salir de la cárcel de Santa Martha en unos cuantos días.

¿TANTO FUE el coraje provocado por la derrota electoral en la alcaldía Cuauhtémoc, donde Barrios apoyó a la alianza PAN-PRI-PRD en vez de a la morenista Dolores Padierna, que quienes decidieron ir justo ahora contra la lideresa no se fijaron en ese “detalle” legal? Es pregunta sin revanchas. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)

Bajo Reserva

¿El Ejército le cuida la espalda a Morena?

El Ejército mexicano ha sido un orgullo nacional porque, a diferencia de muchos ejércitos latinoamericanos, se había mantenido alejado de la política desde la conclusión de la Revolución Mexicana. Gracias a su institucionalidad, aquí no ha habido golpes de Estado en casi 100 años. Por eso es tan preocupante que el jueves pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional diera indicios de preferencia partidista a la hora de remover un logo de Morena de una fotografía que subió a sus redes sociales en la que se mostraba el decomiso de un camión cargado de droga. La institución, se supone, es apartidista y no basa sus acciones en la preocupación de afectar o no la imagen de un partido político. Hace un mes, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, dijo: “Parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”, secundando las críticas de Andrés Manuel López Obrador hacia los fallos de jueces que afectan a su gobierno. Ahora es la institución a cargo del general Luis Cresencio Sandoval, la que aparece más cercana al interés de un grupo político. ¿Así de fácil se rompe la institucionalidad cultivada por décadas? ¿Unos cuantos negocios públicos son suficientes para cambiar una tradición centenaria?

El partido oficial sigue en elecciones

En donde alistan armas, pero comunicativas, es en Morena, pues este domingo arrancan oficialmente las acciones para promover la consulta popular. No importa que la ley diga que el único encargado de la difusión de ésta debe ser el Instituto Nacional Electoral, y la campaña debe empezar el 15 de julio próximo (además de que en esto no deberían ser partícipes los partidos políticos). Para el partido oficial, este domingo inicia un nuevo proceso electoral, pues considera que una victoria del “sí” en la consulta, sería un impulso al partido en esta época de vacas flacas políticas. Alguna victoria hay que cosechar, ante la realidad económica y de seguridad del país.

Muñoz Ledo, a Europa

Ya vacunado y con muchas ganas, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), realizará una gira de dos semanas por Europa, en específico por España y Portugal donde atenderá invitaciones de distintas instituciones académicas, públicas y parlamentarias. Nos adelantan que en Madrid, Muñoz Ledo ofrecerá una conferencia en la Fundación Ortega y Gasset y tendrá intercambios en el Centro de Estudios Constitucionales en la Cámara de Diputados y el Senado; además se reunirá con dirigentes de la izquierda española y excomisionados en la Unión Europea. Ya en Portugal, el legislador morenista será huésped de la Fundación Mario Soares, donde dará una plática sobre la transición democrática mexicana y sostendrá intercambios con intelectuales, dirigentes políticos y parlamentarios interesados en la situación política mexicana. El mundo no se acaba sin una diputación.

¿Revuelta guinda?

Nos cuentan que en el Senado de la República se empezaron a agitar las aguas con el retornó de Gabriel García, coordinador de los llamados “súperdelegados” del gobierno federal en los estados. Quien salió a cerrar filas con Ricardo Monreal fue el senador michoacano Germán Martínez quien dijo que el actual coordinador de Morena “es imprescindible, es necesario, y no se puede sustituir tan fácilmente y sin costos”. El miedo no anda en burro, dicen en la Cámara Alta, pues los rumores de un intento de cambio en la coordinación, ordenado en Palacio Nacional, hacen que en el recinto legislativo se preparen los grupos para una batalla. (El Universal, La Dos, p.2)

Trascendió

Que después de dos abstenciones, ante las organizaciones de Estados Americanos y de Naciones Unidas, y el llamado a consultas de su embajador en Managua, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió de forma directa al tema de la crisis en Nicaragua con una demanda al gobierno de Daniel Ortega para poner fin a la “represión” y al “encarcelamiento de opositores”, entre los que figuran cinco candidatos a sucederlo, después de días de reclamo de varias voces que exigían a México una posición clara.

Que el autollamado “bloque de contención” en el Senado guardó silencio luego de que el ministro Alberto Pérez Dayán desechó la acción de inconstitucionalidad presentada por la oposición contra la reforma a la Ley de Hidrocarburos, porque no contenía las firmas originales. Solo alzó la voz el panista Damián Zepeda, quien dijo que “son fregaderas” que la Suprema Corte la rechazara por esa razón, por lo que exigió que se aclare qué fue lo que sucedió.

Que este fin de semana Porfirio Muñoz Ledo, ex presidente de la Cámara de Diputados, comenzará una gira de dos semanas por España y Portugal, donde atenderá invitaciones de distintas instituciones académicas, políticas y parlamentarias. En Madrid ofrecerá una conferencia en la Fundación Ortega y Gasset y tendrá intercambios en el Centro de Estudios Constitucionales del Congreso, además de reuniones con dirigentes de la izquierda y ex comisionados en la Unión Europea. En Portugal será huésped de la Fundación Mário Soares, donde dará una plática sobre la transición democrática mexicana y conversará con intelectuales y líderes partidistas. (Milenio, Al Frente, p.2)

Rozones

Deferencias y cariños presidenciales

Así que el Presidente tuvo ayer dos deferencias relevantes durante la evaluación de programas sociales que encabezó en Baja California. Del gobernador Jaime Bonilla —quien previamente había exaltado el lopezobradorismo de la entidad, gracias al cual Morena se llevó carro completo en la más reciente elección— dijo: “Ya ustedes saben que le tengo un afecto especial. Es mi amigo Jaime Bonilla, gobernador de Baja California. No soy nada objetivo cuando se trata de juzgar el trabajo de Jaime, porque es mi amigo. Entonces me abstengo. Nada más decir que estoy muy contento en Baja California”. Antes, AMLO había también aprovechado para hablar de un integrante del gabinete, al momento de señalar que el estado seguirá teniendo garantizada la seguridad: “Aquí recuerdo que es paisano de ustedes el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval González, es de Ensenada”. Ahí las muestras de los cariños y cercanías presidenciales.

  • CARLOS TORRES Y GABRIEL GARCÍA, LLEGADAS DISTINTAS

Por cierto que en Baja California tuvo su estreno Carlos Torres, quien ayer formalmente fue anunciado como sustituto de Gabriel García al frente de la coordinación de los famosos superdelegados de la 4T en los estados. El nuevo funcionario, que también seguirá siendo secretario técnico de la Oficina de la Presidencia, fue presentado en el acto de evaluación de programas sociales federales en Mexicali y ya con participación con micrófono dio cuenta de las cifras de beneficiarios, montos y proyectos, con el manejo de alguien que ya trae los temas al dedillo. En contraparte, a Gabriel García, quien vuelve al Senado, lo que le espera, nos dicen, es una labor cuesta arriba para figurar, pues si bien sí contará con el arropo institucional para efectuar sus tareas, ayer se comentaba que hasta para congeniar con sus propios correligionarios la tendrá difícil. Y es que están en la idea de aplicarle la misma que él cuando estaba en Palacio y lo buscaban: nunca les respondía el teléfono. Uf.

  • TELLO Y SU ZACATECAS ROJO

Esta semana se evidenciaron los focos rojos encendidos que dejará el gobernador priista de Zacatecas, Alejandro Tello. Y es que tan sólo en los primeros cinco meses de este año, los homicidios se dispararon en 75 por ciento, en contrasentido del desempeño de la tasa nacional en ese delito, que se redujo 2.9 por ciento. En extorsiones, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocan a la entidad con la mayor tasa por cada cien mil habitantes, además de que ocupa la sexta posición nacional en secuestros. Zacatecas termina la semana teñida de rojo, pues apenas ayer un enfrentamiento entre criminales dejó 18 muertos en Valparaíso y el miércoles se perpetró una agresión en Fresnillo con saldo de 7 personas muertas y aparecieron dos policías colgados de un puente. Nos comentan que la más reciente publicación del mandatario en redes es del 24 de junio y en ella aparece frente a su secretario de Finanzas con quien trabaja el cierre de su administración, aunque formalmente esto debe ocurrir dentro de tres meses.

  • GOBERNADOR HASTA EL ÚLTIMO DÍA

En contraste con la actitud de algunos gobernadores que parece que están contando los días para irse, el que anda apurado y muy ocupado en la entrega de obras es el guerrerense Héctor Astudillo, quien ayer acudió a los municipios de Marquelia y Ometepec, en la Costa Chica. Ahí, nos cuentan, entregó un edificio normativo para la preparatoria 5 de la Universidad Autónoma de Guerrero, pues la inversión en infraestructura educativa ha sido una de las más amplias en su gestión. También entregó acciones de vivienda, de electrificación y cisternas, en actos en los que estuvo acompañado por el diputado electo Rafael Navarrete. “Llegué a ser gobernador en un momento muy difícil de Guerrero. Y espero terminar hasta el último día de ser gobernador, y responder y atender al pueblo como se merece, con atención, con respeto y con educación”, señaló Astudillo. Qué diferencia, ¿no? (La Razón, La Dos, p.2)

Frentes Políticos

Calma necesaria. Los mexicanos soportan estoicamente el encierro y se apegan a las reglas de sanidad que ha impuesto el estado de emergencia por covid-19. ¿Por qué, entonces, aflojar el paso? Se han visto calles y comercios llenos y eso ha provocado un ligero incremento tanto en contagios como en hospitalizaciones en la CDMX. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalino, aseveró que esto no representa la presencia de una tercera ola de la pandemia. Indicó que el aumento, que se presenta principalmente entre personas menores de 50 años, se debe a que son un grupo etario que aún no está vacunado o no cuenta con un esquema de vacunación completo. No falta mucho. Quédate en casa.

Tómenle la palabra. La vicepresidenta de EU, Kamala Harris, visitó por primera vez la frontera con México en El Paso, Texas, e insistió en abordar las “causas fundamentales” de la migración. Recorrió instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza y, tras mantener un breve encuentro con tres menores de edad del centro, pidió que cuando se trate sobre la migración no se pierda de vista el hecho de que se habla de seres humanos. Harris evitó repetir el duro mensaje de “no vengan”. EU tiene intención de resolver el flujo migratorio, nada mal estaría ponerle solución conjunta al tema. Este capítulo debe ser cerrado por la Cancillería mexicana y toda autoridad involucrada. O la migración seguirá lacerando naciones.

Transparencia inaudita. Sin duda, uno de los errores que más lamentará la 4T es haber subido a su barco a Florencia Serranía, quien pasará a la historia por su frase de “sólo soy la directora del Metro”, después de un accidente en dicho sistema de transporte. Ella es la gran ausente de la tragedia de la Línea 12. Ante esto, será la próxima semana cuando se conozca el destino de la directora del Sistema de Transporte Colectivo. Sin abundar en el tema, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que habrá movimientos en el Metro, pero se darán a conocer en su momento. El Metro de la CDMX no merece lo que le está pasando. Porque hasta entre funcionarios-floreros hay niveles.

Apoyo total. El presidente López Obrador anunció que se utilizará el presupuesto de los estados para financiar la expansión de los programas de Bienestar de la 4T. En gira de tres días por Baja California informó que, de entrada, busca ampliar el número de beneficiarios en la entrega de apoyos para niños con discapacidad. “Estoy hablando con los nuevos gobernadores, mujeres y hombres que van a gobernar ahora con los cambios en los estados. Nada más que lo vamos a hacer al alimón, es decir, vamos a ponernos de acuerdo para que el 50% adicional lo aporte el Estado y el otro 50 por ciento lo aporte la Federación”. Si resolver es lo suyo, ¿por qué tantos de sus colaboradores no le siguen el paso?

Mira alta. Tras la reunión entre el gobernador electo de Zacatecas, David Monreal Ávila, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el próximo mandatario pidió que, ante el aumento de la inseguridad, sea enviada la Guardia Nacional. Monreal se comprometió a armonizar la política pública estatal con la del ámbito nacional y a trabajar en coordinación con el gobierno federal para alcanzar el bienestar y recuperar la paz social que merecen las familias zacatecanas. Coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación en áreas fundamentales para el estado, entre ellas la seguridad, la inversión económica y el desarrollo de infraestructura carretera, entre otras. El desarrollo llegó. Al menos en los planes. (Excélsior, Opinión, p.9)

Arsenal / Respuesta a Gallardo

A las 4:25 de la tarde me enteré de la carta aclaratoria enviada por el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, al periódico Excélsior. Alude a un extracto de esta columna que se refiere a él como un personaje “cuyos delitos no han sido sancionados”. Fue publicada ayer en este espacio bajo el título de La soledad de Silvano.

Gallardo está en su derecho de réplica, como yo en el mío de contrarréplica. El remitente rechaza categóricamente el contenido de una “supuesta carta” que el Frente Ciudadano Anticorrupción envió al Presidente de la República.

Le aclaro que la carta no es “supuesta”. Es real. Incluye más de 100 firmas. Suscriben personas de carne y hueso, que respaldan con su nombre el contenido de la misma.

En la misiva no sólo hablan de una elección de gobernador en San Luis Potosí plagada de irregularidades —como el rebase de topes de campaña—, sino que también consideran debería ser anulada. Pero además señalan: “Investigaciones en curso —y algunas concluidas— a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República han documentado ampliamente los ilícitos en que ha incurrido Ricardo Gallardo Cardona”.

Le seguimos la huella a la afirmación que hace el señor Gallardo en su desmentido, en el sentido de que, el pasado 27 de mayo,  la UIF dijo que no está entre las personas  “bloqueadas”. Corroboramos, efectivamente, que hay un documento confidencial en ese sentido que el propio Gallardo dio a conocer, según el periódico Milenio.

El documento dice: “No existe registro en base de datos de esta Unidad, respecto a que el peticionario se encuentre incorporado en la lista de personas bloqueadas a que refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito”.

Pero que no esté “bloqueado” no quiere decir que no exista —o no haya existido— una investigación en su contra. Mucho menos que esté exonerado. La carta tiene como responsable de la publicación a Manuel Nava Calvillo, tío de Xavier Nava, al que Gallardo llama “alcalde saliente y frustrado aspirante del PAN a la candidatura para el gobierno estatal”. Pero el parentesco no le quita su derecho a protestar, como a Gallardo de ejercer la réplica. Sobra decir que no es el único firmante. La carta está acompañada por más de 100 firmas. No es un documento anónimo o protegido por el famoso off the record (fuera de grabadora.) Trae nombres y apellidos.

Dice usted que me dejé engañar por “fuentes equivocadas que perdieron el control político de la entidad”.  En todo caso, el intento de engaño sería para el destinatario de la carta: el Presidente de la República.

*“A los tartufos difamadores hay que cerrarles el paso”, dijo el abogado panista Diego Fernández de Cevallos al dar a conocer el escrito que presentó ayer ante la FGR.

En ese documento, dirigido al fiscal Alejandro Gertz Manero, El Jefe Diego solicita fecha de ratificación de la denuncia que presentó, para que se investiguen las imputaciones de “traición a la patria” que le hizo, desde Palacio, el presidente López Obrador. (Francisco Garfias, Excélsior, Opinión, p.4)

México SA

Deuda asfixia a municipios // Sus finanzas, paupérrimas // Barril cierra en 70.2 dólares

Una deuda pública cercana a 43 mil millones de pesos asfixia a las de por sí paupérrimas finanzas de la mayoría de los municipios del país, sin olvidar que alrededor de 75 por ciento de ellos (mil 843 de un total de 2 mil 457) reporta un índice de pobreza que afecta entre 50 y 100 por ciento de sus respectivos habitantes (información del Coneval, 2015), es decir, a mayor débito, mayor pobreza, porque los recursos obtenidos por medio de la contratación de empréstitos ni lejanamente han sido utilizados para el beneficio económico ni social de la población.

Si se considera el débito de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) cada mexicano, incluidos los recién nacidos, adeuda alrededor de 100 mil pesos, 10 veces más que al inicio del presente siglo. Desde finales de 2018 el gobierno de la República no ha contratado más débito, pero las administraciones estatales han dado rienda suelta a esa práctica. ¿Y los municipios?

Días atrás en este espacio se dio cuenta de la deuda de los estados: de 2006 a 2020, el saldo del débito conjunto de las 32 entidades pasó de poco más de 160 mil millones a 637 mil millones de pesos, casi 400 por ciento de aumento en el periodo. Sin embargo, ello no ha detenido esa práctica y muchos mandatarios insisten por esa ruta. Total, el dinero no es de ellos.

Pues bien, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados informa sobre el mismo tema, pero a nivel municipal y el resultado de su análisis es el siguiente: el monto total de la deuda municipal en todo el país presenta, en general, una tendencia creciente desde el primer trimestre de 2011 hasta el tercer trimestre de 2017, momento en el que alcanza su máximo punto de 51 mil 673 millones de pesos. Luego, presenta una tendencia a la baja, reportando, del primer trimestre de 2020 a igual periodo de 2021, una disminución de 44 mil 63 a 42 mil 601 millones de pesos. (Carlos Fernández-Vega, La Jornada, Economía, p.20)

Las pensiones desde el Banco de México

Apesar de la sólida evidencia sobre el tibio ajuste pensionario al Apartado A que operó el decreto AMLO-Noriega Curtis del 20 de diciembre 2020 –que sólo patea el bote al próximo sexenio 2024/30– Gerardo Esquivel, subgobernador de Banco de México (Banxico), se atreve a festinarlo interesadamente como una reforma que, evidentemente, no es.

Muy convencido, arropándose en recientes informes del Infonavit y Banxico, el 5 de marzo 2021, comunicó que ellos confirman los resultados más importantes de su bautizada reforma. ¿Cuáles? Reducción del número de semanas necesarias para acceder a una pensión: de mil 250 a 750, aunque aumentarán gradualmente a mil. Cambio en el diseño de la pensión mínima garantizada, que aumenta con el salario y las semanas cotizadas. También se modifica el aumento gradual en las contribuciones obligatorias a 15 por ciento del salario base de cotización. Él provendrá de una mayor aportación patronal y de la redistribución de la contribución del gobierno.

Para Esquivel todo es miel sobre hojuelas: sin su bautizada reforma, sostiene, el trabajador no habría obtenido pensión bajo el régimen anterior”. Su ánimo festinante –casi de porrista oficial– y su falta de entendimiento técnico del asunto le impide ver que el tibio ajuste del decreto AMLO- Noriega Curtis es más de lo mismo, pero más caro. Mal síntoma en un porrista que habla como subgobernador.

En realidad, el decreto es una salida de emergencia para posponer momentáneamente la explosión del Sistema de Ahorro para el Retiro, privatizado por Ernesto Zedillo en 1997, imponiéndose la inviable capitalización individual como vía única para pagar pensiones. (Gustavo Leal F.*, La Jornada, Opinión,p.16)

El tirano de Managua

Era febrero de 1990 y el Frente Sandinista de Liberación Nacional acababa de perder las elecciones presidenciales frente a Violeta Barrios de Chamorro, viuda del legendario periodista Pedro Joaquín Chamorro. “Yo fui testigo de ese llanto de Daniel Ortega y de que mi mamá le dice: ‘Ay, muchachito, no te preocupés que vamos a salir adelante y todo se va a solucionar”, me contó Cristiana Chamorro, hija de doña Violeta. “Sí, yo lo vi. Él (Ortega) llegó con mi hermano Carlos Fernando a la casa de mi mamá y mi mamá lo abrazó”.

Ahora, 31 años después, Ortega está haciendo todo lo posible para no volver a llorar.

Él fue miembro de la Junta Sandinista que reemplazó al brutal dictador Anastasio Somoza luego de la revolución en 1979 y fue elegido Presidente en 1984. Estuvo cinco años al frente del país y luego regresó a la Presidencia en el 2007. Pero a partir de ahí concentró casi todo el poder, cambió la Constitución para reelegirse de manera indefinida y finalmente perdió su legitimidad “por la brutal represión de manifestantes por parte de la Policía Nacional” durante las protestas antigubernamentales del 2018 que dejaron más de 300 muertos y 2,000 heridos, según Human Rights Watch.

Así es como Ortega se convirtió en el tirano de Managua.

No contento con 20 años en la Presidencia, Ortega quiere cinco más. Y por eso, a solo cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre, ha detenido a casi una veintena de opositores, incluyendo a cinco candidatos presidenciales.

Una de las aspirantes presidenciales detenidas es Cristiana Chamorro. Y pude conversar con ella poco antes de su arresto domiciliario a principios de junio. “Ortega le tiene terror a esta mujer que le ha dicho sí a Nicaragua”, me dijo en la entrevista vía Zoom desde su casa. “Él está atemorizado porque hay posibilidades de que, con unidad alrededor de Cristiana, de ganarle en estas elecciones”.

Ella fue acusada formalmente de “inconsistencias financieras” en los montos recibidos por la fundación que lleva el nombre de su madre. Pero Cristiana asegura que “es un invento: lo que hay detrás es un juicio político donde quieren inhibirme”. Desde esta última entrevista y tras su arresto en su casa no he podido comunicarme con ella.

Es injustificable e incomprensible el silencio cómplice del gobierno de México ante los recientes arrestos y abusos en Nicaragua. El presidente López Obrador señaló ayer que “se deben de garantizar las libertades y que no debe haber represión en ninguna parte”, pero no se atreve a hacer una crítica directa a las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Se ven las costuras y los prejuicios. La defensa de los derechos humanos siempre prevalece sobre el principio de no intervención. No se vale pedir democracia para los mexicanos y no para los nicaragüenses.

Ortega, en realidad, nunca ha ocultado sus tendencias autoritarias. “Fidel (Castro) para mí no es ningún dictador”, me dijo en una entrevista en Managua en el 2006 cuando el líder cubano ya llevaba 47 años en el poder. “Yo me siento hermano de Gaddafi, de Chávez, de Fidel, de Lula, de Evo”. Las señales de alarma ya estaban todas ahí. Y cuando los nicaragüenses se dieron cuenta de que su frágil democracia estaba desapareciendo, ya fue demasiado tarde. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p.8)

Serpientes y Escaleras / La caída del “arcángel” Gabriel

Esta semana el gabinete del presidente López Obrador sufrió dos cambios importantes con la salida de Irma Eréndira Sandoval el lunes pasado y, tres días después, el jueves 24, la sorpresiva renuncia de Gabriel García Hernández. De los dos movimientos, el que más sacudió al Presidente y a la 4T fue sin duda el del Coordinador de Programas Federales de la Presidencia de la República; porque mientras la baja de Irma Eréndira ya estaba decidida desde hace un par de meses, por las traiciones que le achacaron en Guerrero, la caída de Gabriel fue una decisión dolorosa para López Obrador.

Si en las religiones consideradas “abrahámicas” como el judaísmo, el cristianismo y hasta el Islam, el nombre de Gabriel se le da a un arcángel que es considerado “el mensajero de Dios” para hablar con algunas personas, en el gobierno de López Obrador y en su proyecto político, García Hernández fue durante muchos años un auténtico “arcángel” que se encargaba de bajar y aterrizar a las bases sociales y a las distintas campañas presidenciales del político tabasqueño la operación lo mismo electoral que financiera y política. De ese tamaño era la cercanía y confianza que el hoy Presidente depositó por más de una década en el ahora excoordinador de sus Programas en los estados de la República y jefe de los 32 súper delegados y de los “Servidores de la Nación”, que son la estructura territorial y operativa de la llamada 4T.

La salida de Gabriel García Hernández del cargo y el despacho estratégico que ocupaba en Palacio Nacional se debió básicamente a dos temas: los resultados electorales negativos para Morena en el Valle de México, particularmente en la Ciudad de México y la entidad mexiquense, y las derrotas contundentes que sufrió el lopezobradorismo en las principales capitales y municipios urbanos. La molestia del Presidente con esos resultados ha sido tal, que no sólo lleva ya tres semanas hablando del tema y cuestionando a los votantes de la clase media que le dieron la espalda, sino que, en sus cavilaciones y dificultades para digerir esos resultados, el Presidente llegó a la sospecha de que “hubo mucha simulación” en el trabajo de sus operadores territoriales en estos comicios.

Porque la elección del 6 de junio tuvo dos lecturas muy concretas para la 4T: un avance mayúsculo a nivel de gubernaturas y congresos locales, pero un retroceso y derrota en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y en las grandes ciudades del país. Para explicar esa dualidad en las votaciones, los asesores del Presidente primero quisieron explicar que era “culpa del partido”, que Morena no existía en las grandes ciudades. Pero esa teoría se estrelló con una aceptación realista de que Morena solo es el membrete oficial para postular candidatos pero que “los pies y el cuerpo del proyecto son los programas sociales del gobierno federal”, y que donde no ganó el partido oficial fue porque esos pies no caminaron.

Por eso se llegó a la conclusión de que “hubo mucha simulación” en la operación de los programas sociales a cargo de Gabriel García Hernández y de las dos estructuras que controlaba: los 32 superdelegados federales en los estados y los “Servidores de la Nación”. El jueves 24 de junio hubo una reunión en Palacio Nacional con los 32 delegados estatales y ahí el Presidente les reclamó: “Están haciendo politiquería, que ya traían proyectos políticos personales, y que no estaban haciendo una adecuada promoción ni trabajo político en favor del movimiento”.

Según versiones de algunos de los asistentes a ese encuentro, ahí mismo les anunció que habría cambios y movimientos en la estructura de la Coordinación de Programas Federales. Y ese mismo jueves vino el primer cambio con la dimisión del coordinador Gabriel García y la confirmación de la remoción de Cristina Ruiz como delegada de la CDMX y en su lugar el nombramiento de Estefany González. Hoy se sabe que también  están en capilla los delegados federales del Estado de México, Nuevo León y San Luis Potosí, que serán removidos en los próximos días.

EL DESORDEN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES SIN PADRÓN

La derrota electoral de Morena en las grandes zonas urbanas fue la causa “superviniente” de la renuncia de Gabriel García. Porque antes ya había habido algunos antecedentes, por ejemplo, el tema de los cajeros del Bienestar, que era un proyecto prioritario para el Presidente, que se vio afectado y frenado por la incursión de empresarios como Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle, que fueron invitados por García Hernández.

Pero lo que más molestó al Presidente, fue que su hombre y operador de confianza nunca pudo concretar siquiera un padrón completo, confiable y auditable de beneficiarios de los programas sociales de su gobierno. Hubo también una buena cantidad de auditorías no solventadas a los programas presidenciales, que se reflejaron en irregularidades, desorden administrativo y hasta corrupción en algunos programas de apoyo social, de acuerdo con reportes de los Órganos Internos de Control, que dependen de la Secretaría de la Función Pública y cuyos titulares en varias dependencias federales ya se habían quejado de que los superdelegados no les daban información ni reportes para poder auditar el desempeño y la correcta aplicación de los apoyos sociales que entrega el gobierno federal.

Todo eso se fue acumulando y llegaron las elecciones y todo eso reventó: la derrota de Morena en CDMX, Valle de México y municipios urbanos importantes en toda la República. Se perdieron capitales estatales importantes que ya gobernaba el partido del Presidente. Eso se reflejó en la decisión del presidente de mandar a Gabriel, a pesar de la cercanía que le tiene, de regreso a ocupar su escaño en el Senado, para nombrar en su lugar a Carlos Torres, quien era hasta ahora su secretario Técnico y quien tiene el encargo directo de “ordenar, auditar y revisar” todos los programas y apoyos que entrega el gobierno de la 4T.

Así, el “arcángel” Gabriel cayó del pedestal en el que estuvo desde el inicio de este gobierno y fue expulsado del paraíso del Palacio Nacional cuando el Presidente se dio cuenta de que su mensajero, a quién le había confiado su ejército y estructura política y electoral en todo el territorio nacional le había fallado y se había dedicado no sólo a simular, sino que había sido incapaz de poner orden en los programas sociales federales que hoy le cuestan al gobierno y a todos los mexicanos 303,982.9 miles de millones de pesos. Y con toda esa inversión estratosférica y creciente, ni siquiera hay un padrón que nos diga a quién se le entregan esos recursos públicos. (Salvador García Soto, El Universal, Opinión, p.7)

La verdad sobre la consulta

La escritora Alma Delia Murillo tuiteó el año pasado que con Andrés Manuel se cristaliza la creación de un nuevo género literario: el presidencialismo mágico. Y un claro ejemplo de fantasía presidencial imponiéndose a la realidad es la consulta “sobre el juicio a expresidentes”, que de ninguna forma es una consulta sobre el juicio a expresidentes.

Es cierto, el presidente pidió esa pregunta, pero la Suprema Corte le dijo que no. El hecho de no habérsela negado lisa y llanamente es cuestionable, pero no quiere decir que el presidente se salió con la suya. La Corte concedió el ejercicio de consulta pública llenando la pregunta con palabras y frases del abogañol, pero en las mañaneras nada se está aclarando, sino distorsionando por completo. De hecho, la pregunta está más cerca de la que propusieron colectivos de víctimas para empujar los mecanismos extraordinarios de justicia que López Obrador prometió en la campaña y en la transición.

Tan no es la pregunta del presidente que él nombró a sus cinco antecesores y la Corte dijo “actores políticos”. Él señaló a los sexenios anteriores y la Corte dijo “años pasados”, incluidos, por supuesto, los de este gobierno. López Obrador propuso investigaciones y sanciones penales, pero la Corte abrió la puerta a comisiones de la verdad y ahí está quizás el punto de partida de lo ininteligible.

En países que buscan salir de sus conflictos y romper sus ciclos de atrocidades, las comisiones de la verdad ofrecen una forma distinta de explicar a una sociedad el pasado que la ha lastimado, mientras contribuyen en procesos judiciales e identifican reformas necesarias para evitar nuevas violaciones de derechos humanos.

Al fin de la guerra civil de Sierra Leona, se creó una Comisión de la Verdad y la Reconciliación “para afrontar la impunidad, romper el ciclo de violencia, proveer un espacio para que tanto las víctimas como los victimarios de violaciones de los derechos humanos cuenten su historia, y obtener una imagen clara del pasado que facilite una sanación y reconciliación auténticas”. ¿No nos urge esto en México? Pues la consulta abre la posibilidad.

La derrota del presidente en la Corte fue contundente. Él propuso un pacto de impunidad, pero la consulta del 1º de agosto plantea la posibilidad de empujar la justicia desde un lugar inédito y con alcances a este sexenio, sin reducir a cinco sujetos las responsabilidades políticas y penales de una cantidad de perpetradores y políticos tan grande como nuestras masacres. (Alfredo Lecona, Reforma, Opinión, p.10)

Política Irremediable /

¿Ex presidentes delincuentes? ¡Pues, a procesarlos ya!

De los últimos expresidentes no guardo el recuerdo de que fueran tan nefarios, miren ustedes. La crisis de 1994, sin embargo, es un punto negro en el historial de Salinas y Zedillo: la economía la habían dejado prendida con alfileres los alquimistas del primero, según parece, pero gente del segundo se los quitó al llegar. O, por lo menos, eso dicen algunos conocedores y la repartición de culpas resulta entonces bastante enredosa. En todo caso, mi impresión personal es que el repudiado Carlos Salinas de Gortari era un auténtico hombre de Estado y, más allá de las historias de corrupción, lo que le podríamos reprochar es no haber llegado más lejos en su empresa transformadora siendo que tuvo todo el poder en sus manos. ¿Entregó los “bienes de la nación” a sus amigos y valedores? Pues, Telmex —si es que de eso hablan sus acusadores— no era precisamente un patrimonio de los mexicanos sino una simple empresa telefónica. Proporcionaba un servicio malísimo, por cierto, sin comparación con las utilidades que ofrece ahora (pongo un paréntesis, para plantearles una pregunta a los infaltables quejicas: ¿no les parece fantástico que el pueblo bueno pueda hacer llamadas sin límite a los paisanos suyos que han emigrado a Estados Unidos contratando meramente un plan con cualquiera de las empresas que compiten en el mercado de las comunicaciones? En mis tiempos, telefonear al exterior era tan caro que contabas angustiosamente los segundos).

El supremo pecado que le endosan a Zedillo, a su vez, es haber transferido al Estado la colosal deuda de los bancos en quiebra. El famoso Fobaproa, o sea. Pues, con perdón, fue un esquema para que los cuentahabientes no perdieran sus ahorros y sus depósitos. ¿Hubo abusos y trapacerías? Sí, como siempre. Como los abusos y trapacerías que están teniendo lugar en estos mismos momentos bajo la égida de la 4T.

Llegó Fox y no tuvo ni lejanamente los tamaños para cambiar las cosas de fondo en este país. No aprovechó el enorme capital político con el que comenzó su mandato para acabar de tajo con el corporativismo y las prácticas clientelares, para combatir los sempiternos vicios del sistema y edificar un orden nuevo. Fue el sexenio de las esperanzas perdidas.

En lo que toca a “los muertos de Calderón”, fueron menos que los muertos de ahora. Y siempre expresó, con meridiana claridad, que no podía quedarse cruzado de brazos ante el creciente embate de las bandas criminales.

Me falta espacio para el tema de Enrique Peña pero, caramba, ¿a la cárcel los cinco? Pongamos que sí. El único problema, miren, es que habría que procesarlos primero. O sea, acusarlos, investigarlos, comprobar sus delitos y, al final, juzgarlos y dictarles las sentencias correspondientes. ¿No hubiera podido la justicia comenzar con todo eso sin necesidad de ninguna consulta popular? (Román Revueltas Retes, Milenio, Política, p.9)

Política Zoom / ‘Narcopartidos’, ‘narcogobiernos’ y ‘narcoestado’

Esta semana que cierra, la nota política más escandalosa la dio el gobernador saliente de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo. En diversas entrevistas afirmó que, de la mano de Morena, el crimen organizado volvería a gobernar en Michoacán.

Sus especulaciones fueron incluso más allá de la entidad que gobierna cuando aseveró que el triunfo de Morena en todo el corredor Pacífico —desde Guerrero hasta Baja California (a excepción de Jalisco)— se debió al crimen organizado.

Asegura contar con al menos 90 pruebas que habría ya presentado ante las autoridades electorales. Con ellas —dice— podría corroborarse que la delincuencia obligó a marcar las boletas a favor del partido del presidente López Obrador, en ciertos distritos electorales.

El mismo discurso de denuncia fue retomado por Jesús Zambrano, líder nacional del partido de la Revolución Democrática: “México va a una narcocracia, Morena es un narcopartido y vamos transitando hacia un narcoestado”.

Estas acusaciones son tremendas y por eso exigen el mayor rigor posible a la hora de corroborar la evidencia presuntamente presentada ante los órganos electorales.

Ante pregunta expresa de Carmen Aristegui, en su programa radiofónico del pasado jueves 24 de junio, sobre las pruebas en su poder, Aureoles precisó que él había acusado a los tramposos de delincuentes, pero no de tarugos.

Esta última afirmación pone en duda el conjunto de las declaraciones. O Aureoles cuenta con evidencia sobre sus dichos, o bien está calumniando sin otro propósito que justificar la derrota de su partido.

No sería la primera vez que, sin pruebas, en Michoacán se estigmatiza a los adversarios de la política como narcotraficantes. Cabe hacer memoria sobre el operativo fallido que, en mayo de 2009, emprendió el gobierno de Felipe Calderón para aprehender a 10 alcaldes de esa entidad, a un juez y a otros 17 funcionarios, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La mayoría de los acusados eran entonces militantes del PRD y alguna entre ellos, Citlali Fernández, era asesora del gobernador perredista Leonel Godoy.

En aquel entonces las personas acusadas advirtieron que aquella maniobra, conocida como el michoacanazo, tenía como intención verdadera golpear políticamente al gobierno perredista en Michoacán ya que el entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, y su familia, tenían aspiraciones electorales en la entidad.

Al final, este episodio terminó mal para el acusador. La evidencia presentada por la federación en contra de las y los presuntos funcionarios criminales se desmoronó y cada cual volvió a su puesto sin que hubiera siquiera mediado una disculpa.

La mentira política tarde que temprano estalla en las manos del mentiroso.

La liberación posterior de aquellos ediles no quiso decir, en modo alguno, que Michoacán estuviese apartado de la violencia y la ocupación criminal. Todo lo contrario, en esa zona se gestaron y operan empresas ilegales tan influyentes como La Familia Michoacana o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Casi ininterrumpidamente el puerto de Lázaro Cárdenas ha servido para el desembarco de precursores químicos, destacadamente fentanilo, los cuales se comercializan en el resto del país y en Estados Unidos. Michoacán también está infestado de cocinas clandestinas donde se producen drogas sintéticas.

Coinciden estas actividades con la extorsión intensiva de actividades económicas relevantes para la entidad como el cultivo de aguacate. Año con año este negocio ve mermada su ganancia por las cuotas elevadas que el crimen exige tanto a los dueños de las huertas como a las empresas dedicadas a empacar el producto.

El yugo delincuente no ha soltado a esta entidad desde finales del siglo pasado, cuando las primeras células Zeta, en asociación con la familia Valencia, se instalaron en tierras michoacanas.

La lista de gobernadores dedicados a enfrentar este fenómeno comienza con el nombre de Lázaro Cárdenas Batel y continúa con los de Leonel Godoy, Fausto Vallejo y Silvano Aureoles. Solo uno de estos gobernadores no emanó de las filas del PRD y por tanto puede afirmarse que el crimen organizado creció esencialmente bajo mandatos perredistas.

No es cierto, como dice Aureoles, que él haya logrado sacar a los criminales de su entidad. El CJNG robusteció notablemente su poder justo durante los años en que gobernó la entidad.

Dicho lo anterior, resulta tan absurdo afirmar que el PRD haya sido un narcopartido como que ahora Morena le haya arrebatado ese título infame. Ciertamente el poder criminal busca por todos los medios influir sobre el poder político, pero no suele hacerlo casándose con un partido y divorciándose de su adversario. Esta suposición es ridícula. Por lo general, dichas empresas invierten en todas las canastas.

La alianza entre una empresa criminal y un partido solamente suele ocurrir cuando la primera necesita del segundo para enfrentar a una organización adversaria protegida por el gobierno en turno.

En el hipotético caso de que una empresa criminal, por ejemplo, el Cartel de Sinaloa, tuviera constancia de que el CJNG está siendo apoyado por el partido “X,” en una determinada región, entonces la primera organización tendría incentivos para patrocinar a un partido alternativo “Y.”

En el mismo hilo, meramente hipotético, el apoyo al partido “Y” sería consecuencia de una relación corrupta previa, entre el partido gobernante “X” y otra organización criminal.

Cabe preguntar a Silvano Aureoles si la nueva distribución del poder en Michoacán, donde el PRD vio disminuir seriamente su fuerza, podría estar significando una transición del control del territorio de una empresa criminal a otra. Desde luego que se trata de una pregunta hipotética cuya respuesta habría de ser igualmente hipotética. (Ricardo Raphael, Milenio, Política, p.10)

Sobre la Marcha / Dialéctica vs. pobreza

En estos días una dialéctica clasista endosa a las clases medias del mundo y de los tiempos, culpas graves por dictaduras atroces impulsadas, sin sabiduría popular que, va quedando claro, se puede atrofiar con dinero, movilidad social e información.

Cuanto menos haya de eso, más sabio considera al pueblo. Cuando asumíamos que fifís eran muchos, un nuevo rasero rebaja ese lastre poblacional a muy poquitos, sólo aquellos que cuenten diez mil millones de pesos en sus arcas.

De ese micro universo, quitemos a los que tienen dimensión social, a los no perversos, a los institucionales. Pocos fifís quedan en el inventario de los adversarios.

Mientras se azuza esa discusión, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que los indicadores de rezago educativo, en vivienda y acceso a la salud a nivel nacional se han incrementado.

El Coneval mide y compara cada cinco años —desde el 2000— indicadores de rezago fundamentalmente en tres aspectos, acceso a servicios de salud (derechohabiencia), condiciones de vivienda; piso firme, sanitario, agua potable entubada e integración a la educación pública; matrícula, permanencia y suficiencias académicas mínimas como leer, escribir, sumar y multiplicar.

Estos indicadores de precariedad en salud, vivienda y educación no determinan grados de pobreza; reflejan avances o retrocesos en la calidad de vida estructural de la población al margen de asistencias sociales de cualquier nivel de gobierno.

En vez de adjetivar las características de la clase media, echemos ojo a cómo les va a los muchos millones de compatriotas ajenos a esas reflexiones. (Carlos Urdiales, La Razón, La Dos, p.2)

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