El 28 de enero, la Junta Especial Número 10 dictó un laudo ordenando a Napoleón Gómez Urrutia, como «obligado solidario», a repartir a 226 trabajadores demandantes la parte proporcional de 54 millones de dólares que fueron entregados en 1989 por Grupo México al gremio y colocados en un fideicomiso.
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El asunto se remonta a 1989, cuando Grupo México compró Mexicana de Cananea y ofreció al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana una participación accionaria.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros presentará una demanda de amparo ante la nueva resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que, por cuarta ocasión, condenó al gremio que encabeza el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, a repartir 54 millones de dólares entre los trabajadores.
Óscar Alzaga, abogado del sindicato, informó que, como en las resoluciones anteriores, presentarán la demanda para invalidar la determinación de la Junta la cual insiste en ordenar el reparto del fondo.
«Están manipulando para sacar hasta un cuarto laudo y cualquier persona sabe que la autoridad de amparo, jueces y magistrados, son superiores a la Junta. La Junta es un tribunal ordinario y los otros son recursos que tiene la ciudadanía para ampararse ante resoluciones o actos del Estado», indicó el abogado.
El pasado 28 de enero, la Junta Especial Número 10 dictó un laudo ordenando al Sindicato Minero y a Gómez Urrutia, como «obligado solidario», a repartir a 226 trabajadores demandantes la parte proporcional de 54 millones de dólares que fueron entregados por Grupo México al gremio y colocados en un fideicomiso.
Alzaga indicó que el acuerdo original, es que el dinero era para el sindicato, no para los trabajadores y que quienes ahora pelean la parte proporcional de ese dinero no tienen derecho a reclamarlo porque no eran trabajadores de la mina.
Además informó que el martes tuvieron una reunión en la Secretaría de Gobernación con el Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Enrique Irazoque, para avanzar en la determinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señaló que el Estado Mexicano debe asumir su responsabilidad en la huelga de Cananea.
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