30 de septiembre de 2022

COLUMNAS POLÍTICAS

Columnas del lunes 7 de febrero de 2022

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Templo Mayor

GRAVES, muy graves resultan los señalamientos contra el gobierno de Claudia Sheinbaum: que actuó con falta de ética al dar tratamiento con ivermectina a pacientes de Covid-19, sin contar con evidencia científica para hacerlo y, peor aun, sin informarles que se trataba de un experimento.

EL ESCÁNDALO estalló luego de que la plataforma SocArXiv, del Center for Open Science, decidió eliminar el estudio sobre el uso de dicho fármaco, realizado o al menos firmado por tres de los principales funcionarios capitalinos: José Merino, director de la Agencia Digital de Innovación PúblicaOliva López, secretaria de Salud, y Eduardo Clark, director de Gobierno Digital. La decisión fue tomada para evitar que el reporte ¡siguiera causando daño!

EN SU ARGUMENTACIÓN, el Comité Directivo de SocArXiv señaló que el informe difundía “información errónea”, al promover un tratamiento médico no probado. La entrega de la ivermectina por parte del gobierno de Sheinbaum fue poco ética, al hacerse sin el debido consentimiento de los pacientes y sin proteger sus derechos. Y para colmo, los autores no clarificaron que tenían conflicto de interés al ser juez y parte del propio estudio.

IMPACIENTE e irascible como suele ser en redes sociales, “Pepe” Merino ha estado pataleando contra la desacreditación de su trabajo, al grado de llamar ¡colonialista! a la plataforma científica. A ver ahora cómo lo protege su jefa, la científica.

¡AH, CARAY! ¿Qué no se supone que grabar conversaciones telefónicas es ilegal? La pregunta viene al caso porque el (ex) panista Roberto Gil Zuarth presumió hace poco una grabación de su plática con Virgilio Rincón Salas, abogado de la Fundación Mary Street Jenkins.

GIL lo hizo como una manera de defenderse de los señalamientos en su contra por ser la mano que mece la cuba, perdón, la cuna, en el ataque de Miguel Barbosa` contra la UDLAP. Sin embargo, al querer lavarse las manos, Roberto Gil se ensució más pues sus clientes y otros abogados deben estarse preguntando si también los grabó sin avisarles.

¡OH, el amor! No se lo digan a nadie, pero el próximo día de San Valentín, justo en una semana, dicen que habrá una gran boda en Oaxaca. La novia es, ni más ni menos, que la maestra Elba Esther Gordillo, quien por lo visto sigue rehaciendo su vida después de salir de la cárcel al inicio de este sexenio. Quienes saben del asunto dicen que la ceremonia religiosa será oficiada por el conocido Padre “Uvi”. Habrá que preguntar si hay mesa de regalos en Neiman Marcus(F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)

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Bajo Reserva

SEP protege a cómplices de agresor de menores

Ayer en EL UNIVERSAL se publicó una historia brutal sobre los crímenes sexuales cometidos contra niños del kinder Marcelino de Champagnat en la Ciudad de México. Nos comentan que aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) removió la plantilla total del plantel, funcionarios con evidencia de complicidad con el agresor principal de los infantes fueron reubicados en áreas administrativas de la dependencia. La Fiscalía General de la República está impedida, por ahora, para iniciar investigaciones contra ellos, como lo ordenó el juez, pero la SEP no lo está para iniciar investigaciones administrativas. Sin embargo, hasta el momento, ni las familias ni la Oficina de Derechos de la Infancia han sido notificadas sobre diligencia alguna al respecto.

El panista que apoya la consulta de revocación de AMLO

A nueve semanas de que se realice la consulta de revocación de mandato del Presidente, los militantes Morena y los simpatizantes del mandatario tienen la consigna de seguir promoviendo ese ejercicio.  Entre ellos destacan los senadores morenistas, quienes ya anunciaron que recorrerán el país con ese propósito.  Pero también hay un senador de oposición que está en plena campaña a favor de la consulta del 10 de abril. Se trata de Damián Zepeda, del PAN, quien va contra la corriente de sus compañeros de bancada y de partido, pues a diferencia del resto de los panistas, está convencido de que es una oportunidad de decir sí a la revocación de mandato y echar de la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador. El resto de la oposición está en la idea de no incentivar a la ciudadanía para que se exprese en las urnas, lo que a decir del senador Zepeda, es un error garrafal, ya que piensa que lo que se debería hacer es alentar a quienes están inconformes con el actual gobierno, para hacer efectiva la revocación de mandato. Sin embargo, todo indica que don Damián se quedó  solo en el PAN y remando a favor de Morena.

El nuevo aeropuerto, la cuenta regresiva

A 42 días de la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el gobierno federal tiene dos pendientes que resolver. Primero, no se ha publicado el decreto por el cual la nueva terminal aérea cuenta con el permiso de aeródromo internacional para la llegada y salida de vuelos comerciales.  Pero el más apremiante es, sin duda, que las vías de comunicación para conectar el aeropuerto no están concluidas.  El mandatario ha señalado que se concluirán dichas obras, porque de lo contrario, reconoció que su megaproyecto sería como “una isla”.

AMLO y los “petardos” de fin de semana

Todo estuvo en calma en Palacio Nacional el sábado y domingo, luego  de que el viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtiera que respondería “rapidito” a los ataques de sus adversarios que, asegura, le lanzan petardos los fines de semana. “Estaba leyendo que tienen una estrategia que hoy por ejemplo, que es el último día de la conferencia, el medio día en la tarde, fin de semana, ahí va el petardo, el manejo tendencioso, la calumnia grande articulada”, dijo el mandatario en Tlaxcala. La preocupación del Ejecutivo, nos dicen, es que los fines de semana se difundan noticias sobre las que no  puede responder hasta el lunes en la mañanera. Aseguran que aunque este fin de semana no hubo “petardo”, la estrategia gubernamental de que el Presidente responda de inmediato, sin esperar a las mañeras del lunes sigue en pie. (Bajo Reserva, El Universal, p. 2)

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Trascendió

Que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, recordó que a partir de la convocatoria de la revocación de mandato y hasta la conclusión de la jornada de votación ningún gobernante, político, legislador o servidor público puede realizar propaganda, pues se trata de una facultad reservada solo al organismo que encabeza. Por cierto, la campaña de promoción incluye organizar foros de discusión y mantener habilitado el micrositio del tema en la página de internet del instituto para que los interesados consulten el avance del proceso.

Que la polémica por la fallida designación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá parece no tener fin y el capítulo más reciente de esa historia es que el académico canceló este fin de semana su asistencia a la convención nacional de Morena, donde estaba previsto que fuera orador. Hay que recordar que el historiador forma parte de la corriente disidente dentro de su partido que busca la renovación del CEN y generar un nuevo padrón de afiliados, entre otras exigencias.

Que el líder del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Cházaro, libró una rebelión interna que amenazaba su permanencia al frente de la bancada, pero ahora debe entregar la vicecoordinación, a cargo de Elizabeth Pérez, y es el ex petista Francisco Huacus quien se perfila como relevo en esa posición. Sin embargo, ese cambio supondrá la ruptura del principio de paridad de género que históricamente ha impulsado el perredismo, por lo que el conflicto sigue abierto y esta semana se esperan definiciones.

Que los casos más delicados e importantes que tiene la Fiscalía General de la República están en manos de Juan Ramos López, el hombre de más confianza del fiscal Alejandro Gertz Manero, con quien ha trabajado desde hace años. Hasta ahora el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Federales tiene contra las cuerdas a implicados en los casos Agronitrogenados y Odebrecht, y su más reciente tarea es rastrear las actividades de abogados de diversos despachos que incurrieron en delitos como asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y lavado. (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)

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Sacapuntas

Embajadores

El Senado arrancará la semana el miércoles con una tarea muy importante, comenzar a desahogar los nombramientos de embajadores que han sido polémicos. Debatirán las nominaciones de Quirino Ordaz, exgobernador priista de Sinaloa, y Jesusa Rodríguez, senadora con licencia, quienes están propuestos para las embajadas de España y Panamá.

Por las víctimas

Nos anticipan que Ricardo Monreal Dante Delgado radicalizarán sus posturas en torno a los abusos de autoridad que, dicen, ocurren en Veracruz, por lo que, pese a la oposición de muchos en Morena, van a empujar iniciativas en pro de las víctimas, empezando por el secretario técnico de la Jucopo, José Manuel del Río Virgen.

Perdió el juicio

Nos hacen saber que en Morena cada vez preocupa más el discurso de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López. Hace unos días atribuyó “a la calor” la violencia desatada en su municipio y ayer justificó el ataque de normalistas a la Guardia Nacional, a los que lanzaron un tráiler en la caseta de peaje de Palo Blanco. Dicen que alguien debe hacerla entrar en razón.

Malas cuentas

Con 22 expedientes abiertos, Chiapas, gobernado por Rutilio Escandón, fue la entidad que recibió más recomendaciones por la CNDH en 2021. Reunió más casos por migración, agravios a pueblos originarios y negligencias médicas. En cuanto a quejas por el trabajo de fiscalías, la comisión que encabeza Rosario Piedra, también deja mal parado al morenista.

Coordinación y abasto

Gracias a la buena coordinación de autoridades de la Conagua, que encabeza Germán Arturo Martínez, y los gobiernos de la CDMX y el Edomex, logró restablecerse ayer, en tiempo récord, el suministro de agua potable en el Valle de México, después de una falla detectada en el Sistema Cutzamala que interrumpió el servicio desde el viernes pasado. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p. 2)

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Coordenadas

Enrique Quintana /El Financiero

Este fin de semana, el presidente López Obrador ratificó su determinación de buscar una reforma constitucional político electoral, aunque no detalló cuál sería su contenido.

El propósito, señaló, es que de una vez y para siempre se acaben los fraudes a la voluntad popular, y se tengan jueces y autoridades imparciales.

Con esa afirmación, lo que implica es que él no cree que los jueces y autoridades actuales sean imparciales o que lo hayan sido en el pasado.

Su visión es que si ganó las elecciones del 2018, no fue gracias al sistema electoral que tenemos, que le aseguró elecciones imparciales, sino más bien, a pesar de él.

Con esa visión, no resultó extraño que más haya tardado el INE en resolver el número de casillas que se instalarían para la consulta (57 mil 377 ) que Morena en descalificar la convocatoria, señalando que el INE ha hecho un boicot sistemático a la consulta.

El viernes pasado, finalmente, se definieron las bases para la realización de este ejercicio. Como era previsible, al no existir un incremento en el presupuesto para el Instituto, se tuvo que reducir a una tercera parte el número de casillas respecto a las que se instalan en una elección federal.

Los consejeros pudieron tomar esta decisión a partir de la resolución del ministro González Alcántara que estableció que no tienen responsabilidad legal por no instalar el número de casillas que establece la ley en virtud de que no contaron con los recursos financieros necesarios.

Previamente, otra resolución de la Corte había establecido que la promoción de la consulta no puede ser realizada por los partidos políticos. El derecho constitucional que se estableció tiene el espíritu de que sean los ciudadanos los que demanden que se someta a consulta que el presidente de la República deje su cargo anticipadamente.

Morena protestó de inmediato esta resolución ya que sabe perfectamente que no hay grupos de ciudadanos demandando la salida del presidente López Obrador de su cargo, sino un partido político operando la intención presidencial de conseguir respaldo.

De acuerdo con la experiencia del 2021, cuando se efectuó la consulta sobre el juicio a los expresidentes, no es de esperarse que la participación ciudadana sea abundante.

El año pasado acudió a las urnas poco menos del 7 por ciento del padrón electoral. Aún suponiendo que esta consulta genere más interés de la ciudadanía será muy difícil que acuda una cifra superior al 16 por ciento de del total de la lista nominal.

La encuesta de El Financiero estima por ahora una participación que podría fluctuar entre el 16 y el 24 por ciento.

Obviamente, es de esperarse que el porcentaje de electores que pida la continuidad del presidente hasta el fin de su periodo sea superior al 90 por ciento de los que participen.

López Obrador y Morena señalarán que ese resultado y el mero hecho de que se haya efectuado la consulta serán una muestra del respaldo de la gente al presidente.

La oposición, en cambio, lo que señalará es que el apoyo al presidente va menguando pues de los 30 millones de 2018, se habrá pasado a un respaldo de la tercera parte.

Tal vez como secuela de este proceso, en el periodo ordinario de sesiones que comienza en el mes de abril se pretenda enviar la iniciativa de reforma de la que habló el presidente.

Aunque será muy difícil que una iniciativa de ese tipo prospere ya que requiere mayoría calificada que por lo pronto no tiene el presidente en ninguna de las dos cámaras, será expresión de que ha comenzado la temporada electoral y de que Morena empezará a buscar las condiciones para ganar nuevamente la elección presidencial del 2024.

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El peligro de un pleito

Raymundo Riva Palacio/ Estrictamente Personal

El Financiero

Que el presidente haya decidido que sus enemigos son los periodistas, no resolverá sus problemas, sino los puede empeorar. Pelearse, insultarlos y descalificarlos, crea condiciones de alto riesgo para la integridad de los periodistas y, a la vez, lo hace vulnerable. Quizás Andrés Manuel López Obrador no se ha percatado que el bosque está ardiendo, pero para efectos de argumentación valdría preguntarse ¿qué sucedería si uno de esos periodistas a los que ataca, y señala como brazo ejecutor de quienes -dice-, han oprimido y perjudicado a la gente, fuera asesinado? No sería culpable del crimen, pero sí responsable. El costo político recaería mayoritariamente sobre él y habría inestabilidad por la tensión y la presión, como fue en 1984 por el asesinato de Manuel Buendía.

Anteriormente se ha señalado aquí que la palabra de los poderosos no matan, pero los climas sociopolíticos que construyen, sí. Por la cabeza de López Obrador, queremos pensar, no cruza el deseo que muera un periodista, pero la forma como se expresa de varios comunicadores e intelectuales, con su creciente sevicia oral, con epítetos y arengas que estimulan el linchamiento digital, equivale a un llamado a la acción. El presidente actúa como si el lenguaje abusivo contra periodistas no fuera a tener repercusiones futuras, pero está equivocado. Las fronteras de respeto y civilidad están rotas y cualquier cosa puede suceder.

La violencia contra periodistas en México muestra los síntomas de una putrefacción sistémica. Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, sostiene que las autoridades locales se han valido del discurso presidencial, “que se ha convertido en una invitación para que la violencia se perpetúe”, al utilizar gobernadores, alcaldes, funcionarios o políticos locales, la misma retórica, acoso judicial, amenazas y agresiones físicas. En México, apuntaron los reporteros María Idalia Gómez y Jonathan Nácar en una investigación sobre crímenes de periodistas, las autoridades y los gobiernos, principales responsables de salvaguardar la integridad de la sociedad, son quienes prolongan, motivan o toleran los ataques contra la prensa.

Durante una buena parte del primer medio de su sexenio, López Obrador atacó con insultos, mentiras y difamaciones a un grupo de periodistas e intelectuales que criticaban sus políticas. Ese pequeño grupo había sido consistente en su abordaje con otros presidentes, pero convenientemente López Obrador lo olvidó. Gradualmente, con más ataques a la prensa, más periodistas fueron perdiendo el miedo de ser linchados en la mañanera y empezaron a defenderse. El presidente escaló, y los periodistas hicieron lo mismo. La civilidad ha sido rebasada por la violencia retórica en los dos sentidos, donde lo que en un principio era para algunos periodistas una lucha de sobrevivencia, se ha convertido en un tour de force donde los insultos del presidente se están respondiendo con desafíos y retos—y de manera creciente, también con insultos.

Apenas el viernes pasado, de la nada, López Obrador embistió a Carmen Aristegui, que cayó de su gracia y se convirtió en una enemiga más tras la publicación de un trabajo colectivo sobre el negocio chocolatero de sus hijos. No toleró que hiciera su trabajo, al que no evaluó en sus méritos, sino la calificó en el contexto de su maniqueísmo de si no están incondicionalmente con él, son aliados de sus enemigos. La acusó de hipócrita y embustera, porque “engañó durante mucho tiempo”. Aristegui se defendió: “me acusa de cosas absolutamente absurdas y ya que cada quien analice quién engaña a quien, y cada quién que se haga cargo de su biografía. Ya veremos en qué termina esta historia”.

Antes le dedicó varias mañaneras a Carlos Loret, colaborador de Latinus, que junto con Mexicanos Contra la Corrupción difundió una investigación sobre la casa que rentaron su hijo y su nuera a un petrolero cuya empresa recibió contratos de Pemex. López Obrador lo acusó de “corrupto, golpeador, mercenario y sin principios”, y Loret le respondió que “el presidente sólo responde con calumnias, (porque) es lo único que sabe hacer”. Igualmente de la nada, el presidente atacó a Brozo, el payaso inventado por Víctor Trujillo, quien el viernes pasado, le respondió de una forma como no se recuerda que le hayan hablado públicamente a un presidente.

La línea de respeto a la investidura presidencial está borrada, pero quien la eliminó fue el propio presidente con sus abusos retóricos contra la prensa y los  periodistas. El respeto viene de manera natural a la investidura, pero cuando quien la porta rompe las reglas de tolerancia y contención, llega un momento en que quien ha sido atacado, responderá proporcionalmente y se elevarán los costes políticos del enfrentamiento.

López Obrador comenzó a hablar sobre medios y comunicadores argumentando su derecho de réplica. Estos derechos siempre han existido, máxime cuando se trata de un presidente. Esa dialéctica de confrontación de presidentes con medios y gremio no es nueva, pero la violencia que anima y desata López Obrador sí. El presidente no habla con la élite, sino a su militancia y la gente, incitando a ese “tigre” que mencionó como amenaza durante la campaña presidencial ante empresarios, diciéndoles que podría salir a la calle si no ganaba la elección.

Ese “tigre” no es virtual, y así como hay un sector tutelado y utilizado escalonada y proporcionalmente para los objetivos de corto plazo -el daño reputacional a comunicadores e intelectuales, por ejemplo-, hay otros que corren sin control en la ruta de su fanatismo. Es tan sistemático el presidente en sus ataques, pero con calificativos cada vez más brutales, que está sembrando las condiciones para que alguien aproveche la coyuntura.

Puede ser, en lo más rupestre, que quien tenga un diferendo personal con alguien de su galería de tiro en la mañanera, puedan llegar a pensar que si actúa y cobra venganza, puede salir impune. Pero puede haber otros, enemigos reales, que podrían considerar que en las condiciones actuales, asesinar a un periodista podría no sólo desestabilizar al presidente por la reacción nacional e internacional que habría, sino quizás, darle un buen empujón al despeñadero. El encono, la frustración y la desesperación pueden afectar al presidente cuando medios y periodistas le ponen un espejo para que vea su gobierno, pero debe predominar su inteligencia, porque si asesinan a uno de nosotros, él y todos perdemos.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx twitter: @rivapa

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El pleito entre el fiscal y el exconsejero de AMLO

Mario Maldonado /El Universal

En el último trimestre del año pasado, el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, visitó un par de veces al fiscal general en su despacho. Alejandro Gertz Manero le reclamó sobre dos publicaciones que la revista Proceso había hecho sobre él. Una tenía que ver con una “casa secreta” en las Lomas de Chapultepec, y otra con el conflicto por el control de la Universidad de Las Américas Puebla y la Fundación Mary Street Jenkins. Scherer le dijo que no tenía injerencia en la línea editorial, pero el fiscal enfureció y le soltó que tenía bajo investigación a dos despachos de abogados ligados al exconsejero por extorsión, tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación delictuosa. 

Las dos reuniones acabaron mal, por lo que el exconsejero no pudo frenar la acusación formal que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los abogados, quienes, según se asienta en la demanda, ‘operaban’ a nombre de él. Se trata de Juan Araujo y César González, quienes llevaron los casos más polémicos del sexenio, entre ellos el del abogado Juan Collado, quien fue el primero en denunciar ante la Fiscalía a los litigantes; el de Alonso Ancira y Agronitrogenados; el de los empresarios del outsourcing y las facturas falsas, Raúl Beyruti, Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont; y también representaron a Emilio Zebadúa en el asunto de la Estafa Maestra. Con prácticamente todos salieron mal y el pago de sus honorarios (algunos con casas, arte y otros artículos de lujo) ha comenzado a ser devuelto por los litigantes. 

Junto con otros dos abogados pertenecientes al despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, la FGR los acusa de lavado de dinero, tráfico de influencias, asociación delictuosa y extorsión. Las denuncias de Collado y su hermano Antonio fueron clave para el expediente que integró la Fiscalía. El próximo 28 de febrero, los cuatro abogados acusados deberán comparecer ante un juez, donde se buscará pedir su prisión preventiva, aunque la audiencia será virtual. 

Otro de los despachos investigados por la FGR, presuntamente ligado al exconsejero Jurídico de AMLO, es el de García González y Barradas, de igual forma por denuncias de supuesta extorsión en los casos de la Cooperativa Cruz Azul y la Universidad de Las Américas. En el primer caso el abogado Ángel Junquera y su hijo serían los denunciantes. 

La intención inicial del fiscal Gertz era incluir en las demandas al exconsejero Jurídico, según información a la que tuvo acceso esta columna, pero fue disuadido por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por el daño colateral que se generaría para el Presidente. 

En las investigaciones y denuncias también están los nombres de Julio Javier Scherer Pareyón y el de Miguel Barba Ampudia, quien se hace llamar a sí mismo únicamente Miguel Ampudia, y en su círculo de amigos es mejor conocido como Mika. El joven de unos 35 años se presentaba como enviado del “Señor Consejero”. 

Barba Ampudia o Mika es hijo de María Guadalupe Ampudia González, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2014 a 2019, y quien renunciara con la llegada de Rosario Piedra Ibarra. 

Miguel Ampudia también es cercano a la familia Murat, especialmente a los hijos menores, Eduardo y Lorena. La empresa que preside oficialmente, que lleva el nombre de Credifom, fue adjudicada por el gobierno de Oaxaca con un contrato con la Oficina de Pensiones del Estado para brindar créditos a los jubilados, pensionados y pensionistas cuyo pago se encontraba garantizado con el propio monto de las pensiones. 

El pleito entre el fiscal Gertz y el exconsejero Jurídico es de pronóstico reservado por los alcances de las investigaciones. Atrás quedaron las relaciones que permitieron a los abogados cercanos a Scherer decir la temida frase a sus clientes o potenciales clientes: “te vamos a llevar con el Doctor”, refiriéndose al fiscal. 

 @MarioMal 

mario.maldonado.padilla@gmail.com 

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Ayotzinapa y Los Rojos: una vieja sociedad

Jorge Fernández Menéndez/Razones

Exceslior

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, la misma que justificó la ola de violencia que vive el puerto atribuyéndolo al calor y a que la gente consumía muchos carbohidratos, rechazó que se realizara alguna acción judicial contra los vándalos que arrojaron un tráiler de la empresa Soriana contra los elementos de la Guardia Nacional que intentaban desalojarlos de la caseta de Palo Alto, porque el tráiler, dice la alcaldesa, no era conducido por nadie, por lo tanto, dijo, no hay delito que perseguir. Pocas veces hemos escuchado una mayor estupidez en nuestra ya de por sí prolífica clase política.

El viernes, los jóvenes que se identificaron como de la normal de Ayotzinapa, volvieron a mostrar en lo que se han convertido: una mezcla de grupo de choque, que ejercita una violencia sin límites, pero que en los hechos vive de una suma de acciones delictivas: tomar las casetas de cobro de las carreteras, robar camiones y tráileres, y quedarse con la carga y, en muchas ocasiones, hasta con los equipajes de los pasajeros.

El viernes, estos jóvenes, para tomar las casetas, secuestraron 11 camiones de pasajeros, además de tráileres como el de Soriana que lanzaron contra los elementos de la Guardia Nacional. En esos camiones llevaban, está documentado, desde explosivos hasta equipo para enfrentarse con las fuerzas de seguridad. El ataque lanzado con el tráiler dejó decenas de heridos entre los elementos de la Guardia Nacional y todo parece indicar que no pasará nada, porque existen autoridades miedosas, corruptas o cómplices, como en el caso de la alcaldesa Abelina López que, además criticó a la Guardia Nacional porque estaba protegiendo las casetas de cobro de las autopistas, en lugar de perseguir delincuentes, sin asumir que quienes cometen esos actos son, por definición, delincuentes: no se trata sólo de ocupar las casetas y cobrar para poder pasar, sino también del robo de mercancías, de tráileres, de camiones que se utilizan, en muchas ocasiones no sólo para trasladar a los jóvenes a sus cotidianos mítines siempre aderezados de violencia, sino también para transportar otras cosas, dada la relación que mantienen dirigentes de la escuela con grupos criminales como Los Rojos, la razón original por la que los miembros de Guerreros Unidos secuestraron y se deshicieron de los jóvenes de Ayotzinapa en Iguala. Tomar casi diariamente las casetas no sólo les reditúa dinero, les da control sobre la carretera Cuernavaca-Acapulco, uno de los principales objetivos de los grupos criminales de Morelos y Guerrero.

La relación de Ayotzinapa con Los Rojos viene de tiempo atrás y se establecía sobre todo con El Carrete, Santiago Mazari, entonces líder de ese grupo criminal. Ya desde 2015, cuando comenzaron a tomar casi cada fin de semana las casetas de la autopista de Cuernavaca a Acapulco, los dizque representantes de los familiares, y alumnos de Ayotzinapa, y maestros de la CETEG, bloquearon la carretera federal para públicamente pedir “ayuda” al líder del cártel de Los Rojos, Santiago Mazari Hernández, El Carrete, uno de los criminales más violentos del país. En las cartulinas de aquella toma escribieron: “Señor Santiago Mazari Hernández, nosotros los padres de familia le pedimos de favor ayúdenos a dar con el paradero de nuestros hijos porque este mal gobierno no ha sido serio con nosotros, al contrario nos ha lastimado con sus mentiras. Nosotros somos gente pobre y han pisoteado nuestra dignidad”.

Los Rojos son un grupo criminal brutal, tan responsable de la muerte de los jóvenes como sus enemigos de Guerreros Unidos: han sembrado de cadáveres Guerrero y Morelos y parte del Estado de México. El “señor” al que le pedían ayuda y que se supone que era el que mantenía la relación con los líderes estudiantiles y directivos de la normal Isidro Burgos, es Santiago Mazari, que comenzó su carrera como sicario de los Beltrán Leyva en Morelos, pero a la muerte de Arturo, aniquiló a sus rivales para quedarse con el control de ese estado. 

Quizás para comprender la relación de la normal de Ayotzinapa y de la CETEG con El Carrete hay que recordar que éste era sobrino del ex alcalde de Amacuzac y luego diputado local petista, Alfonso Miranda Gallegos, a quien en innumerables ocasiones se ha acusado de ser el operador político y abogado de Los Rojos. Alfonso Miranda Gallegos, como lo hacía Abarca para los de Guerreros Unidos, brindó protección a Los Rojos desde su cargo de alcalde de Amacuzac utilizando a la policía municipal como halcones y brazo operativo del grupo criminal. Actualmente está detenido, luego de haber logrado reelegirse como alcalde.

En Morelos, Guerreros Unidos y Los Rojos se disputan Cuernavaca, Jiutepec y Temixco, y ambos cárteles pelean por el control del corredor de drogas Acapulco-Cuernavaca. Además del tráfico de drogas, Los Rojos extorsionan, secuestran, roban y cobran derecho de piso en Morelos y Guerrero. Lo mismo que los grupos que atacan a la Guardia Nacional, a los transeúntes que se niegan a pagar cuota, que cometen delitos y que muchos funcionarios, que terminan temiendo, tolerando o siendo cómplices de los grupos criminales que pululan en el estado, justifican siempre políticamente, y así les otorga impunidad, tanto a los llamados grupos sociales como a los criminales que están asociados con ellos.

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Demagogia suprema

Jesús Silva-Herzog Márquezen REFORMA

Decía el Presidente hace un par de días que consideró convocar un constituyente para darle a la «Transformación» una ley que estuviera a su altura. La que heredamos no le parece digna de este momento estelar. Por haber sido manoseada por los neoliberales, pensaba enterrarla para que la nueva carta fuera también su hechura. Finalmente desechó la idea, pero en el aniversario de la ley del 17 nos ayudó a entender con mayor claridad su idea de la Constitución.

La Constitución es, para él, un artefacto de señalizaciones. Un texto que, en cada momento histórico declara lo que el poder desea. Y como vivimos el cuarto nacimiento de la patria, es necesario, a su juicio, tener un acta que capture su voluntad. Por eso se soñaba escribiendo desde el primer artículo para proclamar con toda solemnidad los propósitos del nuevo régimen. Es muy claro que en la Constitución, el Presidente no encuentra una ley y por eso no reconoce el cambio de las últimas décadas cuando la Suprema Corte empezó a ejercer un verdadero poder arbitral. Como le niega verdad a la transición, ignora el importantísimo cambio constitucional que vivimos desde fines del siglo pasado. La Constitución despertó con el pluralismo y se empezó a leer como lo que debe ser: una ley. Pero eso no es siquiera notado.

El Presidente no busca una mejor ley, sino un telón nuevo. Es lo que puede verse de las reformas que presume. En la ceremonia reciente volvió a celebrar que se haya ampliado el catálogo de delitos considerados graves. Le parece que esa medida demuestra su compromiso de lucha contra la inseguridad y, en particular, contra la corrupción. Lo que le importa al Presidente es la palabra «grave» porque denota un severo reproche moral. Nada hay que sugiera que esa calificación permita combatir más eficazmente el delito. Se trata simplemente de una categoría procesal que, en casos extraordinarios, pone en suspenso un derecho tan elemental como el conservar la libertad hasta que un tribunal encuentra culpabilidad. Lejos de ser instrumento de eficacia, el cambio constitucional es una pose de compromiso. Si tendrá algún efecto será multiplicar los presos sin condena. Pura demagogia, pues.

Uno de los cambios más nocivos de los hechos recientemente a la Constitución es la revocación de mandato. No es extraño que la institución sea infrecuente en los regímenes presidenciales de América Latina. Al adoptar el mecanismo revocatorio, México sigue los pasos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. La revocación de mandato es una incrustación perniciosa que habría que analizar más allá de lo que suceda en abril. Pensada como el espejo institucional de Narciso, la revocación servirá seguramente a su propósito: el Presidente declarará que es el hombre más amado en esta tierra. Millones y millones de pesos dilapidados en la pregunta del supremo: Espejito, espejito, ¿quién es el hombre más querido en esta tierra?

Pero la institución quedará después de que se haya servido el capricho. ¿Nos ayudará ese espejo de la vanidad de un hombre a tener un régimen más democrático? ¿Oxigenará la política, se acercará el gobierno a nosotros, fortalecerá su sentido de responsabilidad, ayudará a construir una administración más competente?

Quiero imaginar el impacto de este mecanismo después del 24. ¿Qué significaría aún dentro del escenario de un segundo gobierno morenista? ¿Podríamos contar con un gobierno en condiciones de gobernar, un gobierno medianamente estable que pudiera dialogar con las oposiciones de las que quizá dependa? La revocación no refresca la legitimidad. Podría deshacerse de un Presidente impopular, pero no da origen a una Presidencia con respaldo social y legislativo. Interrumpe el sexenio, no produce un mandato firme de reemplazo.

Pero el capricho demagógico no es solo la baba de la mañana sino letra suprema. Sin darnos un gobierno más legítimo, la revocación hará aún más difícil la tarea de gobierno. ¿Por qué será que no se percibe urgencia para impulsar la revocación de mandato en la capital del país? Legislando para complacer al caudillo, los morenistas no han considerado siquiera su propio interés en el mediano plazo. Ese es el horizonte del personalismo: después de mí, el diluvio.


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La paladina

JAQUE MATE / Sergio Sarmientoen REFORMA

«La libertad de prensa, si significa algo, quiere decirla libertad de criticar y oponerse».

George Orwell 

El 17 de octubre de 2018 el entonces Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, le dio una entrevista telefónica a la periodista Carmen Aristegui, que estaba regresando a radio. Le dijo: «Iniciarás una nueva época, reivindicando el periodismo libre. Ahora sí que dando la recompensa a quien fue víctima de la censura. ¡Qué bien que los dueños de Radio Centro te abran este espacio, muy merecido! Con esto ganamos todos, mejora la vida pública del país y se hace valer la libertad de expresión».

Con frecuencia el Presidente ha dicho que Aristegui y José Gutiérrez Vivó, destituido por Radio Centro (aclaro interés: yo colaboré con la empresa durante tres décadas), eran de los pocos ejemplos de libertad de expresión en los tiempos del «neoliberalismo». La actitud de AMLO hacia Aristegui, sin embargo, ha cambiado. Este 4 de febrero declaró: «Yo conocí gente que veían [sic] en Carmen Aristegui al modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad… Pero simulaba. Está a favor del bloque conservador. Todos estos reportajes calumniosos, manejados por Carmen Aristegui…».

No es la primera vez que lanza descalificaciones en su contra. El 29 de noviembre de 2020 afirmó: «Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento. Yo sostengo que son independientes, pero independientes del pueblo, que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo a favor del pueblo».

El Presidente confunde periodismo con activismo. El periodista no busca estar «a favor del pueblo». No es un político que deba seducir a los electores para obtener su favor. El objetivo del periodismo es la verdad.

López Obrador ha declarado que nunca ha «utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas». Sin embargo, reparte descalificaciones: «prensa fifí», el «hampa del periodismo», los «pasquines» y demás. Dice que, al contrario de sus predecesores, tiene «autoridad moral» y que por eso él sí puede cuestionar «la actitud tendenciosa de la prensa», cuyos integrantes «son fantoches, conservadores, sabelotodo, hipócritas, doble cara».

El cambio de opinión de AMLO sobre Aristegui, quien de reivindicadora del «periodismo libre» ha pasado a ser a sus ojos «calumniosa» defensora del «bloque conservador», surge de una actitud narcisista que solo acepta como honestos a quienes le aplauden sin reservas. Un ejemplo de buena periodista para él es Nuria Fernández, dueña del blog La Karakola, quien en la mañanera le hacía preguntas como: «¿Sería posible en esta reforma que se tipificara como fraude la mentira y el manipular a la población por parte de los medios de comunicación?». Por eso AMLO la premió al nombrarla directora del DIF nacional, con un sueldo de 103,729 pesos netos, cerca de 150 mil mensuales antes de impuestos.

Aristegui le respondió el viernes pasado al Presidente: «No parece percatarse que detenta un poder enorme y que sus agresiones, porque eso son…, pretenden denostar la trayectoria, la credibilidad, el prestigio periodístico, los elementos que son fundamentales, por lo menos para una periodista como yo».

A las agresiones de López Obrador hay que añadir las de la parvada de trolls y bots del gobierno en redes sociales, que la han linchado.Los periodistas no somos santos y sin duda cometemos errores. La crítica es justa. Pero en este caso lo que vemos son ataques de un hombre muy poderoso, el Presidente, en contra de una periodista que no ha cometido más falta que hacer su trabajo.·

CIRCULANDO

Los activistas de Ayotzinapa querían cobrar peaje en Palo Blanco; bajaron a un chofer y lanzaron su tráiler contra los miembros de la Guardia Nacional en la caseta. Fue una tentativa de homicidio, pero la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, dice que «no se puede castigar a nadie porque el tráiler iba circulando solo».

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Ciencia a conveniencia

Denise Dresser en REFORMA

¿Usted permitiría que su hija fuera parte de un experimento de salud sin su consentimiento? ¿Estaría de acuerdo que se le aplicara una sustancia que no ha sido autorizada para tratar Covid, por las autoridades sanitarias del país? ¿Qué sentiría al saber que a cientos de miles de habitantes de la Ciudad de México les fue entregado un «kit» con un medicamento contra el coronavirus, que es usado primordialmente como una medicina veterinaria?¿Cómo reaccionaría si los autores intelectuales de esa estrategia publicaran una cuasi-investigación, promovida y celebrada por la gobernante citadina? ¿Cuál sería su reacción si el sitio donde estaba, recientemente retirara el «estudio» por violaciones éticas? ¿Exigiría que alguien rindiera cuentas, fuera suspendido, despedido, incluso juzgado?

Estas preguntas no son hipotéticas. Son reales y aplican a Claudia Sheinbaum ysu equipo, que decidieron usar a los ciudadanos como conejillos de Indias, recurriendo a la ivermectina.
Una sustancia explícitamente rechazada por la OMS para el tratamiento de Covid. Contundentemente rechazada por la Food and Drug Administration estadounidense para su aplicación en humanos, más allá de casos de lombrices parasitarias. En la página de internet del FDA hay una advertencia clara y contundente: «Nunca uses medicamentos diseñados para animales en ti, o en otras personas». En la página de internet de la OMS se argumenta que el tratamiento de pacientes de Covid con ivermectina solo debe ser usado en un ensayo clínico con claro consentimiento de los sujetos, ya que no hay evidencia sobre sus efectos, y la compañía Merck advierte lo mismo. Además, cualquier ensayo clínico requiere lo que se conoce como «informed consent»: consentimiento informado. Justo lo que no se solicitó en la distribución de cientos de miles de «kits» médicos a personas que no sabían lo que estaban tomando. Nunca se les informó ni se les notificó que participaban en un experimento médico. Se les usó como ratones de laboratorio, aunque eso violara normas éticas fundamentales.
Como establece la doctora Christine Grady, titular del Centro Clínico, Departamento de Bioética, del National Institute of Health, «Cuando a las personas se les invita a participar en investigación, hay una creencia fuerte de que debe ser su elección, basada en el entendimiento de cuáles son los riesgos y beneficios del estudio». Pero a ninguno de los habitantes de la ciudad que recibió las tabletas de ivermectina se le dijo que era una droga experimental. Se les aplicaron «mentiras disfrazadas de ciencia». Se les negó información sobre posibles efectos secundarios como náuseas, mareos, debilidad, hipertensión y convulsiones. Se les dio sin seguimiento riguroso, y el proceso se convirtió en una intervención pública experimental, arbitraria, y altamente peligrosa, como sentenció Juan Pablo Pardo-Guerra. (Nexos, 5 febrero 2022).

El experimento fue tan burdo, tan falaz y tan poco ético que ocasionó el retiro de su publicación; la primera vez que la plataforma SocArXiv hace algo así en su historia.
La inmoralidad de altos funcionarios del gobierno de la ciudad -varios de los cuales ni siquiera son médicos- es un escándalo de dimensiones internacionales. Y la responsable de esto es Claudia Sheinbaum. La CDMX experimentó en seres humanos durante un año, con la complicidad del IMSS. Increíble que una mujer con un doctorado en ciencia, de una de las universidades más prestigiadas del mundo, no entendiera las consecuencias de violar todos los códigos éticos de su profesión. Ante eso, sólo le quedan las siguientes opciones: declarar que no sabía las transgresiones éticas del estudio, e investigar, despedir y posiblemente perseguir legalmente a sus autores, o admitir su complicidad. Mantenerse como promotora de un estudio que viola los Códigos de Nuremberg, de Helsinki, y de academias internacionales de medicina, o disculparse por lo ocurrido. También habría que esclarecer cómo obtuvo el medicamento, y si la compañía que se lo vendió sabía que iba a ser aplicado a humanos sin su consentimiento. Aquí la pregunta es si Claudia Sheinbaum va a denunciar lo que ocurrió bajo su mandato o si, con tal de llegar a la Presidencia, seguirá violando derechos humanos, hasta acabar en la Corte de La Haya, defendiendo la ciencia a conveniencia.