17 de abril de 2024

COLUMNAS DE OPINIÓN

Columnas políticas del domingo 29 de agosto de 2021

Templo Mayor

QUIÉN sabe qué dieron de beber en la reunión que sostuvieron ayer los senadores de Morena con el canciller Marcelo Ebrard que se desataron las confusiones geográficas, las risas políticamente incorrectas y las maromas discursivas que desafiaron la gravedad… de la situación en México.

ABRIÓ PISTA el coordinador morenista Ricardo Monreal, quien confundió Afganistán con Apatzingán, lo que provocó la risa de su invitado, de la mayoría de los presentes y de él mismo, a pesar de que la situación de violencia no está como para reírse ni en el lejano país asiático, ni en el cercano municipio de Michoacán.

Y LUEGO, Ebrard se arrancó a decir que de nada sirve encarcelar a los opositores políticos, aludiendo a la situación que prevalece en la Venezuela gobernada por Nicolás Maduro, justo cuando el ex candidato presidencial Ricardo Anaya reclama un día sí y el otro también que la FGR y el gobierno lo quieren meter a la cárcel para que no participe en la elección del 2024. Vaya desatino… ¡tan atinado!

MUY MOLESTOS andan varios trabajadores de la Secretaría de Salud que encabeza Jorge Alcocer, pues ya los comenzaron a presionar para buscar casa en Acapulco, y no precisamente para vacacionar, sino para cumplir con el caprich… perdón, con la orden presidencial de trasladar la sede de la dependencia a ese puerto antes de fin de año.

INCLUSO cuentan que, a pesar de que el cambio de residencia será voluntario, a varios ya les han “sugerido” contratar créditos hipotecarios para viviendas que estén cerca de sus nuevas oficinas en el llamado Edificio Inteligente de Gobierno ubicado en la Costera frente a la Playa Hornos.

PERO lo que algunos médicos que trabajan en la secretaría no pueden creer es que, a pesar de que el país vive una inédita crisis de salud por la pandemia de Covid-19, el desabasto de medicinas, la falta de presupuesto, la cobertura insuficiente y el mal estado de la infraestructura hospitalaria, ahora resulta que la prioridad ¡es la mudanza!

UNA BUENA: los vecinos de Coyoacán que se manifestaron el viernes y ayer en contra de la construcción de una sucursal del Banco del Bienestar en un parque, lograron frenar la obra.

UNA REGULAR: que la suspensión pudiera ser temporal, pues ya los citaron el lunes para una reunión con autoridades locales en la que prevén que los intenten convencer de avalar la construcción aunque violaría el uso de suelo.

UNA PEOR: que apenas es una de las al menos 45 sucursales que el banco de la 4T construirá en la CDMX y aún no está claro cuántas serán ni en dónde las piensan poner.   (F. Bartolomé, Reforma, p. 9)

Bajo Reserva

Legisladores de compañía para Morena

Ni señales de vida dieron los senadores del PVEM, PT y Encuentro Social, quienes fueron invitados a la plenaria de la bancada de Morena en el Senado. Además de ahorrarse la posibilidad de organizar sus propios cónclaves legislativos, no dijeron ni una palabra durante la reunión para definir la agenda legislativa de la llamada 4T para el próximo periodo de sesiones. Desde luego, tampoco hubo cuestionamientos a los secretarios de Estado que a lo largo de estos días han asistido a la reunión en la Casona de Xicoténcatl.

Así de bien portaditos son los aliados del partido en el gobierno, aunque en discursos digan que piensan por sí mismos. En otras democracias, el riesgo de mantenerse en silencio generaría problemas por parte de otros militantes del partido, cuando el gobierno en turno padezca el desgaste del ejercicio de gobierno; sin embargo, esa es la ventaja de estos aliados: todos al interior conocen bien las reglas del juego.

Cerca de un acuerdo en San Lázaro

El diferendo entre los bloques de la 4T y Va por México en la Cámara de Diputados parece que ya se superó y el próximo domingo habrá una sesión constitutiva de la 65 Legislatura tersa. Nos cuentan que, a pesar de que hay varios diputados de Morena que no quieren a Jorge Romero, coordinador del PAN, como presidente de la Jucopo, no existe ningún veto contra él, y lo más viable es que el blanquiazul se quede con este órgano de gobierno a partir del 1° de septiembre, pues si esto no ocurre, Santiago Creel, sería presidente de la Mesa Directiva hasta el tercer año legislativo.

Nos cuentan que después de que se tranquilizaron los ánimos, Morena ya prometió que el mismo domingo habrá un acuerdo fundacional de la 65 Legislatura como fueron electas cada bancada, y así se evitaría un agandalle morenista. Ya si después se quiere armar una megabancada, podrían hacerlo pero, nos adelantan, que se van a respetar los acuerdos.

Pataleo tardío de MC

Movimiento Ciudadano no está muy conforme con el recuento de votos en Campeche, donde resultó ganadora la morenista Layda Sansores. El partido naranja fue el que impugnó la elección, pero el hecho de que no se encontraran boletas apócrifas no le gustó al instituto político y ahora se fue contra la Sala Regional Especializada del TEPJF, a la que acusó —ante la Sala Superior— de no haber solicitado listas nominales para recuento de votos marcados; a decir del partido, no se les permitió presentar todas las incidencias que ellos encontraron, y dicen que no se les dejó verificar las supuestas boletas apócrifas. El problema es que durante las 30 horas de recuento, que fueron transmitidas por Youtube, poco se vio a MC y su inconformidad.

¿Quién no quiere ir a Acapulco?

En la Secretaría de Salud, que dirige Jorge Alcocer, se levanta una encuesta entre el personal para saber quién está en disponibilidad para trasladarse a la ciudad de Acapulco, Guerrero, en donde se pretende reubicar a la dependencia. En la encuesta se pregunta a los empleados si están dispuestos a cambiar de ciudad, cuántos integrantes de su familia tienen, y si planean rentar vivienda o comprar. Según una comunicación interna, se trata de ver las “necesidades” del personal. Los trabajadores, sin embargo, saben que en octubre próximo los traslados comienzan y muchos no creen tener más derecho que a contestar una encuesta.    (Bajo Reserva, El Universal, p. 2)

Sacapuntas

Elogios presidenciales 

Mucha atención de la clase política merecieron las deferencias del presidente López Obrador a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, durante la gira en Chiapas. Además de resaltar los “buenos resultados” de la mandataria, el tabasqueño la elogió porque la CDMX es la entidad a la que me nos recursos trasfiere la federación, y funciona con sus propios ingresos.

Layda aventaja 

Nos anticipan que se confirmará el triunfo de Layda Sansores en Campeche, tras el recuento de votos. Las actas del conteo ya están en poder del Tribunal Electoral y en cuestión de días se dará a conocer el resultado. Nos dicen que hay cero alegría en el equipo del aspirante de MC, Eliseo Fernández, quien impugnó la elección; pero en Morena están felices.

Gabriel García, al INE

El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, tiene una nueva encomienda para el ex coordinador de los Programas para el Desarrollo, Gabriel García. El zacatecano propuso a Mario Delgado, dirigente de partido, hacer las gestiones ante la Cámara de Diputados para colocarlo como representante del Poder Legislativo ante el INE.

Se sacó un 10 

Se aplicó el alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, con el regreso a las aulas de este lunes. Porque no sólo hizo una alianza con los laboratorios JLN para aplicar a alumnos pruebas de COVID-19, gratis o con descuento, sino que basta con estar inscrito en algún plantel de la demarcación para obtener el beneficio. Aunque vivan en otra alcaldía.

Sanción ejemplar

Nuevamente la UNAM puso el ejemplo al cesar a uno de sus altos funcionarios por usar lenguaje violento. El rector Enrique Graue solicitó a la Junta de Gobierno remover a Iván Ruiz García de la dirección del Instituto de Investigaciones Estéticas, por decir en la radio universitaria que “el feminicidio es un acto de amor”. Tras un análisis del caso, se decidió destituirlo. (Sacapuntas, El Heraldo de México, LA2; p. 2)

La Jornada - Terapéuticos, muñecos hechos con ropa de personas ausentes

Víctimas de desaparición: el gran pendiente

“Esto es peor que la muerte”; “no deberíamos estar aquí”; “no debería haber madres buscando, no deberíamos estar con una pala o con machete”, fueron algunas de las expresiones vertidas por las participantes en la inauguración de la muestra fotográfica “Estos rostros que ves. Mujeres que buscan” en el Centro Cultural Los Pinos. La exposición, que retrata la conversión de madres, esposas, hijas, hermanas, en rastreadoras para dar con el paradero de sus seres queridos desaparecidos, exhibe el dolor que padecen centenares de miles de mexicanos a resultas de este flagelo, así como del incumplimiento de las autoridades en su deber elemental de proteger la integridad física de los ciudadanos.

En vísperas de que mañana se conmemore el Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, organizaciones no gubernamentales, el programa de Desaparecidos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Agencia de Cooperación Alemana y las rastreadoras coinciden en que durante el presente sexenio se ha dado un giro en el tratamiento oficial de la tragedia.

De acuerdo con estas voces, el actual gobierno federal ha acabado con la cerrazón y la indiferencia que caracterizaron a sus antecesores: se crearon instancias del más alto nivel para dar seguimiento a los casos, se aceptó la competencia del Comité para las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas para hacer recomendaciones y disponer Acciones Urgentes, se crearon comisiones locales de búsqueda a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, y se han dado reiteradas muestras de voluntad política por parte de la instancia correspondiente, la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, personajes entrevistados por este diario también concuerdan en señalar que hasta el momento los avances institucionales no se han traducido en lo más importante: la localización de las 91 mil personas que permanecen en paradero desconocido y la identificación de los 52 mil cuerpos sin reconocer a nivel nacional.

Entre los principales obstáculos, se citan la falta de voluntad de los gobiernos estatales, así como las deficiencias estructurales del Poder Judicial y las fiscalías, donde muchas veces se detienen las investigaciones debido a un pacto de impunidad que ha sido imposible romper, pese a las sentencias emitidas por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el mencionado Comité de la ONU.

Está claro que de nada sirve contar con un marco jurídico sólido -“acorde con casi todos los estándares internacionales”, según el CICR- si no se remueven las rémoras que impiden su instrumentación en la búsqueda de las personas desaparecidas y, no menos importante, en poner fin a este fenómeno que mantiene a miles de familias hundidas en la zozobra.

Hacerlo constituye, sin lugar a dudas, uno de los mayores pendientes del gobierno federal, pues regresar la tranquilidad a los hogares y hacer justicia ante las violaciones a los derechos humanos es una obligación del Estado, pero además supondría el mejor indicio de que se encuentra en marcha una verdadera y profunda transformación de la realidad mexicana.

En la consecución de este propósito, resalta la urgencia de reformar a fondo el Poder Judicial para que deje de ser el máximo obstáculo a la justicia y se convierta en su auténtico garante.   (Editorial, La Jornada, P. 2)

La Quinta Transformación

Meterse en todo para someterlo y fundar una nueva era ha sido un fracaso multidimensional. Sería un error tratar de remediarlo de la misma manera. Algunos remedios tienen prioridad porque son de mayor efecto, o más urgentes que otros.

Seguridad. Recuperar el monopolio de la violencia legítima en todo el territorio nacional, por etapas. Las disputas entre narcos, más la pasividad, complicidad o ineficacia de las autoridades, han ido reduciendo el territorio bajo control federal. No hace falta volver a las negociaciones en lo oscurito para marcar límites a la delincuencia organizada. Basta con anunciar que (por unos años) las fuerzas armadas sólo cuidarán los puntos críticos: cárceles, lugares de entrada y salida de carga internacional (armas, drogas), grandes ciudades y municipios más violentos. En el monte, no habrá quemas de plantíos de mariguana, coca o amapola, ni persecución de campesinos.

Demandar jurídicamente a los fabricantes de armas contrabandeadas a México obtuvo al menos el castigo de sus acciones en la bolsa. Para un castigo más directo, hay que escoger el arma cuyo mercado legal pese más que el ilegal, y suspender las compras del gobierno hasta que el fabricante coopere.

Impunidad. La impunidad generalizada es un incentivo para toda clase de abusos. Hay que atender, en primer lugar, aquellos donde se pueden obtener resultados visibles relativamente pronto. Destacan por su número y gravedad los feminicidios (donde, además, el autor es fácil de identificar) y los abusos judiciales (donde la impunidad se multiplica: no es sólo la del juez, sino la de todos los delincuentes juzgados).

Salud. Hay que reconstruir el Seguro Popular, encargarle la vacunación y la distribución de medicamentos. Destrabar la distribución comercial. Destituir a los mandos de la Secretaría de Salud que han fracasado contra la pandemia.

Pobreza. La desnutrición de tercer grado es imperdonable, más aún porque eliminarla requiere poco dinero.

Los microcréditos han sido un éxito, pero no la eliminación de trámites. Los ordenamientos aplicables a las empresas deben hacer distingos por tamaño: máxima regulación para las de mil personas o más, mínima para las de diez o menos.

El reparto de dinero en efectivo debe ser universal, sin distingos ni censos de pobreza. Cada año se anunciará la cantidad que podrá cobrar todo ciudadano, presentando su credencial de elector en cualquier banco.

Corrupción. Empezar por los sobornos más visibles: los de tránsito. Usar el sistema de fotomultas para castigar a los mordelones. Crear un sistema para recibir fotos de mordelones en el acto.

Castigar a las autoridades carcelarias que montan o toleran call centers de extorsión telefónica desde las celdas. Y a las que toleran los abusos contra los reos y sus visitantes. Someter toda prisión a evaluaciones internacionales anuales.

Hacer públicos todos los pagos y transferencias federales de más de 100 millones de pesos (para empezar) en una plataforma digital con los datos de la póliza contable (y buscador tipo Google): Dependencia que paga, a quién, por qué concepto, con cargo a cuál partida, con autorización de quiénes, en qué cantidad y fecha.

Además, crear una Enciclopedia de la mordida en la web que reciba denuncias anónimas, las clasifique y las mapee por dependencia y localidad.

Elefantes decrépitos. Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad no son baluartes de la Patria que deban sobrevivir a cualquier costo. Tampoco deben ser sustituidos por elefantes extranjeros más eficientes. Son una acumulación política de operaciones separables.

Separar. Las grandes líneas eléctricas de alta tensión deben ser monopolio federal. La distribución eléctrica a las viviendas estará a cargo de cada municipio. La generación hidroeléctrica y geotérmica, a cargo de los estados correspondientes. El resto de la generación eléctrica, a cargo de múltiples empresas públicas y privadas, dando preferencia a las energías limpias.

De igual manera, separar las operaciones de Pémex.

Agua. México extrae de los acuíferos más agua de la que reciben. La Ciudad de México se hunde por eso, a costos crecientes. La solución de fondo (probada en Nueva York) es reforestar. Reciclar el agua usada. Usar menos agua. Captar lluvia. Prevenir las inundaciones.   (Gabriel Said, Reforma, p. 8)

El Perseguido

¿Fue AMLO un perseguido político cuando lo desaforaron el 7 de abril del 2005? Sin duda. No importa si había desacatado o no una orden judicial. En México no se castigaba a los políticos por eso. Fox utilizó ese pretexto para tratar de sacarlo de la contienda electoral.

AMLO creció con el desafuero. El gobierno reculó y, al final, era AMLO quien quería irse a la cárcel, lo cual lo evitaron dos panistas pagando la fianza en contra de su voluntad. En palabras de la mañanera de este lunes, refiriéndose al caso de Ricardo Anaya: “no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente, porque cuando se es luchador social, […] se fortalece un dirigente”.

Muchos gobiernos autoritarios son muy escrupulosos con la ley, cuando ésta es útil para presionar a un adversario. Con una ley barroca y complicada, hasta un mero error deja vulnerable a un contrincante. Lo dijo AMLO ante el Congreso el día que lo desaforaron: “Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad”.

Cuando se aceptan testimonios como prueba suficiente de un supuesto delito, basta un delincuente confeso para inculpar a alguien. El extremo de esto sucedía en las dictaduras comunistas. La declaración de un viejo amigo sobre una supuesta frase contraria al gobierno era prueba suficiente para mandar a alguien a Siberia.

AMLO ya concluyó que Ricardo Anaya es culpable: “Yo no te mandé a que hicieras esas cosas”, dijo en la mañanera del 24. Sin embargo, todos somos inocentes mientras un juez no determine lo contrario. Un Presidente que determina culpabilidades, que serán repetidas por sus fieles seguidores, corrompe el debido proceso.

La justicia debe procurar un trato igual a todos los ciudadanos en circunstancias iguales. Lo contario es la arbitrariedad. Anaya ni siquiera ha tenido acceso al expediente donde se le acusa. La información pública muestra que las autoridades han hecho cambios a lo largo del proceso para intentar que cuadre la acusación de Emilio Lozoya. Los argumentos de la FGR son endebles o absurdos, como exhibir como prueba del presunto soborno que Anaya votó a favor de la reforma energética, lo cual, además, sucedió meses antes de la supuesta entrega. Si esto probara algo, la autoridad debería someter al mismo proceso a los otros 354 diputados y 95 senadores que votaron en el mismo sentido.

No estamos frente a un gobierno escrupuloso que sistemáticamente ha perseguido la corrupción del sexenio anterior y que en sus indagatorias encuentra que uno de los partícipes fue Anaya. El trato al que está siendo sometido Anaya se debe a su posición política.

AMLO aprendió de Peña Nieto la utilidad de acusar a un adversario de una presunta ilegalidad. La credibilidad de Anaya fue severamente dañada con la acusación de lavado de dinero en febrero del 2018, en vísperas de la campaña. Pasada la elección la autoridad se retractó.

Hay muchas diferencias entre el desafuero de AMLO y esta acusación contra Anaya. La más importante desde el punto de vista político es que Anaya no tiene el arrastre social de AMLO en el 2005. Hay que recordar el Zócalo abarrotado en su defensa el 24 de abril.

Espero, sin embargo, que al igual que Fox hace 16 años, el gobierno de AMLO enderece el rumbo. Sacar de la contienda a un posible candidato con una sanción penal basada en pruebas hechizas quedaría en la historia como muestra de que le tuvo miedo a una contienda pareja. Esto desacreditaría un eventual triunfo del candidato de Morena en 2024.

¿Tan débil percibe AMLO a su movimiento transformador para empezar a jugar así, con los peores vicios del pasado? En palabras de AMLO en el Zócalo poco después de su desafuero: “El Presidente debe ser factor de concordia. No puede utilizar a las instituciones de manera facciosa, ni para ayudar a sus amigos ni para destruir a sus adversarios”.   (Carlos Elizondo Mayer-Serra, Reforma, P.8)

Gobernación: premio a la pleitesía

Adán Augusto López, el nuevo secretario de Gobernación, puede ser descrito como un misterio político. No porque mantenga bajo reserva sus ideas, sino porque no se le conoce ninguna. Desde 2007 ha sido, en forma sucesiva, diputado local, diputado federal, senador y gobernador gracias al simple recurso de mostrar subordinación hacia su amigo y paisano Andrés Manuel López Obrador.

López Hernández relevó el viernes a Olga Sánchez Cordero, cuyo regreso al Senado impuso el verdadero enigma, pues no hay claridad sobre si ella lo solicitó, o el cambio fue precipitado para enviar una nueva señal de ruptura entre Palacio y Ricardo Monreal, el sagaz líder parlamentario de Morena cuya interlocución con el Presidente muestra un punto de congelación desde marzo pasado, según testimonios recogidos por este espacio. Fuentes sólidas avalan la versión de que Sánchez Cordero fue removida y no aceptó posiciones alternas en el gabinete.

Da manera inopinada, ella fue enviada el miércoles 18 a defender en la Comisión Permanente una causa muerta: el periodo extraordinario para aprobar la ley de revocación de mandato que desea López Obrador. Difícilmente su llegada a la presidencia del Senado le permitirá forzar una agenda que se resuelve en otro lado: la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Si Palacio desea desplazar a Monreal, tendrá que removerlo de la coordinación de la bancada, lo que puede representar una apuesta de alto riesgo.

La operación política que todo ello supone debería recaer en manos del nuevo titular de Gobernación. Pero incluso una mirada superficial sobre el personaje desnuda su escasez de credenciales para esta tarea que, en los hechos, seguirá reposando en López Obrador y en su grupo de colaboradores —cada vez más estrecho y radicalizado.

Sus primeras horas en el puesto exhibieron el nivel de respeto que tiene por el orden jurídico el nuevo ocupante del Palacio de Cobián. Pero su biografía política explica por qué López Hernández entiende la pleitesía como clave para acceder a puestos de poder. De ahí que haya forzado la ley y la Constitución en su estado, Tabasco, para imponer como sucesor a Carlos Manuel Merino, un personaje pintoresco que parece carecer de estudios serios salvo una carrera administrativa trunca y cursos de aviación que le ganaron el mote de “capitán” con el que es conocido.

El “Capitán Merino” ha sido desde 2007 la solícita sombra de López Hernández, al desempeñarse como su suplente en las tareas de diputado local (2007), diputado federal (2009), senador (2012), para finalmente recibir el puesto de “superdelegado” a cargo de los programas federales desde que aquél llegó a la gubernatura, en 2018.

La noche de este viernes el Congreso tabasqueño sesionó para designar gobernador interino. Esperaba la aparición del secretario de Gobierno, José Antonio de la Vega, por así disponerlo la Constitución ante la separación del mandatario en funciones. Sin embargo, el que apareció fue el “Capitán Merino”, que ya ostentaba ese nuevo cargo tras la apresurada renuncia de De la Vega.

Los diputados locales se enteraron entonces de que el gobernador López Hernández había solicitado solo una licencia por 60 días, que pueden ser prorrogables por el mismo lapso. Tras ello, debe ser designado un gobernante interino por tres años más, hasta terminar la gestión iniciada. Pero anoche se gestionaba ya una reforma para permitir que Merino cubra todo ese periodo. Para beneficiar a una sola persona, se aplicará “pequeña tortura” a la Constitución, como gustaba llamarle hace 80 años el cacique potosino Gonzalo N. Santos, símbolo del “viejo régimen” que de cuando en cuando parece resurgir entre nosotros. (Roberto Rock L., El Universal, Nación, p. A9)

La ley del hielo a Sánchez Cordero

El desplazamiento a las senadoras con posibilidades de ocupar la presidencia de la Mesa Directiva del Senado le está costando a Olga Sánchez Cordero la soledad en su grupo parlamentario y en la Cámara Alta.

Si es que pensó que por su posición de secretaria de Gobernación la iban a recibir con honores y alfombra roja en el Poder Legislativo se equivocó y ayer vivió el vacío: fue notorio cómo la exministra no es del agrado de sus compañeros de bancada.

En la reunión plenaria en Xicoténcatl hubo varias escenas que denotaron la lejanía con los de su grupo parlamentario como cuando al despedir al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el jefe de la bancada Ricardo Monreal, se levantó para acompañarlo a la salida y enseguida entró Mario Delgado, presidente del partido. Los de Morena se fueron con Monreal y luego se formaron para retratarse con su líder nacional volviendo a dejar sola a la senadora en una silla en el pódium.

Nadie se quedó con ella durante más de cinco minutos.

Entonces un tanto desesperada Sánchez Cordero hizo un llamado para que sus compañeros se sentaran, pero fue ignorada. Se ve a una legisladora incómoda. Su voz no tiene peso. Se avizora un año legislativo complicado para la ex secretaria de Gobernación aún como presidenta.

Tres legisladoras hicieron méritos todo un año cabildeando acuerdos con la oposición, pidiendo votos a favor de los proyectos de Morena y cuando entraban en la competencia por el primer cargo legislativo, apareció Sánchez Cordero; en lugar de volverse una amenaza caída desde Palacio Nacional para restarle poder a Monreal éste parece fortalecerse.

La ministra tendrá que conformarse con administrar los tiempos de las sesiones legislativas porque los verdaderos acuerdos se toman en la Junta de Coordinación Política del Senado de cuyo órgano legislativo Monreal es presidente. Queda claro que si Sánchez Cordero no acaba de caer bien en el interior del grupo, mucho menos tiene posibilidad alguna, ni margen de maniobra para intentar negociar con la oposición.

Lejos de ser un refugio digno de Bucareli es una derrota cantada. Basta con darle seguimiento a sus funciones en el poder Legislativo.

UPPERCUT: De los aliados de Morena en el Senado ayer solo fueron representantes del Partido Verde Ecologista de México y del PES a la reunión plenaria del instituto guinda, donde el coordinador del partido del tucán pidió que se colocara una bandera con las insignias de éste. Los del Partido del Trabajo, sin embargo, brillaron por su ausencia después del desafuero del diputado Mauricio Toledo, quien se dio a la fuga a Chile, y luego de la ausencia de uno de sus senadores para frenar la ley de revocación de mandato. Parece que el PT tiene como estrategia vender muy cara su alianza a Morena y a López Obrador, a quien deben su representación de casi 40 diputados federales en la nueva legislatura. (Alejandro Sánchez, El Heraldo de México, País, p. 6)

La inmovilidad, el gran enemigo

¿Cuántos agentes se movilizan aquí para una salida del Emperador?, pregunté una vez en Japón mientras llegaba al Palacio Imperial de Akasaka a conocer a Hiroito, el único hombre en el mundo con dos explosiones atómicas en la espalda.

–Quizá sean 25 mil. No lo se exactamente, me dijo el señor Ito, mi acompañante.

–¿Y al primer ministro cuantos lo cuidan?

–“Quizá quince mil”. Esa misma cifra se consideraba en París cuando salía Giscard D’Estaing.

Hasta la fecha recuerdo el convoy de Mohamed Reza Palehvi, “Sha” de Irán: eran doce Rolls Royce negros en fila a toda velocidad por la autopista de Teherán rumbo al aeropuerto.  En. uno de ellos, nunca se sabía en cual, viajaba “La sombra de Dios en la Tierra”, como se hacía nombrar.

Y encima de la caravana, tres enormes helicópteros.

Todos los desplazamientos tienen una constante: la velocidad. La quietud siempre juega en favor de quien quiera intentar un disparo. Los atentados se hacen casi siempre contra dignatarios quietos, descubiertos, visibles.

Con un arma oculta en un ramo de flores mataron a Indira Gandhi; en un desfile los propios guardias le dispararon al egipcio Anwar El Sadat; de cerca mataron a Rajiv Gandhi; en la plaza de San Pedro atentaron contra Juan Pablo II; Lincoln estaba en el teatro; Obregón en una comida, Colosio caminaba entre la muchedumbre; Reagan iba por la banqueta y Rabin se dirigía a su automóvil. A Olaf Palme lo mataron cuando salía del cine con su esposa. El auto descubierto de Kennedy apenas rodaba a 16 kilómetros por hora cuando Oswald disparó hasta en tres ocasiones, favorecido por la lentitud, como ocurrió en la emboscada contra Trujillo o la cacería de Pancho Villa en Parral.

En fin, la lista es enorme. Todos fueron al Senado, como Julio César. Cada quien llegó a su cita final.

Por eso resulta altamente preocupante la molicie de los servicios de inteligencia en este país. No pudieron prever el insólito bloqueo del convoy presidencial en Chiapas, donde –paradójicamente–, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador iría a un cuartel militar a ofrecer una de sus habituales conferencias de la mañana.

A unos cuantos metros de distancia los integrantes de la parte más selvática del insaciable analfabetismo magisterial –la CNTE–, lo detuvieron y lo retuvieron, así haya sido con su consentimiento defensivo.

El presidente se defendió con el argumento de su firmeza (o terquedad) y dijo, si no cambian sus modos y sus métodos, no me muevo de aquí. No merezco este trato. Por eso lo prolongo.

Pues precisamente por eso se debió evitar ese bloqueo. Pero el Centro Nacional de Inteligencia –por lo visto– no acopia suficiente información en los escenarios de las giras presidenciales. Y el gobierno de Chiapas, menos.

Ya suponerle capacidad en materia de gobernanza (y en otras muchas) a la Secretaría de Gobernación, cuyo actual titular quiso regular la protesta política en su estado, sin lograrlo, es ir a los campos de la “ciencia ficción”.

Al permanecer dos horas y pico dentro de una camioneta, el Ejecutivo demostró varias cosas, además de resistencia al hastió:  no se aceptó como rehén, pero toleró el retén.

Y la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez y el secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, quienes en conjunto tienen decenas de miles de hombres bajo su mando, no hicieron nada más allá de actuar como “teloneros” en la conferencia ante los poco profesionales reporteros cuyas preguntas en abstracto, no les permitían ver lo concreto del secuestro exprés de un presidente.

El riesgo no fue la el bloqueo, fue la pasividad ante el bloqueo.

Ante la cerrazón de los manifestantes, quienes siempre van a exigir más y más porque los han acostumbrado a la eficacia de la protesta, se suma la disposición genética del gobierno ante la toma de calles, plazas y caminos.

De api viene la fuerza de la Cuarta Transformación, del bloqueo, la pedrea y la “resistencia civil”.

Pero el presidente ya no es un “luchador social”. Su seguridad es importante porque su inseguridad desequilibra al país entero. No es una cuestión de investidura, sino de funcionalidad del aparato público.

Y eso por no hablar del ridículo de mirar al hombre más poderoso del país, sentado muy serio en una camioneta inmóvil, con el teléfono en la mano y el cinturón de seguridad –la única seguridad visible–, cruzándole el pecho en una diagonal evocadora de la Banda Presidencial. (Rafael Cardona, La Crónica, LaDos, p.2)

Salud: todo se derrumbó…

Escuché anteayer su participación en el programa Es la hora de opinar, de Leo Zuckerman y  no puedo estar más de acuerdo con usted y sus compañeras de mesa, Paula Sofía Vázquez y Mayte Azuela en cuanto a que el  Sistema Nacional de Salud es un absoluto desastre.

De tiempo atrás todos sabíamos -el presidente y el florero-secretarío de Salud incluidos- del gran rezago en la materia.  En este espacio he abordado con frecuencia el asunto.

Permítame, Max, abundar en este tema que hoy nos une, con algunos datos no comentados en el programa, como un apoyo personal a su perspectiva de que la ineficacia es una forma de corrupción.

La Cobertura Universal de Salud supone “asegurar servicios de salud de calidad para todas las personas que lo necesiten, sin poner en riesgo su situación económica” (OMS 2018).  Sin embargo y por el lado que se mire, eso es una fantasía en nuestro país.

La pandemia nos pescó en 2019 con el menor presupuesto en salud de los últimos diez años, equivalentes a 2.55 puntos del PIB nacional según el  CIEP. En 2020 apenas subió unas décimas, siendo que la Organización Mundial de la Salud recomienda destinarle  seis puntos del mencionado PIB.

Para evitar que una enfermedad le resulte económicamente catastrófica a una familia, la OMS estima que del total del gasto médico solo un 20 por ciento sea de bolsillo y el resto lo cubra el gobierno. En México, 49 por ciento lo cubren las familias, considerando todos los niveles socioeconómicos.

El derecho a la salud es un principio igualador en la sociedad, pero nuestros subsistemas fomentan lo contrario. Mientras el IMSS e ISSSTE abarcan ocho mil tipos de intervenciones, en PEMEX la cobertura es total y el INSABI apenas “cubre” mil 807; lo entrecomillo porque todos conocemos la escasez de medicamentos, material sanitario, insumos, etc. (Por cierto, ¿usted sabe si el INSABI ya le pagó a las farmacéuticas lo que les debía desde 2019..?)

Peor se la cuento, Max. De acuerdo con un análisis de México Evalúa, las transferencias a los estados para la compra de medicamentos que se entregan gratuitamente a la población pasaron de 33 mil millones de pesos en 2019 a 28 mil en 2020.

Las consultas han caído en picada. Entiendo que por el COVID muchos hospitales públicos fueron reconvertidos y pararon las consultas, pero las cifras son alarmantes. Considerando el mes de mayo de cada año, en 2018, se dieron 31 mil consultas; en 2019 y 2020 rondaron las11 mil; y en 2021 ¡apenas llegan a 5 mil 500 a mayo pasado! ¿A dónde se fueron los enfermos, Max..?

La falta de previsión ha caracterizado la “gestión” sanitaria de la 4T. Respecto del COVID y mientras haya nuevas variantes, no puede descartarse la necesidad de dosis de refuerzo. El ilustrísimo Hugo Lopez-Gatell no pedirá presupuesto para la compra de vacunas, tal vez atenido a que llegado el caso, Estados Unidos nos haga la caridad de donarnos las dosis necesarias.

Coincido con su compañera de panel, Paula Sofía Vázquez, en que si hay alguna reforma de gran calado a realizar en este país, es la reforma al Sistema de Salud, por encima de las contrarreformas pretendidas por Andrés Manuel López Obrador, pero le tengo una mala noticia: este gobierno es de mirada corta; cree que con la creación del INSABI ya cumplió. Retrocederemos 10 años en el nivel de salud, pero no se fije, las obras de Dos Bocas y Santa Lucía van a quedar de poca…

Por último, Max: ahora que les ha dado por musicalizar las mañaneras, ¿cómo ve si recomendamos al presidente que para el próximo martes de salud ponga la canción Todo se derrumbó?

Es de Emmanuel… (Leopoldo Mendívil, La Crónica, Columnistas, p. 4)

AL: la peor crisis educativa

Un retroceso de por lo menos una década en los sistemas educativos de Latinoamérica podría haber sido la consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19 sobre los niveles básicos de enseñanza en la región, según los pronósticos de diversos especialistas que de entrada ven que no se pudieron cubrir los objetivos de los planes de estudio a distancia.

Lo anterior, junto con la brecha digital, llevó a la exclusión de amplios grupos poblacionales, lo que se tradujo además en altos índices de deserción escolar, acicateada además por la crisis económica.

Como la mayoría de los problemas de América Latina, el retraso en la educación no es sino un indicador más de la desigualdad que se vive en la región. En los hechos, para contar con una educación de óptima calidad, es mediante una inversión económica, ya sea subvencionada sin escatimar por el Estado o de forma personal mediante pago que permita el acceso a la enseñanza privada.

La contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 vino a demostrar que aun tratándose de educación gratuita a cargo de los gobiernos, la desigualdad vuelve a jugar en contra de las clases más marginadas y necesitadas, pues el confinamiento para evitar contagios y con la única opción de tomar clases a distancia, se dejó fuera a las familias que no cuentan con dispositivos para conectarse o con dinero para costear un servicio de internet.

En México queda en evidencia que el reto de la educación es vencer las desigualdades, ya no es como en los años 30 del siglo pasado cuando el objetivo era construir y abrir tantas escuelas como fuera posible y hacer una Marcha por la Educación, enviando a maestros a todos los rincones del país.

Hoy, si se quiere crear una economía del conocimiento, como la que pudieron levantar las naciones hoy conocidas como tigres asiáticos (Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Hong Kong), que por guerras o colonización quedaron tan mal o peor económicamente que México, y que desde hace un par de décadas o más constituyen referentes de avance tecnológico y social, resultado de que sus gobiernos apostaron por la educación de calidad como recurso para salir de la pobreza y generar bonanza.

Seguir su ejemplo fue un debate que en México quedó perdido con la reforma educativa pasada, y que no pudo implementarse comenzando por las reticencias de los mismos profesores que desaprobaron el ser evaluados y estar en constante actualización. Es hora de reconsiderar para enmendar todos los rezagos. (Editorial, El Universal, Opinión, p. A10)