26 de octubre de 2021

Columnas de Opinión

del lunes 4 de octubre de 2021

Templo mayor

LA INICIATIVA de reforma eléctrica que presentó Andrés Manuel López Obrador es lo que México necesita… dijo nunca nadie. Salvo los acólitos morenistas, no ha habido un solo organismo empresarial o ecologista; ni académicos o expertos que apoyen la propuesta del Presidente.

DE HECHO ha sido al revés: apenas concluyó la mañanera en que se presentó la iniciativa, el viernes se desplomaron los mercados nacionales, tanto la BMV como la Biva. Es decir, la idea de la expropiación encubierta del sector eléctrico no sólo no gustó a los inversionistas, sino que los puso nerviosos y con ganas de salir corriendo. Hoy se verá si ya se tranquilizaron.

LA GRAN DUDA ante esto es si realmente López Obrador cree que puede concretar una regresión de tal tamaño o si simplemente está, como los magos, distrayendo al público para que no se fije en lo verdaderamente importante. Cualquiera de las dos opciones es preocupante.

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A PROPÓSITO de la CFE, no hay que perder de vista que entre las personas a las que se les encontraron cuentas en paraísos fiscales está Julia Abdala, la esposa no esposa de Manuel Bartlett. Seguramente ella estuvo ahorrando toooda su vida para tener ese dinerito en Las Bahamas. Pero con eso de que el funcionario andaba escondiendo las 25 casas que tiene con la empresaria, no vaya a ser que la Secretaría de la Función Pública tenga que volver a hacer el oso de exonerarlos.

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AL RITMO de “Si te vi, ¡ni me acuerdo!”, Olga Sánchez Cordero le ha comentado a sus más cercanos que no entiende por qué insisten en inventarle pleito con Julio Scherer Ibarra. Y no es que niegue la mala relación que tenían, sino que simplemente la ex ministra dice que ya cerró el capítulo de su paso por Gobernación y que ahora nomás tiene ojos para la campanita de la presidencia del Senado. ¿Será que alguien en la 4T no sabe dejar atrás el pasado? Ok, ésa fue una mala pregunta.

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SAVE THE DATE!, como dicen los gringos, pues ya hay fecha para el Covid-Fest 2021. Será el 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México y la invitación corre por el mismísimo presidente de la República. Para ese día AMLO quiere una concentración masiva, pese a que para entonces no hay manera de que haya concluido el proceso de vacunación nacional. ¿El motivo? Que según López Obrador la gente ya quiere verlo. Claro: quién no va a extrañar a un Presidente que da una conferencia diaria de dos horas, satura las redes sociales y ha presentado ¡10 informes de gobierno! (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)

Bajo reserva

¿Quién responde por la seguridad del Presidente?

Alguien tendrá que asumir la responsabilidad por el fallo de seguridad que ayer permitió que manifestantes irrumpieran en el recinto en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentaba los avances de apoyos a víctimas del huracán Grace en un auditorio del municipio poblano de Huauchinango. Nos dicen que en funcionarios de la propia Presidencia de la República hay molestia por el incidente, pues aseguran que el portazo y la posterior penetración de los inconformes se pudo haber evitado, debido a que se conocía con anticipación que habría manifestantes que demandan apoyos y quienes afirman que no fueron censados para la entrega de esas ayudas del gobierno. Al, final nadie logró impedir que los manifestantes irrumpieran y que una de ellas llegara hasta el propio Presidente. El mes pasado, en Chiapas, la camioneta del mandatario fue bloqueada por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ante la recurrencia de este tipo de actos, nos dicen, valdría la pena que alguien tomara con mayor seriedad el tema de la seguridad del jefe del Ejecutivo.

El senador Guadiana y las ironías de la vida

Una gran ironía de la vida es la que vive el senador de Morena, Armando Guadiana. Como recordará, en días pasados el legislador por Coahuila pidió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigara a la Universidad Nacional Autónoma de México para revisar el destino de los fondos federales que recibe. El propio presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ricardo Monreal, así como el titular de la UIF, Santiago Nieto, se desmarcaron de las declaraciones de don Armando. Pero ahora resulta que el senador es uno de los al menos 3 mil mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales, según los datos de una filtración masiva de documentos. Ayer, el propio Santiago Nieto dijo que, tras conocer la filtración y publicación de los llamados Pandora Papers la UIF comenzó a investigar el caso. De este modo, en pocos días, Guadiana pasará de ser promovente de una pesquisa, a quedar como personaje central de otra.

Bartlett, mal momento para señalamientos

Y precisamente en relación con el caso de los llamados Pandora Papers, nos dicen que a quien la filtración lo agarró en mal momento fue al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, cuya pareja es mencionada como una de los más de 3 mil mexicanos que enviaron recursos a paraísos fiscales. Don Manuel se encuentra, por un lado, bajo el fuego “amigo” de miembros del gobierno quienes tratan de que sea relevado de la CFE. Y por otro, tiene el reto de que el Poder Legislativo apruebe una reforma al sector eléctrico. Sin duda, el tema de su fortuna, y la de sus seres cercanos, volverá a ser motivo, nuevamente, de debate entre las fuerzas políticas, justo cuando inicia la ruta de relevante reforma.

Otra tarea más para las Fuerzas Armadas

Nos comentan que, si no fuera suficiente con tener 27 tareas adicionales a sus funciones, las Fuerzas Armadas al parecer tendrán una nueva tarea extra. Al supervisar los avances de la entrega de los apoyos a damnificados por el huracán “Grace”, el presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó de la situación en que se encuentran los caminos de Hidalgo y Veracruz.  “Ahora que veníamos para acá de Metepec a Agua Blanca, que es Hidalgo, está intransitable el camino”, reclamó. Ante esto, el mandatario federal planteó la creación de comités para rehabilitar caminos donde participen las secretarías de Defensa, Marina, Comunicaciones y Transporte y Bienestar. De este modo, nos dicen, los militares ven venir ya su nueva misión. ¿Con cuántas tareas extra terminarán el sexenio las Fuerzas Armadas? (El Universal, Nación, p. 2)

Trascendió

Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encabezada por el priista Rubén Moreira, aprobará hoy el calendario de comparecencias de los secretarios de Estado como parte de la glosa del tercer Informe de gobierno. El primer turno al bat corresponde al titular de Gobernación, Adán Augusto López, quien se ha convertido en una especie de “supersecretario”, pues opera la liberación de presos enfermos y torturados, desactivó inconformidades de varios gobernadores y hasta logró sentar a la mesa a Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal para cerrar filas en torno a la agenda legislativa de CdMx y del proyecto de la 4T. Todo esto en poco más de un mes que lleva en el cargo.

Que la dirigencia de Morena regaló cerca de 300 ejemplares de A la mitad del camino, el reciente libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, a integrantes del partido en Ciudad de México tras la plenaria en la que rindieron protesta, aunque eso sí, los dirigentes dejaron tarea a los militantes: que estudien el contenido de la obra y lo difundan entre las personas a las que irán a visitar casa por casa. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)

Sacapuntas

Nada es espontáneo

Nos dicen que el portazo en Huauchinango, Puebla, durante un evento del Presidente, dejó dudas al interior del gobierno federal. Aunque reconocen que hubo personas con un interés real para manifestarse, detrás de la irrupción estaría Antorcha Campesina, dirigida por el priista Aquiles Córdova, organización que protesta cada que Obrador visita Puebla o Veracruz.

Relaciones peligrosas

Además de algunos personajes que se mencionan en los Papeles de Pandora, nos dicen que quienes deben estar muy preocupados son el exgobernador michoacano Silvano Aureoles y el actual mandatario de Coahuila, Miguel Riquelme, por su cercana relación con Víctor Manuel Álvarez Puga, investigado por la FGR, como facturero y evasor de impuestos.

Se cumple el plazo

Se le acabó el tiempo a Ricardo Anaya. Este miércoles debe comparecer ante un juez del Reclusorio Norte. Y es que, desde la audiencia pasada, el juzgador hizo saber que las diligencias por videoconferencia deben realizarse en territorio nacional, obligación que no se sabe si cumplirá el panista, quien, según la FGR, se encuentra en Estados Unidos.

Sin acuerdos

En Morena no aprenden a ser un partido de acuerdos. Ayer, intereses de tribus y corrientes impidieron aprobar los lineamientos para la credencialización y afiliación al partido. La falta de quórum obstaculizó la votación en su Consejo Nacional, mientras su dirigente, Mario Delgado, intentó instalar por otro lado los comités en defensa de la 4T.

Malas decisiones

Como si el horno estuviera para bollos, nos dicen que la nueva alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López, asume decisiones que ponen en entredicho su desempeño. Designó a Evodio Velázquez, exalcalde de ese municipio, como asesor financiero, a pesar de los procesos legales en su contra por desvío de recursos públicos, peculado y enriquecimiento ilícito. (El Heraldo de México, La Dos, p. 2)

Rozones

Parece que Cuba no es feliz como la pintan

Nos aseguran que la terca realidad alcanzó ayer a quienes consideran que en Cuba se vive con felicidad y existe la libertad de salir del país. Y es que ayer se confirmó que la mitad de la selección de beisbol que participó en el Mundial Sub-23 en Sonora, se fugó de la concentración y ya no volvió a La Habana. El caso tomó relevancia por la situación que prevalece en la isla, donde apenas el pasado 11 de julio miles de personas salieron a las calles en diversas ciudades para protestar por las condiciones económicas y políticas. El tema cubano también ha sido motivo de conversación aquí por la visita del presidente Miguel Díaz-Canel, quien tuvo una recepción especial de parte del gobierno antes del desfile por el aniversario de la Independencia. Por cierto que la desbandada de peloteros sería, según algunos periodistas especializados como Francys Romero, la mayor en los últimos años.

Monreal y un nuevo adepto

A pesar de las treguas, la sucesión en el 2024, particularmente en las filas de Morena, no deja de ser tema de actualidad. Y este fin de semana fue el senador Ricardo Monreal, quien lo mantuvo en el debate público por una serie de entrevistas y participaciones en las que se refirió al asunto —principalmente pidiendo piso parejo—, pero también por estarse allegando el apoyo de figuras morenistas con cierto peso en las redes, como es el caso del politólogo Gibrán Ramírez. “Yo lo apoyo y, si he decir la verdad, estos meses me han dejado ver que es el presidenciable con mayor presencia territorial en Morena, fuera de la burbuja de la CDMX”. Además, en las benditas redes, ya se pueden leer del también politólogo varios argumentos de defensa hacia el zacatecano y su eventual postulación a la grande.

Nuevos alcaldes, arranques y mensajes

Arrancaron con todo los nuevos alcaldes de la Ciudad de México cada uno enfatizando de diferentes maneras el hecho y empezando a delimitar sus prioridades y agendas. Para muestra, un par de botones: en la alcaldía Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano dio cuenta de las graves anomalías que recibió en un área clave de la demarcación, hasta el jueves encabezada por Patricia Ortiz Couturier: la de Protección Civil. Y es que encontraron que hay 50 radios de comunicación perdidos, ambulancias que no funcionan, vehículos irregulares, medicamentos caducos, un helipuerto abandonado. El alcalde luego visitó, precisamente, una colonia en la que está latente el riesgo de que ocurran desgajamientos… El otro caso es el del coyoacanense Giovani Gutiérrez, quien buscó dar centralidad a una de sus primeras decisiones: la de nombrar un gabinete en el que predominan las mujeres, pues ocupan el 75% de las carteras, la mayoría de ellas con un carácter estratégico: seguridad ciudadana, administración y finanzas y desarrollo social.

Recuperan estatua robada

Con la novedad de que agentes de la policía capitalina, que comanda el secretario Omar García Harfuch, y de la fiscalía capitalina, a cargo de Ernestina Godoy, se pusieron las pilas y lograron la pronta recuperación de la estatua de la niña que forma parte de la escultura El Molino de la paz, que había sido robada el viernes pasado. La escultura se creó y colocó en la plaza “Sí al desarme, sí a la paz”, en Reforma y Manuel González, por iniciativa del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que encabeza Salvador Guerrero. Fue este organismo el que presentó el viernes la denuncia que derivó en la apertura de carpetas de investigación, en la ubicación de la pieza mediante un rastreo por el sistema de cámaras C-5 y en la detención de un presunto responsable. Por lo pronto se espera que la figura, que se hizo con la transformación de material ferroso de más de 4 mil armas canjeadas por juguetes, se reinstale esta misma semana.

Peleará espacio Grupo Plural

Así que esta semana será definitiva para el Grupo Plural conformado por los senadores, Nancy de la Sierra, Germán Martínez, Alejandra León, Gustavo Madero y Emilio Álvarez, quienes albergan la esperanza de ser reconocidos como grupo parlamentario en el Senado y lograr un asiento en la Junta de Coordinación Política. Su petición, sin embargo, no cuenta con todas las simpatías a unas horas de ser discutida en la propia Jucopo que preside el morenista Ricardo Monreal. Éste, por cierto, se ha pronunciado por una “solución intermedia”, en la que puede darse un escenario en la que tengan voz en esa instancia legislativa, pero sin derecho a voto. Sin embargo, nos aseguran, hasta el momento una mayoría de voces se opone a permitir que puedan aglutinarse formalmente, porque consideran que además de ilegal e inconstitucional, dejará abierta la puerta los próximos tres años, para que los plurales tengan los reflectores encima con posturas impredecibles. Los expertos en el tema jurídico en el Senado siguen haciendo contorsiones para tratar de presentar una alternativa jurídica que satisfaga a todos antes del próximo martes. Si no, al menos para poder decir que la lucha la hicieron, nos comentan.

Noroña, sin cubrebocas en el AICM

Y pues sí, otra vez fue el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, quien se llevó una carretada de reclamos y el grito de “fuera, fuera, fuera…” Ahora fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en donde apareció en una de las bandas para recoger equipaje, sin usar cubrebocas. A pesar del aluvión de quejas de los usuarios que ahí se encontraban —y que se encargaron de difundir un video de una parte del hecho, reclamando la falta de cortesía y sensibilidad por tratarse de un espacio no precisamente cerrado, pero sí en donde la gente se suele aglomerar—, el legislador en ningún momento hizo por colocarse una mascarilla. Por cierto que, al darse a conocer las imágenes, el legislador consideró que se trata de una campaña e insistió en que en nuestro país el uso del cubrebocas no es obligatorio. “Ni así me obligarán a amordazarme”, señaló. Ayer las defunciones totales por Covid-19 en el país llegaron a las 278 mil 592. (La Razón, La dos, p. 2)

Estrictamente personal // Los Pandora Papers tocan a Palacio Nacional

El 4 de abril de 2016, Andrés Manuel López Obrador hizo una de esas declaraciones que jamás debió pensar que se le revertirían. En un mitin en Tlaxcala, en el momento donde estaba en lo más alto el escándalo de los Panama Papers, la investigación periodística global sobre el uso de paraísos fiscales de políticos, empresarios y celebridades donde aparecían varios mexicanos, afirmó que el SAT debía investigarlos porque, sin duda, se trataba de lavado de dinero. Cinco años después un búmeran llamado Pandora Papers le ha pegado en la cabeza.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que coordinó durante más de un año con el mayor sigilo una investigación con 150 medios en el mundo –incluidos tres mexicanos y uno latinoamericano–, dio a conocer este domingo casi 2 millones de documentos sobre operaciones de líderes, funcionarios y políticos en 91 países, que utilizaron paraísos fiscales para ocultar operaciones financieras. No todos de quienes aparecen en esa lista incurrieron en delitos, pero sí hay quienes actuaron al margen de las leyes de sus países, incluidos algunos prominentes mexicanos, muy cercanos al presidente López Obrador.

La persona sobre la cual se han centrado los ojos es Julio Scherer, hasta hace un mes consejero jurídico de la Presidencia, que utilizó un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes para controlar un departamento de un millón y medio de dólares en la avenida Collins, cerca de Miami Beach, al haberle transferido las acciones a Ilja Landsmanas Dymensztejn y su esposa Ivonne Stern Wolf, quienes permanecieron como directores de la sociedad creada, hasta 2017, cuando dejaron todo en manos del exfuncionario. Ese departamento, de acuerdo con la revista Proceso, donde los Scherer son los propietarios, no apareció en las declaraciones patrimoniales públicas del exconsejero.

Scherer explicó que esas operaciones las hizo cuando aún no era funcionario público, aunque en su respuesta a los medios que divulgaron la investigación, no mencionó el porqué no lo había incorporado en su declaración patrimonial. Tampoco aparece ningún detalle de cuánto pagó, si así lo hubiera hecho, por las 50 mil acciones que le dieron la propiedad del departamento, ubicado en una de las zonas residenciales más exclusivas del sur de Miami.

Esta revelación es una bomba de tiempo, porque la familia Landsmanas es propietaria del Corporativo Kosmos, que entre sus empresas tiene a La Cosmopolitana, un monopolio de servicios de comida en las cárceles mexicanas, que está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República desde 2019. La familia Landsmanas era hasta finales de 2018, en vísperas de la toma de posesión de López Obrador, cliente del despacho de Scherer. La revista Contralínea, cercana a las áreas de seguridad del gobierno, publicó en septiembre que la investigación era por presuntos sobornos a funcionarios y amenazas a quienes quisieran quitarles el negocio del abasto y venta de alimentos. Personas que trataron con los Landsmanas durante esta administración corroboraron que, en efecto, decían que estaban “muy bien conectados en Palacio Nacional”.

Las revelaciones sobre Scherer no son las únicas que tienen dinamita. En los Pandora Papers figura Julia Abdala, la pareja de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, por más de 20 años. Abdala es una controvertida figura que se ha convertido en una especie de bróker para solucionar problemas, de acuerdo con personas a quienes les han ofrecido sus servicios para obtener contratos o desbloquear trámites con el gobierno. La señora Abdala emergió en los documentos como socia en Roybell International Inc., incorporada en Panamá en 2011. No es lo único. De acuerdo con la investigación, a finales de 2017, Abdala abrió una cuenta bancaria en el Lyford International Bank and Trust en las Bahamas. Ninguna de estas acciones fue reportada por Bartlett, quien se ha escudado en el argumento cobarde de que no es su esposa ni ha sido su concubina.

En los casos de Scherer y la pareja de Bartlett, hay elementos para investigar probables responsabilidades por haber ocultado información financiera relevante en sus declaraciones patrimoniales al iniciar el gobierno de López Obrador. Otras dos personas cercanas al Presidente, que también aparecen en los Pandora Papers, parecen ser más víctimas de estafas que de haber hecho algo más que tener cuentas en paraísos fiscales, lo que, en sí mismo, no es un delito.

Tal es el caso, aparentemente, del secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, quien abrió una estructura BVI, por su acrónimo de Islas Vírgenes Británicas, en 1998, y se vinculó con el Stanford Trust Company, del financiero estadounidense Robert Stanford, quien lo estafó junto con otras 30 mil personas. Igual le sucedió con el senador de Morena Armando Guadiana, quien a través de un fideicomiso en Antigua y una BVI, se vinculó a Allen. Sin embargo, en lo que también podría tipificarse como delito, omitió declarar una fortuna de 28 millones de dólares escondida en los paraísos fiscales.

No es la primera vez que aparecen personas del gobierno o cercanas al presidente con cuentas en paraísos fiscales. En los Panama Papers surgió el nombre del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en una sociedad en Panamá creada por su hermano, ya fallecido, que declaró no haber tenido conocimiento de su incorporación ni que fuera miembro de ella. Recientemente, la familia de su hermano dijo que esa sociedad servía de prestanombres del fiscal, que tiene ahí 8 millones de dólares.

No deja de ser significativo que en Proceso, la revista de la familia Scherer, se recordó ayer que el 18 de agosto del año pasado, cuando en la comparecencia mañanera le preguntaron sobre la corrupción en anteriores gobiernos, López Obrador preguntó: “¿Cómo se va el dinero de un país saqueado a un paraíso fiscal y no pasa nada?”. De inmediato respondió: “Hay países que incluso viven de eso. Es inmoral”. Sus palabras de antes tendrán que ser respaldas por acciones de su gobierno en estos nuevos casos divulgados en los Pandora Papers, si mantiene una congruencia y coherencia con lo que afirmó en 2016 y lo que dijo el año pasado. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 38)

Alhajero // ¿Quién está pensando en el 24?

Yo no sé quién está pensando en el 24…; quien piense eso, pues no sé en qué está pensando.”, soltó hace unos días Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues con la novedad de que son muchísimos los que están pensando en el 2024 (incluida ella, por supuesto). Desde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para abajo.

¿Acaso no respondió a la pérdida de la mitad de la Ciudad de México —y lo que ello implica para la elección del 2024— buena parte de los reacomodos que se han dado a últimas fechas? La designación (desde Palacio Nacional) de Martí Batres como secretario de Gobierno de la CDMX es también con vista al 24 —a nivel local y federal— para rehacer Morena en el centro del país y restablecer su control territorial.

El encuentro al que asistió obligada Sheinbaum con Ricardo Monreal para restablecer el diálogo entre ellos y ser advertidos por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que Morena peligraba —tanto en la elección presidencial como en la de la CDMX—, si mantenían el conflicto entre ellos, ¿acaso no fue también pensando en el 24?

Y ni qué dudar de las giras que está realizando López Obrador con Sheinbaum por distintos puntos de la capital, so pretexto de inaugurar sucursales de Bienestar, consintiéndola y levantándole el brazo en señal de triunfo.

¿Quién está pensando en el 24? ¡Pues todos! Todos los que se dedican a la política, compañeros y adversarios, morenos y opositores. Y no se diga los ciudadanos, aunque no los tomen en cuenta gran cosa, y piensen que arreglándose en las cúpulas partidistas tendrán su control y obtendrán su voto con los dineros que les reparten a través de los programas sociales. También ellos están pensando en el 24. El Presidente no deja de presumir —la semana pasada insistió en ello— que tiene muchas corcholatas para el 2024. Mejores que las de cualquier partido opositor.

La oposición PAN-PRI-PRD se conformó como bloque opositor para la elección de junio pasado. Buscan continuarlo. A saber si lo lograrán. (Martha Anaya, El Heraldo de México, País, p. 6)

Duda razonable // Ahora sí, AMLO arranca la campaña por el 24

El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su anunciada reforma al sector eléctrico del país. Una especie de contrarreforma a las múltiples modificaciones que el sector ha tenido en los últimos lustros.

En estos días y las próximas semanas leeremos y discutiremos todos los análisis económicos necesarios, sus consecuencias, su compatibilidad o no con el T-MEC, se harán predicciones de si la iniciativa llegará o no a juntar los votos necesarios en el Congreso para modificar la Constitución.

Más allá de eso, creo que la iniciativa y su presentación cumplen otra misión. Una que importa más al Presidente: la propuesta de reforma es, sobre todo, una causa. Una causa que, según él, le permite movilizar seguidores, porque es así como entiende la política el Presidente, como movilización.

Tres años después de llegar a Palacio Nacional el Presidente mismo ha dicho que ya ha cumplido casi todos sus compromisos iniciales. Sus causas originales como los múltiples programas sociales o la inversión en el sur del país o la austeridad en el gobierno ya están ahí y, como sea, avanzan. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)

Política zoom // Repudiable omisión del Ejército

Una erupción incontenible de preguntas voló por los aires cuando se dieron a conocer dos conversaciones, obtenidas mediante espionaje militar, fechadas en Iguala el 26 de septiembre y el 4 de octubre de 2014.

Ambas contienen información central para la investigación del caso Ayotzinapa, la cual fue ocultada por el Ejército durante siete años. ¿Por qué este material no se entregó a las autoridades responsables de las investigaciones? ¿Por qué el mando militar no informó, el mismo 26 de septiembre, que los normalistas podían encontrarse en Pueblo Viejo? ¿Por qué se permitió que la Procuraduría General de la República engañara con el vertedero de Cocula? ¿Por qué el Ejército no obedeció las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, desde el arranque de su mandato, instruyó para que toda información en manos militares fuese entregada a la Comisión de Ayotzinapa?

¿Por qué el Ejército espiaba a Francisco Salgado Valladares, subjefe de la policía de Iguala, y a Gildardo López Astudillo, supuesto líder de los Guerreros Unidos? ¿Con qué sustento o mandato legal se intervinieron los dispositivos celulares de estos sujetos? (Ricardo Raphael, Milenio Diario, Al frente, p. 3)

El asalto a la razón // Los 43: sorpresivo manotazo de AMLO

Las conversaciones entre policías de Iguala y el líder de Guerreros Unidos Gildardo López Astudillo, El Gil o El Cabo Gil, interceptadas hace siete años por el Ejército (unas horas antes de que los normalistas de Ayotzinapa fueran victimados) hacen polvo las patrañas que desde entonces esgrimen el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, los centros Tlachinollan y Pro de Derechos Humanos, la comisión de la verdad y la fiscalía especial de la 4T, para quedar una única certeza: Los 43 fueron asesinados por esa narcobanda y por nadie más.

El mérito de la revelación que confirma lo ya sabido es del presidente López Obrador, único que podía ordenar hacer público uno de los secretos que atesora la Secretaría de la Defensa Nacional por ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Según la transcripción, fueron 38 los estudiantes que el segundo comandante de Iguala, Francisco Salgado Valladares, calculó antes de entregárselos en grupos de 21 y 17 al Cabo Gil, el sanguinario asesino (en su celular guardaba fotos de descuartizamientos) capturado por la extinta Policía Federal el 17 de septiembre de 2015 y que el 3 de septiembre de 2019 quedó en libertad porque un juez desestimó un tercio de las pruebas que presentó la desaparecida PGR. (Carlos Marín, Milenio Diario, Política, p. 7)

Historias de reportero // La FGR escala el pleito con científicos: los cita a declarar como imputados

En los últimos días, científicos y académicos que fueron acusados por el gobierno federal de delincuencia organizada, han sido citados a declarar en calidad de imputados, a las oficinas de la fiscalía encargada de combatir a las bandas criminales del país.

Según los documentos en nuestro poder, desde el pasado 30 de septiembre la FGR citó a declarar, ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), a varios de los 31 científicos que han sido acusados de delincuencia organizada. Según fuentes con acceso al caso, entre quienes recibieron el citatorio se encuentran al menos Julia Tagüeña Parga, Gabriela Dutrenit, José Franco, Rafael Pando, María Dolores Sánchez y Patricia Zúñiga, quienes forman parte de un grupo de 31 científicos, académicos y funcionarios a los que las autoridades acusan de corrupción y delincuencia organizada, y cuyo caso ha despertado indignación y solidaridad en México y otros países,

El citatorio solicita que acudan a declarar, en calidad de imputados, a las oficinas de la FEMDO, en Paseo de la Reforma 75, en la Ciudad de México, en los primeros días de octubre. De acuerdo con el citatorio oficial, el objeto de la declaración es esclarecer los hechos de que se les acusa y que son de conocimiento de la Fiscalía. Se desglosan también los derechos de los imputados con base en la Constitución Política de los Estados Unidos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre los cuales destaca el derecho a una defensa legal y el acceso a la carpeta de investigación, a la cual hasta ahora no han tenido conocimiento, según han denunciado públicamente.

A pesar de que la FGR ha dicho que no se trata de una persecución contra la comunidad científica, la decisión de actuar contra los científicos y los delitos que les imputan ha sido criticada profundamente como una medida desproporcionada de aplicación de la justicia. Especialmente en un país en el que el presidente López Obrador se refiere con candor y respeto a los más peligrosos líderes de cárteles del narcotráfico y a la vez, tiende un manto de impunidad sobre las sospechas de corrupción que llegan a su círculo familiar: dos de sus hermanos fueron videograbados recibiendo dinero en efectivo de manera clandestina, y diciendo que ese dinero era para la campaña política del hoy presidente de México.

La exhibición pública de este flagrante doble rasero —suavidad para capos y familia, rudeza para científicos— no ha hecho al gobierno dar marcha atrás ni enmendar su propósito. No sólo han sido citados a declarar como imputados, sino que en la recta final de la semana pasada, el vocero presidencial, Jesús Ramírez, defendió vehementemente en redes sociales la actuación de la Fiscalía General de la República (que se supone autónoma e independiente) contra los académicos por presuntos desvíos y mal uso de recursos públicos, perdiendo el foco sobre el punto central: el uso desproporcionado y desigual de la fuerza del Estado, y el innegable hecho de que esta persecución responde también a la venganza personal del fiscal general, Alejandro Gertz, por el rechazo de la comunidad académica a que él tenga los méritos para haber sido incorporado a la selecta lista de los académicos del más alto nivel del país. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)

Epicentro // Fentanilo, enemigo en común

Esta semana, en un contexto difícil, se reunirán las autoridades más relevantes de seguridad de Estados Unidos y México. El secretario de Estado, Anthony Blinken, no asistió al bicentenario de la Independencia, pero estará en México ahora, para hablar de cosas serias. También Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interior, y Merrick Garland, fiscal general. Es una visita de alto perfil, con oportunidades y riesgos.

El canciller Ebrard ha dicho que la reunión debe ser un punto y aparte en la relación bilateral. Ebrard pretende dejar atrás la Iniciativa Mérida, que rigió la coordinación en seguridad por casi década y media. La apuesta es congruente con la dinámica de demolición del gobierno mexicano, que acaba con todo lo anterior sin, parece, tener mucha idea de qué construir en su sitio. En este caso, la apuesta es peligrosa. Sugiere el presidente López Obrador que el país está en paz. Está en su imaginación: los problemas de seguridad en México son muchos y están aumentando. Un ejemplo es el fentanilo.

La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (que encabeza Garland) convocó a una conferencia de prensa para compartir información alarmante. De acuerdo con Lisa Mónaco, brazo derecho de Garland y experta en seguridad nacional, el fentanilo es una crisis fuera de control. “Los opioides fueron responsables de casi tres cuartas partes de las más de 93.000 sobredosis fatales de drogas en los Estados Unidos en 2020”, dijo Mónaco. “La omnipresencia de estas drogas ilícitas y las sobredosis fatales que resultan con demasiada frecuencia, es un problema que golpea todo Estados Unidos”. En respuesta, las autoridades estadounidenses redoblaron esfuerzos de incautación. En poco menos de dos meses, decomisaron casi dos millones de pastillas cubiertas de fentanilo, además de 715 kilos de polvo de fentanilo, “suficiente para producir decenas de millones de píldoras letales”.

Esta epidemia tiene dos orígenes geográficos: China y México. “Las redes criminales de drogas mexicanas están produciendo en masa fentanilo ilícito y píldoras falsas mezcladas con fentanilo, utilizando productos químicos procedentes principalmente de China, y las están distribuyendo a través de las redes delictivas estadounidenses”, explicó el Departamento de Justicia. Anne Milligram, encargada de la DEA, describió a detalle la gravedad del problema. “Las píldoras falsas con fentanilo incautadas por la DEA podrían potencialmente matar a más de 700.000 estadounidenses”, dijo. Solo en 2019, el fentanilo causó la muerte de casi 40 mil estadounidenses.

Si la demanda en Estados Unidos de opioides sintéticos es un problema terrible, la oferta mexicana es equivalente. Las organizaciones criminales en México han apostado crecientemente al tráfico de la droga, mucho más fácil de producir, transportar y distribuir que cualquier otra. Así ha ocurrido con el cártel de Sinaloa y, por supuesto, con el CJNG, que se ha concentrado en el fentanilo desde hace algunos años. Diversos estudios confirman que la apuesta de las dos grandes organizaciones criminales mexicanas por el fentanilo va a crecer. Y, con ello, su amenaza en México y Estados Unidos.

El fentanilo es solo una pieza de un rompecabezas muy complejo. Las trabas de colaboración después de la detención del general Cienfuegos han exasperado a las autoridades estadounidenses, que ven con alarma el crecimiento del crimen organizado en México. Si el gobierno mexicano quiere el final de la Iniciativa Mérida, adelante. Pero esperemos que sepa con toda claridad lo que propondrá en su sitio. Porque, mientras tanto, el fentanilo sigue inundando Estados Unidos. Y eso, más temprano que tarde, tendrá consecuencias. (León Krauze, El Universal, Nación, p. 13)

En tercera persona // La filtración de la Sedena

La FGR prefirió dejar la investigación en manos de un criminal de cuarta. Un criminal que les vio la cara

Bastó una sola decisión política del presidente de la República para que cayeran siete años de patrañas y se desnudaran algunas de las contradicciones, las distorsiones que enturbian desde su origen el espinoso caso Ayotzinapa.

Luego de que EL UNIVERSAL diera a conocer que la Fiscalía General de la República mantenía ocultas declaraciones de militares, relacionadas con la desaparición de 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, el presidente López Obrador declaró que en su gobierno no existe opacidad y encargó a la Secretaría de Gobernación que liberara toda información ligada con esos hechos.

Gobernación transparentó solo dos hojas. Su contenido, sin embargo, es volcánico. Se trata de dos intervenciones telefónicas realizadas por la Sedena. La primera, del 26 de septiembre de 2014 (a la que me referiré aquí), es un intercambio de mensajes que el líder de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Gil, sostuvo la noche de la desaparición con un comandante de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, alias “Ignacio”.

Esa noche, “Ignacio” le reportó al Gil que tenía detenidos a varios “ayotzinapos” que habían llegado a Iguala “encapuchados y armados”. El Gil respondió: “Páseme unos por el camino a Pueblo Viejo. Yo los recibo… Tengo unas camas para aterrizarlos, páseme a los detenidos”.

Le contestó Valladares: “Ok. Ya los suelto… Ok, son 21 personas en el autobús q va a salir… Pónganse pilas los de las camas… Ya se estansotando (sic) los del autobús paq los revienten ustedes… Viejo, tengo 17 en la cueva… Manda gente suficiente a la brecha de Lobos, van 17 detenidos… Y aquí tenemos 17 todavía en la cueva… Estos también los quieres y decimos q no isimos detenciones (sic)”.

Escribió El Gil: “Ok, dígales [a sus jefes] que no agarró nada”. Salgado Valladares respondió: “Sí, así mero le dije al secre q no se iso ninguna detención”.

El Gil fue señalado por diversos colaboradores como jefe regional de los Guerreros Unidos: “capitán de capitanes” en una amplia región que incluía Iguala, Huitzuco, Tepecoacuilco, Cocula, Buenavista, Taxco… y como el líder criminal que esa noche operó la desaparición de los estudiantes.

Unos chats dados a conocer más tarde por la DEA confirmaron su participación en los hechos. Ahí estaba El Gil interactuando, reportando, tramando cosas con los jefes del grupo. Esos chats mostaron que fue El Gil quien sembró la idea entre los líderes de que en los autobuses en los que los alumnos llegaban a Iguala iba gente identificada con un grupo rival: Los Rojos.

López Astudillo fue detenido en octubre de 2015. Sus primeras declaraciones fueron cimiento de la llamada “verdad histórica”, que postuló que los estudiantes fueron asesinados e incinerados por miembros de Guerreros Unidos en el basurero de Cocula. Uno de los sicarios que estuvo ahí esa noche relató la manera en que habían preparado las “camas” —con varas, llantas y gasolina— para quemar y desaparecer los cuerpos (su declaración fue videograbada).

Sin embargo, El Gil procuró deslindarse siempre de los hechos e intentó responsabilizar a otros de lo sucedido el día 26.

Tuvo la fortuna de que su detención se hubiera realizado con graves violaciones al debido proceso, y tuvo la fortuna de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, llegara en su auxilio: el GIEI lo cobijó y lo presentó como víctima. El GIEI lo amparó, lo promovió, lo dirigió. Con tan buenos resultados que en agosto de 2019 el Gil fue liberado y se convirtió en testigo colaborador bajo la clave “Juan”.

“Juan” vive hoy a todo lujo en un departamento ubicado en un barrio exclusivo de la ciudad de México. Le entregó al fiscal especial del caso Iguala, Omar Gómez Trejo (ex secretario técnico, por cierto, del GIEI), todo lo que a él lo exculpaba como jefe regional, y todo lo que el fiscal deseaba oír: que camionetas del Ejército se habían llevado a varios alumnos al 27 Batallón, que se lo habían entregado “a Nicolás Nájera… para destazar”; que los sicarios trasladaron los cuerpos destazados a un crematorio, y que ahí “recogían y tiraban”.

Que “Juan” había oído todo esto por radio: que los cuerpos destazados fueron llevados al crematorio de una funeraria en Iguala y que luego los restos fueron trasladados en bolsas “a Coacoyula y los alrededores de Taxco”. Que a otros alumnos una célula de Guerreros Unidos los disolvió en ácido y los echaron al drenaje, y que quien había dirigido todo esto era un personaje que no figuró en ningún expediente: en ninguna de las de fojas que integraron la investigación: Jesús Pérez Lagunas, El Güero Mugres.

El Güero Mugres tenía la ventaja de que, además de ser enemigo de El Gil, había sido asesinado en marzo de 2018: no podía decir ni sí, ni no. Los autores de esta investigación filtraron a los medios las sensacionales “revelaciones” de “Juan”, quien les entregó, además, una larga nómina de funcionarios “comprados” en todos los niveles.

Hoy, el testigo estrella de la FGR acaba de ser exhibido por medio de las intervenciones telefónicas de la Sedena. Su versión, sus diferentes versiones, se caen a pedazos y se llevan consigo la “verdad alterna” que Gómez Trejo y sus corifeos intentaron construir, con la invaluable colaboración del GIEI.

Desde 2018 la CNDH planteó que la desaparición de los alumnos ocurrió en dos rutas, y tuvo un mismo destino: el basurero de Cocula. Propuso que se analizaran 114 restos recogidos en el vertedero y en el río San Juan.

La FGR se ha negado a hacerlo. Prefirió dejar la investigación del caso Iguala en manos de un criminal de cuarta. Un criminal que les vio la cara, y que fue usado por el GIEI y otras organizaciones en beneficio de su propia agenda y sus propios intereses.

Por eso la orden del presidente de transparentar la investigación les arrancó gritos de rabia.

Dos hojas tiraron las mentiras laboriosamente construidas a lo largo de siete años. (Héctor de Mauleón, El Universal, Nación, p. 9)

Razones // Nuevas autoridades y empoderamiento criminal

En Acapulco fue incendiada la discoteca Baby’O, un icono de la noche acapulqueña. Tres hombres ingresaron al local con bidones de gasolina y le prendieron fuego: las cámaras de seguridad lo exhiben con claridad. La primera reacción del gobierno estatal, sin conocer todavía los videos, fue decir que el siniestro había sido causado por un corto circuito. De la nueva presidenta municipal que había asumido ese mismo día ni sus luces. ¿Fue el incendio de la discoteca una advertencia de la delincuencia organizada a las nuevas autoridades locales? Todo parece indicarlo.

Porque no sólo ese incendio ocurrió al mismo tiempo que se deba el cambio de poderes municipales. En video pudimos ver la forma salvaje con que eran capturados, interrogados, torturados, y literalmente destazados quince miembros de Guerreros Unidos en Iguala, por parte de miembros de otra banda, Los Tlacos, de Onésimo Marquina Chapa. Las imágenes son terribles, de un nivel de violencia nunca visto hasta ahora. Hechos similares se repitieron en distintos municipios de Guerrero el mismo día. Y en Iguala, en el penal estatal, estalló un motín de los presos de Guerreros Unidos protestando por la muerte de sus integrantes.

El cambio de poderes en los próximos días se extenderá a la gubernatura, donde dejará la casa de Chilpancingo Héctor Astudillo y asumirá Evelyn Salgado Pineda, la hija de Félix Salgado Macedonio. No digo que Félix haya estado involucrado con el narcotráfico, pero durante su administración en Acapulco fue cuando estalló la presencia de los grupos criminales, sobre todo de los Beltrán Leyva, en el puerto. Su administración comenzó, vaya paradoja, con otro hecho brutal: las cabezas de varios decapitados en las puertas de las oficinas de gobierno. El esposo de Evelyn, la nueva gobernadora, es Alfredo Alonso Bustamante, hijo del empresario Joaquín Alonso Piedra, conocido como El Abulón o El Señor de los fierros, quien fue acusado de ser el operador financiero de Clara Elena Laboría, esposa de Héctor Beltrán Leyva. Incluso en 2016, El Abulón fue detenido por la Policía Federal. Meses después fue liberado. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 12)

Astillero

Cuatroteísmo y paraísos fiscales // Legal, pero inmoral // Empresarios, pripanismo // Marcha católica, portazo y Delgado

La apertura periodística de la caja de secretos financieros y fiscales alcanzó en México a tres segmentos bien definidos: grandes empresarios, cuyos historiales poca sorpresa provocan al saber las maniobras que realizan; a hijos y familiares de políticos del pasado, sobre todo priístas y panistas, y a figuras relevantes de la llamada Cuarta Transformación, en las cuales se ha centrado la atención mediática porque habría de suponerse que esos presuntos transformadores no recurrirían a ese tipo de prácticas, cobijadas por la legalidad pero sumamente indicativas de acciones inmorales de enriquecimiento y ocultamiento de fortunas.

El caso de mayor contundencia en cuanto al cuatroteísmo corresponde a Julio Scherer Ibarra, cuya renuncia al cargo fue confirmada el pasado 2 de septiembre, entre especulaciones sobre su salida relacionadas con el desplazamiento de sus funciones que se prefiguraba con la llegada de Adán Augusto López Hernández a la Secretaría de Gobernación, pero también respecto a la presunta persistencia de un ánimo empresarial y de litigios particulares, además de indebidas promociones electorales, todo lo cual no debería coincidir con el ejercicio de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República que con el citado Scherer Ibarra llegó a tener un gran poder. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 12)

La hora del PRI: ¿opositor o comparsa?

por Salvador García Soto/El Universal

Los reflectores de la política nacional están en estos momentos puestos sobre el PRI. El partido que pasó de ser la fuerza dominante en el país a convertirse en una mermada oposición en los últimos tres años, hoy está en el ojo público por la posición que jugará en el Congreso en la discusión de la reforma constitucional del sector eléctrico que envió el presidente López Obrador al Poder Legislativo. De los votos de los priistas depende que se aprueben o se rechacen esas reformas, que proponen volver al control estatal en la generación y venta de electricidad dando preponderancia de la CFE y revirtiendo inversiones privadas, incluidas las que generan energías limpias.

Lo que queda del viejo PRI —que este año perdió 8 gubernaturas estatales aunque logró aumentar su presencia en la Cámara de Diputados gracias a coalición electoral que hizo con el PAN y el PRD— será puesto a prueba en sus posiciones y definiciones políticas, pues por un lado impulsó una alianza legislativa opositora, de la que dice ser parte, y por otro acaba de anunciar que va a “analizar y revisar en foros con expertos” la propuesta de reforma que ya rechazaron sus aliados panistas, perredistas y hasta la dirigencia de MC, mientras el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, parece abrir una ventana para apoyar a Morena y a la contrarreforma eléctrica de López Obrador.

La posición inicial del CEN priista y de su bancada en la Cámara de Diputados no sólo contrasta y choca con la asumida por los otros integrantes del bloque opositor, que de entrada calificaron de “regresiva, contaminante, expropiatoria y estatizadora” la reforma eléctrica lopezobradorista, sino que además sorprende porque fue precisamente el PRI y sus diputados los que aprobaron apenas en 2013 la reforma eléctrica de Peña Nieto que hoy sería  revertida casi en su totalidad por la propuesta del actual gobierno. Incluso el actual dirigente priista, Alejandro Moreno, celebraba en 2013, junto a las cúpulas de su partido el “logro histórico” de la reforma peñista, la misma que hoy “estudia” cancelar.

Y aunque ya muchos adelantan y suponen que el PRI va a votar con Morena y le va a dar a López Obrador los 57 votos que necesita para lograr la mayoría calificada de 334 votos, la realidad es que el priismo está dividido en este tema, entre los que estarían por revivir el PRI-MOR legislativo y los que exigen que su partido actúe como oposición y con congruencia en un tema que ellos mismos aprobaron. El grupo que controla el CEN y la fracción priista en San Lázaro, formado por la triada de Alejandro Moreno-José Murat-Rubén Moreira podría buscar una “negociación” con la 4T y hay señales en ese sentido, por las concesiones que Morena les dio a los priistas en la Cámara de Diputados, donde obtuvieron posiciones como la presidencia de la Jucopo para su coordinador Moreira o las Comisiones de Gobernación y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

A favor de ese grupo y de su posible voto en respaldo a la reforma lopezobradorista estarían dos cosas: primero, un intento de deslindarse y desmarcarse del sexenio de Peña Nieto con su estela de corrupción y desprestigio, y segundo, una vieja corriente interna del nacionalismo revolucionario que, ya aunque fue desechado como ideología priista y sepultado por las reformas a los estatutos internos que se hicieron en la XXII Asamblea Nacional encabezada por el presidente Peña Nieto en agosto de 2017, todavía tiene adeptos dentro del priismo y es prácticamente lo que ahora reivindica López Obrador con su contrarreforma energética una vuelta a los principios nacionalistas que durante décadas enarboló el viejo PRI y que ahora retoma, recicla y hace suyos la llamada “Cuarta Transformación”.

El problema para el PRI es que una votación en favor de la reforma de López Obrador sería el tiro de gracia a la poca credibilidad que le queda como fuerza política y terminaría por desdibujar ideológica y políticamente a un partido que está en franco retroceso en las tendencias de votación entre los mexicanos y que al presentarse como “aliados de la 4T” terminarían acelerando el proceso de desfonde y transfusión de las bases priistas hacia Morena y hacia el lopezobradorismo en toda la República. Y de paso, los priistas darían también un golpe letal a la “Alianza Opositora” en la Cámara de Diputados que difícilmente sobreviviría como el bloque que se propuso contener al presidente y a su intención de seguir acumulando poder con cambios constitucionales.

Estamos definitivamente ante una disyuntiva que puede ser vital para los priistas y su partido. Pactar con López Obrador en un tema tan sensible, visible y de impacto no sólo nacional sino internacional para las inversiones sería no solo volverse comparsas y terminar de desdibujarse como opción política, sino también facturarle a la 4T los despojos que quedan del viejo PRI; mantenerse firmes como oposición podría ser un último reducto de sobrevivencia para el partido que dominó el poder y la política mexicana durante 75 años ininterrumpidos y que en el pasado sexenio vivió un engañoso intento de resurgimiento que terminó arrasado por la misma figura política que los desfondó en 2018 y que en el 2021 podría terminar de aniquilarlos.

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El “Cártel del Conacyt”

José Antonio Crespo/El Universal

No se trata, como interpretan los obradoristas duros, de que los científicos y académicos son impolutos y de inquebrantable ética (más bien, eso dicen los morenistas de sus líderes). Tampoco de que no se puedan investigar los manejos de fondos en las universidades públicas o el Conacyt, pues seguramente puede haber (y ha habido) abusos, excesos y corruptelas. Se trata, una vez más, de defender tres principios esenciales de la justicia moderna; el debido proceso, la proporcionalidad de la sanción y la presunción de inocencia.

AMLO responde que no es un embate contra los científicos, sino combate a la corrupción donde la haya. Estamos de acuerdo con ese propósito, pero debe cumplir ciertas características, como la debida aplicación de la ley para evitar injusticias, con criterios universales y no para fines políticos. Eso es lo que ha escaseado en este gobierno (y en anteriores, desde luego). Por lo cual el avance ofrecido por AMLO en materia de Estado de Derecho no se ve.

Si hubo algún ilícito en el caso de la “mafia del Conacyt”, cuesta trabajo considerarlo como delincuencia organizada o lavado de dinero. Ejemplo: se gastaron 17 millones en una casa en Coyoacán; ¿alguno de los indiciados la puso a su nombre; o la habita hoy con su familia? No. Si hubo excesos en los gastos y la asignación de recursos que hayan sido ilegales, se sancionen proporcionalmente. Si se desea evitar eso a futuro, se modifique la ley y se reduzcan los fondos para tales fines, como ya se está haciendo. Pero no puede aplicarse la norma retroactivamente.

También se está afectando la presunción de inocencia de los acusados al dar por hechos los delitos, antes de juicio alguno; AMLO da por sentado que toda la comunidad es abusiva, parasitaria, tramposa, hipócrita y probablemente corrupta. Todo indica le tiene algún resentimiento a esa comunidad. De ahí que, más allá de este caso, prevalece la descalificación retórica, las difamaciones (como señalar que las instituciones públicas sirven a los intereses privados), el recorte de fondos, la desaparición de los fideicomisos relacionados con esta actividad (incluso los que no tenían indicios de corrupción), y la reducción de prestaciones básicas.

Pero más grave es que, por ejemplo, en la solicitud al juez de una orden de aprehensión para encerrar a los 31 acusados en Almoloya, se da por hecho su culpabilidad e incluso vínculos con el crimen organizado. Ahí se dice que los indiciados podrían escapar de un centro menos seguro e incluso poner en peligro la seguridad interna, por “las enormes cantidades de dinero y capacidad económica obtenida de forma ilícita”. Es decir, se da por sentado que los susodichos ya son millonarios debido a sus ilícitos. Y se asegura que esos académicos “eventualmente podrían ser auxiliados por miembros de la propia organización criminal que conforman… para una evasión”. Qué cárteles de Sinaloa o de Jalisco Nueva Generación ni qué nada.

Y eso de que “el que nada debe, nada teme”, aplica quizá a países de un alto nivel de desarrollo como los escandinavos, pero difícilmente en países como México, Cuba, Venezuela o Nicaragua. Ahí está Emilio Lozoya, delincuente grave y confeso disfrutando de libertad provisional y la fortuna que le dio Odebrecht, mientras que Rosario Robles, acusada de un delito no grave, está presa hace dos años sin que haya sido juzgada. Y Peña Nieto libre y felíz a raíz del probable Pacto de Impunidad con Amlo. Vaya confiabilidad de la “justicia” en este gobierno. La prisión preventiva se ha convertido en instrumento de intimidación o venganza personal, y contradice otro principio de la justicia moderna; “más vale un culpable libre que un inocente encarcelado”. De ahí que a quienes huyen les ha ido mejor que a los que inocentemente han confiado en la justicia mexicana. Lejos de avanzar, retrocedemos.

Profesor afiliado del CIDE.

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Coordenadas

Enrique Quintana/El Financiero, octubre 04, 2021;

¿Cuál es la razón por la cual el presidente de la República envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que va a requerir de los votos de otros partidos para aprobarse?

Aunque desde hace algún tiempo el presidente señaló que estaba pendiente la reforma para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pocos pensaban que podría llegar tan lejos como llegó.

De aplicarse, lo más probable es que se desatarán litigios sinfín en México y en el extranjero, por la violación de derechos adquiridos de las empresas que han invertido en el sector.

Es muy probable que el propio presidente de la República sepa, como admitió alguna vez, que va a ser muy complicado obtener los votos necesarios para realizar una reforma constitucional como la planteada.

Entonces, ¿por qué razón se envió la iniciativa?

AMLO dijo en diferentes ocasiones que no podía dejar de formular su propuesta al margen de que contara con los votos suficientes o no.

Claro que es importante contar con los votos suficientes y AMLO tiene una estrategia para tratar de conseguirlos.

La aprobación de esa iniciativa en la Cámara de Diputados requiere de 331 votos. Morena y sus aliados tienen 278. Les hacen falta 53 para la mayoría calificada.

Este fin de semana, hubo rechazo a la propuesta del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. No lo hizo el PRI, que anunció que realizará foros para analizarla.

El PRI tiene 71 diputados. La apuesta de AMLO es que de allí salgan los votos que faltan.

En el Senado, necesitan 86 votos. Morena y sus aliados cuentan con 76 votos (o 73 si se descuentan los que salieron de Morena y PT para buscar la formación de su propio grupo parlamentario). Les harían falta al menos 10 votos (o 13). El PRI tiene 12 asientos en el Senado. También hay una apuesta a que de allí salgan los votos necesarios.

Pero además, es probable que se busque presionar a algunos legisladores de otros partidos para que den su voto a la iniciativa.

No se trataría solamente de convencerlos del mérito que ésta tiene sino, por ejemplo, buscar a aquellos que tengan ‘colas que les pisen’ y que sean susceptibles de ser extorsionados.

Otra posibilidad es buscar a aquellos que pudieran aceptar dar luz verde a la propuesta a cambio de dinero. No sea mal pensado. A cambio de financiar algunos de sus proyectos en el presupuesto.        

Y no descarte usted tampoco que incluso pueda ser posible convencer a algunos que, en su fuero interno, piensen que es preferible contar con una empresa eléctrica estatal todopoderosa, aunque el consumidor y el ambiente resulten perjudicados.

Otra posibilidad que no debe descartarse es que el contenido de la iniciativa esté diseñado exprofeso para ser recortado. Es decir, para quitarle algunos componentes que son intransitables, como los cambios que hundirían a quienes ya han hecho inversiones en el sector.

En ese caso también podría haber un juego en el que se permite que algunos legisladores de la oposición hagan algunos cambios para hacerla digerible, pero sin modificar nada de lo esencial.

Justamente para definir qué es ‘esencial’ hay que tomar en cuenta que el gobierno de López Obrador no quiere un sistema eléctrico en el cual haya competencia.

Desde 1992, cuando, por la vía de una modificación reglamentaria, se permitió que empezaran a surgir productores independientes, el sector estuvo parcialmente abierto, y al paso de los años acumuló cantidades muy significativas de inversión privada, que hoy suman muchas decenas de miles de dólares.

Lo que hoy se quiere es que esa inversión deje de ser rentable, o que de plano se arruine.

El gobierno quiere que la CFE se fortalezca a costa de deteriorar el valor de dichas inversiones y aun a costa de los consumidores o incluso de las finanzas del gobierno federal.

¿Pasará la propuesta?

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¡López Obrador adelanta la pelea presidencial!/RICARDO ALEMÁN

La Silla Rota, 

Cuando no ha cumplido siquiera la mitad de su mandato, el presidente mexicano ya está en campaña para «calentar» la contienda presidencial del aún lejano 2024.

Y, como buen profesional de la esgrima electoral, a cada oportunidad placea a sus favoritos; la señora Claudia y el señor Adán.

Mientras que los otros aspirantes –Marcelo y Ricardo–, hacen hasta lo imposible por ganar el favor presidencial; una gracia que, a pesar de sus reiterados esfuerzos, nunca van a conseguir.

¿Por qué?

Por una razón elemental; porque si «el señor de Palacio» no confía en Marcelo, menos le tiene confianza a Ricardo.

Y es que los señores Ebrard y Monreal saben que, en política como en la sociedad de los felinos, el «rey viejo» debe morir políticamente para dejar paso al «joven rey».

Y en los juegos del poder y de la herencia política el «señor de Palacio» sabe que sólo los leales, como la señora Claudia y el señor Adán, no serían capaces de una traición.

Lo cierto, sin embargo, es que a nadie sorprende que López Obrador haga lo único que sabe hacer –y que lo hace muy bien–; el proselitismo electorero.

El problema es que si López Obrador no busca la reelección –como aquí hemos asegurado durante años que ocurrirá–, el presidente saliente en el 2024 heredará uno de los peores gobiernos de la historia.

Peor aún; cualquiera que sea el sucesor de López Obrador, cargará con el fardo no sólo del peor gobierno de la historia, sino de la mayor crisis en materia económica, de seguridad y violencia, sanitaria y, sobre todo, la mayor crisis de gobernabilidad que se conozca.

Y esa herencia será uno de los mayores lastres que cargará cualquiera que resulte el aspirante presidencial «bendecido» por «el señor de Palacio»; un lastre que le pudiera costar la carrera presidencial al elegido.

Por lo pronto, López Obrador se empeña en levantar la mano de la que cree que podría ser su más leal sucesora, la Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien en realidad –y frente los hechos–, también carga con uno de los peores gobiernos de la capital del país.

Además, claro, de que el propio presidente se encarga de filtrar la especie de que el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López –sí, otro López–, debe ser incluido como parte de la dupla de preferidos para estar en la boleta electoral del aún lejano 2024.  

Y por eso obligan las preguntas.

¿Por qué razón el presidente decidió cerrar en sólo dos el número de sus potenciales sucesores?

¿Qué va a pasar con las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard y de Ricardo Monreal?

¿Se disciplinarán o, como dicta la ortodoxia política, provocarán una rebelión en la granja?

Pero vamos por partes.

Está claro que López Obrador tiene como puntera para su eventual sucesión a la señora Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno que por años ha sido una de sus más leales colaboradoras.

Y es que, por un lado, el largo colmillo político de López Obrador le hace suponer que llegó el tiempo de una mujer presidenta y, por otro lado, el mandatario supone que los opositores del PRI, PAN y PRD pudieran inclinarse por una mujer para desbancar a Morena.

En la boleta presidencial imaginaria de AMLO –para el 2024–, aparecen mujeres como Margarita Zavala y Rosario Robles, a quienes el huésped de Palacio cree que podría derrotar la actual jefa de gobierno de Ciudad de México.

Pero el mismo «colmillo político» le dicta a López Obrador que no puede cerrar su juego sucesorio a una sola carta.

Para ello necesita un candidato confiable y capaz de imponerse a los «pesos pesados» que podrían postular el PRI, PAN y PRD, entre quienes aparecen Alfredo del Mazo, el gobernador mexiquense; Enrique De la Madrid, ex titular de Turismo, Ricardo Anaya, el quemado cartucho azul y otros que pudieran surgir en la contienda.

Lo simpático del asunto es que al cerrar a dos la baraja sucesoria, López Obrador también está creando su propio Frankenstein.

¿Por qué?

Porque Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal viven su última oportunidad presidencial y, cual animal acorralado, son capaces de embestir a su domador.

Al tiempo.

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Gobernar entre la niebla

Jesús Silva-Herzog Márquez en REFORMA, 4 Oct. 2021;

Desde 1991 la fotógrafa alemana Herlinde Koelbl retrata a Angela Merkel. Salvo un breve paréntesis, se ha encontrado con ella una vez al año para fotografiarla. Siempre dos imágenes en blanco y negro y una brevísima conversación. ¿Qué aprendiste este año? ¿Qué desaprendiste? ¿Encontraste tiempo para hornear un pastel? El vínculo comenzó como parte de un proyecto de la artista para registrar el impacto del tiempo en los políticos. No hay nadie que esté sometido a esas presiones, a ese ritmo de trabajo, a esa pesadísima carga de ilusión y desconfianza. Nadie es examinado con tanta severidad como el gobernante. ¿Cómo es que el tiempo transforma su piel, su mirada, su rostro? ¿Cuáles son las marcas que el poder deja en el cuerpo?

Quienes acordaban participar en la indagación de la artista se comprometían a posar para su cámara los siguientes ocho años. Angela Merkel acababa de entrar al parlamento alemán, tenía 37 años y ya despuntaba como una figura con enorme futuro político. Venía del Este, era científica, tímida y no se desbordaba en palabras. El contraste de Merkel con la generación de ambiciosos que pasaban por el lente de la fotógrafa era notable. Frente a la visible vanidad de otros políticos, la química llegaba al foro sin el empeño de seducir a todo mundo, de esmerarse por ser simpática, sin intención de proyectar la imagen que habían diseñado para ella sus consultores. Parecía vestida con uniforme, sin haber perdido un segundo al elegir el color o el corte del pantalón que llevaba. Mientras Schröder, el parlamentario socialdemócrata que terminaría siendo su antecesor, preguntaba si podía llevar un puro, ella llegaba de mala gana, tratando de salir cuanto antes de ese compromiso del que, durante mucho tiempo, se arrepintió. Finalmente terminó apreciando ese breve momento del año en que se encontraba con la fotógrafa y repasaba las preguntas de cajón. Las imágenes de la cámara registran el paso de los años: el cuerpo menos encorvado, la mirada más segura frente al lente, las manos más sueltas. Las últimas imágenes de la carpeta de Koelbl, las que corresponden a los últimos años de su gestión, no han sido publicadas.

Lo que llamaba la atención de la fotógrafa era la ausencia de signos exteriores de vanidad. Bajo la timidez y la sequedad había una seguridad que no necesitaba alimentarse en los elogios. A diferencia de todos los especímenes de su oficio, Merkel no hacía ningún esfuerzo por hacerse la interesante. No contaba chistes, no relataba aventuras de las que había salido victoriosa, no describía encuentros con personajes famosos. Su trayectoria es, quizá, la mejor expresión de la política del anticarisma. Para hacer no hay que seducir. El camino de la eficacia es otro. Analizar los problemas, escuchar con atención, rodearse de conocedores, abrirse a la crítica, examinar las alternativas disponibles, decidir con firmeza, corregir con agilidad. La mujer que pasó años en el laboratorio sabe que los problemas más complejos necesitan descomponerse analíticamente hasta encontrar la decisión concreta que los atienda. Gobernar para ella no ha sido nunca generar entusiasmos sino resolver problemas al paso.

Eso. Poco más. Nada menos. En ningún momento encalló en la grandilocuencia. No tuvo bosquejo de futuro a mediano plazo. Ningún discurso suyo llegará a las antologías de la elocuencia. Manejó el coche como quien atraviesa una niebla muy espesa. En esa carretera impenetrable es imposible ver lo que hay detrás de lo inmediato: hay que conducir despacio y con enorme cautela. No hay prisa, pero hay peligro. Gobierno pragmático y, en muchos sentidos, oportunista; gobierno discreto y eficaz que no se distrajo en balandronadas ni distracciones. Un gobierno que hizo la tarea con disciplina y rigor.

El político británico Enoch Powell llegó a decir que todas las vidas políticas terminan en fracaso. Esa era su naturaleza: quienes ascienden a posiciones de poder se desploman tarde o temprano. Los acaba el escándalo o la derrota. A menos de que su vida termine intempestivamente en una coyuntura feliz, el político termina solo y abominado. Angela Merkel escapó de ese destino. Dejó el poder por voluntad propia, cobijada más que por simpatías, por respeto. Aún en tiempo de los patanes, la decencia es posible.

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La contrarreforma

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento

«La electricidad no centraliza, sino que descentraliza«. Marshall McLuhan

 TOLUCA.- No sorprende que el gobierno no quiera que la Comisión Federal de Electricidad tenga que competir con los privados. En agosto, la CFE registró un costo unitario de 1,687 pesos por megavatio/hora, mientras que los productores independientes generaron a 861 pesos el MWh. En las subastas de largo plazo, el costo unitario de energías intermitentes (eólica y solar) fue de 377 pesos por MWh. No hay otros datos. Son las cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que el gobierno ya controla completamente.

La CFE no tiene capacidad para enfrentar a los privados. Esta «empresa de clase mundial», como la caracterizaba el gobierno, solo era competitiva frente al desastre de Luz y Fuerza del Centro. No puede derrotar a los verdaderos productores de clase mundial. Por eso el gobierno impulsa una contrarreforma que le evite competir.

«Es un retroceso de 30 años», dice Víctor Ramírez de la Plataforma México, Clima y Energía. La iniciativa no solo deroga las reformas de Enrique Peña Nieto, sino las de años anteriores, que permitieron, por ejemplo, inversiones en autoabastecimiento. No se limita, por otra parte, a la electricidad. Desaparece la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CRE y el Cenace. Convierte absurdamente a la CFE en regulador y regulada. Crea un nuevo monopolio gubernamental en litio. Ordena que la CFE tenga 54 por ciento del mercado de electricidad, como si por decreto se pudiera definir una participación.

La prohibición del autoabastecimiento representa una confiscación sin indemnización de inversiones muy importantes ya realizadas en el país, lo cual violaría los tratados internacionales firmados por México. Además, elevaría en automático los precios de electricidad que pagan las industrias mexicanas que tienen estos contratos, lo cual las haría menos competitivas. El gobierno no solo quiere atacar a la industria eléctrica privada, sino volver menos productivo a todo el país.

El presidente López Obrador dice que la iniciativa busca fortalecer a la CFE y evitar aumentos de precios: «El propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos mexicanos, que no haya aumentos por encima de la inflación como es nuestro compromiso… Tenemos que tener control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular». La legislación, sin embargo, no solo no impedirá los aumentos de precios, sino que los impulsará al elevar los costos y reducir la oferta. Si el «control de los precios de los energéticos» significa que se impedirán artificialmente los aumentos, el gobierno tendrá que gastar cada vez más en subsidios, lo cual distorsionará la economía y desviará recursos de las verdaderas funciones gubernamentales.

Lo peor es que la CFE no tiene capacidad para reemplazar a los privados. No ha podido hasta ahora mantener y modernizar las redes de transmisión que maneja en régimen de monopolio. La falta de mantenimiento ha producido numerosos apagones. Con sus amenazas a la generación privada, por otra parte, el gobierno ha provocado que se suspenda la inversión privada en nuevas plantas generadoras. La CFE dijo que las construiría, por ejemplo, una en Baja California Sur, pero no ha cumplido. No tiene dinero.

El país pronto empezará a sufrir escasez de electricidad. Los apagones se multiplicarán y los costos se elevarán. Pocas iniciativas en la historia serán tan dañinas como esta. No sé si es producto de la ignorancia o de un intento premeditado por destruir la economía nacional.

· CRISIS QUE VIENE

Mientras aquí demolemos la industria energética, el mundo se prepara para una crisis. China está adquiriendo gas a cualquier costo. El precio del crudo ha subido 93 por ciento y el del gas 123 por ciento en un año. Solo el gobierno de México piensa que reducir la inversión es la solución.

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