7 de diciembre de 2022

COLUMNAS DE OPINIÓN

Miércoles 15 de diciembre de 2021

El gobierno se resquebraja/Darío Celis

La Cuarta Transformación

El Financiero, diciembre 15, 2021 | 

LA GUERRA DECLARADA entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y el ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, es de pronósticos reservados.

La serie de filtraciones que estos dos poderosos personajes no dejan de lanzarse entre sí es reflejo de la descomposición que comienza a percibirse en lo más alto de la 4T.

Los periodicazos con los que se han acusado mutuamente por manejos millonarios, depósitos irregulares en el extranjero, adquisiciones de bienes inmuebles más allá de sus posibilidades económicas y abusos en el ejercicio de sus respectivas funciones, explica el grado de anarquía con el que el primer gobierno de izquierda llega a la segunda mitad de su mandato.

Otros casos han marcado el nutrido récord de enfrentamientos entre funcionarios del más alto nivel. Basta con recordar el permanente golpeteo entre la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el ex consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, quien acabó por asumir las funciones más relevantes que se suponía debían recaer en la ex ministro de la Corte.

Operación en el Congreso, interlocución política, vínculos con el sector empresarial y cabildeo de las reformas fueron algunas de las responsabilidades que el poderoso Scherer ocupó y provocaron que la ex funcionaria fuera vista como un florero.

Uno de los funcionarios más radicales del gabinete, el vocero presidencial, Jesús Ramírez, tiene una larga lista de desencuentros al interior del equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador.

Quizá el ejemplo más claro ha sido la permanente tensión con Scherer, a quien logró sembrarle intrigas y falsas acusaciones que trascendieron en la prensa y que tuvieron como colofón su salida de Palacio Nacional y ahora su enfrentamiento con Gertz Manero.

Otra fuente de tensión en el limbo morenista son las confrontaciones que la Jefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum, ha entablado con sus dos contrincantes en su lucha por conquistar la candidatura presidencial de Morena: Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

Con el Canciller basta con observar la andanada legal que ha emprendido en contra de ex funcionarios bajo su mando, cuando fungía como titular del gobierno capitalino por el caso de la Línea 12.

Llama la atención que, dentro de las acusaciones por esta tragedia, no haya ninguna indagatoria en contra de la administración de Miguel Ángel Mancera o la suya propia, desde donde el abandono presupuestal tuvo mucho que ver con este accidente.

Con Monreal, el agravio de Sheinbaum es mayor. Lo acusa de haber operado la derrota de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc en las recientes elecciones federales, sin tomar en cuenta que fue la falta de operación política de ella y su equipo la que provocó la pérdida de la mitad del territorio capitalino.

El senador no se atrevió a acudir al Zócalo el pasado primero de diciembre por el recibimiento que las huestes de la Jefa de Gobierno le tenían reservado.

SE AGREGAN A la lista de peleas las diferencias entre el actual Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y su antecesor, Arturo Herrera, a quien logró desprestigiar para que no alcanzara la gubernatura del Banco de México y, de paso, deshacerse de la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez, quien va al banco central para ponerse a las órdenes del presidente.

Otro coleccionista de ataques es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, cuyo manejo de la pandemia y toma de decisiones han sido lo suficientemente erráticos como para generar una nutrida batería de enemigos, dentro y fuera de la esfera gubernamental.

También, desde que arrancó el sexenio del tabasqueño, no han cesado ni un momento los golpeteos de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de Pemex, Octavio Romero, por decisiones en el sector energético.

Otro round ha sido el protagonizado por el titular de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, contra su subsecretario de Infraestructura, Jorge Nuño, y el de éste contra Ramírez de la O.

Animadversiones conocidas han sido también las de Scherer y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, en contra del director de la CFE, Manuel Bartlett, por los agravios que el ex secretario de Gobernación bajo el régimen priista tuvo en contra de sus respectivos padres: Julio Scherer y Manuel J. Clouthier.

Germán Martínez, Carlos Urzúa, Irma Eréndira Sandoval, Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, se suman a una larga lista miembros de la 4T que han protagonizado episodios bochornosos.

El presidente López Obrador ha optado por ver en todos estos desencuentros la mano negra de sus adversarios y, en lugar de dar un fuerte golpe en la mesa, los ha dejado correr en detrimento de su propio proyecto.

Es una estrategia perversa que si bien cada día lo empodera más como presidente, es signo de que cada vez, con velocidad más acelerada, empieza a perder el control de su administración pública.

EL 22 DE agosto de 2019 la Secretaría de Hacienda anunció una resolución de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la cual establecía la disminución gradual de las comisiones que cobran las Afores por el manejo de los fondos de pensiones de ahorro. Pero en diciembre de 2020 el regulador incumplió el acuerdo y reformó la Ley del Seguro Social y la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en donde se estableció un límite máximo a las comisiones que cobran las Afores, atentando directamente a la competitividad y alentando el control de precios. Se instó al organismo que preside Iván Pliego a reconsiderar el acuerdo, regresar a lo pactado, dar certeza jurídica, evitar la concentración de mercado y salvaguardar los intereses de millones de trabajadores. Pero se han prestado oídos sordos. Por ello Coppel, Azteca y Sura han promovido amparos que el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones concediera. En su resolución se establece que la suspensión provisional es con efectos generales, en virtud de que se estimó que en el supuesto de que se desaplicara el tope máximo de las comisiones únicamente a una Afore, pero no a las demás, la comisión autorizada sería mayor a las del resto, lo que generaría artificialmente una distorsión en el mercado de estos servicios. Exhorta a las autoridades competentes a afrontar los eventuales retos económicos y técnicos con el fin de asegurar la confiabilidad del mercado de las Afores, mediante acciones distintas a los actos reclamados. El parámetro utilizado para el promedio de los cobros en materia de comisiones en los sistemas de contribución de los Estados Unidos de América, Colombia y Chile, no debe ser considerado por la Consar. A partir de ello, varias Afores ya han solicitado se les autorice una nueva comisión por encima del límite máximo del 0.57 fijado.

RESUELTO EL TEMA del Banco de México, la gran interrogante que se mantiene en estos días en diversos círculos económicos, financieros y académicos, es quién llegará a la presidencia del INEGI, una vez que concluya, el último de este mes, la gestión de Julio Santaella. Desde Palacio Nacional se ha mantenido el silencio y a pesar de que por ley podría reelegirse para otro periodo de seis años, no se ha enviado ninguna propuesta que en ese sentido pudiera ser ratificada por el Senado, ni tampoco, a partir de hoy, por la Comisión Permanente. Se mantiene la creencia de que Andrés Manuel López Obrador postule a la ex secretaria de Economía, Graciela Márquez, integrante ya de la Junta de Gobierno. Se espera que la gestión de Santaella se evalúe a partir de los resultados positivos que obtuvo, como el Censo de Población y otras fuentes estadísticas novedosas que permitieron tener luz en medio de la pandemia, y no del tamiz de los criterios político-ideológicos.

XXX

Templo mayor

A DOS FUEGOS traen los demás partidos a Movimiento Ciudadano por no sumarse a alguno de los dos polos que dominan la escena política en México.

MIENTRAS Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, acusa al partido naranja de estar del lado del Gobierno por no sumarse a la alianza opositora, en el Congreso los legisladores de Morena y sus satélites los excluyeron de la Comisión Permanente que se debe instalar hoy.

Y, ENTRE la oposición, ni quien meta las manos por los emecistas ante esa decisión que significa dejarlos prácticamente fuera de la vida parlamentaria hasta el periodo de sesiones que inicia el 1o. de febrero. Vaya alto costo político por salir bien en las encuestas.

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MUY POCO interés le está poniendo el Gobierno de México a la cumbre de la ONU contra la corrupción que arrancó el lunes en El Cairo bajo las siglas CoSP9.

A MENOS que hayan viajado de incógnito, no representa a México el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, ni el canciller, Marcelo Ebrard o alguien más del gabinete presidencial.

HASTA donde se sabe, la única instancia mexicana involucrada es la Embajada en Austria a cargo de Luis Javier Campuzano, quien también tiene la representación nacional ante los organismos internacionales con sede en Viena, como es el caso de la UNODC que organiza la conferencia.

QUIZÁS con eso de que en México la corrupción ya se acabó “por decreto” creen que no vale la pena perder el tiempo en definir acciones y compartir herramientas e innovaciones tecnológicas para combatir ese flagelo que azota a tantos pobres países a donde no ha llegado la 4T.

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POR MÁS que Andrés Manuel López Obrador se enoje y diga que él no es como Gustavo Díaz Ordaz en los conflictos estudiantiles, funcionarios federales y estatales emanados de Morena dejan ver todo lo contrario.

MIENTRAS en el caso del CIDE la titular de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, ya le aventó la bronca a la Segob, en Puebla el gobernador Miguel Barbosa no cumple su promesa de liberar las instalaciones de la UDLA. Para ser distintos, como que los morenistas son muuuy parecidos a quienes gobernaban hace cinco décadas.

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LLAMA la atención que Quintana Roo sea una de las dos entidades en las que el PAN, el PRI y el PRD no han llegado a un acuerdo para ir juntos por la gubernatura en 2022.

Y DICEN que quien está muy contento con esa situación es el gobernador Carlos Joaquín, ex priista que llegó al gobierno abanderando a panistas y perredistas y a quien últimamente han visto muy moreno... y eso que casi no se asolea. Bien raro, de verdad. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)

Bajo reserva

¿Rasuran aguinaldos en Morena?

Trabajadores en Morena están enojados porque este año no les dieron el pago extra de fin de año que antes les daban. Nos comentan que de 2017 a 2019 les pagaron 30 días de “aguinaldo” —aguinaldo en comillas porque, dado el régimen de contratación del personal en el partido, oficialmente solo reciben una “compensación” de fin de año—, incluso en 2020 se les otorgó 45 días de sueldo adicionales. Pero esta vez, nos dicen, solamente les depositaron 15 días como compensación anual. Aunque la actual dirigencia, a cargo de Mario Delgado, propuso este pago conforme a ley, los empleados reclaman que obtienen menos de lo que les ofrecieron en los últimos cuatro años. Ninguna explicación les fue dada. En tanto, los empleados se preguntan, ¿los “aguinaldos” también les fueron rasurados a los dirigentes del partido?

Huele a paro en San Lázaro

Ayer le informamos sobre la demanda de empleados de la Cámara para cobrar íntegras diversas prestaciones y bonos, que derivó en la suspensión de la sesión en el pleno. Nos platican que después de la trifulca, el Comité de Administración, al que se le encargó aprobar o desechar la propuesta para devolver el ISR que les retuvieron a los empleados, aprobó por unanimidad no devolver este impuesto. El acuerdo ya fue notificado a los líderes del sindicato, por lo que no se descarta que este miércoles ardan los ánimos en San Lázaro. Será un estira y afloja entre la posibilidad de un paro y el escándalo seguro que implicaría ese privilegio.

Los pendientes del Senado

En el Senado de la República está descartado un periodo extraordinario de sesiones, una vez que este miércoles concluye el periodo ordinario en el Congreso de la Unión. Pese al enorme rezago que hay, con todo y que en las últimas sesiones se aprobaron decenas de iniciativas y minutas, no existen asuntos urgentes que obliguen a convocar al extraordinario. Así que para los temas que surjan en las próximas semanas estará la Comisión Permanente, que se instalará este 16 de diciembre y que sesionará en este receso en la Cámara de Diputados. Entre los asuntos que deberá desahogar la Permanente está el nombramiento de quien ocupará a partir del 1 de enero un asiento en la Junta de Gobierno del Inegi, una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe su propuesta.

El opaco foro del PT

Nos comentan que pese a que el XXV Seminario Internacional “Los partidos y una nueva sociedad”, organizado por el Partido del Trabajo —en donde se reunieron varios líderes de izquierda de la región latinoamericana, entre ellos, el expresidente Evo Morales—, se llevó a cabo desde el mes de octubre, al día de hoy el partido no ha podido informar el costo que tuvo este evento. Nos detallan que tras una solicitud de información hecha por un particular al órgano partidista pidiendo el monto gastado, el PT contestó que no podía dar esta información debido a que, acusó, el grupo hotelero contratado no ha entregado las facturas ni los comprobantes relacionados para este evento. ¿Acaso no saben ellos cuánto gastaron en un evento internacional? (El Universal, Nación, p. 2)

Sacapuntas

Informe de Zaldívar

Este miércoles, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, rendirá su tercer informe de labores. Nos cuentan que en la ceremonia estarán los Plenos del máximo tribunal, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral. Además, se esperan invitados del Poder Legislativo y representantes del gobierno del presidente López Obrador.

Se le antojó viaje

La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, aprovechó el anuncio de Va por México sobre la coalición en cuatro entidades para destaparse como “el mejor perfil” que abandere esa alianza en Hidalgo. Eso causó molestia entre los dirigentes del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, quienes pidieron esperar los tiempos para definir candidatos.

Extrañan al PRI

Ahora fueron los trabajadores del sindicato de la Cámara de Diputados los que tomaron el salón de Plenos. Piden les sea devueltos los impuestos por concepto de bonos de antigüedad y otras prestaciones. Al grito de “esto nunca nos pasó con el PRI”, el reclamó subía de tono y la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra, mandó a receso. 

¿Presidente o presidenta?

Relevo en la presidencia del Instituto de Transparencia de la CDMX. Hoy, comisionadas y comisionados eligen al sustituto del actual presidente Julio César Bonilla. Nos comentan que se perfilan para el cargo Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Marina Alicia San Martín Rebolloso y Arístides Rodrigo Guerrero García. Nos indican que lo más probable es que sea una mujer.

Noticia sobre Meade

Nos cuentan que prácticamente fue por unanimidad la aprobación de la incorporación de José Antonio Meade al Consejo de Administración del Grupo Comercial Chedraui. En la asamblea general de accionistas, su postulación cayó como anillo al dedo y ahora el ex candidato presidencial del PRI forma parte de esa empresa propietaria de supermercados. (El Heraldo de México, La Dos, p. 2)

Duda razonable // Zebadúa, la FGR y el cinismo

Hace muchos, muchos, demasiados años que la investigación criminal no es algo que hagamos en México. Los programas y filmes policiacos estadunidenses, los británicos — siempre los mejores— o escandinavos que consumimos en nuestras televisiones son en comparación a nuestra realidad pura ciencia ficción.

Por muchos años la receta para obtener algunos resultados en la persecución de delitos y su judicialización eran la flagrancia, y en caso de no agarrarlos cometiendo el delito, la tortura para obtener confesiones o delaciones sin importar si eran o no ciertas. Lo sabían policías, ministerios públicos, policías judiciales y jueces.

La reforma al sistema de justicia penal de hace trece años intentó cambiar eso. Algunos estados lograron avances, la mayoría ninguno. No era sencillo el cambio y a él se opusieron muchos, desde adentro del sistema y desde afuera: la mayoría de los viejos abogados defensores odiaron el nuevo sistema de justicia penal. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)

Detective // La crisis de la DEA

Al avanzar en años recientes la agenda de despenalización de drogas tanto en Estados Unidos como en América Latina, la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA) ha enfrentado inercias que van desde leyes que vigilan más su funcionamiento habitual hasta el tamaño del presupuesto que reciben para actuar.

Bajo esta atmósfera de fin de siecle han aflorado algunos casos internos que muestran el deterioro en sus operaciones para supuestamente combatir a los cárteles de la droga. Caso reciente es el del agente especial José Irizarry, sentenciado a 12 años de cárcel.

Según la investigación del Departamento de Justicia, Irizarry desvió por lo menos 9 millones de dólares de efectivo incautado en operativos encubiertos, con los cuales fue adquiriendo a lo largo de siete años autos Land Rover, una casa en Cartagena de Indias y joyas como un anillo de diamantes Tiffany que le fue incautado a su esposa Nathalia Gómez, también procesada por lavado de dinero, tras crear una empresa fantasma a través de la cual disfrazaban el ingreso de recursos ilícitos a su patrimonio. (Diego Enrique Osorno, Milenio Diario, Al frente, p. 2)

Bitácora del director // Jugar con fuego

En la conferencia mañanera del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un “despropósito” que se compare el movimiento de 1968 con la actual inconformidad de estudiantes y profesores del CIDE con la imposición de un director en la institución.

“No se miden”, dijo el mandatario, en respuesta a un grupo de académicos, escritores y periodistas –entre ellos mi compañero de páginas Leo Zuckermann– que han criticado la cerrazón de la directora del Conacyt a dialogar con esa comunidad académica.

No he leído todos los artículos que se han publicado sobre el tema, pero sí la columna de Zuckermann –a quien el Presidente mencionó por su nombre–, aparecida el mismo lunes en Excélsior. En su texto dice que la ofuscación respecto del CIDE le recuerda la “sordera” del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz para dialogar con el movimiento estudiantil de entonces. Y aclara que aquella situación “es muy diferente a la de hoy”, pues “tenemos, todavía, un gobierno democrático”. Es decir, no estaba aludiendo a la represión ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas ni comparando a Díaz Ordaz con López Obrador.

Sobre este punto es importante decir que los terribles hechos de 1968, igual que los de 1971, no se dieron por generación espontánea. Fueron resultado de una serie de decisiones y omisiones en torno de las comunidades estudiantiles, un grupo social muy sensible al autoritarismo.

El movimiento estudiantil de 1968 comenzó más de dos meses antes de su desenlace trágico en Tlatelolco. El gobierno de entonces no fue sensible a la inconformidad social que hizo de fermento de las movilizaciones estudiantiles y cometió el error de querer resolver un pleito entre dos escuelas con una incursión de granaderos. Ése fue el punto de arranque del movimiento: el 23 de julio de 1968, unos 200 antimotines de la policía capitalina irrumpieron con violencia en las instalaciones de la Voca 5 del Politécnico, cerca de la Ciudadela, luego de una pelea callejera entre estudiantes de ese plantel y de la escuela privada Isaac Ochoterena, incorporada a la UNAM. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)

Arsenal // Malas noticias para AMLO

No puedo iniciar esta columna sin antes aplaudir al ministro X de la SCJN —no se dio a conocer su nombre— que prohibió reservar información sobre las obras prioritarias del gobierno federal, como pretendía el decretazo de AMLO; aunque sólo sea para la transparencia.

Tampoco quiero dejar de subrayar la valentía del Inai por haber presentado la controversia constitucional contra ese acuerdazo que confirma la tesis de que la zona más turbia de la 4T es, paradójicamente, la transparencia.

Lo que sí tuvieron los consejeros del “Instituto de la Transparencia” —como llama el Presidente al INAI— le faltó a la senadora Olga Sánchez Cordero, a los legisladores de Morena y a sus rémoras en la Cámara alta.

Dice el incidente de suspensión de la controversia constitucional 217-2017:

“Se concede la suspensión solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en los términos y para los efectos que se indican en la parte denominada ‘Apartado Primero’.

“Es procedente la suspensión para que se suspendan —es textual— todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado, que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o de seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto.

La medida suspensional concedida surtirá efectos de inmediato y sin la necesidad de otorgar garantía alguna”, puntualiza.

Aún no se analizan los otros efectos del decreto, como nos hace ver el diputado del PAN, Jorge Triana. “Por ejemplo, que se puedan hacer obras sin los permisos respectivos”, subraya. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)

Gran angular // ¿Un gringo en Gobernación?

Al exgobernador de Baja California Jaime Bonilla se le vio otra vez ayer en el Palacio Nacional, segunda visita en menos de tres semanas. —¿Ya salió con chamba?— saltó la pregunta a su salida, pero Bonilla nada dijo y se fue. La frecuencia de estas visitas a su amigo AMLO y su apresurada salida de la sede del Ejecutivo acrecentaron la versión de que ya había un acuerdo para su incorporación a un cargo dentro del gobierno de la 4T, según le prometió el propio Presidente en octubre pasado, a unos días de que concluyera su breve mandato.

En la mira del cuestionado y polémico exgobernador que fracasó en su leguleya intentona de prolongar a cinco años el periodo de dos para el que fue electo, siempre ha estado —según sus cercanos— la secretaría de Gobernación, pero siquiera pensar que fuera para él la titularidad de esa cartera, resulta francamente un despropósito, dada la reciente designación para el despacho del Palacio de Cobián de Adán Augusto López, amigo, paisano y hombre de todas las confianzas del Presidente de la República.

Sin embargo, aseguran los que saben, ya fue nombrado para una subsecretaría del ramo. ¿Cuál de las dos que prevalecen en el organigrama? ¿La de Derechos Humanos, Migración y Población, en lugar de Alejandro Encinas o la de de Desarrollo Democrático y Asuntos Religiosos, en lugar de Rabindranath Salazar? Porque la de Gobierno —que encabezaron en su momento el actual director del IMSS, Zoe Robledo, y Ricardo Peralta— ya no existe, pues según informó la Segob el 31 de agosto de 2020, fue desaparecida de la estructura de Bucareli por razones austeridad ante el impacto de la pandemia.

Reabrir esa subsecretaría para dársela a Bonilla y presuntamente aliviar las múltiples tareas que en esa área recaen directamente en el secretario Adán Augusto López, pondría en entredicho dos aseveraciones de AMLO: la de su compromiso con la austeridad y la de que en este año ya no haría más cambios en el gabinete, según aseguró el pasado dos de diciembre.

Malo sería el mensaje que con ese nombramiento enviaría, sobre todo en momentos en que crece la confrontación de Bonilla con su sucesora en el palacio de gobierno de Mexicali, Marina del Pilar Ávila, quien lo acusa de malos manejos de recursos públicos durante su administración.

Peor aún, reabriría el debate sobre la nacionalidad (o doble nacionalidad) del exgobernador de Baja California que el excandidato del PRD a la gubernatura Jaime Martínez Veloz presentó como uno de los argumentos centrales para impugnar la candidatura de Bonilla por Morena y su triunfo electoral en junio de 2019.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó días después que Bonilla renunció en 2012 a su nacionalidad estadounidense y que se le expidió el certificado de nacionalidad mexicana 1483. Sin embargo, Martínez Veloz asegura que Bonilla contendió en 2016 por el cargo de director del Distrito de Agua de Otay, California, cargo para el cual se exige la nacionalidad estadounidense y un juramento de apoyo y defensa a la Constitución norteamericana, igual que el que hizo en agosto de 2008 para aspirar a ese mismo cargo.

Ser alto funcionario del gobierno mexicano plantea como requisito ser mexicano por nacimiento, condición preponderante en quienes recae la tarea de la gobernanza del país. Meter ese debate en el confrontado clima político, sugiere otro desgaste innecesario para la 4T. Hasta el momento de escribir esta columna no había confirmación oficial de la eventual llegada a Bonilla a una subsecretaría que no está vacante, sino cancelada del organigrama. (Raúl Rodríguez, El Universal, Opinión, p. 21)

Historias de reportero // Una calderonista es jefa de la colecta de firmas pro-AMLO

Primera fotografía. Gabriela Jiménez Godoy está vestida de novia. Posa sonriente junto a sus invitados, entre ellos, un testigo de honor: el expresidente Felipe Calderón, a quien acompaña su esposa, Margarita Zavala. El novio, Edgar García Ancira, es conocido por estar en el entorno de negocios del hijo de Santiago Creel Miranda, en esos despachos fiscalistas que primero se pusieron de moda y luego se pusieron en la mira.

Segunda foto. Gabriela Jiménez está al pie de la escalinata del INE. Llega con 261 cajas que, dice, contienen más de un millón de firmas a favor de la consulta que quiere hacer el presidente López Obrador para la revocación de mandato.

Gabriela Jiménez Godoy fue candidata de la alianza PAN-PRD en el 2018. En el 2021 fue candidata de Morena. Ganó, pero con trampa, según determinó el tribunal electoral que le quitó la diputación.

Ella, que antes era dura crítica de AMLO, hoy encabeza la organización “Que siga la democracia”, creada para complacer al presidente en su nuevo desplante de ego: lograr la consulta para la revocación de mandato, y ganarla abrumadoramente. Ella es la encargada de juntar las firmas. Necesita poco menos de 3 millones, pero ella dijo que va a recolectar 4 millones.

En esa tarea, no está sola. Está engranada con la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien controla los padrones de beneficiarios de los programas sociales de este gobierno. 

Según fuentes oficiales, operadores de Morena piden las firmas en las mesas de pagos de las pensiones a adultos mayores. Gran parte de los programas sociales se entrega presencialmente. Muchos adultos mayores, por ejemplo, hacen viajes y filas de horas para recibir su dinero. Hay denuncias de que en esas mesas de pago hay representantes de Morena llenando formatos de la revocación de mandato y presionando a la gente a firmar, ayudándose de la presencia intimidante de la Guardia Nacional que “cuida” dichas mesas.

La coincidencia de fechas es demoledora: las mesas de pago se instalaron en los primeros seis días de este mes. Un millón de firmas llegaron al INE el día 9 y otro millón de firmas llegaron el día 12. Están por llegar dos millones de firmas más.

No es sólo con el programa de adultos mayores. A los comités de padres de familia beneficiados con el dinero de La Escuela es Nuestra les piden juntar firmas en sus comunidades. Lo mismo a los beneficiarios de programas como Bienpesca (aquel que da becas a los pescadores… aunque no sean pescadores), Jóvenes Construyendo el Futuro o Tandas del Bienestar (que ya no tendrá presupuesto este año).

Todo, claro, por debajo del agua. Pero hay gente dentro del gobierno que está indignada con este uso de los programas sociales. Gente que creyó que realmente serían diferentes a los del pasado. Y que prefiere denunciar los abusos, antes que ser cómplice en silencio de convertirse en todo aquello que antes criticaban. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 7)

Estrictamente Personal / La oposición tiene que matar al PRI

La 23ª Asamblea Nacional del PRI, celebrada el sábado pasado, nos mostró lo alejados de la realidad que están sus líderes, Alejandro Moreno, presidente del partido, y Rubén Moreira, coordinador de la bancada tricolor en San Lázaro, que no se han dado cuenta de que el partido, si bien no ha muerto, se está pudriendo. Moreno jugó incluso con la posibilidad de ser candidato presidencial en 2024 y de regresar al poder al PRI, mientras Moreira declaró que ya habían “corrido a patadas el neoliberalismo que les impusieron”. Ellos sabrán sus razones para estos posicionamientos que dañan a la oposición, y le regalan tres años al presidente Andrés Manuel López Obrador para que termine de extinguirlo.

Están muy extraviados. Moreira, líder alterno del PRI, habla de “neoliberalismo”, la palabra que está intrínsecamente asociada con López Obrador, que la emplea diariamente para recordarle al electorado que, durante ese periodo que fija en tres décadas, todos los males mexicanos y la corrupción fueron resultado de su abuso y riquezas mal habidas. Si es cierto o no, es irrelevante, pero ese discurso le dio el 53% por ciento del voto y lo convirtió en el mandatario con mayor legitimidad y fuerza de la historia. Su error táctico al mencionar esa palabra, convierte su fallida autocrítica en un clavo más en el ataúd del PRI.

El PRI perdió autoridad moral y no ha hecho nada por reconstruirla. Ni siquiera tiene que ver con lo que ha hecho o no como oposición, sino porque no ha tenido un contradiscurso a López Obrador que neutralice sus acusaciones. Su liderazgo es blandengue, falto de inteligencia estratégica y creatividad para encontrar una voz y un tono persuasivos para el electorado. Moreno y Moreira tienen una fuerza que sólo se mide en términos nominales, por lo que lances retóricos como los que tuvieron el sábado, lejos de ser un llamado a la acción, son un aviso de autodestrucción.

En febrero de 2018, de acuerdo con las encuestas previas a la campaña presidencial, el 48% del electorado decía que no votaría por el PRI. La ola que ahogó al PRI en la elección confirmó la percepción negativa sobre ese partido, cuya estrategia contra el candidato del PAN, Ricardo Anaya, contribuyó también a su descalabro. Desde entonces, el PAN se recuperó, Movimiento Ciudadano emergió como una fuerza política con potencial, y el resto confirmó para qué sirven, como bisagras al servicio del mejor postor. El PRI siguió hundiéndose y sus negativos se han acrecentado.

En la última encuesta de Reforma rumbo al 24, el 66% dijo que no estaría dispuesto a votar por ningún candidato del PRI. En otro estudio, realizado por Buendía&Márquez, el PRI sólo superó al PRD en opiniones positivas, por debajo de 30%, pero en opiniones negativas, no hay nadie que esté por encima. Casi el 50% piensa mal del PRI, que es un dato correlacionado con el “nunca votaría” por ese partido. Lo que estos datos sugieren es que la ecuación para el 24 y, quizá, la alta popularidad de López Obrador, pasa por la sobrevivencia del PRI.

La alta aprobación del Presidente es por su popularidad, como se sabe. Para observadores cuidadosos, su alto rendimiento es notable frente a las cuatro crisis que enfrenta, la pandemia, la económica, la de seguridad y la social. Sin embargo, la tormenta perfecta no lo moja. ¿Qué tipo de animal político es? En este caso, es notable su olfato fino y el diagnóstico certero. Se puede argumentar que su popularidad está directamente asociada con el desprestigio del PRI, que permanece anidado en la mente de los mexicanos.

Lo más sobresaliente de los negativos del PRI es que la gente lo evalúe como si estuviera en el poder. Sin embargo, el PRI se encuentra en picada desde las elecciones intermedias en 2015, que confirmó con su debacle en 2018, y se ratificó en las intermedias pasadas –donde la oposición real la absorbieron el PAN y Movimiento Ciudadano– y en la pérdida imparable de gubernaturas. ¿Por qué ese partido, guiñapo de lo que fue y con rendimientos políticos decrecientes, se mantiene en lo alto del imaginario colectivo? Porque López Obrador visibilizó y amplificó los agravios, corruptelas e ineficiencias del gobierno podrido de Enrique Peña Nieto, que por tan reciente todos recuerdan.

López Obrador extiende ese descrédito a otros expresidentes “neoliberales”, con el discurso simple y reduccionista que le funciona, aprovechando la memoria histórica, no de tres décadas, sino apenas del sexenio anterior. Le ayudan torpezas y errores analíticos como las palabras de Moreira, que actúan como un tiro en su propio pie. Alimentar diariamente el desprestigio del PRI, acusándolo de ratero montado en los datos de percepción negativa del partido, le ha alcanzado a López Obrador para esconder sus fallas y mantener una popularidad alta. Al mismo tiempo, estar vinculado al PRI está perjudicando al PAN, que en la encuesta de Reforma tiene como rechazo para votar al 61%.

En ese mismo estudio, las oportunidades y lo putrefacto quedan claramente expuestos. El 49% piensa que el PRI es el partido que más daño le ha hecho al país, contra el 15% que considera lo mismo de Morena y el 10% que lo dice del PAN. En esta ecuación, el que apesta es el PRI. La conclusión es que, probablemente, para que haya una merma en la popularidad de López Obrador al ser golpeado por la realidad, tiene que desaparecer el escudo que lo protege, el PRI.

Al mismo tiempo, para que el PAN pueda convertirse en una oposición real y competitiva, tiene que dejar de arrastrar al dinosaurio putrefacto que tiene atado. Es decir, la fórmula que ayuda a la oposición pasa por eliminar el lastre del PRI. Mientras no se liquide al tricolor, no habrá candidatos de oposición competitivos, y el presidente López Obrador seguirá navegando con viento a favor al mando del barco que transportará a quien elija, para el 24, a Palacio Nacional. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 40)

Astillero

Pequeñez opositora 2022 // Perder, para (algunos) ganar // Bonilla: fraude a la Constitución // Corte frena parcialmente blindaje

El empequeñecido Partido Revolucionario Institucional (PRI) estrenó su presunta condición de centroizquierda y antineoliberalismo al anunciar que irá a remolque con el derechista Acción Nacional (PAN) y el residual De la Revolución Democrática (PRD) por cuatro gubernaturas el año venidero.

En tres de esos cargos el PAN tiene actualmente el poder: Tamaulipas, con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado judicialmente en meses recientes y al que ahora la cúpula blanquiazul negocia junto con Ricardo Anaya para que cesen las persecuciones; Durango, donde el ex priísta José Rosas Aispuro hace méritos para canjear la plaza por algún cargo futuro en el gobierno federal, y Aguascalientes, gobernado por Martín Orozco, con un panismo dividido que coquetea con Movimiento Ciudadano. En Hidalgo está el PRI, con Omar Fayad, también ansioso por perder electoralmente para ganar personalmente.

La coalición denominada Va por México dejó fuera de su primer anuncio a Oaxaca (pues esperan cerrar tratos unitarios más adelante), donde el muratismo se ha pasado ostentosamente al flanco obradorista, y Quintana Roo, donde Carlos Joaquín González (hermano del tricolor clásico, Pedro Joaquín Coldwell, hijos ambos del poderoso empresario ya fallecido, Nassim Joaquín Ibarra) hace fallidas piruetas para no parecer priísta y sí opositor. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)

Contra las cuerdas // Otra estrella para la Corte

Tenía razón Lilly Téllez, senadora del PAN, en la crítica a Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado de la República, por negarse a presentar una controversia constitucional en contra del decretazo de Palacio Nacional para cerrar toda la información y costos de las emblemáticas obras del gobierno de la 4T, con el pretexto de que obedece a asuntos de seguridad nacional.

“Qué lástima tanta sapiencia, tantos estudios, tanta experiencia, tanta sabiduría jurídica, no es nada si no hay autonomía de carácter, si no hay seguridad personal, ¿verdad senadora Olga Sánchez Cordero?”.

El señalamiento lanzado por Téllez hace dos sesiones desde la tribuna, y quien giró el cuerpo para ver de frente a la exsecretaria de Gobernación, cobró vigencia ayer, después de conocerse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la controversia presentada por el INAI, mientras Olga Sánchez Cordero, exministra, defendía el decreto presidencial, al asegurar que no vulneraba competencias ni intereses del Senado ni del INAI.

La Suprema Corte cerrará este año con una fuerte determinación en defensa de la Constitución y autonomía como poder independiente, cosa que no ha podido hacer el Congreso de la Unión, donde Morena y sus aliados del PT y PVEM, están entregados al poder presidencial.

La decisión de ayer, de frenar las atribuciones que se dio Presidencia con un documento, es la cuarta decisión contundente de los ministros para ponerle un alto a las invasiones extralimitadas del poder presidencial.

El 3 de abril, la Segunda Sala de la Suprema Corte declaró que el plan para el sector eléctrico del gobierno de López Obrador obstaculiza la libre competencia y beneficia indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ante esa situación, López Obrador envió una propuesta a la Cámara de Diputados para realizar una contrarreforma eléctrica, sin que prospere, hasta el momento, debido a que si bien el partido guinda y su coalición son mayoría minoritaria, no alcanzan las dos terceras partes que se requieren para modificar la Constitución.

El 7 de septiembre, la Suprema Corte declaró inconstitucional criminalizar el aborto, como proponían desde el poder central. Y el 5 de octubre, la SCJN también declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa respecto de los delitos de contrabando, defraudación fiscal y los relacionados con comprobantes fiscales falsos.

La propuesta fue rechazada, entre otras razones, porque la prisión preventiva oficiosa debe ser limitada y estricta, por restringir el derecho humano a la libertad personal y al principio de presunción de inocencia.

Y el 16 de noviembre, la Corte declaró inconstitucional la ampliación de mandato de Zaldívar. La acción fue conocida popularmente como el regalazo al ministro presidente, después de que, a pesar de que a todas luces era anticonstitucional, el Congreso aprobó una ley secundaria para aumentar dos años la titularidad del representante del máximo tribunal de justicia del país.

De esta forma el Poder Judicial sí ratifica su autonomía e independencia.

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Al cierre de esta columna, el INE discutía las prerrogativas de los partidos políticos para 2022, año en que se van a disputar seis gubernaturas. Se trata de una bolsa total de cinco mil 821 millones de pesos, entre ellos mil 819 millones de pesos para Morena, partido que incumplió con su promesa de campaña de entregar 50 por ciento de sus recursos de este año para la compra de vacunas contra COVID-19.

Hasta ayer por la noche, el INE no había recibido ninguna solicitud del partido que dirige Mario Delgado para que le sean descontados lo más de mil millones de pesos que se comprometió a donar para la adquisición de biológicos.

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Uppercut: Morena, PRD y PRI se pusieron de acuerdo en Zacatecas para aprobar la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. (Alejandro Sánchez, El Heraldo de México, País, p. 8)

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 Lista de los 79: sus propiedades, inversiones y razones para investigarlos/Salvador García Soto

El Universal, 

A los 79 políticos y empresarios a los que la Unidad de Inteligencia Financiera empezó a investigar, a partir de solicitudes de información de sus cuentas bancarias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no se les acusa aún de ningún delito, pero la información que llevó al titular Pablo Gómez Álvarez a incluirlos en un listado de personajes “expuestos” y de “alto perfil” para la UIF tiene que ver no sólo con sus propiedades, bienes muebles e inmuebles, sino también con inversiones y cuentas en paraísos fiscales de Latinoamérica y Europa donde los funcionarios, gobernantes y hombres de negocios tienen inversiones que podrían constituir un tema de evasión fiscal en México.

Cada uno de los que aparecen en esa lista que circuló profusamente en redes sociales, chats de mensajería y columnas políticas, aparece mencionado con un número, del 1 al 79, con el cargo que ostentan tanto en la esfera pública como privada, con los personajes políticos controvertidos con los que tiene vínculos (Peña Nieto, Carlos Salinas, Carlos Slim o Arturo Montiel) o con partidos políticos con los que se relaciona (PRI, PAN o PRD), además de mencionar en el listado las empresas off shore con las que cuenta, en que paraíso fiscal están sus inversiones, que bienes inmuebles de lujo posee, el despacho que lo representa o maneja sus cuentas, y la “justificación” por la que se pide investigar sus cuentas bancarias y patrimonio.

Así por ejemplo, en el lugar 42 de la lista aparece el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de quien se menciona posee una cuenta en un banco suizo, Julius Bär, es socio de la empresa off shore Janos LTD ubicada en las Islas Caimán, lo representa el despacho Appleby, y la justificación para investigarlo es que “el señor Alejandro Gertz y su hermano Federico Gertz Manero son propietarios de la empresa Jano LTD creada en Islas Caimán, la cual se presume, tiene activos por 8 mdd, de los cuales se desconoce su procedencia”, dice el documento de la lista desglosada de la UIF en poder de esta columna.

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, aparece en el lugar 44 de la lista con una cuenta en el banco suizo Pictet y 27 fideicomisos, con la empresa off Shore Codisco Investment LCC, con sedes en las Islas Vírgenes, Delaware, USA; y Panamá, con representación del despacho Asiaciti, y como justificación para indagar sus cuentas se menciona: que “en 1993 recibió un préstamo de Raúl Salinas de Gortari para la compra de la televisora que hoy se llama TV Azteca, las operaciones se realizaron mediante una empresa off shore; que es señalado como socio de la empresa Codisco Investment LCC, la cual en 2003 compró deuda de la empresa Unefon que se encontraba en quiebra y una vez que la empresa ganó presencia en el mercado recompró la deuda, por un monto muy superior, operación que fue calificada por la autoridad norteamericana como fraudulenta; además de que sujetos cercanos a él identificados como prestanombres han abierto fideicomisos en Nueva Zelanda para controlar recursos por más de 58 mdd, los fideicomisos además controlan diversas empresas creadas en Singapur de las que se desconoce su finalidad. Y se desconoce si estos activos han sido declarados a autoridades de nuestro país”, cita el informe oficial.

Con el número 62 de la lista de la UIF aparece el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, a quien se relaciona con la investigación de los “Pandora Papers”, por la empresa off shore Desbond Finances Limited establecida en las Islas Vírgenes, y se da como justificación para investigar sus cuentas que: “el 11 de febrero de 1998, un mes después de integrarse como servidor público en la Secretaría de Obras Públicas de la Ciudad de México, Arganis registró Desbond Finance Limited, y los documentos lo identifican como propietario y dueño de la empresa incorporada en las Islas Vírgenes Británicas. Los Pandora Papers descubren que en 1998 Arganis dispuso de un poder General para actuar sin limitaciones de su empresa Off Shore hasta mayo de 2003 cuando le fueron revocados los poderes.

Otros empresarios que aparecen en la lista con los números 55 y 56, respectivamente, son Olegario Vázquez Aldir y Olegario Vázquez Raña, ambos directivos de Grupo Empresarial Ángeles y Grupo Imagen, a los que se vincula con las empresas off shore Ricardo Technology Corp, Girbode Entreprises Limited, Belamy Management Limited, Roxberg Group Limited, Avintura Holding Limited, Northstar Corporation Limited, todas con sede en las Islas Vírgenes. Se les ubican propiedades en Vail, Colorado y Chicago por 10 mdd, avión privado y un yate. Y en la justificación para meterlos a la lista de investigados, se menciona:

“Olegario Vázquez Raña y su familia han participado como directores y accionistas de 8 compañías incorporadas en las Islas Vírgenes Británicas con el propósito de adquirir inmuebles, aviones y barcos. En 2010 Vázquez Raña, su esposa María de los Ángeles Aldir y sus hijos Olegario, María de los Ángeles y Mónica se hicieron de acciones en Ricardo Technology Corp y en Girbode Enterprises Limited con el propósito de comprar bienes inmuebles. En 2011 –sigue el documento oficial–  Vázquez Aldir se hizo de mil acciones de Belamy Managemente Limited con el propósito de adquirir un avión privado para uso personal, y también creó Roxberg Group Limited y Avintura Holdings para comprar yates. Olegario Vázquez Aldir y su esposa Marcela Garza Santos se hicieron de acciones de Northstart Corporatión Limited para adquirir propiedades. Aunque los formularios refieren que no se realizó ninguna adquisición, una búsqueda en el  registro de Vail, Colorado, demuestra que la offshore adquirió dos propiedades en 2014, una con un valor de 4.7 mdd en el conjunto residencial del Ritz Carlton y otra de 5.3 mdd. En junio de 1026 Vázquez Aldir autorizó la liquidación de todas las compañías. Los formularios mencionan que las adquisiciones nunca se formalizaron, que no tenían activos y que las sociedades nunca fueron utilizadas.

Enrique Martínez y Martínez, gobernador de Coahuila por el PRI, también aparece en la referida lista con el número 34; se le señala un instrumento financiero consistente en un Fideicomiso, ligado las empresas off shore M y M Generaciones Trust, Jardines del Santo Cristo de Saltillo Trust, ambas ubicadas en las Islas Vírgenes y Panamá, manejadas por los despachos Alcogal y Stanford Trust Company. Y como justificación para incluirlo en la lista de investigados refiere: “Utilizó firmas de Alcogal Y Stanford Trust Company para crear dos fideicomisos en las Islas Vírgenes Británicas, estos son MyM Generaciones Trust constituido en 2006 con un depósito de 200 mil dólares y en 2008 Santo Cristo de Saltillo Trust, teniendo como beneficiaria a su hermana, sin que se señale el monto de activos del fideicomiso. Se desconoce la procedencia de los recursos utilizados para abrir los fideicomisos y si estos fueron declarados a las autoridades de nuestro país”.

Esos solo algunos de los nombres de “alto perfil” mencionados en la lista de los 79 de la UIF. Mañana en una segunda entrega de esta columna daremos detalles de otros personajes, sus propiedades e inversiones en paraísos fiscales y las razones por las que se les investiga.

NOTAS INDISCRETAS…

Creyendo que la suerte le cambió tras la salida de Santiago Nieto de la UIF, Roberto Gil Zuarth, el panista acusado por enriquecimiento y por gastos millonarios que no corresponden a sus ingresos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, solicitó a un juez de control tener acceso a la carpeta de investigación en su contra. Parece que el juez le concedió ese acceso en lo que sería una victoria para la impunidad, pues Gil Zuarth, experto en maniobras legales y políticas, se aprestaría a armar una defensa para trata de evadir las acusaciones de poseer 17 casas entre él y su familia política en Estados Unidos, además de pagos en tarjetas (como la Black de American Express) por 150 millones de pesos. Todos esos datos fueron documentados por Nieto Castillo en su denuncia ante la fiscal María de la Luz Mijangos y podrían ser revertidas por Gil Zuarth y sus abogados. Eso sin contar un dato que también está en poder de la UIF y que se refiere a los 60 mdp que habría recibido Gil Zuarth cuando fue coordinador de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota en 2012, dinero que, según cuentan colaboradores cercanos de aquella campaña, nunca apareció en el proselitismo de la abanderada panista… Ayer Martes la red Chiapas por la Paridad Efectiva invitó a la magistrada del TEPJF Mónica Soto a dar una conferencia sobre las sentencias alcanzadas en temas de género como la paridad, la violencia política, entre otros varios. Y las organizadoras le entregaron un cuadro bordado a mano donde le reconocen a la magistrada su labor. A ese gesto, Mónica Soto les respondió: “Estoy muy conmovida pues es un reconocimiento de las mujeres activistas de la sociedad civil, de las beneficiadas de la justicia con perspectiva de género»… Los dados mandan Escalera Doble. Ya se siente el Modo Navidad.

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Una calderonista es jefa de la colecta de firmas pro-AMLO/Carlos Loret de Mola

Hay denuncias de que representantes de Morena presionan a la gente a firmar formatos de la revocación de mandato

Primera fotografía. Gabriela Jiménez Godoy está vestida de novia. Posa sonriente junto a sus invitados, entre ellos, un testigo de honor: el expresidente Felipe Calderón, a quien acompaña su esposa, Margarita Zavala. El novio, Edgar García Ancira, es conocido por estar en el entorno de negocios del hijo de Santiago Creel Miranda, en esos despachos fiscalistas que primero se pusieron de moda y luego se pusieron en la mira.

Segunda foto. Gabriela Jiménez está al pie de la escalinata del INE. Llega con 261 cajas que, dice, contienen más de un millón de firmas a favor de la consulta que quiere hacer el presidente López Obrador para la revocación de mandato.

Gabriela Jiménez Godoy fue candidata de la alianza PAN-PRD en el 2018. En el 2021 fue candidata de Morena. Ganó, pero con trampa, según determinó el tribunal electoral que le quitó la diputación.

Ella, que antes era dura crítica de AMLO, hoy encabeza la organización “Que siga la democracia”, creada para complacer al presidente en su nuevo desplante de ego: lograr la consulta para la revocación de mandato, y ganarla abrumadoramente. Ella es la encargada de juntar las firmas. Necesita poco menos de 3 millones, pero ella dijo que va a recolectar 4 millones.

En esa tarea, no está sola. Está engranada con la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien controla los padrones de beneficiarios de los programas sociales de este gobierno.

Según fuentes oficiales, operadores de Morena piden las firmas en las mesas de pagos de las pensiones a adultos mayores. Gran parte de los programas sociales se entrega presencialmente. Muchos adultos mayores, por ejemplo, hacen viajes y filas de horas para recibir su dinero. Hay denuncias de que en esas mesas de pago hay representantes de Morena llenando formatos de la revocación de mandato y presionando a la gente a firmar, ayudándose de la presencia intimidante de la Guardia Nacional que “cuida” dichas mesas.

La coincidencia de fechas es demoledora: las mesas de pago se instalaron en los primeros seis días de este mes. Un millón de firmas llegaron al INE el día 9 y otro millón de firmas llegaron el día 12. Están por llegar dos millones de firmas más.

No es sólo con el programa de adultos mayores. A los comités de padres de familia beneficiados con el dinero de La Escuela es Nuestra les piden juntar firmas en sus comunidades. Lo mismo a los beneficiarios de programas como Bienpesca (aquel que da becas a los pescadores… aunque no sean pescadores), Jóvenes Construyendo el Futuro o Tandas del Bienestar (que ya no tendrá presupuesto este año).

Todo, claro, por debajo del agua. Pero hay gente dentro del gobierno que está indignada con este uso de los programas sociales. Gente que creyó que realmente serían diferentes a los del pasado. Y que prefiere denunciar los abusos, antes que ser cómplice en silencio de convertirse en todo aquello que antes criticaban.

 

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Coordenadas

¿Por qué debiera quedarse Julio Santaella en el INEGI?/Enrique Quintana

El Financiero,  diciembre 15, 2021 | 

Pocas instituciones públicas en México tienen la trascendencia del INEGI.

Se trata de la institución que por ley hace las mediciones que permiten conocer tanto al país como a los mexicanos; a evaluar sus políticas públicas. A decirnos cómo vamos en todos los aspectos.

No es concebible el México moderno sin el INEGI como institución constitucionalmente autónoma.

El Instituto tiene una larga tradición. Su antecedente más antiguo es la Dirección General de Estadística de la entonces Secretaría de Fomento, que fue formada en 1882.

En su fundación en 1983, a cargo de Pedro Aspe, integró a las direcciones que se dedicaban a la geografía, a la política informática y a la integración y el análisis de la información.

A diferencia de otras dependencias públicas, el INEGI hizo lo que pretendió AMLO en su sexenio, pero más de 30 años antes: dejó la Ciudad de México y desde 1985 tomó Aguascalientes como sede.

Aunque por muchos años el INEGI acreditó su autonomía y solvencia, en 2008 hubo una reforma que aseguró constitucionalmente esa autonomía, para garantizar su credibilidad plena.

En otras palabras, se aseguró quitarle la tentación a cualquier gobierno de dar órdenes al Instituto.

Hubo mucho trabajo sistemático de los sucesivos presidentes de la institución: Rogelio Montemayor; destacadamente Carlos Jarque, quien lo encabezó por poco más de 10 años; Antonio Puig; Gilberto Calvillo; Eduardo Sojo, quien estuvo cerca de siete años al frente y Julio Santaella, que este diciembre cumple seis años.

Su actual presidente consolidó la credibilidad del Instituto y desarrolló toda una serie de proyectos innovadores.

Por ejemplo, desde que llegó a la presidencia de la República, López Obrador ha mostrado su inquietud por contar con una medida del bienestar, diferente a la del PIB, pues el INEGI ya calcula desde hace años el “bienestar subjetivo autorreportado”, que por cierto ayer dio a conocer. Comenzó con pruebas piloto desde 2012, en los tiempos de Eduardo Sojo; en 2014 ya lo presentó como estadística experimental y ayer se dio a conocer como dato oficial y con cortes estatales.

Nada menos “neoliberal” que esa estadística. De ella le comento próximamente.

Julio Santaella ha tenido la capacidad de dar continuidad a proyectos, generar nuevos, liderar equipos y garantizar la credibilidad, autonomía e independencia del Instituto, para colocarlo como una de las referencias mundiales en información estadística y geográfica.

Moverlo porque viene de los años en los que estuvieron gobiernos que no gustan a López Obrador sería dilapidar una fuerza institucional que tiene el Estado mexicano.

Obviamente nadie es insustituible, pero hay personas cuya sustitución tendría un costo muy grande e implica un enorme desperdicio de esfuerzos y conocimientos.

Ojalá que el hecho de que no hayamos tenido noticia de alguien para sustituir a Santaella implique que el presidente de la República tiene el propósito de ratificarlo.

López Obrador ha hecho tres nombramientos en la Junta de Gobierno del INEGI. En 2019 nombró a Adrián Franco y Enrique Ordaz. Y en diciembre de 2020 a Graciela Márquez. Todos ellos, profesionales de excelencia, que fueron ratificados de modo muy amplio por la Comisión Permanente o por el Senado.

Si no se quedara Santaella, la mejor opción sería Graciela Márquez.

El peor escenario sería aquel en el que se nos reservara alguna sorpresa y AMLO propusiera a alguien cercano ideológicamente a él en un puesto en el que la actividad es fundamentalmente técnica